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Por desesperación, dichos del presidente, sostiene el senador Emilio Álvarez Icaza

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mediante una publicación en X (antes Twitter), el senador afirmó que el caso Ayotzinapa es un estigma que llevará el presidente el resto de su vida, y agregó que mencionarlo es muestra de su desesperación.
“ #NarcoPresidente y #AyotzinapaFueElEstado son dos estigmas con lo que López Obrador cargará el resto de su vida y, en lo que proceda, ante la justicia internacional. Que me mencione y mencione a organizaciones y defensores de #DDHH ya no es novedad. Es la manifestación de su desesperación”, escribió Álvarez.
El ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que el presidente López Obrador “es el gran encubridor” de militares y personas involucradas en la desaparición de los normalistas y pidió una explicación de esa cobertura a los responsables.
“Ilegal y personalmente, López Obrador conduce la investigación de #Ayotzinapa, entonces explique ¿por qué encubre a militares y criminales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes?”.
Aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum no obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales del presente año, López Obrador deberá responder a la justicia por acciones de su administración.
“El #NarcoPresidenteAMLO sabe (lo sabe muy bien) que si su corcholata no gana, tendrá enfrente a la justicia para que responda por los daños de su gobierno fallido”, puntualizó.
En la conferencia de este viernes, López Obrador se refirió a Álvarez Icaza como un “pseudo defensor de derechos humanos, un farsante” y le acusó de querer utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos.

Rechaza AMLO la petición de los padres de que el GIEI revise los expedientes militares

Madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala preparan el escenario para la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México Foto:?Cuartoscuro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue enredada de “manera deliberada” para no esclarecer el caso y rechazó su petición de que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH regresen a México a revisar los expedientes militares que su gobierno puso a disposición de los familiares de los normalistas.
“Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, estoy pendiente atendiendo el asunto. Estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, aseguró.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre la supuesta liberación de Pablo Vega Cuevas, El Transformer, señalado como líder de Guerreros Unidos en Chicago y presunto participante de la desaparición de los 43.
López Obrador añadió que los casos se deben revisar ya que no le generan “nada, nada, nada de confianza” diversos organismos defensores de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Dijo que los familiares no requieren de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que pueden recurrir a otras instituciones.
Sin señalar a un actor en particular, López Obrador dijo que hay quienes pretenden que no se avance en las indagatorias del caso.
“No tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance”, afirmó.
–¿Quiénes?, se le preguntó.
–Pues los que han manejado esto y a lo mejor también gentes del extranjero.
Agregó: “No tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y tengo pruebas, tan sencillo como decir que quienes participaron y luego fueron liberados supuestamente por ser torturados, terminaron como testigos protegidos diciendo ‘sí participé’”.
Agregó que hubo organismos que cuando dieron esa resolución “se festejó”. De igual forma mencionó que tampoco le tiene confianza al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que le reclamaron cuando se dio la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, presunto autor intelectual de la denominada Verdad Histórica.

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“Ya no les tengo confianza a los del GIEI porque cuando nosotros actuamos, a mí me consta, y di la instrucción de que se fuera al fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el (ex) procurador, que era el responsable y él mismo se asumió a sí de la llamada Verdad Histórica y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, porque además decían que los militares, dos generales en la cárcel, en vez de todo eso, me reclaman”, dijo.
Añadió que una integrante del GIEI le señaló que se tuvo esperar nueve meses para la detención, a lo que dijo: “entonces: ¿qué quieren, qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada, que no se detenga a nadie, qué me tengan a mí como rehén?”.

También critica a padres de los 43

Mencionó que en la última reunión, los padres y sus representantes legales pidieron al enviado gubernamental que el presidente no mencionara la resolución que dejó en libertad a supuestos responsables, a lo que reiteró que no participará en un pacto de silencio.
“Y lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos le pidieron al representante de nosotros, que le dije que les informara de esto, todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres”.
De igual forma declaró que “no tenemos nada que esconder, pero parece que no quiere se avance” y añadió que instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para entregar toda la información solicitada por los padres y sus representantes al Ejército.
“Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregaron toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación. Pero de repente aparece que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios. Le pido al secretario de la Defensa que se entregue todo, pues no están los folios que ellos están pidiendo y les digo ‘no están los folios’”, puntualizó.
Ante la ausencia de la información solicitada, el presidente entabló comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien mandó las grabaciones restantes. López Obrador indicó que las grabaciones en cuestión son numeradas: “imaginemos, uno, dos, pero del dos pasa al cinco y luego seis, siete y pasa al nueve”.
Por la falta de secuencia en la numeración, se hizo la solicitud de las grabaciones restantes, que el presidente indicó que por medio de un escrito le notificaron que ya no había más.
“Lo mismo pasa con los expedientes de la Secretaría de la Defensa, pues ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen ‘no, sí están’, ‘pues no están’, ‘ah, entonces por qué no nos permite ingresar al archivo’. ‘Claro, sí, ingresen al archivo pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar’”, recordó.
Debido a que los padres y sus representantes buscaban que el GIEI acompañara para la revisión de los archivos solicitados, López Obrador planteó que se contraten a expertos en manejo de archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de alguna otra universidad pública del país.
“¿Qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, colegio de México o gentes, ahí con ustedes? Si, o sea ya. Y nosotros ayudamos para que se les pague. No les proponemos, les damos los recursos para que ellos los contraten, a quien quieran”, declaró.

El Centro Prodh no exigía castigo a promotores de la “verdad histórica”, señala López Obrador

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados

Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

Pide la Red Solidaria que la CIDH emita el informe de fondo sobre la masacre de El Charco

La Red Solidaria Década contra la Impunidad pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe de fondo sobre el caso de la masacre de El Charco, que luego le dé tramite ante la Corte Interamericana (Coidh).
Mediante un comunicado, el organismo que da acompañamiento a los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, denunció que, a 25 años de esa masacre ocurrida en El Charco, municipio de Ayutla, la familia de Ricardo Zavala Tapia, el estudiante asesinado, no ha tenido acceso a la verdad de los hechos, mientras que Ericka y Efrén “siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”.
“Este 7 de junio se cumplen 25 años de que integrantes del Ejército mexicano tiñeron de sangre la tierra de la comunidad El Charco, ejecutando extrajudicialmente a 10 indígenas na’savis y a Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, recordó el organismo.
Agregó que entre los 22 detenidos que fueron trasladados al cuartel de la 9 Región Militar, en Acapulco, iban la estudiante Ericka Zamora y el activista Efrén Cortés, quienes fueron torturados una noche y un día y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar; después fueron procesados por rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Ambos salieron de prisión, con libertad absolutoria, el 30 de mayo de 2002, “hasta el día de hoy mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos”.
Ericka y Efrén son miembros fundadores de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, desde donde impulsan que el caso sea resuelto en la CIDH y en la Coidh.
El organismo informó que la Petición de Admisibilidad fue entregada por el presidente, el obispo emérito Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012, y la CIDH le asigno el número de caso 13.709 y el informe de admisibilidad número 166/18, “estamos en espera del informe de fondo”.
La red informó este martes que la CIDH admitió el caso por violaciones a los acuerdos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño e igualdad ante la ley.
“Por lo anterior, manifestamos que la familia de Ricardo Zavala Tapia no ha tenido acceso a saber la verdad de los hechos en los que este estudiante universitario, comprometido con la educación y con los más desprotegidos, fue ejecutado extrajudicialmente, por integrantes del Ejército mexicano”.
Se agrega que en los casos de Ericka Zamora y Efrén Cortés, “activos defensores de derechos humanos, siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Fueron destruidas 25 armas que se usaron en los ataques de Iguala y removidos los policías federales: CIDH

Padres de familia de los 43 y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin de ayer en el anti monumento en la glorieta de Las Banderas en Chilpancingo – Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

El informe final del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala la destrucción de 16 rifles y nueve fusiles de H&K vinculados a los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que todos los policías federales activos de la estación de Iguala fueron removidos justo después de los ataques a civiles y estudiantes en esa ciudad.
También indica la probable salida del país de dos policías municipales de Pilcaya, que habrían tenido acceso a las llamadas de emergencia el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4), que se generaron en Iguala la noche de las agresiones, entre otras situaciones que establecen la complicidad de distintas entidades de gobierno, para ocular la verdad de los hechos y la posible localización de los estudiantes desaparecidos.
Asimismo, el Mecanismo indicó que sigue abierta la investigación hacia las autoridades estatales, en la época en que seis personas fueron ejecutadas, tres de ellos estudiantes, y 43 normalistas fueron detenidos-desaparecidos.
Luego de dos años de seguimiento a la medida cautelar brindada a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Mecanismo precisó que la Procuraduría General de la República no hizo las diligencias suficientes para determinar posibles responsabilidad de autoridades estatales de alto nivel, en los hechos ocurridos la noche de Iguala.
Sin embargo, aclaró que el Estado respondió a la CIDH que sigue abierta la investigación para determinar el conocimiento de todas las autoridades de tipo policial, ministerial y político en los eventos del 26 y 27 de septiembre.
Indicó que están señalados el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, su coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Guerrero, el entonces secretario de Salud en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, el ex fiscal general Iñaki Blanco, el ex secretario de Seguridad Pública y un ex diputado local.
En este contexto, el Mecanismo de la CIDH consideró que “es oportuno investigar (también) a los alcaldes que se encontraban en septiembre de 2014 alrededor de Iguala, y que pudieron haber tenido conocimiento de los hechos”.

El Caminante y El Patrón

Uno de los temas que trató el mecanismo en el informe, es el análisis de la telefonía celular que permitió aportar elementos para la búsqueda de los jóvenes, y determinar las identidades de El Caminante y El Patrón.
Del primero, indica que se desempeñó como supervisor de turno de la Policía Municipal de Iguala, la noche de los ataques, y el segundo, –al que policías habrían llevado a un grupo de los estudiantes desaparecidos–, de acuerdo con el Estado Mexicano, se trata de una persona identificada como jefe de la plaza del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
El Mecanismo pidió continuar con las investigaciones para tener certeza en la identidad de El Caminante y El Patrón. Estimó que hacen falta elementos para establecer la identificación completa.
Asimismo, confirma que nueve teléfonos de estudiantes desaparecidos continuaron activados después del 27 de septiembre, al menos uno de ellos fue localizado en manos de un funcionario de Seguridad Pública estatal.
Señalo que un policía estatal asignado al Cereso de Iguala el día de los hechos, tenía un teléfono con un IMEI asociado al número del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño. El implicado declaró que su hermana le vendió el aparato. Al concluir este informe, el mecanismo señaló que se desconoce aún cómo llegó a su familiar.
Por otro lado, el teléfono celular del normalista Martín Getsemani Sánchez García, estaba en posesión de la pareja del chofer del secretario de Seguridad Pública de Iguala. Ella indicó que su pareja le entregó una bolsa con celulares envueltos en papel aluminio. La cuestión pendiente de resolver, señalada por el Mecanismo, es “¿cómo se apoderó el chofer de esta bolsa de celulares?”.
Una empleada de un bar tenía el teléfono celular del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez. Ella declaró que el teléfono fue un regalo de un familiar. A su vez, el familiar declaró a la PGR que lo obtuvo de una persona que sólo conoció por el sobrenombre de La Gallina.
Este declarante identificó a tres personas detenidas por la desaparición de los estudiantes: El Baldo, El Pozole, y el Komala. A la fecha, sigue la búsqueda de La Gallina.

Las armas

A partir del análisis de balística en el expediente, el Mecanismo descubrió que armas asignadas a policías municipales de Iguala, detenidos por la desaparición de los normalistas, fueron destruidas, y el hecho “podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las pruebas que implican a los responsables”.
Señaló la destrucción de 16 rifles y nueve fusiles de H&K que se encontraban en custodia de la oficina de Iguala-PGR, y que pertenecían a la Policía Municipal de Iguala. De entrada, señaló que “unas de estas armas podrían estar involucradas en los hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre”.
Una de las armas pudo ser usada por un policía municipal de Iguala, no obstante que en su declaración dijo que no portaba arma de fuego porque se dedicaba a tareas administrativas.
Del caso, el fiscal general de Justicia Militar respondió que los 16 fusiles mencionados fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, y que se destruyeron el 9 de diciembre de 2016. Mientras las autoridades estatales señalaron que la Sedena destruyó 300 armas de fuego que se encontraban a disposición, y que incluyen los 16 fusiles en cuestión.
El Mecanismo recordó que en enero de 2017, el Estado informó a la CIDH que se habían tomado muestras de balas usadas por diferentes dependencias municipales estatales, federales, y al confrontar la evidencia balística con la evidencia balística recogida en la escena del crimen del crucero de Santa Teresa (donde fue atacado el autobús del equipo de fútbol de los Avispones), y la Avenida Álvarez, (donde policías y personas no identificadas atacaron a un grupo de estudiantes), “se tuvo coincidencia con un arma de una policía de Huitzuco en el crucero de Santa Teresa”.
Asimismo, indicó que otra de estas 16 armas habría sido utilizada por una policía de Iguala detenida el 14 de octubre de 2014 en el campo militar 23-B en Tlaxcala, junto a otros integrantes de la corporación, por su supuesta participación en los hechos. Recordó que el caso fue analizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y concluyó que la mujer policía fue víctima de tortura.
En el informe del Estado a la CIDH de octubre de 2017, el gobierno señaló que se obtuvo resultado positivo con el arma de un policía municipal de Huitzuco. Añadió que la investigación de balística se amplió a las policías municipales de la zona Norte, pero no hay información respecto a la confronta de datos balísticos.
Se detalla también parte de la investigación a las policías de los municipios aledaños a Iguala. En el caso de Pilcaya, hay evidencias de que ahí se recibían las llamadas o urgencias de C-4, pero no se encontraron respaldo de las comunicaciones.
También señala que el 27 Batallón Infantería decomisó las armas de Pilcaya sin explicación.
Sólo dos policías, presuntamente asignados a actividades administrativas y que recibieron los reportes de C-4, no declararon. A los dos, la Secretaría de Relaciones Exteriores les expidió pasaportes el 12 y 14 de octubre de 2014.

“Ojalá encontremos a los 43 o supiéramos en dónde están”, dice Astudillo

“Ojalá encontremos a los 43”, dice Astudillo
y se desmarca así de la “verdad histórica”

La declaración de la CIDH el lunes en Ayotzinapa es un punto de partida, señala el gobernador. Coincide con Peña Nieto en que han bajado los delitos en Guerrero, y subraya que en particular los homicidios dolosos

Brenda Escobar

Petatlán

A pregunta sobre el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la versión gubernamental de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que él sigue deseando “igual que muchos, que ojalá un día, pronto, encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están”.
El lunes enviados de la CIDH entregaron a los padres de los 43 un informe preliminar de su investigación, y en el acto celebrado en la normal rural Esmeralda Arosemena dijo que “lastima” e “indigna” que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siga hablando de la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados.
“Me parece que ese (la declaración de la CIDH) es un punto de partida, yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que ha traído a sus familiares pero también las consecuencias que ha traído al estado, hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido; yo, mi conclusión, mi precisión y lo digo con una gran responsabilidad y emoción digo por sentimiento, que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están”.
Astudillo Flores estuvo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), donde inauguró dos nuevos edificios de esta institución, con una inversión de 35 millones de pesos; luego, se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de ocho y medio de esta vía, en la que su gobierno invertirá 25 millones de pesos.
Al término del banderazo de inicio de la pavimentación, fue abordado por los reporteros.
Fue interrogado también respecto a las cifras que el presidente Enrique Peña Nieto presentó respecto a la baja de la incidencia delictiva de 26.4 por ciento en el presente año y de las opiniones de organizaciones sociales en el sentido de que dichos números son cifras infladas; el gobernador atajó, “bueno, ahí están las cifras, yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso”.
“Hace algún tiempo estábamos todavía en un 6.5 y andamos sobre un 4 punto y fracción (en la baja del delito), hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300 por ciento”.

Espera transición correcta en municipios y que alcaldes dejen para el aguinaldo

Una reportera le preguntó si ya tiene decidido a cuáles tomas de protesta de los próximos alcaldes asistirá, y respñondió: “Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad; o sea, que los servicios públicos que al final de cuentas es el tema central de un municipio se puedan hacer de manera correcta, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía que hoy es el problema número uno”.
“Todos estos temas sean correctamente transitados y también, por supuesto las circunstancias económicas que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron, sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión”.
Sobre si algunos alcaldes salientes le han solicitado ayuda para dejar cubierto el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales, el gobernador dijo que, “creo que muchos municipios tienen dinero acumulado, no sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden para que sea utilizado para los aguinaldos de fin de año”.
“Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores, ¿por qué lo digo?, porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay algún dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar sea uno de los temas principales en las actas de entrega–recepción”.
Enseguida, aseguró que su gobierno “no cuenta con recursos, también es muy importante, ya los hemos facilitado, los hemos prestado, pero por supuesto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene, mi llamado es a cumplir con la responsabilidad y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero diríamos que sea intocable porque es dinero de los trabajadores de los municipios, de los Ayuntamientos”.
La gira de trabajo

Este martes, Héctor Astudillo estuvo en la cabecera municipal de Petatlán, en la UTCG, donde inauguró el ciclo escolar 2018-2019 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Guerrero, así como también dos edificios de este plantel en el que se invirtieron 35 millones de pesos.
Fue recibido por el rector René Galeana Salgado y por la presidenta municipal, Leticia Rodríguez Armenta, quienes lo acompañaron durante el recorrido que hizo por los nuevos edificios donde saludó a los alumnos y maestros.
También estuvieron presentes la delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Flor Añorve Ocampo; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el alcalde interino de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de ese municipio, Jorge Sánchez Allec; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, (CICAEG), Javier Taja Ramírez.
Durante su participación, el director del IGIFE, Jorge Alcocer, destacó que el gobierno de Astudillo Flores ha invertido 253 millones de pesos en infraestructura educativa en las cinco universidades tecnológicas y la universidad politécnica en la entidad.
Cuando tocó su turno al micrófono, el gobernador destacó que apoyará a todos los alumnos de la UTCG que participen en los programas de intercambio educativo en el extranjero; ahí mismo entregó un apoyo económico a un profesor que este mismo martes salió a China, donde se capacitará.
Luego, Héctor Astudillo dijo que regresará a esta institución dentro de un mes y medio para entregar un autobús con capacidad para 40 personas.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de 8.5 kilómetros de esta vía; ahí, el director del CICAEG, Javier Taja Ramírez, informó de las obras de pavimentación que el gobierno del estado está llevando a cabo en la Costa Grande y en específico, indicó que se invertirán 24 millones de pesos para esta obra.
Ahí, el gobernador fue abordado por líderes transportistas, quienes le solicitaron que los apoye a pavimentar otras calles de la cabecera municipal, así como también se le acercaron ciudadanos a hacerle peticiones diversas.

Se reúnen directivos de la CIDH con Sánchez Cordero y Encinas; tratan del caso Ayotzinapa

Agencia Reforma

Ciudad de México

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la investigación del caso Ayotzinapa del gobierno mexicano se reunieron con integrantes de la próxima administración federal, para revisar el panorama de las garantías individuales.
La misión internacional fue encabezada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao en compañía de Esmeralda Arosemena, relatora para México, y el comisionado Luis Ernesto Vargas.
Los funcionarios de la CIDH fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La junta directiva de la CIDH se ha reunido informalmente, por invitación y en el marco de la transición, con los futuros miembros del gobierno de México para conversar sobre el panorama de la situación de los derechos humanos”, indicó Abrao en su cuenta en Twitter.
Encinas reportó también el encuentro en su Twitter y señaló que “su visita es en el contexto del mecanismo de seguimiento sobre el caso de #Ayotzinapa”.
En la mañana el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
El gobierno federal expresó a las enviados de la CIDH y representantes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, que tiene la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso.
Esta postura se dio a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña respaldara en un spot la versión de la PGR, conocida como “verdad histórica”, de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados.

Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Apoya la CIDH el fallo para crear una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, el organismo de la OEA afirma que al gobierno de Peña Nieto le falta interés para saber la verdad del paradero de los 43 desaparecidos. Plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación, persecuciones y sentencias de los responsables. Pide determinar el grado de participación del Ejército, la Policía Federal, las municipales y estatales en los hechos. La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, calificó el relator Luis Vargas Silva

Apro, Agencia Reforma y EFE

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
En especial, la CIDH se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ydesmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la frase del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.