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Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

 

Los comisionados Paulo Abrao, Esmeralda Arosemena y Margarette May Macaulay en la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa, ayer en Washington Foto: Agencia Reforma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En especial, la CIDH se unió y saludo el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Pidió el gobierno a viudas de El Charco desistirse de la demanda en la CIDH, señala Red Solidaria

En vísperas del 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, los gobiernos federal y estatal dividieron a las viudas y sobrevivientes mediante el ofrecimiento de proyectos productivos, a condición de que se desistan de su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó que los ofrecimientos comenzaron en febrero pasado, y que algunos aceptaron los proyectos, pero que cuando menos los sobrevivientes Erika Zamora Partido y Efrén Cortés Chávez decidieron continuar adelante con la demanda en contra del gobierno mexicano.
El 25 de mayo, el gobierno del estado informó en un desplegado que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del gobierno del estado, Javier Rojas Benito, “atendió a las viudas del El Charco, quienes estuvieron acompañadas por comisarios municipales y algunos habitantes de Ocote Amarillo, Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, La Palma, Ahuacachahue, El Potrero, El Coyul, El Mezón Zapote y de la propia comunidad de El Charco”.
Entonces se informó que el secretario les “ofreció el acompañamiento de la  dependencia a su cargo para asesorarlas en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.
El comunicado oficial destacó que Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, manifestó que “le brindamos la confianza y reconocemos la sensibilidad social al gobernador Héctor Astudillo Flores”.
Mientras tanto, ayer, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió un boletín mediante el cual dio a conocer los gastos que ha realizado por el litigio que llevan a nivel internacional del caso de la masacre de El Charco, “para transparentar los gastos ya que algunos peticionarios, han decidido no continuar con el litigio ante la CIDH, sabemos que las necesidades de contar con proyectos productivos es primordial, sobre todo para el sustento de la economía familiar, por lo que les deseamos la mejor de las suertes a los compañeros que así lo han decidido”, dice el escrito.
Agrega: “agradecemos la participación y la cooperación de las peticionarias, quienes aportaron la cantidad de doscientos treinta mil pesos cero centavos, de los gastos que hemos realizado en el litigio que ascienden a ochocientos veintitrés mil pesos cero centavos.
El documento concluye: “reiteramos nuestros mejores deseos a quienes han decidido no continuar y manifestamos nuestros parabienes a quienes han decidido continuar con este litigio hasta el final, entre quienes destacan los defensores de derechos humanos, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez”.
Consultada vía telefónica, López Paulino informó que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal ofreció proyectos productivos desde el mes de febrero a las viudas y sobrevivientes, a condición de que se desistieran de la demanda que presentaron ante la CIDH.
El 25 de mayo por medio del desplegado emitido por el gobierno del estado se conoció de una de las reuniones que se habían venido dando ya por separado el grupo que aceptó los recursos.
López Paulino consideró que es entendible la posición de las viudas y sobrevivientes que aceptaron los proyectos productivos pues destacó que viven en extrema pobreza y requieren de ingresos para su familia, pero aclaró que hay otros que lo único que buscan es justicia, como Zamora Pardo y Cortés Chávez.
La división del grupo de viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco se da cuando existe un fuerte endeudamiento del organismo con instituciones bancarias a quienes solicitó créditos para financiar el costo de la demanda que alcanzó los 823 mil pesos. Según datos de la Red enfrentan adeudos con los bancos Inbursa, Santander y Banamex.

 

 

Preocupa a la CIDH descalificaciones del gobierno a la ONU en el caso Ayotzinapa

 

Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura

La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.

Piden a EU más datos de Guerreros Unidos

El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.

“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43

En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.

Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH

La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.

 

 

El próximo informe del gobierno sobre Ayotzinapa es el 8 de mayo en la CIDH en Dominicana: Vidulfo

Después de cancelada una reunión del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa en México debido al proceso electoral, el próximo informe del gobierno mexicano sobre las investigaciones de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala será en el 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en República Dominicana el 8 mayo, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre el descubrimiento de nuevas fosas en el cerro Gordo de Iguala en posibles diligencias de búsqueda de los estudiantes detenidos-desaparecidos, que trascendieron el miércoles, el abogado aclaró que no han tenido información del hallazgo, pero confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) analiza terrenos con tecnología LIDAR para establecer si en algún sitio hay tierra removida.
Según testigos en Iguala policías de la Gendarmería en patrullas y dos helicópteros entraron la noche del martes al paraje donde antes familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas, en distintos parajes.
De la próxima reunión para conocer los avances del caso informó que se tenía prevista a fines de abril en México, con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, pero se canceló por el proceso electoral y a petición de las autoridades.
Aclaró que el gobierno federal también propuso que se cancelara la audiencia pública de oficio del caso Ayotzinapa en el siguiente periodo ordinario de sesiones, donde de manera oficiosa se da seguimiento, sin embargo cancelada la reunión en México las autoridades aceptaron continuar lo planeado.
En el calendario de la CIDH se programó el 8 de mayo de 2018 una sesión para el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, donde la CIDH convoca al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ente otros representantes legales, y al Estado mexicano.
Rosales Sierra también denunció que la efervescencia electoral en el país ha tenido impactos en el movimiento de los padres de familia en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, “porque el gobierno federal intenta dar carpetazo al asunto otra vez, no dejar nada abierto que pudiera retomar el gobierno que probablemente pueda llegar”.
Estimó que prácticamente durante un año las investigaciones estuvieron detenidas “después de administrar el caso (en el tiempo), ahora han pasado a hacer todo lo posible para cerrar el mismo”. Dijo que lo han intentado muchas veces durante tres años y medio, y hasta ahora su estrategia no ha funcionado, “pero siguen intentando”.
Aceptó que van preocupados a la reunión en Santo Domingo, República Dominicana, porque hay nuevos datos que evidencian la necesidad de profundizar en las líneas de investigación.
Mencionó las investigaciones en Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y que integrantes de Guerreros Unidos hablan en comunicaciones telefónicas interceptadas de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa durante y después de los hechos.
Insistió que el tema del narcotráfico “obviamente que pesa al régimen de gobierno en términos electorales, en elecciones le impacta, le genera consecuencias, prefieren tener este asunto primero administrando el caso, y ahora tratando de cerrarlo”.
Estimó que de aquí a las elecciones del 1 de julio no van a mover nada, “su preocupación es remontar el tercer lugar en que se encuentran (el candidato del PRI) o si logran reponerse, ahí están sus prioridades”.

 

 

El gobierno pretende cerrar pero no aclarar lo que pasó con los 43; no lo permitirán, dicen padres

El vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Melitón Ortega, dijo que el gobierno federal pretende “cerrar” más no aclarar qué pasó en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Alfonso Rodríguez, uno de los 43, dijo que no van a permitir que se cierre la investigación.
El viernes en la audiencia pública en Bogotá, Colombia, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la meta del gobierno federal es concluir la investigación y dar respuestas este año, antes de que concluya el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, el fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Iguala, Alfredo Higuera Beltrán, dijo que en las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer a la una de una tarde, padres de los desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa llegaron a la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, en Acapulco, y durante una hora y media tomaron seis de las ocho cajas de cobro con el fin de reunir dinero para su movimiento.
En ese lugar, el padre Clemente Rodríguez indicó: “Solamente que nos maten nos van a quitar del movimiento porque estamos peleando por 43 vidas”.
La toma de la caseta de La Venta fue vigilada en todo momento por Policías Federales. Los alumnos, la mayoría con el rostro cubierto, se hicieron del control de las plumas y pedían a los automovilista una cooperación de lo que quisieran dar.
Con ellos, el padre Clemente Rodríguez declaró que no van a permitir que el gobierno cierre el caso de los normalistas, pues “Enrique Peña Nieto no se puede ir como si nada, sin decir dónde están nuestros hijos”.
Agregó que la toma de la caseta es para tener recursos para seguir en la lucha y el movimiento de la búsqueda de los 43 normalistas; además lo recaudado en la caseta es para los normalistas de Ayotzinapa para que cubran sus necesidades como son las raciones de comida.
Sobre el querer cerrar el caso dijo que al gobierno lo que le preocupa es que vienen las elecciones, quieren que salgan limpias y hacen declaraciones absurdas, pues insisten en decir que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Lo único que quieren es cerrar el caso y salir limpios”, dijo Clemente Rodríguez.
Agregó que el gobierno federal no se puede ir como si no hubiera pasado nada y que los padres quieren respuestas porque funcionarios han pasado y no han dado respuesta a su demanda de la presentación de sus hijos. “No vamos a dejar pasar que el gobierno quiera cerrar el caso, vamos a seguir en la lucha a pesar de que en el gobierno están en la misma necedad, que los normalistas fueron quemados, pero cuando nos ven no nos lo dicen a nosotros”.
Se le preguntó sobre la información que dieron los representantes del gobierno de México en la sesión de la CIDH en Bogota, de que se descarta como móvil de la desaparición de los estudiantes que hayan tomado un autobús que transportaba droga dirigida a Chicago, y dijo que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, porque han pasado más de 3 años y no se sabe nada del paradero de sus hijos.
El padre de familia finalizó diciendo que van a seguir adelante buscando a sus hijos, apoyados por los normalistas y las organizaciones sociales porque “al gobierno le debe quedar claro que no vamos a permitir que se cierre el caso, ni con sus balas nos van a detener, a menos que nos maten nos van a quitar del movimiento”.
Por su parte, consultado vía telefónica, Melitón Ortega declaró que el Estado ha sido el principal responsable no sólo de los hechos sino de entorpecer la investigación que estuvo a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de que retrasa cada uno de los pasos y medidas que se acuerdan para poder esclarecer el caso y encontrar a los jóvenes.
Señaló que ante el actual proceso electoral, en el que se definirá quién será el próximo presidente de la República, las autoridades pretenden que la sociedad se olvide del caso Iguala y de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero los padres de familia de los jóvenes seguirán en su lucha por encontrarlos con vida.
Expresó que los padres son conscientes de que el gobierno federal pretende “cerrar” el caso pero esto no quiere decir que se dé a conocer la verdad de los hechos o que encuentren a los normalistas, sólo que las autoridades quieren que la sociedad se olvide de lo que pasó.
Melitón Ortega dijo que por ello se llevará a cabo la Convención Nacional el 17 y 18 de marzo en la Ciudad de México, en la que participarán organizaciones sociales y magisteriales del país para acordar las acciones que se llevarán a cabo para seguir con la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el esclarecimiento de los hechos.

 

Padres de los 43 piden a la SCJ que los jueces valoren las irregularidades en la investigación

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron ayer en la Ciudad de México con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis María Aguilar, y le plantearon que los jueces deben valorar las irregularidades en la investigación del caso. El Consejo de la Judicatura Federal informó que Aguilar garantizó que los jueces actuarán de manera valiente e independiente.
Antes de esta reunión, integrantes del Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reprocharon al gobierno federal que no haya avances sustanciales en la investigación.
Los comisionados Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas junto con representes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron con autoridades de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según asistentes al encuentro, Vargas manifestó su preocupación por la falta de avances sustantivos en la investigación de los hechos del 26 de septiembre de 2014, mientras que Mario Patrón, del Centro Prodh, dijo al respecto que hubo manifestaciones de ambos comisionados.
“Lo cierto es que han venido pasando las fechas y el Estado no ha tenido la voluntad y la capacidad para ir dando resultados en cada uno de los ejes temáticos de la investigación”, manifestó Patrón.
Sin embargo, se informó que todas las partes mostraron voluntad para que este año terminen las labores del Mecanismo de Seguimiento y se presente un informe final en el último trimestre del año.
Entre los acuerdos que se lograron, señaló que habrá audiencias sobre Ayotzinapa en los cuatro periodos de sesiones de la CIDH durante este año, así como visitas oficiales a México bimestrales.
La actualización del cronograma de trabajo se formalizará el 2 de marzo en Bogotá, Colombia, en el 167 periodo de sesiones de la CIDH. Acordaron también que tras la audiencia pública sobre Ayotzinapa que se realizará el 2 marzo en Bogotá, Colombia, definirán el plan de trabajo y el cronograma que seguirán durante este 2018.
En un comunicado conjunto, la dependencias federales que estuvieron en la reunión señalaron que también se informó de posibles órdenes de aprehensión adicionales, sin aclarar por qué delitos.
Ayer concluyó la primera visita oficial del Mecanismo de este 2018, la cual duró dos días y en la que participaron la relatora para México, Esmeralda Arosemena y el comisionado Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo del organismo regional, Paulo Abrao.
Los integrantes de la CIDH se reunieron en la delegación regional de la PGR, ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, con autoridades del Estado mexicano y representantes de las víctimas, mientras que padres de los normalistas desaparecidos en 2014 se reunían con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en el Consejo de la Judicatura Federal.
Aunque desde hace prácticamente un mes la CIDH envió al Gobierno mexicano un cuestionario de 111 preguntas sobre el caso, las autoridades no entregaron todas las respuestas y se comprometieron a hacerlo la próxima semana.
La reunión empezó minutos después de las 9:00 horas y terminó hacia las 11:30, mientras que la mayoría de los padres de los estudiantes desaparecidos se reunieron con el ministro Aguilar y cinco consejeros de la Judicatura.
Al término de este encuentro, Vidulfo Rosales explicó que plantearon al ministro presidente que los jueces deben valorar las irregularidades de la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, tales como las denuncias de tortura y manipulación de las supuestas escena del crimen.
También pidieron que el Consejo de la Judicatura que pueda tener comunicación con la CIDH y el Mecanismo de Seguimiento.
“El acuerdo que sacamos es que ellos van a revisar todos los planteamientos que pusimos sobre la mesa y que nos estaremos viendo en un mes”, explicó Rosales.
En tanto, el CJF informó en un comunicado de prensa que Aguilar garantizó que los jueces actuarán de manera valiente e independiente, aunque no puede decirles a los jueces cómo resolver los casos, pues eso también vulnera su independencia.
“Ustedes tienen derecho a recibir justicia y nosotros estaremos pendientes de ello”, les dijo el Ministro.
El encuentro comenzó en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) poco después de las 10:30 horas, luego de una breve protesta de los familiares afuera del edificio.
Integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron este martes con padres y madres de los 43, y ayer en su visita a México sostuvieron reuniones con funcionarios del gobierno federal para revisar la agenda a seguir en el año.
Además dialogaron con el representante del Alto Comisionado de Naciones en México Jan Jarab, en la quinta visita oficial del Mecanismo.

Demandaron que se resuelva el amparo en la Visitaduría General contra Tomás Zerón, informa Tlachinollan

En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que en una ronda de participaciones los padres y madres hablaron de sus inconformidades frente a las actuales causas penales, las nuevas acusaciones, el amparo en la Visitaduría General contra el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, al que acusan de sembrar pruebas en el caso de la desaparición, así como la solicitud de participación del CJF en los informes que rinde el Estado a la CIDH.
Agrega que solicitaron al Poder Judicial que reciba a los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa en sus próximas visitas, además, que se sumen a la dotación de información periódica por parte del Estado al Mecanismo.
De las causas penales abiertas, demandaron excluir toda prueba ilícita de las investigaciones, solicitando que sean peritos del CJF y no de la Procuraduría General de la República quienes efectúen el Protocolo de Estambul a los acusados que han referido tortura. Apremiaron a que para las causas radicadas en Tamaulipas, exista una manera más eficaz de notificarles las resoluciones emitidas en el juzgado de Distrito de Matamoros, así como apertura para la revisión de expedientes escaneados.
En cuanto a las nuevas acusaciones, señalaron que es un indicativo de que la PGR reconoce a más sujetos involucrados sin embargo al parecer hay jueces que no han actuado conforme a derecho. Otro punto fue respecto al amparo interpuesto por padres y madres de los 43 en el poder Judicial frente a las irregularidades en la investigación de la Visitaduría General.
“Exigimos a nuestros hijos vivos, así como se los llevaron”, expresó Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benajmín Ascencio, ante los integrantes del Consejo, quienes en voz del presidente expresaron su solidaridad con los padres y madres de los 43 y los familiares de doña Minerva Bello, madre del normalista desaparecido Everardo Rodríguez, quién falleció el 4 de febrero pasado en Omeapa, Tixtla.
El documento agrega que Aguilar Morales atajó que si bien no les dirían a los jueces lo que deben hacer, pueden buscar que sean imparciales, honestos, que no tengan miedo, y solicitó más datos a los padres para “repartir responsabilidades en dado caso de que quizá algún juzgado esté cargado de trabajo, distribuirlo con otros”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo)

 

 

Irán con la CIDH en caso de que la Suprema Corte no les haga justicia, anuncian ex braceros

Unos 50 ex braceros informaron que si hay resolución negativa de la Suprema Corte de Justicia en su demanda de amparo recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interponer su queja contra el gobierno mexicano para que obligue a pagar el dinero que se adeuda.
En declaraciones a este reportero después de la reunión informativa que se llevó a cabo en el Zócalo de Acapulco, el asesor jurídico de los ex braceros en Guerrero, Carmelo Loeza Hernández recordó que el primer amparo 1009/16 que está en el Segundo Juzgado fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia.
Añadió que el segundo amparo 278/17 que está en el Octavo Juzgado fue a favor para que se les pagará el dinero a los ex braceros, sin embargo el presidente, Enrique Peña Nieto, metió un recurso de revisión.
Pero estimó que habrá una resolución a favor que emita la Suprema Corte de Justicia, en caso contrario advirtió que están formulando un documento o queja en la CIDH contra el gobierno mexicano.
Criticó que la Suprema Corte de Justicia “protege” los intereses del gobierno, pero en las instancias internacionales “vamos a triunfar”.
Dijo que en Guerrero hay 60 mil ex braceros pero sólo 200 están dentro del amparo.
El dirigente nacional de los ex braceros, Arón Cabañas Marcial pidió a los ex braceros de Guerrero no perder las esperanzas en la resolución de la Corte de Justicia, “vamos a tener resultados positivos, porque todo se está haciendo por medio de la vía legal”.
En caso contrario, amagó que recurrirán a la CIDH para reconocer los derechos de los ex braceros.
En la reunión semanal de los ex braceros asistió la precandidata de Morena para alcaldesa de Acapulco, Adela Román, quien manifestó el apoyo y la lucha de los inconformes.

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

No hay ningún proceso iniciado por desaparición forzada, reprocha el organismo. Señala la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación señaladas por el GIEI

Agencia Proceso

Ciudad de México

A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

Marchan a seis años de los asesinatos de dos normalistas y repudian a Aguirre

Arrojan cohetones a la sede del PRD estatal y hacen pintas para exigir justicia en los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Alexis Herrera y los 43 desaparecidos en Iguala

Unos mil estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), representantes de organizaciones sociales y magisteriales, activistas y padres de los 43 normalistas desaparecidos protestaron en esta ciudad a seis años de que fueron asesinados los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías en la Autopista del Sol.
Hubo una marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, al cruce de la autopista con la carretera federal México-Acapulco en la salida sur de la ciudad, donde los manifestantes bloquearon de manera total el paso vehicular en las dos vías y tuvieron un mitin frente a las cruces de los dos estudiantes de la Normal Rural.
Durante el recorrido los normalistas lanzaron cohetones a la sede del PRD estatal en la avenida Miguel Alemán, los manifestantes se detuvieron en el anti monumento a los 43 en la avenida Lázaro Cárdenas donde exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al frente del contingente destacaban dos coronas de flores, una para Jorge Alexis Herrera y otra para Gabriel Echeverría, atrás estudiantes de Ayotzinapa cagaban sobre sus hombros ataúdes de cartón forrados de rojo, cada una representaba a sus compañeros asesinados: Juan Manuel Huikán Kuikán, Eugenio Tamarit Huerta, Freddy Vázquez Crispín, Jonathan Morales Hernández, Filimón Tacuba Castro, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Los manifestantes portaban mantas y lonas con retratos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizan de los crímenes del 12 de diciembre de 2011, y del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra la Normal Rural, “asesino de estudiantes” lo llamaban. También repartieron boletines en los que cuestionaban las aspiraciones políticas del ex mandatario estatal.
“12 de diciembre no se olvida, es de lucha combativa”, “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, coreaban los manifestantes a su paso por las principales avenidas de la capital.
En la sede del PRD estatal normalistas escribieron en la fachada “Ni perdón ni olvido” y lanzaron cohetones, ante la bienvenida que los principales representantes del partido dieron a Aguirre Rivero para que compita por un escaño en el Congreso de la Unión.
En el anti monumento a los 43 desaparecidos los padres de los estudiantes exigieron a las autoridades que cese la represión contra los jóvenes, se esclarezcan los hechos violentos y encuentren a sus hijos. Uno a uno fueron nombrados los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que salieron de la institución hace más de tres años y no volvieron, “presentación con vida”, demandaron los manifestantes.
En el mitin frente a las cruces de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría participaron el secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, Javier González, los hermanos de Gabriel, Marta y Francisco Javier Echeverría de Jesús, la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, el vocero Felipe de la Cruz, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández y otros activistas.
Marta Echeverría llamó a Aguirre Rivero a que “si no tiene las manos manchadas de sangre” esclarezca el asesinato de su hermano y de Jorge Alexis Herrera, culpó al ex gobernador “del dolor que dejó en mi casa” y aseguró que “mientras Dios nos preste vida no dejaremos de exigir justicia”.
Francisco Javier Echeverría dijo que las autoridades desaparecieron las pruebas que indicaban que Aguirre Rivero ordenó que se “limpiara” la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, y responsabilizó al ex gobernador de lo que pueda sucederle a su familia por demandar el esclarecimiento de la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Javier González, Barrera Hernández y Manuel Olivares coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior concretará la militarización del país, además se pretenden justificar las masacres históricamente perpetradas por el Ejército y aclararon que están con las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos, de manera incondicional hasta que se haga justicia.
Antes del mitin hubo una misa para los normalistas asesinados. De manera solemne, cada uno de los presentes oró por las almas de los jóvenes y entre los rezos también demandaron que las autoridades respeten la ley, hagan lo necesario para que se esclarezcan los crímenes y se haga justicia.
Los manifestantes llamaron a la unidad de las organizaciones sociales y a permanecer en la lucha por la verdad sobre los crímenes en contra de los estudiantes en Guerrero y México.
La protesta comenzó con la marcha al mediodía, mientras que el bloqueo concluyó a las 4:40 de la tarde. Los manifestantes entonaron el himno Venceremos, luego se retiraron a bordo de autobuses de distintas líneas que los llevaron a la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

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