Etiqueta: CIDH

Deben declarar los militares sobre entierros en el ex cuartel de Atoyac, insiste la Afadem

 

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que los peritos y expertos de la PGR que excavan en el ex cuartel militar de Atoyac, hoy Ciudad de los Servicios, no han encontrado evidencias de restos humanos sepultados en el lugar, y que para hallarlas es necesario citar a declarar a los militares.
El defensor de los derechos humanos dijo que las últimas lluvias adelantaron los trabajos en una excavación donde los peritos que los asesoran y expertos de la PGR determinaron que, ante la falta de evidencias por el estancamiento de lluvia, se pudo adelantar que en el lugar no había movimiento irregular de tierra.
Mata Montiel dijo que para hacer excavaciones con éxito se debe de citar a los militares que siguen siendo protegidos por el gobierno de la República.
Cuestionan que las búsquedas tienen su base en testimonios, “pero se anda tentaleando; lo ideal sería levantar todo lo que fue el cuartel, y otra (es) que tienen que venir los militares a señalar dónde fueron los entierros”.
Dijo que las excavaciones culminan el 14 de noviembre, “pero nosotros, como Afadem, vamos a seguir insistiendo que se cite a declarar a los responsables, al jefe supremo de las fuerzas armadas de aquel momento y a los expresidentes que estén vivos, así como a los secretarios de Gobernación”.
Cuestiono que los militares no sean citados a declarar y estén protegidos, “eso sigue pesando, la envestidura de los militares y de no tocarlos a pesar de la sentencia, y de que aporreantemente se han modificado algunas partes, a pesar de que el Ejército sigue haciendo labores de policía, cuando se supone que en tiempos de paz debería estar en sus cuarteles, y está en toda la República”.
Señalo que en Guerrero es en donde más presencia de militares se ve en la calles, “con poblaciones sitiadas, aparentando que están haciendo labores sociales, cuando no es cierto, son de inteligencia y contra insurgencia”.
Dijo que en otros países se ha enjuiciado a presidentes y militares, mientras que en México se mantiene el candado de que las leyes civiles no los toquen, “seria histórico que en México ocurriera, porque estamos viviendo un presidencialismo donde lo que diga el presidente, aunque sea absurdo, se acata”.
Indico que sólo 50 por ciento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “siendo la búsqueda de Rosendo Radilla lo que no se ha hecho”.
Dijo que la CIDH está dando seguimiento y busca que se haga un llamado de atención, ya que sólo se aparenta que se investiga, y los militares no son citados a declarar.
Explicó que la observación internacional al Estado mexicano es la esperanza, “con las recomendaciones que hagan, como es con el examen periódico universal de la ONU que ha hecho recomendaciones en ese sentido, para buscar a los desaparecidos y terminar con la impunidad, casos de desaparición forzada, que se abrió con lo del caso Ayotzinapa”, dijo.

Corresponde al GIEI y a la PGR revisar versiones de vecinos de Carrizalillo, dicen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Procuraduría General de la República (PGR) están a cargo de la investigación de la desaparición forzada de los normalistas y ellos revisarán las versiones señaladas por los vecinos de Carrizalillo.
Los pobladores han insistido en que en las fosas de la banda criminal Guerreros Unidos, halladas en la zona, podrían estar enterrados los estudiantes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
De la Cruz ratificó que los padres no van a buscar a los normalistas en las fosas de Carrizalillo, porque los primeros días de búsqueda fueron a la región y no hubo información de su paradero.
Estimó que continuarán los hallazgos de fosas y muertos, pero corresponde a las instancias de justicia hacerse cargo de la investigación, es decir, la PGR y el GIEI. Por medio de ellos, los padres recibirán información de resultados científicos.
Dijo que la información de las fosas surgió de pronto, tras la detención de policías federales y un supuesto integrante de Guerreros unidos por vecinos de Carrizalillo, cuando pretendieron llevarse al presidente del Comisariado Ejidal, quien renta sus tierras a la minera Gold Corp.
En este sentido, señaló que tienen muchas dudas y desconfianza de la posibilidad de que en las fosas estén los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que el gobierno está muy interesado en mantener la versión de que los normalistas están muertos y que la delincuencia organizada perpetró los crímenes.
Pero aclaró que los padres saben que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado y de lesa humanidad, y si la delincuencia organizada participó fue en segundo término.
Demandó que el gobierno mexicano dé todas las facilidades a los expertos para que inicien a trabajar en su segundo periodo de mandato, que comenzó a su llegada al país, el 4 de noviembre.
Sin embargo, denunció que las autoridades están retrasando la entrega del expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como se acordó con los expertos el 19 de octubre en Washington previo al informe del primer periodo de mandato en la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
Aclaró que mientras el expediente siga en la SEIDO los expertos no pueden entregar su plan de trabajo, porque desconfían en los funcionarios de esa oficina.
En relación con Carrizalillo, puntualizó que los padres se reunieron con el GIEI el jueves en la Ciudad de México, y ellos les dijeron que iban a encargarse de toda la investigación, “porque para eso vienen a México, para decirnos la verdad, y nosotros confiamos en su trabajo”.
A las autoridades reiteró el llamado a que les den todas las facilidades para que realicen su labor, y que busquen vivos a los desaparecidos, ya que la nueva versión de que pueden estar en fosas de Carrizalillo, parece una forma de deslindarse de responsabilidades.

Se reunirán hoy en Bogotá dos padres de los 43 con el presidente de Colombia, informan

 

Familiares de los normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala, quienes viajaron la semana pasada a Colombia para informar sobre los hechos criminales de hace más de un año, exigieron que el gobierno mexicano reactive urgentemente la búsqueda con vida de sus hijos, y que además asuma las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al respecto.
Desde la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, las madres y padres de los estudiantes han visitado decenas de países de casi todos los continentes, para informar a la sociedad del dolor y la desesperación que han experimentado durante más de un año del impune ataque criminal.
Como parte de esas caravanas informativas de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, viajó desde el martes 20 de octubre a Colombia en compañía de Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán Abrajam de la Cruz, también desaparecido.
Desde el país sudamericano, Bautista informó vía telefónica que el paso siguiente en sus exigencias es pedir la reactivación urgente de la búsqueda con vida de los normalistas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No obstante –detalló–, la búsqueda debe ser coordinada con el GIEI, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió su tiempo de estancia en México hasta el 30 de abril próximo.
Cristina Bautista explicó que las madres y padres de los normalistas siempre han estado y están en la disposición de organizarse para ir a buscar ellos mismos a sus hijos, donde la gente les diga que pueden estar.
Pero dijo que las familias esperarán a que el GIEI determine el procedimiento por el que se reactivará la búsqueda y con el que se trabajará coordinadamente con las familias y con el gobierno federal, con el fin de garantizar el uso de tecnología de punta, así como mapa de fosas y otros lugares identificados.
La mujer expuso que en su estancia en Colombia que durará hasta el próximo lunes 9, ha sido bien recibida por estudiantes y grupos civiles, quienes los han acompañado y manifestado su solidaridad.
También adelantó que mañana ambos representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos serán recibidos por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en la capital Bogotá, a fin de escuchar los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Guerrero.
Según el informe que presentó el GIEI el 6 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la búsqueda de los normalistas después de que informara su “verdad histórica”, la cual fue desmentida científicamente por las y los expertos.

Se reunirán padres de los 43 con los expertos de la CIDH el miércoles que lleguen a México, informan

 

Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegarán el miércoles 4 de noviembre a México, para revisar con funcionarios de gobierno los 10 acuerdos firmados el 19 de octubre en Washington para el seguimiento a la investigación de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, informó el representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega.
Pasaron ya dos meses de negociaciones desde que terminó el primer mandato de trabajo del GIEI, acordado entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque el gobierno federal ya expresó que el periodo de funciones del GIEI se amplié por seis meses, y la CIDH aprobó extender el mandato hasta el 30 de abril, los voceros del movimiento aclararon que no saben con precisión si ya se firmó el segundo convenio de continuidad.
En consulta telefónica Melitón Ortega informó que el lunes hubo una reunión con uno de los expertos, Carlos Martín Beristáin, un representante legal de los padres de familia y la procuradora general de la República, Arely Gómez, sobre los acuerdos de Washington, previo al informe del grupo ante la CIDH.
Dijo que los expertos lograron acuerdos mínimos con las autoridades para el seguimiento del caso, como la salida de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Sin embargo, la cuestión es cuándo se puede hacer la entrevista a los militares, cuándo se comenzará a investigar a los políticos involucrados, y cuándo se van a utilizar la tecnología de punta para la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa.
Adelantó que en cuanto lleguen, van a reunirse con los expertos, porque una cosa son los acuerdos firmados en un documento y otra los hechos.
Entre los acuerdos firmados están sacar de inmediato la investigación de la SEIDO, y trasladar toda la información a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), que propuso el gobierno federal.
Del tercer peritaje en el basurero de Cocula, donde según la PGR fueron calcinados los 43 normalistas, que se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, se consense el modo en que se realizará el estudio, pues los padres expresaron temor de manipulación de la evidencia.
También se acordó que el GIEI se incorpore al caso con el nuevo equipo a cargo de la investigación, en la evaluación las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, en el seguimiento a las recomendaciones para la investigación, y colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.
El último punto establece que el Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.

Seguirán los expertos seis meses más en la investigación de Ayotzinapa, informa la CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue autorizado para que durante seis meses más continúe la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al concluir su 156 periodo de sesiones de audiencias, el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que el GIEI continuará en el caso hasta el 30 de abril de 2016.
“La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos conforme al artículo 106 de la Carta de la OEA, articulo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 18 de su estatuto, y el numeral 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado con el Estado mexicano”, destaca el comunicado en el que se notifica la prolongación de las labores del GIEI.
Precisa que la autorización de la prórroga por otros seis meses de asistencia técnica en la investigación, que correrá a partir del próximo sábado 31, también obedece a los argumentos que ese grupo presentó la semana pasada a la CIDH, a los representantes de los beneficiarios de la medida cautelar MC 409/14 (familiares de los 43 jóvenes desaparecidos) y al gobierno de México.
Con ello los expertos Carlos Martín Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa, en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de México, seguirán averiguando lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La CIDH destacó que bajo el acuerdo firmado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI “elaborará planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos”.
El lunes 19 el GIEI y el gobierno de Enrique Peña firmaron un acuerdo en el que se desechan las conclusiones emitidas a principios de año por la Procuraduría General de la República (PGR), elaboradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con ello, el gobierno mexicano se comprometió a relanzar la búsqueda de los 43 normalistas y reiniciar la investigación, asumiendo como base el informe que elaboró el GIEI, en el que desmiente científicamente la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, quien afirmó que un grupo de narcotraficantes coludidos con policías municipales quemaron a los estudiantes en el basurero de Cocula, y después lanzaron las cenizas a un río.
“La CIDH destaca la importancia del informe del GIEI y de sus acciones en los próximos meses, a fin de fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”, concluye el comunicado.

En diciembre dará a conocer sus observaciones la comisión sobre Ayotzinapa, adelanta diputada

En la primera semana de diciembre la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, dará a conocer sus primeras observaciones, anunció la diputada federal María Guadalupe Murguía.
La panista que preside esa comisión, dijo que las observaciones serán formuladas a las distintas autoridades que tienen responsabilidad en la investigación de los hechos, y en la atención a los familiares de las víctimas.
“Queremos trabajar con el propósito de que la comisión pudiera, por acuerdo, definir algunas observaciones iniciales o preliminares a las diferentes instancias y autoridades de lo que hemos venido viendo hasta ahorita”, expuso.
Por ejemplo, dijo, podrían ser observaciones de por qué no se ha citado a declarar ministerialmente al director de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, o bien, que el secretario de Seguridad Pública de Guerrero –al parecer en referencia a Leonardo Vázquez Pérez- explique cuáles fueron las acciones de la Policía Estatal para apoyar a los estudiantes, una vez ocurridos los hechos.
“Las observaciones tienen que salir por acuerdo de la comisión, entonces tenemos que trabajar al interior de la comisión para que se logren estos consensos”, aseveró. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se reúnen familiares de Nestora, autoridades federales y funcionarios de EU en la CIDH; no llegan a acuerdos

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

En una reunión el 21 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano se comprometió ante los abogados y familiares de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, a revisar el expediente para su posible liberación.
Ayer una comisión de la casa matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de San Luis Acatlán, integrada por el coordinador Martín Encarnación de la Cruz y la consejera Felicitas Martínez Solano visitaron en el penal de Tepepan del Distrito Federal, a Salgado García, a quien le manifestaron el respaldo de la institución indígena y le dijeron que van a continuar luchando hasta conseguir su libertad.
Vía telefónica la pareja de Salgado García, José Luis Ávila Báez informó que en la reunión en la CIDH, por el Gobierno mexicano estuvo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián, los abogados de Nestora y familiares de la líder comunitaria, así como dos agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La reunión fue el 21 de octubre, y en ella según Ávila Báez no se llegó a ningún acuerdo concreto, pero los familiares y los abogados de Salgado García pidieron a las autoridades mexicanas su libertad.
Informó que el subsecretario Roberto Campa les dijo que hay voluntad del Gobierno federal para revisar el caso, “pero vamos a ver hasta qué grado hay esa voluntad y cuánto se tardan en cumplir sus compromisos”, expresó Ávila Báez.
Indicó que de la CIDH les dijeron que van a seguir pendientes del caso hasta ver una solución.
Dijo que después de esta reunión tienen esperanzas, “pero no nos podemos confiar, hasta que Nestora esté libre podremos decir que sí cumplieron su cometido, ojalá y las cosas comiencen a ser un poquito más rápido ahora que va a haber un cambio de Gobierno en Guerrero”, manifestó, y esperó “que cada cosa vaya cayendo en su lugar”.
Ávila Báez dijo que siempre que hay un cambio de Gobierno renace la esperanza y que así lo ven en con el nuevo Gobierno estatal que va a llegar a gobernar Guerrero.
“Nosotros vemos que Rogelio Ortega Martínez tenía buenas intensiones pero al parecer no tenía la suficiente fuerza política para poder cumplir lo que prometió en su momento”, declaró.
Añadió que con el gobernador que se va están decepcionados porque no llegó a cumplir lo que les prometió, “porque aunque ahora diga que no lo dijo, en su momento prometió que pondrían en libertad a los presos de la CRAC”.

“La vi muy fuerte, muy valiente, muy guerrera”, dice consejera de la CRAC tras la visita en el penal

También consultado por teléfono, el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Encarnación de la Cruz informó que ayer acudieron a visitar en el penal a Nestora, “platicamos con ella después de las 12 en donde se encuentra detenida para manifestarle nuestro apoyo y darle ánimos, le dijimos que como CRAC estamos exigiendo al Gobierno del estado que agilice su asunto y que estamos haciendo todo el esfuerzo para que el Gobierno la ponga en libertad”.
En tanto la consejera Felicitas Martínez expresó que es la primera vez que la CRAC de San Luis Acatlán visita a Nestora “y yo la verdad la vi muy fuerte, muy valiente, muy guerrera, tiene una mirada y una postura muy firme, dice que ella va a seguir con la lucha de los pueblos indígenas y en la defensa de la seguridad y justicia”.
Agregó que, sin embargo, la vio triste porque el Gobierno la sigue manteniendo aislada y que en la celda donde se encuentra solamente la acompañan los libros que le han ido a regalar; “ella solamente está entre las paredes y los libros”.
Martínez Solano lamentó que el gobernador Rogelio Ortega no haya cumplido con su compromiso de liberar a Nestora Salgado y al resto de los presos de la CRAC.
Agregó que lo único que pudo hacer es el traslado del penal de Tepic en Nayarit al del Distrito Federal, “pero yo creo que si de verdad hubiera tenido voluntad política ya se hubiera dado la libertad de Nestora. Es una falsedad lo que ha dicho que apoya a los presos políticos”.
Recordó que el gobernador declaró que haría todo lo posible por liberar a los presos políticos, pero eso no fue cierto porque ya los minutos están contados para que se vaya. La nueva administración entra en funciones el 27 de octubre.
Añadió que la CRAC va a luchar hasta el final por la libertad de Nestora “porque la verdad el Gobierno ha cometido mucha injusticia con ella desde su detención, su traslado, el proceso y la integración del expediente”, acusó.

Anuncia Sabino Palma queja en la CIDH contra el gobierno del estado

Deja el reclusorio con su esposa y sobrino tras pagar la fianza

 

 Karina Contreras A las 2:25 de la tarde, César Sabino Palma, su esposa, Alma Palma y su sobrino Pedro Palma abandonaron el reclusorio de Las Cruces,  luego de depositar la fianza de 15 mil pesos por cada uno que les fijó el juez del juzgado noveno, Filomeno Vázquez Espinosa.

Al salir del reclusorio, César Sabino Palma informó que pondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en contra del gobierno de René Juárez Cisneros, ya que insiste en que fue “secuestrado para evitar que abordara al presidente Vicente Fox Quesada”, durante su visita al puerto para clausurar el Tianguis Turístico.

Los tres integrantes de la familia Palma fueron detenidos el lunes pasado, cuando iniciaron un plantón afuera del hotel Quinta Real para exigir la indemnización por la expropiación de 70 hectáreas y media de un predio en Punta Diamante que reclaman como suyo. La detención se dio a la 1:30 de la tarde, y fueron presentados el martes a las 6 de la tarde con los cargos de                 ataques a las vías de comunicación,                 a los medios de transportes y amotinamiento.

El juez Vázquez Espinosa les concedió la fianza a los Palma el jueves pasado, pero fue hasta ayer que la familia depositó el dinero y pudieron abandonar el reclusorio. La familia Palma salió del reclusorio acompañada de su abogado Víctor Manuel Memíje Martínez.

En declaraciones, César Sabino Palma, advirtió que van a seguir pidiendo justicia para que les paguen sus tierras en Punta Diamante. Dijo Sabino Palma también que no cesará de buscar al presidente de la república, Vicente Fox Quesada, para informarle que en Guerrero no hay estado de derecho, y que sólo “hay anarquía en los funcionarios”.

Sabino Palma aseveró que seguirá luchando por su patrimonio, pues por derecho le corresponde exigir su pago y ahí están los papeles que lo demuestran. Manifestó que los encarcelamientos no lo van a detener para exigir respeto a su patrimonio.

Mientras que su esposa, Alma Peláez afirmó que el gobernador “se debe tentar el corazón” y no hacer daños a la gente que no debe; y agregó que ellos nunca cometieron un delito para que los metierán a la cárcel.

Precisó que los que cometieron ataques a las vías de comunicación fueron los policías cuando bloquearon el bulevar para detenerlos. Hizo un llamado al gobernador a rectificar su actitud, y debe reconocer que hizo mal.

Al igual que su esposo, Alma Peláez expresó que van a seguir luchando por las tierras de la familia Palma, y que las detenciones no las van a intimidar, pues quieren que les paguen lo que es su patrimonio. Finalmente agradeció a todos los que los apoyaron con sus manifestaciones para exigir su libertad.