43 desaparecidos Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

La noche de Iguala: de dos ataques directos de la policía se llevaron a los 43 desaparecidos

La madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la agencia del Ministerio Público de Iguala se encontraban estudiantes de Ayotzinapa que el 26 acudieron a esa ciudad para participar en la toma de autobuses y “boteo” entre la población para obtener dinero para la manifestación del 2 de octubre Foto: Lenin Ocampo

Alejandro Guerrero / Iguala

La noche del 26 de septiembre de 2014 la violencia cometida por policías municipales contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, a la que se sumó el grupo delictivo Guerreros Unidos, escaló durante cuatro horas. En ese tiempo, autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno y militares no intervinieron para resguardar a las víctimas; al contrario, permitieron la actuación contra los normalistas, hasta que se desbordó en ataques directos no sólo para dispersar a una multitud desarmada, en la que además había reporteros y maestros, sino para reprimir con brutalidad, desaparecer y asesinar.
Han pasado 11 años de los trágicos hechos en Iguala, tres gobiernos en la Presidencia de la República, cuatro gobernadores y nueve alcaldes, y continúa sin esclarecerse las principales demandas: ¿qué motivó a policías y civiles para actuar con tal crueldad contra estudiantes normalistas desarmados?, y ¿dónde están los 43 jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada?
Aquella noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cientos de balas en ráfagas de fusiles de asalto, de pistolas y retrocargas, se dispararon no sólo contra estudiantes, sino también contra reporteros, profesores y dirigentes sociales que estaban con ellos. Estos crímenes no se cometieron en una localidad alejada o en una zona despoblada sin comunicación, se hicieron en Iguala, la ciudad más importante de la zona Norte, en la colonia Juan Álvarez, contigua al centro, a una hora de la capital de Guerrero, Chilpancingo.
El ataque se cometió en una zona comercial y de viviendas en el Periférico Norte, al final de la calle Juan Álvarez, colonia en la que miembros de la pandilla Los Peques o Tilos, brazo armado del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, tenía negocios y de acuerdo con las autoridades, varios de los hermanos Benítez Palacios, sus líderes, vivían ahí en ese tiempo.
La Juan Álvarez está a dos cuadras del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), donde se reciben llamadas de emergencia del 911 (antes 066) y se monitorean y controlan las cámaras de video vigilancia en coordinación de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército.
La zona de los dos principales ataques contra los jóvenes, de donde la mayoría de los 43 fueron desaparecidos, ocurrió a unos 5 minutos en vehículo del 27 Batallón de Infantería en el Periférico Oriente que está a 2.9 kilómetros de la calle Juan Álvarez, misma distancia del 41 Batallón que después fue transferido a Teloloapan y de la comisaría de la desintegrada Policía Federal.
El saldo de los ataques simultáneos de aquella noche fue de seis personas asesinadas, al menos 25 heridos y 43 desaparecidos.

La toma de autobuses

El 26 de septiembre de 2014 y días anteriores, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien fue obligado a dimitir por este caso, policías estatales desplegaron operativos en Chilpancingo y Acapulco para evitar la toma de autobuses por estudiantes normalistas, en la víspera del aniversario de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, para lo que la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tenía la comisión de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), de conseguir autobuses para el traslado de normalistas de diversos estados a la Ciudad de México, como cada año.
De acuerdo con la información, basada en testimonios de sobrevivientes y grabaciones de cámaras de seguridad, así como la evidencia fotográfica de El Sur de esa noche, se sabe que una comisión de casi cien alumnos de nuevo ingreso con la coordinación de otros dirigentes de segundo grado, salieron de la Normal de Tixtla a bordo de los autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568 rumbo a Iguala, con la intención de recaudar dinero mediante boteo entre la población y tomar más camiones.
Salieron ya tarde de la Normal, a eso de las 5:30 y llegaron a la comunidad de Rancho del Cura, municipio de Iguala, alrededor de las 7:30. El grupo que iba en el camión 1531 se quedó en ese crucero con la carretera estatal a Huitzuco, mientras que el 1568 se fue a la caseta de peaje para hacer una colecta de dinero con automovilistas.
Los jóvenes que se quedaron en la carretera federal en la salida a Chilpancingo detuvieron el autobús Costa Line 2513, pero como llevaba pasajeros, se acordó con el chofer que los llevarían a la terminal ubicada en la calle Hermenegildo Galeana frente al mercado municipal de Iguala, y de ahí se llevarían el camión. Para eso fueron comisionados entre ocho y diez jóvenes.
A la terminal de autobuses Estrella Blanca llegaron a las 9:05 de la noche como lo muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa de transportes, pero el chofer no cumplió el acuerdo con los estudiantes, y testimonios de sobrevivientes indican que éste les pidió esperar 10 minutos que se convierten en media hora, con la aparente intención de hacer tiempo para que llegaran policías municipales; finalmente los dejó encerrados dentro del autobús.
Tras reportar el incidente por teléfono a sus compañeros, éstos llegaron a la terminal en los dos autobuses 5 minutos después, y se genera una trifulca en la que los jóvenes con el rostro cubierto lanzan piedras a los autobuses, y finalmente se llevan dos camiones. Ahí fue la última vez que se vio al estudiante Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco, que iba dirigiendo el grupo.
Por la salida de la terminal que da a la calle Ignacio Manuel Altamirano, que es la ruta habitual de los autobuses para tomar el Periférico Sur, salió un grupo de estudiantes con el camión de la Flecha Roja Ecoter 3278, que luego en las investigaciones sería considerado el “quinto autobús”.
En tanto que, por la calle paralela Hermenegildo Galeana, que es por donde está la entrada de los autobuses a la terminal y que tiene el sentido de la circulación vehicular al centro de la ciudad, a las 9:26 de la noche salieron los jóvenes con los dos autobuses que ya llevaban desde Chilpancingo, al frente el Estrella de Oro 1531 y al final quedó el 1568, y en medio se enfilaron en caravana los dos que tomaron en la terminal, los Costa Line 2012 y 2510.
Un minuto después llegaron patrullas con efectivos de la Policía Municipal, algunos con sus armas desenfundadas, así como civiles que siguieron el trayecto de los autobuses corriendo a pie.
Debido a lo estrecho de las calles y las esquinas en esta zona del centro de la ciudad, así como por la persecución que tenían de policías, los camiones no pudieron dar vuelta, sólo pudo hacerlo el que iba al frente, el Estrella de Oro 1531, que dobló en la calle Juan Aldama que se conecta al final con la carretera federal México-Acapulco en dirección a Chilpancingo.

Primeros detenidos desaparecidos

Los jóvenes que viajaban en este autobús, entre 15 y 20, fueron interceptados y detenidos cerca del Palacio de Justicia por policías de Iguala y Huitzuco, así como policías federales. Con gases lacrimógenos que fueron lanzados por las ventanas hacia adentro del autobús, los muchachos fueron obligados a bajar, y tras ser golpeados y detenidos se los llevaron en las patrullas con dirección a Huitzuco, todos ellos son parte de los 43 desaparecidos.
Este ataque y detención, así como las autoridades que intervinieron y las rutas que tomaron después, habrían sido grabadas por al menos seis cámaras de seguridad de circuito cerrado que en esa fecha había en la parte externa del edificio del Poder Judicial del estado cuando era presidenta la magistrada Lambertina Galeana Marín (actualmente procesada por el caso Ayotzinapa), sin embargo, fueron desaparecidas y no han sido entregadas.
Los otros tres autobuses, los Costa Line 2012 y 2510 y el Estrella de Oro 1568, continuaron de frente perseguidos por varias patrullas de la Policía Municipal, que de acuerdo con testigos, iban disparando al aire y a la parte posterior del tercer autobús.
Era noche de viernes, mucha gente estaba en el centro de la ciudad, además de que había concluido el segundo informe de labores de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, quienes celebraban con funcionarios y simpatizantes a esa hora una verbena popular en la explanada de las Tres Garantías.

Segundo grupo de detenidos

Entre el Zócalo y la iglesia de San Francisco de Asís, colindantes con la explanada, se dio un primer choque entre los policías y normalistas, a quienes les intentaron cerrar el paso con patrullas que fueron atravesadas en la calle, pero que los estudiantes lograron quitar.
Once cuadras al norte, en la misma calle que pasando el Zócalo cambia de nombre a Juan Álvarez, al llegar al cruce con el Periférico Norte y la única salida para los autobuses, los policías cerraron el paso de frente y por atrás en la calle 10 de Abril; los dejaron cercados.
.

La lluviosa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el segundo ataque a los normalistas, fueron asesinados los estudiantes de segundo año Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, que acudieron desde Ayotzinapa a auxiliar a sus compañeros de primer año que estaban siendo agredidos, golpeados y hasta heridos de bala y detenidos por policías y otras corporaciones Foto: Lenin Ocampo / archivo

“No disparen somos estudiantes, estamos desarmados”

Entre las 9:40 y las 10 de la noche se dio la primera agresión a balazos contra los jóvenes y los autobuses en los que iban. Les dispararon de frente, por detrás y de costado para obligarlos a salir de los camiones. Al tercer autobús, el Estrella de Oro 1568 le reventaron las llantas para que no lo pudieran mover.
Mediante videos que los muchachos lograron grabar con sus teléfonos celulares y que se compartieron en las redes sociales, se ve a policías uniformados y armados resguardados en la esquina del Periférico, y se escucha que los normalistas con insistencia les gritan “somos estudiantes”, “no disparen”, “no tenemos armas, estamos desarmados”.
En esa agresión, los policías hirieron de gravedad al normalista Aldo Gutiérrez Solano, que desde ese momento se encuentra en estado de coma por un disparo en la cabeza, además hubo otro muchacho herido de bala en una mano, quien, de acuerdo con sus compañeros, fue al único del tercer autobús que los policías no se llevaron detenido, en tanto que todos los demás, entre 20 y 25 jóvenes fueron detenidos y en un principio habrían sido llevados a Barandillas de la comandancia de la Policía y después desaparecidos.
El otro ataque se dio mientras se desarrollaba una conferencia de prensa alrededor de las 10 de la noche de ese viernes 26 de septiembre, siete reporteros habían llegado al lugar para dar cobertura, la mayoría era prensa local y sólo uno había llegado de Chilpancingo.
De acuerdo con testimonios y las investigaciones realizadas, las agresiones fueron conocidas en tiempo real desde la llegada de los estudiantes a Iguala no sólo por la autoridad municipal mediante su policía y agentes de Gobernación, lo mismo habría ocurrido con los gobiernos estatal y federal con sus agentes de Gobernación y del Ejército con su personal de búsqueda de información (inteligencia militar), y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que tenía entonces oficinas en la entrada a la colonia Floresta, muy cerca del Palacio de Justicia donde ocurrieron dos de los ataques.
La escena de aquella noche evidenciaba un ataque directo con extrema violencia, manchas de sangre en el piso, así como en la defesa y dentro del tercer autobús, en el acceso, el pasillo y los asientos de enfrente. Mientras que los tres autobuses tenían impactos de bala en distintas partes de la carrocería, en el parabrisas, en las puertas y ventanas; el Estrella de Oro es el que más impactos recibió.
Debido a la ausencia de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE, antes Procuraduría) y de Policía Estatal o Ejército para resguardar y asegurar la escena del crimen, los estudiantes marcaron decenas de casquillos percutidos y algunas balas enteras regadas en la calle.
Había armas cortas calibre .9 milímetros, y de calibres .223 que se usan para fusil AR-15 y el mismo calibre para las armas de cargo de la policía, y de 7.62 milímetros, que se usan para fusil AK-47, conocidos como cuerno de chivo.
Pasada la media noche, en lo que parecía ser el cierre de la actividad de esa jornada, dos de los representantes de la Normal Rural llamaron a los reporteros que ya estaban presentes a una rueda de prensa para dar detalles actualizados de lo ocurrido.
La conferencia se hizo justo al frente de los autobuses al final de la calle Álvarez y duró poco más de 10 minutos. Como si los perpetradores estuvieran esperando el cierre de la conferencia, accionaron sus armas contra la multitud, con intención directa de matar.
Alrededor había unas cien personas, entre alumnos sobrevivientes al primer ataque, otros que habían llegado en dos camionetas Urvan desde Ayotzinapa para apoyar a sus compañeros, así como estudiantes de la Normal de Iguala, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que también habían llegado en apoyo, reporteros y los choferes de los tres autobuses.
Desde el lado poniente donde está la calle Benito Juárez, paralela a Álvarez, llegó disparando ráfagas de armas de alto poder un grupo armado de personas con vestimenta oscura y encapuchados.
“Nos están disparando”, “tírense al piso” y “corran, cúbranse”, se escuchaba entre los gritos desesperados de todos para tratar de resguardarse y salvarse. La mayoría se refugió entre los autobuses y otros vehículos que estaban estacionados en ese tramo de la calle Álvarez, mientras que otros corrieron con dirección al centro de la ciudad.
El ataque duró aproximadamente minuto y medio. Primero se escucharon las descargas de las ráfagas de las armas de alto poder y otros disparos que soltaron al mismo tiempo, se escuchaba el zumbido de las balas que pasaban muy cerca, otras impactaban en cristales y vehículos que estaban estacionados, así como en las paredes de los negocios de esa zona. Hubo un caos total.
Los disparos cesaron un instante, como si los pistoleros hubieran recargado sus armas y volvieron a disparar. De acuerdo con la trayectoria y el movimiento de las detonaciones, se interpreta que iban a bordo de vehículos porque avanzaron por el Periférico y no ingresaron a pie por la calle Álvarez, donde muchos estaban ocultos.
Al parecer algunos pistoleros retornaron por las siguientes calles paralelas, Niño Artillero y Miguel Hidalgo, porque después algunos testigos informaron que vieron pasar camionetas con gente armada con dirección al centro.
En este segundo ataque fueron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, alumnos de Ayotzinapa de segundo grado que habían llegado en apoyo a sus compañeros. Sus cuerpos quedaron boca abajo a sólo unos pasos de donde se daba la conferencia de prensa.
También fueron heridos el normalista Edgar Andrés Vargas, de Oaxaca, que recibió un disparo en la cara que le destrozó el maxilar superior y la base de la nariz, así como la maestra de la CETEG Fátima, que recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en el pie derecho, pues estaba en su carro cuando llegó el ataque al igual que una mujer embarazada que esperaba a su pareja en su carro y que salió ilesa.
Esa noche algunos jóvenes llegaron al hospital privado Cristina, ubicado en la misma calle del ataque, para pedir atención para su compañero Edgar, pero les fue negada. Allí llegaron efectivos del Ejército sólo para tomar evidencias de los hechos, pedirles sus nombres reales y después dejarlos ahí.
Fue hasta cerca de la una de la madrugada que peritos forenses de la Fiscalía estatal finalmente llegaron a acordonar la zona. A esa hora ya estaban allí más reporteros de Chilpancingo y se había soltado una ligera lluvia en la ciudad.
Al amanecer, cerca de las 8 de la mañana, en la zona de Ciudad Industrial, a unos 800 metros de la calle Álvarez, fue hallado el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, normalista que habría sido capturado vivo tras el segundo ataque.
El joven tenía marcas de tortura, diversos moretones en la zona abdominal al parecer por golpes que recibió y le arrancaron la piel del rostro con cortes finos de un arma de filo o con bisturí.

Los ataques simultáneos

Las persecuciones con disparos desde la terminal y los dos ataques en la calle Juan Álvarez, no fueron los únicos escenarios de violencia esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, sino que hubo agresiones simultáneas y un cerco que se instaló en entradas y salidas de la ciudad con la intervención de policías de Tepecoacuilco, Huitzuco y Cocula, además de Policías Federales y Ministeriales del estado, en los que el Ejército y la Policía Estatal habrían facilitado o permitieron las agresiones.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), estableció en sus investigaciones que estas autoridades “intervinieron de manera directa o indirecta en los ataques, facilitaron su realización y encubrieron a los perpetradores”.
En la salida a Chilpancingo, en el crucero de la comunidad de Santa Teresa, policías instalaron un retén para impedir la salida de los estudiantes y de cualquier persona. Allí dispararon de forma directa a un autobús de la empresa Castro Tours en el que viajaban los jugadores del equipo juvenil de futbol Los Avispones de Chilpancingo, que habían ido a jugar a Iguala.
En ese lugar fueron asesinados el adolescente de 15 años David Josué García Evangelista, El Zurdito, el chofer del camión Víctor Manuel Lugo y una mujer de nombre Blanca que iba como pasajera en un taxi que también fue atacado, en el que el chofer Aureliano García fue herido, y que la mañana del 16 de marzo de 2024 fue hallado asesinado a balazos en una calle de terracería de la colonia El Capire de esta ciudad.
Un retén más se instaló cerca de la medianoche en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, a 50 kilómetros de Iguala, donde automovilistas fueron atacados a balazos y una pareja fue herida.
La actuación de esa noche y madrugada entre pistoleros y policías de corporaciones de los tres órdenes de gobierno evidenció el control hegemónico que mantenía entonces el grupo delictivo Guerreros Unidos, con el que se relaciona al alcalde Abarca Veláz-quez y a su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, ambos presos en penales federales.

El quinto autobús no fue atacado, fue protegido

La primera agresión se dio cerca del Palacio de Justicia, donde fue interceptado el autobús Estrella de Oro 1531 que antes se había separado de la caravana en el centro de la ciudad. Las investigaciones indican que los estudiantes fueron bajados con violencia de este autobús con gases lacrimógenos, después golpeados y trasladados en patrullas de la Policía de Huitzuco con rumbo a ese municipio. En este hecho habrían intervenido policías federales, según las investigaciones del GIEI.
En tanto que, en ese mismo tramo, pero unos 700 metros antes, en el puente El Chipote, que es la desviación a la comunidad de Tuxpan, los jóvenes que iban en el autobús de la Flecha Roja Ecoter 3278 lograron escapar antes de ser interceptados por los policías y huyeron a colonias cercanas.
El chofer informó a las autoridades que recibió órdenes de la empresa de llevar el camión al estado de Morelos, lo cual hizo por la autopista a Cuernavaca, pasando por la caseta de peaje, con resguardo de la Policía Federal. Es el “quinto autobús”, que no fue atacado, y que presuntamente podría haber llevado una carga de droga.

Para infiltrarlo en la Normal, Sedena entrenó a López Patolzin ocho meses

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entrenó durante ocho meses en labores de inteligencia al soldado de infantería Julio César López Patolzin, para infiltrarlo en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Sin embargo, su tarea como informante sería trágica y fugaz, porque 36 días después de haber ingresado a la Normal, pasó a formar parte de la lista de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Documentos inéditos del Ejército revelan que el militar nacido el 29 de enero de 1989 llevaba 5 años con 9 meses adscrito al 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, cuando fue ultimado por policías municipales y por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Como parte de la investigación del caso Iguala, la FGR obtuvo dos informes que suscribió el general de división Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, sobre este joven espía a quien denomina “Órgano de Búsqueda de Información (OBI) con fachada de alumno”.
Los documentos revelan que el joven ingresó al instituto armado el 16 de enero de 2009 pero sus actividades en el sistema de inteligencia militar empezarían cuatro años más tarde.
El 6 de junio de 2014 López Patolzin inició los trámites de ingreso a la Normal Rural “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante”, según dice el general Saavedra.
“El soldado López Patolzin remitía la información obtenida, por medio de mensajes y llamadas telefónicas esporádicamente, cada vez que se lo permitía la situación”, dice el comandante de Zona Militar.
Sobre la última noticia que se tuvo de López Patolzin, los dos informes del general contienen información en apariencia contradictoria, pues mientras uno señala que su última comunicación fue el 27 de septiembre, un día después de la noche de Iguala, en otro establece que la última vez que sus superiores tuvieron noticia del infiltrado fue el 26 de septiembre de 2014 a las 11:30 horas.

Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto

Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto

“No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, reconoce en un video con motivo de su último informe de gobierno

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.

Reprueban padres de los 43 las declaraciones de Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).

Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto

Fotograma del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en el que menciona la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Foto: El Sur

Protestan padres de los 43 en la Suprema Corte; exigen la creación de la comisión de la verdad

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y alumnos de esa escuela protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir que se acate la orden de crear una comisión de la verda que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.
Los manifestantes se reunieron de nueva cuenta para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes, y derribaron vallas de seguridad para instalarse en la entrada principal de la sede de la máxima instancia de impartición de justicia en el país.
A casi cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el asesinato de tres estudiantes y tres ciudadanos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares solicitaron ser recibidos por los ministros de la corte, quienes, como se anunció la semana pasada, estudian atraer los recursos relacionados con la sentencia del tribunal de Tamaulipas que ordenó crear una comisión de la verdad y la justicia, que investigaría de nuevo la desaparición de los normalistas.
Los padres y madres se reunieron el miércoles de la semana pasada media hora con el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, cuando protestaban en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Más tarde medios informaron que la posibilidad de recibirlos, ya en forma oficial, fue planteada por Aguilar Morales a sus colegas antes de la sesión pública del pleno.
El mitin de este lunes frente a la corte inició después de las 11 de la mañana y estuvieron los familiares y normalistas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes gritaron consignas a favor de los maestros.
Mientras los familiares mostraban fotografías de los jóvenes desaparecidos y gritaban “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, representantes de los normalistas desaparecidos en Iguala exigían que una comisión fuera recibida por Aguilar Morales.
Poco después ante a la falta de respuesta un grupo de normalistas tiró las vallas alrededor de la corte. Padres y madres aprovecharon para colocarse sobre la escalera principal, donde mostraron carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos.
En junio el tribunal colegiado de Tamaulipas consideró que la investigación de la Procuradurúa General de la República (PGR) carecía de imparcialidad y ordenó crear una comisión de la verdad para investigar de nuevo el caso. La PGR rechazó la sentencia argumentando imposibilidad y actualmente busca que la corte falle en contra de la instauración de esa comisión.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos han manifestado su enojo ante el hecho de que la PGR intenta impedir la creación de un mecanismo que podría resolver el caso.

“Seguiremos en la lucha”

“Son 47 meses de dignidad y de coraje de parte, sobre todo, de las madres y normalistas de Ayotzinapa. Estamos aquí en la Suprema Corte para exigir que se instale la comisión de la verdad tal y como lo señaló el tribunal de Tamaulipas. Queremos verdad y justicia en este caso. Esperamos que los ministros den respuesta conforme a derecho y de manera autónoma, por el bien de las víctimas de la nación”, declaró a El Sur Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.
“No descansaremos hasta que el caso sea resuelto, seguiremos en la lucha”, afirmó.
Finalmente fueron recibidos por Francisco Barradas Vista, asesor del ministro presidente y encargado de la atención a ciudadanos, pero los manifestantes demanadaban ser recibidos por los ministros.
Tras permanecer en la entrada principal más de una hora, padres y madres se retiraron sin haberse entrevistado con algún ministro.
“Los familiares estuvieron en la espera, pero no pasó nada. Los ministros no los recibieron”, lamentó De la Cruz.
–Falta un mes para que se cumplan cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿qué decidirán si en estos días no hay respuesta de la corte?-, se le preguntó.
–Ya se acabó la jornada por los 47 meses, ya nos vamos a regresar a Guerrero. Si no hay respuesta a nuestras peticiones en estos días planearemos nuestra estrategia para el 26 de septiembre. Serán cuatro años, cuatro años de resistencia.

Que rinda cuentas Peña Nieto por Ayotzinapa antes de irse

A un mes de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los alumnos de la Normal Rural en Iguala, padres y organizaciones solidarias marcharon en la Ciudad de México y realizaron un mitin en el llamado Antimonumento (gráfica) donde el abogado Vidulfo Rosales responsabilizó al presidente de la tragedia e insistiò en que se nombre la comisión por la justicia y la verdad que ordenó un tribunal federal. Una marcha similar hubo en Chilpancingo Foto: Agencia Reforma

Conmemoran con una marcha en Cdmx 47 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, señaló al presidente Peña Nieto como responsable de la tragedia. Insistió en la formación de una comisión de la verdad que investigue los hechos

Tatiana Maillard

El Sur / Ciudad de México

Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron este domingo 47 meses de la desaparición forzada de sus hijos, con una marcha en esta ciudad que partió del Ángel de la independencia, siguió a lo largo de Paseo de la Reforma, se detuvo en el Antimonumento a los 43 para efectuar un pase de lista y concluyó en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico.
Los padres de los 43 fueron acompañados por al menos unas mil personas, entre las que se encontraban integrantes de la sociedad civil y miembros de organizaciones como las secciones 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI; la Unión Popular Revolucionaria y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Los padres y madres reclamaron que, a casi cuatro años de los ataques de las fuerzas policiacas municipales, estatales y militares en contra de los jóvenes y de su posterior desaparición, ni el gobierno federal ni la Procuraduría General de la República (PGR) han dado muestras de voluntad por resolver el caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas, señaló al presidente Enrique Peña Nieto como responsable de la tragedia y en nombre de los padres y madres exigió al Estado mexicano establecer una comisión de la verdad independiente que investigue el caso. Lamentó que, a pesar de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, que obligaba a la conformación de dicha comisión, tanto el gobierno estatal, como la PGR impugnaron la resolución.
Asimismo, Rosales exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia De la Nación a ponerse del lado de las víctimas y hacer cumplir la creación de una comisión de la verdad. “Tienen la oportunidad de ponerse del lado de las víctimas o de arrastrarse ante los poderosos y los violadores de derechos humanos”, expresó el abogado.
Melitón Ortega, vocero de los familiares de los 43, convocó a los presentes a seguir acompañándolos y “mantener la lucha”. En este sentido, también se pronunció Blanca Nava –madre de Jorge Álvarez Nava–, quien expuso que “los padres necesitamos el apoyo de todos, para que estos hechos no queden impunes ni se repitan”.
Enfatizó que el movimiento de los padres no se limita a la exigencia del acceso a la verdad en el caso de sus hijos, sino que se manifiesta en contra del clima de violencia en el país. “Este gobierno no sólo es responsable de la desaparición de nuestros hijos, también es responsable de los asesinatos que ocurrieron el 26 de septiembre y de que uno de los estudiantes –Aldo Gutiérrez Solano– se encuentre todavía postrado en una cama”, en coma.
Por su parte, Nicanora García –madre de Saúl Bruno García– solicitó a los acompañantes de esta marcha que se unieran a los padres dentro de un mes, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los estudiantes. “El mensaje para Enrique Peña Nieto es que no olvidamos”.
El mitin concluyó con la entonación del himno Venceremos por parte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Este lunes, los padres realizarán un mitin a las puertas de la Suprema Cote de Justicia de la Nación, a las 10 de la mañana. Además, el 8 de septiembre, a las 10 de la mañana, se inaugurará en Ayotzinapa la Asamblea Nacional Popular, la cual determinará las acciones globales a emprenderse para las conmemoraciones del cuarto año de los hechos ocurridos en Iguala de Guerrero, que se cumplirá el 26 de septiembre.

En Chilpancingo, exigen que Peña Nieto rinda cuentas del caso Ayotzinapa antes de irse

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros y activistas marcharon en la capital para exigir el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 normalistas desde hace 47 meses en Iguala y para criticar que las autoridades no han hecho justicia en el caso.
A las 12 del día unos cien normalistas, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se concentraron en la alameda Granados Maldonado y en marcha se dirigieron al monumento a Las Banderas donde realizaron un mitin.
Los manifestantes portaban pancartas y lonas en las que se leía “43+”, “Exigimos presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, castigo a los autores intelectuales y materiales, justicia por los crímenes y masacres en este sexenio”.
En su participación en el mitin, el coordinador de la Comisión Política de la CETEG, Gerardo Parra Jerónimo exigió al presidente de México Enrique Peña Nieto que antes de que concluya su administración rinda cuentas por el caso de Ayotzinapa.
Parra Jerónimo informó que el 1 de septiembre en el sexto informe de gobierno de Peña Nieto, realizarán un anti informe para dar a conocer a la sociedad que todo lo que digan en el informe el gobierno federal no tiene sustento y “evidenciaremos al gobierno que no ha cumplido las promesas que hizo”.
Reconoció que el movimiento de los padres de familia de los 43 normalitas desaparecidos ha cumplido 47 meses de lucha ininterrumpida a nivel nacional e internacional “levantando la voz contra las injusticias” y anunció que pedirán un juicio político en contra de Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa.
En su participación el líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador continuar con las investigaciones de la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala y castigar a los responsables de estos hechos lamentables. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Parada cívica de militantes de Morena en Acapulco

Simpatizantes de Morena hicieron una parada cívica en el Zócalo para apoyar a los familiares.
Exigieron que se sigan las cuatro líneas de investigación plantadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la creación de la comisión de la verdad.
El grupo de 15 militantes de Morena se colocó en el Zócalo con una manta con la fotografía de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014.
Leyeron y entregaron a los transeúntes copias de un texto en el que se expone que no se puede confiar en el sistema de justicia del país, que se vive con miedo porque el 98 por ciento de los delitos no se castigan. “Te asaltan en el transporte público, o en la salida del cine, o mientras caminas en la calle por la noche”. (Mariana Labastida).

Conmemoran con una marcha en Cdmx 47 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Marcha en Ciudad de México, a 47 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Foto: Agencia Reforma

Celebran padres de los 43 que la SCJN analice la comisión de la verdad

En la semana de actividades por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para exigir una investigación real del caso, este viernes se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para resolver si es viable en términos jurídicos la integración de una comisión de la verdad, tal y como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas.

Luego de una reunión el miércoles con el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales –quien se encontraba en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuando las madres y padres protestaban–, éste instruyó turnar a los ministros la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de echar atrás la sentencia del tribunal, a fin de que se emita un pronunciamiento en una sesión privada próximamente.

Este anuncio se da al tiempo que se realiza en la capital del país la Jornada 47 de Acción Global por Ayotzinapa, y luego de que el jueves las madres y padres de los normalistas desaparecidos protestaron en la PGR para reclamar a los funcionarios que intentan impedir la comisión de la verdad, cuya creación fue ordenada el 31 de mayo.

Para este viernes estaba programado un mitin frente a la Suprema Corte, pero los padres lo suspendieron.

“No quisimos tener actividad en la calle. Decidimos hoy reunirnos en privado con nuestros abogados, valorar y buscar estrategias para el domingo 26 –día de la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez–. El viernes la corte no sesiona, no le vimos mucho sentido, no está ninguno de los ministros quienes son los que queremos que nos escuchen”, explicó a El Sur vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares. Adelantó que la actividad será el próximo lunes.

De la Cruz dijo también que no les ha llegado la notificación de que la Suprema Corte analizará la posibilidad de formar una comisión de la verdad. “Si ya lo decidieron y anunciaron, falta que nos digan a nosotros”, comentó.

–¿Qué opina de esta decisión?

–Esperamos que la resolución de la Suprema Corte sea conforme a derecho, y creemos que eso ayudaría mucho a México y a nosotros, aunque no nos han informado aún. Desconocemos totalmente cómo está la situación en ese sentido. Pero si la corte ya determinó que va a iniciar el análisis, qué bueno que se vaya dando este proceso, porque es urgente para nosotros la resolución sobre la comisión, de esa manera nosotros avanzaríamos.

Si la corte decide a favor de los familiares, remarcó De la Cruz, “a los padres y madres de familia les daría un remanso de tranquilidad, pues será la posibilidad de poder llegar al paradero de los jóvenes”.

“Lastiman las palabras de Peña Nieto”

El 22 de junio el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán en reemplazo del procurador, rechazó la orden del tribunal de Tamaulipas y presentó un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material”.

El 4 de julio el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito determinó suspender por “tiempo indefinido” el cumplimiento de los amparos, que ordenaban crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un principio se dijo que la sentencia del tribunal colegiado impugnada por la PGR daba un plazo de 10 días para integrar una comisión de la verdad, y que debía estar integrada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 estudiantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La decisión fue criticada y aplaudida por analistas, como informó El Sur. Los críticos dijeron que era inconstitucional la creación de la comisión y los defensores opinaron que debía hacerse pues sentaría un precedente en el país en defensa de los derechos humanos.

La tarde del viernes Felipe de la Cruz anunció que además del mitin del próximo lunes frente a la Suprema Corte, un grupo de normalistas se manifestará en Iguala.

–En un mes se cumplirán cuatro años de este caso.

–Lamentablemente, y no ha habido ningún tipo de respuesta. Definitivamente hoy los padres y madres de los 43 están llegando al hartazgo ante la insensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto, respecto a lo que dijo hace unos días en la entrevista que le hicieron en Televisa, que la delincuencia organizada había terminado con los jóvenes en Cocula, tratando de fortalecer la ‘verdad histórica’, cuando sabemos que no existe. Son cositas que a nosotros nos llenan de rabia, de intolerancia, que él sigue insistiendo en algo que no es cierto y sigue pensando que al terminar su gobierno quedará eximido de culpa. Son crímenes que no tienen término y creemos que la justicia va a llegar.

–Insiste en su postura inicial.

–Lo dice abiertamente, en la red, en la televisión, y eso lastima, porque los padres de familia tienen conocimiento de que los jóvenes fueron separados en grupos y él insiste en que están muertos.

–¿Qué esperan del próximo gobierno?

–Como todo gobierno, que cumpla con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y sobre todo a nosotros como víctimas, el derecho a saber la verdad y justicia. Por el momento no tenemos planeada una reunión con el presidente electo y su equipo. Aún no, pero creemos que más adelante podríamos buscar de alguna forma encontrarnos con Andrés Manuel López Obrador.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).