Apuestan padres de los 43 a que el gobierno de AMLO empuje la comisión de la verdad: Vidulfo

Es momento de que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos busquen a los integrantes del gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para establecer una agenda de trabajo, consideró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Tras su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto hace dos días, López Obrador declaró que se reuniría con representantes de movimientos sociales.
Ayer la que será secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero dijo que se reuniría con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Rosales Sierra precisó que aún no tienen fecha.
En consulta telefónica indicó que existen procesos legales de la Procuraduría General de la República (PGR) que tienen suspendido el plazo para la ejecución de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito del recurso de revisión 203/2017 del caso Ayotzinapa.
Mencionó que el Tribunal Colegiado estableció un término de 10 días naturales para que, entre otros asuntos, se creara la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual debería de estar conformada por el Ministerio Público, víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para garantizar el acceso a la justicia y para que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos del gobierno contra la población.
Dijo que López Obrador como candidato se pronunció por la creación de la Comisión de la Verdad y los padres plantearon restablecer el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se separó de la investigación después de dos periodos, debido a la obstrucción de las autoridades mexicanas.
Para los padres, insistió, es importante empujar la resolución del juzgado de Reynosa, Tamaulipas, con el equipo de transición.
“La apuesta es que sea retomado por el nuevo gobierno y no por éste que no tiene voluntad, que impugnó y recurrió la sentencia”, agregó.
Precisó que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ya respondió al Congreso de la Unión y la Consejería jurídica del gobierno federal que no hace falta más explicación de la sentencia, cuando las instancias solicitaron una aclaración de la misma.
Indicó que el recurso legal que sigue en proceso es “un incidente de imposibilidad de cumplimiento de ejecución de la sentencia” que promovió la PGR en un Tribunal Unitario de Distrito de Reynosa, órgano que debe ejecutar la sentencia del Tribunal Colegiado.
Aclaró que el recurso fue solicitado por la PGR después que el Tribunal Unitario resolvió el caso en favor de los detenidos por los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y que denunciaron actos de tortura.
En lugar de revertir la sentencia, el Tribunal Colegiado no sólo confirmó la resolución, incluyó a un número mayor de personas como presuntas víctimas de tortura en el proceso judicial, e hizo énfasis en redireccionar la investigación para que los agraviados no queden en indefensión. “Fue por lana y salió trasquilada”, dijo de la maniobra de la PGR que tampoco notificó a los representantes legales de las víctimas sobre el procedimiento.
A quien toca ejecutar la resolución es al Tribunal Unitario de Circuito, y resolver el recurso de imposibilidad de cumplimiento, explicó.
Añadió que viene bien a los padres que estos recursos estén en proceso para que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia se conforme con el nuevo gobierno, ya que éste lo único que hizo fue dilatar el cumplimiento de la resolución, “mientas se dirimen recursos nosotros tenemos un acercamiento con el nuevo gobierno”.

 

El gobierno de AMLO tendrá los elementos para resolver el caso Ayotzinapa: Prodh

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá elementos para cumplir la promesa de campaña de resolver el caso Ayotzinapa, consideró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En un conversatorio en la Universidad Iberoamericana sobre la sentencia del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de la desaparición de los normalistas, Patrón mencionó que López Obrador manifestó su voluntad de crear una comisión internacional. “Ahora hay una sentencia que le dice que puede construir algo todavía mejor, tienen la mesa puesta para sólo aplicar voluntad política”, señaló.
El director del Prodh advirtió que no existen las condiciones para que esta comisión se concrete en lo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que calificó como una buena noticia que “ya se van de manera aplastadora”.
Del recurso de imposibilidad de cumplimiento que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso, Patrón consideró que mina y debilita el Estado democrático de derecho.
“Indudablemente estamos en la postrimería de un conflicto que va a trascender del tribunal unitario de Tamaulipas probablemente a la Suprema Corte de Justicia”, dijo.
“Aquí la pregunta es: qué tanto, hoy, la judicatura va a estar dispuesta a reivindicar su propia autonomía y su papel, no de aplicadores sino de constructores de derecho”, preguntó.
En tanto la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta consideró que si se aplica correctamente la sentencia del tribunal de Tamaulipas, podría iniciarse un proceso de justicia extraordinaria.
“Sobre todo que la administración entrante con todas sus contradicciones, porque la ministra (Olga Sánchez) las tiene, habla ya de que hay que construir la paz, es decir, el problema ya no es combatir la delincuencia”, expuso.
María Saffón del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que con su sentencia el tribunal dijo lo obvio pero de manera oficial, y lo comparó con la situación en Colombia.
“Todos sabíamos que los paramilitares estaban haciendo cosas horribles, pero todo el mundo se hacía el que no sabía”, dijo. “La Corte Interamericana comenzó a decir, con una serie de sentencias, lo que era obvio para todo el mundo, pero lo convirtió en oficial: como que el Estado colombiano estaba en convivencia con los paramilitares, por omisión y por acción”, relató.

 

Este año sale la generación de Ayotzinapa a la que pertenecían los 43, y todavía no se sabe la verdad

 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, junio de 2018.- Ponme Coyuco. Nomás. Así es como me conocen. La mayor parte de mi vida la he vivido en Coyuca de Benítez. Tengo 25 años. Soy de la academia de cuarto grado, grupo B. Este es mi “cubi”, mi dormitorio.
Mi primo, Daniel Solís Gallardo, El Chino, estaba en la Sección D. Lo vi caer aquella noche mientras corríamos para escaparnos. Él estaba varios metros más lejos de la camioneta de donde nos dispararon. Una de las balas dio en la defensa y me dio en la rodilla. No me explico cómo yo sobreviví y él no.
Cuando regresé de Iguala, el 27 de septiembre de 2014, después de los ataques en los que murió mi primo El Chino y dos más, y donde desaparecieron a nuestros compañeros, nos subieron a la sala de juntas. Solamente quedábamos unos 15. Otros más eran del comité de Ayotzinapa y una compañera de la normal de Atequiza. Estaban dándonos ánimos, apoyo, para que los sobrevivientes no nos fuéramos. La única consigna que yo tenía en la mente era decirles que estábamos presentes, que eran nuestros camaradas a los que habían desaparecido y que no pensábamos abandonarlos. Aunque con algunos hayamos salido mal, hemos vivido muchas cosas juntos. Si nosotros estuviéramos en su lugar, si nosotros estuviéramos desaparecidos, ellos estarían haciendo lo mismo. Buscándonos. Si en algún lugar estaban encarcelados, nuestra misión era encontrarlos y traerlos de vuelta.
Después de esa noche, la mayoría de los que quedamos nos fuimos a ver a nuestras familias para decirles que estábamos bien. Mi mamá es intendente en una secundaria. No sabía cómo había estado todo. No le quise dar detalles. No hablé con nadie. Solamente pensaba en todo lo que nos había sucedido, reviviendo cada momento de esa noche. Pensaba en nuestros compañeros desaparecidos.
En mi casa no estuvieron de acuerdo con que regresara a Ayotzinapa. Decían que estaba muy peligroso. Que si ya me había escapado de una, no querían que fuera a pasar una segunda. Yo había ingresado sin apoyo de mi familia a la normal. Lo que les respondí fue que entré solo y que solamente yo decidía lo que iba a hacer.
Trabajaba en una huerta de mi abuelo y de ahí me iba manteniendo. Pero se vino la inundación de los huracanes Manuel e Ingrid y ya no tuve cómo subsistir. Como la mayoría de los que estamos aquí, Ayotzinapa fue la única oportunidad de seguir estudiando.
Lo que muchos de las nuevas academias no llegaron a entender, a diferencia de nosotros, es lo que significa la unidad. Por eso nos atrevemos a decir: los que quedamos somos la última generación que en verdad tuvo la semana de prueba.
La hermandad. Es la primera de las diferencias que nos distinguen de las otras escuelas. No sufrieron como nosotros tuvimos que sufrir.
Lo político. El eje político es la segunda diferencia que tenemos como generación. Otros compañeros de otras academias en la normal ya no tienen la formación como debe de ser. Pero eso fue lo que nos sirvió. Inclusive a nosotros nos faltó formación. Apenas teníamos escasos dos meses en la normal cuando ocurrió lo del 26.
Estuve cuatro días en mi casa. No me sentía cómodo. A duras penas salía a la tienda por tortillas. No escuchaba música. No hablaba con nadie. Estaba encerrado en mi mundo, esperando a que me llamara mi otro primo de la normal para que me diera la señal para volver. En algunas ocasiones prendía la televisión. En esa época estaba fuerte el tema. En todos los noticieros estaba apareciendo. Tenía que volver por mis compañeros.
El miedo, el trauma que sentí en ese entonces, estaba canijo… Estaba pesado. Aun así seguía pensando en los compañeros desaparecidos. Chicharrón, Diablo, Espinoza, Abel García y Christian Tomás, al que le decíamos Reloj porque no nos dejaban usar reloj durante la semana de prueba, pero él era el único que tenía un Casio de plástico con lucecita. “Eh, Reloj, ¿qué hora es?”. Los conocíamos por apodos solamente. Ocho desaparecidos de mi sección.
Aquí ya nadie da la hora. Mi cubi se quedó vacío.

La insignia de los 43

Los pocos que quedamos desde ese entonces, como 35 de la matrícula inicial de 140, somos fieles a la ideología de Ayotzinapa. La mejor respuesta está en las escuelas donde hicimos nuestras prácticas profesionales. Me tocó en la primaria número uno de todo Tixtla. Siempre ha tenido los mejores resultados, los mejores promedios.
Un par de madres de familia estaban a la defensiva porque sabían que yo venía de aquí. Se negaban a dejar ir a sus hijos de excursión porque decían que íbamos a llevarlos en autobuses robados, secuestrados. Se negaron a que usáramos el número 43 –como siempre hacemos por respeto a nuestros compañeros– para que no los fueran a confundir con nosotros y que los golpearan o les quisieran hacer algo. “No queremos que tenga que ver nada con Ayotzinapa”, dijeron y me pidieron que quitara el 43 del autobús.
Eso fue lo que más me ha dolido. Borré la insignia y me tuve que tragar todo mi coraje. Me sentí de la chingada.
Después de los casi nueve meses de prácticas por fin se quitaron esa idea sobre Ayotzinapa. Con decirte que el último día no podía cargar con tantos regalos que me dieron los niños y los padres de familia.
Algunos han llegado a creer que tenemos las plazas seguras después de todo lo que pasamos. No nos están regalando nada. Como cualquier aspirante de cualquier lugar del país, tenemos que pasar el examen. Estamos entre la espada y la pared. Todos queremos trabajar, por eso vinimos a esta escuela. Pero, por otra parte, estamos intimidados porque nos tachen de vendidos.

No sé cómo corrí

Nos habían disparado a matar. A ver a qué hora nos toca a nosotros, pensé. Para que nos maten también. Alrededor de la media noche quedamos entre 50 o 60 compañeros. Solamente vi cuanto la policía estaba bajando del autobús a los compañeros que luego serían desaparecidos. En ese momento me marcó mi mamá para decirme que ya había llegado a la casa. No le dije nada. Empezamos a poner botes, piedras para señalar los casquillos de las balas que la policía nos había disparado. Había visto que se andaba paseando un carro negro en el periférico. Un Chevy o un Ikon. Después de eso pasó una camioneta con una antena larga de radio. Iban dos adelante y uno atrás. Se estacionó en diagonal sobre el periférico. Yo estaba al frente de todos. Se bajaron los de la camioneta y, así como se bajó el de atrás, así empezó a disparar. Las chispas se veían como a un metro de mis pies. No sé cómo corrí. Corrí agachado. Unos compañeros se fueron hacia los autobuses, otros nos fuimos sobre el periférico a refugiarnos en los carros estacionados. La dirección de las balas hacia nosotros.
Lo que no entiendo es cómo no reaccionaron mis compas. A lo mejor ahí les dispararon directo. Yo estando hasta el frente. Julio César Ramírez, El Fierro, y Daniel Solís Gallardo, El Chino. Los crucé corriendo. ¿Cómo pude llegar yo hasta los carros y ellos no? El compa Chato se tropezó y cayó. Me devolví para levantarlo. Ahí vi que estaban mis compañeros tirados.
Nunca me imaginé que uno de ellos era mi primo.

Ya vamos a salir y ellos todavía no aparecen

Cuando iniciaron las actividades del movimiento hasta nosotros pensamos: “No manches, quizá sí nos estamos pasando”. Pero si no hacíamos esas actividades así de fuertes tal vez no íbamos a tener ninguna respuesta. Fue poco a poco que logramos ir borrando esa mentira histórica de Jesús Murillo Karam, todos esos falsos comentarios que decían de nosotros: que íbamos a hacer destrozos a Iguala, que íbamos a hacerle un desmadre a la mujer de Abarca… La mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba Iguala. Era la primera vez que íbamos.
Como generación, sabíamos que hacíamos lo correcto. Seguimos haciendo lo correcto. Aunque no toda la gente estuviera de acuerdo con las acciones que realizábamos ni con nuestra forma de pensar.
El sábado pasado vimos el documental de Enrique (García Meza, Ayotzinapa, el paso de la tortuga). Vimos las últimas imágenes de nosotros y nuestros compañeros desaparecidos labrando la tierra, cansados, desvelados, con hambre. Pero aun así estábamos contentos. Me vino a la mente que ya vamos a salir y los compañeros todavía no aparecen. Los compas con los que echábamos desmadre, compartíamos la comida… Nos ayudábamos. Nos prestábamos ropa. ¿Dónde están, pues? ¿Cómo, cuándo van a aparecer? También me puse a pensar cómo se vería la normal si no hubiera pasado lo del 26. Mucho más animada. Y cómo será todo después de salir. ¿Cómo será el movimiento? ¿Cómo será el sentir de los padres? Algunos se sienten desesperados, tristes por la próxima clausura del 13 de julio. Son muchos sentires. Ellos saben que no tuvimos culpa alguna: eso que les pasó a sus hijos bien nos pudo haber pasado a nosotros.
No le reprocho nada a los compañeros que entraron de relleno debido a los tiempos para completar la matrícula después de que muchos se fueron. Se lanzaron convocatorias abiertas en diciembre de 2014. Mucha gente piensa que están ocupando el lugar de los 43. No es cierto. Están ocupando el lugar de los que desertaron. El lugar de nuestros compañeros sigue ahí.
No hace falta que lo platiquemos, ni que lleguemos a un acuerdo como academia. Los compañeros que estuvimos presentes la noche del 26 de septiembre en Iguala tenemos ese compromiso. Tenemos esa obligación de que, aunque estemos lejos, empezaremos a armar una trinchera, empezaremos a abrirle los ojos a la gente. Es algo que, como generación, sentimos que debemos hacer. Dejamos todo en el movimiento, en la búsqueda de los compañeros desaparecidos.

No pudimos evitar que todo esto se alargara

Han pasado casi cuatro años. Hasta hace poco mi primo El Chino no tenía lápida en el panteón de Zihuatanejo donde lo enterraron. La mayoría somos pobres. Entre toda la generación nos cooperamos para comprarles una lápida. A él y a los otros caídos. No son solamente los compañeros desaparecidos. Son también los caídos. Son también los compañeros heridos. Y aparte de eso… estamos nosotros. Somos una comunidad entera que salió afectada. Se tiene que ver por todos. Como generación estamos tratando de unir todo eso.
Sentimos frustración. Pudiéramos haber hecho más. No pudimos llegar a dar con el verdadero paradero de los compañeros. Si hubiéramos buscado más… No pudimos evitar que todo esto se alargara.
“Te invito a que vengas a la normal. Te invito a que estés conmigo, a mi lado, para que veas realmente por qué y cómo se hacen las cosas aquí.” Es lo que le diría a toda esa gente que nos acusa de ser vándalos. “Si tú quieres seguir agachado, explotado, oprimido, es muy tu problema. Yo estoy peleando porque mis compañeros aparezcan”.
Eso les diría.

 

Peña no quiere dar resultados sobre los 43, dicen padres a 44 meses de la desaparición

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes normalistas colocaron ofrendas florales en los tres memoriales en el lugar donde fueron hallados los cuerpos de los tres estudiantes asesinados la noche y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A 44 meses de los hechos de Iguala, durante los actos realizados la tarde de ayer, los padres de los estudiantes desaparecidos denunciaron que el presidente de la República Enrique Peña Nieto, se quiere ir con las manos limpias y sin dar resultados reales de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Acompañados de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y una representación de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) los padres recorrieron los tres memoriales donde fueron encontrados los cuerpos de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, y Julio César Ramírez Nava.
En su intervención, el vocero Melitón Ortega dijo en nombre de los papás que la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes permanecerá, y que los padres no tienen ninguna afinidad política, por eso van a seguir levantando la voz hasta el final.
Dijo que a tres años y medio de la desaparición de los estudiantes es preocupante que no se les dé atención, y tampoco las familias de los tres estudiantes asesinados han tenido justicia, porque simplemente no hay responsables de los crímenes.
El padre de uno de los estudiantes reclamó que el gobierno de Peña Nieto se quiere ir con las manos limpias de su sexenio, pero recordó que no ha dado resultados reales ni esclarecido el caso y reclamó que le toca al actual presidente priista dar los resultados, antes de que se vaya.
Una de las madres de los normalistas que participó pidió a la población que no los deje solos en su lucha, porque le han quitado un pedazo de su vida, y que no están completos.
Un estudiante recordó que no hay justicia ni verdad, porque la PGR ha puesto mentiras en las investigaciones sobre el caso, porque no quiere investigar en lo profundo.
En nombre de los estudiantes, uno de los normalistas dijo que nadie se cree la historia oficial de que sus compañeros fueron incinerados en el basurero de Cocula porque no hay pruebas científicas.

Exigen padres de los 43 cárcel para Lambertina Galeana por la desaparición de los videos de Iguala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, protestaron en Ciudad Judicial de esta ciudad para exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por ocultar partes de las videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia de Iguala de la noche de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Advirtieron que ella sola no podía tomar la decisión de desaparecer esa información, y que tuvo que hacerlo por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, o incluso del presidente Enrique Peña Nieto, consideró el representante de los padres, Melitón Ortega.
Luego de 2 horas afuera de las instalaciones el presidente del TSJ, Alberto López Celis atendió a los padres de familia en una reunión abierta a la prensa, y les aseguró que no tiene los videos, que no hay expedientes ni archivos de la entrega de materiales videográficos a la Procuraduría General de la República (PGR), como dijo en marzo de 2016 el ex presidente Robespierre Robles Hurtado, y agregó que no oculta información y no va a proteger a nadie.
Ante la insistencia de los padres de familia se comprometió a revisar el procedimiento de la entrega de las videograbaciones del Palacio de Justicia, y a investigar para deslindar posibles responsabilidades por el corte de las videograbaciones.
Ofreció una respuesta en 10 días, no sin la advertencia de que los padres necesitan información clara y confiable, y si es el caso, se deslinde del caso porque la PGR le dijo a los padres de familia que el TSJ entregó videograbaciones de los dos días con cortes que van de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, precisamente antes del ataque, detención y posterior desaparición forzada de entre 20 y 25 estudiantes de los 43, a bordo del autobús 1531, frente al Palacio de Justicia.
Los padres y estudiantes llegaron alrededor de las 11:30 de la mañana a las instalaciones de Ciudad Judicial en tres autobuses, y representantes de organizaciones magisteriales, sociales y estudiantiles se fueron integrando a la protesta.
En el mitin se pronunciaron por la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez y contra la Ley de Seguridad Interior, mientras los normalistas hicieron pintas sobre la altísima reja de la entrada principal (de unos 15 metros), en rojo, tales como “ vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Melitón Ortega Martínez exigió que se investigue a Lambertina Galeana, “y que sea encarcelada por tener un papel de cómplice en la desaparición de evidencia” que sería usada para el esclarecimiento de los hechos.
A la 1:30 de la tarde los padres de familia se reunieron con López Celis, que dijo que en el estado hay cuatro causas penales por los hechos de Iguala, y de las videograbaciones no tienen nada, “ni ocultarlo ni negarlo, no vamos a proteger nada ni a nadie, tampoco les vamos a decir mentiras, no tenemos nada”.
Presentó un oficio que antes entregó el expresidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado con fecha del 26 de julio de hace dos años, donde consta la entrega al Ministerio Público adscrito a delitos de secuestro en PGR, una memoria y un CD de respaldo de las imágenes en formato DBR de las cámaras del circuito cerrado del Palacio de Justicia de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, como Galeana Marín y el ingeniero de Informática.
Rosales Sierra dijo que con la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación, comenzaron a trazarse varias líneas de investigación, entre estas las videograbaciones de tiendas comerciales y encontraron que en el Tribunal Superior de Justicia había seis cámaras de circuito cerrado, que pudieran tomar imágenes de lo ocurrido en una de las escenas del crimen, una de las más violentas.
Agregó que cuando los padres salieron a reclamar las videograbaciones, Robespierre Robles les dio ese mismo oficio, de que las grabaciones se entregaron a la PGR. A su vez la Procuraduría les dijo que el TSJ les dio las grabaciones incompletas, “ellos dicen que están los videos pero justo hay un vacío en los horarios de entre 8 de la noche a las 6 de la mañana”.
Insistió en que el TSJ revise de nueva cuenta la estructura de mando para saber qué ocurrió con esas imágenes, “no quisiéramos pensar que lo destruyeron, y si así ocurrió es más grave”.
El presidente aceptó rastrear las circunstancias de las videograbaciones y encontrar el acuse de estos documentos, que “creemos que llegaron a PGR”, pero advirtió que en el TSJ “no existe archivo, expediente, ni seguimiento. Vamos a seguir rastreando qué tenemos y qué podemos proporcionarles a ustedes”.
Mario González lamentó que de entrada el magistrado presidente del TSJ diga que no tiene nada, y que no investigó nada de un caso tan grave. Aseguró que hay responsabilidad de funcionarios del TSJ, desde el momento en que cortaron el video del Palacio de Justicia, “aquí están encubriendo a alguien. Da tristeza y coraje que después de 40 meses digan que ‘vamos a investigar’, como quien dice ‘dejaron archivados los expedientes y me vale’. Venimos por un compromiso con fecha, estamos hartos de tanta ineptitud, de tanta corrupción y tanta complicidad”.
Denunció que en lugar de castigar el delito en el TSJ premiaron a Galeana Marin con un puesto para su hija, similar a la plaza que ella ocupaba, “para nosotros la dependencia es culpable con los que estaban ahí, tenemos una culpable de haber hecho el corte del video que se llama Lambertina, y (usted) debe decir quién participó y dónde está, quién le dio a orden a Lambertina de cortar ese video”.
El funcionario precisó que no es un órgano investigador y el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que sí está en sus facultades hacer procedimientos administrativos de responsabilidades internas, de rastreo de la cadena mando, para establecer si hubo omisión o acción de funcionarios.
La señora Hilda Legideño añadió, “si es necesario que se castigue a Lambertina Galeana hay que hacerlo, usted dice que no va proteger a nadie, debe demostrarlo. Queremos justicia por toda las personas implicadas, sobre todo queremos a nuestros hijos, por ellos luchamos”.

Exigen cárcel para ex presidenta del TSJ

Exigen padres de los 43 cárcel para Lambertina Galeana por la desaparición de los videos de Iguala

Tras una protesta en la Ciudad Judicial de Chilpancingo se reúnen con el magistrado presidente Alberto López, quien afirma que no oculta información y que no va a proteger a nadie

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, protestaron en Ciudad Judicial de esta ciudad para exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por ocultar partes de las videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia de Iguala de la noche de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Advirtieron que ella sola no podía tomar la decisión de desaparecer esa información, y que tuvo que hacerlo por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, o incluso del presidente Enrique Peña Nieto, consideró el representante de los padres, Melitón Ortega.
Luego de 2 horas afuera de las instalaciones el presidente del TSJ, Alberto López Celis atendió a los padres de familia en una reunión abierta a la prensa, y les aseguró que no tiene los videos, que no hay expedientes ni archivos de la entrega de materiales videográficos a la Procuraduría General de la República (PGR), como dijo en marzo de 2016 el ex presidente Robespierre Robles Hurtado, y agregó que no oculta información y no va a proteger a nadie.
Ante la insistencia de los padres de familia se comprometió a revisar el procedimiento de la entrega de las videograbaciones del Palacio de Justicia, y a investigar para deslindar posibles responsabilidades por el corte de las videograbaciones.
Ofreció una respuesta en 10 días, no sin la advertencia de que los padres necesitan información clara y confiable, y si es el caso, se deslinde del caso porque la PGR le dijo a los padres de familia que el TSJ entregó videograbaciones de los dos días con cortes que van de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, precisamente antes del ataque, detención y posterior desaparición forzada de entre 20 y 25 estudiantes de los 43, a bordo del autobús 1531, frente al Palacio de Justicia.
Los padres y estudiantes llegaron alrededor de las 11:30 de la mañana a las instalaciones de Ciudad Judicial en tres autobuses, y representantes de organizaciones magisteriales, sociales y estudiantiles se fueron integrando a la protesta.
En el mitin se pronunciaron por la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez y contra la Ley de Seguridad Interior, mientras los normalistas hicieron pintas sobre la altísima reja de la entrada principal (de unos 15 metros), en rojo, tales como “ vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Melitón Ortega Martínez exigió que se investigue a Lambertina Galeana, “y que sea encarcelada por tener un papel de cómplice en la desaparición de evidencia” que sería usada para el esclarecimiento de los hechos.
A la 1:30 de la tarde los padres de familia se reunieron con López Celis, que dijo que en el estado hay cuatro causas penales por los hechos de Iguala, y de las videograbaciones no tienen nada, “ni ocultarlo ni negarlo, no vamos a proteger nada ni a nadie, tampoco les vamos a decir mentiras, no tenemos nada”.
Presentó un oficio que antes entregó el expresidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado con fecha del 26 de julio de hace dos años, donde consta la entrega al Ministerio Público adscrito a delitos de secuestro en PGR, una memoria y un CD de respaldo de las imágenes en formato DBR de las cámaras del circuito cerrado del Palacio de Justicia de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, como Galeana Marín y el ingeniero de Informática.
Rosales Sierra dijo que con la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación, comenzaron a trazarse varias líneas de investigación, entre estas las videograbaciones de tiendas comerciales y encontraron que en el Tribunal Superior de Justicia había seis cámaras de circuito cerrado, que pudieran tomar imágenes de lo ocurrido en una de las escenas del crimen, una de las más violentas.
Agregó que cuando los padres salieron a reclamar las videograbaciones, Robespierre Robles les dio ese mismo oficio, de que las grabaciones se entregaron a la PGR. A su vez la Procuraduría les dijo que el TSJ les dio las grabaciones incompletas, “ellos dicen que están los videos pero justo hay un vacío en los horarios de entre 8 de la noche a las 6 de la mañana”.
Insistió en que el TSJ revise de nueva cuenta la estructura de mando para saber qué ocurrió con esas imágenes, “no quisiéramos pensar que lo destruyeron, y si así ocurrió es más grave”.
El presidente aceptó rastrear las circunstancias de las videograbaciones y encontrar el acuse de estos documentos, que “creemos que llegaron a PGR”, pero advirtió que en el TSJ “no existe archivo, expediente, ni seguimiento. Vamos a seguir rastreando qué tenemos y qué podemos proporcionarles a ustedes”.
Mario González lamentó que de entrada el magistrado presidente del TSJ diga que no tiene nada, y que no investigó nada de un caso tan grave. Aseguró que hay responsabilidad de funcionarios del TSJ, desde el momento en que cortaron el video del Palacio de Justicia, “aquí están encubriendo a alguien. Da tristeza y coraje que después de 40 meses digan que ‘vamos a investigar’, como quien dice ‘dejaron archivados los expedientes y me vale’. Venimos por un compromiso con fecha, estamos hartos de tanta ineptitud, de tanta corrupción y tanta complicidad”.
Denunció que en lugar de castigar el delito en el TSJ premiaron a Galeana Marin con un puesto para su hija, similar a la plaza que ella ocupaba, “para nosotros la dependencia es culpable con los que estaban ahí, tenemos una culpable de haber hecho el corte del video que se llama Lambertina, y (usted) debe decir quién participó y dónde está, quién le dio a orden a Lambertina de cortar ese video”.
El funcionario precisó que no es un órgano investigador y el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que sí está en sus facultades hacer procedimientos administrativos de responsabilidades internas, de rastreo de la cadena mando, para establecer si hubo omisión o acción de funcionarios.
La señora Hilda Legideño añadió, “si es necesario que se castigue a Lambertina Galeana hay que hacerlo, usted dice que no va proteger a nadie, debe demostrarlo. Queremos justicia por toda las personas implicadas, sobre todo queremos a nuestros hijos, por ellos luchamos”.

 

Prepara el ex gobernador Ángel
Aguirre libro sobre su versión del
caso Ayotzinapa

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo
 
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció a través de la red social Twitter que se dedicará a terminar de escribir su libro La otra verdad.
Tras retirar su precandidatura a una diputación federal por el distrito 08 de Costa Chica, de la coalición Por México al Frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el ex gobernador informó que en el libro que prepara fijará su postura en torno a la detención y desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Doce días después de que un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos frustraran el arranque de su precampaña en Ayutla, Aguirre Rivero anunció que retiraba su precandidatura y este miércoles en su cuenta de Twitter informó que en el libro relata “una narrativa de su vida”, además de que en él fijará su postura en torno a la desaparición de los 43 normalistas.
“En los próximos meses me dedicare a concluir mi libro La otra verdad, donde hago una narrativa de mi vida y fijo mi postura en torno a los hechos de Iguala”, publicó en su cuenta de Twitter.
Ayer se consultó a la diputada local Silvia Romero Suarez, quien es integrante de la Comisión Política de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente perredista fundada en el PRD por Aguirre Rivero cuando fue gobernador,  quien comentó que desconoce detalles del libro.
Incluso dijo que no sabía que el ex gobernador tenía ese proyecto, pero adelantó que si se lo pide, ella participará en el libro, ya que los hechos ocurrieron cuando ella era secretaria de Educación del ex mandatario.

Toma Ayotzinapa la caseta de Palo Blanco; piden justicia por asesinados y desaparecidos

Unos 60 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron más de cuatro horas la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, para exigir justicia para los dos normalistas asesinados el 12 de diciembre de 2011 en el cruce de la vialidad y la carretera federal México-Acapulco, y por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala hace más de 38 meses.
A las 10:30 de la mañana los normalistas llegaron a la caseta de cobro ubicada a la salida de Chilpancingo, y pidieron a los automovilistas cooperación voluntaria, además colocaron lonas en las que se leía “Vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos faltan 43. Ayotzinapa”.
Los estudiantes informaron que el dinero recolectado será entregado a los familiares de los dos normalistas asesinados en un desalojo violento a cargo de policías federales, estatales y ministeriales del estado, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y que también lo ocuparán para las movilizaciones por la conmemoración de su sexto aniversario luctuoso.
Después de las 2:30 de la tarde los normalistas de Ayotzinapa se retiraron de la caseta de cobro Palo Blanco. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Paran policías de Iguala; piden la destitución del encargado de Seguridad y que les regresen las armas

Policías municipales de Iguala pararon labores y tomaron las instalaciones del cuartel policial de forma indefinida para exigir al alcalde priista, Herón Delgado Castañeda, la destitución del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Domingo Tlatempa Vázquez, a quien señalan de abuso de autoridad, acoso sexual, hostigamiento laboral y trato déspota.
Asimismo, piden que les sean regresadas las armas que les fueron decomisadas en octubre de 2014, tras el ataque a normalistas de Ayotzinapa.
Antes de las 8 de la mañana, 70 policías municipales, que están desarmados, pararon labres y se quedaron acuertelados. Una hora después atravesaron dos patrullas de la policía en la entrada a las instalaciones para impedir la entrada y salida de vehículos, entre ellos los de la Policía Federal con quienes comparten las instalaciones. Después de unas dos horas, ya permitían la entrada y salida de los vehículos.
Los paristas exigían la presencia del alcalde Herón Delgado Castañeda para plantearle de manera directa sus inconformidades. Y tras una reunión con el síndico procurador de Justicia, Julio César Catalán Rendón, se les programó una reunión con el alcalde a las 7 de la noche en la sala de presidencia, con una comisión y a puerta cerrada.
Consultados después de las 9 de la noche, un policía municipal dio a conocer que la reunión fue cancelada, pues el alcalde no llegó.
La mañana de ayer, en una reunión los paristas le dieron a conocer al síndico Julio César Catalán, las inconformidades contra el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Domingo Tlatempa.
Los policías se quejaron de que, hace poco más de un mes el secretario de Seguridad chocó una patrulla cuando iba en estado de ebriedad; otra policía lo señaló de acoso sexual y violación, además del acoso laboral y castigos a los que son sometidos por Tlatempa cuando incumplen una orden. Advierten que no lo aceptarán de regreso en la Secretaría de Seguridad.
Minutos después de que la protesta inició, Tlatempa Vázquez fue sacado de su oficina y después expulsado de las instalaciones del cuartel a punta de gritos de, “fuera” “fuera”, y silbidos. Después los paristas colocaron sellos en la puerta de la oficina del secretario.
Al momento de su salida de las instalaciones del cuartel, Tlatempa Vázquez dijo que en su oficina estaba la documentación del caso Ayotzinapa, en el que está integrada la investigación a los policías implicados en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y advirtió que de extraviarse esos archivos, estarían incurriendo en un delito federal.
Consultado por los reporteros, informó que, de los 72 policías de la corporación sólo 18 de la mitad de los agentes que han sido evaluados están certificados, y nueve reprobaron las evaluaciones de Control y Confianza.
Antes, el 28 de septiembre pasado, los policías municipales ya habían presentado una queja en contra de su jefe Domingo Tlatempa ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), en el que denunciaban los abusos de autoridad y malos tratos. (Alejandro Guerrero / Iguala).