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Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Bloquean normalistas de Ayotzinapa la autopista en la capital; exigen que se reanude la búsqueda de los 43

 


Unos 150 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon media hora de manera total el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, para exigir que las autoridades reanuden la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
A las 11:30 de la mañana los normalistas llegaron al cruce de la autopista con la carretera federal, en la salida al sur de la ciudad, a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro y un camión oficial de Ayotzinapa, que atravesaron a lo ancho de los cuatro carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total.
La mayoría de los normalistas tenía el rostro cubierto, algunos hicieron pintas en el muro que divide los carriles de la autopista en las que se leyó “Ayotzi vive” y “+43”, en referencia a los estudiantes desaparecidos.
En declaraciones, dos integrantes del comité estudiantil de Ayotzinapa explicaron que el bloqueo era para exigir que las autoridades reanuden la búsqueda con vida de sus compañeros desaparecidos hace dos años en Iguala, así como que esclarezcan los hechos, y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los ataques.
Uno de los representantes dijo que los normalistas de Ayotzinapa “estamos dispuestos a llegar hasta el final” de la lucha social, hasta que las autoridades le digan a los padres de familia y a la sociedad qué fue lo que pasó con los estudiantes en Iguala y dónde están.
“Vamos a seguir en la búsqueda incansable por nuestros 43 compañeros, no vamos a descansar, no nos vamos a cansar, aquí vamos a seguir hasta el final, hasta encontrar la verdad”, expresó.
También dijo que el bloqueo fue para rechazar la represión en contra de los normalistas, como el desalojo violento el 14 de noviembre de 2007, mientras los estudiantes protestaban en el Congreso local.
Otro de los representantes dijo que las autoridades del gobierno estatal incumplieron la entrega de uniformes y material didáctico para los 128 estudiantes de cuarto año, que debieron hacer el 7 de noviembre pasado, por lo que en el bloqueo también exigieron que envíen los recursos necesarios para los jóvenes que están en proceso de realizar sus prácticas profesionales.
Al bloqueo llegaron policías federales antimotines, el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas y el director general de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Noel Morales Leguizamo, quien dialogó con los normalistas y se comprometió a que hoy en la tarde una comisión será recibida por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Tras el acuerdo, los normalistas se retiraron y la circulación en la autopista y la carretera federal se reanudó de manera regular a las 12 del día.

Piden los padres de los 43 que el Mecanismo de la CIDH esté más tiempo en el país

 

Formalmente el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro no formará parte del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, como se anunció originalmente, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica explicó que debido a que el comisionado Enrique Gil Botero fue nombrado relator especial para México, asumió la coordinación del Mecanismo, no obstante Cavallaro está pendiente del caso.
Aclaró que desde el punto de vista de las víctimas el movimiento de relator no tiene implicación alguna en los resultados, porque Botero “es una persona muy comprometida, una de las voces más críticas de la CIDH, estamos ante un mecanismo con plena independencia, y se pudo constatar con la primera visita”, dijo sobre la reunión con los padres de familia en la Normal Rural de Ayotzinapa este viernes.
Indicó que su posición fue contundente, en el sentido de que la tesis del basurero de Cocula está rebasada, que representa un “buen debate político” (decir que los estudiantes fueron quemados y tirados a un río), y se tiene que avanzar en otras líneas de investigación.
De los padres señaló que hicieron hincapié en que la CIDH pueda tener presencia más tiempo en el país, y que el mecanismo pueda trabajar casi de lleno en el caso Ayotzinapa.
Recordó que el Mecanismo no es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se creó exclusivamente para este caso, la diferencia es que éste forma parte de la comisión ejecutiva de la CIDH, “tienen alguna limitante, esperamos que eso se salve”.
Aclaró que oficialmente los integrantes del Mecanismo son Gil Botero y el secretario ejecutivo, y el equipo técnico operador lo conforman cinco miembros de la Secretaría Ejecutiva. Es decir formalmente Cavallaro no es parte del Mecanismo pero “está pendiente”, subrayó.
Estimó que en las siguientes visitas de los integrantes del Mecanismo habría actividades públicas, no así en las visitas del equipo técnico que por mandato puede estar en el país el tiempo necesario para su labor.

Reunificar el movimiento en Guerrero para el 12 de diciembre

De las actividades con los padres de familia adelantó que están preparando reuniones en las regiones del estado para reunificar al movimiento social el 12 de diciembre en Chilpancingo, para recordar que dos estudiantes de la Normal fueron asesinados en un desalojo a balazos en 2011.
El representante de los padres de familia, Melitón Ortega detalló que están construyendo la ruta para convocar a las organizaciones de Atoyac, Tlapa y de Costa Chica a una marcha estatal.
Aunque se aclaró que la acciones confirmadas son conmemorativas de la Revolución Mexicana el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad e México con nietos del general Villista Felipe Ángeles, y de uno de los hermanos Flores Magón, están en pláticas con historiadores, entre ellos Paco Ignacio Taibo II para que asistan a las acciones.
Rosales Sierra explicó que hay un movimiento para rescatar una de las imprentas que tenían los hermanos Flores Magón, en este encuentro participarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

 

Se plantan los padres de los 43 en la Cámara de Diputados para que los dejen hablar en tribuna


Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se instalaron en plantón en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en espera de una respuesta a la solicitud de subir a la tribuna del Congreso, para denunciar los hechos de Iguala y exigir que todas las fracciones políticas fijen una posición de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, informó vía telefónica el representante  Melitón Ortega.
Aclaró que el planteamiento de la comisión de tres diputados del PRD que los recibió fue otra invitación para que los padres de familia y sus abogados se reúnan con la Comisión Especial del caso Ayotzinapa hoy a las 5 de la tarde, que no descartó. El representante de los padres dijo que sería analizado. En tanto los diputados se reunirían con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para promover su solicitud.
Melitón Ortega recordó que en enero de este año los padres solicitaron subir a tribuna pero no hubo respuesta.
La solicitud formal provino de una invitación de la Comisión Especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa, para que los padres comparecieran ante ellos como lo hicieron otras autoridades del estado como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y la respuesta de los padres fue presentarse pero ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Reconoció que el tema se rezagó, no tuvo seguimiento y frente a nuevos escenarios: mínimos avances en la investigación después de que las autoridades mexicanas despidieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el poco interés que están mostrando los políticos a dos años de los crímenes, y la próxima llegada del nuevo mecanismo de seguimiento, resolvieron exigir una declaración de todas las fracciones políticas.
“Los padres tenemos la firme convicción de seguir levantando la voz para exponer en la Cámara de Diputados el tema general de Ayotzinapa, el compromiso de estos diputados es pronunciarse, hemos visto silencio del caso, ni respaldo ni pronunciamiento, prácticamente (con su silencio) están protegiendo a todos los culpables”, denunció.
A mediodía indicó que una comisión de padres fueron recibidos por el coordinador del grupo parlamentario del PRD Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Cristina Gaytán Hernández integrante de la Comisión Especial Ayotzinapa en la Cámara de Diputados.
Dijo que se comprometieron a llevar esa tarde el punto a la Jucopo y responder el mismo día.
Por otra parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reclamó que la Comisión Especial instalada por legisladores para el caso Iguala no haya presentado ningún informe y dijo que sus labores han sido nulas.
“No se ha visto el trabajo de esa comisión formada por los diputados, por eso la exigencia de que nos escuchen y hacer el reclamo porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo”, señaló.
Los familiares de los normalistas mantendrán hasta el próximo 27 de octubre el plantón, el cual forma parte de la jornada de actividades a 25 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, informaron (Agencia Proceso / Ciudad de México).

 

 

Mediante un video manipulado, el gobierno intenta vincular con el narco a padres de Ayotzinapa

Por una conversación privada de uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, –difundida en internet, presuntamente por el grupo delictivo Los Rojos– el gobierno federal trata de incriminar a los padres y vincularlos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos.
“Primero dijeron que los estudiantes eran de Los Rojos, ahora que yo soy de Guerreros Unidos. No señores, nosotros no somos de la delincuencia organizada, si así fuera, estaríamos con el narco gobierno”, respondió enojado el papá de César Manuel González Hernández, originario de Huamantla, Tlaxcala, en una conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En consulta por separado, el abogado indicó que la filtración de la llamada, obtenida mediante una intervención ilegal a sus teléfonos, ocurre en un contexto de descalificaciones muy acentuadas contra estudiantes, defensores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora directamente contra los padres de los desaparecidos.
“Se aprovechan de esta conversación (que sacaron de contexto) para deslegitimar la lucha por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos, para aislarlos de la simpatía que tiene el movimiento a nivel nacional y generar una división interna”.
Sin embargo, subrayó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no podrá quitarse la huella indeleble que constituyen las violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa.
Según la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR), los Guerreros Unidos asesinaron a los alumnos desaparecidos, supuestamente porque entre ellos había 17 de sus rivales infiltrados, Los Rojos, que iban a “calentar la plaza”.
No obstante, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aclaró que los estudiantes no iban armados ni a enfrentarse con narcotraficantes, sino a tomar camiones a Iguala para sus acciones políticas y de protesta.
Sin embargo, el tema volvió a provocar debate en los medios, en el marco de la discusión sobre la continuidad de la asesoría internacional que solicitó el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antecedida de una campaña para desprestigiar a los integrantes del GIEI, y la difusión de los resultados del cuarto peritaje de fuego en el basurero de Cocula, que implica que la tesis oficial de PGR, de que los desaparecidos fueron quemados hasta las cenizas, sigue vigente, pese a que fue descartada dos veces por peritos independientes.

El video atribuido a Los Rojos

El video lleva por título “para que vean quienes son los verdaderos culeros: Atte, Los Rojos”.
Comienza le diálogo don Mario.
–Pues me amenazaron Los Guerreros Unidos.
–¿Quién?, ¿los Guerreros Unidos?, responde sorprendido Vidulfo Rosales y así sigue la conversación.
–Ajá.
–¿Qué le dijeron?
–Que entreguemos el puto dinero, yo le dije que qué tengo que ver con eso. (le respondieron) tampoco te pongas pendejo hijo de la chingada, ya te dije que le digas a esa mierda y a los otros putos que se juntan con él que le den el dinero que les entreguen el puto dinero o los voy a levantar.
–¿Pero así le dijeron? ¿que le dieran el dinero? ¿así le dijeron?
–Que les repartiera, que les entregara a los padres los 200 mil pesos, que yo también y yo por qué le digo, si he sido el único que ha sido derecho con los padres, me dice nosotros agarramos parejo guey y de una vez te decimos si no entregan ese puto dinero ya valieron.
Don Mario señala que la señora Cristina tiene fotografías de cuando el señor Epifanio recibió el dinero, sin embargo Viduldo aclara en la misma conversación que no se nota en las imágenes si lo que recibe en realidad es dinero.
Luego le pide continuar esta conversación en la Normal de Ayotzinapa, incluso atribuye la llamada a la próxima búsqueda de normalistas que realizarían en Iguala.
Con el video, los medios nacionales desviaron el tema de justicia, por la relación que pudieran tener con Guerreros Unidos con los padres de familia, recriminó el abogado Viduldo Rosales Sierra.
En el video se escucha el audio de la llamada telefónica y se ven las fotografías del papá y el abogado, acompañados con textos resaltados en rojo, que se refieren a una amenaza contra Mario González de un presunto integrante de Guerreros Unidos, para que distribuya entre los familiares 200 mil pesos. El padre de familia deja ver que el dinero lo recibió otro papá, pero se trata de una donación de trabajadores del INAH que motivó un altercado entre los familiares hace meses.
Ayer por la mañana, en la conferencia de prensa el señor Mario González se deslindó de los grupos criminales, y del dinero en cuestión, la señora Cristina Bautista, mamá de Benjamín Ascencio Bautista, explicó que una trabajadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la abordó para preguntarle si les había servido el dinero que les enviaron, unos 200 mil pesos, del cual no habían sido enterados.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, explicó la situación a detalle, en la Ciudad de México, a donde abogados y padres se trasladaron para reunirse hoy con los integrantes del GIEI.
Indicó que la conversación ocurrió el 3 de marzo, en medio de un conflicto interno de los padres, por un supuesto dinero que los secretarios del comité habrían recibido del INAH , y él (Rosales) recibió la encomienda de buscar la información a través del sindicato del instituto, pero sólo habló con algunos trabajadores que confirmaron la entrega de una despensa.
Mario González le habló por teléfono inmediatamente después de recibir una amenaza mediante mensajes a su celular, de un presunto integrante de Guerreros Unidos, para que distribuyeran el dinero o los iban a matar.
Vidulfo Rosales reveló que en esas fechas también recibió una llamada a su celular para que no fueran a buscar a los normalistas a determinadas colonias de Iguala, “que mejor ni se acercaran porque ahí los iban a matar”.
Había una ambiente tenso, antes de la búsqueda, y en la llamada que se filtró los padres implícitamente hablaron del dinero que se supone habían donado trabajadores del INAH, y del que aún había muchas dudas y no podían adelantar conclusiones, “en modo alguno tiene que ver con Guerreros Unidos”.
Incluso, indicó que el problema de las amenazas se discutió de manera interna con los padres y concluyeron que trataban de llevar a una trampa a los padres de familia, para generar ruido y hacer un vínculo con los Guerreros Unidos.
En cambio, usaron este audio, que se guardó durante un mes para presentarlo en este momento político, cuando se discute la permanencia del GIEI, y el gobierno siente que tomó fuerza la hipótesis de la verdad histórica a partir de la difusión del cuarto peritaje en el basurero de Cocula.
Esto, en un intento de cerrar el caso, y sacar “esa piedra en el zapato que se llama Ayotzinapa”, sin embargo, no son los padres, sino el gobierno quien mantiene una relación con Los Rojos, Guerreros Unidos, y todos los grupos operan abiertamente en las calles, matando y secuestrando, dijo el abogado de los padres.

La Segob no puede decidir si no hay más prórrogas para los expertos, responde el abogado de los padres

 

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.

Medidas cautelares por los heridos y los 43

Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.

Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres

El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.

Año y medio después de los ataques en Iguala cita la SEIDO a policías municipales a declarar

 

A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Marchan familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala; demandan audiencia con el alcalde

La mañana de ayer unos 100 integrantes del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala marcharon y se concentraron en la sede del Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde priista, Esteban Albarrán Mendoza, quien les ha negado a los familiares de las cerca de 500 víctimas de desaparición forzada apoyos en condonaciones de impuestos, despensas, empleo y un espacio para las asambleas del comité.
Se supo que el jueves a las 2 de la tarde el alcalde atenderá a los familiares de los desaparecidos en una audiencia pública en el auditorio del Palacio Municipal.
La asamblea de ayer del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que se hace en el sótano de la parroquia de San Gerardo fue suspendida a las 11 de la mañana y minutos después los familiares marcharon en la calle Mariano Abasolo del barrio de San Gerardo hasta llegar a la sede del Ayuntamiento en la avenida Bandera Nacional, una de las principales de la ciudad.
La marcha fue en silencio y los familiares mostraron carteles con las imágenes de sus desaparecidos y una lona al frente con la leyenda, “100 000 + 43 desaparecidos ¿y dónde están?”, también mostraron cartulinas en las que se leía, “somos más de 500 víctimas hasta hoy”, “nuestras familias tienen hambre y sed”, “gobernar es resolver, atiéndenos”, “Esteban Albarrán tú eres autoridad, te exigimos solución”, “Esteban te buscamos y te negaste no rehúyas a tu responsabilidad” y “No te cierres a la verdad, somos más de 43”.
El grupo de los familiares de desaparecidos, en su mayoría mujeres mayores, bloquearon la avenida Bandera Nacional frente al Palacio, mientras otra comisión protestaba en la entrada de la sede del Ayuntamiento y donde el director de Gobernación municipal, Miguel Salgado Martínez, les informó que el alcalde Albarrán supuestamente no estaba en Iguala, a pesar de que los familiares señalaron que estaba en un desayuno que el DIF ofreció a las empleadas del Ayuntamiento por el Día de la Mujer en un salón al oriente de la ciudad.
Durante la marcha los familiares de desaparecidos fueron acompañados por cinco representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezados por el director general del Programa de Atención a Víctimas del Delito, Juan Carlos Sánchez Flores, como parte de la recomendación y la designación hecha por el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas.
Uno de los representantes de los familiares, Jaime Velázquez Betancur, denunció que desde el 26 de octubre solicitaron la audiencia por escrito con el alcalde y hasta ayer no los había atendido, “nos hemos conducido de una manera pacífica y correcta, pero el grupo dice que hasta cuándo vamos a estar esperando a que se dignen a recibirnos para plantearles todos nuestros problemas”.
Dijo que una de las peticiones que le harán al alcalde priista es que se designe una de las oficinas de la extinta empresa Fertigro y el mobiliario del lugar para que ahí sean las asambleas del comité, además que se les condonen los pagos de impuestos de predial, agua y alcantarillado a los familiares desde la fecha en que su familiar fue desaparecido, que en la mayoría de los casos el desaparecido es quien sostenía a su familia.
Además de que se les otorgue un lugar de unos cinco metros cuadrados y material para que construyan el memorial Recuerdo de Nuestros Desaparecidos, para que esté listo antes del 9 de abril, fecha en la que pasará por Iguala la Caravana por la Paz, y empleo temporal para las familias y despensas.
Por su parte la integrante del comité, Adriana Bahena, recordó que en un encuentro con Esteban Albarrán y el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Barros, el alcalde estuvo en la disposición “aparentemente de respaldarnos, de ayudarnos y de acercarse para apoyarnos, y la actitud que tomamos esta mañana (ayer en la marcha) es por la mentira que él dijo y que después tratamos de acercarnos a él y está en la total negativa”.
Expresó que “que lo único que este señor (Esteban Albarrán) manifiesta es una total negación a acercarse y cerrar los ojos a una realidad. Nosotros no somos 43 los que andamos buscando, le damos cobertura a 500 familias y cada día llegan más, por lo que la respuesta ante esta situación debe acelerarse”.
Agregó: “al haberse sentado aquí como presidente municipal estaba aceptando todas las broncas que había en Iguala, y desafortunadamente una de esas broncas, somos Los Otros Desaparecidos de San Gerardo, y la situación que el señor (el presidente) no quiere sentarse con nosotros, y lo que sí queremos es que se dé cuenta que estamos, que existimos y que somos parte de Iguala y parte de las personas a las que él les debe dar una respuesta”.
El director de Gobernación, Miguel Salgado, afirmó que el jueves a las 2 de la tarde el alcalde Esteban Albarrán atenderá a los familiares de los desaparecidos en audiencia pública en el auditorio del palacio.
Minutos antes de las 12 de la tarde, los familiares quitaron el bloqueo de la avenida y se regresaron caminando a la parroquia de San Gerardo para continuar con su asamblea.

Acuerda la Asamblea Popular marchar el 26 en el DF a 14 meses de la desaparición de los normalistas

 

La Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó que a 14 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el movimiento social marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, el 26 de noviembre.
Continuarán las brigadas de los padres en las regiones de Guerrero para convocar a una marchar unitaria el 12 de diciembre en Chilpancingo, al cumplirse cuatro años del desalojo a balazos de una manifestación pacífica de alumnos de la Normal en la Autopista del Sol, donde murieron dos estudiantes, y otros más fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y de tortura.
El representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega informó vía telefónica que en la sesión del sábado se acordó que la marcha del 26 de noviembre comenzará a las 4 de la tarde en el monumento del Ángel y concluirá en un mitin en la plaza de La Revolución.
Añadió que del 29 de noviembre al 9 de diciembre, padres y organizaciones llevarán a cabo una caravana por las regiones del estado para convocar a la marcha del 12 de diciembre en Chilpancingo.
La protesta del 12 de diciembre, partirá de la estatua de El Caballito, al norte de la capital, hacia el hotel Parador del Marqués, donde fueron atacados y asesinados los normalistas.
Ortega recordó que ahí, en el entronque que une a la carretera federal con la Autopista del Sol, fueron ejecutados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y a la fecha, no hay ningún procesado por esos delitos.
También informó que los padres asistirán como invitados al aniversario de la Policía Ciudadana y Popular con sede en Temalacazingo, que se conmemorará con una marcha en Tlapa el 2 de diciembre para unificar las luchas. La siguiente asamblea de la ANP se programó para el 19 de diciembre.
Indicó que los temas de la reunión fueron de organización fundamentalmente, y que acudió el representante del Consejo de Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui, quien compartió su experiencia de represión y hostigamiento.
Añadió que el líder del Cecop denunció que sigue la represión, “creemos que ante esta amenaza hacia los movimientos, hay mano dura, pero no dejarán de manifestarse, aunque digan que los padres siguen de necios de andar en las calles, es porque no se ha cumplido el acuerdo con el gobierno federal, no se están tomando en serio las líneas de investigación, la creación de la unidad especializada”.
También expresó preocupación por la campaña de descalificaciones por asociaciones de derecha contra los normalistas y los actores del movimiento.
Aclaró que mantienen el respaldo y la confianza al magisterio movilizado, a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Equipo Argentino de Antropología Forense.
También confirmó que los padres no van a intervenir en las elecciones extraordinarias del 29 de noviembre en Tixtla.
Informó que participaron poco más de 60 delegados de 40 distintas organizaciones, entre ellos la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), que refrendó el compromiso con los padres de familia, pues en la sesión pasada se informó de la ausencia de los movimientos magisteriales en la ANP.
Subrayó que los temas o conflictos internos del magisterio no incumben a los padres ni a la ANP.

Se reunirán hoy en Bogotá dos padres de los 43 con el presidente de Colombia, informan

 

Familiares de los normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala, quienes viajaron la semana pasada a Colombia para informar sobre los hechos criminales de hace más de un año, exigieron que el gobierno mexicano reactive urgentemente la búsqueda con vida de sus hijos, y que además asuma las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al respecto.
Desde la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, las madres y padres de los estudiantes han visitado decenas de países de casi todos los continentes, para informar a la sociedad del dolor y la desesperación que han experimentado durante más de un año del impune ataque criminal.
Como parte de esas caravanas informativas de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, viajó desde el martes 20 de octubre a Colombia en compañía de Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán Abrajam de la Cruz, también desaparecido.
Desde el país sudamericano, Bautista informó vía telefónica que el paso siguiente en sus exigencias es pedir la reactivación urgente de la búsqueda con vida de los normalistas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No obstante –detalló–, la búsqueda debe ser coordinada con el GIEI, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió su tiempo de estancia en México hasta el 30 de abril próximo.
Cristina Bautista explicó que las madres y padres de los normalistas siempre han estado y están en la disposición de organizarse para ir a buscar ellos mismos a sus hijos, donde la gente les diga que pueden estar.
Pero dijo que las familias esperarán a que el GIEI determine el procedimiento por el que se reactivará la búsqueda y con el que se trabajará coordinadamente con las familias y con el gobierno federal, con el fin de garantizar el uso de tecnología de punta, así como mapa de fosas y otros lugares identificados.
La mujer expuso que en su estancia en Colombia que durará hasta el próximo lunes 9, ha sido bien recibida por estudiantes y grupos civiles, quienes los han acompañado y manifestado su solidaridad.
También adelantó que mañana ambos representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos serán recibidos por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en la capital Bogotá, a fin de escuchar los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Guerrero.
Según el informe que presentó el GIEI el 6 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la búsqueda de los normalistas después de que informara su “verdad histórica”, la cual fue desmentida científicamente por las y los expertos.