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Detiene la PGR a cuatro presuntos narcos en aparatosa operación en Chilpancingo

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo, informó la Procuraduría.
Por la noche, en el programa de televisión En Punto, el principal noticiero de la empresa Televisa que conduce Denise Maerker, la periodista informó que uno de los cuatro detenidos es Martín Piña Gómez El Charro, uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cártel de la Sierra.
Por su parte, familiares de los cuatro detenidos denunciaron que los agentes de la PGR de manera arbitraria catearon la vivienda sin mostrar una orden de aprehensión y violentaron los derechos humanos de sus familiares, a quienes les sembraron armas adentro de la casa.
A la 5 de la madrugada de ayer, los agentes de la PGR, a bordo de unas seis camionetas oficiales llegaron a la calle Eucaria Apreza esquina con Álvaro Obregón, en este asentamiento de clase media alta de Chilpancingo, y bloquearon más de cinco horas las dos vialidades impidiendo el paso de los automovilistas; los oficiales sólo dejaban pasar a los transeúntes en la zona.
El operativo generó miedo en los vecinos que viven cerca de la casa de dos pisos, hecha de concreto, que catearon, “pensé que eran hombres armados que iban por alguien, porque las camionetas no están rotuladas; sí nos dio miedo”, contó un vecino que pasaba por el lugar.
Otros vecinos salieron de sus casas para observar la operación de los oficiales de la PGR. Se le preguntó a un oficial el motivo, y contestó que no podía dar información por seguridad.
Minutos después de las 10:40 de la mañana, los policías de la PGR, a bordo de vehículos oficiales se retiraron de la colonia 20 de Noviembre y trasladaron a los cuatro detenidos a la delegación de la Procuraduría para ser investigados y para deslindar responsabilidades.
Fuentes de la PGR informaron que los cuatro detenidos permanecían en la delegación de la Procuraduría en la capital, y se espera que hoy sean trasladados a Acapulco o a la Ciudad de México para seguir las investigaciones.
En la transmisión nocturna del programa En Punto, Denise Maerker dijo que el detenido es Martín Piña Gómez El Charro.
“Es señalado por ordenar y participar en diversos homicidios y por producir una droga sintética que se denomina China White elaborada a base de fentanilio, está identificado como uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cartel de la Sierra, previo a ello la información de las autoridades es que trabajó para el grupo de Los Rojos; junto con El Charro fueron detenidos otros tres integrantes de esta organización”, informó Maerker.

Familiares de los cuatro detenidos acuden a la PGR

Minutos antes del mediodía, familiares de los cuatro detenidos acudieron a la delegación de la PGR para informarse sobre su detención y para conocer su situación legal.
Un familiar, quien se reservó su nombre, relató que a las 5 de la mañana unos 30 agentes de la PGR, a bordo de seis camionetas llegaron a la casa e intentaron abrir la puerta a golpes y con tubo para poder entrar, pero no lo lograron.
“Cuando ocurrió el operativo estábamos todos dormidos, la señora de la casa les pidió a los oficiales que se calmaran que ella les iba a abrir, pero cuando les abrió ellos empujaron la puerta y a la señora la tiraron al suelo, ya no pudieron hacer nada y estos fulanos entraron a la fuerza”, declaró.
Señaló que en la operación los oficiales dijeron que les iban a enseñar la orden de aprehensión o cateo, pero no ocurrió y se llevaron a sus cuatro familiares, “no podemos decir su nombre por seguridad, y venimos aquí a la PGR para que nos den noticias de ellos y porque los detuvieron”.
Afirmó que en el cateo los policías de la PGR les sembraron armas adentro de la vivienda y además se llevaron celulares, alhajas, video juegos, computadoras y dinero en efectivo, “nos dio miedo porque pensábamos que eran hombres armados, que nos iban a matar, no respetaron nada a pesar de que habían cuatro menores durmiendo”.
“Es una arbitrariedad esto, yo estoy de acuerdo que si alguien hizo algo malo que lo detengan, pero, señores, toquen la puerta cuando hagan esto, así espantan a la gente, no es justo que abusen las autoridades a la gente inocente”, indicó
La colonia 20 de Noviembre es de clase alta y media de Chilpancingo; ahí han ocurrido otros hechos de violencia. Hace un año, presuntos delincuentes rafaguearon una vivienda de tres pisos, cerca donde se llevó a cabo el cateo, en el ataque no hubo heridos o muertos.

El boletín oficial

Anoche, la PGR difundió un comunicado para informar que los detenidos se llaman Martín, Adán, David y Gustavo, y que con estas detenciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “cumplimentó una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, en un inmueble en el estado de Guerrero”.
De acuerdo con el boletín, agentes de la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SEIDO, detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo.
La institución señala que durante la operación aseguraron droga cristal y mariguana, “una báscula de las denominadas grameras, un arma corta y un arma larga”.
“Cabe señalar que la detención se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento les fueron respetados sus derechos”, indica el comunicado.

 

Exhumará hoy restos humanos que un campesino sepultó en Huitzuco, informa la PGR

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) exhumarán hoy los restos de una o más personas del panteón municipal de Huitzuco, los cuales fueron hallados entre 2013 y 2014 por un campesino en un terreno de cultivo donde se construyeron casas, y que al no ser levantados por la Fiscalía los sepultó en el cementerio.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónica, el buscador de fosas clandestinas expulsado del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández informó que como parte del proceso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso del secuestro y desaparición de su hermano Tomás Hernández, se le informó de esta diligencia que se hará en el panteón municipal.
Su hermano fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, él contactó a un testigo anónimo que le informó del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas en un terreno de cultivo de la cabecera municipal, mismo en el que se inició la construcción de una unidad habitacional pero la obra quedó abandonada.
Informó que en el patio de una de las casas abandonadas, que al parecer fue usada como casa sicarios de la delincuencia organizada localizó el cuerpo de una mujer.
Su fuente denunció el hallazgo a las autoridades pero éstas le indicaron que se “deshiciera” del cuerpo para que no tuviera problemas, lo cual hizo y la abandonó en el respiradero de una mina abandonada de una zona cercana. Ese cuerpo no ha sido recuperado.
Agregó que tiempo después, entre 2013 y 2014 el mismo hombre localizó en esa zona bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos desmembrados, sin saber cuántos ya que no tenían las cabezas.
Dijo que al igual como pasó con el cuerpo de la mujer reportó a las autoridades ministeriales pero nunca fueron a recoger los restos, por lo que les arrojó agua bendita y los sepultó de manera clandestina en un predio junto al panteón municipal de Huitzuco, en el que con los años se hizo una extensión del camposanto.
El familiar de uno de los más de 350 desaparecidos que llegaron al colectivo de Iguala, informó que hoy participará en la diligencia que harán peritos y agentes del Ministerio Público de la PGR, para conocer las condiciones de los restos humanos y que éstos se incluyan en las investigaciones para que puedan ser identificados y entregados a sus parientes.

 

Año y medio después de los ataques en Iguala cita la SEIDO a policías municipales a declarar

 

A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La SEIDO “no tiene tiempo” para ir a Chilapa a informar, dicen a familiares de desaparecidos

 

Familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no venga a Chilapa a informarles sobre sus desaparecidos “porque no tienen tiempo”, y que les pidan ir a la Ciudad de México para reunirse con ellos.
Uno de los padres de desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo pasado se comunicó con la SEIDO para preguntar si ya tenían una fecha para acudir a Chilapa a informarles sobre sus desaparecidos, la respuesta que obtuvo de la SEIDO fue que no tenían tiempo, que si les interesaba saber de sus familiares acudieran a la Ciudad de México para recibir la información.
El vocero de los familiares, José Días Navarro se comunicó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para preguntarle su respuesta a la solicitud de que la SEIDO se reuniera en Chilapa con los familiares, el subsecretario envió un mensaje de texto en el que se leía: “me comentó la procuradora (Arely Gómez, que, que) lo comunicará a SEIDO para que esta área diera la atención, en el entendido de que en esta área están los casos sustantivos de sus averiguaciones. El subprocurador (Eber Omar Betanzos) me comentó que nos coordináramos con Segob para realizarlo en el marco de las reuniones que se tienen con esta instancia. Pronto le tendremos noticias”.
El vocero lamentó que Arely Gómez y la SEIDO no los atiendan, y que su respuesta haya sido que, “si nos interesa la información que vayamos a México, porque ellos tienen mucho trabajo y no pueden venir”.
Sin embargo, Campa Cifrián quedó en darle una respuesta a la solicitud de que SEIDO acuda a la cabecera municipal.
Apenas el 23 de octubre, los familiares fueron informados de que las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo están en manos de la SEIDO, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la PGR sólo estaba llevando el caso de 24 desaparecidos de antes del 9 de mayo.
Posteriormente, la SEIDO citó en la Ciudad de México, para informarles sobre las investigaciones que llevan, a una comisión de familiares de desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo, cuando a la ciudad irrumpieron unos 300 civiles armados.
La cita fue programada para el 6 de noviembre, luego la pospusieron para el 10 noviembre, pero ante el brote de violencia en la región la comisión declinó la cita, ya que no había policías que los resguardaran.
Los familiares se dirigieron a la PGR y a la Segob, para que intervinieran para que la SEIDO acudiera a Chilapa a darles informes, pero no han recibido respuesta.

Siguen internados y sin atención adecuada en la capital cuatro estudiantes de Ayotzinapa agredidos, denuncian

De 20 heridos y lesionados en la agresión de policías estatales en la carretera Tixtla-Chilpancingo el miércoles, cuatro estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen internados en una clínica privada de la capital, pero no han sido atendidos de forma adecuada, denunció el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos y de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
Detalló que el de mayor gravedad, Kevin Jordi Saldaña, con fractura maxilofacial a causa de artefacto de gas lacrimógeno que le estalló en el rostro, sigue esperando la operación de restauración facial, y sus compañeros temen que con el paso de los días tenga mayores complicaciones.

Sigue retrasando la PGR la integración del equipo que investigará los crímenes de Iguala, denuncian

Por otro lado, el representante de los papás, Melitón Ortega denunció que han pasado dos semanas del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los crímenes del 26 y 27 septiembre de 2014, y el gobierno federal sigue retrasando la integración del equipo que se incorporará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para recibir los expedientes para resolver el caso.
Aclaró que GIEI sólo entregará su plan de trabajo al grupo interdisciplinario que se integrará a la subprocuraduría de Derechos Humanos; en tanto, el proceso está “detenido”.
Indicó que una de las actividades inmediatas es la investigación, acciones de búsqueda y el tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el que insistió la Procuraduría General de la República (PGR) pese a las pruebas científicas que presentaron los expertos en el primer periodo, con las que descartaron la posibilidad de que los normalistas hayan sido quemados hasta las cenizas en ese lugar.
Precisó que los integrantes del GIEI están ahora en sus países de origen, pero desde allá dan seguimiento a todas las acciones de la PGR a través de un secretario técnico, y volverán los primeros días de diciembre a México.
Añadió que la preocupación de los padres de familia es que el mandado comenzó el 1 de noviembre y vence el 30 de abril, de ahí la urgencia de que comiencen cuanto antes la investigación, sin la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y responsable de la primera investigación, cuestionada por peritos independientes.

No buscarán al gobernador

Sobre relación con el gobierno estatal, ratificó que los padres no van a buscar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, ni van a suspender las acciones de protesta para exigir al gobierno federal que haga su trabajo.
En este tenor, pidió al gobernador que, si en verdad quiere evitar los bloqueos y las protestas de los padres de familia en la entidad “para resguardar el orden y la paz”, presione al gobierno federal para que dé resultados, que no mienta sobre el paradero de sus hijos ni ponga más obstáculos al trabajo del GIEI.
Aclaró que acciones como la protesta del sábado en la autopista del Sol no van a terminar, ni se van a detener antes las advertencias del uso de la fuerza pública.
Aseguró que está en manos del gobierno federal y de la PGR atender sus demandas, “no es la rebeldía ni necedad de los padres, pero es claro que no nos quiere decirnos la verdad”.
Recordó que los padres pidieron la permanencia indefinida del GIEI, hasta la conclusión de las investigaciones, pero el Estado mexicano se cerró y sólo accedieron a otro periodo de seis meses.
No obstante, afirmó que los padres van a insistir en su permanencia si, terminado su segundo periodo, las investigaciones no avanzan “todo depende de las autoridades, que contribuyan a dar la información para dar con el paradero de los estudiantes; si no hay solución seguiremos en acciones en la calle”, advirtió.