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En mitin en la Costera reprochan la liberación de militares acusados en el caso Ayotzinapa

 

Karina Contreras

Estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa realizaron un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en la Vía Rápida, para insistir en su exigencia de justicia para sus compañeros y reprocharon al gobierno la liberación de los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los normalistas en 2014.
Este jueves cerca de 40 alumnos ocuparon el carril del sentido Caleta-Base, donde manifestaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Uno de los estudiantes dijo que una vez más protestan para ser escuchados y exigió que antes de que termine su administración López Obrador debe resolver el caso y hacer justicia a sus compañeros “que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27”.
“Estamos aquí con este coraje porque este gobierno no quiere dar solución al caso de Ayotzinapa, por eso una vez más venimos a levantar la voz para que el gobierno se dé cuenta que seguimos en pie de lucha. Que la lucha de los de Ayotzinapa seguirá hasta lograr la verdad, hasta dar con el paradero de los 43 camaradas”.
Añadió el orador que otra de las exigencias al gobierno federal es que entregué aquellos “folios que faltaron de los 70 mil documentos que se le entregó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El gobierno y los militares entregan aquellos documentos a los padres de familia para que según él los vean, pero no, aunque ellos lean y lean todos esos documentos no van a dar con la verdad porque se necesita de vuelta a aquel grupo interdisciplinario”.
Otro estudiante señaló que el pasado 21 de enero el gobierno liberó a ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
“La jueza liberó a 8 militares que estaban acusados del caso de la desaparición de los compañeros”, y criticó que el gobierno nada más detuvo a los militares el 22 de junio de 2023 para luego liberarlos, “es ahí donde el gobierno apoya a su policía, a militares”.

Advierte Vidulfo un panorama gris para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa con AMLO

Activistas protestan el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, frente a Palacio Nacional que fue cercado con un muro de metal Foto: Karina Tejeda

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En 2022 el gobierno federal presentó las conclusiones de sus investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero de acuerdo con el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, es una “investigación en paralelo”, incompleta y con inconsistencias.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que la columna vertebral de ese informe son 467 capturas de pantalla de chats, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizó y señaló que son endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis del gobierno federal.
En este 2023 y en la recta final del gobierno de López Obrador, Rosales Sierra advierte un panorama gris y un horizonte desalentador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, “creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
En 2022 el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vivió un parteaguas en las investigaciones de la actual administración del presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional –luego de una reunión con el presidente y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos–, expuso las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Dicho informe concluyó que no existen indicios de que los 43 estén con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo evitar el desenlace contra los jóvenes, reitera que en los ataques y la desaparición de los estudiantes participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, que los mandos militares no buscaron proteger ni buscar al soldado Julio César López Patolzin –uno de los 43 normalistas desaparecidos– quien informaba a la Sedena de lo que acontecía en la normal y sus movilizaciones.
Alejandro Encinas destacó que lograron obtener diversa documentación como 467 capturas de pantalla, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron los mensajes clave para el caso, y que la creación de la “Verdad Histórica” fue concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno.
Asegura que se ocultó la verdad de los hechos, se alteraron las escenas del crimen y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado.
Al día siguiente de difundirse el informe fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, por construir la llamada “Verdad Histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 22 de agosto el GIEI dijo que no participó en la redacción del informe de la Covaj y pidió tener acceso al informe completo, así como a los dispositivos desde donde se obtuvo la información y los mensajes extraídos.
La detención de Murillo no fue la única en 2022, el 15 de septiembre se informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.
También fueron detenidos otros dos integrantes del Ejército mexicano, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes se sumaban al capitán José Martínez Crespo, quien estaba preso desde 2020.
El 24 de septiembre en el periódico Reforma se publicó una columna de la periodista Peniley Ramírez en la que dio a conocer el informe de la Covaj sin testar, y reveló que sostenía que casi todo los estudiantes fueron asesinados, descuartizados y enterrados la misma noche el 26 de septiembre, y seis jóvenes permanecieron durante cuatro días en una bodega en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, porque según el informe, José Rodríguez Pérez ordenó su ejecución.
En esos mismos días se conoció que entre las 84 órdenes de aprehensión que un juez liberó estaban las de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: del procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, del ex secretario Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y otros dos empleados del poder Judicial.
Pero el 27 de septiembre el presidente López Obrador admitió en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Covaj.
Ante los cuestionamientos públicos que trajo esta cancelación de las detenciones, Encinas Rodríguez afirmó que había una intensa campaña desde las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación planteadas por la Covaj.
El hecho trastocó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, porque el titular Omar Gómez Trejo renunció ese 27 de septiembre, señaló que un área ajena a esta unidad fue la que se desistió sin su autorización de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Ayotzinapa.
El presidente de la República respondió el 30 de septiembre que desde la FGR se trató de dinamitar el proceso que se derivó en el informe de la Covaj para impedir la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y de los militares implicados.
No obstante, el 31 de octubre en conferencia de prensa el GIEI descartó la autenticidad de las 467 capturas de pantalla de conversaciones, y en los que se basó la nueva versión del gobierno federal para incriminar a los responsables.
El grupo argumentó que las capturas no podían considerarse una prueba digital porque no fueron extraídas de forma directa de los dispositivos que presuntamente fueron utilizados, y uno de los expertos, Carlos Martín Beristain dijo que se puso en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia al presentar este informe.
Días antes, Alejandro Encinas Rodríguez reveló en una entrevista al periódico estadounidense The New York Times, que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ante el análisis del GIEI, Andrés Manuel López Obrador respondió que Alejandro Encinas tenía toda su confianza y que se tenían todos los elementos para sostener la investigación, que continuarían las averiguaciones y que se haría justicia.
El gobierno federal mantuvo su respaldo al informe y el 28 de octubre, el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Fabio Vásquez Pérez fue detenido en Nayarit, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre 2014 y delincuencia organizada.
El GIEI y los abogados de los familiares de los 43 normalistas exigieron públicamente al gobierno federal que el Ejército entregue la información necesaria y determinante en la investigación del caso, pero López Obrador declaró que los militares sí brindan información relevante, y consieró que las exigencias correspondían a una campaña de desprestigio contra el Ejército y su gobierno.

En 2022 naufragó la verdad

En entrevista, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en 2022 naufragó la verdad porque “se tenía una investigación grande, completa”, que explicaba cómo ocurrieron los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Vía telefónica precisó que se sabía qué actores intervinieron y daba cuenta de la confluencia de diversos actores estatales y no estatales, responsables de la desaparición de los 43.
Sin embargo, afirmó que el gobierno federal realizó una investigación en paralelo a través de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es incompleta y tiene inconsistencias, cuya columna vertebral son los chats que recibió de fuentes o testigos, y que como lo refirió el GIEI consideran endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis que dice tener el gobierno.
Rosales Sierra contó que la preocupación de las madres y padres de los 43 es que el gobierno de López Obrador con el informe de Alejandro Encinas construya una nueva verdad y constituya el cierre del caso Ayotzinapa, “por eso en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que lo que esté en el informe es lo que tomarán en consideración para la investigación y lo que no está dentro del informe no cuenta”.
Reiteró que el Ejército mexicano aún no ha entregado información relevante de lo que pudo haber ocurrido, información que el GIEI verificó su existencia en el Centro Regional de Fusión de Información con sede en el Batallón 27 de Iguala, y que podría dar un giro distinto a las investigaciones, “pero hay una negativa” para entregarla.
Expuso que quedaron pendientes en 2022 las reactivaciones de 16 órdenes de aprehensión contra militares, y a la defensa le preocupa que signifique un pacto con el Ejército que busque castigar sólo a los cuatro militares detenidos, además a pesar del informe, falta conocer “dónde están los restos de los jóvenes estudiantes, cuál es el paradero, eso no lo tenemos hoy por hoy”.
El 2022 fue un año de una relación tensa y de mucha rispidez entre los familiares de los 43 y el presidente López Obrador, consideró el abogado de Tlachinollan.
Rosales Sierra manifestó que en la recta final del gobierno de López Obrador se está medrando el mecanismo para el conocimiento de la verdad del caso Ayotzinapa, porque se dio un manotazo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, se violó la independencia de la FGR al retirar las órdenes de aprehensión, y se nombró unilateralmente a un fiscal especial sin tomar en cuenta a las madres y padres de los 43.
Afirmó que para este 2023 ven “un panorama gris, un horizonte desalentador en términos de esclarecimiento del caso Ayotzinapa, creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
Añadió que las madres y los padres de los 43, y las organizaciones que los acompañan exigirán que la línea de investigación que toca al Ejército se siga impulsando, que se les investigue de manera exhaustiva porque no puede haber una instancia hermética que escape a los controles civiles, y si son responsables deben rendir cuentas ante autoridades civiles.

 

Les da confianza AMLO para regresar a la investigación de los 43, dicen integrantes del GIEI

 

Integrantes de lo que fuera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les da confianza para regresar a la investigación del caso Ayotzinapa.
Reforma publicó ayer que el camino para el regreso de los expertos internacionales está listo, y que ellos están dispuestos a colaborar de nuevo en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Pero hay un nuevo gobierno, ¿les da algún tipo de garantía o esperanza?, se les preguntó a Ángela Buitrago y Carlos Beristain durante su participación en el conversatorio Rastro de los desaparecidos en América Latina.
“Sí, indiscutiblemente la apertura, la posición y la sensibilidad pues muestra una tranquilidad para regresar”, dijo Buitrago, ex fiscal de Colombia.
De los cientos de cuerpos resguardados en cajas de tráileres en Jalisco el doctor español Carlos Beristain advirtió la urgencia de cuidar los procesos de los cadáveres.
“Es una historia que si uno lo ve con perspectiva sabíamos que eso iba a pasar”, expuso.
“Eso hace evidente un problema que lleva 10 años en este país y que visibiliza una historia oculta y hay que cuidar que no pase como el caso Colombiano, que la Fiscalía sacó cuerpos de fosas sin trabajo con los familiares, con lo cual fueron determinados como N.N. y pasaron de tener desaparecidos a tener N.N, es lo que hay que cuidar en México”.
Para Buitrago lo que ocurrió en Jalisco generó una revictimización de los familiares de desaparecidos. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Se demostró el trasiego de drogas de Iguala a Chicago y debe investigarse, dicen padres de los 43

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “tenía razón”, hay trasiego de drogas de Iguala a Chicago y esta línea de investigación “debe de ser indagada de manera exhaustiva, lejos de pretender cerrar el caso”, expusieron madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa en el antiguo monumento a los caídos de 1960 en la alameda Granados Maldonado de esta ciudad, el representante de los padres, Melitón Ortega, una comisión de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero llamaron a las organizaciones y a la sociedad a participar en la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.
Melitón Ortega leyó un comunicado en el que los padres de los jóvenes señalan que en los 43 meses de lucha por la presentación con vida de sus hijos, que se cumplen el próximo jueves, “hemos visto de cerca la corrupción, la displicencia, la falta de compromiso de este gobierno para ofrecer justicia a las víctimas pero también nos hemos consolidado como organización de padres, al lado de nuestros otros hijos de Ayotzinapa”.
Señalaron que hay pruebas como peritajes “de alto rigor científico”, informes de organismos internacionales de derechos humanos, los celulares de los normalistas desaparecidos que se mantuvieron activos después de los hechos, sus ropas encontradas en el Palacio de Justicia de Iguala y la ruta de desaparición en Huitzuco que “hacen trizas la hipótesis del basurero de Cocula”.
No obstante con la reciente publicación de las conversaciones telefónicas entre sicarios de Guerreros Unidos de Iguala y Chicago las autoridades pretenden interpretarlas para respaldar “su mentira histórica” y sentar las bases para cerrar el caso.
Añadieron que las llamadas son una prueba de que Guerreros Unidos es un grupo delictivo que opera en el plano internacional, por lo tanto “su red de vínculos y complicidades incluye autoridades estatales y federales”, por lo que se debe de investigar esta línea porque los normalistas no estaban infiltrados por sicarios y éstos los reconocen como estudiantes.
Blanca Luz Nava Vélez, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava expresó que “este 26 de abril se van a cumplir 43 meses de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre que nos está matando a nosotras como madres, 43 meses de burla, como madres seguiremos buscando a nuestros hijos, no vamos a descansar hasta que sepamos la verdad”.
Manifestó que es mentira la teoría del basurero de Cocula y que las autoridades no sólo engañan a los padres de familia “sino a todo el mundo, se los dice una madre desesperada porque ya quiere tener noticias de su hijo, tenemos fe en que los vamos a encontrar pero únanse pueblo por favor, hay que hacer algo, no le podemos dejar este mundo a los niños que están creciendo”, porque advirtió que los ataques como el de Iguala se pueden repetir si quedan impunes.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa dijo que los normalistas “estamos dispuestos a no olvidar, por eso invitamos a que luchen en esta lucha digna, que nos acompañen, el gobierno en vez de ayudarnos nos está poniendo trabas pero no vamos a dejar en el olvido esta injusticia que le ha hecho daño a nuestro estado, a nuestro país y al mundo”.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame manifestó su solidaridad con los padres de familia a nombre de la organización y de la Dirección Colectiva, dijo que los integrantes de las organizaciones sociales participarán en las actividades de la jornada de lucha que fueron avaladas por la Asamblea Nacional Popular.
Informó que éste sábado seguirá el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social, “donde planteamos que la lucha social es independiente de los partidos políticos y que el eje central es que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas”.
Añadió que se trata de un proceso de articulación y el número 43 “es un signo, es algo que va a llevar herrado el Estado en su consciencia para siempre de que quedó evidenciado ante el mundo, de que hubo una infamia, un asesinato impune y que el Estado, ya quedó claro, está coludido con el crimen organizado”.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza y los representantes del secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero y del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, se solidarizaron con los padres y se comprometieron a que estarán en las actividades de la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.

La PGR busca a los 43 con o sin vida: Melitón Ortega

En declaraciones luego de la conferencia de prensa al respecto de la búsqueda que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron el miércoles en el cerro Gordo en Iguala apoyados por policías federales de la Gendarmería, Melitón Ortega dijo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos supieron de la diligencia por los periódicos y que, “al parecer ahí andan nuestros compañeros representantes de derechos humanos” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aseguró que es falso que en la diligencia se hayan encontrado cuatro cuerpos en fosas clandestinas, “es una información sin sustento, mañana o pasado nos estarán informando (sobre la búsqueda)”.
A pregunta expresa de si la búsqueda de los normalistas es en fosas o vivos, Melitón contestó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recomendó hacer la búsqueda mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó una investigación integral, “hoy tenemos que buscar en todos lados, sin embargo señalamos que el gobierno es el responsable, son policías de los tres niveles de gobierno los responsables”.
De las declaraciones del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien el ex presidente de la República Felipe Calderón y el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señalaron por no acreditar a los policías estatales teniendo como consecuencia los hechos en Iguala, Melitón Ortega dijo que si Aguirre Rivero tiene información del caso debe presentarla ante las instancias correspondientes, aunque “para nosotros debe estar en la cárcel”.

 

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.

 

Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

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Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Retoma la PGR las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI para el caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en la ruta de las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, después de una reunión de los padres de Ayotzinapa con el procurador Raúl Cervantes, en la que participó la presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Rosales Sierra reclamó que en 2016, lejos de retomar las líneas que ya había propuesto el GIEI desde 2015, “nos la pasamos debatiendo el basurero de Cocula y si seguía el mandato del GIEI; hasta ahora, la PGR está dando la razón al GIEI, que son atinadas las líneas de investigación, y vamos en la línea correcta, aunque fue hace dos años”.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la dependencia retomó las líneas de investigación propuestas por el GIEI, lo que generó un retraso de dos años, denunciaron familiares y organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 desaparecidos, acompañados de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Vidulfo Rosales explicó en conferencia de prensa, después del encuentro, que esperaban escuchar avances concretos; pero no les satisfizo. La PGR reportó que en tres meses han avanzado 30 por ciento; sin embargo, no hay investigaciones concretas sobre las cuatro líneas pendientes para dar con el paradero de los normalistas: un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la responsabilidad del Ejército y detenciones de policías.
Dijo que en el cronograma de la PGR les reportaron un avance, durante las casi dos horas que duró la reunión que inició alrededor de las 4 de la tarde, “el tema del quinto camión, del C4, la telefonía, y básicamente es lo que hoy en día están reportando; los avances sustanciales, las detenciones de los policías federales, de Cocula, de Huitzuco, cómo deslindar responsabilidad mandos del Ejército; esos resultados medulares no los tenemos”.
Hay temas pendientes desde 2015, explicó el defensor, como la detención de policías supuestamente implicados de Huitzuco y Cocula, municipios aledaños a Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 normalistas y los asesinatos de seis personas, tres de ellas estudiantes. En ese caso hay un conflicto competencial, dijo, porque ni un juez federal ni otro del nuevo sistema de justicia, admiten que les corresponde revisar. Están en suspenso las detenciones.
No dieron las autoridades una respuesta concreta, se quejan padres de los 43

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, explicó que a 35 meses de los ataques “no hay mucho relevante. Nos dijeron que se sigue aplicando la tecnología Lidar (empleada para buscar fosas clandestinas), que investigaron que de las 29 cámaras del C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) sólo funcionaron cuatro”.
Por su parte, el también portavoz de los padres de los 43, Melitón Ortega denunció que, “para nosotros los padres de familia no nos dieron una respuesta concreta. Queda en la laguna lo que queremos. Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado, diciendo que hay avances las autoridades, pero para nosotros no significa nada, más dolor, desesperación”.
Rosales adelantó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que se reunió con la PGR antes que con ellos, dará este miércoles a conocer su informe. Rescató que del encuentro “la PGR se encuentra en la ruta de las cuatro líneas propuestas por el GIEI… No vemos una actuación de buena fe, hay un retraso”.
Otro punto importante, especificó el abogado, fue que la dependencia ya admitió que el quinto camión, que señaló el GIEI, siguió por el Periférico Norte de Iguala desde que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca hasta llegar a la parte sur y al Palacio de Justicia, tal y como relataron sobrevivientes.
Para Rosales es grave que a casi tres años, el gobierno de Guerrero admita que de las 25 cámaras disponibles para saber qué ocurrió esa noche, fueran sólo cinco las que servían, de cuatro obtuvieron recientemente videos, pero dijo, no hay nada más.
En octubre tienen programada la próxima reunión con la PGR. El titular se comprometió a que sería un encuentro ya con nuevas detenciones. El movimiento continuará sus acciones de protesta previstas cerca del tercer aniversario en varias ciudades del país y municipios de Guerrero.

Llama la presidenta del mecanismo de seguimiento de la CIDH a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa

La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidenta del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, Esmeralda Arosamena Troitiño llamó a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa, en una emotiva visita a la Normal Rural donde prometió a los padres y estudiantes que hará todos los esfuerzos y diligencias para alcanzar lo que ellos esperan, “y a lo que tienen derecho”.
Luego, en entrevista precisó que los padres esperan, en primer lugar encontrar a los muchachos y justicia por los tres jóvenes asesinados el mismo 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos.
Confió que en el periodo de vigencia del mecanismo, que termina en noviembre, puedan concluir el caso.
También señaló que si no hay avances en la investigación, el mecanismo no tendrá con qué trabajar. Adelantó que, de manera anticipada, la CIDH envió un cuestionario puntual a las autoridades mexicanas para esta reunión.
Por separado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra adelantó que si en esta reunión no hay avances en las cuatro líneas de investigación planteadas por los padres (el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzco, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la telefonía celular), romperán el diálogo con la PGR y van a intensificar sus acciones de protesta.
La comisionada de la CIDH llegó a Tixtla a las 11 de la mañana con el equipo operativo técnico del mecanismo internacional de seguimiento. Los padres de los normalistas desaparecidos y alumnos de la Normal los recibieron en el arco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, donde está la desviación hacia la Normal, con consignas de lucha y collares de flores amarillas, habituales en la zona para las fiestas tradicionales.
Después de abrazos y saludos, marcharon hacia la escuela, aproximadamente un kilómetro, pero la comisionada abordó antes la camioneta de sonido, que conducía un normalista rural.
En un acto público en la explanada de la escuela, Arosamena contó que en ese trayecto un joven de 19 años compartió con ella que “hoy, Ayotzinapa es la conciencia no sólo de los estudiantes, sino de la nación”.
Expresó su reconocimiento a la lucha de los padres y de los estudiantes, y llamó a no claudicar, sino sumar a todos , “a no dejar de levantar esta bandera de la dignidad de un pueblo, la dignidad de una nación. Eso deben entender nuestros gobernantes, que el centro de nuestros países es su gente”.
En el acto, la señora Hilda Hernández, mamá del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dio la bienvenida a los visitantes e insistió en que la CIDH no los deje solos, “queremos una solución, no más mentiras, no más engaños. A tres años es muy difícil esta situación que estamos viviendo, esperemos que con ustedes a nuestro lado, tengamos la verdad”.
Luego de la presentación de una danza azteca a cargo de los alumnos de nuevo ingreso, el secretario general del Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, detalló el perfil de los estudiantes de Ayotzinapa, pobres sin muchas alternativas, que en la escuela puede desarrollar destrezas, artes, cultura, adoptar los principios de solidaridad y colectividad, que para las autoridades representan un peligro.
Dijo que se cuentan 10 estudiantes muertos desde 1988 a manos de funcionarios públicos, por ello, “en Ayotzinapa nos une el dolor, pero también la necesidad de seguir estudiando”.
En su discurso, la comisionada Arosamena, de origen panameño, respondió que, “en el día de hoy, mi sentimiento de solidaridad humana, de compromiso personal pero también institucional. La desaparición de personas es un acto cruel y perverso, afecta no sólo la vida y la integridad física elemental de las víctimas, también de los familiares que cada día, que cada momento sigue viviendo el dolor no sólo de la ausencia, de no saber, de no tener una respuesta, de no poder tener acceso a la verdad”.
Recordó que el objetivo del mecanismo es el seguimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero también tiene un compromiso con la vida. Ahí recordó la charla con el normalista en el breve trayecto final hacia la escuela, de que esta lucha convirtió a la Normal Rural de Ayotzinapa en la consciencia de la nación, a propósito de la frase escrita en la portón: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.
Siguió la reunión privada con los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales en el auditorio, que duró poco más de dos horas.

Dos palabras claves, encontrar y justicia

Antes de ir al comedor del internado, alrededor de las 3 de tarde, Arosamena Troitiño declaró sobre el encentro. Dijo que la demanda de los padres se traduce en dos palabras claves: encontrar y justicia.
“Primero, encontrar a los muchachos, saber dónde están y sabiendo dónde están, los familiares van a recibir por lo menos parte de la repuesta, que quieren o al unísono la justicia, tiene que determinarse las responsabilidades de las personas involucradas”.
Indicó que también hay tres alumnos ejecutados, y sus padres también merecen una respuesta, “si no hay justicia, no habrá consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”.
A pregunta de un periodista, descartó la tesis del basurero Cocula, de que ahí habrían sido asesinados y quemados los 43 desaparecidos. Aclaró que para la CIDH no representa una línea de investigación, pues el GIEI determinó con dictámenes técnicos-científicos que no hay forma de identificar esa posibilidad.
Adelantó que, antes de concluir el mandato del mecanismo, habrá una última sesión pública en el periodo de sesiones de la CIDH en Uruguay.
Confió que en esta reunión, la penúltima programada en México, puedan recoger las posiciones del gobierno mexicano, “nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas específicas y esperamos tener esas respuestas el día de mañana (hoy)”.
Aceptó que casi tres años sin resultados, “es demasiado tiempo para una tragedia de tal magnitud, hace que los familiares estén en desesperanza absoluta, pero tengo la confianza de que antes de finalizar este año, nosotros podamos tener una respuesta más concreta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa”.
De la posibilidad de ampliar el mandato del mecanismo, si no hubiera respuesta hasta noviembre, aclaró que será decisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero aclaró que la Comisión no quiere que haya “una dilación indefinida, eterna”, que los actores necesitan respuestas en concreto, y concluyó, “tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”.

 

Confirman que los integrantes del GIEI fueron espiados cuando investigaban el caso Ayotzinapa

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron blanco de espionaje.
Según información que presenta este lunes el diario estadunidense The New York Times, un análisis independiente fue elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.
Además los miembros del GIEI dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles, ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.
“El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus”, dice el rotativo.
Añade: “No obstante la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto”.
Según las leyes mexicanas la vigilancia sólo puede ser con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó.
El gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto ha negado que esté detrás del espionaje a periodistas y activistas, aunque el programa Pegasus, de acuerdo con la empresa israelí NSO Group, sólo es vendido a gobiernos y con la condición de que sea utilizado únicamente en contra de delincuentes y terroristas. Sin embargo una investigación del The New York Times y analistas forenses determinaron que el software en el que México ha gastado al menos 80 millones de dólares desde 2011, ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.
El 19 de junio ese diario publicó que periodistas y activistas mexicanos como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno: Pegasus.
La PGR inició una investigación sobre el caso y anunció que solicitaría apoyo al FBI y a las Naciones Unidas. Sin embargo según el rotativo, Roberta Jacobson, la embajadora estadunidense en México dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
El 6 de julio, la CIDH informó en su sesión en Lima, Perú sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, que los integrantes del GIEI, durante su estancia en México, fueron espiados con el malware Pegasus.