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Sigue impune el asesinato del periodista Cecilio Pineda a seis años de cometido

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Este jueves se cumplieron seis años del asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto
un periodista conocido en Tierra Caliente por su cobertura en nota roja y que antes de ser ejecutado había difundido el levantamiento armado de ciudadanos de San Miguel Totolapan en contra del grupo de Los Tequileros.
El 2 de marzo de 2017 luego de que en la tarde anunció en un video que revelaría los nexos de la policía de Guerrero con el grupo de Los Tequileros, y señalaba al entonces gobernador Héctor Astudillo de apoyarlos, por la tarde, aproximadamente a las 6:30, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un autolavado de esta ciudad esperando que le entregaron su camioneta que se encontraba en servicio.
Desde esa fecha el gobierno federal inició las investigaciones del homicidio a través de la fiscalía especializada para delitos contra periodistas.
Después se iniciaron una serie de indagatorias, y la fiscalía puso énfasis en encontrar los teléfonos de Cecilio Pineda.
De este caso no se emitió algún resultado en la indagatoria.
Sin embargo, el año pasado volvió a resurgir el nombre de Cecilio Pineda en una lista de periodistas del país que se encontraban bajo espionaje por parte del gobierno federal a través de sus teléfonos y con la aplicación Pegasus.
La aplicación Pegasus es un programa israelí que fue vendido a diversos países y que es utilizada solamente por los gobiernos.
El año pasado también la agencia internacional Frontline de origen europeo comenzó con reporteros de Francia, España y del Reino Unido, una serie de investigaciones acerca del uso de la aplicación Pegasus en contra de periodistas.
En esa lista de investigación apareció el nombre de Cecilio Pineda y de acuerdo con el reportaje que se transmitió a través de la BBC en Londres, existe la hipótesis de qué pudieron haber utilizado la aplicación Pegasus para ubicar a Pineda antes de asesinarlo.
La hipótesis es de algún nexo del gobierno al contar con este programa de espionaje al teléfono del periodista.

 

Confirman que los integrantes del GIEI fueron espiados cuando investigaban el caso Ayotzinapa

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron blanco de espionaje.
Según información que presenta este lunes el diario estadunidense The New York Times, un análisis independiente fue elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.
Además los miembros del GIEI dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles, ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.
“El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus”, dice el rotativo.
Añade: “No obstante la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto”.
Según las leyes mexicanas la vigilancia sólo puede ser con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó.
El gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto ha negado que esté detrás del espionaje a periodistas y activistas, aunque el programa Pegasus, de acuerdo con la empresa israelí NSO Group, sólo es vendido a gobiernos y con la condición de que sea utilizado únicamente en contra de delincuentes y terroristas. Sin embargo una investigación del The New York Times y analistas forenses determinaron que el software en el que México ha gastado al menos 80 millones de dólares desde 2011, ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.
El 19 de junio ese diario publicó que periodistas y activistas mexicanos como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno: Pegasus.
La PGR inició una investigación sobre el caso y anunció que solicitaría apoyo al FBI y a las Naciones Unidas. Sin embargo según el rotativo, Roberta Jacobson, la embajadora estadunidense en México dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación.
John Scott-Railton investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
El 6 de julio, la CIDH informó en su sesión en Lima, Perú sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, que los integrantes del GIEI, durante su estancia en México, fueron espiados con el malware Pegasus.

Advierte Artículo 19 de “graves implicaciones” en derecho internacional ante el espionaje al GIEI

 

La organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19 afirmó que la confirmación de Citizen Lab de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado mediante el spyware Pegasus podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Además el organismo en un comunicado dice que se refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria sobre el espionaje, como lo han señalado los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica” señala Artículo 19 en su comunicado.
El caso del GIEI confirmado por Citizen Lab, abunda, es “especialmente grave” dado que fue el Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la CIDH.
Consideró que el espionaje contra el GIEI podría tener “graves implicaciones” en términos de derecho internacional.
La gravedad de la revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que han lanzado: Primero generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por todas las dependencias que pudieron haber adquirido el spyware de la empresa NSO o similares, vendedoras de servicios de espionaje.
“Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación, sin embargo sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas”, subraya Artículo 19.
Este lunes el diario The New York Times hizo público un informe de Citizen Lab en el que se confirma que el GIEI fue objeto del uso del spyware Pegasus.
El análisis confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía Pegasus.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.