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Rechaza AMLO la petición de los padres de que el GIEI revise los expedientes militares

Madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala preparan el escenario para la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México Foto:?Cuartoscuro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue enredada de “manera deliberada” para no esclarecer el caso y rechazó su petición de que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH regresen a México a revisar los expedientes militares que su gobierno puso a disposición de los familiares de los normalistas.
“Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, estoy pendiente atendiendo el asunto. Estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, aseguró.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre la supuesta liberación de Pablo Vega Cuevas, El Transformer, señalado como líder de Guerreros Unidos en Chicago y presunto participante de la desaparición de los 43.
López Obrador añadió que los casos se deben revisar ya que no le generan “nada, nada, nada de confianza” diversos organismos defensores de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Dijo que los familiares no requieren de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que pueden recurrir a otras instituciones.
Sin señalar a un actor en particular, López Obrador dijo que hay quienes pretenden que no se avance en las indagatorias del caso.
“No tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance”, afirmó.
–¿Quiénes?, se le preguntó.
–Pues los que han manejado esto y a lo mejor también gentes del extranjero.
Agregó: “No tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y tengo pruebas, tan sencillo como decir que quienes participaron y luego fueron liberados supuestamente por ser torturados, terminaron como testigos protegidos diciendo ‘sí participé’”.
Agregó que hubo organismos que cuando dieron esa resolución “se festejó”. De igual forma mencionó que tampoco le tiene confianza al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que le reclamaron cuando se dio la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, presunto autor intelectual de la denominada Verdad Histórica.

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“Ya no les tengo confianza a los del GIEI porque cuando nosotros actuamos, a mí me consta, y di la instrucción de que se fuera al fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el (ex) procurador, que era el responsable y él mismo se asumió a sí de la llamada Verdad Histórica y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, porque además decían que los militares, dos generales en la cárcel, en vez de todo eso, me reclaman”, dijo.
Añadió que una integrante del GIEI le señaló que se tuvo esperar nueve meses para la detención, a lo que dijo: “entonces: ¿qué quieren, qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada, que no se detenga a nadie, qué me tengan a mí como rehén?”.

También critica a padres de los 43

Mencionó que en la última reunión, los padres y sus representantes legales pidieron al enviado gubernamental que el presidente no mencionara la resolución que dejó en libertad a supuestos responsables, a lo que reiteró que no participará en un pacto de silencio.
“Y lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos le pidieron al representante de nosotros, que le dije que les informara de esto, todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres”.
De igual forma declaró que “no tenemos nada que esconder, pero parece que no quiere se avance” y añadió que instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para entregar toda la información solicitada por los padres y sus representantes al Ejército.
“Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregaron toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación. Pero de repente aparece que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios. Le pido al secretario de la Defensa que se entregue todo, pues no están los folios que ellos están pidiendo y les digo ‘no están los folios’”, puntualizó.
Ante la ausencia de la información solicitada, el presidente entabló comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien mandó las grabaciones restantes. López Obrador indicó que las grabaciones en cuestión son numeradas: “imaginemos, uno, dos, pero del dos pasa al cinco y luego seis, siete y pasa al nueve”.
Por la falta de secuencia en la numeración, se hizo la solicitud de las grabaciones restantes, que el presidente indicó que por medio de un escrito le notificaron que ya no había más.
“Lo mismo pasa con los expedientes de la Secretaría de la Defensa, pues ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen ‘no, sí están’, ‘pues no están’, ‘ah, entonces por qué no nos permite ingresar al archivo’. ‘Claro, sí, ingresen al archivo pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar’”, recordó.
Debido a que los padres y sus representantes buscaban que el GIEI acompañara para la revisión de los archivos solicitados, López Obrador planteó que se contraten a expertos en manejo de archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de alguna otra universidad pública del país.
“¿Qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, colegio de México o gentes, ahí con ustedes? Si, o sea ya. Y nosotros ayudamos para que se les pague. No les proponemos, les damos los recursos para que ellos los contraten, a quien quieran”, declaró.

Busca AMLO desviar el caso de los 43 con sus críticas al Prodh, señalan en mitin en la Costera

Normalistas de Ayotzinapa realizaron este lunes un mitin en el Antimonumento de los 43, ubicado en la avenida Costera de Acapulco Foto: Ramón Gracida

Ramón Gracida Gómez

Unos 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron este lunes en el antimonumento de los 43 de Acapulco para demandar el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas hace 9 años y tres meses, y señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dividir a las organizaciones y los padres de familia cuestionando al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
A mediodía de ayer, los estudiantes llegaron en dos autobuses Costa Line, bloquearon el carril de la avenida Costera que conduce a la Base Naval y pusieron una ofrenda floral a un costado del antimonumento de los 43. Los jóvenes normalistas llevaron tres mantas grandes para acompañar la manifestación, una de éstas tenía la leyenda: “La lucha continua, Ayotzinapa vive”.
Con micrófono en mano, un estudiante pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “que nos dé resultados, ya que él en su campaña nos prometió que antes de terminar su sexenio él daría con el paradero de los 43 compañeros”.
Cuestionó: “¿Cómo es posible que sólo estén dando largas?, ¿cómo es posible que el cuartel militar número uno sólo se encargue de esconder archivos, que no nos dé acceso a esos archivos?, ¿cómo es posible que este gobierno siga cubriendo a sus altos mandos?”.
Exigió al mandatario federal que mande encarcelar a todos los que participaron en la desaparición de los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y en la madrugada del 27, “necesitamos a todos en la cárcel, necesitamos que nos dé respuesta, que nos esclarezca todo”.
Señaló que el entonces subsecretario Alejandro Encinas dijo que había documentos del Ejército por entregar, “pero al pasarse con Claudia Sheinbaum, ya no se volvió a tocar este punto”.
Indicó que el primer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) se intentó “sembrar otra segunda verdad histórica tomando capturas de pantalla de unas conversaciones que no fueron esclarecidas al gobierno”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aún estaba vigente y desmintió las pruebas, recordó el orador.
Destacó que el GIEI también desmintió la versión de que los 43 estudiantes fueron quemados después de su desaparición, por lo que “exigimos a Andrés Manuel López Obrador que dé la cara y a Alejandro Encinas que sea criminalizado y metido en la cárcel ya que éste fue un partícipe en ese caso”.
“¿Por qué no comparten el dolor de los padres de familia? ¿Por qué no comparten su desesperación al no poder verlos, al no saber dónde están?”, volvió a cuestionar el joven estudiante ayer en Acapulco.
Recordó que el día de su desaparición, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se dirigían a la marcha del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco, “otro crimen organizado como la desaparición de los 43”.
Otro estudiante tomó el micrófono en el acto conmemorativo, cuestionó que López Obrador pidió que se investigara al Centro Prodh y señaló que esto tiene el objetivo “de desviar el tema y crear una división entre organizaciones y el colectivo de los padres de familia de nuestros 43 camaradas”.
Sin embargo, destacó, los padres de los 43 “han mostrado apoyo total a este CentroPro que desde sus inicios ha apoyado y ha ayudado a los padres de familia, los ha orientado para que asimismo sigan exigiendo justicia y no se queden callados”.
Agregó que el Centro Prodh “ha sido una pieza fundamental principalmente en lo que fue para derribar la llamada verdad histórica que estuvo hecha a base de mentiras, a base de falsedades”.
Cuestionó que el gobierno federal “solamente se preocupa por crear instituciones policiacas y no por construir escuelas para llevar educación a esas comunidades marginadas, a esas partes rurales, donde en verdad se necesita educar”.
Después de los discursos, todos los estudiantes presentes realizaron el conteo del 1 al 43 y exigieron justicia y pusieron una ofrenda floral a un costado del antimonumento de los 43. Antes de la una de la tarde se retiraron, en todo el evento una patrulla municipal y dos policías vigilaron.

GIEI: hubo “colusión” del Ejército con el crimen en Iguala y supo que otras autoridades lo estaban

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 25 de julio, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ofrecieron su último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Foto: Cuartoscuro

En su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.
Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”.
En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de de Iguala”.
Por ejemplo, en el documento GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, de la comandancia de la 35 Zona Militar, se cita una información donde se refieren a “un Teniente B. del Ejército”, además de que “se encontraron con una camioneta del 27 Batallón, a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’”, y la respuesta de un jefe policiaco fue: ‘sí, ya vamos a tirar vergazos. Como va’”.
El Teniente B. aparece también en la declaración del Testigo Protegido D, como alguien que ayudó a la policía de Huitzuco a ocultar su participación en los hechos, y que estaba coludido con el narcotráfico, de acuerdo con el informe.
“Igual aparece el referido en otras declaraciones de miembros de la delincuencia organizada”.
El GIEI sostiene, en su informe, que testimonios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos aportados ante el juez por testigos protegidos, confirmaron estos hechos y señalaron a algunos de los miembros del Ejército “de estar implicados, como los comandantes en esa época de ambos batallones, y al menos un capitán y un teniente identificados, así como otros miembros del Ejército”.
El GIEI obtuvo transcripciones de conversaciones de miembros de Guerreros Unidos con mandos militares, “que permiten ver cuál es el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército, para la época de los hechos”.
Documenta que en diversas declaraciones del Testigo Protegido J se dice que los miembros del 41 Batallón de Infantería, y en particular un comandante, recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones a las que acudían, con jefes de la organización varios de los soldados del 41 Batallón, y según esta declaración, eran pagados por ellos.
También señala que en la declaración del Testigo Identificado J, ante el Juzgado Primero de Tamaulipas, el 24 de marzo de 2023, se “muestra la entrega de dinero a autoridades militares”.
Refiere que “las escuchas” de Chicago, Estados Unidos, señalan pagos y relaciones con varios militares, que las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente, para que dejaran llevar a cabo sus acciones a los Guerreros Unidos.
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación, llevada a cabo por el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques, y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones para su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, refiere el informe.
Sostiene, además, que todas las autoridades de los ámbitos estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada, de autoridades y policías municipales de Iguala, y varias de ciudades cercanas, “tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro, donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría de Justicia Estatal (ahora FGE), Procuraduría General de la República (ahora FGR), Seguridad Pública Estatal y gobierno de Guerrero (gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, vocero y asesor)”.
El informe añade: “Desde meses antes de los hechos, existía conocimiento previo, que se muestra en cuatro tipos de fuentes distintas, tales como actas del Grupo Guerrero Seguro, documentos de Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y que se encuentran en sus archivos, documentos del CISEN y entrevistas con personas clave o responsables institucionales de la época”.
Con respecto al Grupo de Coordinación Guerrero Seguro, los expertos del GIEI aseguran que existen documentos y actas de las reuniones, desde mayo de 2014, donde se hacía referencia a la “cooptación” de policías y autoridades locales por la delincuencia organizada.
Destaca que en el anexo FCA GAOI 4957, del 25 de octubre de 2013, de la 35 Zona Militar, denominado Agenda de riesgos y amenazas, se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas, implicadas en el caso Ayotzinapa.
Refiere que, entre ellos, hay diputados federales y locales, así como presidentes municipales y directores de Seguridad Pública de Teloloapan, Iguala, Cocula y Apaxtla.
También destaca que existía el antecedente del asesinato de Arturo Hernández Cardona, “militante de oposición de Iguala” en 2013, hecho al que ya aparecía ligado entonces el propio presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y por cuya responsabilidad fue sentenciado a 90 años de cárcel, en mayo de 2023”.
“La gravedad de la situación era tan conocida que, desde mayo de 2014, se solicitó desarmar a la policía de Iguala en el Grupo de Coordinación Guerrero Seguro”.
Insiste en que las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico, de diferentes presidentes municipales de la zona, desde hace al menos dos años.
Refiere que, por ejemplo, en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero del 3 de mayo de 2014, el comandante de la 9 Región Militar expuso que “con la detención de X, un mayor retirado, quien operaba una célula delictiva en Iguala, se desarticuló el objetivo de formar una policía única y ahora es indispensable quitar al teniente que está al frente de la Policía Municipal de Apaxtla, ya que forma parte de la estructura que encabezaba el mayor”.
En el informe se hace referencia a múltiples hechos de violencia, que ocurrieron los dos años anteriores a los ataques y a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde se afirma que en caso de haber intervenido, se habrían evitado.
“Existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena, en ese momento, sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que, lejos de ser cuestiones ajenas al propio Ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto, que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
Añade: “Podemos afirmar que la situación del crimen organizado, en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala, era grave y se tenía conocimiento global de su accionar, reflejándose del 16 de enero de 2013 al 22 de septiembre de 2014, en la estadística de delitos del fuero federal”.
Menciona que documentos de Sedena muestran cómo el Ejército tenía monitoreo de la situación e información de vínculos, entre autoridades de distintos niveles en varias localidades de la zona de Iguala y aledañas, donde aparecen incluso nombres de personas con distintos niveles de implicación en los hechos, algunas de ellas detenidas y judicializadas, y otras no”.
“Es decir, se tenía conocimiento previo de la implicación con el crimen organizado de varias de las personas vinculadas a la investigación sobre Ayotzinapa, no sólo el presidente municipal de Iguala”, pero señala que esto se negó en el proceso de investigación posterior.
Menciona que, si bien con posterioridad algunas de estas personas fueron detenidas, hay otras que están pendientes de vincular a proceso.
Asimismo, refiere que encontraron a personal que había sido parte de la Sedena y que estaban prófugos de la justicia penal militar, sin embargo, prestaban sus servicios en las policías de Iguala y Cocula.
Los expertos exponen en el informe que toda esta información, que implicaba a mandos militares con la delincuencia organizada, así como la omisión antes y después del caso Ayotzinapa, y su participación en los hechos, quiso ser despejada en una entrevista y plantearon la solicitud a los mandos.
–El GIEI expresa la necesidad de contar con la intervención de esa institución, para tener la posibilidad de entrevistar de manera directa a los integrantes del 27 Batallón de infantería, ¿aceptaría usted?–preguntaron a un mando de la Sedena.
–No, porque no son (los del GIEI) autoridades mexicanas, y no tienen la facultad para entrevistarnos –fue la respuesta, según se consigna en el informe.

Debe el gobierno dar toda la información sobre Ayotzinapa y seguir la investigación: GIEI

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo ayer, en su último mensaje, que el Estado debe continuar la investigación sobre lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y pidió al gobierno entregar toda la información del caso e incorporarla a la investigación.
Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain, difundieron ayer el mensaje titulado Hoy es todavía, y dijeron que el caso no está cerrado por la salida del GIEI, que es responsabilidad del Estado, hacer justicia y buscar a los 43 estudiantes.
“El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como éste y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”, señaló el GIEI.
Calificaron de relevante que el gobierno federal catalogó el caso Ayotzinapa como un crimen de Estado, y reconocieron el apoyo para contar con los archivos relevantes de distintas dependencias a nivel federal.
“El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones”, precisaron.
De igual forma, señalaron que la documentación entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se encuentra parcial, razón por la que se confirma que existe más información sobre la desaparición.
“La documentación entregada al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. El GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar”, indicaron.
El Grupo aceptó que durante las labores de la investigación existieron problemas y que distintos funcionarios relacionados se vieron presionados para tomar decisiones relevantes del caso.
“La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”, revelaron.
Destacaron que a pesar de los impedimentos que encontraron y de las distintas formas de presión que tuvieron los funcionarios relevantes en el caso así como ellos mismos, se lograron detenciones de personajes clave en lo relacionado con la desaparición.
“A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador general de la República, dos generales y 20 miembros del Ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros”, añadió el Grupo, originalmente –en 2015– integrado por cinco expertos de diversos países y en su última fase compuesto por dos de ellos.
Señalaron que los cargos contra la mayoría de los personajes clave que se encuentran detenidos, son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada de los normalistas.
“Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no sólo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas”, puntualizaron.
El GIEI señaló que el caso Ayotzinapa no solamente es trascendental en la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes normalistas, sino que puede presentar un precedente para generar cambios buscando que no exista impunidad en el país.
“El caso no sólo es relevante para la investigación de lo sucedido o la importancia fundamental de la búsqueda de los estudiantes, muestra también los cambios que son necesarios para que no haya impunidad y se lleven a cabo investigaciones efectivas que México requiere”, manifestaron.
El GIEI aclaró que nunca buscaron realizar valoraciones de carácter político, ni manifestar opiniones ni que se vea condicionada su independencia en las labores de investigación.
“En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia, sino que ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional”, añadió el GIEI, integrado por Carlos Martín Beristain y Angela María Buitrago Ruiz.
El pasado martes 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Este 31 de julio concluyó el mandato del GIEI en las investigaciones.

El informe del GIEI es para obtener justicia no para “joder” a la Sedena, dice Melitón

Redacción

Iguala

El vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega García, afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se realizó con la intención de “joder”al gobierno, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o a la estructura del Estado.
Ortega García aseguró que el objetivo es que las instituciones tengan verdad y justicia, al cumplirse 106 meses del ataque y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Además recordó que los padres de los 43, organizaciones sociales y normalistas dieron su respaldo al informe del GIEI.
“No estamos en contra de la política del presidente de la República, sólo queremos que cumpla con su palabra cuando firmó el decreto presidencial con el que todas las dependencias federales están obligadas a entregar toda la información, incluida la Sedena”, indicó Melitón Ortega.
Este jueves a las 12:30 del mediodía y al cumplirse ocho años y 10 meses del caso Ayotzinapa, padres de familia, junto con estudiantes de la Normal Rural e integrantes del Bloque Democrático, así como representantes de Tlachinollan, colocaron una ofrenda floral en la Estela de Luz, erigida en memoria del normalista desollado del rostro, a quien le sacaron los ojos, Julio César Mondragón Fontes, ubicada en la Ciudad Industrial.
En este lugar, uno de los representantes de Tlachinollan criticó que haya una contradicción y manipulación en la información que dio el Ejército Mexicano sobre la forma en que fue encontrado el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón, debido a que el GIEI establece que fue asesinado en la comunidad de Mexcaltepec, del municipio de Taxco, y que no fueron animales carroñeros los que se comieron su rostro, sino que fue gente “experta” la que le sacó los ojos y le quitó el rostro de la cara.
Es por ello que piden que el gobierno siga la línea de investigación que dejó el grupo de expertos y, de esta forma, se haga una investigación a fondo de lo que sucedió con Mondragón Fontes.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que gracias al informe del grupo de expertos hoy saben que hay un cambio y una alteración de todo el escenario del crimen, ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hoy sabemos que se ha ocultado y se ha reservado la información de cómo sucedieron los hechos en contra de los estudiantes, por el régimen anterior, y que muchos de los que hoy están en la estructura de las dependencias encargada de investigar caso Ayotzinapa, no dejan que se avance desde la Sedena, la Fiscalía General de la República y desde la Comisión Presidencial y de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa”, enfatizó.
Mencionó que en el informe del GIEI se señala que el Ejército tuvo acceso total a todas las acciones, escenarios y movimientos que se realizaron la noche del 26 de septiembre, por todas las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y la participación de la delincuencia organizada, de manera conjunta.
Exigió al Estado mexicano y al gobierno de López Obrador profundizar este caso, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes.
Agregó que en el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, los engañaron al decirles que nunca había participado el Ejército mexicano en coordinar las acciones represivas en contra de la vida de los estudiantes, cuando en el informe de los expertos se exponen todos los movimientos y comunicaciones que los militares hicieron esa noche.
El vocero de los padres también habló de que el representante de la Policía Federal durante la administración de Peña Nieto, Enrique Galindo, mintió al decir que sus elementos nunca intervinieron, incluso, hasta participó en la búsqueda de los normalistas acompañando a los padres.
“Hoy podemos decir que caminamos bajo esa desconfianza de la estructura de gobierno, al querernos confundir, y nos quisieron hacer creer que la verdad histórica era una investigación histórica, porque fue un hecho de complejidad, desde donde participaron los altos niveles de gobierno desde la Presidencia de la República hasta el más bajo para construir esa estrategia y engañar a los padres”, subrayó.
Por ello, pidió a las autoridades actuales castigar y encarcelar a Enrique Peña Nieto por ser el ser el jefe de las fuerzas armadas en su momento.
Al término del mitin, se trasladaron hacia la Estela de Luz ubicada en la esquina de la avenida Juan N Álvarez y Periférico Norte, en memoria de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solis Gallardo, en la que también colocaron una corona de flores.
En este punto, los representantes de Tlachinollan y de la normal rural señalaron que mantendrán su lucha y la exigencia de que el gobierno de Lopez Obrador continúe con la investigación que hizo el grupo de expertos y que de esa manera se castigue a los responsables para que, de esta manera, los padres de los 43 tengan acceso a la justicia.
En tanto, el vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega, reiteró el respaldo total de los padres al sexto informe del GIEI y que el informe no se realizó con la intención de “joder” al gobierno o a la Sedena, sino para tener verdad y justicia sobre el paradero de sus hijos.
Al cumplirse 106 meses del ataque y desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Ortega García dijo que ya no quieren más simulación ni más engaños por parte de los gobiernos, que sólo quieren verdad y justicia para los caídos y desaparecidos.
Reiteró la petición al presidente de la República, para programar una reunión urgente con los padres de familia y definir qué hará con la información que se dio a conocer en el informe, que el gobierno federal haga una investigación amplia, responsable y profunda, con datos que proporcione la Sedena, Marina y Cisen, “porque la investigación del grupo de expertos pone en evidencia la mentira del Ejército y hace falta información, porque la que han proporcionado ya es conocida y es insuficiente”.
Para finalizar, convocó a todas las organizaciones a sumarse y agruparse para ser parte de la inconformidad de los padres, al no tener verdad y justicia en la próxima jornada global para conmemorar los 9 años del ataque y desaparición de los 43.

Son “poco éticos” los señalamientos del GIEI sobre la Ministerial en Iguala: Iñaki Blanco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex procurador de justicia, en funciones durante los ataques y la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, Iñaki Blanco Cabrera, declaró que le parecen “poco éticos” los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su último informe implican la participación de la Policía Ministerial.
Declaró que el documento contiene “imprecisiones y falsedades” y que no entiende por qué el GIEI “oculta, manipula o tergiversa la información”.
El ex funcionario opinó que los señalamientos de los expertos a la Policía Ministerial, parten de “conjeturas o supuestos” y no de evidencias o datos de prueba, que establezcan de manera “fehaciente e indubitable” qué fue lo que ocurrió.
Dijo que contrario a lo que señala el GIEI, fue la Procuraduría del Estado, la actual Fiscalía General del Estado (FGE), la que descubrió y dio a conocer en octubre de 2014 que un grupo de estudiantes fue llevado a la comandancia de la Policía Municipal, de donde los sustrajeron policías municipales y miembros de los Guerreros Unidos, tal como lo declararon varios de los detenidos ante el Ministerio Público estatal.
También dijo que fue la FGE la instancia que consignó a todos los mandos de la Policía Municipal en Iguala, entre ellos el director Felipe Flores Velázquez, y a 29 elementos de la corporación, que actualmente están presos y sujetos a proceso.
Según Iñaki Blanco, cuando el GIEI habla de la intervención de la Policía Ministerial, “no distingue fueros (si son estatales o federales) y que, por lo que hace a los ministeriales del estado, omiten declarar que éstos nunca reportaron lo que estaba sucediendo, ni cuál fue su grado de participación o intervención”.
Explicó que ello indica que su proceder debe ser analizado “a título personal y no institucional”. Declaró que los miembros del GIEI aducen, a casi nueve años de los hechos, que estos elementos hicieron uso de sus armas de fuego, pero preguntó sobre dónde están los elementos balísticos que permitirían llevar a cabo las pruebas periciales correspondientes.
Argumentó que a partir de los trabajos periciales, en cuanto a la recolección de elementos balísticos, en su momento no se logró establecer la participación de otras corporaciones y reiteró que, en su momento, sólo se acreditó la participación en los hechos de los Guerreros Unidos y de las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.
“El GIEI dice que nada se hizo en aquel entonces, pero entonces ¿quién fue la autoridad que identificó, con nombre y apellidos, al grupo conocido como Los Bélicos y que consignó a varios de ellos? Fue la Fiscalía del estado”, aseguró el ex funcionario.
Blanco Cabrera añadió que el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en su reciente informe le atribuyó a la Policía Ministerial una participación importante en los hechos.
Destacó que otro aspecto, que nadie toma en cuenta, es que la FGE inició la búsqueda y resguardo de un grupo de estudiantes la misma noche, para poner a salvo a 68 estudiantes durante las primeras horas del 27 de septiembre.
“También hay que tomar en cuenta que la Fiscalía General del Estado investigó previamente a Guerreros Unidos y compartió información con la PGR, lo que permitió conocer, a grandes rasgos, cuál era la estructura, el modus operandi y la zona de influencia de esta agrupación criminal”.
Según el ex funcionario, fue la misma FGE la que investigó y proporcionó información de las actividades delictivas del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, “existen testimonios, acuses de recibo y toda la indagatoria sobre el caso de Hernández Cardona (dirigente del Unidad Popular de Iguala)”.
Con respecto a los señalamientos de los vínculos de la ministerial con la delincuencia organizada, aseguró que, en su caso, a pesar de que se dieron a conocer un sinnúmero de análisis de telefonía, “no existe uno solo que permita ubicarme en algún lugar, con siquiera un integrante de la delincuencia organizada”.
Añadió: “Si hubo colusión de mi parte, preguntaría por qué investigué previamente a Guerreros Unidos, por qué consigné a 33 personas en relación con los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, que siguen en la cárcel, por qué Abarca (José Luis) ordenó mi ejecución, tal como lo hizo saber el hoy secretario de la Marina (José Rafael Ojeda Duran) en su momento”.
Declaró que hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República nunca hizo mención de la participación de la Policía Ministerial en los ataques de Iguala, que tampoco se menciona en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la anterior administración, “sólo menciona que hubo elementos de la Policía Ministerial que tuvieron conocimiento de los hechos y que no hicieron nada para que estos cesaran, o bien reportaron a la superioridad para recibir instrucciones”.
Declaró que el informe contiene imprecisiones y falsedades, “no entiendo por qué el GIEI oculta, manipula o tergiversa la información”.
El ex procurador cuestionó que si hubo colusión, “qué hace (José Luis) Abarca en la cárcel, qué hacen los mandos de la Policía Municipal en la cárcel, por qué identificamos a todos y a cada uno de Los Bélicos, por qué investigábamos a los Guerreros Unidos, desde mucho tiempo antes. Por qué le entregamos toda esa información al gobierno federal, por qué le pregunté al entonces titular del área de secuestros, el 24 de septiembre, que cuándo iban a detener a José Luis Abarca y él me respondió que estaban por hacerlo”.

GIEI dejará el caso Ayotzinapa ante falta de acuerdos con el gobierno, adelanta Tlachinollan

Jesús Guerrero / Agencia Reforma

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.

Les da confianza AMLO para regresar a la investigación de los 43, dicen integrantes del GIEI

Integrantes de lo que fuera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les da confianza para regresar a la investigación del caso Ayotzinapa.
Reforma publicó ayer que el camino para el regreso de los expertos internacionales está listo, y que ellos están dispuestos a colaborar de nuevo en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Pero hay un nuevo gobierno, ¿les da algún tipo de garantía o esperanza?, se les preguntó a Ángela Buitrago y Carlos Beristain durante su participación en el conversatorio Rastro de los desaparecidos en América Latina.
“Sí, indiscutiblemente la apertura, la posición y la sensibilidad pues muestra una tranquilidad para regresar”, dijo Buitrago, ex fiscal de Colombia.
De los cientos de cuerpos resguardados en cajas de tráileres en Jalisco el doctor español Carlos Beristain advirtió la urgencia de cuidar los procesos de los cadáveres.
“Es una historia que si uno lo ve con perspectiva sabíamos que eso iba a pasar”, expuso.
“Eso hace evidente un problema que lleva 10 años en este país y que visibiliza una historia oculta y hay que cuidar que no pase como el caso Colombiano, que la Fiscalía sacó cuerpos de fosas sin trabajo con los familiares, con lo cual fueron determinados como N.N. y pasaron de tener desaparecidos a tener N.N, es lo que hay que cuidar en México”.
Para Buitrago lo que ocurrió en Jalisco generó una revictimización de los familiares de desaparecidos. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se demostró el trasiego de drogas de Iguala a Chicago y debe investigarse, dicen padres de los 43

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “tenía razón”, hay trasiego de drogas de Iguala a Chicago y esta línea de investigación “debe de ser indagada de manera exhaustiva, lejos de pretender cerrar el caso”, expusieron madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa en el antiguo monumento a los caídos de 1960 en la alameda Granados Maldonado de esta ciudad, el representante de los padres, Melitón Ortega, una comisión de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero llamaron a las organizaciones y a la sociedad a participar en la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.
Melitón Ortega leyó un comunicado en el que los padres de los jóvenes señalan que en los 43 meses de lucha por la presentación con vida de sus hijos, que se cumplen el próximo jueves, “hemos visto de cerca la corrupción, la displicencia, la falta de compromiso de este gobierno para ofrecer justicia a las víctimas pero también nos hemos consolidado como organización de padres, al lado de nuestros otros hijos de Ayotzinapa”.
Señalaron que hay pruebas como peritajes “de alto rigor científico”, informes de organismos internacionales de derechos humanos, los celulares de los normalistas desaparecidos que se mantuvieron activos después de los hechos, sus ropas encontradas en el Palacio de Justicia de Iguala y la ruta de desaparición en Huitzuco que “hacen trizas la hipótesis del basurero de Cocula”.
No obstante con la reciente publicación de las conversaciones telefónicas entre sicarios de Guerreros Unidos de Iguala y Chicago las autoridades pretenden interpretarlas para respaldar “su mentira histórica” y sentar las bases para cerrar el caso.
Añadieron que las llamadas son una prueba de que Guerreros Unidos es un grupo delictivo que opera en el plano internacional, por lo tanto “su red de vínculos y complicidades incluye autoridades estatales y federales”, por lo que se debe de investigar esta línea porque los normalistas no estaban infiltrados por sicarios y éstos los reconocen como estudiantes.
Blanca Luz Nava Vélez, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava expresó que “este 26 de abril se van a cumplir 43 meses de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre que nos está matando a nosotras como madres, 43 meses de burla, como madres seguiremos buscando a nuestros hijos, no vamos a descansar hasta que sepamos la verdad”.
Manifestó que es mentira la teoría del basurero de Cocula y que las autoridades no sólo engañan a los padres de familia “sino a todo el mundo, se los dice una madre desesperada porque ya quiere tener noticias de su hijo, tenemos fe en que los vamos a encontrar pero únanse pueblo por favor, hay que hacer algo, no le podemos dejar este mundo a los niños que están creciendo”, porque advirtió que los ataques como el de Iguala se pueden repetir si quedan impunes.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa dijo que los normalistas “estamos dispuestos a no olvidar, por eso invitamos a que luchen en esta lucha digna, que nos acompañen, el gobierno en vez de ayudarnos nos está poniendo trabas pero no vamos a dejar en el olvido esta injusticia que le ha hecho daño a nuestro estado, a nuestro país y al mundo”.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame manifestó su solidaridad con los padres de familia a nombre de la organización y de la Dirección Colectiva, dijo que los integrantes de las organizaciones sociales participarán en las actividades de la jornada de lucha que fueron avaladas por la Asamblea Nacional Popular.
Informó que éste sábado seguirá el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social, “donde planteamos que la lucha social es independiente de los partidos políticos y que el eje central es que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas”.
Añadió que se trata de un proceso de articulación y el número 43 “es un signo, es algo que va a llevar herrado el Estado en su consciencia para siempre de que quedó evidenciado ante el mundo, de que hubo una infamia, un asesinato impune y que el Estado, ya quedó claro, está coludido con el crimen organizado”.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza y los representantes del secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero y del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, se solidarizaron con los padres y se comprometieron a que estarán en las actividades de la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.

La PGR busca a los 43 con o sin vida: Melitón Ortega

En declaraciones luego de la conferencia de prensa al respecto de la búsqueda que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron el miércoles en el cerro Gordo en Iguala apoyados por policías federales de la Gendarmería, Melitón Ortega dijo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos supieron de la diligencia por los periódicos y que, “al parecer ahí andan nuestros compañeros representantes de derechos humanos” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aseguró que es falso que en la diligencia se hayan encontrado cuatro cuerpos en fosas clandestinas, “es una información sin sustento, mañana o pasado nos estarán informando (sobre la búsqueda)”.
A pregunta expresa de si la búsqueda de los normalistas es en fosas o vivos, Melitón contestó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recomendó hacer la búsqueda mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó una investigación integral, “hoy tenemos que buscar en todos lados, sin embargo señalamos que el gobierno es el responsable, son policías de los tres niveles de gobierno los responsables”.
De las declaraciones del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien el ex presidente de la República Felipe Calderón y el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señalaron por no acreditar a los policías estatales teniendo como consecuencia los hechos en Iguala, Melitón Ortega dijo que si Aguirre Rivero tiene información del caso debe presentarla ante las instancias correspondientes, aunque “para nosotros debe estar en la cárcel”.

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.