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Acuerda Cecop marchar en la capital para exigir justicia por el asesinato de su vocero

 

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se convocó a marchar el 24 de abril en Chilpancingo para exigir justicia a un año del asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, criticó a las autoridades por no detener al responsable del crimen contra el líder comunitario, quien fue atacado a balazos en la playa Icacos, donde trabajaba, el 18 de abril de 2025 y murió en el hospital siete días después.
Ayer estaba previsto el encuentro en el embarcadero El Fraile del Cecop con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), pero las autoridades no llegaron a la cita.
El objetivo es que las dependencias municipal y federal gestora del agua, informaran de los proyectos en diversas comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para abastecer de agua a sus vecinos.
La construcción de pozos de agua en las localidades de Cacahuatepec, San Pedro Cacahuatepec y El Carrizo es producto del acuerdo entre el Cecop y los gobiernos municipal y federal para permitir el avance de la obra de los tres pozos radiales en la ribera del río Papagayo, frente a la comunidad de Aguacaliente.
Los pozos radiales son una obra millonaria que forma parte de la reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ayer también se iba a informar del proyecto de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) en Salsipuedes, obra acordada desde diciembre de 2024 tras la toma de las instalaciones del sistema Papagayo II ubicadas en Salsipuedes por parte de sus vecinos para exigir, entre otras demandas, el acceso al agua, y que hasta el mes pasado se les informó por primera vez del avance de las obras.
Este domingo, vecinos de Parotillas, donde la bomba de agua se quemó, Los Ilamos y Rancho las Marías, informaron a sus compañeros las visitas de la CAPAMA para avanzar en los proyectos que dieron a conocer los funcionarios municipales el 22 de febrero pasado. La CAPAMA también visitó hace unos días las comunidades El Carrizo y Garrapatas, puntualizaron los habitantes.
Pese a los avances, no obstante, vecinos de El Cantón denunciaron que no sirve una de las dos bombas de agua ubicadas en Cacahuatepec y que surten a ambas localidades y también a Huamuchitos, entonces el abastecimiento de agua sigue siendo intermitente.
En la asamblea que se llevó a cabo a las 12 de la tarde y a la que acudieron unos 40 campesinos, también se habló de la necesidad que otras comunidades con problemas de abastecimiento de agua sean incluidas en los proyectos que ejecuta la CAPAMA, como son Amatillo, El Bejuco, Las Chanecas y Tasajeras.
Por primera vez, un grupo de campesinos de Pochotlaxco acudió a la asamblea del Cecop para unirse a la lucha por la defensa del territorio y el acceso al agua del río Papagayo que siguen abanderando los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

 

Señala experto falta de especificaciones en el proyecto de CAPAMA de pozos comunitarios

El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, explica en la asamblea del Cecop en la comunidad Cacahuatepec la necesidad de la potabilización del agua Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, cuestionó la propuesta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de los tres pozos de agua para las comunidades porque no atiende la necesidad de la potabilización, “la calidad de agua”.
Como se informó anteriormente, el Cecop y la CAPAMA llegaron a un acuerdo el 26 de octubre pasado en el que los campesinos de distintas localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aceptaron la obra de los tres pozos radiales en Aguacaliente a cambio de que construyeran tres pozos de agua para ellos.
Son cinco pozos en total, tres en este año, uno de ellos para abastecer las comunidades de Cruces de Cacahuatepec, Apalani y Campanario; otro para la localidad de El Carrizo y uno más para las comunidades de Cacahuatepec, Espinalillo, El Cantón, Apanhuac y Huamuchitos; en 2026 comenzaría la construcción de un pozo en Las Parotas y otro Rancho las Marías, que beneficiarían también a las comunidades vecinas de Los Ilamos, Garrapatas y San José.
Se suponía que el director de la CAPAMA, Antonio Rojas Marcial, acudiría a la asamblea de este domingo para presentar el proyecto, pero no llegó y el organismo público se limitó a mandar un documento vía Whatsapp.
Invitado por la organización Cooperación Comunitaria que asiste a los campesinos en diversos proyectos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John, Sánchez dijo en Cacahuatepec que el documento de la CAPAMA es sólo “un planteamiento, planeación conceptual de cómo van a abastecer a todas las comunidades, situación que me deja en duda muchas cosas, sobre todo, porque no hay especificaciones”.
Indicó que falta saber la capacidad de los equipos de bombeo, la profundidad de su instalación, “están parchando la tubería existente, tubería que tiene una antigüedad de 40 años por la información que me proporcionaron y esta situación no puede ser, que se use la misma tubería que ya pasó su vida útil porque ya está oxidada, picada, carcomida”.
El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico planteó que la nueva tubería debe tener el grosor suficiente para resistir la presión del bombeo de agua y especificó que el equipo de bombeo debe tener la capacidad para hacer llegar el agua a la parte más alta, que es Huamuchitos, e instalar un tanque maestro de distribución para las comunidades cercanas.
Subrayó la necesidad de atender la calidad del agua, empezando por la obra de toma de agua del río Papagayo y su aforo, “la medición del agua que puede proporcionar ese pozo”, después se tiene que seleccionar el equipo de bombeo.
“Cuando el río crece el agua se enturbia, se enloda y así se las bombean, eso no es potable, tiene que ser un agua clarificada la que les llegue a cada uno de sus domicilios”.
Sánchez ahondó sobre el problema bacteriológico, “las heces fecales, seguramente hay infiltración de alguna contaminación de heces fecales en el agua del río Papagayo, eso se mata por cloro”.
“El dar clarificación y el dar cloración al agua en la fuente de abastecimiento, es decir, donde está la torre para tomar el agua, eso se llama potabilización; no hay un sistema de potabilización en el planteamiento conceptual que enviaron hace un momento”.
El experto dijo que la potabilización “es uno de los temas importantes y muy graves porque atenta contra la salud de cada uno de sus pobladores, es muy importante pedir eso”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que si la CAPAMA no cumple con los pozos para las comunidades, nuevamente los pobladores detendrán la obra en Aguacaliente, la cual sigue en la fase de estudios.

Informan de los procesos judiciales de los presos del Cecop

El abogado de Tlachinollan expuso de los procesos de los presos del Cecop en el penal de Las Cruces, Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, de Maximino, detenido en 2018 tras el asesinato múltiple en La Concepción, dijo que ya terminó la etapa de ofrecer pruebas, sólo sigue pendiente una audiencia, que será celebrada en enero.
“Es una audiencia final, es un resumen de todas las pruebas ofrecidas durante el juicio y en esa audiencia nosotros vamos a presentar un documento donde les decimos al juez que Maximino tiene que salir en brevedad, que él no es culpable del delito que lo acusan, de homicidio”.
Planteó la necesidad de que el Cecop se manifieste afuera del reclusorio para hacer “presión”, otra acción será enviar cartas al juez por parte de distintas organizaciones sociales y agencias internacionales.
De Rodrigo y de Modesto, detenidos en 2022 por una orden de aprehensión de 2013 acusándolos de intento de homicidio y lesiones, el 12 de diciembre Tlachinollan presentará la última prueba de defensa, “de ahí le pedimos al juez que revise el expediente y tenga por cerrado ese caso”; en enero o en febrero será la última audiencia.

“No hay avances” en el caso de Marco

Del asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Téliz García criticó que “todavía no hay avances, todavía la Fiscalía (General del Estado) no detiene a esta persona, el que mató a Marco Antonio, que ya está identificado, ya sabemos quién es”.
Los funcionarios de la FGE “dicen que necesitan más información de la familia, la familia de Marco ya aportó”, sostuvo el abogado y los acusó de “negligentes” porque no revisaron las cámaras de seguridad donde fue atacado, en la calle Fragata de Yucatán el 25 de abril pasado, sino fueron meses después, “lógicamente ya no encontraron nada”.

Exigen justicia para Marco Suástegui en el XV aniversario del STOOAEG

Karina Contreras

En el 15 aniversario del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), sindicato independiente en CAPAMA, agremiados de éste exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrido en abril de este año.
Uno de los oradores señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene ni un avance en las investigaciones de los hechos por lo que “exigimos el esclarecimiento del crimen y exigimos justicia”. En la asamblea que se llevó a cabo en el hotel del Magisterio, en la calle Hornitos de la avenida Costera, el STOOAEG, que dirige José Martín Martínez, entregó post mortem la presea Juan R. Escudero al dirigente del Cecop, por su solidaridad con los movimientos sociales y a nombre de éste y su familia los recibió su prima Maricela Navidad Dorantes.
En las participaciones de los asistentes recordaron a Suástegui como un luchador que apoyó las causas sociales y si hoy “viviera con nosotros estuviera”. Dijeron que entendía claro que las luchas aisladas no conducían a nada y que se debía tener una vinculación; que siempre estuvo en los momentos más duros de los movimientos y “siempre dispuesto a rifársela con nosotros y jamás nos pidió nada por el apoyo”.
Uno de ellos indicó que fueron aliados y que Marco Suástegui fue un aliado sincero hasta el último momento y “ese era un rasgo de su personalidad”.
La ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que la lucha social no ha sido fácil porque ha costado muchas vidas durante décadas en el país. Gente que ha luchado por años y siguen esperando que llegue la justicia.
Recordó que en su gobierno hubo mucha resistencia de su propia gente, sin embargo se apoyó con todo al STOOAEG porque conoce a José Martín Martínez desde hace muchos años y siempre lo ha admirado como compañeros de lucha. Román Ocampo dijo que cuando se aprobó el antimonumento a los 43 normalisas en el Cabildo, algunos integrantes de Morena se opusieron y estaban en contra porque “cómo en la Costera iba a ponerse el antimonumento que afectaba al turismo y pusieron una serie de argumentos tan absurdos”.
Recordó que les respondió: “Es precisamente lo que queremos, que se vea, que quede en la memoria colectiva la desaparición de los jóvenes”. Incluso morenistas dijeron que lo llevaran a alguna colonia, pero no en la Costera porque eso dañaba la imagen de Acapulco y señaló: “Si venimos de un movimiento de lucha, democrático, progresista, revolucionario y a la hora de gobernar tenemos esa mentalidad, imagínense pobre pueblo, pobre sociedad”.
Dijo que reconocía la lucha de los movimientos y que no tienen que ser aislados y Marco Antonio Suástegui tenía muy claro que se tenía que ir hermanados porque era la única manera de que los movimientos sociales progresaran y, por eso, los llamó a seguir unidos.
El dirigente José Martín Martínez dijo que las organizaciones y los movimientos necesitan vincularse.
Destacó que se está pensando en un encuentro de organizaciones con la finalidad de empezar a trabajar en una organización en la defensa colectiva de los derechos de cada una, pero con respeto a la autonomía de cada una. Indicó que es necesario y es algo que se estaba construyendo con Marco Antonio Suástegui, pero “no nos alcanzó el tiempo, pero estábamos en esa ruta de que las luchas aisladas traen muy pocos dividendos y urge en Guerrero retomar la lucha bien organizada, estructurada, que lleve a cada una de las organizaciones a resolver sus principales demandas”.
También los asistentes guardaron un minuto de silencio y otro de aplausos por Marco Antonio Suástegui, así como por el dirigente de la Unidad Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona; el miembro fundador del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán y por todos los luchadores sociales que ya no están debido a la “herencia y legado que nos han dejado”.

Conmemora el Cecop su 22 aniversario exigiendo justicia para su vocero

El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.

 

Señala el abogado de Tlachinollan la falta de avances de la FGE en el caso del vocero del Cecop

Ramón Gracida Gómez

Desde hace un mes testigos del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aportaron datos a la Fiscalía General del Estado (FGE), hay “varias” líneas de investigación, pero no se tienen avances, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Consultado ayer después de su participación en el aniversario del Cecop en la que hizo mención de este problema, el abogado de Tlachinollan señaló que “primero la Fiscalía decía que no tenía pues como la entrevista por parte de la esposa y demás testigos, ya se hicieron las entrevistas, ya se aportó esa información a la Fiscalía”.
No obstante, “a pesar de haber aportado todos esos datos, no tenemos todavía avances, no sabemos de los responsables, no sabemos quiénes son, cómo fueron, cuál fue el móvil, no se tiene”.
En el embarcadero de El Fraile, Tlachinollan pidió que la FGE haga su trabajo, “ya tiene la información, ya tiene lo que necesitaba por parte de la familia, ahora le corresponde a la Fiscalía poder agotar los medios de investigación establecidos”.
Téliz informó que hace aproximadamente un mes se llevó a cabo la entrevista de la familia y precisó que en la carpeta de investigación “no existen cámaras o videos sobre el móvil del asesinato, cómo fue realmente la escena del crimen, lógicamente ya se aportó la información de cómo sucedió, pero esos datos son los que hacen falta”.
De la falta de investigaciones de la FGE se intuye que “no quieren accionar sobre las personas responsables, no sabemos ahí cómo sea esta situación, sabemos que es un tema delicado, pero nosotros como Centro de Derechos Humanos, la familia, exigimos que se haga la investigación”.
Se le mencionó el comunicado de Tlachinollan y más de 100 organizaciones emitido un día después del atentado el 18 de abril en el que se afirma que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió”.
El abogado señaló que las investigaciones no sólo deben tomar en cuenta “esa línea de investigación, sino también su actuar como defensor de derechos humanos, hay varias líneas de investigación, lógicamente la familia ha aportado en todas estas líneas información y ya será la propia Fiscalía quien nos dé la información correspondiente”.
A dos meses del crimen en junio pasado, Tlachinollan, familiares de Suástegui Muñoz y el Cecop pidieron que la investigación del asesinato fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero”.

Señala el director de Tlachinollan lentitud en la investigación del asesinato de Suástegui

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A un mes de la muerte del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, las investigaciones transcurren lentas y la Fiscalía General del Estado (FGE) está más a la expectativa de lo que la familia pueda aportar, que en ahondar en las líneas de investigación, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Vemos que todavía no logra (la FGE) allegarse de mayores pruebas para impulsar las líneas de investigación que se tienen como hipótesis”, indicó el director del organismo que da acompañamiento a la familia del dirigente social asesinado.
El 25 de mayo se cumplió un mes de la muerte de Suástegui Muñoz derivado del ataque a balazos que sufrió el 18 de mayo en la playa Icacos donde resultó herido.
Consultado por teléfono, Barrera Hernández informó que la agresión que sufrió el activista fue básicamente por su trabajo como defensor de la tierra y del río Papagayo y habló de las líneas que deben seguirse.
Recordó que el ahora finado tenía una clara postura en favor de la protección de los terrenos comunales de Cacahuatepec, donde se confrontó con empresarios gravilleros del río Papagayo que se han instalado de manera ilegal y contra quienes peleó todo el tiempo Suástegui Muñoz para que se respetaran los bienes comunales.
Dijo que, sin embargo, “pesan más los intereses económicos pues los gravilleros siguen encorralando los terrenos para seguir dragando el río y explotando los recursos pétreos”.
Propuso que ésta sea una línea de investigación por la confrontación que tuvo con los empresarios gravilleros y los grupos políticos locales con los que estaban coludidos.
Añadió que también se debe revisar la colusión que hay de estos grupos (de gravilleros y políticos) con el crimen organizado, “es decir, no hablamos solamente de un actor sino de un conjunto de actores que tienen intereses económicos, delincuenciales y políticos que se han mezclado en esta región del río Papagayo y de Acapulco”.
Otra de las líneas, agregó, es su lucha que dio por el reordenamiento de las playas para que quedaran en manos de los trabajadores y prestadores de servicios que son gente de las colonias y que han trabajado por muchos años en las playas.
En este caso dijo que también afectó intereses “de otra índole en términos económicos porque de lo que se busca es afianzar un proyecto que reordene el paisaje de las playas pero también que asegure el trabajo de los prestadores de servicios con permisos como los tenía Marco Antonio.
Abel agregó que esta línea también tiene que investigarse porque hubo varias ocasiones que llegaron a amenazarlo o a quitarlo del lugar donde estaba y en una ocasión lo siguieron en una motocicleta y él mismo vio que eran personas que iban a agredirlo.
Otro asunto que también debe ser línea de investigación, agregó el activista de derechos humanos, fueron las denuncias, protestas y señalamientos que hizo por la desaparición de su hermano Vicente.
“Yo creo que todos estos elementos relacionados con el trabajo de Marco como defensor comunitario, deben de tomarse en cuenta en la investigación”, y pidió que la FGE analice todas estas líneas que el defensor dejó en la entrevista que le hicieron en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para evaluar las medidas cautelaras que solicitó en febrero pasado.
Barrera Hernández declaró que por las actividades que llevó a cabo el dirigente del Cecop hubo varios incidentes y amenazas en su contra “y podemos decir que todos fueron porque estaba defendiendo las playas para los trabajadores y las tierras para los campesinos y comuneros”.
Añadió que espera que la FGE haya abundado en las indagatorias relacionados con cuando menos estas tres líneas, “porque si no hay nada sería muy lamentable que a 30 días del asesinato de Marco la Fiscalía esté todavía con nulos avances y hablaría de la ineficacia del sistema de administración de justicia, de la lentitud y el burocratismo con lo que se mueve, así como del desinterés que hay por esclarecer los crímenes, sobre todo cuando hablamos de defensores comunitarios”.
El director de Tlachinollan denunció que al parecer el avance de las investigaciones es lento y no se ve que sea expedita o inmediata como para que la familia de Marco Antonio sienta que hay protección y compromiso.
Añadió que si sigue esa inercia será lamentable porque las investigaciones para que tengan resultados necesitan acciones inmediatas para allegarse de pruebas de lo que más se pueda tener del lugar donde sucedieron los hechos, “porque si no, en la medida de que transcurre el tiempo se diluyen las pruebas y los testimonios porque se pierden muchos datos que son definitivos para ubicar al o a los responsables”.

Se suman organizaciones al reclamo de justicia y castigo por el atentado contra Suástegui

Una patrulla de policías estatales resguarda la entrada al hospital privado Aqua, en donde desde el viernes se encuentra hospitalizado Marco Antonio Suástegui, luego de ser herido a balazos Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Por quinto día consecutivo, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, sigue en terapia intensiva tras el atentado que sufrió el viernes pasado, su estado de salud se mantiene igual, grave, pero estable.
Ayer, el hospital privado Aqua estaba resguardado por policías estatales, una patrulla de la corporación estaba estacionada en el nosocomio del lado de la avenida Costera.
Más organizaciones sociales se pronunciaron en diversos comunicados por el hecho violento pidiendo justicia y detención a los responsables del ataque a balazos contra el líder comunitario al salir de su trabajo en la playa Icacos.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) escribió el lunes en su perfil de Facebook su exigencia a los tres órdenes de gobierno para abrir una carpeta de investigación “para detener a quien resulte responsable a los autores intelectuales y materiales de este vil hecho”.
“Existe una larga lista en la lucha social de Guerrero de asesinatos de hombres y mujeres valientes que han entregado su vida, por equidad, libertad y justicia en defensa de los más necesitados”.
La organización dirigida por Nicolás Chávez afirma que “los encargados de sembrar, el terror en Guerrero y el país siguen provocando, dolor y muerte. Los políticos siguen disputándose el poder político y económico; engañando a nuestro pueblo sin cumplir sus demandas más vitales”.
En un comunicado emitido el mismo día, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso “se une a la exigencia de justicia, castigo a los culpables materiales e intelectuales” por el atentado a Suástegui Muñoz.
Destaca que el vocero del Cecop es defensor del territorio, del suelo y del agua, también es representante de la Asociación de Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) y es hermano de Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
El grupo de familiares de desaparecidos pide a los gobiernos estatal y federal ofrecer la mejor atención médica al herido, “así como el alto a las agresiones en contra de los defensores, del territorio, suelo y agua, de los derechos laborales, los hermanos buscadores de familiares desaparecidos, defensores de derechos humanos y en general a toda persona que busca un México más justo para todos”.
En un comunicado emitido el domingo pasado, Cooperación Comunitaria, HIC-AL Coalición Internacional del Hábitat y más organizaciones repudian el atentado contra Suástegui Muñoz perpetrado cuando salía de su trabajo en playa Icacos.
Reconocen la defensa Suástegui Muñoz de los territorios campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota y, más recientemente, en la defensa de la playa de Acapulco del proyecto de privatización y de los delitos ambientales”.
Expresan en el documento publicado en sus redes sociales su “más profunda indignación ante el ambiente de inseguridad que impera en Acapulco y el estado de indefensión que enfrentan los defensores del territorio”.
Exigen a las autoridades proteger la vida del vocero del Cecop e investigar y castigar a los culpables de su ataque a balazos, también expresan su solidaridad con los familiares y compañeros de lucha.
Suscriben el documento el Bloque de delegaciones democráticas sección 11 SNTE, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras numerosas organizaciones sociales y activistas.
El sábado pasado, casi 100 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron en un comunicado que las autoridades “fueron omisas” para aplicar medidas de protección a favor del vocero del Cecop.
El mismo día, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos emitió su posicionamiento exigiendo que se investigue y se castigue a los responsables del ataque contra Suástegui Muñoz.

No se han cumplido las demandas de quienes tomaron los sistemas de captación: Cecop

Aurora Harrison

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, reprochó que los tres órdenes de gobierno no han dado cumplimiento a las demandas de los vecinos de 10 comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que tomaron en diciembre pasado los sistemas de captación Papagayo I y II durante siete días y dan “ultimátum para que den solución”.
La tarde noche de ayer en una llamada a la Redacción de El Sur, el vocero dijo que por la mañana hubo una reunión de los pobladores de las comunidades en Cacahuatapec, de quienes dijo que “están molestos, porque les vieron la cara de tontos, y los engañaron”; mencionó que las autoridades han incumplido con los acuerdos firmados en la minuta.
Recordó que los acuerdos están firmados por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda; el delegado federal, Iván Hernández y la presidenta Abelina López Rodríguez, y se trata de rehabilitar los sistemas de agua en los pozos de varias comunidades, el segundo que la Secretaría de Agricultura del estado iba a llevar proyectos a las comunidades, se iba a apoyar a las viviendas afectadas por el huracán John con láminas, cemento y revisar el caso de los damnificados que tenían cintillo y que no recibieron su apoyo.
“Es un ultimátum que están lanzando porque están muy enojados, si esa vez se pudo evitar que hubiera una acción fuerte por parte de los habitantes de los Bienes, ahora podría estar respaldada por 30 comunidades más, se puede agravar y eso por la inoperancia de los gobiernos que prefieran andar en campaña, y decir a la presidenta (Claudia Sheinbaum) que todo está bien, cuando todo está mal”, dijo.
El vocero explicó que las autoridades no han cumplido con resolver las demandas, pasó el 15 de diciembre y no se resolvió, esperaron hasta los primeros días de enero y “y ya vamos a estar a 20 y hay un enojo, molestia, porque fueron el delegado, la presidenta y la gobernadora que firmaron la minuta para atender esos cuatro puntos y es la fecha que nos vieron la cara de tontos, que los engañaron”.
Recordó que ese conflicto pudo terminar mal y él como vocero del Cecop intervino a petición de las autoridades y de las comunidades “confiando en que iban a cumplir con la demanda, se firmó el documento, porque acudimos a las 10 comunidades y corroboramos los daños que se vienen arrastrando y se acentuaron con el huracán”.
Las comunidades son Garrapatas, Las Parotas, Rancho las Marías, Salsipuedes, Tasajeras, El Cantón, El Carrizo, Aguacaliente, “es increíble que los hallan engañado y que tomen a juego, nosotros como movimiento vamos a apoyar a los compañeros y hacemos un llamado a la gobernadora para que atienda, porque ella encabezó la reunión”.

 

Avanza la negociación pero sigue la toma de los sistemas de captación de CAPAMA

Argenis Salmerón

Por sexto día consecutivo, vecinos de poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec mantienen tomados los dos sistema de captación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), sin embargo “hay avances” en la negociación y la liberación dependerá de las autoridades conforme vayan cumpliendo las demandas, afirmó el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En declaraciones por teléfono, Suástegui Muñoz dijo que ya comenzaron los censos de la Secretaría del Bienestar en los poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que es una de las demandas de los manifestantes.
Añadió que también ayer el gobierno mandó pipas con agua a las comunidades donde hay tanques, depósitos y purificadoras.
“No se firman todas las minutas de acuerdos, pero hay avances de parte del gobierno, ahora hay que ver las respuesta de los compañeros”, puntualizó.
Aseguró que detrás del movimiento de los manifestantes que tienen tomados los pozos no está el Cecop, “yo solamente soy el enlace con las autoridades, porque hay una guerra falsa en las redes sociales y los medios de comunicación”.
Dijo que solamente está ayudando a que se destrabe el problema y se liberen los dos sistemas de captación, “estamos en contra del bloqueo de calles, bloqueos de edificios y estamos en contra de que las autoridades no hagan su trabajo”.
Sostuvo que a los vecinos les asiste la razón en sus demandas y que también sea así en las autoridades, “fueron los comuneros y el gobierno del estado que llamaron para destrabar este conflicto”.
Suástegui Muñoz mencionó que ayer hubo una reunión en la Ciudad de México donde están las autoridades del estado y municipio para conocer el presupuesto para agua, viviendas y cultivos dañados por los huracanes Otis y John.
Señaló que no hay interés del delegado federal de los programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, “es un déspota, no tiene sentimientos, no ve la gravedad del asunto, no se qué esperan para correrlo”.
Señaló que el funcionario federal en la reunión del martes, “nos dijo que no había censo ya, pero las casas están destruidas totalmente, pero los cuervos de la nación solamente censaron a los amigos y familiares, no se vale, es un delito que podrían terminar en la cárcel”.
Reiteró que las demandas son censo para viviendas y parcelas, pago de los cintillos (comprobante de censo), dotación de agua potable y apoyo para recuperar los cultivos.
Indicó que hoy nuevamente los manifeestantes tendrán una reunión con funcionarios de los tres órdenes de gobierno en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado, al mediodía.
El martes los comuneros fueron atendidos por el delegado federal, Iván Hernández Díaz; el subsecretario de Desarrollo Político Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros; el director la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastélum, y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano, y se esperaba que liberaran ayer mismo las instalaciones de los pozos tras acuerdos con los funcionarios.
El subsecretario Rodríguez Cisneros dijo ayer por teléfono que ya hay acuerdos, que hay un levantamiento de censo, que el gobierno del estado ofreció obras de rehabilitación de sistemas de agua que quedaron afectados por el huracán y llamó a los manifestantes a liberar los sistemas de captación de agua.

Piden comida y agua para pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Ramón Gracida Gómez

Después de una semana de estar incomunicados por el paso del huracán John, vecinos de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec piden comida y agua porque se les están acabando y los caminos siguen severamente afectados.
Por segundo año consecutivo, los campesinos perdieron sus siembras, el río Papagayo arrasó con ellas y su fuerte caudal es un riesgo para las personas que lo cruzan actualmente para llegar a sus localidades.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, reclamó que a esta parte de Acapulco siempre la dejan al final de la atención después de un desastre natural, e hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que manden maquinaria que rehabilite los caminos y puedan llegar los víveres.
El Sur acompañó este domingo un recorrido auspiciado por la organización Cooperación Comunitaria y su coordinadora Isadora Hastings, en algunas comunidades donde ha trabajado desde hace casi un año tras el huracán Otis promoviendo la construcción de viviendas con material artesanal, la agroecología y el saneamiento del agua, y actualmente busca soluciones para los daños del huracán John, con el acompañamiento del Cecop.
El destino era llegar a Cacahuatepec y el camino elegido es el que comienza en El Cortés, comunidad de San Marcos, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, después están Tecomate Nanchal, El Tamarindo, Barrio Nuevo de los Muertos, Huamuchitos, Espinalillo y El Cantón.
Fueron tres cortes de carretera que aún eran reparados por vecinos de distintas localidades, quienes se organizaron para habilitar el paso e ir por víveres a San Marcos o Acapulco, rellenando con hojas, ramas y tierra las grandes zanjas que se formaron en algunos tramos, como la que se encuentra después de Huamuchitos.
Pese a este enorme esfuerzo que empezó el sábado en varios puntos, la travesía en una camioneta fue compleja, por momentos el lodo vencía la tracción de las llantas o los pequeños cortes hacían rebotar a los seis pasajeros.
Después de dos horas, se llegó a Cacahuatepec, la vista desde un cerro permitió ver la magnitud de la inundación que llegó hasta el techo de la cancha, comentaron vecinos que lo vivieron.
Si de por sí la comunidad tiene problemas de saneamiento porque en algunos puntos fluyen aguas residuales, la gran cantidad de lodo y el olor fétido que se percibe empeoran el panorama de salud.
No hay lugar donde no haya lodo, el vocero del Cecop se hundió ligeramente en el que está acumulado afuera de la casa de su tío Juan, donde normalmente hace las asambleas de la organización, y dijo: “los gobiernos siempre nos han dejado al final, ya se atendió la Costera Miguel Alemán, ya se atendió la zona hotelera, la zona Diamante, las colonias, pero como siempre, a los Bienes Comunales de Cacahuatepec nos desprecian y nos dejan hasta el final”.
Pidió que se mande maquinaria para rehabilitar el camino que va de San Isidro Gallinero, La Concepción hasta Las Parotas; el que va de El Cortés a Cacahuatepec y el de San Juan Grande a la misma comunidad.
“Si no hay caminos, no se puede sacar a los enfermos, hay gente, por ejemplo, aquí mi tío tiene 95 años de edad, está enfermo; hay gente que necesita ayuda inmediata, está saliendo la gente caminando rumbo a San Marcos”.
Dijo que se necesitan víveres, artículos de limpieza y maíz porque las cosechas fueron devastadas por el huracán. Gran parte de la ayuda que llegó tras Otis fue precisamente maíz, gestionada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Culpó a la apertura de las compuertas de la presa La Venta de la inundación en las comunidades de Poxotlasco, Las Parotas, Rancho Las Marías, Los Hilamos, Cacahuatepec, El Fraile, El Carrizo, Parotillas, La Concepción, El Rincón, Aguacaliente, Salsipuedes, parte de Tasajeras, Oaxaquillas y hasta Amatillo”.
También resultaron afectadas por los fuertes vientos y los deslizamientos de tierra las localidades de Huamuchitos, El Cantón, Espinalillo, Apanhuac, Barrio Nuevo de los Muertos, Cruces de Cacahuatepec, Cabeza de Tigre, El Campanario, El Rincón; no hay luz porque los cables están tirados prácticamente en el río.
Hizo un llamado a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que atiendan a los Bienes Comunales de Cacahuatepec y “traigan lo más pronto posible lo necesario para que se pueda mitigar un poquito de los daños y poco a poco se irá viendo cuáles fueron los daños causados en vivienda, en las cosechas, en las infraestructuras”.

“Me dice mi esposo, ahorita no hay que comer mucho”

Juana Cipriano Hernández quiso llorar cuando comenzó su relato de la inundación en Cacahuatepec porque tuvo miedo, el agua empezó a subir “en unos segundos” y abandonó su casa y dejó que sus pertenencias se mojaran.
Rescató a su vecino tío Juan porque no quería salirse de su casa debido a que iba a perder sus pertenencias, también ayudó José, que vive atrás y resaltó que tiene que velar también por su mamá adulta mayor y su hermana enferma de diabetes.
Ambos coincidieron que la comida y el agua se les está acabando, Juana confesó: “me dice mi esposo, ahorita no hay que comer mucho, pero le digo que sí da más hambre cuando llueve”.
José dijo que está comiendo con “lo poquito que tiene uno”, perdió su milpa de maíz y limón que se encontraba a la orilla del río y consideró que sólo tendría agua y comida para una semana más.
A Cacahuatepec llegaron caminando ayer mujeres campesinas de Barrio Nuevo, algunas de ellas adultas mayores, porque vieron pasar a Suástegui Muñoz en la camioneta y pensaron que iba a haber una asamblea, su trayecto duró dos horas.
Su testimonio retrata la marginación y su empeoramiento tras John, casi no tienen comida, ya olvidaron el desayuno y comen tortilla con chile, pero les preocupa más a las que tienen bebés porque ya no hay mercancías en las tiendas.
El recorrido del Cecop y Cooperación Comunitaria se extendió a Los Hilamos, se tuvo que cruzar el caudaloso y turbulento río Papagayo con cuatro hombres remando con fuerza para vencer la corriente.
Luego se caminó más de media hora, algunos tramos de la carretera tienen casi medio metro de lodo, una camioneta sólo puede llegar unos 100 metros atrás del embarcadero de El Fraile, a más de 2 kilómetros de Parotillas, la comunidad más cercana en el trayecto hacia La Concepción.
Algunas personas caminaban cargando los víveres que pudieron comprar rumbo a Los Hilamos, donde se vio el mismo panorama de incomunicación e incertidumbre, el pozo de agua colapsó con la maquinaria, afortunadamente sobrevivieron las potabilizadoras que instaló Oxfam en meses recientes. Se espera que hoy llegue ayuda del gobierno estatal.