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Señala el director de Tlachinollan lentitud en la investigación del asesinato de Suástegui

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A un mes de la muerte del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, las investigaciones transcurren lentas y la Fiscalía General del Estado (FGE) está más a la expectativa de lo que la familia pueda aportar, que en ahondar en las líneas de investigación, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Vemos que todavía no logra (la FGE) allegarse de mayores pruebas para impulsar las líneas de investigación que se tienen como hipótesis”, indicó el director del organismo que da acompañamiento a la familia del dirigente social asesinado.
El 25 de mayo se cumplió un mes de la muerte de Suástegui Muñoz derivado del ataque a balazos que sufrió el 18 de mayo en la playa Icacos donde resultó herido.
Consultado por teléfono, Barrera Hernández informó que la agresión que sufrió el activista fue básicamente por su trabajo como defensor de la tierra y del río Papagayo y habló de las líneas que deben seguirse.
Recordó que el ahora finado tenía una clara postura en favor de la protección de los terrenos comunales de Cacahuatepec, donde se confrontó con empresarios gravilleros del río Papagayo que se han instalado de manera ilegal y contra quienes peleó todo el tiempo Suástegui Muñoz para que se respetaran los bienes comunales.
Dijo que, sin embargo, “pesan más los intereses económicos pues los gravilleros siguen encorralando los terrenos para seguir dragando el río y explotando los recursos pétreos”.
Propuso que ésta sea una línea de investigación por la confrontación que tuvo con los empresarios gravilleros y los grupos políticos locales con los que estaban coludidos.
Añadió que también se debe revisar la colusión que hay de estos grupos (de gravilleros y políticos) con el crimen organizado, “es decir, no hablamos solamente de un actor sino de un conjunto de actores que tienen intereses económicos, delincuenciales y políticos que se han mezclado en esta región del río Papagayo y de Acapulco”.
Otra de las líneas, agregó, es su lucha que dio por el reordenamiento de las playas para que quedaran en manos de los trabajadores y prestadores de servicios que son gente de las colonias y que han trabajado por muchos años en las playas.
En este caso dijo que también afectó intereses “de otra índole en términos económicos porque de lo que se busca es afianzar un proyecto que reordene el paisaje de las playas pero también que asegure el trabajo de los prestadores de servicios con permisos como los tenía Marco Antonio.
Abel agregó que esta línea también tiene que investigarse porque hubo varias ocasiones que llegaron a amenazarlo o a quitarlo del lugar donde estaba y en una ocasión lo siguieron en una motocicleta y él mismo vio que eran personas que iban a agredirlo.
Otro asunto que también debe ser línea de investigación, agregó el activista de derechos humanos, fueron las denuncias, protestas y señalamientos que hizo por la desaparición de su hermano Vicente.
“Yo creo que todos estos elementos relacionados con el trabajo de Marco como defensor comunitario, deben de tomarse en cuenta en la investigación”, y pidió que la FGE analice todas estas líneas que el defensor dejó en la entrevista que le hicieron en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para evaluar las medidas cautelaras que solicitó en febrero pasado.
Barrera Hernández declaró que por las actividades que llevó a cabo el dirigente del Cecop hubo varios incidentes y amenazas en su contra “y podemos decir que todos fueron porque estaba defendiendo las playas para los trabajadores y las tierras para los campesinos y comuneros”.
Añadió que espera que la FGE haya abundado en las indagatorias relacionados con cuando menos estas tres líneas, “porque si no hay nada sería muy lamentable que a 30 días del asesinato de Marco la Fiscalía esté todavía con nulos avances y hablaría de la ineficacia del sistema de administración de justicia, de la lentitud y el burocratismo con lo que se mueve, así como del desinterés que hay por esclarecer los crímenes, sobre todo cuando hablamos de defensores comunitarios”.
El director de Tlachinollan denunció que al parecer el avance de las investigaciones es lento y no se ve que sea expedita o inmediata como para que la familia de Marco Antonio sienta que hay protección y compromiso.
Añadió que si sigue esa inercia será lamentable porque las investigaciones para que tengan resultados necesitan acciones inmediatas para allegarse de pruebas de lo que más se pueda tener del lugar donde sucedieron los hechos, “porque si no, en la medida de que transcurre el tiempo se diluyen las pruebas y los testimonios porque se pierden muchos datos que son definitivos para ubicar al o a los responsables”.

Hay lentitud en la reactivación del turismo y el desarrollo económico estatal: diputados

Los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños; de Turismo, Santos Ramírez Cuevas; de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez, y los diputados del PRD Ociel Hugar García, y del PAN Ana Lenis Reséndiz, en la comparecencia de ayer en la sede legislativa Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante las comparecencias ante comisiones legislativas de los titulares de las secretarías de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, y de Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, los diputados criticaron la lentitud en la reactivación en los primeros dos rubros.
Las comparecencias, como parte de la glosa del primer informe de gobierno, se realizaron en una sola sesión de las comisiones unidas de Desarrollo Económico, del Trabajo y Turismo. Ahí las diputadas locales priistas Gabriela Bernal Reséndiz y Alicia Zamora Villalva, pidieron a los funcionarios “echarle ganas”, “no matemos a la gallina de los huevos de oro” en referencia al turismo, y a no solo “aventar los choros” y ponerse a trabajar en sus rubros.
El morenista Efrén López Cortez reprochó al secretario de Turismo Santos Ramírez el que en su informe no haya mencionado en ningún momento a su región, la Costa Chica, y que eso es evidencia que no se le ha invertido en el rubro, ni siquiera en rompeolas: “si no conoce la Costa Chica, lo invito para que la conozca y para la otra vez en su informe lo ponga”.
El secretario le respondió a Efrén López que “tierne toda la razón” y que los presidentes municipales deben también de manifestar sus planteamientos para que se puedan atender, y que están por concretar un proyecto, que es la marca Costa Chica, precisamente encaminada a detonar la economía en la región.
La priista Gabriela Bernal Reséndiz preguntó sobre la campaña “sin precedente” de promoción turística en Acapulco, la cual tuvo un costo de 450 mil pesos de acuerdo a lo respondido por el secretario. En contrarréplica la diputada le dijo: “usted habla muy bonito, pero necesitamos información”.
Le pidió también: “hagamos cada quien lo que le corresponde, échele ganas secretario, no matemos a la gallina de los huevos de oro”
A la diputada panista Ana Lenis Javier, que preguntó por la alerta de viaje que emitió Estados Unidos para no viajar a Guerrero, el secretario de Turismo dijo que se necesita un trabajo entre las diferentes dependencias y la sociedad para “ir degradando poco a poco estas alertas de viaje”.
También que realizan operativos especiales para blindar algunas zonas y garantizar la seguridad del turismo, para lo cual se debe de informar actos, llegadas de cruceros y de más actividades turísticas.
La panista también lamentó el abandono en el que se encuentra el Centro Internacional Acapulco, y preguntó sobre los planes para su rehabilitación.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez preguntó si un año no ha sido suficiente para concluir el programa sectorial de turismo y tener indicadores que miden la actividad; si por esto, no se medirá el desempeño de las metas programadas; cuál es la estrategia para atraer más turismo y cuál fue el monto y proceso de adjudicación de los juegos pirotécnicos del 2021.

Pocas empresas agroindustriales

La secretaría de Fomento y Desarrollo Económico Teodora Ramírez informó que de enero de 2020 a septiembre de 2022 en los empleos formales reportados por el IMSS hubo un incremento de 5 mil 851 empleos, de 147 mil 486 a septiembre de 2022 en el que hubo 153 mil 337.
Se le preguntó sobre el fondo minero. Informó que identificaron y establecieron comunicación con cuatro minas que están actualmente operando.
Y que de acuerdo con la información del Servicio Geológico Mexicano, existen 14 proyectos en su fase de exploración en el estado.“Nos indican que en Guerrero existen 614 concesiones que representan o que amparan 739 mil 900 hectáreas, esta cifra representa el 11.6 por ciento de la superficie estatal”.
También dijo que esta actividad la regula directamente la federación, “los impuestos y el pago de derechos lo hace el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía”.
La secretaria dijo que las empresas de agroindustria en el estado son muy pocas, una de ellas y que era exitosa que realizan exportaciones, hay de mango de Cuajinicuilapa, coco en Tecpan, y otra era de ajonjolí: “me atrevo a decir que la más importante del país”, que exporta a China.
Se trata de la empresa Ajonjose que originalmente estaba en Cutzamala de Pinzón “y que por motivos de seguridad se fue al Estado de México; sin embargo, sus operaciones están en Guerrero en la Costa Chica”.
En el caso del mezcal, reconoció que se perdió competitividad y productividad porque no hay suficiente mezcal certificado y necesitan cumplir con la norma 070 para poder envasarlo y se exportado, entre las principales dificultades para la formalización de los más de mil solicitantes, fue el registro federal de contribuyentes.
La priista Alicia Zamora Villalva solicitó a los secretarios del gobierno estatal que ayer comparecieron ante comisiones como parte de la glosa que “no deben ir a aventar los choros”, respecto a que van a sacar al estado de la pobreza y que su trabajo realmente lo sustenten bajo un marco jurídico y legal para incrementar la economía del estado, y no hablar como si “se tuviera una varita mágica”.
La priista también preguntó a cuánto asciende el monto de los incentivos fiscales otorgados en el primer año de gobierno, y qué porcentaje de los beneficiarios son empresas locales. Asimismo, cuestionó por qué del programa de financiamiento para la reactivación Impulso Guerrero (NAFIN), hay un subejercicio de 34 millones.

Más de 13 millones a programa de empleo

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, informó que del 15 de octubre de 2021 al 15 de octubre del 2022, se invirtieron 13 millones 830 mil pesos para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo, y que se atendieron a 20 mil 698 personas en búsqueda de trabajo, 6 mil 734, que representan el 32 por ciento encontraron uno.
Y que con acciones de intermediación laboral se ofrecieron 13 mil 766 plazas de trabajo a través de los empleadores y se atendieron a 16 mil 996 guerrerenses, de los cuales fueron colocados 4 mil 99, lo que representa un 24.1 por ciento de personas beneficiadas.
En su informe el secretario afirmó que como segmento de las actividades para la atención de mujeres víctimas de violencia, a través del Programa de Apoyo al Empleo, se atendieron a 5 mil 596 mujeres, de las cuales se beneficiaron con un empleo formal a mil 415 en todo el estado.
También informó que en Guerrero existen 112 mil 540 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, que corresponde a 5.1 del total nacional, por lo tanto, el porcentaje de ocupación no permitida en el estado de Guerrero es de 11.15 por ciento, que lo coloca en el lugar 28 de las 32 entidades con menor proporción de ocupación infantil no permitida.

 

Bloquean padres nueve horas las tres entradas a Tixtla; exigen que se acelere la reconstrucción de una primaria

 

Padres de familia de la primaria Ignacio Manuel Altamirano del turno matutino durante el bloqueo a las entradas Tixtla, para exigir que se apresuren los trabajos de reconstrucción de esta escuela ubicada en el centro de Tixtla; en la foto, la protesta en la entrada por Chilapa Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Padres de familia y maestros de la primaria Ignacio Manuel Altamirano bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, en Tixtla, frente al arco de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el internado de educación primaria 21 Adolfo Cienfuegos y Camus, y el nuevo libramiento, durante nueve horas, para exigir la reconstrucción de las instalaciones.
La primaria está ubicada en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, las instalaciones tienen unos 80 años de antigüedad y fueron afectadas por los sismos de septiembre pasado, por lo que Protección Civil estatal y el Instituto Guerrerense la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) determinaron que el plantel debía ser reconstruido de manera total; sin embargo, la primera de cuatro etapas de la obra tomó once meses, para la construcción de seis de los 21 salones de clases que requiere la escuela, además de las áreas administrativas y los baños.
El 22 de mayo pasado, los padres de familia y maestros denunciaron la situación, pero no hubo respuesta de las autoridades, por lo que decidieron protestar para llamar la atención del gobernador Héctor Astudillo Flores, de manera que se aceleren los trabajos de construcción.
A las 6 de la mañana, los inconformes se organizaron para cerrar totalmente la circulación vial en los tres puntos de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, en Tixtla, misma que conecta a los municipios de la Montaña con la capital y que si bien no es el único camino, es más directo.
Los manifestantes portaban lonas y pancartas en las que se leyó: “Señor gobernador, la asociación de padres de familia de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, turno matutino, exigimos la construcción total del edificio, solución ya”.
Dos padres y una madre de familia, quienes prefirieron reservar sus nombres, explicaron que debido a la obra, los 565 alumnos del turno matutino fueron reubicados en tres sedes alternas, dos casas particulares que generan un gasto mensual de unos 7 mil pesos y una iglesia, que no cuentan con las condiciones óptimas para que se lleven a cabo las actividades escolares.
Uno de los padres dijo que la inconformidad es la lentitud con la que avanza la construcción, pues no es posible que no haya avances significativos en el plantel, que está ubicado en una zona céntrica; aunque “todas las escuelas son importantes”, llamó a Astudillo Flores a intervenir pues consideró que el problema son “los malos” intermediarios y sus representantes.
Añadió que el IGIFE les informó a los padres que no hay recursos para la obra, por lo que tuvo que solicitar un préstamo; es decir, que desconocen si el dinero es suficiente para pagar la construcción total y este tema les preocupa.
Ante la obstrucción en la carretera, los conductores de las Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa se organizaron con los pasajeros, para recoger en el arco de la Normal de Ayotzinapa a los que se dirigían a la capital y en el internado a los que iban a Chilapa, las urvans que quedaron encapsuladas en Tixtla se encargaban de trasladarlos a ambos puntos, algunos les cobraban diez pesos y otros seis; esto porque los manifestantes se negaron rotundamente a permitir el paso vehicular en la carretera.
Al lugar llegaron el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Morán, y el delegado de Servicios Educativos de la región Centro, Alfredo Bello Salmerón, quienes se comprometieron a que hoy a las 10 de la mañana el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega, y el director general del IGIFE, Jorge Alcocer Navarrete, visitarán el plantel y dialogarán con los padres sobre la construcción; mientras que Astudillo Flores los atenderá el viernes.
Los manifestantes aceptaron y liberaron el paso vehicular en Tixtla cerca de las 3 de la tarde advirtieron que si las autoridades no cumplen, volverán a protestar.