En las desoladas comunidades afromexicanas de los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, la pobreza hunde a sus pobladores en el fango del olvido. El polvo de las carreteras de terracería se levanta como las olas del mar y en las temporadas de lluvia las brechas se transforman en barrancas intransitables. Las familias resisten el sol quemante en los terregales que se extienden en las orillas del río papagayo. La gente sobrevive de la siembra del maíz, el frijol y la calabaza. Cuentan con algunas huertas de limón, coco y mango, que por temporadas les generan pequeños ingresos. Las comunidades rurales son el lado funesto de la opulencia que miran a lo lejos en Punta Diamante.
Los gobiernos priistas, perredistas y de la 4T han excluido del presupuesto público a las comunidades rurales. Todos se han robado los recursos de los más pobres. Han transformado el hermoso paisaje del río papagayo en un tiradero de basura y de cuerpos. En las calles trozadas de las comunidades corren las aguas negras. Las viviendas derruidas sólo cuentan con láminas que reciclaron o rescataron de los fuertes vientos provocados por los huracanes. Es el olvido criminal de las autoridades que tienen en la inmundicia a más de 50 comunidades que por décadas se han encargado de cuidar las grandes reservas de agua que surten al puerto de Acapulco.
Los empresarios gravilleros con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco y la que controla las plazas de Acapulco y la Costa Chica se han agandallado amplias franjas de las tierras comunales de Cacahuatepec, que le llegan al precio a los funcionarios rapaces de Conagua, a quienes no les importan los graves daños que han causado a los ecosistemas del papagayo. La delincuencia organizada asegura los negocios generando terror entre las comunidades. El saqueo de los recursos pétreos es auspiciado por los 3 niveles de gobierno. A todos les llega su diezmo. A ningún político le interesa atender el rezago que vienen arrastrando las comunidades del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que se opusieron a la construcción de la presa La Parota. Su triunfo se tradujo en castigo.
Los gobiernos municipales les cobraron cara la factura negándoles cualquier ayuda humanitaria, postergándoles la construcción de obras prioritarias y regateándoles apoyos económicos básicos. En lugar de garantizar sus derechos como pueblos, las autoridades se han empeñado en desaparecer al Cecop como un movimiento independiente. Han diezmado su fuerza y su presencia. Generaron una mayor animadversión contra el liderazgo de Marco Antonio Suástegui, lo encarcelaron y criminalizaron su lucha. Crearon un ambiente propicio para privarlo de la vida.
Marco Antonio Suástegui Muñoz mostró la fuerza imbatible del Cecop, desenmascaró los intereses oscuros de los gobernantes, encaró a los gobernadores, los corrió de los bienes comunales de Cacahuatepec, denunció públicamente sus alianzas con grupos de la delincuencia, se solidarizó con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y luchó para proteger al río Papagayo y sacar a los gravilleros depredadores. Se ganó muchos enemigos tanto de los grupos empresariales de la construcción como de los políticos a nivel estatal y municipal por asumir la defensa del territorio de Cacahuatepec, y por apoyar a los trabajadores de la playa que eran extorsionados por grupos de la delincuencia.
Su asesinato tiene que ver con el contexto de criminalización contra los defensores comunitarios y con el clima de impunidad que impera en el estado, donde los grupos de la delincuencia son intocables.
El gobierno de Evelyn, al igual que la administración de Aguirre Rivero se han caracterizado por criminalizar la lucha social, por perseguir a los defensores, encarcelarlos y dejarlos en estado de indefensión para que sean víctimas de una agresión letal como sucedió con el líder histórico del Cecop, Marco Antonio Suástegui. Los defensores comunitarios como Evodio Pérez Malpica y Ubaldo Pantoja Segura fueron detenidos en el 2025 y 2026 y trasladados a penales de máxima seguridad de Durango y Veracruz. Jesús Plácido Galindo líder del Cipog-Ez, fue detenido el pasado mes de julio por un delito fabricado del fuero común siendo trasladado a Almoloya de Juárez, para darle un trato de delincuente peligroso.
Marco Antonio fue encarcelado en 3 ocasiones, en la segunda detención fue llevado a un penal de máxima seguridad al estado de Nayarit, a pesar de ser acusado por delitos del fuero común en el 2014, por órdenes del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. En la tercera ocasión lo encarcelaron junto con 34 compañeros del Cecop por el delito de homicidio y después de 13 meses alcanzaron su libertad.
En esta persecución transexenal contra el Cecop detienen a Rodrigo y Modesto León Jacinto (padre e hijo) en diciembre de 2022, acusados de homicidio, en un contexto de división comunitaria alentada por el gobierno del estado. Fue una acusación sin sustento con el fin de impedir el funcionamiento de la policía comunitaria en algunas comunidades del municipio de Acapulco. Rodrigo y Modesto habían sido nombrados policías comunitarios, y en el día del supuesto homicidio ellos se encontraban en San Luis Acatlán, una de las sedes de la CRAC-PC.
Otro caso que preocupa es la sentencia de 60 años que recibió en febrero de este año el comunero Maximino Solís Valeriano acusado también de homicidio. Las detenciones de Rodrigo y Modesto se dieron en esta administración e igualmente la sentencia de Maximino. Es una muestra clara de la línea de continuidad que existe entre el gobierno priista y el gobierno morenista de perseguir, encarcelar y sentenciar a luchadores sociales como Rodrigo, Modesto y Maximiliano del Cecop y Jesús Plácido del Cipog-Ez. El asesinato de Marco Antonio fue la agresión letal que se cometió en este sexenio contra un gran luchador social.
En diciembre de 2022 Rodrigo y Modesto despertaron a las 3 de la mañana cuando escucharon los golpes en la puerta de su casa. Se quedaron en silencio y con mucho miedo. Eran 6 patrullas de la Policía Ministerial. Primero entraron a la casa de Modesto. En un cuarto estaban dos niñas. En el otro cuarto estaba su esposa, Modesto y un niño que tenía diez meses:
“Cuando entraron empezaron a disparar hacia donde estábamos nosotros. En una de esas balas me tocó en la rodilla derecha. Después levantaron a mi esposo, lo torturaron y lo golpeaban contra la pared y con sus armas le abrieron la cabeza”.
Enseguida entraron a la casa de Rodrigo forzando la puerta. Estaba su hija Elena y una nieta durmiendo en un cuarto. “Pensamos que era la delincuencia, pero mi esposo me dijo que era el gobierno. No podía creerlo porque en esos días estábamos cosechando jamaica. Violaron nuestro derecho porque no llevaban orden de cateo, pero ellos entraron a la fuerza”.
“Tres policías ministeriales me encañonaron con mi sobrina. Nos decían, pónganse de rodillas y sus manos en la cabeza y si no tírense al piso. Preguntaban por mi papá porque no lo habían visto porque estaba en otro cuarto. Mi sobrina empezó a llorar. Empezaron a tirar mochilas, ropero, el colchón y la jamaica la pisotearon. Un policía ministerial le hizo señas a otro para matarme”.
“Se dieron cuenta que estaba en el cuarto contiguo. Ahí lo detuvieron, lo amarraron y le taparon los ojos. Lo subieron a una patrulla. Después de unos minutos salimos pero ya no estaban. Fuimos al lado de la Comisaría, ahí estaban unos carros de la policía y dijimos que se habían llevado a mi papá, y decían que no eran ellos los que habían ido, que fueron los de la maña”.
“Nuestra vida cambió mucho porque ya no hay alimento. Sembramos maíz pero no nació todo. Vino la lluvia y volvimos a sembrar con Rosibel, pero como está seca la tierra y hay muchas palomas vuelven a sacar el maíz que sembramos y se lo comen”.
“Antes Rodrigo sembraba maíz, frijoles, calabaza, chile verde y tomate. Se levantaba temprano y se iba al campo. Modesto sembraba jitomate, frijol, chile verde. Teníamos gallinas. Cuando teníamos dinero comprábamos de comer huevos y frijol. Vendíamos jamaica, en ese entonces estaba a 25 pesos o hasta 50 pesos cuando nos iba bien. El ajonjolí lo vendíamos en 15 pesos y ahora a 50 el kilo. El chile verde andaba en 20 pesos la maquila, ahora está en 60”.
“Desde que lo encarcelaron ya no sembramos porque quiere que se cuide de la plaga. Lo que siembro son 10 o 20 matas para el gasto. El maíz no siempre vendemos porque sólo es para autoconsumo. Vendemos tamales dulces y de carne para ganar dinero, a 3 por 20 pesos. También criamos marranos y de vez en cuando los vendemos. No hay otra alternativa porque cómo nos vamos a mantener”.
Para solidarizarse con Rodrigo, Modesto y Maximino un grupo de compañeros académicos y de organizaciones civiles se trasladaron de la Ciudad de México al penal de Acapulco. Se hicieron los trámites correspondientes para asegurar la visita, sin embargo, los funcionarios del estado encargados de los reclusorios dieron una respuesta negativa, con argumentos burocráticos, para impedir la visita a los tres presos del Cecop. Con el gobierno de Evelyn Salgado no sólo se han cometido crímenes contra defensores como el caso de Marco Antonio Suástegui, sino que se encarcela a defensores comunitarios como Evodio Pérez, Ubaldo Segura y Jesús Plácido en penales de máxima seguridad, para acallarlos y alejarlos del estado para causar temor y desmovilización. Ahora a los detenidos del Cecop como Rodrigo, Modesto y Maximino se les impone un castigo más de negarles la visita de amigos y amigas solidarias con su lucha. La cerrazón política es un síntoma de una postura autoritaria de un gobierno que se cierra al diálogo y que se niega a establecer una interlocución plural con las organizaciones civiles.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no lo celebran ni lo folclorizan, luchan y resisten contra la discriminación y el olvido de los gobiernos.

Después de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el presidente estatal del PRI, Ángel Aguirre Rivero, encabezó una gran marcha en la capital del estado para cerrar filas en torno al gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Su estrategia se desfondó con los videos de la masacre difundidos por el periodista Ricardo Rocha, que de forma irrefutable evidenció el crimen cometido por Rubén Figueroa, prototipo del cacique sanguinario.
El 12 de marzo de 1996 tomó posesión como gobernador interino Ángel Aguirre. Señaló que el gobierno de Guerrero iba a actuar con todo el rigor de la ley “trátese de quien se trate”. El 28 de abril del mismo año declaró en un periódico nacional que si querían ponerle el calificativo de cachorro o figueroísta, sería cachorro de Alejandro Cervantes Delgado. Aguirre fue su secretario de Gobierno. Posteriormente con José Francisco Ruiz Massieu fue secretario de Desarrollo Económico.
En lugar de garantizar justicia emprendió una encarnizada persecusión contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que hizo su aparición pública un año después de la masacre de Aguas Blancas. En 1997 el Ejército mexicano buscaba a los guerrilleros en la comunidad El Cucuyachi, donde estalló un conflicto entre las familias Peñaloza y Barrientos, dejando varios muertos.
En su gobierno continuó la política de la contrainsurgencia. En la madrugada del 7 de junio de 1998 el Ejército rodeó la escuela primaria de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, donde ejecutó a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. Han pasado 28 años sin que las viudas tengan justicia. Ningún mando militar ha sido investigado, por el contrario, las autoridades federales arremetieron contra los sobrevivientes que fueron torturados y encarcelados.
El 2 de mayo de 1999 fueron detenidos, torturados y encarcelados por el Ejército Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Llegaron disparando a la comunidad de Pizotla. A Salomé Sánchez quien iba con Rodolfo y Teodoro le alcanzó una bala y perdió la vida al instante. Desde 1995 Rubén Figueroa había autorizado a la empresa transnacional Boise Cascade, explotar los bosques de los ejidos. Los campesinos se organizaron y presentaron denuncias por la tala irracional. Ante la complicidad de las autoridades y de los generales del Ejército la OCESP decidió bloquear las entradas de los camiones troceros. Este atrevimiento de los campesinos tuvo sus consecuencias: el Ejército realizó un operativo para descabezar su movimiento con la detención de Rodolfo y Teodoro, sin embargo, la solidaridad fue mayor, logrando su libertad por razones humanitarias.
Ángel Aguirre logró colocarse como un político de primera línea, a pesar de los crímenes que se cometieron en su primer período. Ante la decisión de la cúpula priista de darle la candidatura a gobernador a Manuel Añorve, Ángel Aguirre se adhirió al PRD para contender en las elecciones del 2011, donde afianzó su cacicazgo.
Su segundo periodo se caracterizó por sus desplantes, su despotismo y arrogancia. Con esta postura sobrada y displicente creció la ola represiva contra el movimiento social. Los índices de violencia se incrementaron y los conflictos por demandas sociales se multiplicaron. A 27 días de la toma de protesta como gobernador fue asesinado el ecologista Javier Torres Cruz, integrante de la OCESP. En ese mismo año sucedieron los desplazamientos forzados de comunidades campesinas, principalmente en la Sierra, debido a la violencia impuesta por los grupos de la delincuencia. En abril, 107 personas de las comunidades de La Laguna y Morena, municipio de Coyuca de Catalán, fueron desplazadas y reubicadas en Las Ollas, en la sierra de Petatlán.
El 7 de diciembre de 2011, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dirigentes de la OCESP, fueron detenidos en un retén militar, en Tecpan de Galeana, por elementos de la policía estatal, ministerial, militares y miembros del crimen organizado. Desde esa fecha, Eva y Marcial forman parte de los luchadores sociales desaparecidos.
El 12 de diciembre los normalistas de Ayotzinapa se manifestaban en la Autopista del Sol para exigir una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre. Se negó a recibirlos y ordenó reprimir la protesta. Dos estudiantes normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fueron asesinados con armas de fuego por policías federales y estatales. Después de la represión, el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Miguel Arriola Ibarra, declaró que siguió las órdenes del mandatario para limpiar la Autopista del sol. A pesar de la recomendación de la CNDH y las denuncias que se interpusieron no hay una autoridad estatal que haya sido castigada.
Un año después, la nueva dirigente de la OCESP, Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán. Los desplazamientos forzados continuaron en 2012 cuando 105 personas salieron a San Miguel Totolapan y en 2013 se sumaron 500 personas más.
El 30 de mayo del 2013, en la zona Norte del estado Arturo Hernández Cardona encabezaba una protesta contra el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Como consecuencia, el dirigente de la Unidad Popular fue desaparecido con otras siete personas por un grupo armado. Los cuerpos de Arturo Hernández, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román fueron localizados tres días después.
Los crímenes contra los dirigentes continuaron; el 5 de agosto de ese mismo año Raymundo Velázquez Flores, representante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), y Samuel Vargas Ramírez, fueron torturados y asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados en un vehículo en Coyuca de Benítez.
Aguirre Rivero maniobró para dividir a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC). El 21 de enero de 2013, visitó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán donde entregó 4 camionetas, mil 20 uniformes y una ambulancia. Anunció que tendrían un presupuesto de un millón de pesos y que construiría 4 casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso.
Estos apoyos eran con el objetivo de convertir a la Policía Comunitaria en una policía rural que fungiera como auxiliar de las corporaciones policiacas del gobierno. El coordinador Eliseo Villar abanderó el plan de Aguirre, de credencializar a las policías comunitarias. Bruno Plácido creó por su cuenta la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con su visión pragmática estableció acuerdos con el gobernador.
Los dirigentes Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado se oponían fuertemente a esta cooptación de la CRAC. Tanto Nestora como Gonzalo estaban adscritos a la Casa de Justicia de El Paraíso, mientras Arturo luchaba contra la credencialización. Esto le costó su destitución como coordinador.
El 21 de agosto de 2013, policías estatales y federales, así como militares y marinos con vehículos artillados y helicópteros llegaron hasta El Paraíso y desmontaron la Casa de Justicia de la CRAC. Las 43 personas que estaban en reeducación fueron liberadas. Doce policías comunitarios que se encontraban resguardando la casa fueron encarcelados. Arturo Campos, Nestora Salgado y Gonzalo Molina fueron confinados a penales de máxima seguridad. En junio de 2014 Marco Antonio Suastegui es acusado de varios delitos y trasladado el penal de Tepc Nayarit.
El 13 de septiembre del 2013, mientras la población resentía los estragos de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, el gobernador Ángel Aguirre Rivero celebraba el bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación en Casa Guerrero. En esa misma noche varias viviendas se inundaban por las fuertes lluvias. Aguirre Rivero brindó hasta la madrugada con ex gobernadores y con el primer círculo de priistas y perredistas del estado, sin que le preocuparan los riesgos que enfrentaban las familias de la Montaña que durmieron a la intemperie. Los desastres fueron devastadores, por las pérdidas de vidas humanas (101) y por las precarias viviendas destruidas.
En esas fechas el comentario que salía de Casa Guerrero es que el gobernador delegaba toda la responsabilidad a su sobrino Ernesto, quien tomaba decisiones en temas sumamente delicados. Su displicencia como gobernador era evidente en los actos que presidía. La debacle se dejaba venir ante la avalancha delincuencial. En la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, fueron asesinados en Iguala 3 normalistas de Ayotzinapa y 43 de sus compañeros fueron desaparecidos con la participación de corporaciones policiacas de varios municipios, por la Policía Estatal y Ministerial, por la Policía Federal y elementos del Ejército, coludidos con Guerreros Unidos, el grupo delincuencial que controlaba la plaza. Otros 3 civiles fueron asesinados, 40 resultaron heridos y alrededor de 80 personas, entre estudiantes de Ayotzinapa y maestros solidarios, fueron víctimas de persecusión y atentados contra su vida. En el caso del autobús de los Avispones, 30 deportistas fueron atacados con armas de fuego.
Lo primero que hizo Ángel Aguirre fue deslindarse del crimen y declarar en repetidas ocasiones que no tuvo nada que ver con la desaparición de los 43 estudiantes, sin embargo, en las recientes investigaciones la Fiscal General de la República Ernestina Godoy señaló que “Aguirre Rivero ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre, cuando el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala”. La fiscal reiteró que “lejos de ser un acto aislado, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal.” La ex magistrada Lambertina Galeana Marín y la ex subprocuradora de Justicia del estado Blanca María del Rosario Estrada, testificaron dos hechos graves: la agresión al autobús donde viajaban varios estudiantes y la destrucción de los videos. Son datos de prueba que tienen sustento jurídico y que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos. Por el momento hay una responsabilidad indiciaria del ex gobernador. Solo si prueba lo contrario obtendría su libertad.

* Nota de la Edición: Debido a problemas imponderables derivados de las lluvias que complicaron la edición del ejemplar de ayer, este artículo no se publicó el lunes 10 de agosto, fecha que corresponde a su periodicidad semanal. Sale ahora con un día de retraso. Ofrecemos disculpas a los lectores y a los amigos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

 

La Fiscalía del Estado de Guerrero urdió el entramado legaloide para confinar en el penal de Almoloya de Juárez al defensor comunitario Jesús Plácido Galindo. Fue un operativo aparatoso en el que participó la Secretaría de Gobernación que se encargó de brindar todas las facilidades para que Jesús fuera recluido en un penal federal, en Almoloya de Juárez, donde purgan sus penas los delincuentes de alta peligrosidad. El Ejército brindó la protección para que más de 40 policías ministeriales encapu-chados detuvieran a Jesús Plácido. La Fuerza Aérea Mexicana proporcionó un helicóptero para el traslado de Jesús al penal de máxima seguridad. La dirección de comunicación del estado se encargó de difundir la versión de que Jesús Plácido estaba acusado sin pruebas de delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro. Se trató de difamarlo y presentarlo ante la opinión pública como un delincuente peligroso, violando el principio de presunción de inocencia.
El 23 de julio el juez de control Celso Ubaldo de la Sancha lo vinculó a proceso a pesar de que los dos testimonios que presentó la Fiscalía eran endebles. Lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, indígena nahua de la comunidad de Xicotlán.
La defensa solicitó al juez la nulidad de las entrevistas rendidas por las víctimas y un testigo que falleció en el 2022. Las tres personas no contaron con perito intérprete a pesar de que manifestaron ser de una comunidad indígena. En la entrevista con la hija del finado ésta no estuvo acompañada por la asesora jurídica de la CEAV. Los documentos lo confirman porque no aparecen los datos generales de la licenciada tampoco su firma al margen y al calce. La supuesta entrevista que que realizó el Ministerio Público al testigo Marcos Campos pierde todo su valor porque el señor ya había fallecido. La defensa demostró que la CURP que se encuentra en su credencial de elector (que se encuentra agregada a su entrevista) ya estaba dada de baja por defunción. Con su acta que se descargó en el portal del Registro Civil se demostró que el señor Marcos fue asesinado el 7 de mayo de 2022. La misma Fiscalía abrió una carpeta de investigación por este homicidio. Lo más grave de esta prueba falaz es que le falsificaron la firma al señor Marcos, como se puede cotejar con la firma de su credencial de elector. La misma entrevista que supuestamente le realizó el Ministerio Público al testigo no se encuentra dentro del sistema electrónico de control de averiguaciones previa (Secav). Las entrevistas no tienen el sello de la Fiscalía, no cuentan con el código de seguridad, tampoco con la fecha y la hora en que se realizaron. Todas estas inconsistencias demuestran que los datos de prueba recabados por la Fiscalía del estado se obtuvieron de manera ilícita. Por lo mismo deben excluirse y anularse, sin embargo, el juez desatendió este requerimiento.
Es importante recordar que el Mecanismo Federal de Protección a Defensores dependiente de la Secretaría de Gobernación le otorgó medidas cautelares a Jesús Plácido Galindo el 4 de enero de 2021. Desde esa fecha Jesús solicitaba el acompañamiento policial y de la Guardia Nacional cuando viajaba a la región de Chilapa. Sus familiares cuentan con fotografía de algunas visitas que Jesús realizó en ese año. Además el mecanismo cuenta con las bitácoras que dan cuenta de los servicios otorgados a Jesús en cuanto al acompañamiento de los cuerpos de seguridad. El mismo mecanismo de protección a través de la Dirección de Evaluación de Riesgos solicitó el 9 de julio de 2025 al fiscal general Zipacná Jesús Torres que le informara si en la Fiscalía General del Estado existía alguna carpeta de investigación o averiguación previa relacionada con Jesús Plácido Galindo. El 7 de agosto de ese mismo año la Fiscalía envió un oficio donde informa que después de una revisión minuciosa de sus archivos, en sus bases de datos y en las fiscalías regionales que no habían encontrado expedientes donde Jesús es víctima de algún delito, más bien informó que habían encontrado carpetas de investigación donde aparece como imputado.
Se trata de cuatro carpetas con las siguientes fechas: 15 de febrero de 2024, 16 de julio de 2024, 7 de mayo de 2024 y 16 de julio del mismo año. Lo que quiere decir que por lo menos hasta el 7 de agosto de 2025 solo esas carpetas existían en los archivos de la Fiscalía. Es otra prueba más, con documentos de la misma Fiscalía, que la denuncia interpuesta por homicidio calificado contra el señor José Pablo Xanteco Bartolo, no existía. Por lo tanto, es un expediente que recientemente se armó, como se corrobora con el testimonio de Josefina, la hija del difunto, que lo presentó en el mes de junio del presente año.
Sin embargo, uno de los compañeros de Jesús Plácido ha declarado que José Pablo Xanteco cayó en la cárcel por el delito de violación contra una mujer de la comunidad de Atzacoaloya. “En ese entonces yo también estaba en la cárcel del Amate Amarillo, y nos contaba que temía salir porque ya lo estaban esperando Los Ardillos porque la señora que violó es de Atzacoaloya, territorio de Los Ardillos. El expediente está ahí, el gobierno sabe que cometió ese delito porque estuvo ocho años en la cárcel, pero han distorsionado todo y ahora están culpando al compañero Jesús Plácido, y la hija de José Pablo Xanteco, está obligada por Los Ardillos a denunciarlo”, ha declarado uno de los integrantes del CIPOG-EZ.
Quedan evidenciadas las autoridades del estado y federales que se confabularon para arremeter contra Jesús Plácido, un defensor comunitario del pueblo ñu savi que se atrevió a denunciar la colusión que existe entre autoridades municipales con el crimen organizado que controla la Montaña baja de Guerrero. Su denuncia sin tapujos le costó muy caro porque lo dejaron incomunicado de su familia, no le permitieron que tuviera una defensa adecuada y mandaron un mensaje a los luchadores sociales que se atreven a increpar a los gobernantes por sus malas actuaciones, que aplicarán de manera facciosa la ley para acallarlos y doblegarlos.
Los compañeros del CIPOG-EZ se han manifestado para exigir su liberación inmediata. La comunidad de Buenavista de donde es su familia también se ha organizado para respaldar a Jesús a quien vieron crecer junto a su padre Cirino y su tío Bruno, quien fue asesinado en las instalaciones de la Secretaria de Salud en Chilpancingo, cuando acompañaba a las autoridades de su pueblo.
Jesús creció en las asambleas donde aprendió a escuchar y hablar en favor de las comunidades indígenas. “Los indígenas también podemos hablar con las autoridades y gritar para que se respeten nuestros derechos”, solía decirle a su esposa. La discriminación, la pobreza y el olvido de los gobiernos lo padeció en carne propia. Cuando su papá se iba a organizar a los pueblos, Jesús sembraba maíz, frijol, calabaza y trabajaba en la elaboración de la panela. En muchas ocasiones también lo acompañaba y así fue como aprendió a luchar y no permitir ninguna injusticia.
Por eso se fue a realizar asambleas desde 2014 en las comunidades nahuas de la Montaña baja para contener la avalancha de la violencia de los grupos delincuenciales. Las autoridades estatales nunca elaboraron acciones para disminuir la violencia a pesar de los asesinos y desapariciones de mujeres, hombres y niños. Jesús Plácido siempre denunció el asedio delincuencial y las tropelías de los gobiernos municipales y estatales.
Entre las denuncias más sentidas que hizo llegar con fuerza a las autoridades fue la seguridad en las comunidades indígenas. Habló del grave fenómeno que se ha acentuado en el país, como la desaparición de personas que ahora se ha extendido en las regiones indígenas donde la ley no se aplica y se permite con los grupos de la delincuencia tomen el control de las poblaciones.
La osadía de Jesús Plácido al denunciar los ataques de la delincuencia incomodó a las autoridades, por eso el gobierno inició una campaña de linchamiento haciendo aparecer a Jesús como parte de un grupo de la delincuencia. Empezó a ser perseguido al punto de querer vender el discurso de que el defensor ñu savi recibía dinero ilícito, logrando que la Unidad de Inteligencia Financiera congelara su cuenta.
Los pobladores de Buenavista afirman que Jesús Plácido buscaba beneficios para la comu-nidad. Mientras que habitantes de Tula han dicho que gracias a la CRAC-PF y al Cipog-EZ los delincuentes pudieron ser retenidos durante los ataques. “No confiamos en el gobierno. Ahora por defender y pedir apoyo encerraron a Jesús Plácido, el gobierno encarcela a los que estamos luchando por el pueblo”.
Las inconformidades son más grandes que las soluciones. Después de la violencia contra las comunidades nahuas de la Montaña Baja se esperaba que se desplegaran elementos castrenses y policiacos suficientes y la Fiscalía detuviera a los agresores. Sin embargo, las quejas de los pobladores subrayan que no tienen confianza para volver a sus pueblos, a pesar de que hay algunas patrullas de la Guardia Nacional. Las más de 800 personas desplazadas continúan con la esperanza de regresar a sus hogares con la certeza de que no habrá más ataques, pero se desvanecen las ilusiones con el actuar reprobable de las instituciones que, lejos de castigar a los generadores de violencia, tuercen la justicia, siendo Jesús Plácido víctima de un delito fabricado.

A los 20 años Jesús Plácido Galindo llegó a Chilpancingo (como muchos jóvenes de comunidades indígenas) a estudiar la preparatoria. Le fue muy difícil sostenerse: vendió bolillos en las calles, aprendió a lavar carros, repartía el periódico Novedades y El Sol de Chilpancingo. En los cruceros de la ciudad limpió los parabrisas de los coches. Fue incierta y difícil su estancia al sentir en todo momento el maltrato que recibía por ser indígena. Ya no pudo continuar el segundo año de bachillerato por los problemas de salud que empezó a padecer su papá.
Cuando se conformó el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Jesús encontró un abrevadero de saberes comunitarios y un bastión de las resistencias que los pueblos de América protagonizaban contra los gobiernos colonialistas y etnocidas. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 fue una luz de esperanza para los pueblos indígenas que han sido esclavizados por siglos. En Guerrero varios jóvenes de comunidades indígenas lideraron al CG500ARI y de inmediato se adhirieron a la lucha del EZLN. Fue histórica la marcha “No están solos” que realizaron en febrero de 1994 a la Ciudad de México para solidarizarse con el movimiento zapatista. Uno de los líderes históricos del Consejo fue Cirino Plácido Valerio, padre de Jesús.
Para solventar los gastos que generaba el tratamiento de su padre, Jesús cruzó la frontera y pudo trabajar en Atlanta como ayudante de carpintería y en la industria de la construcción. Su estancia fue corta y en el 2009 regresó a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, la tierra de sus abuelos. De inmediato tuvo que desempeñar cargos comunitarios para acceder a la tierra y a los servicios básicos. Ante los conflictos internos que se suscitaron en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Cirino impulsó la conformación de la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores en Santa Cruz del Rincón (CRAC-PF).
De 2011 a 2013 Jesús Plácido ocupó el cargo de comandante y en el 2014 logró con Cirino que la comunidad nahua de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa se incorporara a la CRAC-PF. Fue el 27 de agosto de 2015 cuando hicieron su presentación formal en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera con la participación de 700 comunitarios procedentes de 30 comunidades. Desde esa fecha la Procuraduría de Justicia del Estado emprendió la persecución de sus integrantes girando varias órdenes de aprehensión.
En mayo pasado la violencia se recrudeció en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán del municipio de Chilapa, que forman parte de la CRAC-PF. Seis personas fueron asesinadas y más de 800 personas fueron desplazadas. Jesús Plácido Galindo, el líder más visible del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), contaba con medidas cautelares por parte del mecanismo de protección de personas defensoras, sin embargo, le fueron retiradas, poniendo en riesgo su seguridad. Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le suspendió su cuenta bancaria.
El pasado 26 de junio el Grupo Financiero BBVA México le notificó a Jesús Plácido “que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. En virtud de lo anterior, BBVA debe suspender de forma inmediata todo acto, operación o servicios presentes y futuros con usted. Lo anterior les fue informado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del oficio número 110/G/1483/2026 de fecha 2026-06-08, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Le manifiestan que puede solicitar información a la UIF para ejercer el derecho de audiencia. También le indican que puede ofrecer pruebas y formular alegatos dentro del plazo de 10 días hábiles, contando a partir del siguiente día en que recibió la notificación.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó el 7 de mayo de 2004. Sus tareas principales consisten en prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionados con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o el financiamiento al terrorismo.
La UIF se encarga de investigar un amplio abanico de actividades, pero suele verse involucrada en asuntos muy delicados. Tal es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con facciones del Cártel de Sinaloa, cuyas cuentas fueron congeladas por la UIF. También congeló las cuentas de sus hijos, del senador Enrique Inzunza y de otros implicados en el caso.
En mayo de 2026, después de un operativo en el que fueron detenidos seis exfuncionarios y autoridades municipales de Morelos ligados a una red de extorsión y delincuencia organizada, la UIF congeló las cuentas de 32 personas físicas y morales. En esta lista se encuentran presidentes municipales, funcionarios del ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales.
Apenas hace algunos días, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a 11 personas (dos físicas y nueve morales) en su lista negra de narcotraficantes, criminales o terroristas internacionales. Según las investigaciones, estas personas están relacionadas con una red de huachicol ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que la UIF congeló sus cuentas.
El congelamiento de cuentas se ha vuelto cada vez más complejo y controversial ya que, en abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UIF no necesita una orden judicial para congelar cuentas, lo que llevó a muchas personas a acusar que esto facilitaba que la UIF fuera utilizada para perseguir opositores y dejarlos en la indefensión. Sobre esto, es importante mencionar que el número de personas bloqueadas por la UIF creció un 345% en comparación con el primer trienio de Enrique Peña Nieto. Además, de las 991 personas que fueron desbloqueadas en este mismo lapso, el 83% lo logró a través del juicio de amparo.
La presidenta Sheinbaum defendió esta decisión al plantear la siguiente pregunta: “¿Cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Inmovilizando una cuenta”. Según los datos de la presidenta, desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, la UIF había congelado unos 5 mil millones de pesos (287.1 millones de dólares).
El líder del Cipog-EZ desconoce los motivos que tiene la UIF para congelarle su cuenta. Lo inaudito del caso es que sólo tiene registrado 280 pesos. Jesús es un defensor comunitario que ha denunciado las complicidades que existen entre autoridades y grupos de la delincuencia. Ha evidenciado la inacción de las autoridades y el incumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades. No hay otra razón que explique esta acción desproporcionada de la UIF de incorporarlo a la lista de personas bloqueadas. La acción es desmedida porque Jesús Plácido no recibe el caudal de recursos para sospechar que son de procedencia ilícita y mucho menos que financia al terrorismo. Es un defensor que va al día, que trabaja en el campo para tener maíz y que como todo jefe de familia realiza otras actividades para sostener a sus hijos. Es evidente que se trata de una represalia por su activismo.
Desde el 6 de mayo cuando las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán de la Montaña baja fueron agredidos a balazos y con drones, el líder del Cipog denunció en medios de comunicación la violencia y la complicidad de los tres niveles de gobierno en el ataque, así como el abandono secular. Los balazos cesaron hasta el 11 de mayo. Con la difusión de videos en las redes se logró contener la ola de la violencia.
Doña María Anastacia de 77 años de la comunidad de Tula estaba con su rebozo en la cabeza en la cancha de Alcozacán. Se acercó a Jesús Plácido con las lágrimas en el rostro para que le ayudara para ir a su casa a sacar algunas cosas y a darle de comer a sus pollos. El dirigente del Cipog inmediatamente empezó a organizar y a decirles a los policias estatales, Guardia Nacional y elementos del Ejército para ir a la comunidad de Tula.
A las 5 de la tarde, con la Misión Civil de Observación, llegaron a la comunidad de Tula. Doña Ana María Anastacia vio las láminas de su casa quemadas. Su cama quedó en cenizas, solo las estructuras de metal colgaban. Rescató un poco de maíz para poder comer algunos días. Se fue a su cocina y encontró una licuadora quemada. Ahí relató cuando salieron corriendo en medio de las balas. “Íbamos despacio, los balazos nos pasaban encima de nuestras cabezas. Agarré mi morralito que siempre traigo, no llevé ni las actas ni mi credencial, ni la tarjeta de Bienestar ni mi ropa. Así llegamos a Acahuehuetlán, ya no podíamos caminar. Nos caímos con mi hermana, mejor corté una vara para usarla de bastón. Ya nos moríamos de sed y por fin llegamos a la iglesia, ahí había gente orando y ahí nos quedamos a dormir”.
El drama era inenarrable. Jesús Plácido denunció públicamente que las autoridades no estaban haciendo su trabajo, por el contrario, hizo pública la colusión que existe con el grupo delincuencial que tienen bajo amenaza a las familias. No pueden salir a Chilapa porque implica la muerte. En este clima de violencia, Jesús enfrenta la amenaza del grupo delincuencial y padece el hostigamiento y la criminalización de las autoridades para silenciarlo.
En algunas ocasiones las personas solidarias apoyan a Jesús Plácido para cubrir los gastos de combustible y para cubrir sus necesidades básicas. Nunca ha recibido grandes apoyos como se pretende mostrar, mucho menos que sean de procedencia ilícita. Para los pueblos nahuas de Chilapa Jesús es un defensor del pueblo que está en la primera línea defendiendo el territorio comunitario y luchando por una vida digna.
La notificación emitida por la UIF tiene un mensaje político, de colocar a Jesús como un delincuente, al grado que está incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. No solo le han quitado las medidas cautelares, sino que criminalizan su trabajo como defensor comunitario catalogándolo como narcotraficante o terrorista. Jesús enfrenta una embestida del Estado por evidenciar la red criminal que se urde en la Montaña baja entre actores estatales y delincuencia organizada. Aunque Jesús sólo tenga en el banco BBVA 280 pesos para la UIF se trata de un delincuente peligroso.

 

En la sierra de Guerrero el flagelo de la pobreza extrema en las comunidades campesinas estaba en las nubes. En ocasiones no había un solo peso para la alimentación de las familias, y para no morir de hambre iban a trabajar de peones con los caciques que abusaban de su poder. La policía motorizada estaba al servicio de los ricos. El reclamo de cualquier campesino se pagaba con la muerte. La organización comunitaria representaba un peligro para los caciques desalmados.
Las comunidades de Coyuca de Benítez y Atoyac fueron el epicentro del movimiento campesino independiente que el 14 de enero de 1994 conformaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). La OCSS tenía una herida que no podía dejar en la impunidad ni en el olvido: las desapariciones forzadas de decenas de compañeros durante la guerra sucia. También enarboló con mucha fuerza las demandas justas de los campesinos. El maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos había sembrado la esperanza entre los pobres de Guerrero.
Hubo movilizaciones contra el saqueo de la madera en los municipios de Atoyac, Coyuca de Benítez, Tecpan, Petatlán y Coahuayutla de José María Izazaga, ahora la Unión. Desde el encuentro campesino del 27 y 28 de marzo de 1994 las demandas sociales se centraron en el rescate del campo y en infraestructura básica. La bandera que enarbolaban todas las comunidades fue la presentación de más de 600 desaparecidos.
La represión contra las organizaciones sociales, las detenciones y los asesinatos de líderes sociales sucedían a diario. El gobierno de Rubén Figueroa Alcocer fomentó la división al interior de las comunidades y las mismas organizaciones. En Tepetixtla creó un grupo de choque identificado como Benito Juárez, que tuvo como líder al hermano de Benigno Guzmán, Bartolo. Por estas disputas arreciaron las detenciones de varios miembros de la OCSS porque pararon el saqueo de la madera y quemaron algunas máquinas.
La OCSS hizo su primera marcha el 10 de abril de 1995 en Acapulco para difundir sus demandas y exigir la libertad de los presos políticos. El 19 y 20 de abril se realizó la primera reunión con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer en la comunidad de Tepetixtla. El gobernador creyó que lo recibirían con porras y dianas en el zócalo de la comunidad, sin embargo, los campesinos impusieron sus reglas, la reunión sería en la oficina de la OCSS y su recibimiento fue con consignas y demandas que con garbo Gilberto Romero leyó.
En la reunión estuvieron el gobernador, el comandante de la zona militar de esa región, quien en su intervención dijo que la organización tenía ideas raras y que sus demandas no eran sociales sino políticas. El gobernador no se arredró y más bien amenazó a los líderes más visibles, entre ellos a Benigno Guzmán e Hilario Mesino. En otra reunión que tuvieron en Chilpancingo les espetó que los desaparecidos no estaban, que se los había cargado la chingada y que, si querían seguir con lo mismo, también iban a recibir una palada de tierra. Le enardecía que abordaran la demanda de la presentación de los desaparecidos porque era remitirse a los años sombríos de la represión sanguinaria que protagonizaron Luis Echeverría, Rubén Figueroa Figueroa y los generales del ejército.
El 24 de mayo desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez en Atoyac de Álvarez, fue una respuesta sanguinaria por atreverse a leer el pliego petitorio en Tepetixtla. La OCSS se organizó para realizar una marcha simultánea en Atoyac de Álvarez y en Zihuatanejo, el 28 de junio. Hilario Mesino junto con los compañeros de Petatlán, Zihuatanejo y Coahuayutla, marcharon sin sobresaltos en Zihuatanejo. En cambio, a los compañeros de Atoyac fueron emboscados y masacrados por policías del estado, dejando un saldo de 17 campesinos asesinados y más de 23 heridos.
El gobierno del estado un día antes había informado a la presidenta municipal, María de la Luz Ramos, que los campesinos querían guerra y guerra iban a tener, y que ella se encargara de los campesinos de Atoyac y que él de los de Coyuca para detenerlos.
Los campesinos que iban en la primera camioneta los bajaron y los golpearon, pero al llegar la segunda camioneta los policías que ya los tenían rodeados iniciaron la balacera ante una población indefensa. Fueron masacrados. La sangre quedó impregnada en la carretera y el lamento de los heridos se esparció por toda la sierra.
Las autoridades manipularon la escena del crimen para ocultar la verdad. Les sembraron armas a los campesinos y solo dejaron pasar a los periodistas de El Sol de Acapulco. Cuando permitieron la entrada de los demás periodistas todo estaba a modo. Habían participado el secretario de gobierno, el procurador de justicia, el secretario de seguridad pública, el secretario de finanzas y Acosta Chaparro que volaba en un helicóptero con un alto mando. A los pocos días el periodista Ricardo Rocha difundió en cadena nacional las imágenes originales, poniendo en evidencia el montaje ordenado por el gobernador Figueroa, que fue separado del cargo.
Fue una masacre planeada a la usanza de los caciques que se sienten amos y señores del estado. Los procuradores de justicia hicieron el trabajo sucio para exonerar a Rubén Figueroa y simular investigaciones con detenciones de algunos policías y el director de gobernación, que permanecieron algunos años para calmar las aguas de la revuelta social que ocasionó esta matanza, con la aparición del EPR.
Con esta confrontación armada se desata la represión cometiendo las fuerzas represivas del estado muchos asesinatos, desapariciones, detenciones, personas torturadas solo por pertenecer a la OCSS. Más de 60 familias de sobrevivientes tuvieron que huir del estado como las familias de Benigno, de Hilario y otros más porque la intención era asesinarlos. En 1996 detuvieron a Hilario Mesino, después de la aparición del EPR. También detienen a Benigno Guzmán y a Bertoldo Martínez, que habían conformado junto con Pedro Nava, Arturo Hernández Cardona, la UCIM de la Montaña y el entonces diputado Ranferi Hernández, la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur. En ese mismo año desaparecen a Benito Bahena Maldonado cuando caminaba por la piñata en Acapulco y en 1997 un comandante de la policía ministerial desapareció a su hermano Mauro Bahena Maldonado.
Ante la persecución y los asesinatos que se cometían impunemente, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco se fueron a trabajar de jornaleros a San Quintín, pero los ubicaron y fueron detenidos y torturados por la policía de Morelos. Eduardo Gayo y Tello los acusaba de haber asesinado a los secuestradores de su hija. Más bien, los buscaban porque pensaban que eran del EPR. El objetivo era detener a los dirigentes de la OCSS. Después de tantas movilizaciones y presiones a las autoridades, Gilberto fue liberado en 2023, aún queda Antonio que va a cumplir 25 años de encarcelamiento injusto. Le hicieron la prueba de Estambul y salió positiva. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a diferentes funcionarios de Morelos y demostró que le fabricaron un expediente para que no saliera.
Con la OCSS el reclamo al Estado por las desapariciones forzadas cometidas por el ejército dejó de ser un tema que ponía en riesgo a las personas que denunciaban estas atrocidades. Poca gente se atrevía a conmemorar el asesinato de Lucio Cabañas porque temían ser investigados y perseguidos por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (el temido Cisen). La OCSS ganó la batalla en la opinión pública al denunciar las graves violaciones cometidas por el ejército, la marina y las corporaciones policíacas. Junto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) y la defensora Tita Radilla abrieron brecha para colocar el tema de las desapariciones forzadas como un agravio a la sociedad y una deuda histórica de los gobiernos en turno.
Los sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas nunca han sido atendidos. Han muerto uno a uno. Apenas murió Juan Hernández Lozano, sobreviviente y papá de Jerónimo Hernández Refugio, quien estuvo preso 20 años. Falleció Marcos Carranza Arizmendi y Andrés Sánchez Rodríguez sin encontrar justicia.
Fueron 50 mil pesos y una casa de pájaros las migajas que dio el gobierno de Rubén Figueroa a las viudas, a través de Héctor Vicario. No hubo en realidad una reparación, ninguna atención a los sobrevivientes y mucho menos el reconocimiento de responsabilidad y las investigaciones correspondientes que castigara a los responsables. Todo fue una confabulación con los perpetradores dejando en total indefensión a las víctimas.
A 31 años de la masacre de Aguas Blancas las comunidades de la Sierra siguen en el abandono, en la extrema pobreza, confrontados internamente y lo peor es que la organización Benito Juárez, que creó Figueroa, se convirtió en una organización paramilitar. Además de la criminalización que padecen, ahora tienen como yugo a la delincuencia organizada que tiene el control de la Sierra y que se ha encargado de hacer el trabajo sucio del gobierno, de destruir el tejido comunitario y desbaratar cualquier indicio de organización independiente. La OCSS sigue estando en la mira por ser un actor incómodo para las autoridades y por no alinearse a los intereses de los grupos delincuenciales. La gente se ha replegado, vive con temor y prefiere desplazarse silenciosamente para poner a salvo su vida, como sucede con las comunidades de La Felicidad, La Remontita y muchas otras.
La OCSS a pesar de la violencia ejercida por la delincuencia demanda que se cumplan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estableció que los responsables de la matanza de Aguas Blancas son Rubén Figueroa, José Robles Catalán, Antonio Alcocer, Rodolfo Sotomayor, Gustavo Olea Godoy, Rosendo Armijo, Adrián Vega Cornejo y Esteban Mendoza Ramos. Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el Estado mexicano no ha juzgado con seriedad a los responsables de la masacre, lo que demuestra la falta de compromiso y de voluntad política para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH y a las resoluciones de la SCJN y de la CIDH. A la presidenta Claudia Sheibaum la OCSS le ha solicitado que intervenga para que liberen a Antonio Barragán Carrasco y para que atiendan a los sobrevivientes. Su lucha es para que Aguas Blancas no sea el paradigma de la impunidad.

 

 

En las comunidades indígenas y pobres de Guerrero la situación socioeconómica no ha mejorado. El abandono es secular. Las familias sobreviven de las siembras raquíticas, sin contar con servicios médicos ni escuelas. En la Montaña la carencia de maestros y maestras es la regla y en los planteles no hay mobiliario ni materiales didácticos. Los pocos niños que asisten llegan con el estómago vacío, descalzos y sin libros ni cuadernos. La Secretaría de Educación lo sabe, pero siempre argumenta que no tiene presupuesto para contratar docentes ni para construir aulas. Son las madres y los padres los que se organizan para obligar a que las autoridades atiendan lo básico. Su esfuerzo es insuficiente porque se requieren acciones de presión y recursos jurídicos eficaces, como los amparos.
Este deterioro de la educación viene en picada desde los regímenes priistas y luego con Vicente Fox y Felipe Calderón que impulsó e instauró la ley del ISSSTE. Lo insólito es que con los gobiernos morenistas las comunidades indígenas siguen arrastrando el rezago educativo, mientras el magisterio se ha organizado para enfrentar el modelo neoliberal de las pensiones.
Con la reforma de Ernesto Zedillo al IMSS en 1997, se sustituyó un sistema colectivo y solidario de pensiones en que el Estado actuaba como garante de una pensión digna, en su lugar se impulsó un modelo de capitalización individual a través de las Afore, que son empresas privadas, que gestionan las cuentas de cada trabajador. La pensión se rige con las leyes del mercado, sin garantizar una pensión proporcional al salario de cada trabajador.
La reforma del ISSSTE impulsada por Calderón-Beltrones en el 2007 plantea el mismo esquema de las Afore para los trabajadores del Estado. La diferencia es que introduce una Afore más: Pensionissste; que es un bono de reconocimiento (bono de pensión ISSSTE) para los trabajadores que migraron del sistema anterior al nuevo, privatizando la administración, individualizando la acumulación y corriendo el mismo riesgo que la pensión del IMSS.
La privatización de la seguridad social pasó de un régimen público y colectivo a un régimen privado (las Afore y aseguradoras). Se fortalecieron los agentes privados que son la piedra angular del modelo neoliberal que vienen a ser los beneficiarios de este modelo de pensiones individuales. Se redujo la función estatal a un mero órgano regulador sin garantizar el derecho a una pensión digna. En este modelo cada trabajador es responsable de su propio bienestar y asume individualmente el riesgo de vivir más años de los calculados, así como los bajos rendimientos de su cuenta individual en la Afore, corriendo el riesgo del desempleo que impacta sobre el nivel de sus cotizaciones. Con esta reforma el Estado se libera de la obligación constitucional de financiar de forma estable y progresiva el sistema de pensiones. La pensión deja de ser un derecho social constitucional para transformarse en una mercancía. Con el nuevo modelo se trata de comprar una pensión con las Afore, quedando a la deriva porque su pensión en está lógica mercantil, no es garantizar derechos sino obtener utilidades.
Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo como telón de fondo la privatización de sus pensiones. Su jornada de lucha se topó con una postura hermética de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Las maestras y maestros de la Montaña, que en su mayoría impulsaron su candidatura, quedaron desconcertados por el trato que recibieron. Consideran que la presidenta ha perdido el rumbo de la izquierda, porque todas las respuestas que mandó, a través de Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres, fueron de corte neoliberal.
Las autoridades querían que los maestros de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) se centraran en las cuestiones técnicas para discutir la forma de cómo migrar las cuentas de las Afores privadas a la Afore pública, a la pensión-ISSSTE. Los comisionados demandaron la derogación de la ley del ISSSTE implantada por Felipe Calderón.
Nunca imaginamos que la presidenta criminalizaría nuestras protestas. Se portó muy mal con los maestros y jamás dio la cara para atendernos. La repruebo totalmente porque tenía conocimiento de lo que sucedió el primero de junio, pero prefirió guardar silencio. Mi hermano Proceso recibió un balazo y las autoridades no reconocieron lo que hicieron. Mi hermano la apoyó durante su campaña para que fuera presidenta, pero nunca pensó que le pagarían con balas. En ella muchas maestras fincamos nuestra esperanza para abrogar la ley del Issste, pero nos ha desilusionado, externaron.
La mayor parte de los maestros promovieron su candidatura, pero ahora no los quiere escuchar. Prefiere a los banqueros, a los dueños de las Afore. Los maestros creímos en el cambio, pero ¿dónde quedó su palabra de dar de baja la ley del ISSSTE? Nos etiquetó como radicales. Desplegó una campaña de desprestigio para justificar la represión. Mandó mensajes a través del gobierno estatal, de los senadores y otros interlocutores para decir que nos retiráramos, que Guerrero se calmara y que volviéramos al estado. Cuestionó la autenticidad de nuestra lucha, creyó que algunos empresarios nos estaban financiando para seguir con nuestras movilizaciones. No se explicaba cómo es que Guerrero, sin tener las cuotas sindicales, tenemos capacidad de movilización, como si fuéramos una sección con toma de nota. Nosotros le respondemos a la presidenta siempre que sentimos la dignidad y el coraje a flor de piel. A lo mejor se le olvidaron los muertos de la guerra sucia, los muertos de Aguas Blancas, de Ayotzinapa, los miles y miles de desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico que dejaron una cauda de muerte en la historia de Guerrero. No entienden el coraje acumulado que los guerrerenses tenemos.
Intensificamos nuestras movilizaciones porque rechazamos contundentemente la represión. No queremos que regresen las prácticas represivas del pasado. Con coraje y dignidad vamos a seguir democratizando el país. Dijeron que éramos los radicales, sin embargo, eso no fue motivo para que retrocediéramos, al contrario, el comité que estamos encabezando tiene el compromiso de representar de manera digna a los maestros del estado, junto con la valiente y tenaz maestra Elvira. Nos mantuvimos firmes para mantener la unidad. Salimos fortalecidos como Guerrero, más allá de la respuesta que dio el gobierno le mostramos al mundo, a través de los medios internacionales, que al gobierno le importa más el mundial de futbol. Pero logramos difundir al México real, donde hay violencia, desapariciones, en la que las madres buscadoras abanderan una lucha digna. Las madres y padres de los 43 mostraron también su enojo por la forma en que fueron tratados, que los policías impidieron el paso a los estudiantes y las autoridades se empeñaron en desacreditar su movimiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum nos quiere condenar a vivir una vejez en la miseria con 6 mil pesos o 4 mil pesos mensuales. No vamos aceptar vivir en esta miseria después de más de 30 años de servicio. Yo tengo 27 años de servicio trabajando en la sierra de Tlacotepec, en las partes más alejadas. Cuando llegué a la comunidad del Tiquimil, había exactamente lo mismo que ahorita, pobreza y violencia. Las autoridades han presumido la disminución de la pobreza, pero no es verdad. Sí hay algunos apoyos en pensiones y en becas, pero no resuelve de fondo los problemas, porque la pobreza se siente en las familias que no tienen qué comer, no les alcanza para vivir dignamente.
Los maestros en las partes más alejadas carecemos de muchas cosas. Como docentes tenemos que hacer gastos para apoyar a los padres de familia en el mantenimiento de las escuelas. También cooperamos con las comunidades para sacar adelante sus festividades. La marginación nos afecta a todos los que vivimos en la Montaña y la sierra. Las maestras y los maestros no sólo nos enfrentamos a la pobreza, también somos víctimas de asaltos, extorsiones y amenazas.
Llamamos al gobierno federal a que garantice una educación digna y que aumente el salario de las maestras y maestros. No es real que ganamos 20 mil pesos mensuales. Queremos que hablen con la verdad, que digan cuánto ganamos los docentes de la Montaña. Queremos que este gobierno, que se dice progresista, cumpla con su compromiso de abrogar la ley del ISSSTE.
Vamos a seguir en la lucha social en defensa de nuestros derechos. Acordamos que este lunes 22 vamos a realizar una marcha masiva en Chilpancingo para mostrar nuestra fuerza en el marco de la reunión tripartita. Les vamos a demostrar que somos muchos y no como dijo la presidenta que éramos el 2 por ciento de los movilizados. Aunque no tenemos la representación sindical, tenemos a las bases. Lo que más nos indigna es constatar que el gobierno de la cuarta transformación no ha roto para nada con el gran capital, al contrario, se convirtió en el capataz de los grandes empresarios y millonarios.
Tampoco vemos en los políticos de Morena ni en los aspirantes a gobernador que estén comprometidos con las demandas de los movimientos sociales. Se mantienen al margen, prefieren nadar de a muertito, para no comprometerse con nadie y no causar enojo entre sus dirigentes. Siguen con las mismas prácticas vetustas de aliarse con caciques y personajes de la delincuencia para tener recursos que le permitan difundir su imagen. A nivel estructural no se ven cambios en el modelo económico, continúan con sus megaproyectos y con el modelo extractivista. Se mantiene el mismo sistema de justicia corrupto, porque la justicia se vende al mejor postor; no se castiga a los violadores de derechos humanos; se discrimina a la población indígena y afromexicana y se mantienen intocados los grandes intereses económicos de la oligarquía. Se confabulan con ellos para continuar con los negocios de las Afore.
La CNTE y la CETEG son tratadas como de maestros radicales, como extremistas que se llegan a juntar con la ultraderecha. Es importante clarificar que desde su fundación en 1979, la CNTE es un referente nacional de la izquierda social, que mantiene un modelo de organización horizontal que se revitaliza con sus asambleas y se fortifica con la renovación de sus dirigentes. Su retorno a los estados es para recuperar las fuerzas y evaluar la postura neoliberal de la 4T como defensora de las Afore.

En memoria de Ignacio Hernández Meneses, reportero y caricaturista de amplia trayectoria.
Castigo ejemplar para Harold N., presunto autor material del homicidio de Marco Antonio Suástegui. La investigación tiene que llegar a fondo
para dar con los autores intelectuales.

En el preludio del Mundial de Futbol México tuvo dos rostros: los ricos y pobres; los privilegiados y quienes luchan por sus derechos en las calles; quienes esperaban el Mundial y quienes siguen esperando a sus seres queridos. Las vallas metálicas y los anillos de policías de la Ciudad de México mostraron la prepotencia, el autoritarismo y el racismo de un gobierno al que sólo le interesa la buena imagen del país.
El primero de junio el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivó su huelga nacional, irrumpiendo en las calles céntricas de la Ciudad de México con una marcha enorme. Las maestras y maestros formaban un río de gente que lucha. Sus consignas “si no hay solución, no rodará el balón” hacían eco y llegaban al Palacio Nacional. Cuando arribaron a la calle 20 de Noviembre los muros de acero impedían su paso. La avanzada de los maestros de Guerrero empezó a tratar de entrar, golpeando con palos y marros. Estaban a punto de lograrlo cuando los policías empezaron a disparar gases lagrimógenos y balas de plástico para dispersar a los manifestantes.
Los policías accionaron sus armas directo a los maestros Octavio Romero y Proceso González, para derribarlos y causar terror entre los manifestantes. Proceso quedó tendido en el asfalto por el fuerte impacto de la bala. Sus compañeros lo auxiliaron como pudieron. Blanca, sobrina de Proceso, lo llevó a un hospital privado, pero no tenían equipo para atenderlo. Fue en el hospital del ISSSTE Primero de Octubre donde lo atendieron con engorrosos trámites burocráticos. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la represión policiaca con el argumento de que no tenían razón de ser las protestas del magisterio porque había mesas de diálogo que estaban atendiendo sus demandas.
El 8 de junio las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos fueron detenidos por un cerco policiaco en la caseta de Tlalpan. Las autoridades estaban empeñadas en revisar los autobuses porque supuestamente traían explosivos. Fue indignante que Rosa Icela, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera quien revisara las cajuelas de los autobuses, principalmente de las madres. Lo peor fue el papel de policía que desempeñó Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). De manera directa enfretaban a las madres y padres para no dejarlos pasar ni permitir que realizaran sus protestas.
Con impotencia don Mario González relata el sufrimiento de las “madres que salieron desde las 6 de la mañana de la Normal de Ayotzinapa y que a las 4 de la tarde aún permanecían encapsuladas, sin comer, con enfermedades crónicas y con los problemas del azúcar y la presión altas. Doña Hilda llegó con la presión de más de 200, pero para los funcionarios del gobierno federal (que supuestamente están muy al cuidado de la salud de las madres) les valió un bledo. Este gobierno lo que hace es victimizarse y a nosotros nos pone como los malos. Las víctimas no son ellas ni ellos, somos nosotros. Las víctimas a las que les tiene que dar justicia somos nosotros.
A las madres buscadoras que ahora también están criminalizando y ofendiendo, como lo hizo la secretaria de Gobernación, al afirmar sin pruebas que les dieron dinero para que vinieran a la marcha. La presidenta tiene que saber que hay más desaparecidos, de los que tienen registrados oficialmente”.
Al final las dejaron pasar y los estudiantes regresaron a la Normal de Ayotzinapa. A mediodía las madres y padres, acompañados de la CNTE, realizaron un mitin en el antimonumento por los 43 para denunciar el cerco policiaco y la falta de avances en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos. En los cinco días que duró la jornada de lucha, el subsecretario de Gobierno coordinó el operativo policiaco para impedir el paso a las madres y padres de los 43 y bajo ninguna circunstancia permitió que los estudiantes de Ayotzinapa entraran a la ciudad.
El 11 de junio en la inauguración del Mundial las madres y padres se trasladaron a la caseta de Tlalpan para tratar de romper el cerco con los estudiantes normalistas. Unos mil policías antimotines estaban formados con escudos y toletes. A pesar de este blindaje las familias y los normalistas avanzaron 300 metros, la orden que recibieron los policías fue contenerlos. En la caseta de cobro realizaron un mitin, mientras se confrontaban con Arturo Medina para que los dejaran pasar. El funcionario instruyó a los mandos policiacos que revisaran los autobuses. Doña María de Jesús, madre del estudiante desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, les respondió que no lo permitirían porque “no somos delincuentes y este gobierno no nos puede condicionar. Queremos verdad y justicia”.
Don Mario González increpó a las autoridades y principalmente a Arturo Medina para que los dejara pasar. “Si no estas a la altura para resolver los problemas dile que venga al que está en el teléfono para que nos deje pasar. Nuestras movilizaciones son pacíficas, sólo queremos pegar la carita de nuestros hijos en la calzada de Tlalpan”.
En el último día de la jornada tampoco dejaron pasar a los normalistas. Los maestros y maestras, así como las buscadoras pudieron entrar a la Ciudad de México, pero en la calzada de Tlalpan se toparon con centenares de policías que se encargaron de encapsularlas. “Les queremos por eso les buscamos”, gritaban. Las lonas y los carteles de sus familiares desaparecidos fueron su bandera de lucha y sus escudos para librar esta batalla contra un gobierno que se obstina en ocultar y negar una realidad que desangra a nuestro país.
Para las madres y padres quedó evidenciada la postura de la presidenta de la República, de privilegiar la fiesta del Mundial y silenciar las protestas y las exigencias de justicia de las madres buscadoras, utilizando los cuerpos policiacos para encapsularlas y reprimirlas. El diálogo que a diario pregona en las mañaneras se transformó en un muro infranqueable y se materializó con gases lacrimógenos y balas de plástico. La Secretaría de Gobernación arremetió contra las madres buscadoras al recurrir al improperio y el subsecretario de Derechos Humanos focalizó sus baterías contra los normalistas de Ayotzinapa al señalar a dos estudiantes del Comité de Lucha como los que coordinan la logística y la elaboración de explosivos. Nuevamente la fuente siguen siendo los aparatos de inteligencia del Estado controlados por el Ejército. La visión conspirativa y contrainsurgente se sigue reeditando en las altas esferas de la 4T.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó a la CNTE al asegurar que busca regresar a esquemas del pasado donde las cúpulas sindicales y los gobiernos estatales decidían la asignación y movilidad de las plazas magisteriales. Remarcó que estas prácticas se prestaban a la corrupción, por eso su gobierno consultará directamente a las bases magisteriales. La relación con la presidenta se truncó al desconocer como interlocutora legitima a la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN).
La situación se tensó más con el anuncio que hizo la CNTE este domingo de continuar con sus movilizaciones. “Continuaremos con la huelga nacional”, anunció Yenny Aracely Pérez integrante de la sección 22 de Oaxaca.
“La presidenta dice que está todo tranquilo y que México está de fiesta, que está alegre, pero sólo eso pasa en su entorno. Aquí afuera está la realidad, aquí están más de 130 mil desaparecidos. Aquí están las madres buscadoras que protestan para visibilizar su lucha, para que las tomen en cuenta. A ellas no les interesa boicotear un partido, lo que demandan es justicia y verdad”.
“Nosotros como víctimas tratamos de alzar la voz, pero al gobierno, a la FIFA y las televisoras solo les interesa el negocio del Mundial, que la gente vea los partidos y que consuma todo lo que le anuncian. Ese es el interés de los ricos, pero no se vale que nos tachen de generadores de violencia, que se empeñen en decir que venimos a hacer desmanes, porque sus seguidores lo creen, y empiezan a desprestigiar al verdadero movimiento que no tiene nada que ver con el partido.
El México verdadero es el que lucha para que no haya más desaparecidos. Es el México adolorido que no descansa para dar con el paradero de 130 mil desaparecidos en el país.
Lo más triste es que este 12 de junio es mi cumpleaños y recuerdo que la última vez mi hijo me dijo que iba a llegar. Siempre me regalaba algo, me iba a hacer maldades con el pie para que me levantara y empezar a comprar el pastel y la carne para comer. Todos esos recuerdos vienen y ya no aguanto. No les interesa nuestro dolor ¿porqué prefieren a los extranjeros y a nosotros nos dicen que no salgamos para no dar mala imagen? ¿Quién odia a México? ¿Quién odia a los mexicanos?”
Las madres buscadoras mostraron el rostro verdadero de un país marcado por la violencia y la impunidad. Su dolor se convirtió en rabia ante la postura del gobierno federal de priorizar el Mundial en lugar de darle cauce a su reclamo. Los fanáticos de la FIFA desataron las críticas cuando un grupo de aficionados le quitó la lona con rostros de desaparecidos a una madre buscadora para resguardarse de la lluvia.
La presidenta habla de la alegría del Mundial, pero deliberadamente ignora el dolor de miles de familias que llevan años pidiendo encontrar a sus seres queridos.
Lo que más entristeció y causó enojo a las madres y padres que buscan a sus hijas e hijos es que la presidenta Claudia Sheinbaum haya comentado en la mañanera del 12 de junio que “hubo quien quiso mostrar otra imagen de México. Pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo, y de todas y de todos los mexicanos. Fue una fiesta de México, muy hermoso la verdad ver a toda la afición y la no afición celebrar el triunfo de la selección. Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México”.

Los gobiernos caciquiles de Guerrero han desangrado la vida de un pueblo insumiso que con la movilización y las armas ha tumbado gobernadores. Las masacres de indígenas y campesinos son las cuentas pendientes que no han saldado los gobernantes represores por la impunidad que impera en el país y por los pactos de silencio que mantienen intocados las elites gobernantes. En las fiscalías del estado y la federación no hay expedientes abiertos contra los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
Los exgobernadores como Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero gozan de un fuero transexenal porque ningún gobierno se atreve a tocarlos. Para ellos las leyes que nos rigen no se aplican. Por eso la barbarie en nuestro estado sigue siendo la ley que nos sojuzga porque el ciudadano de a pie no tiene poder económico ni protección política.
Guerrero es un estado sin ley. La Fiscalía del estado se reduce a abrir carpetas de investigación y normalmente no las judicializa. Encubre a los responsables de delitos de alto impacto y solo actúa por presión social o consigna política. El Poder Judicial, por decir lo menos, sigue actuando con opacidad y discrecionalidad. La corrupción ha socavado su frágil reputación y la mayoría de jueces se ha envilecido por el afán de lucrar con la justicia. Es conocido el modo de operar al interior de los juzgados y se sabe de sus vínculos mafiosos con litigantes a modo.
Nuestro rezago en la procuración y administración de justicia es abismal. Con los vicios que arrastran por décadas pasarán varias generaciones que no lograrán ver el amanecer de la justicia. Prevalecerá la ley del más fuerte y la justicia que tiene precio. Proliferarán los grupos de la delincuencia ante un sistema de justicia fallido, que trata como personas incómodas a las víctimas.
La violencia enturbia nuestro presente y oscurece nuestro futuro. Nos hundimos en el fango de la inseguridad y la calamidad. Los crímenes son el pan de cada día. En el mes de mayo se suscitaron las agresiones armadas y los desplazamientos forzados en las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán municipio de Chilapa; en Huitzapula municipio de Atlixtac y en Teticic; municipio de Olinalá. Son bombas de tiempo que causaron daños irreparables en las familias y que en otro momento volverán a estallar, porque los conflictos solo se administran y no se atienden de fondo.
En este inicio de mes fue el gobierno de la Ciudad de México el que arremetió contra los maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que intentaron derribar las vallas metálicas para ingresar al Zócalo capitalino. La indignación fue mayor porque hubo maestros heridos y por la cerrazón de la presidenta Claudia Sheibaum, al negarse a dialogar con la dirigencia nacional.
En Guerrero, el viernes 5 fue asesinado en Cuajinicuilapa el joven abogado Sael Silva Cisneros, originario del nuevo municipio de San Nicolás. Fue un gran impulsor de los derechos del pueblo afromexicano. Con gran entusiasmo había promovido un seminario sobre disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos, como parte del trabajo que desempeñaba en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El término de la segunda sesión fue privado de la vida por personas armadas que dispararon contra un establecimiento de venta de cerveza. Su familia solo ha recibido condolencias en las redes sociales por parte de los funcionarios de las instituciones donde Sael laboró y con creces demostró ser un gran defensor de los derechos del pueblo afro.
Este domingo 7 conmemoramos la masacre de El Charco perpetrada por el Ejército que ejecutó a 11 indígenas y a un estudiante de la UNAM. Después de 28 años el gobierno de la 4T ha respondido a la Comisión Interamericana que se trató de un enfrentamiento con grupo guerrillero y no ejecuciones extrajudiciales, encubriendo al Ejército de graves violaciones a los derechos humanos. El 7 de junio de 2015, en el marco de las elecciones para gobernador fue ejecutado el estudiante Antonio Vivar Díaz en la colonia Tepeyac de Tlapa, por parte de policías federales que se encontraban retenidos dentro de una capilla. Fue la reacción de la población por privar de la libertad a 8 personas, acusadas sin pruebas, de haber incendiado una camioneta del INE. El enojo de los colonos fue por su traslado en helicóptero al puerto de Acapulco con el fin de procesarlos y presentarlos como los autores materiales. A pesar de que existen recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias no han avanzado. La fiscalía ha archivado la investigación del joven Antonio y en el caso de El Charco, no existe ninguna denuncia contra los militares. Para las mujeres indígenas y estudiantes pobres de Guerrero el camino de la justicia está cancelado.
En el foro que organizamos en el auditorio de la sección 9 de la CNTE en la ciudad de México dieron su testimonio las compañeras de El Charco, se presentó el caso del asesinato de Antonio Vivar. También se tuvo la presencia de dos padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que recientemente se reunieron con la presidenta de la República sin tener avances sustantivos de la investigación. Su demanda de que regrese el GIEI no encuentra eco en la presidenta, solo vislumbró la posibilidad de que otros expertos internacionales pudieran apoyar en las investigaciones. Siguen insistiendo en las líneas de investigación relacionadas con la entrega de los 800 folios por parte del Ejército y de profundizar en la investigación de los 17 estudiantes que fueron sacados de la barandilla de Iguala. Del mismo modo reiteraron que se concretice la extradición de Tomás Zerón de Lucio y de Ulises Bernabé García.
Al final escuchamos el testimonio estremecedor de la maestra Blanca Yudith Martínez, sobrina del maestro Proceso Columbo González González que fue agredido con una bala de plástico en el ojo izquierdo y que se encuentra delicado de salud.
“No esperábamos que en esta marcha donde exigimos nuestros derechos como maestros, nos recibiera de esta manera un gobierno que dice que está dispuesto al diálogo. Nos recibió con la policía, con gas lacrimógeno, con balas.
Proceso estaba entre 50 y 100 metros de distancia de las vallas. Ahí le apuntaron y dispararon cerca del ojo con una bala hecha de un material muy duro. Su estado de salud es crítico. Cuando lo llevamos al hospital Jesús Médico no nos querían recibir, a pesar de que les pedía desesperada que nos ayudaran y mi tío se quejaba del dolor. Lo trasladaron al hospital del ISSSTE 1 de Octubre y en el camino iba temblando de frío. Su sufrimiento les fue indiferente a los policías que detuvieron la ambulancia para preguntarnos a quién llevábamos y a dónde íbamos. “¡Qué quieren!, les dije. Este es el resultado de sus compañeros que agredieron a mi tío”, les tuve que gritar para que nos dejaran continuar.
Al llegar al hospital, Proceso estaba sudando, estaba cada vez más frío. Veía su desesperación porque no veía nada y le dolía mucho la cabeza. En lugar de atenderlo de inmediato, el personal médico me pidió registrarlo, de lo contrario, nos sacarían. Me indigné y les respondí que si no atendían a mi tío llamaría a mis compañeros maestros para presionar. Lo atendieron hasta las 4 de la tarde, y querían que yo cortara su ropa para poder atenderlo, querían que yo hiciera su trabajo.
Lloré nerviosa pensando lo peor, estaba sola porque somos de Guerrero, pero nada de eso parecía importarles. No es justo que nos nieguen la atención médica. Mi tío Proceso estaba muy mal y lo único que me decían es que no podían operarlo porque los cirujanos no estaban disponibles.
Después de la cirugía me dijeron que mi tío iba a estar en el área de recuperación porque no había camas. Tuve que moverme para conseguir una. Estuve preguntando desde que ingresamos hasta las 6:30 de la mañana por el estado de salud de mi tío y no me dejaban pasar a verlo ni me decían cómo estaba.
Ahora está en recuperación. Mi tío recuerda todo lo sucedido, me pidió que su caso no quede impune. “No dejen que el gobierno se deslinde de esta situación, quiero y tengo fe en que voy a regresar a mi centro de trabajo, y que con el apoyo de mis compañeros, podamos seguir en la lucha. No quiero que me jubilen, quiero estar activo. Sé que encontraré la manera de seguir trabajando porque yo tengo un compromiso con mi trabajo, que es mejorar esa escuela y que lleguen más maestros a la comunidad de Cochoapa”.
En esa misma acción de protesta el maestro Octavio Romero fue herido con una bala de plástico. El maestro se dio cuenta cuando un policía le disparó y alcanzó a moverse, sin embargo, no pudo esquivar el fuerte golpe. Por el impacto su mejilla izquierda rasgó su piel que le ocasionó una fuerte hemorragia. Sus compañeros lo auxiliaron para que atendieran su herida. Su recuperación fue rápida y de inmediato se incorporó a sus tareas como tesorero de la CETEG.
También nos dio su testimonio: Nuestra huelga nacional va a pasar a la historia porque nuestra lucha plantea una demanda justa que busca mejorar nuestras pensiones. El primero de junio queríamos llegar a un lugar que se supone debería estar abierto, donde se han concentrado nuestras manifestaciones. Pero lo encontramos blindado, con grandes vallas protegiendo no sabemos qué.
Hoy decimos que nosotros no agredimos, no somos criminales. Fue una agresión directa porque las balas que nos aventaron de las vallas fueron disparadas por la policía. Yo fui agredido y vi cómo me dispararon y a mi compañero también. Tuve la oportunidad de reaccionar antes de dispararme, me hirieron y me dieron cinco puntadas en el rostro por el impacto. Fue una agresión derecha porque el policía que me disparó, me apuntó. No fue una bala que rebotó, fue un impacto directo. El gobierno creyó que nos íbamos a retirar, pero no nos vamos. Seguimos en pie de lucha.

 

En memoria de Arturo Hernández Cardona:
luchador social que con temple y pundonor
desenmascaró la red criminal que regenteaba el presidente municipal de Iguala Jose Luis Abarca. Fue desaparecido, torturado y ejecutado por el narcopoder que impera en Guerrero.

El acto multitudinario convocado por Morena para arropar a la presidenta de la República Claudia Sheibaum, fue una gran oportunidad para que la clase política guerrerense se luciera. Se disipó bailando La Iguana, chupando paletas y tomándose fotos. En la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac fueron ubicados en primera fila los aspirantes a la gubernatura por Morena: Félix Salgado Macedonio, Beatriz Mojica Morga, Abelina López Rodríguez, Guadalupe Eguiluz Bautista e Iván Hernández Díaz. Estuvieron ausentes Esthela Damián Peralta, Rogelio Ortega Martínez y Rubén Cayetano García. Ante una audiencia cautiva, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aprovechó la ocasión para agradecer a la presidenta de la República todo el apoyo que ha brindado a Guerrero. La algarabía morenista expresaba con porras sus preferencias electorales y su determinación para dar la batalla en estos días decisivos. La cargada de los simpatizantes fue para mostrar músculo e ir ganando más presencia en la opinión pública.
En esa misma mañana la familia del profesor Sergio Nájera García, desaparecido el 28 de mayo, protestaba en las puertas de la Fiscalía General del Estado para exigir a los funcionarios que impulsen la investigación y que la Comisión Estatal de Búsqueda despliegue personal calificado para dar con su paradero. El drama cotidiano de las desapariciones, los asesinatos, los desplazamientos forzados marcan de por vida a decenas de familias mayoritariamente pobres que además de luchar por la sobrevivencia, tienen que enfrentar la indiferencia y el maltrato de las autoridades acostumbradas a actuar con prepotencia, endureciendo su trato con las víctimas, negándose a dialogar con ellas y sin mostrar resultados de sus investigaciones.
El mensaje de la presidenta se centró en mostrar los logros alcanzados en estos dos años de su administración y arremetió contra los gobiernos neoliberales que dejaron crecer a los cárteles de la droga coludiéndose con los grandes capos. La presidenta levantó la voz para decir que México ¡No acepta injerencias! ¡Somos un país libre, independiente y soberano! Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos.
Resaltó los resultados en seguridad: se han reducido en 20 meses, en 49 por ciento los homicidios dolosos y en 20 por ciento los delitos de alto impacto. Argumentó que para disminuir la violencia es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país y considera que es fundamental que el gobierno de Estados Unidos atienda el grave problema del consumo de drogas en su territorio.
Criticó acremente la actitud de una parte de la derecha mexicana: una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros. Una derecha que llega al extremo de invitar a representantes de la ultraderecha española para rendir homenaje a Hernán Cortés.
Con los triunfos electorales que ha tenido Morena a nivel nacional para la presidenta Claudia Sheinbaum, México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la transformación de México. Esa es una nueva realidad. “¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”, exclamó.
Esta nueva narrativa de que México ya cambió y de que es un gobierno del pueblo y para el pueblo no reconoce los grandes problemas que aún persisten en nuestro país y que requieren del apoyo de la sociedad, de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales para revertir los grandes rezagos que hay en el combate a la impunidad y la corrupción.
En nuestro estado los crímenes del pasado siguen vivos, son parte de la realidad dolorosa que no ha sido atendida por los gobiernos de Morena. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos de 1965 a 1990 quedó trunca, porque el gobierno federal ignoró sus recomendaciones y descalificó los resultados de la investigación. Fue un esfuerzo más que deja en estado de indefensión a las familias que por más de cinco décadas han buscado a sus seres queridos desaparecidos.
No solamente no hay avances en el paradero de los desaparecidos, sino que tampoco existen investigaciones que señalen a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad. Se encubre a los altos mandos militares y se mantiene intacto el pacto de impunidad. Este continuum de violencia sigue desangrando a nuestro estado. La transformación que pregona la 4T no ha llegado a las fiscalías porque persisten los mismos vicios de corrupción y la colusión con los grupos de poder es una práctica añeja que deja buenos dividendos. Los cotos de poder ahora se comparten con las elites militares que tienen en sus manos la Fiscalía del estado que camina en sentido contrario de las víctimas.
La cifra imparable de las personas desparecidas en nuestro país pone en entredicho la actuación del gobierno federal que no atiende los planteamientos de los colectivos de familiares que tienen la experiencia y el compromiso para realizar búsquedas y hacer investigaciones en el territorio. Hay un malestar muy grande de las madres buscadoras porque sus planteamientos no encuentran eco entre las autoridades federales, tampoco cuentan con el respaldo y los recursos necesarios para realizar dignamente su trabajo. Luchan a contrapelo de las autoridades sacando siempre la casta y mostrando entereza y pundonor para llegar a los lugares más recónditos y peligrosos donde las autoridades no se atreven a indagar.
El sábado 30 de mayo colectivos de familiares de periodistas y participantes del premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos instalaron un antimonumento “Aquí Nadie Olvida” para nombrar y recordar, a unos días del mundial de futbol, a los periodistas asesinados y desaparecidos en México. El memorial fue levantado en la avenida Paseo de la Reforma en la conocida esquina de la información, donde se ubicaban los principales diarios impresos del país. Esta estructura servirá como un recordatorio para la población nacional e internacional de la grave situación que enfrenta el periodismo en México, que desde el año 2000 hay más de 150 periodistas asesinados y decenas están desaparecidos. La fecha fue muy representativa porque el 30 de mayo de 1984 asesinaron a Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Otro de los graves problemas que sigue arraigado en México es la violencia contra los periodistas, al grado que nuestro país es catalogado como de los más peligrosos para ejercer ese oficio. En nuestro estado varios periodistas han sido asesinados, otros más se encuentran desplazados y en algunas regiones del estado no hay condiciones para ejercer el periodismo. Hay zonas silenciadas por los grupos de la delincuencia que ejercen un control férreo de lo que circula en las redes sociales y de las noticias que aparecen en los medios locales. El gobierno federal ha demeritado el trabajo periodístico dejando en estado de indefensión al gremio que es la columna vertebral de una sociedad democrática, que requiere de información veraz, independiente y comprometida con la sociedad.
Los defensores de derechos humanos aparecen como actores incómodos para las autoridades que se sienten interpeladas debido a sus malas actuaciones y por el abuso de poder. Además de trivializar su trabajo y desacreditarlo desatienden y obstaculizan cualquier esfuerzo que se orienta a proteger los derechos de las víctimas. Lo más grave que ahora sucede en nuestro entorno es que tanto los gobiernos como los empresarios han utilizado a grupos de la delincuencia organizada para hacer el trabajo sucio. Hay colusión por los negocios que emprenden y que requieren poner en orden a quienes pueden descubrir los intereses económicos que se tejen de manera subrepticia.
En Guerrero la delincuencia se ha transformado en un poder fáctico que tiene el control de ayuntamientos y comunidades, que amenaza y atenta contra la vida de quienes considera sus enemigos o una amenaza a sus intereses mafiosos. Varios luchadores sociales son desaparecidos y asesinados en este contexto de ingobernabilidad donde caciques, políticos regionales o autoridades

municipales utilizan a estos grupos para deshacerse de quienes consideran como un obstáculo en su carrera político delincuencial.
El caso del luchador social Arturo Hernández Cardona es un caso emblemático de cómo el presidente municipal Jose Luis Abarca catalogó como un enemigo a quien tenía que quitarlo del camino. Con el apoyo de un grupo de la delincuencia el 30 de mayo de 2013, Arturo fue desaparecido, torturado y asesinado por órdenes del presidente municipal José Luis Abarca. En nuestro estado hay muchos luchadores y luchadoras sociales que fueron desaparecidos y asesinados pero que lamentablemente las autoridades no han asumido el compromiso de reivindicar su memoria dando con los responsables e imponerles un castigo ejemplar.
La violencia que se enseñorea en la Montaña Baja de Guerrero es otro indicador funesto del grave problema de la inseguridad y de la crisis de ingobernabilidad. Las comunidades indígenas además de padecer los estragos de la pobreza y el abandono del gobierno ahora tienen que padecer el flagelo de la delincuencia que, a decir de ellos, son los que impondrán el orden y aplicarán la ley. Toman el control del territorio y asumen el poder de facto. Irrumpen con armas de alto poder y con drones, detienen, desaparecen y asesinan a quienes consideran que forman parte de otro grupo de la delincuencia.
Hacen la limpia para imponer su poder siniestro. El problema del desplazamiento forzado es una realidad que se ha extendido en donde se libran batallas por el control territorial entre grupos de la delincuencia antagónicos. Las consecuencias son funestas porque son familias enteras las que tienen que salir de manera clandestina, con niños pequeños, con personas mayares y enfermas, con madres embarazadas. Se refugian en lugares inhóspitos o huyen del estado para ponerse a salvo. Lamentablemente estas realidades no aparecen en el informe de la presidenta de la república, están invisibilizadas, nuestro gran temor es que su apuesta sea mostrar cambios en la política social y en su estrategia de seguridad pública, independientemente que a nivel local y regional la situación empeore. De que muchas familias sigan sin experimentar una mejoría en su calidad de vida y que continúe a salto de mata para librarse de las balas y de las incursiones armadas.