Guerrero sin agua y en llamas

Los pueblos indígenas de México preservan un legado cultural inconmensurable y megadiverso. Es una civilización que nos da identidad y que se expresa no sólo en los museos o pirámides, sino que es un legado que transmitimos de generación en generación, como una realidad cambiante y creativa. Somos el México profundo que nos describió Guillermo Bonfil, el México de nuestras raíces que corre por nuestras venas y que se nutre de la sabiduría de nuestros idiomas, de nuestras formas de ser y estar en el mundo.
Guerrero es un estado pluricultural, sobresale por el colorido de sus fiestas y rituales, por sus culturas prehispánicas, sus códices coloniales, sus rituales agrícolas, su música y sus danzas, su arte y su gastronomía. Es un manantial de saberes y de historias que nos dignifican como un estado aguerrido. Los tigres que danzan en las cimas de los cerros simbolizan el agua y representan el valor de quienes pelean y ofrendan su sangre para que caiga la lluvia. Las danzas prehispánicas forman parte de los rituales propiciatorios y los animales que bailan están relacionados con el agua, como los tigres y las tortugas.
En las siete regiones del estado perviven estas tradiciones, sobre todo su sentido festivo y comunitario. Cada comunidad y municipio se viste de gala con las celebraciones de sus santos patronos, que se erigen como símbolos sagrados que les dan identidad a cada pueblo. Como guerrerenses heredamos ese legado cultural que le imprime carácter y tonalidad a nuestra forma de celebrar y de luchar.
En las culturas indígenas de Guerrero persiste un gran reservorio civilizatorio que forma parte de la belleza natural y cultural de nuestro estado. La naturaleza es un patrimonio sagrado que está íntimamente ligada con la cultura, que es la expresión tangible de la obra humana, que se codifica en cosmogonías, creencias, formas de organización, normas, ritualidades y multiplicidad de expresiones más. Entre los pueblos de la Montaña hay dos elementos de la naturaleza que son de vital importancia para la vida de las comunidades: el agua y el fuego.
Para el pueblo me’phaa el 24 de abril, en la víspera de la fiesta católica de San Marcos, es la fecha de inicio del ritual de petición de lluvias. Algunas comunidades suben a rezar en la cima de la montaña y otras acuden a los manantiales o ciénegas. Simbólicamente en lo alto de la montaña, donde bajan las nubes, habita el rayo Bégoo y en las ciénegas vive la serpiente bicéfala Ábu Chíji.
Los sabios o Xiñá, son los que se preparan espiritualmente para iniciar el largo ritual de petición de lluvias. El rezo y la ofrenda de los sabios ayudarán a fusionar la fuerza del rayo con la fuerza de la serpiente para que atraigan la lluvia y bañe toda la naturaleza. En la Montaña no sólo se esconde el rayo entre las nubes, también en el subsuelo hay corrientes de agua que le dan vida a los manantiales y a los ríos.
Para cuidar esta reserva acuífera es muy importante realizar el ritual con el sabio mayor, que es el especialista que habla con las deidades y que sabe presentar la ofrenda y las cuentas de flores como es la costumbre. Se da cuenta cuando la ofrenda es bien recibida por las deidades y escudriña en las señales del cielo cómo estará la temporada de lluvias. Este diálogo sagrado es durante todo el día y toda la noche. Es una gran prueba para el sabio mayor porque representa a la comunidad y de su capacidad de comunicación con las deidades depende que haya lluvia, alimentos, fiesta y tranquilidad entre los habitantes.
Gracias a estos sabios de la Montaña y a las comunidades que participan en la preparación y organización del ritual de petición de lluvias es que aún se conservan las reservas de agua que hay en las montañas. Las normas rituales que practican tienen sustento en su cosmovisión sagrada, en el respeto a la naturaleza, en el cuidado de los bosques y en la protección de los manantiales y ciénegas. Los pueblos con sus autoridades agrarias han luchado contra los madereros voraces, que entran al bosque con triquiñuelas, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Abusan de las carencias económicas que padecen las comunidades al ofrecerles dinero para que liberen la entrada al bosque; compran materiales para la construcción de sus iglesias; apoyan con cartones de cerveza para la fiesta del santo patrón y con la maquinaria del trocero medio arreglan sus caminos de terracería.
La multiplicación de los incendios forestales son la gran amenaza para la reserva boscosa que aún se conserva en la Montaña, pero que se encuentra asediada por madereros que ya conocen todas las artimañas para continuar depredando los bienes naturales que protegen los pueblos. La situación se ha complicado porque tuvimos un invierno extremadamente caliente que adelantó la temporada de incendios.
Hemos constatado que en nuestro país existe una quema ilícita y provocada de bosques, sobre todo en los lugares donde hay un gran potencial forestal. La quema la generan operadores de madereros, que proliferan en las regiones boscosas de nuestro estado. Esta quema resulta favorable para los madereros porque la ley forestal les favorece con la argucia del saneamiento de bosques. En los hechos la quema de un bosque resulta redituable para los madereros porque las autoridades ordenan la realización de un estudio sobre el saneamiento del bosque. La recomendación será que se corte el bosque quemado. Es una práctica añeja que se aplica en todo el país y nunca ha sido atendida por la Semarnat ni por Conafort. Lo más grave es que al interior de las mismas instituciones como la Conafort, opera una vieja mafia verde que tiene un nexo muy cercano con los técnicos que hacen los estudios de manejo, para sanear los bosques quemados y para hacer corte de bosques sanos.
También hay tala ilegal que se justifica con incendios provocados. Esta práctica nociva es reproducida por personajes siniestros que recurren a la quema para evitar los trámites burocráticos de los permisos. De esta forma ganan dinero los que cortan la madera al ofrecerla a los madereros que están al acecho de estos negocios ilícitos. En estos negocios están involucrados caciques, autoridades del estado y funcionarios públicos que piden su porcentaje para avalar la venta clandestina de la madera.
Las quemas tradicionales de las pequeñas parcelas se han transformado desde hace tiempo, en otro problema porque son quemas que no están bien vigiladas por las autoridades y las comunidades. Se les va la lumbre y el fuego es incontrolable causando daños incuantificables a su propio hábitat. Son quemas que no deberían de suceder, porque supuestamente los pueblos platican en asamblea para que tengan cuidado con las quemas. Aconsejan hacer franjas corta fuego o hacer las quemas con vigilancia, en la noche y sin viento. La realidad es que estos acuerdos ya no se respetan y cada comunero o ejidatario prende fuego sin vigilar que se salga de control.
Actualmente los grupos del crimen organizado se han apoderado de los bosques, sobre todo en la parte alta de la sierra. El control que ejercen del territorio les permite talar a sus anchas y hacer negocio con el corte y la venta la madera. Estos grupos han incursionado en este giro de la economía al grado que ya cuentan con expendios en las principales ciudades del estado. Se trata de empresas que ahora disputan el negocio con quienes son su competencia.
Lo inaudito es que Conafort no tiene presupuesto para capacitar, equipar y atacar los incendios, mucho menos para hacer planes para el manejo de los incendios. Esta sería una alternativa viable si se aplicara con las comunidades, pero sin ideas claras de cómo enfrentar el desafío y sin suficiente presupuesto, es imposible revertir los incendios en el estado. Las llamas destruyen en un momento lo que en siglos la naturaleza nos regaló.
Son contados los grupos que trabajan con las comunidades indígenas en el manejo integral del fuego. Son trabajos que requieren una buena capacitación, equipamiento adecuado, formación de brigadas, plan de contención del fuego, programas preventivos de líneas de cortafuego e incendios controlados. Es importante que las comunidades cuenten con reglamentos comunales porque generan mayor conciencia y corresponsabilidad entre la población, que se asume como sujeto para prevenir y revertir esta hoguera que amenaza con acabar con el patrimonio de todos.
Lo catastrófico para Guerrero es que si el calentamiento de la tierra sigue avanzando, cada año habrá más incendios, menos agua, más tormentas incontrolables, más nevadas, granizadas inesperadas con granizos gigantes, como ya está pasando en otras regiones del país. El huracán Otis fue una muestra de lo que puede repetirse en nuestro estado.
Estas catástrofes no son culpa del clima, ni de la naturaleza.
La devastación es por la acción depredadora de quienes nos sentimos dueños del bosque, del agua, de los manglares y de los territorios sagrados. El modelo económico extractivista amenaza con quitarnos todo nuestro entorno, es una espiral de la destrucción del género humano. Tenemos que aprender de la sabiduría de los pueblos de la Montaña, que nos enseñan a cuidar y respetar a la madre naturaleza. No destruyen, cuidan, construyen y crean. No depredan, preservan, protegen, resguardan las plantas nativas y dan la pelea contra las empresas extractivistas.
El diálogo con las deidades, la correspondencia y el agradecimiento con las fuerzas cósmicas son un gran ejemplo de cómo se busca el equilibrio y se cuidan las reservas naturales para las futuras generaciones.

El tiempo se agota y la verdad apremia

Mientras las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marchaban del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribía en su Facebook “desde la tarde hasta el anochecer visitamos el parque del Jaguar en la majestuosa zona arqueológica de Tulum. Se han restaurado muchos sitios, como este templo de cresterías a la orilla del mar Caribe”. En el primer plano aparece sentado en una de las escalinatas del templo restaurado. Distante del grito estruendoso de los normalistas y de las organizaciones que los acompañaban, el presidente centró su comentario en la majestuosidad de Tulum, sobre la riqueza arqueológica de la cultura maya.
Ante el silencio del presidente, los papás y mamás decidieron quedarse en la capital del país para esperar la respuesta formal del Ejecutivo sobre la fecha de la reunión. Hay mucho enojo y desesperación en las mamás y papás porque nada saben de las investigaciones y mucho menos de los hallazgos en las búsquedas en campo. El fiscal especial se ha erigido en un enemigo de las mamás y papás, porque actúa a contrapelo de ellas y de ellos. Actúa como simple empleado del presidente y está muy lejos de atender las líneas de investigación que plantearon los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que han reiterado las mamás y los papás. Existe mucha arrogancia y desprecio contra los familiares. No han tolerado sus reclamos y protestas ante tanta indolencia. Ahora los funcionarios son los ofendidos, los enojados y por eso actúan con desdén. Han dejado de lado las razones que mueven a las madres y padres para protestar ante la falta de respuesta claras y contundentes sobre el paradero de sus 43 hijos.
Se respira un aire contaminado por la insidia. Proliferan los descalificativos por parte del presidente contra las organizaciones civiles que acompañamos a las mamás y papás. Ha suplantado al fiscal general y al fiscal especial y se ha erigido como el juez del caso, haciendo tabula rasa de todo lo que investigó el GIEI. Ha desviado la atención del caso sobre la participación del Ejército en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre y ha centrado sus baterías contra los que llama “pseudo defensores” que no hablamos con la verdad y que actuamos de manera tramposa. Sostiene que defendimos a los mismos acusados. Su enojo lo ha llevado a plantear un diálogo con las madres y padres, pero sin la presencia de los representantes legales.
El presidente quiere justificar el incumplimiento de su palabra empeñada y la verdad porque al día de hoy no ha podido esclarecer el caso Ayotzinapa. En el 2021 se tenía una serie de líneas de investigación sólidas que nos llevaban a la responsabilidad del Ejército en varios niveles. Hay datos de prueba que establecen que el Ejército estuvo vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos. El comandante, tenientes, coroneles del 27 Batallón de infantería recibían dinero de ese grupo criminal, tenían reuniones, facilitaba el Ejército el trasiego de droga de la sierra de Guerrero por Iguala y hasta la zona norte al Estado de México.
Tenían convivencias y comidas, lo que está documentado, y por eso están en la cárcel 16 militares por esa colusión con Guerreros Unidos y que operaban para ellos en Iguala. Ellos son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, pero también responsables de la desaparición de cientos de personas en Iguala. Era un grupo delictivo que mataba, desaparecía, asesinaba y el glorioso 27 Batallón del Ejército facilitaba ese trabajo, le facilitaba sus negocios criminales, eran parte de este negocio.
Ese es el Ejército que defiende este gobierno, al que llama comprometido con la patria, pero que está inmiscuido en negocios criminales como en Iguala. Además de este contubernio hay un testigo que declaró en el Ministerio Público y dos veces con el juez. Afirmó que el 26 de septiembre 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería donde fueron torturados, varios de ellos no resistieron los tormentos, perdieron la vida dentro del Batallón. Los 25 fueron llevados a una colonia en Iguala y ahí fueron asesinados todos, desmembrados, metidos en bolsas negras y llevados a un horno crematorio. Eso relató el testigo y esa línea de investigación no se ha seguido. Es un dato de prueba que ahí está, es un indicio que las autoridades tienen la obligación de investigar. Este gobierno no puede terminar dejando pendiente esta indagatoria. Las madres y padres no pueden quedarse con la duda de si 25 de sus hijos en verdad fueron asesinados dentro del 27 Batallón de Infantería. Este gobierno tiene que entender que este caso no es un problema político, no es un tema electoral, es un caso que requiere investigación. Lo que exigimos es eso, que se esclarezca este hecho ¿Es verdad o no que 25 compañeros fueron asesinados en el 27 Batallón de Infantería del Ejército?
Por otro lado, surgieron más datos de investigación, que el 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo hacía labores de contrainteligencia. Inscribió a dos soldados en la Normal Rural de Ayotzinapa para hacer tareas de contrainteligencia. No sabemos si los ejércitos de Latinoamérica todavía hacen eso o si en Europa los ejércitos harán eso. La Normal Rural de Ayotzinapa es el enemigo de los gobiernos. Ese es el Ejército que hoy en día tenemos en México, ese es el Ejército que defiende este gobierno, un Ejército que inscribe a sus soldados en un centro educativo, un Ejército acostumbrado, como en el viejo régimen, a mirar comunistas por todos lados. Hoy de igual forma no ha cambiado nada, es el mismo Ejército que ve en los estudiantes a guerrilleros y que ve en los pobres a los insurrectos, a los que tienen que vigilar porque cuestionan al gobierno. Esas labores de contrainteligencia que hizo el Ejército en Ayotzinapa permiten inferir que tuvo información previa de los hechos del 26 de septiembre. Supo todo lo que estaba pasando antes, durante ese día y también tuvo información de cuando los normalistas llegaron a Iguala, porque había dos soldados que siguieron los autobuses y hubo dos soldados que estuvieron en el C4 monitoreando en tiempo real el movimiento de los estudiantes. Esta información la tiene la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), pero no le dan seguimiento a esta línea de investigación y el mismo presidente se incomoda cuando le preguntan sobre estos hechos.
Cuando estaban desapareciendo a los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, el Ejército mexicano estuvo escuchando todo lo que estaban hablando los policías con el grupo delictivo Guerreros Unidos, qué hacían con los estudiantes y a dónde los llevaban. Esa información la tienen. Y hoy día sabemos eso, porque surgió el dato cuando se estaban revisando los archivos y salió esa información. Ahí se encontró el documento de una comunicación transcrita de una intervención telefónica a un jefe policiaco y a un jefe del grupo delictivo. Están diciendo que a 17 jóvenes se los llevaron de la barandilla municipal a Loma de Coyotes, un lugar afuera de iguala
Por si fuera poco, en la información que entregó el Ejército mexicano de cerca de 70 mil documentos, hacen falta 866 folios que no se han entregado. Por eso estamos exigiendo la entrega de los 866 folios, porque ahí puede estar información relevante que dar respuesta a la pregunta de si asesinaron a 25 estudiantes en el 27 Batallón de Infanteria. No es que ahí esté necesariamente la información, pero sí es importante revisar los 866 folios para verificar qué contienen. ¿Cuál otra duda se puede dilucidar? Saber a dónde se llevaron a los 17 estudiantes que fueron sacados de barandillas. Probablemente no haya nada en los 866 folios, pero necesitamos saberlo. Necesitamos que el ejército ponga a disposición esa documentación en la mesa de la Covaj, para que pueda ser revisada y verificada, y probablemente ahí se dilucide dónde están los 17 compañeros de los que habla esa comunicación.
Nuestra única intención es que el presidente nos reciba. Por eso nos hemos instalado en Palacio Nacional a un lado de estas rejas que nos ofenden. Solo queremos una reunión pero que sea antes de las elecciones. El presidente siempre había dicho que las puertas estarían abiertas para el pueblo porque a él lo puso el pueblo, pero miramos que esto no es cierto. Podemos ver aquí que el Palacio está forrado de acero para que nosotros no podamos entrar. Nosotros no tenemos armas, nuestra única arma que traemos son las fotografías de nuestros hijos. Seguiremos luchando, seguiremos alzando la voz porque no vamos a permitir que otra familia sufra lo mismo que nosotros hemos sufrido. Nuestra lucha es para que en México no haya más desaparecidos, para que se acabe la impunidad y para que ya no se siga encubriendo al Ejército. Seguramente el diálogo que buscamos con el presidente será el último, por eso queremos escuchar su palabra, saber qué avances hay en la investigación. Esperamos que el Ejército le haya entregado los 866 folios. Solo así podemos entender que el presidente tuvo voluntad para llegar al fondo de las investigaciones, de lo contrario terminará su mandato con una gran deuda. Para AMLO el tiempo se agota y la verdad apremia.

Guerrero, prioridad nacional

Este viernes 19 se dieron cita en Acapulco el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los banqueros de México, las dos candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, quienes estuvieron resguardados por la Guardia Nacional, en un puerto controlado por el crimen organizado.
La Asociación de Bancos de México decidió realizar su 87 convención bancaria para devolverle a Acapulco el brillo que perdió por la devastación que sufrió con el huracán Otis, en octubre de 2023. Las secuelas siguen vivas. Entre la población mayoritariamente pobre hay mucho enojo porque los programas y el apoyo que brindó el gobierno federal fueron insuficientes y mal distribuidos. Los graves problemas de la reconstrucción de sus viviendas se complicaron con el alza de precios de los materiales industrializados. Es imposible para las familias subempleadas levantar sus viviendas con techos de cemento. No hay dinero que alcance, ni autoridades que atiendan las múltiples demandas de las familias damnificadas. No hay empleo seguro y las organizaciones criminales se encargan de hacer más cruenta la vida de los acapulqueños al generalizar la cuota en las playas, en los comercios y los mercados. Los asesinatos siguen multiplicándose a pesar de los patrullajes de la Guardia Nacional, cuyos elementos enfrentan situaciones adversas y se encuentran en condiciones insalubres.
Fue el foro Mundo Imperial el marco donde el presidente llegó a clausurar los trabajos de la convención. Presentó un informe en gráficas de las bonanzas de su gobierno. Mostró en una lámina las altas utilidades que la banca tuvo el año pasado: 276 mil millones de pesos con un porcentaje que se elevó a 274 por ciento.
Presumió la fortaleza del peso, el aumento histórico al salario mínimo, el control de la inflación, la disminución del desempleo, el aumento de la inversión extranjera y el incremento de las remesas. Resaltó que hubo una disminución en el precio de la gasolina, la luz y el gas, aunque reconoció que no fue la esperada. Lo que mostró con orgullo son los 5 millones de personas que salieron de la pobreza.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, aclaró que “la banca es respetuosa del proceso electoral y trabajará con total empeño y dedicación, con quien resulte favorecido, de la voluntad popular”. Reconoció la labor del presidente en favor de sus intereses: “Señor presidente, como hemos visto, la certidumbre y la confianza que nos brindó con su palabra, generaron un ambiente propicio de negocios e inversión, donde todos ganamos. Es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos”.
A las candidatas y candidato presidencial les pidieron que mantengan la certidumbre y fomenten la confianza. Que fortalezcan el Estado de derecho que es el terreno fértil para el crecimiento económico y mejorar la vida de los mexicanos.
Por la mañana la candidata de la coalición fuerza y corazón por México Xóchitl Gálvez planteó ocho líneas de acción muy generales haciendo un llamado a los banqueros a sacudirse el temor y atreverse a lograr un cambio de gobierno. Fue la que más aplausos recibió. El segundo en participar como candidato presidencial por el Movimiento Ciudadano fue Jorge Álvarez Máynez. Se reivindicó como el candidato de las y los jóvenes y defendió su popularidad en las redes sociales. Pidió a los banqueros del país su voto. Comentó que la propuesta de su gobierno se centra en tres ejes: México con justicia, México con prosperidad y México con igualdad social. Criticó que el presidente López Obrador le cediera a la Sedena el control de las empresas paraestatales como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Resaltó que es una herencia maldita, hoy supuestamente es un beneficio pero mañana van a ser pasivos permanentes, van a generar problemas financieros a la Secretaría. La tercera en el turno fue la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum quien resaltó su optimismo al afirmar que tanto a bancos como empresarios les ha ido bien en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de dos ejes de lo que sería su gobierno: la prosperidad compartida y la república segura y con justicia. Se trata de atender las causas de la inseguridad y de disminuir la impunidad. A pesar de hacer un llamado a los banqueros de que mantendrá buenas relaciones y de augurar que les va a ir bien en los próximos 6 años, la candidata no logró entusiasmar a los dueños del dinero.
La gobernadora sólo se redujo a dar las gracias a los banqueros por escoger Acapulco como sede de su 87 convención nacional anual, “el aplauso es para ustedes por este apoyo, por esta solidaridad, que les agradecemos enormemente. Gracias por seguir manteniendo a Acapulco en el tiempo”.
Por la tarde fue la euforia de las campañas electorales. Claudia mostró su fuerza al convocar en el zócalo a miles de simpatizantes. Ante la plaza llena levantó la voz para animar a la población acapulqueña que padece los estragos del huracán “¡Acapulco está de pie! y es gracias a un presidente humanista, que nunca dejó solo a Acapulco, que acompañó a cada familia y sigue acompañando…que ha acompañado a un pueblo que lleva el nombre de este estado, un pueblo guerrero que nunca se rinde. Un pueblo que siempre sale adelante”.
Por su parte Xóchitl Gálvez realizó su mitin en la colonia Emiliano Zapata, en la periferia del puerto. Sin rodeos señaló “aquí en Guerrero no hay autoridad, en Guerrero no existe la gobernadora” y cuestionó la candidatura de Félix Salgado, su papá. Comentó que lo principal es asegurar la seguridad de la gente. Va a garantizar un sueldo de 20 mil pesos a los policías municipales. Aseguró que el dinero público se va a invertir en las personas para que tengan mejor salud, educación y seguridad pública en sus municipios.
El candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez tuvo un encuentro con estudiantes en la Universidad Hipócrates de Acapulco. Manifestó que en México hay un grave abandono de la seguridad, de la salud pública. Recriminó que en Guerrero sólo uno de cada 5 jóvenes de 18 a 22 años esté en la universidad. No debemos acostumbrarnos al horror, a la tragedia. No puede ser que la hayamos normalizado. Mencionó que la violencia, la inseguridad y la impunidad empezó con el presidente Felipe Calderón, con la militarización del país que ha llevado a que México esté dentro de los 10 países más violentos del mundo. La estrategia tiene que cambiar con valor con convicción, “sin tener ninguna relación de subordinación con el crimen”. Es una vergüenza ver cómo están los policías de abandonados en el país. Resaltó que los guerrerenses “han vivido por décadas en un paraíso que ha generado mucha riqueza para unos cuantos. Esto es por culpa del gobierno que ha estado subordinado a los intereses de los empresarios hoteleros y de desarrollo inmobiliario.
Guerrero es el paraíso para los empresarios y los gobernantes que se han encargado de despojar a los ejidatarios de sus mejores tierras. Han devastado los humedales para transformarlos en negocios inmobiliarios. No sólo arrebataron el patrimonio, sino que los reprimieron, desaparecieron y asesinaron a quienes opusieron resistencia. Los sacaron de sus espacios sagrados para reubicarlos en los terregales de las colonias periféricas, abandonados a su suerte. Las familias trabajadoras sobreviven en casuchas soportando las inclemencias del tiempo y el flagelo del crimen organizado. Las colonias y las calles son escenarios de la violencia, espacios controlados por el crimen. Los jóvenes hacen carrera portando armas, vendiendo droga o teniendo en su haber varios asesinatos. La cerveza y la droga tiene mayor consumo que la leche o la carne. La deserción escolar es muy alta, porque es onerosa. Es una carga económica para las madres de familia subempleadas, que se interesan de que sus hijos vayan a la escuela. Con gran sacrificio terminan la primera. En la secundaria los amigos se encargan de enrolarlos por los senderos del alcohol y las drogas. Es muy difícil de vencer estas tentaciones ante la falta de opciones para desarrollar sus conocimientos y habilidades de forma profesional.
Para los políticos, Guerrero es un territorio estratégico para los grandes negocios, para explotar toda la riqueza marítima, acuática, mineral y boscosa. Es también un corredor importante para el trasiego de la droga a nivel continental. Hay rutas por aire, tierra y mar que los mismos gobernantes, militares y policías han trazado e incursionado para florecer los grandes negocios de la droga que redunda en millones de dólares. La venta de armas es otro gran negocio de la economía criminal que se ha arraigado en nuestra entidad por la gran demanda que existe entre los grupos delincuenciales.
Guerrero tiene una gran riqueza cultural, histórica y gastronómica. Su población es ejemplar por sus luchas emblemáticas, por su gallardía y decisión para defender el propio terruño y la patria misma. Han escrito pasajes irremplazables de nuestra historia nacional. Sus hombres y mujeres ilustres han contribuido en el florecimiento de las ciencias y las bellas artes. Héroes y heroínas que forjaron la independencia de México, que fueron grandes estrategas para la guerra. Caudillos y generalísimos que defendieron las causas del pobre y enaltecieron su dignidad y su valor. Es una prueba de fuego para las candidatas y el candidato presidenciales pisar estas tierras marcadas por la rebeldía, la lucha pacífica y la lucha armada que emergió desde lo más hondo de la rabia de un pueblo, para acabar con tanta desigualdad, para tumbar a los caciques y a malos gobernantes.
La gente está harta de tantas promesas incumplidas, de tanto abuso de su buena fe y confianza, cansada de tanto saqueo, indolencia y complicidad de los gobernantes con el crimen organizado. Hay señales de hartazgo y de enojo, por eso, todos los candidatos y candidatas de Guerrero, deben de entender que si conti-núan con sus discursos huecos y posturas ruines pagarán muy caro su felonía.

La hoguera preelectoral

La violencia sofoca a la población que camina a la deriva y que no encuentra un lugar seguro para guarecerse. Las amenazas de extorsión llegan en cartulinas que son colocadas en las rendijas de las puertas y ventanas de cualquier colonia. El pago de piso es una práctica que se va extendiendo en todas las ciudades, cabeceras municipales y comunidades rurales. Los negocios están cambiando de dueño y quedando en manos de personajes siniestros del crimen organizado. Los giros comerciales más redituables son acaparados por los jefes de las bandas que ejercen violencia para someter a los grupos económicos que se encumbraron por sus pactos siniestros con los caciques y gobernadores que mal gobernaron nuestro estado.
La economía criminal en Guerrero se ha asentado en las siete regiones del estado. No sólo porque hay trasiego de droga, venta de armas y tráfico de personas con diferentes fines, que antes se manejaba de manera soterrada y clandestina. Ahora enfrentamos el grave problema de una sociedad narcotizada, de una economía formal infestada por la criminalidad, controlada por empresarios mafiosos que salieron de los escondrijos para aparecer como prósperos hombres de negocios. Su poder se basa no sólo en lo económico, sino en el control que tiene de amplios sectores de la sociedad que trabajan para su causa. Son trabajadores que diversifican sus actividades en el ámbito público y que rinden cuentas a sus jefes. Su base destructora la conforman jóvenes que están entrenados para causar terror entre la población.
La disputa territorial en el estado no tiene normas ni límites. Cada lugar representa un espacio estratégico para avanzar y posicionarse mejor dentro de la escabrosa orografía. En sus incursiones armadas toman como rehenes a los pobladores, para incorporarlos a sus filas y apropiarse de sus bienes naturales y de su patrimonio comunitario. En esta confrontación los cuerpos de seguridad del Estado están ausentes y cuando están presentes son actores pasivos que no contienen ni repliegan a las huestes de cada organización criminal. Las familias son las que pagan con su vida los saldos de las refriegas violentas. Los jefes de familia son sometidos y obligados a enrolarse a sus filas. Los jóvenes no tienen otra alternativa que entrenarse para matar. Las madres y abuelas huyen del poblado con sus pequeños hijos en busca de un techo donde guarecerse.
El desplazamiento forzado interno es parte de la catástrofe que padecemos en nuestro estado. Las víctimas de la violencia se cuentan por centenas de personas mayores que no tienen qué comer y que padecen múltiples enfermedades físicas y mentales. Los jóvenes en su mayoría buscan un trabajo fuera del estado y se las ingenian para cruzar la frontera. Las niñas y los niños crecen sin un hogar seguro, no asisten a la escuela y viven con temor por las balaceras que escuchan. Ninguna autoridad las atiende, es la solidaridad de las familias pobres la que los reconforta y calma sus angustias. El drama de las familias desplazadas se multiplica en las comunidades rurales, donde la población está abandonada e indefensa. Los asesinatos son tragedias colectivas, no hay una familia que no tenga a un hijo, hermano, padre o madre que no haya sido asesinado. Hay muchos niños y niñas huérfanas. Mujeres mayores sin que nadie las atienda. Hombres enfermos tirados en los pisos de tierra esperando que una medicina les dé fuerza para valerse por sí mismos.
El panorama es sombrío porque las fuerzas del crimen se han enseñoreado en todos los lugares. No hay localidad que no esté sometida por un grupo de la delincuencia. La población sabe cómo operan y cómo establecen pactos con las fuerzas del Éstado. Las corporaciones policiales sucumben ante los jefes de las plazas porque saben que el dinero que les otorgan nunca lo van a obtener trabajando dentro del gobierno. Cada vez es más evidente que los agentes del Estado sólo están en algunos lugares, como simples espectadores de la violencia. Tanto en las comunidades rurales como en el mismo puerto de Acapulco escuchan balaceras, ubican camionetas con gente armada, identifican a los grupos que están en disputa y saben en qué puntos se dan los enfrentamientos. En contadas ocasiones intervienen, seguramente hasta que reciben una orden superior. Lo normal es que dejan actuar con libertad a quienes delinquen. Por eso están en todas partes.
En pleno proceso electoral la violencia cobra vidas a cada momento. La preocupación de las autoridades electorales se centra en garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, en que no vaya a haber obstáculos para que los electores voten. Ubican focos rojos en varias regiones, por todos los estragos que están causando los grupos delictivos en varios lugares, sin embargo, eso no importa, lo prioritario es que los rijosos dejen instalar las casillas y permitan que la gente vote. Con eso salvan la elección y hay posibilidades de presentar cuentas alegres. En esta democracia electorera lo más importante es el voto, porque al ciudadano que padece la violencia les tiene sin cuidado.
Los partidos políticos y los candidatos viven una realidad ajena, tienen una visión banal y utilitarista de la gente. Llegan con promesas vacuas, centrando su arenga en la exaltación de su ego, colocándose como los salvadores del pueblo. No parte de las trágicas realidades que padece la población, tampoco tienen disposición y tiempo para escucharlos y atender sus planteamientos. La dádiva es el antídoto para ganarse la voluntad de la gente y asegurar el voto en la urna. La compra del voto es la práctica generalizada de los candidatos. Han aprendido que su candidatura es una inversión. Tienen que gastar dinero y dilapidarlo para que puedan cosechar con creces si aseguran el triunfo. Esta prueba del voto es un pase seguro para cobrarse al ciento por uno todo lo que gastaron en campaña, con el dinero público.
Los candidatos y candidatas que se han registrado en los institutos electorales tienen historias poco trasparentes. Accedieron a las candidaturas por palancas, padrinazgos, amarres políticos, compromisos truculentos, pago de favores, pago de campañas, compra de candidaturas. Son pocas las formas enunciadas de cómo cada candidato o candidata logrará aparecer en la boleta electoral. Estas disputas al interior de los partidos políticos y sus dirigentes estuvieron muy lejos de apegarse a los principios y normas electorales y las que rigen a cada instituto político. Abundaron los acuerdos debajo de la mesa, los golpes bajos, las traiciones, las componendas y los amagues.
Los ciudadanos y ciudadanas han testificado estos vicios que se multiplican en los partidos políticos para el otorgamiento de las candidaturas. No hay confianza en este proceso plagado de irregularidades. Tampoco hay candidatos y candidatas que tengan legitimidad, trayectoria y méritos. Son personajes que no tienen un compromiso serio con la población, carece de una visión clara sobre la compleja problemática que se vive en el estado, en las regiones y los municipios, mucho menos tienen un proyecto político cimentado en el sentir de la población. Los candidatos y candidatas le apuestan a la compra del voto que tiene diferentes formas y a crear una imagen ficticia explotando el potencial mediático de las redes sociales.
Hay un hartazgo de la población que ya no quiere candidatos improvisados y demagogos, farsantes e ignorantes. Hay candidatos reciclados que nada han hecho en favor de la gente; candidatos que se van a reelegir porque ya encontraron la hebra de la corrupción y porque ya tienen el amarre asegurado con el jefe de la plaza; también hay candidatos con mucho poder económico que subsidian campañas además de la suya. Existen también candidatos que no son producto de negociaciones al interior del partido, sino que son los elegidos por los poderes fácticos, que también tienen sus cuotas dentro del escenario político del estado.
Mientras tanto la hoguera de la violencia se expande por todos lados: en Acapulco y Chilpancingo con la quema de Urban, taxis y los asesinatos que no cesan. En Chichihualco las balaceras que iniciaron la semana pasada demuestran que los grupos en disputa no permitirán que la plaza quede en manos de un jefe. En Iguala, Taxco y Chilapa el clima de violencia está imparable, no sólo se debe a esta coyuntura política, sino porque las disputas por los territorios y los controles de los giros económicos son parte del botín que no están dispuestos a ceder. Se trata de regiones importantes porque hay asentamientos de empresas mineras, zonas boscosas y de potencial acuífero. Además, son lugares estratégicos para el control de otros municipios y regiones. Son enclaves que aseguran muchos dividendos económicos y hasta políticos.
Los asesinatos de precandidatos, candidatos y funcionarios públicos en lo que va del año es una muestra que la disputa política no estará exenta de acciones violentas. Este escenario adverso es un mal augurio para la contienda que viene. Las autoridades federales y estatales tienen la gran responsabilidad de atender y prevenir esta amenaza delincuencial.
La zona Centro, la Costa Chica, Montaña, zona Norte, Acapulco, Costa Grande y Tierra Caliente nos dejan entrever que el crimen organizado no se quedará al margen de la contienda electoral. En este año la hoguera no está para bollos.

Laura y el MAR

José Luis Martínez Pérez nació en Cutzamala de Pinzón, en la Tierra Caliente, fue hijo de Julia Martínez Pérez. Desde pequeño vivió con su tía Ofelia y Julián su esposo. Su mamá salió en busca de trabajo al puerto de Acapulco. Con el tiempo se casó con Urbano Reyes, un líder de taxistas.
José Luis que nació en 1947, terminó la primaria en Cutzamala y fue de los mejores alumnos de la región. Ganó un concurso académico que le dio la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para saludar al presidente de la República Adolfo López Mateos. Con el apoyo de sus maestros presentó el examen de selección en la Escuela Normal de Ayotzinapa, sin embargo, no alcanzó la beca. Se quedó de “gaviota” durante todo el semestre. Sus paisanos de Tierra Caliente lo apoyaron. Se las ingeniaban para conseguirle comida y le dieron un espacio en su dormitorio para que ahí descansara. Tomás Díaz fue uno de sus grandes amigos que siempre lo apoyó para que no desertara. En ese tiempo José Luis demostró su capacidad intelectual y su liderazgo estudiantil. Fue dirigente de la sociedad de alumnos y formó parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
En el mes de enero se inscribió en la Normal de La Huerta, Michoacán. Continuó firme en sus convicciones político-ideológicas. Tuvo una formación marxista y pugnó para que los normalistas asumieran un compromiso social más allá del aula de clases, para impulsar la organización de los campesinos e indígenas contra la explotación de los patrones y liberarse del yugo de los caciques. Ante la efervescencia política del 68, José Luis se involucró en el movimiento estudiantil. Fue su primera experiencia que lo marcó para siempre.
Como maestro le asignaron una plaza en la sierra de Oaxaca. Fue una gran oportunidad para poner en práctica sus conocimientos, pero sobre todo para entrar en contacto con la población indígena. Participaba en sus asambleas y poco a poco fue ubicando los problemas que enfrentaban con los caciques, sobre todo por el despojo de sus tierras, el pago raquítico de sus productos y el trato racista que padecían los indígenas cuando iban a la ciudad de Oaxaca. Impulsó la organización para defender sus tierras y apoyó para dar a conocer su lucha con otras organizaciones y hacer públicas sus denuncias. Pronto fue ubicado como un maestro revoltoso por los caciques y patrones de la región.
En 1970 fue invitado para ser parte del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), una organización político-militar que se formó en 1969 con jóvenes estudiantes becados en la Universidad Patricio Lumumba, en Moscú, Rusia. Por las buenas relaciones que existían entre los gobiernos de la desaparecida URSS y México, no fue posible que los integrantes del MAR recibieran entrenamiento en ese país. Lo obtuvieron en Corea del Norte. José Luis formó parte del tercer grupo que llegó a ese país para recibir una preparación político-militar. Permanecieron seis meses y los 26 activistas que se prepararon retornaron a México con la convicción de hacer la revolución.
El MAR, a pesar de ser una guerrilla urbana, la mayoría de sus integrantes provenían del sector estudiantil, principalmente de las escuelas normales rurales y de la FECSM. Sus fundadores fueron Francisco Gómez Souza, Alejandro López Murillo y Salvador Castañeda. En febrero de 1971 son detenidos nueve de sus dirigentes por elementos de la Dirección Federal de Seguridad. A pesar de este duro golpe se logró una recomposición en la nueva dirección nacional que quedó bajo la responsabilidad de José Luis Martínez, Candelario Pacheco, Pedro Moreno, Memo el abuelo, Paulino Wenceslao Arroyo y el bigos. En ese tiempo una parte del MAR se fusionó con otras organizaciones revolucionarias que dieron origen a la Liga 23 de Septiembre.
En 1975, José Luis junto con Elín Santiago Muñoz elaboraron los documentos “Estrategia y táctica” que marcaron una nueva etapa del MAR ligada estrechamente al trabajo de masas y la construcción clandestina de la vanguardia revolucionaria. Elín Santiago nació en Villa Flores, Chiapas. Terminó sus estudios en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ingresó al MAR en 1974 en el equipo de formación y posteriormente pasó a formar parte de la dirección nacional de la organización.
El 9 de abril de 1979, en plena Semana Santa, José Luis cayó abatido junto con Elín Santiago en una emboscada que le tendieron agentes de la Brigada Blanca, con el apoyo de la Policía Judicial Federal y elementos del Ejército mexicano. Los hechos ocurrieron en las calles 32 y Zacatecas, en Torreón, Coahuila, cuando llegaban a la casa donde se realizaría una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Días antes, elementos de la Brigada Blanca detuvieron en Ciudad Altamirano a Alejandro Peñaloza con su esposa y su bebé. Alejandro formaba parte de la dirección del MAR. Ya no llegó a la reunión en la calle 32. Después de las torturas que sufrió confesó dónde sería la reunión. José Luis y Elín llegaron en un coche wolkswagen, sin saber que la casa estaba tomada por la Brigada Blanca y que varios agentes estaban parapetados en lugares estratégicos para arremeter contra José Luis y Elín. Ante el ataque sorpresa los dirigentes del MAR no tuvieron otra opción que enfrentarse a cerca de 100 agentes armados. Elín murió atrás del asiento del carro mientras José Luis logró salir del vehículo y respondió a las descargas que se focalizaron contra ellos. Logró herir a un policía, las balas dejaron tendido en la cochera el cuerpo de José Luis, recibiendo el tiro de gracia.
Laura su esposa, vivía con Jose Luis en Morelia. Ella no sabía que iba a Torreón, sólo le dijo que se iba una semana. Su sorpresa fue cuando vio las noticias en la noche que hablaban de un enfrentamiento con guerrilleros. Ahí supo que José Luis había muerto. Su preocupación fue mayor porque temía que fueran por ella a su domicilio. Tenía a su niño Inti de 2 años y medio. En esos días llegaría su hermana Paty para pasar la Semana Santa con ella y su hijo. No pudo hacer nada para evitar que su hermana viajara a Morelia. Paty llegó con unos amigos de Laura y José Luis. La noche del 11 de abril los elementos de la Brigada Blanca allanaron la casa y torturaron al maestro Hermilo. Aguardaron toda la noche a que llegara Laura. Por la mañana, antes de llegar al domicilio vio movimientos de carros y personas encubiertas. Dedujo que la casa estaba tomada por la Brigada Blanca. Abrió con el duplicado que tenía, inmediatamente la detuvieron. La llevaron a una casa de seguridad. Lo que más le preocupaba en ese momento era su hijo. Temía que se lo llevaran y no supiera más de él. Sintió alivio al ver de reojo que en otro carro iba su hermana con su hijo. A Laura después de interrogarla en la casa de seguridad, la trasladaron al Campo Militar Número Uno.
A Patricia su hermana la llevaron a la central camionera. Antes de salir para Chihuahua el niño se puso mal y Paty tuvo temor de que algo grave le pasara en el camino. Prefirió llamar a su novio que estudiaba Medicina y que vivía en Guanajuato para pedir su apoyo. Ante la gravedad del hecho de que Laura había sido detenida por la Brigada Blanca, el novio optó por ir a la Ciudad de México para atender al niño. Posteriormente se fueron a Guanajuato y programaron el día para que el novio y su familia la llevaran a Chihuahua.
Lo que martirizaba a Laura en su encierro era la acción temeraria y bárbara de los militares. No sabía cuál sería su destino. Le sorprendió que un día por la mañana le llevaran unos zapatos, un brasier y una blusa. Se le hizo raro, porque esperaba más bien que le hicieran algo peor. Comentaban que a las mujeres les quitaban el brasier porque luego intentaban suicidarse. Por eso temía de que después dijeran que se había suicidado. Más tarde les avisaron que 4 mujeres serían puestas en libertad. Las sacaron vendadas y las subieron en un vehículo. En el trayecto se dio cuenta de que iba el temerario comandante Florentino Ventura. Al bajar Florentino llevó del brazo a Laura que de inmediato le preguntó ¿dónde está el cuerpo de mi esposo Jose Luis? Lacónicamente le contestó “búscalo en el Semefo”.
Con esa respuesta tuvo Laura para ir al Semefo y tratar de hablar con el director. Fue muy complicado porque se trasladaba desde Chihuahua. Después de tanto insistir a las secretarias, el director la recibió. Después de escuchar muchas ofensas sacó de su escritorio una licencia de José Luis y otra de Elín. Laura confirmó que ellos eran. El director después de maltratarla le dijo que pasara a la morgue a identificar los cuerpos. Bajó al sótano, la primera prueba era soportar el olor fétido que se debía a que el sistema de refrigeración estaba descompuesto. Aún en esas condiciones caminó con el responsable de la morgue hacia la gaveta donde estaban unos cuerpos. Al abrir vio dos cuerpos putrefactos envueltos con lonas del Ejército mexicano. A pesar de las pésimas condiciones del ambiente pudo identificar a José Luis. Solicitó la entrega de los dos cuerpos. La respuesta fue tajante, tenían que pedir autorización del general. Le dieron 15 días para que pudiera sepultarlos.
Laura tuvo que ir nuevamente a Chihuahua para conseguir dinero y habló con la familia de Elín para que hicieran lo propio. El 8 de abril por la noche entregaron los cuerpos. Laura pidió el apoyo de la mamá de José Luis, sin embargo, por temor a que le pasara algo a ella o a sus hijos, no quiso involucrarse. Fue don Urbano Reyes pareja de doña Julia quien atendió la petición de Laura. Tuvo el detalle de ir en un coche con su hijo a la Ciudad de México para acompañar la carroza y sepultarlo en Acapulco. Su mayor sorpresa fue que en la entrada esperaban el cuerpo de Jose Luis una fila de taxis que con el ruido de los claxon lo recibían como un héroe.

Designar a un coronel en la FGE evidencia entrega de la seguridad a militares: activistas

Zacarias Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evidencia que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está sometida por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que ello es “un mal augurio” porque nuevamente habrá una descoordinación entre el gobierno del estado y la Fiscalía como la hubo con la ex fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lamentó que no se haya escuchado la opinión de los activistas sociales.
Por su parte, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exhortó al nuevo fiscal a que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos “de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.

Los militares no han dado resultados: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández declaró por teléfono que a pesar de que ya se vio que los militares no dan resultados, como fue el caso de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, “lamentablemente vemos que se sigue dejando que sean ellos, los militares, los que se encarguen de investigar los delitos”.
Indicó que estas decisiones están pensadas en un control de daños “y que la gobernadora se supedita a los dictados tanto del Ejército, que quiere tomar el control de las instituciones de seguridad y de investigación de los delitos, como del Ejecutivo Federal.
El defensor de derechos humanos expresó que ya se normalizó que el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, tenga injerencia en los asuntos de índole civil y que sean ellos los que estén tomando el control de estas instancias “para mal, porque hubo por lo menos un tiempo de prueba y se debieron notar algunos cambios favorables, pero no los hubo”.
Barrera Hernández denunció que los mandos militares en las áreas de seguridad y justicia han dejado un gran rezago en las carpetas de investigación y un reclamo de las familias de las víctimas, “hay un déficit de procuración de justicia alarmante, hay un foco rojo en Guerrero”.
También criticó que no se esté atendiendo la opinión de quienes están cerca de la protección de los derechos humanos, de las víctimas y de las familias que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como son los organismos civiles, “aquí en Guerrero somos cero a la izquierda, no existimos como actores que tenemos un compromiso, una opinión, un diagnóstico de lo que es el problema grave de procuración de justicia y de la investigación de los delitos graves”.
Denunció que en la entidad no se atiende a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las barras de abogados “y a todos los que estamos trabajando del lado de las víctimas, gana más la vía militar, la visión del Ejército, la perspectiva de la seguridad pensada en el control de las instituciones y se derrota a la vía civil y ciudadana, así como a la perspectiva de derechos humanos”.
Insistió que los mandos militares han dejado a la Fiscalía con un gran descrédito porque los trabajos de investigación no han podido revertir la impunidad que prevalece en la entidad.
“Han dejado a una institución cerrada, que no escucha a las víctimas, se actúa de manera déspota, poco sensible, sin ese sentido de respeto a la dignidad de quienes sufren las agresiones de parte de los perpetradores de los delitos.
Denunció que hay señalamientos contra personas tanto de la delincuencia como de grupos que tienen influencias, que son intocables “y que forman parte de estructuras que están intactas”.
Barrera Hernández, dijo que con los mandos militares se ha convertido a la Fiscalía en una institución que ha enfocado sus baterías contra los luchadores sociales, defensores, estudiantes y contra la población que protesta, “con ellos sí pone mucho empeño”.
Denunció que todos estos actores son monitoreados y son mal vistos y contra ellos focaliza sus investigaciones.
En cambio, hay un enorme rezago de carpetas de investigación y no se han judicializado a quienes han atentado contra la vida, como pasó con el estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, “que hasta se les escapó el principal perpetrador”.
También dijo que es increíble que no se haya llevado a la justicia a los feminicidas, a pesar de que hay señalamientos directos y datos precisos de dónde se ubican y cómo actúan, “no hay una estrategia clara de cómo dar con el paradero de los responsables para ejercer las órdenes de aprehensión, todo que a medias”.
El director de Tlachinollan declaró que los mandos militares en las áreas civiles han dejado una gran deuda con el pueblo de Guerrero en cuanto a procuración de justicia.
“Por ello insistió que es un mal augurio que nuevamente se nombre a un militar, porque sabemos que no conoce el trabajo con víctimas, porque no solo se requiere tener algún título sobre derechos humanos, se necesita haber trabajado como defensor de derechos humanos, porque eso te da una perspectiva diferente de cómo atender los delitos graves y de alto impacto y como escuchar a las víctimas”.
Pero reprochó que lo que se ha visto hasta ahora con los militares en las áreas de seguridad y justicia es un desprecio a las víctimas, a las que se les vuelve a victimizar diciendo que por culpa de ellos tuvieron ese destino fatal, “se mancilla la memoria de las víctimas, por los mismos que investigan y las mismas autoridades hacen eso, en lugar de irse contra los perpetradores.

Espera el Centro Minerva Bello que el nuevo fiscal respete los derechos humanos

Por su parte, en un comunicado, el Centro Minerva Bello manifestó que “le preocupa la militarización de las instituciones encargadas de la procuración de seguridad y justicia.
Pero que aun así y ante los cambios y nombramientos en los órganos de procuración de justicia “somos respetuosos de ello, esperando que los cambios se acompañen con la sensibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”.
Agregó que ante el nombramiento del coronel Torres Ojeda, como titular de la FGE, “le exhortamos para que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Pidieron que su gestión frente a la institución investigadora, “procure la transparencia para con las víctimas en su proceso de investigación”.
Pidió que las funciones de investigar y perseguir el delito se acompañen con estrategias integrales, con personal especializado en materia, técnica, legal y científica, con la finalidad de que las victimas accedan a la verdad y a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de víctimas y ofendidos.
“Como centro de derechos humanos nos mantendremos firmes en nuestra demanda de procuración de justicia efectiva”, anunció.
El organismo añadió que Torres Ojeda tiene una gran responsabilidad al asumir el compromiso “de esta alta encomienda y de rendir cuentas claras en los procesos de investigación que dejó su antecesora”.
El Centro Minerva Bello reiteró su compromiso con la agenda de derechos humanos, y advirtió que continuará alzando la voz y “monitoreando de cerca los procesos de investigación de las víctimas y familiares, exigiendo el cumplimiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos”.

 

El desprecio por las víctimas

El 26 de febrero del 2023 desaparecieron en Temaxcalapa, municipio de Taxco, a Miguel Huerta Torres, un servidor de la nación quien tenía una gran presencia en la región. Su caso fue desatendido por las autoridades dejando que los perpetradores actuaran a sus anchas. Por su parte, el delegado de los programas del bienestar, Iván Hernández Díaz, actúo como un funcionario soberbio e insensible. Llegó a decir “lo desaparecieron fuera del horario de trabajo”. No le importó atender con prontitud el caso, ni se sintió interpelado al tratarse de la desaparición de un compañero. Se mantuvo ajeno al drama familiar y mucho menos se involucró para pedir a la Fiscalía que se abocara a la investigación y búsqueda de Miguel.
Ese día participaba en una reunión dentro de la comisaría. Alrededor de las 6 de la tarde, entraron sin pedir permiso dos personas armadas, un hombre y una mujer. Se dirigieron donde se encontraba Miguel Huerta. Lo sacaron del lugar junto con la señora Lucía Lagunas y su hijo Edgar Moreno. La gente de la comunidad quedó azorada, sin poder reaccionar en el momento. Después de 4 horas sólo regresaron Lucía y Edgar. Ante el temor de que algo grave les pudiera pasar, la mamá y su hijo han guardado silencio.
La familia de Miguel está desesperada porque no hay avances en las investigaciones ni indicios de su paradero. Se sienten abandonados por las autoridades. Lo que más les duele es que de nada sirvió el compromiso que tenía Miguel con la gente, para que pudiera acceder a los programas federales. Su liderazgo lo puso al servicio de la Secretaría del Bienestar y actuó con la mística que debe seguir todo servidor de la nación. Lo que constataron fue indolencia y desprecio de las autoridades. Más bien hay molestia porque su familia y algunas de sus compañeras y compañeros se han manifestado públicamente para que su caso sea atendido. A pesar de que el presidente de la República supo del caso en su visita a Guerrero, Miguel sigue desaparecido.
En un mitin que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México, le entregaron una lona con la información de la desaparición de Miguel Huerta. En el mitin sus compañeros se toparon con la gobernadora Evelyn Salgado, leyó el contenido de la lona y su única señal de solidaridad fue alzar su dedo pulgar. La indiferencia es atroz.
El crimen organizado ha tomado el control de la ciudad de Taxco. Lo demostró con las amenazas que lanzó a la población en general y de manera específica a los trabajadores del transporte público. Ante la ausencia de las autoridades y la inacción de los cuerpos de seguridad estatal y de la Guardia Nacional, las unidades de transporte dejaron de circular por falta de seguridad. Las escuelas y colegios suspendieron clases y una gran parte de los comercios cerraron sus puertas. Las calles quedaron vacías y mientras los amos y señores de la ciudad se desplazaban armados en sus vehículos, alardeando de su poder. De las amenazas pasaron a las acciones: asesinaron a un chofer de ruta e hirieron a una pasajera. La ciudad quedó paralizada y desolada y las autoridades del estado cada vez más alejadas de las tragedias de la población. El miedo y la impotencia de no poder revertir esta escalada de la violencia por la indolencia de las autoridades y su complicidad con los grupos del crimen organizado, ha llevado a la población a protestar y resistir cerrando sus comercios y dejando de circular las unidades de servicio público. A pesar de las pérdidas económicas y alejamiento del turismo prefieren guardarse en sus casas y estar en alerta ante cualquier situación de riesgo.
En el mes de diciembre un comando armado secuestró a 12 trabajadores del servicio de limpia, que llegó a la unidad de transferencia de residuos sólidos para llevarse a 5 trabajadores, entre ellos a 3 mujeres. Fueron también al relleno sanitario donde secuestraron a la directora, un chofer y 5 trabajadores. El 8 de enero de este año la fiscalía general del estado informó que habían localizado a 4 trabajadores. Hasta la fecha las autoridades no han informado sobre los avances de la búsqueda de los 8 que siguen desaparecidos.
En el 2023 los penitentes de Taxco que participan en la Procesión del Silencio en Semana Santa, también padecieron la amenaza del crimen organizado. Les exigían cuota y los condicionaban a que compraran los rollos de varas de zarzamora y las cruces con gente vinculada a su organización. Para contener esta intromisión de los delincuentes tuvo que intervenir el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa. La oración y los flagelos que se aplican los penitentes son ahora para pedir que haya seguridad y paz en Taxco. Para que los jóvenes no sean presa fácil de la delincuencia. Al final la iglesia logró que no se interrumpieran los actos litúrgicos. La amenaza sigue latente porque las organizaciones criminales extorsionan y a los comerciantes y empresarios y nadie se puede escapar de pagar cuota.
El municipio de Taxco sólo cuenta con 32 policías municipales y tiene un déficit de 300 elementos. La ciudad no cuenta con seguridad propia, son los policías estatales los que vienen a cubrir este vacío. Su presencia no garantiza seguridad a la población porque es evidente que quienes tienen el control de la ciudad son los grupos del crimen organizado.
El mismo presidente municipal Mario Figueroa Mundo, fue víctima de un ataque a balazos el pasado 15 de febrero cuando se trasladaba en su camioneta blindada. La primera versión de los hechos la dio la Secretaría de Seguridad Pública que se refería a un asalto a una pollería. Al momento de emprender la huida los asaltantes se encontraron con la camioneta del presidente. De inmediato dispararon a la camioneta lo que provocó las respuestas de sus escoltas, dejado como saldo un asaltante muerto y un escolta herido. Posteriormente el mismo presidente declaró a los medios que en realidad se trató de un atentado contra su persona. Imágenes que circularon en redes sociales muestran una camioneta Suburban atravesada en la carretera con un impacto en la parte de enfrente. Aparece también una persona tirada bocabajo con una playera de color verde. Es el joven que perdió la vida.
La situación de Taxco es grave por las flaquezas del presidente que sale de viaje a Europa, supuestamente para promover la ciudad turística de Taxco, describiendo sus encantos y bondades y minimizando el hondo problema de la violencia. Está rebasado por el crimen organizado y un amplio sector de la población comparte la idea de que está coludido con los grupos que delinquen.
A nivel estatal la gente no siente el apoyo decidido de las autoridades. La gobernadora está ausente en momentos críticos. Su eslogan de trabajar en el territorio y no en el escritorio sólo fue una rima que nada tiene que ver con la realidad. El año pasado anunció con bombo y platillo, en presencia del entonces subsecretario Alejandro Encinas, “el protocolo Violeta, cada minuto cuenta” como un mecanismo integral que busca prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres. En su primera etapa mejoraría el protocolo Alba, que se activa en casos de desaparición de niñas jóvenes y mujeres. Esta alerta estaría enlazada a la línea de auxilio 911 y sería coordinada por la Secretaría de la Mujer y la de Seguridad Pública. Comentó que en el momento en que se reportara la desaparición de una persona de sexo femenino, las autoridades se abocarían a buscar a la persona, enseguida los servicios de seguridad coordinarían las acciones de atención y búsqueda inmediata de la víctima. La búsqueda iría acompañada por una campaña de difusión de la ficha de la víctima en todos los canales con que cuenta el gobierno estatal y sus instituciones.
En una segunda etapa se pondrá en marcha el uso de una aplicación móvil, que será como botón de emergencia para las mujeres en situación de peligro. La tercera etapa se basará en definir espacios seguros, como el transporte público, donde se buscará que las mujeres sean conductoras de taxis y Urvan para el uso exclusivo de este género. El ex subsecretario de Gobernación federal aplaudió esa iniciativa porque era un trabajo sin simulación, que mostraba el compromiso de la gobernadora de enfrentar el flagelo de la violencia contra las mujeres.
Lamentablemente en la desaparición de la niña Camila, el protocolo Violeta fue letra muerta. Ninguna autoridad respondió, a pesar de que su mamá acudió al Ministerio Público a denunciar la desaparición de su hija. A las autoridades ministeriales no les importó la gravedad del caso, sobre todo que se trataba de una menor. Fue la misma mamá que se desplazó hasta Iguala para que iniciara la carpeta de investigación por secuestro, sin activar los protocolos de búsqueda, a pesar de que la familia tenía datos y pruebas del lugar donde entró la niña y de las personas que probablemente estaban involucradas en la desaparición de Camila. Las autoridades dejaron que la situación se complicara por su indolencia y menosprecio a las víctimas. Ningún funcionario municipal ni estatal asumió la desaparición de Camila como un asunto de máxima prioridad. Su inacción, su indiferencia y descoordinación permitieron que fuera la gente que ha acumulado mucho coraje la que se encargara de entrar por la fuerza a la vivienda de donde sacaron a los supuestos autores de la desaparición y asesinato de Camila. Ante la inoperancia del sistema de justicia del estado la rabia de mucha gente la descargaron contra una mujer y dos de sus hijos. Hubo permiso para matar y en eso las autoridades del estado no están libres de culpa. Son parte del problema de la violencia y la inseguridad que se padece en Taxco.

 

Incumple el alcalde de Metlatónoc con obras y apoyos en Juanacatlán, denuncian pobladores

Pobladores de la comunidad me’phaa bathaa de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc en la conferencoa en la que exigieron al presidente Idelfonso Montealegre que concluya una obra Foto:CarmenGonzález Benicio

Carmen González Benicio

Tlapa

Pobladores de la comunidad me’phaa bathaa de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc exigieron al presidente Idelfonso Montealegre Vázquez que concluya la rehabilitación de la obra de agua potable que inició hace dos años.
Los hombres y mujeres me´phaa bathaa estuvieron en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan esperando a Montealegre Vázquez, quien no llegó a la reunión solicitada por los pobladores.
Ahí dijeron que aparte de la rehabilitación del sistema de agua potable, se comprometió a continuar la construcción de un camino artesanal, pero en la última plática les dijo que no le dieron seguimiento por lo que perdieron la obra.
Lo mismo ya no recibieron apoyos económicos para las escuelas de la comunidad y sus anexos; el drenaje y obras para las colonias.
Por ello, pidieron al director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros que interceda, ante el presidente Idelfonso Montealegre, para que acuda el miércoles 27 de marzo a las 12 del día en las instalaciones de Tlachinollan a una mesa de trabajo y cumpla con los acuerdos.
Recordaron que el 22 de diciembre de 2022, el alcalde fue a la comunidad a dar el banderazo de inicio de la obra sin que se concluya a la fecha y saben que se destinó una inversión de 4.5 millones de pesos.
Insistieron al edil que atienda su exigencia para que ya se conecten las 289 tomas domiciliarias, de una población de mil 289 habitantes.
Dijeron que en agosto del año pasado tomaron el Ayuntamiento ante la negativa de Montealegre Vázquez para atenderlos; consideraron que ha mostrado una actitud de discriminación hacia ellos porque pertenecen a la franja me’phaa bathaa y él es del pueblo na savi, y por eso los tiene abandonados y sin obras.
Reprocharon a Idelfonso Montealegre que en lugar de atender a la población está en busca de reelegirse, pero no por el PT sino por Morena; advirtieron que ante su actuación los pueblos no lo respaldarán.
En la reunión estuvieron vecinos, y autoridades municipales y educativas como: Martín Santiago Díaz; Jorge de los Santos Galindo, Marcos García Catalán y Josué Félix.

 

Permiso para matar

A sólo 26 días de que el joven normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta cumpliera 24 años, tres policías del estado cortaron de tajo su vida al accionar sus armas contra tres estudiantes que viajaban en una camioneta, rumbo a la terminal de autobuses de Chilpancingo. Yanqui manejaba el vehículo y a la altura de la colonia Anáhuac, frente al motel Petatlán, le pidió al compañero Arenita, quien iba en el asiento de atrás, que bajara a comprar unos cigarros. En ese instante llegaron dos motocicletas de la Policía Estatal. Arenita vio que uno se paró casi enfrente de la camioneta y la otra motocicleta se puso en la parte de atrás. Bajaron los policías con sus armas y apuntaron a los estudiantes gritando “bájense hijos de su puta madre”. Empezaron a golpear los vidrios de las puertas de la camioneta. Ante los gritos de los policías, Kothan volanteó para dar la vuelta y regresar a Tixtla. Arenita corrió para subirse a la camioneta que estaba en marcha. No alcanzó a cerrar la puerta cuando escuchó los disparos de la policía. La camioneta apenas pudo dar la vuelta en u. Arenita vio cómo Kothan quedó inmóvil, como recargado en el asiento con el cuello caído. De inmediato la sangre cubrió su rostro y su cuerpo. Había recibido un disparo en el cráneo. Para Arenita, Yanqui murió al instante. Alcanzó a ver a Osiel, que iba de copiloto, que estaba hecho bola con la cabeza clavada en las rodillas. Arenita optó por bajarse del vehículo ante el temor de que lo fueran a matar. Corrió hacia abajo por una callecita que desemboca en un barranco. Al emprender la huida un policía le gritó “quédate ahí cabrón”. No se detuvo y sólo escuchó varios disparos. Escondido en el barranco, llamó a un compañero para que fueran por ellos. No le dijo lo que había pasado, sólo le pidió que fueran porque había sucedido algo grave.
Arenita esperó con mucho temor la llegada de sus compañeros. Al ubicar el lugar donde se encontraba escondido, vieron que había muchas patrullas. En la carretera no había paso. Los policías y militares aseguraron el lugar y detuvieron la circulación de los vehículos. Interrogaban a los vecinos, cómo si ellos fueran culpables de lo que había pasado. Al avanzar por la callecita un militar increpó a Arenita: “¿Tú eres el del problema verdad?” Arenita negó que él fuera. Comentó “yo vengo del centro, de la calle andador Zapata. Fui a ver a mi novia.” No le creyeron y más bien lo cuestionaron “entonces ¿por qué estás sucio y estás sudando?” El militar cacheteó a Arenita y lo entregó a la policía estatal junto con su compañero.
Los policías estatales los subieron en la batea de la patrulla. Los esposaron y les cubrieron sus rostros con sus playeras para que no los identificaran. No les dijeron el motivo de su detención ni a qué lugar los llevarían. Después de una hora los bajaron de la batea y los metieron a la cabina, en los asientos de atrás. Continuaron esposados y con los rostros cubiertos. Les preguntaban dónde guardaban las armas. Después de tenerlos un largo rato en las patrullas finalmente los dejaron libres. Los policías les dijeron, los vamos a dejar porque no hay pruebas para culparlos, pero eso sí queremos que no vaya a ver represalias contra nosotros. Después los llevaron a un lugar oscuro, donde pararon la patrulla y los bajaron. Les descubrieron el rostro y les quitaron las esposas. Empezaron a grabar para que vean que los estamos dejando en libertad y que no están golpeados. Después de la grabación les preguntaron ¿los golpeó alguno de nuestros compañeros? Arenita y su compañero contestaron que no. Les regresan sus pertenencias y les ordenaron “avancen, se van derecho”. Después la patrulla arrancó y se fue.
Los estudiantes caminaron hasta encontrar un taxi, pidieron que los llevara al libramiento. Ahí permanecieron un rato hasta que consiguieron un aventón que los dejó en la entrada de la normal. La celebración de los 98 años de la normal quedó marcada por la tragedia, con la ejecución de su compañero Yanqui Kothan a manos de la policía del estado, como sucedió el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, cuando policías federales y estatales, ejecutaron a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La impunidad que impera en el estado alienta la violencia de los cuerpos de seguridad, que se ostentan como pistoleros de las autoridades, que nada hacen para hacer valer el Estado de derecho y proteger el derecho a la vida y la integridad física de los guerrerenses,
La familia de Yanqui no sólo es víctima de la violencia perpetrada por policías que se sienten con permiso para matar, sino que las mismas autoridades del estado se encargan de denigrar la honorabilidad de Yanqui. La Secretaria de Seguridad Pública, para justificar esta acción deleznable y encubrir a sus policías asesinos, difundieron una versión falsa. Señalaron que al pasar por el arco de registro público vehicular, detectaron que la unidad tenía reporte de robo. Por esa razón les marcaron el alto, sin embargo, en lugar de atender la orden aceleraron para emprender la huida. Por esta causa los policías dispararon. De forma burda e irresponsable el gobierno de Evelyn Salgado justificó la ejecución arbitraria de un estudiante. En lugar de fijar una postura firme y clara de investigar a los policías que habían privado de la vida al estudiante Yanqui, de inmediato arman una versión inverosímil para criminalizar a los estudiantes, sembrando además evidencias.
Ante una violación grave de derechos humanos lo mínimo que debe hacer un gobierno que se dice democrático es garantizar una investigación objetiva, imparcial, procediendo a proteger la escena del crimen y a poner a disposición de la autoridad competente a los policías. Hicieron lo contrario, dejaron que los policías armaran su propia versión de los hechos y que sus superiores avalaran sus acciones delincuenciales.
Este caso muestra la impericia de las autoridades y la aversión que tienen contra los estudiantes. Con su versión falaz alientan el linchamiento mediático contra los normalistas. Incitan a la violencia y a posiciones duras. Focalizan su ataque contra los normalistas ubicándolos como los causantes del caos y la violencia, cuando los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos son agentes del Estado, que utilizan sus armas para disparar contra estudiantes que por no detener la marcha de un vehículo les tiran a matar. Esa barbarie policiaca se tolera y se encubre.
Estamos ante un momento sumamente crítico porque las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos que han pedido el diálogo con el presidente de la República, se vieron obligados a plantarse en la explanada del Palacio Nacional para esperar una respuesta.
La cerrazón política ha propiciado un ambiente de confrontación, de tensión porque no hay canales de interlocución que encauce este malestar de las madres y padres que llevan 114 meses buscando a sus hijos. La desesperación de las mamás y papás es mayor porque sus planteamientos no son atendidos y porque han constatado que el presidente André Manuel López Obrador ha señalado en todo momento que son los abogados los que han actuado con doblez en las investigaciones y que no hablan con la verdad a las madres y padres. Sin embargo, no atiende el planteamiento concreto de que pida al Ejército que entregue los 800 folios que hacen falta y que el GIEI en la revisión de sus archivos, detectó que hacen falta.
En el caso de la ejecución del estudiante Yanqui Kothan, la policía y el gobierno del estado manipularon los hechos diciendo que los estudiantes iban armados y dispararon. Sembraron drogas y armas en la camioneta para inculparlos. Todas las horas de detención ilegal de los estudiantes sirvió para obtener prueba ilícita.
Pese a los intentos de inculpar a los estudiantes no hay duda de que los policías hicieron uso excesivo de la fuerza y de armas letales privando de la vida al estudiante Yanqui Kothan, deteniendo ilegalmente y torturando al resto de los jóvenes.
Al momento no hay prueba contundente de que los estudiantes iban armados y hubiesen disparado. A pesar de que la prueba de rodizonato de sodio dio positiva para Kothan y Osciel, aquella no es confiable ni concluyente. El rodizonato de sodio es altamente volátil y falible dado que las personas que se encuentran en el área donde se efectuaron disparos o que tienen contacto con aquellos pueden dar positivo, lo que no quiere decir que hayan disparado un arma. En este caso los estudiantes estaban dentro de una camioneta donde se efectuaron disparos a un metro de distancia de acuerdo al peritaje de balística, y los policías que dispararon tuvieron contacto con ellos. Eso explica por qué dieron positivo sin que ello implique que hayan disparado.
A mayor abundamiento el dictamen de balística de efectos concluye que todos los impactos a la camioneta donde iban los jóvenes fueron de afuera hacia dentro, lo que corrobora que los policías dispararon.
En la escena del crimen no se encontró ningún casquillo percutido por el arma que supuestamente encontraron en el carro, ni existe prueba de que la misma haya sido disparada. La segunda arma larga que supuestamente llevaba el estudiante Arenita nunca se puso a disposición porque no existió, aunque la policía dice que se la llevó el estudiante al huir. Esta versión es insostenible porque metros abajo fue detenido el estudiante sin que se le quitara la referida arma.
Los videos del C4 que pudiesen arrojar mayores luces de lo ocurrido no fueron entregados a tiempo por la Secretaría de Seguridad Pública, demorando dos días para ello, existiendo el temor fundado de que hayan sido editados o manipulados.
Por lo anterior, exigimos, una investigación pronta e imparcial para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato y de las detenciones arbitrarias de los estudiantes. Demandamos que se investigue a los funcionarios estatales que avalaron la versión de la policía y permitieron la detención ilegal y tortura de los estudiantes que sobrevivieron al ataque policial. De igual forma deberá impulsarse la línea de investigación relacionada con la participación de Yanqui Kothan Gómez Peralta en la protesta del Palacio Nacional un día antes, ya que existe prueba de que se encontraba en primera línea de dicha protesta.

En Guerrero hay impunidad e inacción de autoridades ante feminicidios, señalan

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición de la región Montaña, durante su participación en el Cuarto Tribunal por los Derechos de las Mujeres, que organizó Tlachinollan y se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se denunció la impunidad y la inacción de las autoridades en los casos de feminicidios y desaparición de personas, que siguen aumentando en la entidad.
Como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se presentaron testimonios de personas desaparecidas y de feminicidios de indígenas de la región de la Montaña.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, dijo que de parte de las autoridades no hay un acompañamiento adecuado a las familias de personas que han sido víctimas de la violencia.
“Es muy grave el problema de los feminicidios, en Guerrero es algo que se está incrementando y está al alza y vemos que las autoridades están realmente muy lejos de atender, proteger, acompañar y de estar al lado de las mujeres”.
En estas circunstancias, dijo que los familiares de las víctimas se sienten en un ambiente de indefensión, sobre todo por la falta de investigaciones para dar con resultados y los responsables materiales e intelectuales de los feminicidios y desapariciones.
Resaltó por ello la importancia “de venir aquí, a un recinto del Poder Judicial para poder darles voz a las víctimas o a sus familiares que están luchando en medio de tantas adversidades para alcanzar justicia”.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reprochó el desdén de las autoridades a eventos como éste que se realizan para que escuchen de manera directa los testimonios.
Informó que como en años anteriores se realizó la invitación a las diferentes autoridades, sin embargo, ayer otra vez quedaron sus asientos vacíos.
Este viernes solamente asistió la representante de la presidenta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Cecilia Narciso Gaytán, Vianey Castorena. El resto de las autoridades del Gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del propio TSJ no asistieron.
Arias Vitinio añadió que mientras las autoridades desdeñan estos eventos en los que las victimas podrían tener la oportunidad de presentar sus testimonios de manera directa a las autoridades, “desafortunadamente no hay responsables, no hay castigo, no hay detenidos y esto es un grave problema que está lacerando principalmente a las mujeres”.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio para todas las victimas de feminicidios y de desapariciones “que desafortunadamente les ha tocado vivir este clima de mucha violencia”, indicó la abogada.
Escucharon los testimonios Omaira Ochoa Mercado, del Observatorio de Feminicidios, de la Ciudad de México; Ana Sandra Salinas, abogada de la agrupación feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez y Olga Mondragón González, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.
Uno de los testimonios fue el de Lucila Mendoza García, de 19 años, indígena Ñuu savi, originaria de la comunidad de Pueblo Viejo municipio de Metlátonoc, quien desapareció el 9 de mayo del 2022 cuando cursaba el tercer grado de sus estudios en el Centro de Bachillerato de Tlapa y desde cuando se desconoce su paradero.
Otro de los testimonios fue el de Aurelia Vásquez Velásquez quien está desaparecida desde abril del 2020 en Cochoapa el Grande, después de que los familiares de su esposo la acusaron de matarlo pero demostró su inocencia.
Otro testimonio fue el de feminicidio de Yesenia Romualdo Herrera, de 23 años de edad y originaria de
Oztocingo, municipio de Copanatoyac, su cuerpo fue encontrado flotando en el río cerca de ese pueblo el 21 de septiembre del año pasado con un 75 por ciento de quemaduras.