Un abrazo hasta el mundo de los justos al doctor Bertoldo Martínez Cruz en su décimo aniversario luctuoso.

Vivir en las comunidades indígenas de la Montaña es cargar con siglos de olvido que se han materializado en pobreza extrema, aislamiento, violencia, despojo, explotación, racismo, exclusión social y violación sistemática a sus derechos básicos. Las autoridades han aprovechado esta desigualdad estructural para profundizarla en lugar de revertirla. Abusan de la confianza que les brinda la gente cuando acuden a sus comunidades para pedir el voto; de manera permanente engañan a la población al desatender sus principales demandas. Las autoridades nunca tienen presupuesto suficiente para revertir el rezago de las comunidades. Han impuesto como regla que solo una obra al año les puede otorgar. Nunca se construyen las obras que requiere la población, se hacen las menos costosas y las que generan buenos dividendos económicos y políticos.
Ninguna instancia del gobierno atiende el grave problema que enfrentan los productores para rescatar sus siembras y producir alimentos básicos para todo el año. El problema del hambre es endémico. Los terrenos de las parcelas familiares están erosionados. El uso de agroquímicos se ha sumado al grave problema del deterioro ambiental y al desequilibrio de los ecosistemas. La gente ya no produce alimentos, todo tiene que comprar a precios muy caros. En la Montaña no hay fuentes de empleos que le generen ingresos a las familias. No tienen forma de solventar los gastos diarios. La única opción es migrar o morir de hambre.
El modelo económico extractivo tiene mayores ganancias cuanto más intensa es la explotación de la mano de obra. El capital requiere de trabajadores agrícolas que estén dispuestos a realizar jornadas extenuantes sin tener una relación laboral formal. Aprovecha que salen de sus comunidades dispuestos al sacrificio con tal de obtener un precario ingreso para darle de comer a la familia. Los empresarios agrícolas prefieren a la población indígena porque están desorganizados y difícilmente hacen valer sus derechos laborales, tampoco obligan a los patrones a cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Para que a las familias les rinda el pago trabajan todos, hasta los menores de edad. Los empresarios aceptan porque con más manos sacarán pronto la cosecha, sin que le interese proteger los derechos de la niñez.
Una familia extensa de 30 mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes indígenas de la comunidad na savi de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, ha padecido múltiples abusos y desgracias. Lleva más de 10 años migrando para sortear su vida en la Montaña. La tierra que poseen ya no produce a pesar de que se encuentra en un vallecito al pie del cerro de la Garza. Cada año nuevo suben los 3 mil metros de este pico para mantener viva la costumbre de pedir salud, trabajo, maíz y en los últimos años piden por la seguridad de las comunidades por tanta violencia que soportan estoicamente.
El pasado martes 12 de mayo salieron a mediodía de su comunidad a los campos limoneros de Apatzingán, Michoacán. Salieron en su camioneta destartalada todos apretujados, para hacer redituable el viaje. Cruzaron las espesas montañas rumbo a Ometepec, en la Costa Chica. A las cinco de la tarde tomaron el camino hacia Acapulco. Llevaban buen tiempo, los niños y niñas dormían de a ratos. El motor del carro estaba respondiendo bien y así llegaron a Zihuatanejo sin novedad. Después de 15 minutos la camioneta gris se detuvo porque se le poncharon las llantas. Eran las 12 de la noche del miércoles 13 de mayo. No había forma de seguir el camino, ni que pasara alguna camioneta de auxilio vial. Optaron por estacionarse afuera de la carretera y se acostaron a dormir cerca de una parota donde estaba la luz tenue de un foco.
Los 30 padres, hijos, primos, cuñados y nietos nos acomodamos para pasar la noche y al día siguiente arreglar el carro. Ocho niños y niñas se acomodaron con sus madres con las cobijas que llevábamos. Mi cuñado Marcelino Tomás Nieto venía con su esposa y sus seis hijos de 14, 12, 10, 7 y los más pequeños, gemelos de 2 años.
Eran las 3 de la mañana cuando nos despertó un balazo. Al principio no logramos identificar a las personas que estaban frente a nosotros porque estaba oscuro. Nos entró miedo. Las mujeres, las niñas y los niños empezaron a llorar desconsoladamente. El grito de Marcelino fue desgarrador. Rápido nos dimos cuenta que lo habían herido en el tobillo izquierdo. Nos imaginamos lo peor, pero cuando se bajaron nos percatamos que se trataba de la Guardia Nacional. Llegaron sin decirnos nada, sólo dispararon. Pensaron que estábamos muertos. Les dijimos que no estábamos haciendo nada, lo único que queríamos era dormir porque se nos había descompuesto el vehículo. No nos dijeron nada, y después de 30 minutos llamaron a una ambulancia para llevar a Marcelino al hospital de Zihuatanejo.
No sé por qué dispararon sin cruzar palabras. Nos hubieran hablado bien, pero sólo dispararon sin saber que había niños y niñas. Viajamos largas jornadas para ir en busca de trabajo a los campos agrícolas y por desgracia al poncharse las llantas tuvimos que acostarnos en la orilla de la carretera. Esto no tomaron en cuenta los de la Guardia Nacional. Se supone que están capacitados para tratar a la población, pero parece que somos sus enemigos. En lugar de hablarnos de buena manera aventaron un balazo directo donde estábamos durmiendo. Eso no se hace, también somos seres humanos. ¡Te imaginas lo que vivimos! Todos nos espantamos, más cuando Marcelino gritó por el balazo que le dieron. Las mujeres y los niños lloraban de miedo por temor a que nos fueran a matar.
Al siguiente día se presentaron dos abogados al hospital donde se encuentra Marcelino. Después nos abordaron tres más que venían de la Ciudad de México. Nos ofrecieron 150 mil pesos para que coman los hijos del herido y para otros gastos mientras se recupera. Pero ya no han vuelto a acercarse. Es una cantidad que no representa el agravio que causaron a todos los que estábamos tranquilamente durmiendo. No sabemos cuánto tiempo tardará para que Marcelino pueda componerse, tampoco tenemos la seguridad de que va a quedar bien y que podrá trabajar en el campo.
Después de 5 días Marcelino sigue hospitalizado. Le sacaron una tomografía para diagnosticar alguna fractura. Ahora sólo le están poniendo medicamentos y suero. Este 18 de mayo van a suturar su herida porque fue muy profunda, incluso le quitó toda la carne y se le veía el hueso. Va estar internado y el martes 19 nos dicen que lo van a dar de alta.
Tres familares nos quedamos en el hospital para cuidarlo y estar pendiente de su atención médica. Los demás están en una casa que rentó la Guardia Nacional en Zihuatanejo, están comprando alimentos y pagan los medicamentos. Saben su responsabilidad. Sin embargo, lo que más nos preocupa es que Marcelino no vaya a quedar bien. Lo triste es que no va a trabajar en esta temporada porque su recuperación va a ser lenta.
En estos meses todo serán gastos para su familia y no tendrá ingresos. Su esposa y sus 6 hijos van a pasarla difícil. Su único hijo de 14 años podría trabajar el el corte de jitomate y de chile, pero es insuficiente para sostener a toda la familia y atender los gastos médicos que va a necesitar Marcelino. A la semana se necesitan mil pesos para irla pasando. Un cono de huevos está hasta en 100 pesos y el kilo de jitomate en 80 pesos. Por eso nos vamos a Michoacán porque solo ahí podemos ganar algo de dinero. Marcelino se va a regresar al pueblo con su familia sin dinero y con una herida en el tobillo.
Por más de 10 años hemos ido al corte de limón en la temporada de lluvias y regresamos después de octubre. Sólo estamos en Calpanapa dos o tres meses y otra vez volvemos a los campos. Nos pagan 35 pesos por caja de limón. Por lo regular se hacen seis cajas al día y los más rápidos 10 cajas diarias. Lo máximo que ganan son 350 pesos al día.
En el corte de jitomate nos pagan a 7 pesos el bote. El trabajo es arduo porque para ahorrar se tiene que cortar 30 botes al día y los que tienen más destreza logran los 50 botes. En el corte de chile pagan 10 pesos por bote y se logran de 25 a 30 botes. Es poco porque tenemos que pagar 2 mil pesos por la renta de una pequeña casa. Si no alcanzamos rentamos dos. Por los servicios de luz y agua pagamos 300 pesos, es la cantidad que juntamos en un día cortando limones. Para cocinar tenemos que juntar leña porque los cuartos no cuentan con estufas.
Las niñas y niños se quedan con sus mamás. Los que tienen entre 10 y 15 años ya empiezan a trabajar en el corte de jitomate y chile, porque los limones no los alcanzan. Los rancheros no dicen nada porque no hay contratos. Dejaron de ir a la escuela porque no tenemos con quien dejarlos en la comunidad y tampoco pueden estudiar en Apatzingán porque las maestras y maestros de Calpanapa no les entregan sus boletas de calificaciones. Ellos quieren que terminen ahí el ciclo escolar. No podemos estar todo el año porque no tenemos dinero para comer.
No tenemos más salida que ir a trabajar a los campos agrícolas. Dejamos nuestra tierra para ganar un poco de dinero. En Michoacán si trabajamos duro conseguimos ahorrar algo para sobrevivir dos meses. Si te quedas en el pueblo te puedes morir de hambre, pero ahora también si sales a los campos agrícolas te puede pasar algo como ahora. No solo corres el riesgo con los grupos de la delincuencia, también con la Guardia Nacional que, en lugar de protegernos, nos tiraron a matar. De milagro está vivo Marcelino. Solo pedimos que las autoridades investiguen este delito que es grave porque dispararon sin justificación alguna y directo a las familias. También tiene que reparar todos los daños que ocasionaron a Marcelino, a su familia y a todos los que nos quedamos en la carretera.

 

 

 

 

Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero han sufrido constantemente la violencia de los grupos de la delincuencia desde el 2015. Hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han quedado bajo el fuego, sin que las autoridades implementen acciones contundentes para desarticular a estas organizaciones que mantienen en el limbo del horror a la población indígena indefensa.

Ante la ausencia de las autoridades, la delincuencia ha impuesto su ley con las balas y ahora con drones. Las incursiones de civiles armados en las comunidades indígenas son recurrentes y lo más grave es que no son atendidas por las autoridades. Optan por esconderse en los cerros y en las iglesias de las comunidades que pertenecen a la CRAC-PF y al Cipog-EZ.

Las tragedias pasan desapercibidas para las autoridades porque están ausentes y porque a la distancia los hechos se desvanecen. La gente llora por la impotencia de no ser atendido y porque no le dan crédito a su testimonio. Las niñas y niños se refugian en los brazos de sus mamás y ellas también son presas del temor de que las priven de la vida. Sus gritos se pierden en los lomeríos. Están solas, sin protección. Por eso su único consuelo es la denuncia pública y la súplica a las autoridades. “Nos están atacando a balazos y con drones artillados por los delincuentes que avanzan a pesar de que se topan con el Ejército”.

Los últimos hechos de violencia iniciaron el 2 de mayo de este año cuando asesinaron a dos personas de la comunidad de Alcozacán. El miércoles 6 continuó una serie de ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes Cipog-EZ. Ahí fueron asesinados Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula. El 8 de mayo una señora de la comunidad de Xicotlán fue herida de bala.

A las 7:30 de la mañana de este 9 de mayo irrumpieron los delincuentes con drones artillados que sobrevolaron en la comunidad de Tula. Entraron bien armados con equipo táctico destruyendo todo a su paso. No les importó que había niñas y niños. Disparaban indiscriminadamente a quien le tocara. Desde los cerros cercanos, se atrincheraron para abrir fuego. Estaban algunos elementos del Ejército como a 200 metros, pero sólo fueron espectadores, mientras las personas corrían despavoridas. No se movilizaron para enfrentarlos o detener a los agresores. La Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército estuvieron en las comunidades solo para documentar la infamia. Se tomaron fotos, pero no protegieron a las ciudadanas ni a los ciudadanos. Los dejaron a su suerte.

Las imágenes son de terror. El ambiente es tenso. El estruendo de las balas hizo eco en sus casas. Las gallinas cacaraquearon para refugiarse y los perros aullaban. El polvo se levantaba como si fuera una confrontación abierta. En el cerro cercano a Tula un dron posó en la tierra. Lo que quedó del paisaje fueron los rastros de la violencia.

Las mujeres indígenas relataron: “nos quedamos en el monte sin poder dormir porque teníamos miedo de que llegaran los armados. Estábamos escondidas en silencio porque teníamos miedo de que nos fueran a encontrar”. A las 2:40 de la mañana varias familias se tuvieron que desplazar a la comunidad de Alcozacán para salvarse. Más de tres días consecutivos de agresiones no fueron suficientes para que los militares actuaran, más bien las dejaron abandonadas.

Los ataques continuaron en este Día de las Madres. No había nada qué festejar. Más bien, había gritos y llantos por los balazos y las bombas que lanzaban sobre las viviendas. La agresión era directa. Los delincuentes tiraban a matar. Las noches se han convertido en un infierno. “Nos hemos pasado huyendo, cargando en nuestras espaldas a nuestros pequeños hijos e hijas para escapar de las balas”, comentan con desesperación las mujeres.

El rugido de las armas de fuego azotaba las puertas de las viviendas. Las mamás escondían a sus hijos. La inenarrable escena de violencia fue devastadora. Querían correr, pero se contuvieron hasta que parara la balacera. La muerte ahora ronda en las veredas y en cualquier rincón de la casa. Una madre de familia de Tula cuenta que se salió a la una de la tarde porque en su comunidad les estaban tirando bombas y balazos con armas de alto poder.

“Saqué a mis gemelos como pude porque deshicieron mi puerta con los balazos, casi nos tocaba. Siguen ahí los delincuentes. Le solicito al gobierno que nos haga caso porque estamos sufriendo. Mis niños están sufriendo. Hay un miedo muy grande. Ya mataron a nuestros animales, están prendiendo el monte, están amenazando con que van a entrar. Las autoridades están viendo lo que está sucediendo, que por favor nos hagan caso. Los niños lloran, ya no pueden vivir bien en sus casas porque nos amenazan los de la delincuencia. Las mujeres y los niños no tenemos la culpa, defendemos al pueblo, no somos criminales”.

Entrada la noche más de 800 personas desplazadas estaban refugiadas en la iglesia de Alcozacán. El comisario municipal señaló que “las señoras, niñas, niños, madres, viudas y ancianos de 70 años, están resguardados en la iglesia. Nos están atacando en las comunidades de Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y ya vienen entrando a Alcozacán. Solicitamos a los tres niveles de gobierno que nos respalden. Ya marqué al 911, a la Guardia Nacional, a la presidenta de Chilapa; estamos esperando su apoyo inmediato desde Chilpancingo y a nivel federal. Necesitamos que inmediatamente llegue el gobierno. Le solicito a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, que respondan, que hablen con nosotros. Esperamos su apoyo urgente”.

A los recientes episodios de violencia se suman la larga lista de crímenes que hasta hoy se han registrado 76 asesinatos y 25 desaparecidos. Lo peor es que varios niños han sido privados de la vida por los grupos de la delincuencia que quieren tener el control total de las comunidades y sus territorios. Por defender a sus pueblos nos ha costado la vida. Algunas comunidades han quedado deshabitadas por la violencia demencial e irrefrenable.

Las autoridades estatales y federales han dejado que los grupos de la delincuencia se expandan y actúen con total impunidad. En cambio, a la población indígena la han relegado y discriminado, dejando que ellos solos afronten este poder impune. En lugar de protegerlos, los criminalizan y argumentan con falacias que se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

Para las comunidades indígenas de Chilapa la frase “primero los pobres” está muy lejos de que se haga realidad, porque siguen sometidos por los comerciantes y políticos. El gobierno municipal de Chilapa siempre ha estado controlado por familias ricas de la cabecera. Ha sido un bastión priista, de grupos caciquiles que en las últimas tres administraciones cambiaron de estafeta con el PRD. Sin embargo, los vicios son los mismos, reproducen los mismos esquemas de corrupción, nepotismo, maltrato y desatención a las comunidades indígenas. Continúa la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada. Los delitos no se investigan, mucho menos se castigan. La justicia es inaccesible para la población indígena y los crímenes de alto impacto quedan en la impunidad. Los casos de desapariciones y asesinatos de personas indígenas solo son reivindicados por sus familiares. Para la Fiscalía estos casos no cuentan porque no hay carpetas de investigación. Le cargan a las familias todo el peso de la investigación, además de interponer las denuncias en la cabecera municipal, se encargan de presentar pruebas y testigos. Ante el temor de que las consecuencias sean fatales por exigir justicia, las familias se resignan al silencio y a padecer el flagelo del miedo y la amenaza.

En la Montaña alta la violencia se extiende como la lumbre incontrolable de los cerros. La tarde de este domingo se suscitó un ataque armado en la comunidad de Huitzapula, municipio de Atlixtac. A las 6 de la tarde iniciaron los disparos desde los cerros, poco a poco se fueron acercando a la comunidad con drones explosivos. Cerca de las 10:30 de la noche ya estaban a 500 metros del centro del pueblo. La noche oscura aguarda sorpresas y secretos. En estas agresiones ya es común que los chispazos de luz iluminen la noche por los artefactos que explotan en el cerro. El terror parece instalarse en las comunidades de la Montaña, que ya no son nada tranquilas.

La población no tiene otra opción que pedir auxilio, sin embargo, las autoridades están ausentes. Nadie se da por enterado. Esperan órdenes superiores, sin éstas el aparato de seguridad del Estado no funciona. Las mismas autoridades que reciben los reportes ya se acostumbraron a sobrellevar los conflictos. Solo verifican si hay peligros inminentes o si está en riesgo la seguridad de algún funcionario. Fuera de estos agravantes la gente que teme ser agredida o que es reportada como asesinada o desparecida, tiene que esperar hasta que el elefante reumático de la justicia reaccione.

Antes de cerrar este artículo nos llegó información de Alcozacán de que hay 13 personas de Xicotlán que están reportadas como desaparecidas. Los familiares han tenido que organizarse para buscarlos. No lo pueden hacer con total libertad porque saben que se encuentran asediados por grupos de la delincuencia. La angustia es mayor porque las autoridades no acuden en su auxilio. Este domingo por la tarde hicieron un recorrido los militares en la comunidad de Tula pero no establecieron contacto con las familias agraviadas. Esperamos que las autoridades acudan al llamado de las comunidades y que puedan escuchar a las madres de familia que tienen mucho temor de que las agresiones continúen. Es importante atender a los familiares que reportaron la desaparición de sus hijos y hermanos, también se debe garantizar la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. No se debe sesgar la información, ni desacreditar el trabajo de las organizaciones sociales que acompañan a las comunidades agraviadas. Para la construcción de la paz en Guerrero se tienen que desmontar las estructuras delincuenciales, es un imperativo legal perseguir a quienes atentan contra la vida y la seguridad de las personas y garantizar la protección de las comunidades y familias sometidas por la violencia criminal.

En memoria del maestro Sócrates Hernández Lozano, compañero combativo por la defensa de los derechos de los trabajadores de la UPN-121

En la 139 Acción Global por Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos realizaron este domingo la marcha y el mitin en el Hemiciclo a Juárez. Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, señaló que el Ejército mexicano se ha encargado de obstruir el camino para encontrar a sus hijos. “A pesar de que el gobierno tiene la suficiente tecnología para localizar a las personas desaparecidas, se empeña es hacer más cruento nuestro sufrimiento.
“El gobierno no ha querido decirnos dónde dejaron a nuestros hijos. Ellos tienen toda la tecnología militar para hacer búsquedas en cualquier rincón del país, pero no tienen voluntad política para hacerlo. Cuentan con los servicios de inteligencia para ubicar a las personas que no aparecen, sin embargo, la situación se ha complicado porque varias autoridades están involucradas en estas desapariciones.
“Existe una Fiscalía Especializada para el caso de nuestros hijos dentro de la Fiscalía General de la República, pero solo se mueve por órdenes de la presidenta. Esa es la maldita realidad. ¿Qué podemos hacer como personas, como padres, como ciudadanos que estamos exigiendo justicia, que exigimos verdad y que diariamente buscamos a nuestros hijos?
“Nadie me puede arrebatar el derecho para saber dónde está mi hijo y dónde están sus demás compañeros. La presidenta tiene que interceder como jefa suprema del Ejército mexicano para que la Sedena entregue los folios que faltan, como ya lo ordenó un tribunal.
“En el mes de noviembre le dijimos a la presidenta que nuestra principal prioridad es que venga algún experto para que nos ayude a encontrar a nuestros hijos. No hemos podido avanzar con la Covaj y vemos que más bien están siguiendo líneas de investigación que trabajó el gobierno de Peña Nieto. Por eso nos llevaron al rancho del Gil y a las funerarias de Iguala para preparar el terreno de que ahí hay restos de nuestros hijos. Por eso nos comentaron que habían encontrado una bolsa con restos del 2014.
“Ya no queremos más mentiras, ni que nos anden llevando a lugares que ya investigó el GIEI, por eso estamos a la espera de una respuesta de la presidenta, sin embargo, vemos que no le interesa porque este 27 de abril cumplimos 5 meses sin tener una respuesta positiva o negativa. Estamos aquí en la ciudad marchando por nuestros hijos y exigiendo que se atienda nuestro planteamiento. No vamos a doblegarnos a pesar de que el tiempo se alarga y complica nuestra existencia. Una cuestión tenemos bien clara: nunca dejaremos de buscar a nuestros hijos. Lucharemos hasta el último minuto que nos quede de vida. El amor por ellos es infinito, no tiene caducidad. Nuestro amor es el alimento diario, no se acaba, es eterno”.
Dos días antes, una representación de padres y madres de los 43 normalistas se solidarizó con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) que marchó en la capital del estado al lado de varias organizaciones solidarias, para exigir al fiscal general que acelere las investigaciones, pero sobre todo, que ejerza acción penal contra los autores materiales e intelectuales del cobarde asesinato de Marco Antonio Suástegui. La presencia de las madres y padres estrechó los lazos con sus familiares que se sintieron reconfortados por este sentido de hermandad. Marco Antonio en varias ocasiones participó en las marchas de Chilpancingo, visitó a las madres y padres en la Normal y en Acapulco irrumpió con su machete en las instalaciones de la Marina al lado de las madres y padres para denunciar la colusión que hubo de varias instituciones en la desaparición de sus hijos. Esos momentos densos de la lucha son los que robustecen la resistencia y visibilizan las tropelías y complicidades de las autoridades con el crimen organizado.
La gente mayor de Cacahuatepec recuerda que Marco Antonio era un remolino en la arena, siempre juguetón y dicharachero. Se revolcaban en la tierra y cuando se cansaba corría entre las piedras para ir a nadar en las aguas semi tranquilas de río Papagayo. En esos años la única salida para no sentir los estragos de la pobreza y del hambre estaba el chapuzón. A la altura de El Fraile había una piedra grande y una poza donde se lanzaba clavados. Unos metros abajo estaba el paso para que la gente cruzara.
Era una algarabía para Marco Antonio y sus compañeros de la escuela cuando algún papá les compraba una pelota para jugar futbol en la arena. Las patadas en muchas ocasiones ya no eran para la pelota sino contra el rival, terminando el juego en batallas campales.
En ese tiempo no había luz en Cacahuatepec, el candil se usaba para hacer las tareas, las velas eran un lujo. Marco Antonio terminó la primaria en su pueblo, para que no dejara el estudio unas tías se lo llevaron a Acapulco. Ahí se abrió paso, tuvo que hacer mandados en el mercado y ayudaba a las personas para cargar sus compras. Así se ganó sus primeros centavos. Con mucho trabajo terminó sus estudios de Arquitectura.
En el 2003 cuando el gobierno quería hacer la presa La Parota los principales del pueblo lo buscaron para que les ayudara. No titubeó para incorporarse a un incipiente movimiento para defender sus tierras. En El Fraile habían instalado un plantón para no dejar pasar las maquinarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que estaba construyendo la cortina de la presa.
Con la conformación del Cecop la lucha por la defensa de las tierras fue dura. Mujeres y hombres con sus machetes y palos encararon a los gobiernos y a la policía estatal. Doña Rocío de 75 años fue pieza clave en la lucha por el territorio: “Fui a una reunión y esa vez había ido gente de San Antonio, Vereda, Amatillo, Aguacaliente y otras comunidades. Nos empezaron a echar más lumbre porque vieron que iba duro y no pudieron agarrar nada. Venían a ofrecer dinero para que vendiéramos nuestras tierras; decían que íbamos a tener beneficios, iban a meter el agua. Algunos aceptaron el dinero, pero nosotros seguimos. Nos mandaron judiciales, pero nunca tuvimos miedo. Estuvimos en La Concepción tres años en plantón.
“Marco Antonio sufrió la persecución, pero siguió adelante al lado de las comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec. Lo encarcelaron y cuando salió creó un grupo de la Policía Comunitaria. Sin embargo, lo querían, lo buscaban y lo echaron preso nuevamente en Nayarit. Exigimos su libertad sin importar si comíamos o no. Marco nunca se vendió, al contrario, acompañó al subcomandante Marcos cuando nos visitó en Aguacaliente. Zeferino Torreblanca y Félix Salgado Macedonio nunca hicieron nada a favor de los pueblos. ¿Vea cómo estamos? Nos querían quitar la tierra. Marco tuvo el valor de enfrentar a los gobiernos. Dijimos todos en una asamblea que no queríamos la presa y también le ganamos al gobierno en los tribunales, porque siempre fueron tramposos y mentirosos.
“Marco Antonio no se arredró. Cuando Vicente fue desaparecido por hombres armados reclamó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al Ejecutivo estatal para que le entregaran con vida a su hermano”.
Las amenazas se incrementaron. Pilar recuerda que el último domingo de Marco Antonio comió un plato de pozole con Guadalupe, conocido como Lupillo e integrantes de Cooperación Comunitaria. Tomó agua fresca de limón y jamaica. Estaba contento y nos hizo reír con sus comentarios en la mesa. Recuerdo su risa que nunca voy a olvidar. A veces venía triste y nos contaba que tenía amenazas. Nunca imaginamos que al siguiente domingo estaría luchando por su vida”.
José Luis de la comunidad de El Cantón conoció por primera vez a Marco en una reunión en El Campanario. “Su voz hacía temblar la tierra. Nos daba ánimos. Fue un ejemplo para defender nuestro territorio, cuidar el medio ambiente, el río y el agua. Era valiente y no tenía miedo de incomodar al gobierno, pero por eso decidieron asesinarlo”.
Para los comuneros y comuneras de Cacahuatepec, Marco Antonio le dio vida a las comunidades porque las autoridades las tienen abandonadas. Llevó proyectos a través de las organizaciones de derechos humanos. No sólo luchó por la tierra, también por el río Papagayo contra las empresas gravilleras que saquean minerales pétreos, buscó viviendas para las familias después de los huracanes Otis y John. No descansó. En las playas de Acapulco enfrentó a los delincuentes que querían cobrarle cuota en su espacio donde rentaba motos acuáticas.
“Nos cuesta asimilar su muerte. Escuchamos sus voces y en las noches lo soñamos que nos dice: cualquier cosa que necesiten los voy apoyar. En sus sueños se despide. La tristeza es colectiva, pero también el coraje y la impotencia porque la Fiscalía de Guerrero no ha dado justicia y no ha detenido a los responsables. Lo queríamos mucho porque fue un gran hombre que gracias a él no se llevó a cabo la construcción de la presa La Parota. Dio su vida por la tierra y por el río Papagayo, donde nadaba de niño”.
Este 25 de abril se cumplió un año del asesinato de Marco Antonio. Hombres y mujeres portando sus machetes lo recordaron. Algunas le lloraron a su líder. Lo recordaban con su sombrero negro y su machete en lo alto. Frente a las fotografías de Marco le hablaron con el corazón herido, pero con ese temperamento bravío. Lo mataron, pero su espíritu vive, vamos a seguir luchando defendiendo nuestras tierras y nuestro río, como lo hizo nuestro líder. Seguiremos yendo a Chilpancingo hasta que detengan a los asesinos. Las batallas por la verdad y la justicia seguirán vivas y vibrantes con la gente que tiene dignidad y memoria.

El 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor del medio ambiente, fue agredido a balazos cuando se dirigía a su camioneta, estacionada a unos metros de la playa Icacos. Era Viernes Santo, y a pesar de que las playas de Acapulco estaban atestadas de turistas, Marco Antonio decidió retirarse ante las amenazas de muerte que había recibido. Los delincuentes seguían sus pasos, conocían sus movimientos y estaban al acecho para que no se les escapara. A pesar de los 4 mil efectivos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en la zona turística, los autores del artero crimen actuaron sin temor a ser detenidos.
Cuatro semanas antes Marco Antonio había relatado a una investigadora del Mecanismo federal de Protección a Defensores y Periodistas los incidentes que había enfrentado. En la sesión que tuvo el defensor con los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo planteó la necesidad de que le brindaran protección policiaca por los inminentes riesgos que corría. Los funcionarios no dimensionaron los hechos que Marco Antonio relató, al contrario, consideraron que exageraba en su narrativa. Les incomodaba su lenguaje directo y su estilo bravucón. Interpretaron que solo quería andar con policías en el puerto para lucirse y demostrar que el gobierno lo protegía. Trivializaron su testimonio e ignoraron su planteamiento.
Las comunidades afros que conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) sabían del gran peligro que corría Marco Antonio. En las asambleas dominicales les compartía la situación que estaba viviendo, aún así nunca dejó de asistir a las reuniones de Cacahuatepec. Siempre estuvo en primera fila defendiendo la tierra y el río Papagayo. En lugar de que los gobernantes reconocieran su trabajo y le proporcionaran seguridad, lo denostaron, lo persiguieron y en tres ocasiones lo encarcelaron por oponerse a la construcción de la presa La Parota.
La lucha del Cecop siempre estuvo centrada en la defensa de los bienes comunales de Cacahuatepec, se acuerparon para impedir que la CFE construyera la cortina. El no a La Parota fue rotundo cuando supieron que desplazaría a más de 25 mil habitantes de una docena de comunidades. Resistieron durante varios años y ganaron seis juicios agrarios. Sin embargo, los empresarios y políticos vieron una oportunidad de oro en la entrada de las organizaciones criminales a las comunidades rurales. Ellas se encargaron de fragmentar a las comunidades y someterlas con amenazas, extorsiones y asesinatos. Lograron cooptar a personas de la zona para que poco a poco las comunidades abandonaran la lucha. El terror las inmovilizó. Los crímenes horrendos que acontecían en la ruta de la Costa Chica fue mermando el ánimo dominando un sentimiento fatalista.
Poco a poco Marco Antonio empezó a percatarse de que las amenazas se incrementaban porque también en las asambleas dominicales llegaban personas para advertirle que dejara de denunciar al gobierno. Antes, y después de la desaparición de su hermano Vicente, continuaron las amenazas. Marco Antonio estaba desconcertado porque en el mismo núcleo de Cacahuatepec había personas acechándolo, ya no se sentía seguro ni en su comunidad. Valoraba que los riesgos aumentaban en los recorridos que hacía a las comunidades y en sus traslados al puerto de Acapulco.
El líder del Cecop que tenía un negocio de renta de motos acuáticas enfrentó también el problema de las cuotas. En varias ocasiones llegó a manifestar que no podía continuar con esta losa pesada de la extorsión, porque era trabajar solo para la delincuencia. Con el liderazgo y la autoridad moral que tenía Marco habló con los trabajadores de las playas para que se organizaran porque solo como grupo podían contener la avalancha delincuencial. Era una batalla perdida porque la gente vivía atemorizada, prefería pagar la cuota que armarse de valor para hacer frente a la delincuencia. Marco Antonio percibió que la gente tenía miedo porque sabía que los hilos de la telaraña delincuencial estaban en todos los negocios de las playas.
Al ver que era enfrentarse a un monstruo, Marco solicitó al Mecanismo medidas más duras como la protección policiaca. Planteó en varias ocasiones la presencia de elementos de la Guardia Nacional como una medida extrema para continuar su trabajo como defensor del medio ambiente.
Con los desastres naturales causados por los huracanes Otis y John Marco Antonio visitó las comunidades afectadas para realizar censos de los daños y al mismo tiempo buscó apoyo con fundaciones y organizaciones solidarias para impulsar la reconstrucción de viviendas, el saneamiento del agua y la recuperación de parcelas y huertas. Los peligros se incrementaron ante la ausencia de las autoridades.
Desde diciembre de 2024 Marco Antonio constató que andaban tras de él. Ubicaba a gente en la playa donde trabajaba y también se daba cuenta de que a las asambleas llegaban personas extrañas. Se preocupó más cuando alguien se acercó para amenazarlo. Tenía la intención de compartirnos estos incidentes y planeamos que fuera el Domingo de Ramos, sin embargo, el encuentro no se concretó, porque iniciaba la temporada alta en las playas de Acapulco. Lamentablemente no fue posible vernos porque el Viernes Santo por la tarde Marco Antonio había sufrido una agresión letal.
Los defensores del medio ambiente como Marco Antonio Suástegui están siempre en la línea de fuego porque realizan su trabajo en lugares donde hay disputas férreas por el control territorial. Son enclaves donde se tejen alianzas con empresarios que cuentan con el respaldo de autoridades que legalizan el despojo de tierras y la extracción sin control de los recursos pétreos. Se urden jugosos negocios con giros de la economía criminal sumiendo en la miseria a los verdaderos dueños del río Papagayo.
Las comunidades del Cecop han seguido el ejemplo de Marco Antonio para defender el agua del río Papagayo. Su lucha contra La Parota fue estratégica para garantizar que el río siga corriendo, bañando las tierras de los agricultores y asegurando la alimentación de las familias pobres. El Cecop fue un ejemplo de resistencia pero también de sabiduría, ellos conciben al agua como un bien sagrado y no como una mercancía. Los sabios y sabias de las comunidades rurales saben que existen los dueños en los manantiales, por ello se debe de pedir permiso para roturar la tierra, para extraer el agua y hasta para pedir la lluvia. Cuando no se hace es cuando llegan los huracanes que arrasan con todo. Es la furia de la naturaleza que pone en riesgo nuestra sobrevivencia.
En Guerrero la clase política se ha extraviado por su ambición de poder. Todo lo ve como negocio, busca en todo momento sacar la mejor tajada de cualquier proyecto. No le interesa cuidar la naturaleza, mucho menos respetar los bienes comunes que han sabido cuidar los pueblos. Para ellos el agua representa un signo de pesos, sobre todo en lugares turísticos. Se aprovechan de las comunidades rurales que han sabido cuidar el agua para impulsar proyectos extractivistas que surtan de agua a los hoteles del gran turismo. La prioridad son los emporios hoteleros porque son negocios redituables. No les interesa garantizar el acceso al agua a las colonias pobres porque ahí hay pérdidas, tampoco le dan prioridad a las comunidades rurales para generar infraestructura hídrica que mejore su calidad de vida.
A pesar de que el río está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, las familias carecen de llaves de agua porque representan pérdidas. En los últimos meses el gobierno municipal ha querido construir los pozos radiales en Aguacaliente, sin consultar a las comunidades que habitan en el afluente del río Papagayo. Argumentan que son compromisos asumidos por la presidenta de la República y por eso mismo se tienen que construir los pozos radiales, por encima de lo que opinen los dueños de estas tierras. La gente del Cecop ha tenido que parar los trabajos para hacer visible su protesta y exigir que las autoridades escuchen sus demandas.
La figura de Marco Antonio se robustece con esta lucha que continúan las comuneras y comuneros de Cacahuatepec. Tienen claro que deben defender la tierra con el acero en la mano, y que no pueden tirar por la borda su legado. Marco Antonio es un defensor del medio ambiente a quien las autoridades de los tres niveles de gobierno criminalizaron y encarcelaron, siempre lo catalogaron como un actor incómodo e indómito. Nunca se sometió a los partidos políticos, por el contrario, fue firme en sus convicciones, solidario con los campesinos pobres, siempre dispuesto a dar la batalla contra quienes saquean sus territorios y los engañan con promesas falsas. Marco Antonio nunca se vendió, mucho menos bajó la guardia. Siempre encaró al poderoso, denunció sus tropelías y denunció a los empresarios que han sobrexplotado el río y saqueado sus riquezas.
Marco evidenció al gobierno morenista que arrastra los mismos vicios de la corrupción, que se colude con grupos de la delincuencia, que encubre a los que violan los derechos humanos, que hace negocios privados con el dinero público, que utiliza el poder para amafiarse con los empresarios y jefes del crimen organizado. Nunca se calló y por eso lo desecharon como aliado no incondicional. Nunca buscó la comodidad ni el lucro. Fue coherente con su modo de vivir y de pensar. Vivió como cualquier campesino que sabe trabajar la tierra y que vive modestamente con lo que produce en el campo.
A un año de su asesinato vemos lejos la justicia para Marco Antonio. No hay una persona detenida, tampoco se ha tomado en cuenta como una línea de investigación el trabajo de Marco Antonio como defensor del medio ambiente.
Exigimos al gobierno estatal y a la Fiscalía del estado que acelere las investigaciones porque hay datos fehacientes sobre los autores materiales. La Fiscalía está obligada a rendir información a la familia de qué avances hay en la investigación, de cómo fue el modus operandi del crimen. No puede escudarse en argumentos como la alteración de la escena del crimen; que no funcionaron las cámaras de vigilancia y que no hubo declaraciones por parte de testigos o de familiares. La obligación de las autoridades es ejercer acción penal contra los responsables materiales e intelectuales. Actuar con debida diligencia para garantizar justicia a las familias y agrietar el muro de la impunidad que encubre a delincuentes que tienen pacto con las autoridades.

 

La pobreza de su familia y la muerte temprana de su papá Justino obligaron a Ubaldo a trabajar en la Ciudad de México al terminar la primaria. Llegó con su primo Rosalío que se dedicaba a la venta de frutas en la colonia Gómez Farías. De día le ayudaba a vender y a cargar las cajas y los bultos, y por la noche dormía en la camioneta para cuidar la mercancía en Anillo de Circunvalación. Fueron años arduos y extenuantes. No tuvo oportunidad de estudiar, mucho menos de convivir con amigos. Con el tiempo consiguió un trabajo en la Marina, pero su raquítico sueldo nunca le permitió solventar sus necesidades más apremiantes. Tenía la responsabilidad de apoyar a doña Guadalupe, para sostener a 4 de los 7 hermanos.
Con la idea de poner un negocio de frutas que cosechaban en la Cañada, Ubaldo ya no regresó a Tlaquiltepec, su tierra natal. Con dos hermanos mayores rentaron un local en el centro de Tlapa. A pesar de que las ventas eran buenas, el mayor interés de Ubaldo era estudiar la secundaria. Se inscribió en la escuela nocturna Antonia Nava de Catalán, donde se reencontró con lo que más le gustaba: leer y escribir cuentos.
En marzo de 1979 el presidente de la República José López Portillo inauguró la primera radiodifusora indigenista en la ciudad de Tlapa conocida como La Voz de la Montaña. Fue una iniciativa importante que tuvo un gran impacto en la región por el secular abandono y la incomunicación que imperaba en la región. Ubaldo fue parte de los jóvenes fundadores de la radio que le dieron un gran impulso con la creación de programas que atrajeron la atención de las comunidades indígenas. “Nuestras bandas”, “Resonancias”, “El correo de los amigos” y la sección de avisos marcaron el sello distintivo de la Voz. Ubaldo con sus compañeros y compañeras escribieron la época dorada de la radio porque acercaron los micrófonos a los pueblos, le dieron voz a la gente, la cabina se abrió para que llegara la gente y se expresara en sus propios idiomas. Sin pretenderlo se fueron identificando con sus luchas, empezaron a hacer suyas las demandas sociales, asumieron el compromiso de difundir los problemas relacionados con la tierra; los abusos de las autoridades, las acciones represivas de las corporaciones policíacas, las detenciones y casos de tortura cometidos por el Ejército.
Durante 15 años la voz de la Montaña se transformó en la principal tribuna de los pueblos. Encontraron cabida las voces disidentes y críticas como la del maestro Othón Salazar. Su oratoria y sus denuncias forman parte del archivo histórico de la Voz. El movimiento democratizador que se vivió en la Montaña, con la lucha del Partido Comunista Mexicano fue registrado por los jóvenes que trabajaban en la radio. No fue casual que en 1996 el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer haya ordenado el robo de los aparatos de la Voz de la Montaña, para que silenciara la efervescencia política que se gestaba en las comunidades indígenas con la Montaña Roja. Había el temor de que a lucha armada resurgiera y que el PRI tuviera una derrota estrepitosa.
Ubaldo no solo fue una persona apasionada para hacer radio, también componía cuentos y los escenificaba para la radio. En su acercamiento con los actores sociales de la Montaña se fue imbuyendo en la lucha social. Junto con su esposa María López establecieron vínculos con las organizaciones de la región. Al interior de sus centros de trabajo, como la radiodifusora y el Hospital General, tanto Ubaldo como doña Mari hacían causa común con los trabajadores para denunciar los abusos de los directivos. Esta compatibilidad de causas y luchas afianzó su matrimonio y les abrió nuevos horizontes en la lucha por la justicia y los derechos humanos.
Su militancia en las organizaciones sociales Ubaldo las ha pagado con cárcel. En mayo de 1992 lo detuvieron y trasladaron al penal de Chilpancingo. Con la presión de las organizaciones sociales de inmediato lo liberaron. A los 5 años de nueva cuenta le giraron otra orden de aprehensión. Su hijo Francisco estuvo presente cuando los policías judiciales subieron en una camioneta a empujones a su papá. Al reclamar por qué se lo llevaban, un policía le puso en su frente la pistola para que enmudeciera. A Francisco hasta la fecha se le revela la escena imaginando un disparo. Ubaldo permaneció 3 meses recluido en el penal de Atlamajac. Al final demostró que le habían fabricado el delito de privación ilegal de la libertad.
Con la participación de varias familias nahuas de Ahuatepec Pueblo formó la organización Zihuame con el fin de demandar apoyos y proyectos para mujeres indígenas. A nivel nacional se vinculó con el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) por medio de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur en 1996. Fue parte del Frente Popular Revolucionario al lado del dirigente nacional Omar Garibay. Ubaldo siempre se ha identificado con los movimientos populares que reivindican los derechos de los pueblos, siempre con una perspectiva anticapitalista.
El miércoles 18 de marzo, Ubaldo Segura Pantoja fue detenido a la una de la tarde saliendo de su casa en la colonia El Tepeyac. Sus familiares se preocuparon porque tres hombres lo habían abordado de manera abrupta. A unos pasos de su casa no le permitieron avisar a su esposa que está enferma. Sus compañeros del Frente Popular de la Montaña (FPM) de inmediato empezaron la búsqueda. Fueron a la Fiscalía Regional de Tlapa, pero no les dieron información porque requerían la presencia de los familiares.
El abogado Simón Alejandro León de la Ibero Puebla presentó un amparo por incomunicación. Los familiares imaginaron lo peor, porque la Fiscalía de Puebla le negó información a su hijo por el paradero de Ubaldo. En lugar de trasladarlo a Chilpancingo donde está su caso, Gobernación federal buscó un lugar lejano para hacer más cruenta su detención. De la Fiscalía de Puebla lo trasladaron al Cefereso de Villa Aldama, Veracruz.
El jueves 19 lo pusieron a disposición del Juzgado Décimo de Distrito por una orden de aprehensión del 2015, acusado de secuestro de cinco periodistas en 2014, en plena ebullición política por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En octubre de 2014 el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) tomó el Ayuntamiento de Tlapa, como parte del acuerdo tomado por la Asamblea Nacional Popular (ANP). En esa fecha el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) tuvo conocimiento de una premiación de periodistas donde asistirán algunas autoridades. Ante la consigna de no permitir actos del gobierno, llegaron al lugar para informarles que no podían seguir con el evento. Al intentar trasladar a los cinco periodistas se dio una trifulca donde resultaron lesionados maestras, campesinos y estudiantes del movimiento popular. Al final lograron llevárselos al Palacio Municipal donde les piden una disculpa pública y que se hagan cargo de las curaciones de los lesionados.
El 13 de diciembre de 2014 los periodistas presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Guerrero por el delito de secuestro, pero declinó su competencia y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) que la consigna al Juzgado Décimo por el delito de secuestro. En el 2015 salieron órdenes de aprehensión contra sus dirigentes como Antonio Vivar Díaz, asesinado por la Policía Federal el 7 de junio de 2015; Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en octubre de 2019; Alfonso García, Primo Álvarez, Iván Salomón, Evodio Pérez, María Flores y Ubaldo Segura Pantoja.
Contra viento y marea, Ubaldo Segura y otros líderes impulsaron el boicot electoral del 2015 en Tlapa como protesta por la desaparición de los 43 normalistas, y que terminó con una fuerte represión por parte de las autoridades municipales y estatales. El dirigente denunció que un grupo de choque conformado por taxistas y policía estatal desalojaron con lujo de violencia a los manifestantes que se encontraban en el Zócalo de la ciudad. Las represiones continuaron hasta el 7 de julio, cuando la Policía Federal asesinó a sangre fría a Antonio Vivar Díaz, dirigente del MPG y compañero de lucha de Ubaldo.
El 30 de enero del 2016 nació el Frente Popular de la Montaña (FPM). Su nuevo propósito es ayudar a las comunidades de la Montaña para demandar obras sociales en las comunidades más olvidadas.
El FPM ha adquirido presencia y fuerza en la región por abanderar las causas más sentidas de las comunidades. Conformaron una dirección colectiva para diversificar sus voces y asumir diferentes comisiones. Ubaldo asumió la comisión de salud. En esos años empezó a destacar el compañero Arnulfo Cerón, que mostró grandes habilidades para encabezar las protestas y asumir un nuevo liderazgo. Para Ubaldo “Arnulfo tenía un temple audaz”.
A principios de este año Ubaldo acompañó a su última morada al luchador social Saúl Morán, compañero del FPR. Ahí exigió justicia por los asesinatos de Antonio Vivar y de Arnulfo Cerón. También recordó al luchador social Gregorio Alvarado, desaparecido el 26 de diciembre de 1996.
Ubaldo es un defensor nato. A sus 73 años su pasión por la justicia y los derechos humanos es una llama que no se apaga. Ha pagado cara su osadía de ser fiel a sus convicciones políticas y de nunca ser lacayo del poder. Su exigencia por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos es inamovible y forma parte del grito amoroso de las madres y padres que demandan verdad y justicia. Es muy grave que el gobierno morenista persiga y encarcele a un defensor de derechos humanos. Que la FGR y Segob reproduzcan prácticas funestas del PRI y del PRD al confinar a los luchadores sociales a penales de alta seguridad para darles un trato de delincuentes peligrosos. Con gran perversidad le niegan el derecho a una defensa adecuada, lo separan de su familia y denigran su trayectoria y la dignidad como persona. Este miércoles 26 de marzo se cumple el plazo constitucional para que el juez deje en libertad a Ubaldo Segura. El Poder Judicial tiene la gran responsabilidad de juzgar sin sesgos políticos y reivindicar la trayectoria de un gran defensor.

 

En noviembre de 2021, la asamblea de La Candelaria, comunidad indígena del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, decidió establecer el Jlumaltik (el autogobierno comunitario), sin embargo, las autoridades del estado le negaron este derecho. La comunidad se rebeló contra esta decisión unilateral y desde esa fecha buscó el apoyo de la clínica jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Su acompañamiento fue clave para que el caso lo atrajera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En febrero de 2026, los ministros y ministras de la SCJN acudieron a la comunidad de Tenejapa, Chiapas, donde sesionaron por primera vez fuera de su sede, en presencia de las autoridades indígenas. Lo más significativo fue la resolución favorable del amparo en revisión 344/2025: se emitieron 9 votos a favor del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que determinó que el Congreso del estado de Chiapas debe elaborar una ley reglamentaria para el ejercicio de los derechos autónomos de los pueblos y comunidades indígenas, tomando como punto de referencia la reforma del artículo 2 constitucional de 2024.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña presentamos un amicus curiae en favor de la comunidad La Candelaria. En la audiencia de Tenejapa la ministra Loretta comentó “el día de ayer se recibió un amicus curie presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan mediante el cual solicita que este alto tribunal considere que el derecho a la libre determinación y autonomía indígena sustenta el derecho a la identidad, que está reconocido en el proyecto, sin embargo, vamos a reforzarlo como lo solicita este Centro”.
Argumentamos que el cuarto orden de gobierno constituye una forma de organización política y administrativa legitima y válida. En México, las experiencias de comunidades indígenas como San Francisco Pichátaro o Cherán han impulsado diferentes procesos para el desarrollo del autogobierno.
Autores como Aragón Andrade, Trejo Grivellaro o Cervera Leonetti han planteado que el autogobierno indígena ha dejado de ser una aspiración ideológica y se ha convertido en un modelo político concreto, del cual se desprenden arreglos institucionales donde las comunidades indígenas asumen funciones públicas, redefinen la autoridad local y establecen mecanismos propios de decisión colectiva, en su mayoría como respuesta a la crisis de los niveles de gobierno tradicional y al centralismo fiscal que ha excluido históricamente a las comunidades indígenas en sus posibilidades de desarrollo.
La conceptualización del autogobierno, particularmente dentro de su formalización en el ámbito jurídico y administrativo como cuarto orden, implica entender que estas manifestaciones van más allá de reivindicaciones identitarias o culturales. Se trata de un profundo cambio institucional que implica repensar la estructura tradicional del Estado moderno. La idea del autogobierno no puede entenderse sin contemplar el derecho a la libre determinación, el cual permite a las comunidades ejercer formas propias de gobierno para el desarrollo con base en su cosmovisión y necesidades.
La Constitución Mexicana, en su artículo 2, reconoce la composición pluricultural y multiétnica del país, principalmente sustentada en los pueblos indígenas. Este mismo artículo reconoce la libre determinación, un concepto que Victoria Tauli-Corpuz, entonces Relatora Especial sobre pueblos indígenas, ha definido como el derecho de los pueblos indígenas “a controlar su pasado, su presente y su futuro”.
La autonomía debe entenderse como el marco general de derechos que faculta a las comunidades para decidir sus formas internas de convivencia y organización política sin interferencias externas; es decir, es la capacidad política de definir el propio destino. El derecho al autogobierno, por su parte, está ligado de manera más específica a la capacidad de las comunidades para ejercer el control de sus territorios, aplicar sus propias leyes o administrar sus mecanismos de gobierno y justicia.
La materialización del autogobierno –sobre todo en regiones como Michoacán, Guerrero o Chiapas– ha dado lugar al desarrollo de la categoría del cuarto orden de gobierno. Este concepto, desarrollado por autores como Aragón Andrade o Cervera Leonetti, describe una realidad jurídica emergente que contrasta con la tríada clásica del federalismo mexicano compuesta por la federación, el estado y el municipio. El cuarto orden de gobierno se define como la institucionalización del autogobierno en una escala más acotada del municipio, es decir, en las comunidades, tenencias o agencias que históricamente han estado subordinadas —administrativa y políticamente— a las cabeceras municipales.
Este cuarto nivel busca dotar a estas entidades de personalidad jurídica y capacidad de administración hacendaria directa, equiparándolas en funciones y atribuciones a un ayuntamiento, pero operando bajo lógicas comunitarias distintas a las de la democracia liberal representativa. Además, busca reconocer que los pueblos y comunidades indígenas tienen la capacidad de regular sus vidas de manera autónoma, implementando incluso sus propios sistemas de policía y justicia.
Cervera Leonetti argumenta que el municipio ha funcionado como un instrumento donde las cabeceras municipales concentran el poder político y los recursos económicos, marginando sistemáticamente a las comunidades periféricas, lo que ha perpetuado un rezago material y una vulnerabilidad política en las localidades rurales. Además, las delimitaciones territoriales del municipio tienen que ver más con una lógica colonial que con una propuesta coherente con las formas de vida indígenas. En este sentido, la propuesta del cuarto orden de gobierno es una apuesta por la democratización de la gestión pública que busca revertir el centralismo que caracteriza al Estado mexicano.
Esta figura permite que las comunidades gestionen sus recursos bajo principios de transparencia y control asambleario que, en casos documentados como el de San Felipe de los Herreros, han demostrado ser más eficientes y menos corruptos que los ayuntamientos tradicionales, logrando ejecutar más obra pública con los mismos recursos gracias a la eliminación de intermediarios y la vigilancia de consejos comunales como el Consejo Mayor de K’eris.
Según el análisis de Luis Tapia, mientras que el Estado se caracteriza por la centralización, el monopolio de la decisión política y la separación entre gobernantes y gobernados, la forma comunitaria de gobierno opera bajo principios de horizontalidad, rotación de cargos y la centralidad de la asamblea como órgano supremo de deliberación. El autogobierno indígena, al institucionalizarse como cuarto orden de gobierno, busca insertar la comunidad dentro de la arquitectura del Estado sin ser absorbida por ésta. Esto conlleva la sustitución de la autoridad unipersonal y vertical, típica del presidente municipal o jefe de tenencia, por autoridades comunitarias, generalmente controladas por cuerpos colegiados bajo una lógica paritaria y rotativa. En este esquema, la autoridad no se configura como un privilegio de mando, sino como un servicio, donde el cargo es rotativo y revocable, impidiendo la formación de una estructura burocrática separada del cuerpo social.
Este proceso se funda en una “constitución comunitaria” o pacto político fundamental que reactiva instituciones propias. La toma de decisiones en este diseño institucional reside generalmente en una asamblea, la cual funciona como el órgano supremo de deliberación y fiscalización. La política comunal se gestiona a partir de la deliberación sobre el bien común, produciendo decisiones políticas donde el sujeto no es el individuo aislado, sino la trama comunitaria. De esta forma, la asamblea no solo elige, sino que mandata y vigila, teniendo la facultad de destituir a los consejeros en cualquier momento si éstos incumplen los principios de transparencia o los acuerdos colectivos.
El derecho directo al presupuesto es fundamental para reducir la violencia y la desigualdad, ya que empodera a las naciones indígenas para gestionar y asignar recursos de acuerdo con sus necesidades reales, fortaleciendo la participación en la toma de decisiones y rompiendo con las redes clientelares de los partidos políticos. Un precedente importante fue la resolución judicial de la comunidad de Pichátaro, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó, por primera vez, la transferencia directa de recursos a una comunidad submunicipal, estableciendo que el derecho al autogobierno no puede concretarse si las comunidades carecen de los medios materiales para su ejercicio.
En el ámbito de la eficiencia administrativa y la infraestructura, el caso de la comunidad de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Michoacán, ofrece datos sobre la maximización de los recursos públicos bajo el esquema de presupuesto directo. Según documenta Cervera Leonetti, mediante la instauración de su consejo administrativo y la eliminación de la intermediación del ayuntamiento, la comunidad logró ejecutar entre seis y catorce veces más obras públicas al año que las realizadas por la administración municipal anterior, disponiendo del mismo monto proporcional de recursos. Este incremento exponencial en la capacidad de respuesta estatal se explica por el desmantelamiento de las redes de corrupción: al suprimir los “diezmos” (sobornos) exigidos por funcionarios municipales a contratistas y al priorizar la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la región. El autogobierno logra que el presupuesto rinda más y dinamice la economía interna, sometiendo cada peso gastado a una triple vigilancia: la de la Asamblea General, la del Consejo Mayor de K’eris y la de la Auditoría Superior del Estado.
En materia de seguridad pública y pacificación, el autogobierno ha llenado el vacío dejado por un Estado rebasado o coludido con el crimen organizado. La experiencia de Cherán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero y, más recientemente, la comunidad mazahua de Donaciano Ojeda, Zitácuaro, demuestran que la seguridad comunitaria es cualitativamente superior a la policial. Trejo Grivellaro detalla cómo, ante la ineficacia estatal para frenar la extorsión y la tala ilegal, la administración directa del presupuesto permitió a Donaciano Ojeda financiar, equipar y certificar su propia Guardia Comunal, logrando una reducción drástica de la violencia y recuperando el control territorial que había sido cedido a grupos delincuenciales. De manera similar, en Cherán, la estructura de las “rondas comunales” y la vigilancia vecinal (“fogatas”), articuladas bajo el principio de que la seguridad es una responsabilidad colectiva y no solo un servicio externo, ha logrado mantener índices de paz social excepcionales en una región azotada por la violencia, demostrando que la legitimidad local es el componente más efectivo de la seguridad pública.
En Guerrero, los pueblos indígenas y afromexicano se rebelan contra la partidocracia que los sojuzga y los trata como súbditos y clientela cautiva, a la usanza colonial.
La resolución de la SCJN es el preludio de un nuevo amanecer para las comunidades olvidadas.

A las comunidades en resistencia del Cecop. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento.

El agua dulce en el planeta está distribuida de manera desigual. La cifra de la sobreexplotación de los mantos acuíferos es increíble: menos de 10 países controlan el 60 por ciento de los recursos de agua dulce globales. La concentración de este líquido vital se expresa en cifras desquiciantes: cerca de 260 cuencas hidrográficas y un gran número de acuíferos son compartidos por dos países. Por eso para el investigador Doctor José Esteban Castro, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina “la crisis del agua (es)una fuente creciente de conflictos a nivel internacional”.
Para estudiar los conflictos hidrológicos, el investigador nos dice que la crisis del agua es de carácter esencialmente político, porque está relacionada con la desigualdad, la pobreza estructural y los procesos de democratización. Estas cuestiones no se reducen al plano técnico, tampoco al plano físico-natural. Los problemas socio-ecológicos, abordados desde la perspectiva de la ecología política crítica no pueden reducirse a la dimensión tecnológica, el gran desafío es abordarlo desde la dimensión social y política. Las autoridades federales siguen tomando decisiones técnicas y políticas, lo más grave es que siguen priorizando los grandes negocios, los centros turísticos, a costa de la pobreza de los pueblos donde están los manantiales y los pozos que abastecen las ciudades.
El grave problema del abandono de los pueblos de la ribera río Papagayo es ancestral. Los comuneros y comuneras de Cacahuatepec han sobrevivido a las sequías y la aridez de la tierra. Las parvadas de zopilotes eran la señal funesta del hambre, de un ambiente inmundo. Aún se respira entre los terregales y aguas negras ese aire lúgubre. Las familias nunca han sucumbido, al contrario, siempre se han organizado para hacer sus pequeños pozos de agua. Tenía que alcanzar para tomar, lavar los trastes, la ropa y para dar a los animales de corral. En temporadas de secas la gente se arremolinaba en los escasos pozos que quedaban como charcos de lodo.
Sólo en tiempo de lluvias los comuneros pueden sembrar maíz, calabaza y jamaica. Quienes tienen tierras a orilla de río riegan con mangueras sus cultivos. El ganado vacuno y el caprino comen el pasto seco y la basura que encuentran en su camino. Algunas familias tienen que hervir el agua del río porque no tienen agua potable para tomar. La situación es más difícil en las comunidades alejadas del río. La tierra y los árboles parecen arder con el sol quemante.
En la asamblea de este domingo se pudo constatar la gravedad del problema que enfrentan las comunidades de Cacahuatepec, El Cantón, Huamuchitos, El Campanario, Apalani, Cruces Cacahuatepec, El Rincón, El Carrizo, Parotas, Rancho las Marías, Ilamos, Parotillas, Salsipuedes, La Concepción, Amatillo, Cabeza de Tigre, Garrapatas, Aguas Calientes, El Bejuco y Chanecas, que a pesar de estar asentadas en la ribera del río Papagayo no tienen agua.
Para llegar a la asamblea varias mujeres caminaron dos horas. Otros se desplazaron en camionetas de redilas (como es común en el Acapulco de los pobres) provenientes de Aguas Calientes, donde están construyendo los pozos radiales que cuentan con un presupuesto de 700 millones de pesos. También llegaron comuneros de la ruta Cacahuatepec, Huamuchitos y Apalani. La mayoría cruzó el río en las rudimentarias “pangas” del pueblo.
En la asamblea dominical estuvo presente el espíritu combativo de Marco Antonio Suástegui, “el tigre” del Cecop. Reavivaron su grito de batalla: “la tierra no se vende, se ama y se defiende”. Hasta después de medio día llegó el personal de CAPAMA y Conagua. El ambiente ya estaba candente: “No queremos promesas, queremos palabras firmadas en papel. Mentirosos, mentirosos”.
Las autoridades informaron sobre los proyectos aprobados para las comunidades de Bellavista Papagayo; Cacahuatepec que incluye El Cantón, Espinalillo y Huamuchitos; Los Ilamos, Rancho las Marías, Parotas, Parotillas, Barrio Nuevo de los Muertos, Garrapartas, Cruces de Cacahuatepec, Apalani, El Campanario y El Carrizo. Los comuneros de Salsipuedes junto con otras comunidades se molestaron porque no los tomaron en cuenta. Increparon a los funcionarios federales.
Los comuneros y comuneras exigieron que en marzo inicien los trabajos de los pozos que van a distribuir agua a las comunidades. Las autoridades respondieron que no era posible porque tenían que subir los proyectos a una plataforma de la Secretaría de Bienestar federal “donde les asignarán un folio y se licitarían, para iniciar los trabajos el 15 de junio”. Los reclamos afloraron: “llevamos más de 50 años sin agua y todo el tiempo alargan las fechas para que al final no hagan nada”. Sentenciaron “si no inician en marzo vamos a cerrar los pozos radiales”.
La asamblea acordó que para el próximo domingo los funcionarios llevarán una propuesta de fecha para iniciar la construcción de los pozos que beneficiarán a decenas de comunidades, además se van agregar las comunidades que están fuera de los cuatro proyectos presupuestados. Las comuneras y comuneros mostraron nuevamente la casta del Cecop: “Viva Marco Antonio”, “Zapata y Marco Viven”, “Si no hay solución habrá revolución” y “La tierra no se vende, se ama y se defiende”.
Martha Hernández Estrada comunera de El Cantón, rememoró que el problema del agua viene desde hace varias décadas, por la falta de este líquido nos hemos organizado y peleado con todos los gobiernos que nos discriminan y engañan. Antes del huracán Otis y John contábamos con una red que nos llevaba el agua del río Papagayo a las comunidades de Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo y Huamuchitos, pero con los huracanes se echó a perder porque la corriente se la llevó. Hace un año nos organizamos e hicimos un plantón en los pozos de la comunidad de El Rincón durante 8 días. No nos hacían caso, pero Marco Antonio nos ayudó. Con su intervención nos atendieron en las oficinas de la Promotora Turística de Guerrero (Protur). Estuvo la gobernadora Evelyn Salgado, la presidenta municipal Abelina, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg). También estuvo un representante de derechos humanos, otro de obras públicas y de Bienestar. Hicieron una rehabilitación muy pequeña, pero seguimos teniendo el mismo problema, porque es una red antigua que está muy deteriorada. A veces conectan un tubo que dura tres días, hay muchas fugas y no tenemos agua para satisfacer nuestras necesidades.
Desde el 2003, cuando surgió el Cecop con Marco Antonio, cada domingo hacemos asamblea para abordar los problemas que las comunidades enfrentamos. En varias reuniones hemos hablado sobre los pozos radiales que se pretenden construir en Agua Caliente. Acordamos que era necesario ir para ver por qué estaban trabajando sin el permiso de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Nos informaron que Conagua estaba llevando a cabo ese proyecto, pero dijimos que todas las comunidades necesitamos el agua, no nada más el puerto de Acapulco.
No es justo que se lleven el agua para la ciudad, mientras nosotras, que cuidamos el río, nos estamos muriendo de sed. Acordamos organizarnos porque el agua es un derecho de todos. No nos oponemos a que Acapulco tenga agua, pero nuestras comunidades también la necesitan. Vamos a continuar esta lucha hasta que Conagua cumpla sus compromisos de llevarnos el agua. Queremos pozos con capacidad para abastecer todos nuestros pueblos. Si no cumplen, tomaremos acuerdos de volver con los plantones.
Durante mi niñez sufrí la falta de agua, la acarreábamos cargando los baldes en nuestra cabeza, yo tenía 8 años. No podíamos dormir tranquilas, porque nos despertábamos a las 4 de la mañana para ir por el agua a los pozos. Había años en que no llovía mucho y los pozos escaseaban. Teníamos que madrugar para juntar 60 litros para toda la familia, pero había quienes no alcanzaban. Todo el día el pozo permanecía lleno de gente, hacíamos fila para tener un poco de agua; atardecía, anochecía y la gente seguía en la fila. Los que se iban a las 10 de la noche tenían que velar, luego llegaban otros a las 2 de la mañana y así durante todo el día, porque necesitábamos agua.
En 1990 se hizo una organización, el señor Abel Salgado nos apoyó, no recuerdo si tenía un cargo en el gobierno o era luchador social. Se hacían reuniones en Oaxaquillas y Amatillo y acudía gente de Espinalillo, El Cantón, Huamuchitos. Con ellos logramos que se hiciera la red de agua. Mi papá planteó este problema y buscó con otros señores un lugar para que se hiciera un pozo y hasta la fecha es el que nos surte de agua, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos ayudó.
En ese tiempo varias comunidades luchamos para que se construyera la red de agua. Hicimos una mega marcha que inició desde la vereda de Amatillo, a las 8 de la mañana, con el respaldo de todas las colonias, no se le vía fin a la marcha. Caminamos hasta Acapulco, tomamos un receso en el Ayuntamiento a las 3 de tarde y continuamos hasta llegar al Zócalo. En ese tiempo era presidente René Juárez Cisneros. No le gustó que nos manifestáramos porque había muchos turistas, por eso nos mandó a decir que nos quitáramos. “No nos vamos a quitar de aquí hasta que nos den una solución favorable a nuestras peticiones”, fue nuestra respuesta. Como nos vio decididos el presidente vio que no iba a ser fácil hacernos a un lado. Envió a una persona de su confianza para llamar a un representante de cada comunidad para atendernos en la Presidencia. Así logramos que se metiera esta red de agua potable. Fueron tres etapas, no fue rápido, nos mantuvimos firmes en nuestra demanda y con muchas dificultades se terminaron los trabajos.
A las comunidades que se encuentran en la parte alta nunca les llega el agua, por más que han luchado ninguna autoridad ha atendido su principal demanda. Sobreviven gracias al río Papagayo. En El Cantón sembramos maíz, frijol, jamaica, ajonjolí, calabaza, y algunas familias crían chivos, vacas, puercos, pero le sufrimos por el agua. Así estamos todos los pueblos, tenemos río pero no tenemos agua en nuestras parcelas y en nuestras casas. En Acapulco y en muchas regiones del estado, la escasez del agua no es un problema técnico, ni de la naturaleza, es un problema político y de grandes intereses económicos.

 

Para Jesús Plácido Galindo luchador incansable del Cipog-EZ, a quien le fueron retiradas las medidas cautelares
por parte del Mecanismo de Protección
de Personas Defensoras de la Secretaría de Gobernación, a solicitud del gobierno del estado.

El auge de la criminalidad tiene su arraigo en el sistema-mundo que propala la libre circulación de mercancías y enarbola un sistema financiero que lava el dinero de la economía criminal. Las empresas del crimen organizado se integran a escala global al grado que logran unificar su dinero en el mercado financiero internacional. Con su interconexión en todo el orbe diseminan la narcocultura y, donde impera la corrupción, toman por asalto el poder político.
En el plano nacional las bandas criminales que se dedicaban a la siembra, distribución y trasiego de drogas, han incursionado en la economía formal lavando su dinero en las instituciones bancarias y en los negocios inmobiliarios. Su presencia en el territorio nacional se ha expandido y diversificado al punto de tener una gran presencia en las bolsas de valores y en inversiones financieras.
En Guerrero las organizaciones criminales disputan territorios, pelean a muerte las rutas terrestres, incursionan en giros comerciales de mayor demanda, y con su poder económico y bélico establecen alianzas con los grupos políticos y líderes partidistas, para financiar campañas y apoyar candidaturas afines a sus intereses delincuenciales. El fin principal es incidir en las decisiones que se toman en los ayuntamientos.
Las ocho regiones de nuestro estado tienen un supra poder que mueve los hilos de la economía y de la obra pública. Los jefes de las plazas consolidan su poder con una amplia red de emisarios que comandan varios grupos armados que se encargan de someter a la población con el pago de la cuota o la extorsión. Cuentan con personajes idóneos dentro de la administración municipal que facilita las transacciones económicas y la asignación de los recursos públicos a las empresas del crimen que se encargarán de realizar las obras del gobierno municipal. A nivel estado, la mayoría de las concesiones del transporte público están en sus manos. Esta actividad es estratégica para la movilidad de personas y de unidades cuando las circunstancias lo requieran: para ejercer presión a las autoridades, para el bloqueo de carreteras, el trasiego de mercancías ilícitas y para confrontarse con organizaciones sociales que pongan en riesgo sus intereses.
En nuestra entidad no hay excepción a la regla; los 85 ayuntamientos están coludidos de una forma o de otra con los grupos de la delincuencia que pululan en las ocho regiones. Establecen pactos secretos a contrapelo de los intereses de la población. De manera facciosa se reparten los cargos públicos que son más redituables. Se concesionan ciertos servicios a cambio de prebendas y protección. Estos acuerdos subrepticios han colapsado nuestro endeble sistema democrático. La porosidad de las instituciones públicas ha propiciado que los intereses delincuenciales se coloquen por encima de los intereses de la sociedad que lucha por la justicia, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, el manejo transparente de los recursos públicos. Ante este escenario adverso todo se vuelve opaco y peligroso. Ciertos temas no se abordan públicamente y ya no hay garantías para que los ciudadanos y ciudadanas se manifiesten con libertad sin temor a ser fichados por los grupos que delinquen.
El manejo de los fondos públicos federales se hace con discrecionalidad, los funcionarios aprovechan esta situación porque la mayoría de las personas no sabe cómo obtener información a través de los canales institucionales. El destino final de los fondos llega a manos de quienes manejan las empresas del jefe de la plaza. Sin respetar las reglas de operación se asignan obras públicas, con el argumento que son las idóneas al poseer maquinaria pesada para extraer grava, arena, para construir carreteras y pavimentar calles. En los municipios donde tienen el control total, las leyes y las instituciones han sido remplazadas por las reglas y formas de convivencia que ellos imponen.
Además de este entramado delincuencial que aparentemente funciona sin grandes obstáculos, existe una honda preocupación entre la población por el gran poder que han adquirido las organizaciones delincuenciales y su gran influencia que tienen en las diferentes regiones, pero sobre todo en comunidades rurales que han estado abandonadas por las autoridades municipales y estatales. Han demostrado una gran capacidad para movilizar tanto autoridades comunitarias como municipales por el arraigo que tienen. La ausencia de los gobiernos estatal y federal le ha hecho el gran favor a estos grupos porque ha crecido su legitimidad y ascendencia entre la gente que vive en medio de la precariedad y el miedo.
Se ha llegado al extremo de que la población perciba que es un mal menor aliarse con un grupo delictivo porque ya conocen como actúa, su popularidad genera arraigo y mayor aceptación. Ante un escenario hostil aparece como el menos malo y el más condescendiente con las necesidades de la población. Se resignan a aceptarlo porque es de la región, es conocido por mucha gente y sus familiares tienen una gran red de compadrazgo.
En contexto de violencia y ante ausencia de las instituciones de seguridad, la gente que se siente inerme, considera como muy necesario que algún grupo de la delincuencia los proteja, a cambio de que ellos impongan su ley y que asuman el control de la vida económica y política de las comunidades. Es un mal necesario ante la inoperancia de las instituciones y la ausencia de la justicia. No hay manera de asirse de una autoridad que vele por los derechos de la población, ante este desamparo optan por aliarse con quien se ha erigido en el jefe de la plaza.
Ante la ausencia del Estado de derecho reaparecen grupos delictivos que se disputan territorios a sangre y fuego. Al interior de las regiones emergen luchas internas lideradas por otro grupo que promete liberar del yugo delincuencial a su contrincante. La población queda atrapada entre dos fuegos, vive en la incertidumbre y el miedo, porque sabe que no puede mantenerse al margen. Tiene que optar por alguien. Una forma de liberarse de ese yugo es buscar apoyo o establecer una alianza con los grupos de autodefensa. Sin embargo, la narrativa que prevalece es que también las autodefensas pertenecen a algún grupo de la delincuencia o que son también la misma delincuencia.
Ante este turbio panorama las comunidades tratan de organizarse de manera autónoma con el riesgo de sufrir una agresión mayor. Se incorporan a la policía comunitaria o al grupo de autodefensa, el problema es que nadie garantiza seguridad. Varias comunidades asumen el riesgo de incorporarse a los grupos comunitarios o de autodefensa para no quedar a la deriva y sin un aliado que las proteja. Ante la falta de alternativas con la ausencia de las autoridades queda una salida peligrosa: la paz narca.
Las autoridades parecen ceder ante esta avalancha delincuencial, han dejado expandirse a los grupos que están en la disputa territorial y no hay un dique que los frene y que los obligue a replegarse. Su silencio tiene varias interpretaciones, sin embargo es más grave su inacción, como que han dejado que las bandas delincuenciales se repartan el territorio, con tal de que no haya más violencia y que lleven la fiesta en paz. Lo inadmisible es que la gobernabilidad en nuestro estado pase por los acuerdos bajo la mesa, por los pactos secretos, las complicidades, la corrupción, la impunidad y la no aplicación del Estado de derecho.
Ahora vemos que hay demandas sociales que son enarboladas por los grupos de la delincuencia, ante la desatención a las demandas básicas que plantea la población a las autoridades, los grupos delictivos le dan cabida a sus peticiones y también arman su agenda social. Con el aval de las comunidades que están abandonadas los liderazgos del grupo delincuencial se mezclan con las autoridades locales. Para ser escuchados promueven la movilización a la capital del estado para levantar el perfil de las comunidades y ejercer mayor presión con el fin de obtener mayor presupuesto. Esta estrategia ha dado buenos resultados porque además de arrancar más presupuesto se granjean la amistad de las familias pobres y se materializan sus demandas en obras. Las demandas más sentidas como la construcción de caminos, de tanques de agua, salones de clase o fertilizante tienen el respaldo del grupo delincuencial. Este vacío les permite aparecer como actores políticos que tienen incidencia en las regiones donde no hay dinero ni alimentos para comer. Emergen actores político-delincuenciales que suplantan a las autoridades y a los partidos políticos por estar dentro de los territorios que son parte de sus negocios.
Lo más grave que nos ha pasado es que la delincuencia ha cimbrado las estructuras caducas de un gobierno que solo trae un nuevo discurso, que reproduce los vicios añejos. La corrupción sigue como antes, el nepotismo es calca fiel del cacicazgo ágrafo, la impunidad sigue siendo el lastre que arrastran todos los gobiernos que se coluden con los que cometen delitos y violan los derechos humanos. La violencia en el estado sigue imparable. Predomina la ley de las balas. El más fuerte sobrevive al sofocamiento de la macrocriminalidad. La disputa territorial es parte del botín de esta confrontación armada que no tiene final. La Autopista del Sol también está dentro de la estrategia de los grupos para obligar a las autoridades a negociar y a plantear su agenda orientada a proteger sus intereses facciosos. La Autopista del Sol se ha convertido en el termómetro que mide el grado de confrontación que se da entre los grupos de la delincuencia y que pone a prueba a un gobierno que parece estar contra la pared, que solo busca sobrellevar esta espiral de violencia.

 

Todo nuestro apoyo a Sergio Ocampo Arista. Nuestra solidaridad y reconocimiento al trabajo profesional de la compañera Jessica Torres. Nuestro aprecio al valioso trabajo del padre Filiberto, su desplazamiento forzado devela las condiciones adversas para defender los derechos humanos en Guerrero. Loas para el camarada y luchador social Saúl Morán, de la Ciénega, municipio de Malinaltepec. En memoria de Vicente Estrada Vega, enlace principal entre la guerrilla de Lucio Cabañas y la base de apoyo en las ciudades.

A nueve meses del infame asesinato del defensor del territorio Marco Antonio Suátegui Muñoz, las investigaciones siguen estancadas a pesar de la información y los datos de prueba que se han proporcionado a la Fiscalía. Hay serios indicios de la ubicación y detención del agresor material, pero las maniobras truculentas que se manejan dentro de la Fiscalía ocultaron su detención y lo dejaron en libertad. El patrón de impunidad se mantiene intacto en una institución que se resiste a proporcionar información veraz a las víctimas y cuyas actuaciones van en detrimento del Estado de derecho y la negación de la justicia a las familias agraviadas. Es común que en nuestro estado los crímenes cometidos contra defensoras y defensores no se investiguen y mucho menos que se judicialicen. Dejan que la violencia trunque de tajo cualquier esfuerzo por mantener vivo el movimiento que impulsó Marco Antonio, por el contrario, genera un efecto devastador porque desarticula y debilita al Cecop, la gente se muestra temerosa de volver a reactivar la lucha ante la violencia que impera en la región. Es común que los delincuentes no sean perseguidos ni investigados, más bien son los que gozan de protección porque se vuelven necesarios en esta cadena de la industria criminal.
La Fiscalía no tiene mayores avances en la investigación, más bien, ha dejado el caso de Marco Antonio como un expediente rezagado. Para los ministerios públicos se trata de un asesinato más entre tantos hechos violentos que suceden diariamente. Es irrelevante la trayectoria de Marco Antonio como defensor del territorio y nada les dice que haya tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana por la desaparición de su hermano Vicente Suástegui. El grito de “la tierra no se vende, se ama y se defiende” se convirtió en “la arena es de quien la trabaja”. Sin embargo, las batallas por la limpieza de las playas y contra los grandes empresarios, se tornaron en una amenaza para los empresarios gravilleros que extraen la arena y la grava del río Papagayo de manera irregular. Para mantener sus intereses intocados se han aliado con la delincuencia que ha tomado el control de las comunidades rurales cobrando cuota y ajustando cuentas con los que se resisten.
Son las comunidades pobres del Acapulco olvidado las que junto con su familia honran la memoria de Marco Antonio. En medio de tantas afectaciones a sus tierras y viviendas por los huracanes, las familias se sobreponen a las amenazas y riesgos que corren. Resisten y se mantienen firmes en el Cecop. Continúan con sus asambleas dominicales para que no decaiga el ánimo. El espíritu de Marco Antonio siempre está presente.
Persiste entre la gente mucho enojo y reclamo porque no fueron tomadas en cuenta las comunidades damnificadas, quedaron fuera de los censos y no recibieron los apoyos económicos para reparar sus techos ni rehabilitar sus terrenos y huertas. Con sus manos y sus precarios recursos se han levantado. Marco Antonio dio la pelea para que los censaran y buscó opciones con fundaciones y organizaciones solidarias que atendieron sus demandas básicas. Con ellas siguen trabajando para rehabilitar sus viviendas, para sanear el agua que consumen, construir letrinas, recuperar sus parcelas y sus huertas. A pesar de que Marco Antonio ya no está continúa la mística del trabajo comunitario, el cooperativismo y la ayuda mutua. Afortunadamente la solidaridad continúa impulsando proyectos y motivando a las familias que perdieron todo.
Como Cecop luchan contra los que quieren repetir la historia del colonizador de imponer proyectos extractivos sin consultarlos, de alentar la división interna para minar su resistencia y utilizar a los empresarios y a los grupos delictivos para socavar la organización comunitaria. Con Marco Antonio al frente aprendieron a defenderse contra los depredadores y usureros, a alzar la voz y desenfundar el machete para defender los bienes comunes. Por eso su batalla está en dos frentes: defender su territorio y exigir justicia por su líder Marco Antonio.
Entre la población hay fundados temores de que en la Fiscalía pesen más los intereses económicos de los grupos que delinquen y que por lo mismo haya encubrimiento y complicidad para no dar con los responsables. No hay una pizca de voluntad para garantizar justicia a las víctimas y combatir frontalmente el flagelo de la impunidad.
Dejar en el olvido el asesinato de Marco Antonio es apostarle a que la violencia nos arrastre como las olas del mar, es ahogar cualquier esfuerzo de las familias que depositaron su confianza en los ministerios públicos y entregaron pruebas que desecharon o que fueron borradas. No hay transparencia en su actuar y más bien infunden temor y animadversión. Tampoco funcionan los órganos internos que vigilen la actuación de los agentes que realizan las investigaciones. Esta inacción deja entrever la red delincuencial que se teje al interior de la Fiscalía General.
En este clima de violencia que impera en el estado no hay visos de que en el gobierno de Evelyn Salgado se logre dilucidar el móvil del asesinato de un gran defensor, mucho menos que se detenga a los responsables materiales e intelectuales. No hay acciones contundentes que reviertan esta espiral de violencia, que resquebraje este andamiaje delincuencial que se robustece con la inacción de los operadores de justicia del estado.
En el inicio del presente año persiste la inercia burocrática, los vicios añejos de archivar los casos que nadie reclama, de pisotear la memoria de un defensor cuyo asesinato agrava la penalidad de los responsables porque truncaron procesos de reivindicación de derechos, destruyeron proyectos de desarrollo comunitario y cortaron de tajo la organización comunitaria, en aras de mejorar las condiciones de vida de comunidades abandonadas y empobrecidas.
Marco Antonio condensó los sueños de comunidades rurales que luchan por dignificar su vida. Asesinaron no solo a un defensor, sino que cortaron los vasos comunicantes de su lucha, desfondaron los esfuerzos colectivos para mejorar el hábitat y colocaron en el desfiladero de la muerte a su familia que se vio obligada a desplazarse para ponerse a salvo. Para la Fiscalía, estos agravios no son relevantes para impulsar las investigaciones y ejecutar las órdenes de aprehensión.
En esta misma fecha dolorosa las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos cumplen 136 meses en una lucha sin cuartel, pagando altos costos de vidas humanas y soportando graves daños a su salud física y mental. Como los grandes robles han resistido todo: mentiras, escarnio, vituperios, maltratos, reuniones infructuosas, búsquedas fallidas, negativas para acceder a expedientes militares, acciones malévolas para dividirlos, desgastes económicos y emocionales, procesos penales engorrosos y sin resultados, nulo apoyo en su propuesta del retorno del GIEI. En medio de tantas tormentas se mantienen firmes, lúcidos y con mucha esperanza.
Como madres no dejamos de aprender. No hay una palabra exacta para decir lo que sentimos en el corazón porque no sabemos cómo explicarlo. Llevamos un dolor inmenso porque nuestros hijos no están con nosotros. Eso duele mucho, pero nos hacemos fuertes, caminamos como si nada nos pasara. Antes se me llenaba de lágrimas mi rostro por ese dolor tan intenso. Ahora no puedo decir que no me duele, aprendí a poner una barrera. Nos ponemos firmes, nos hacemos más duras por todo lo que estamos viviendo, por no tener los avances en la investigación. Solo así podemos soportar todo lo que nos pasa.
Cuando me viene el pensamiento de dónde están los muchachos, siempre me imagino que mi hijo llegará a la escuela o a mi casa. Me ilusiono que toca la puerta. Es la fe que tengo, por eso le pido a Dios que nos ayude a encontrar a nuestros hijos, que estén bien y que pronto sepamos de ellos. Me preguntó siempre ¿por qué esa necedad de los gobernantes de no querer abrir el camino para que vengan los expertos y nos ayuden a encontrar a nuestros hijos? En los 11 años solo con los del GIEI hemos tenido avances. Con los gobiernos hemos tenido más mentiras hasta la fecha.
Necesitamos salud para poder continuar. Pienso en las madres y padres que se quedaron en el camino y que nunca supieron de sus hijos. Nosotras vamos a seguir luchando por sus hijos, aunque nos estén matando en vida. Si la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera voluntad de llegar a la verdad, no pondría tantos pretextos ni obstáculos. En las reuniones siempre hablamos de los mismos puntos: los 800 folios, las líneas telefónicas, las extradiciones. No se ha avanzado en nada. Nos dice que ya mandó cartas, pero no nos ha demostrado nada. Maneja el tiempo diciendo que están trabajando, pero nos mantiene en lo mismo. Ya regresaron con lo del basurero, que ya fueron a las funerarias y que han agarrado a personas que no sabemos si tienen que ver con la desaparición de nuestros hijos. No nos han favorecido sus supuestos avances. La presidenta dizque trata de escuchar, pero quiere que se haga a su modo, y no se puede avanzar, seguimos estancados.
La exigencia ahora es que vengan los expertos porque a más de un año no se tiene nada. Los fiscales tampoco nos han ayudado, no nos han favorecido. Se necesita que vengan los expertos para que puedan avanzar en las investigaciones, para que se pueda saber de los 800 folios. La presidenta dice que está usando una nueva metodología, pero no vemos nada nuevo, nada más le cambiaron los nombres, pero es lo mismo.
Estamos como en un túnel. Esperemos que en la reunión de febrero haya algo más concreto, ya no podemos esperar más fechas, todas sabemos que el tiempo no se detiene y nos va llevando una por una. No queremos que la presidenta nos vaya a salir con que los expertos no quieren venir. Ellos sí quieren, pero necesitan dejarlos trabajar. La presidenta no se presta mucho para que sigamos caminando, por eso es necesario que vengan los expertos, para que nosotras como madres y padres sigamos adelante. Siempre nos informan de las detenciones, de los puntos de búsqueda, de las diligencias, de las llamadas en la noche del 26, pero no hay una noticia que nos dé un alivio, que nos diga dónde están nuestros hijos.