Alrededor de las 4:20 de la tarde detuvieron al presidente municipal de Malinaltepec Acasio Flores Guerrero, en la colonia Guadalupe, de la comunidad de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec. Sus acompañantes no supieron qué hacer ante la acción arbitraria de las personas que estaban armadas y encapuchadas. El programa que llevaba el equipo de avanzada del Ayuntamiento era inaugurar la tercera obra de la comunidad. Se trataba de una calle de cemento hidráulico. A las 12 horas el presidente inauguró un muro de contención en la colonia Santa Anita y a las 2 de la tarde cumplió con su compromiso de construir una calle pavimentada en la colonia Monte de Olivo.
Como es costumbre, llegaron los encargados de preparar la llegada del presidente para colocar los listones y moños en el lugar más indicado. La bienvenida que recibieron no fue nada amable, al contrario, un grupo de personas encapuchadas fuertemente armadas los obligaron a entrar a las instalaciones de la delegación. No tuvieron otra opción que ingresar a un cuarto de la delegación, sin saber de qué se trataba. De inmediato los esposaron y los tundieron a golpes. Los obligaron a que se identificaran. Varios de ellos dijeron que no traían su credencial. Ante las amenazas de sufrir alguna agresión, no tuvieron de otra que soportar los golpes y vituperios que les infligieron. No comprendían el motivo de la golpiza. Sólo uno de ellos recuerda que alguien de los que estaban cubiertos de la cara, les preguntó ¿“tú mataste a mi papá?”. La respuesta fue negativa, sin embargo, esto no fue motivo para que los dejaran de golpear.
Permanecieron encerrados en uno de los cuartos de la delegación. A los pocos minutos escucharon la llegada del presidente. La persona que dijo ser el delegado municipal con una voz altisonante ordenó al presidente que se metiera al cuarto principal de la delegación. El presidente Acasio, para no conflictuarse optó por obedecer la orden. En cuanto entró al edificio se escuchó que las personas que estaban adentro lo empezaron a interrogar y a golpear. En el altercado que se dio se escuchó un disparo de grueso calibre. Nadie imaginó lo que había sucedido. Los acompañantes creyeron que el disparo era para amedrentar al presidente. Sus acompañantes al recibir la orden de que se fueran a la chingada, salieron. Uno de ellos alcanzó a ver que el presidente estaba boca abajo.
Los integrantes de la comitiva que acompañó al presidente, ante los golpes que recibieron, no dimensionaron lo que le había pasado a su jefe. Sólo corroboraron que se trataba de gente encapuchada con armas de uso exclusivo del Ejército. Su forma de actuar les desconcertaba, porque notaban que iban en plan de agredir. Al escuchar la orden de que salieran del lugar, no tuvieron otra alternativa que huir para ponerse a salvo. Temían que los fueran a matar.
El presidente Acasio se quedó solo y nada pudo hacer para que lo liberaran. Quedó en manos de gente que no identificaba por las capuchas que portaban. No le dieron tiempo de llegar a un acuerdo, porque desde que lo metieron al cuarto lo empezaron a golpear. No le dieron tiempo de que lo escucharan y establecieran un acuerdo para que se calmaran. Estaba en desventaja, porque estaba ante gente que portaba armas y embozada. Entre los golpes que le propinaban se escuchó una detonación de arma de grueso calibre.
Nadie imaginó que en ese instante habían asesinado al presidente municipal. Creyeron que el balazo era para amedrentarlos y obligar al presidente a que cediera a sus demandas de obras. Ante el riesgo de que una bala les quitara la vida, huyeron de la comunidad. Mientras tanto, el presidente quedó solo en manos de los encapuchados. Nada se podía hacer porque ya lo habían ejecutado.
De inmediato avisaron a su esposa quien dio a conocer la detención de Acasio. Pidió la urgente intervención de la gobernadora, para que ordenara a los cuerpos de seguridad que rescataran a su esposo. Todo fue en vano. Las autoridades del estado solo enviaron al delegado de Gobernación, al secretario de Asuntos Indígenas y al delegado de la Comisión de Derechos Humanos para hacer patente su intervención. Lamentablemente no pudieron entablar comunicación con el comisario ni el delegado municipal, porque intencionalmente hicieron el vacío, con el fin de no dar información sobre el paradero del presidente.
Desde el jueves 20 de junio por la noche, los agresores, además de ejecutar al presidente Acasio, utilizaron la camioneta que dejó estacionada en la colonia para cargar su cuerpo y colocarlo boca abajo en el asiento del copiloto. Manejaron el vehículo y lo llevaron fuera de la comunidad, sobre la carretera Tlapa-Marquelia. La estacionaron en un lugar que no obstruyera el paso. La colocaron fuera del flujo vehicular y la protegieron con piedras alrededor. Así permaneció toda la noche del jueves y todo el día viernes.
Las autoridades municipales y su familia aguardaban la esperanza de que el presidente Acasio estuviera sólo retenido. Por eso urgían que la gobernadora asumiera con presteza el caso. Dejaron que los funcionarios asignados para darle seguimiento a la detención del presidente resolvieran al siguiente día su liberación. Ellos atendieron con inmediatez la instrucción, pero su presencia fue infructuosa, porque con nadie pudieron dialogar.
El viernes por la mañana acudieron a la comunidad, sin embargo, no encontraron a gente en la comisaría municipal. Dieron por hecho que el comisario se encontraba atendiendo otros asuntos. Esperaron varias horas y su plan era llegar por la tarde, para esperar la llegada del comisario municipal. La lluvia justificó su ausencia, sin embargo, ya los familiares y las autoridades municipales estaban molestas y desesperadas al constatar la inacción de las autoridades estatales.
Como Centro de Derechos Humanos, establecimos comunicación con el delegado municipal y el secretario de Asuntos Indígenas, para conocer los avances de la negociación con las autoridades comunitarias. Al verificar que no había contacto, establecimos comunicación con el subsecretario de Asuntos Políticos, a quien le compartimos nuestra preocupación porque temíamos que algo grave le había sucedido al presidente Acasio.
Asumimos el compromiso de trasladarnos a la comunidad para apoyar en las negociaciones y tomar otras acciones más contundentes. La presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía del Estado era muy importante para realizar un operativo conjunto, sin embargo, no había quién tomara la decisión. Estaban a la espera de alguna orden. Todavía se abrigaba la posibilidad de que la comunidad o las autoridades de Alacatlatzala, fijaran su posición, respecto a la detención del presidente. En lugar de atender el llamado hicieron el vacío.
Con la información que se obtuvo por parte de una persona que logró verificar que en la delegación municipal, donde detuvieron al presidente, no había gente resguardando el local, y que además, tenía la sospecha de que la camioneta que se encontraba a más de 200 metros de la salida principal de Alacatlatzala, podría ser del Ayuntamiento de Malinaltepec, se hizo la valoración de ir a verificar, si en su interior había indicios de que ahí se encontrara el presidente Acasio.
Se armó el operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía del Estado. Como ya eran más de las 8 de la noche, se utilizaron linternas para enfocar desde el parabrisas si no se encontraba algún cuerpo dentro de la camioneta. Los vidrios laterales estaban polarizados, por eso no fue fácil ubicar si en el interior había algún cuerpo. La luz de las linternas sobre el parabrisas permitió ver que había un cuerpo en el asiento delantero. En verdad se trataba del cuerpo del presidente Acasio. Se tuvo que esperar la llegada del Ministerio Público y personal del Semefo para que se encargaran de realizar las diligencias correspondientes. Fue hasta las 10 de la noche cuando se trasladó el cuerpo del presidente a la ciudad de Chilpancingo para la necropsia de ley.
Lo grave es que las autoridades del estado dejaron en manos de funcionarios locales que atendieran el caso. No se actuó con inmediatez ni contundencia, sobre todo, porque se trataba de una autoridad municipal. La población pidió que la autoridad interviniera, confiando en que su acción pondría a salvo al presidente. Todo fue en vano, porque de nada sirvió el llamado de su esposa y la espera del Cabildo para que la gobernadora diera la orden de ir a rescatar al presidente.
En la Montaña se han consumado casos graves, como el asesinato de Felipe Chávez, coordinador de campaña del candidato a presidente municipal de Cochoapa el Grande por Morena, quien fue privado de la vida cuando daba de comer a los asistentes a un mitin. Se trató de un grupo armado que lo asesinó. Lo hicieron sin temor a que alguna autoridad interviniera. Cometieron el crimen y se fueron caminando. Esto mismo sucedió con el presidente electo de Copala, Salvador Villalba, quien fue ultimado por gente armada, cuando interceptó el autobús en que viajaba de la Ciudad de México a Copala.
El asesinato de un presidente en la Montaña es un mensaje funesto para todos los ciudadanos y ciudadanas de Guerrero. Queda claro que los grupos armados que pululan en la región y en el estado gozan de total impunidad. No hay investigaciones que den con los responsables, mucho menos castigos ejemplares. Lo que impera es la acción armada, la justicia por propia mano, porque el gobierno les ha fallado a los guerrerenses.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a cuatro primas de Lucio Cabañas que en 1972 fueron víctimas de desaparición forzada transitoria y tortura. La resolución es contra el fiscal especializado de control competencial de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dictó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa que se inició con motivo de su denuncia por los delitos clasificados como de lesa humanidad.
La denuncia la interpusieron en el 2015 y fue hasta febrero de 2022 cuando se les notificó a las víctimas el no ejercicio de la acción penal, debido a que se consideró que los hechos denunciados deberían de ser considerados como abuso de autoridad, y por esa razón, ya había prescrito.
Las cuatro mujeres perseveraron en su lucha con el apoyo de su sobrina Antonia Morales quien solicitó el acompañamiento jurídico de la defensora Pilar Noriega y del defensor Nicomedes Fuentes, ex miembros de la Comisión de la Verdad de Guerrero. Con su asesoría interpusieron un amparo porque se trató de víctimas de desaparición forzada transitoria y tortura, en un contexto de violaciones graves de derechos humanos que se cometieron contra amplios sectores de la población en un período que va de 1965 a 1990. En esos años cruentos la tortura y la desaparición forzada fueron una práctica sistemática y generalizada, al grado que constituyeron crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, a pesar de que en aquellos años no se consideraban como delitos.
Las bases jurídicas se encuentran en el artículo 7 del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que señala claramente, que para constituir un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura, deben ser “parte de un ataque generalizado o sistemático”. En el caso de Irene, Juana, Rosa y Flavia, primas de Lucio quedaron acreditados estos delitos, al grado de que toda su familia fue perseguida.
En el caso de Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los párrafos 132, 136, 147 y 152 se refirió al contexto en que desapareció Rosendo. Indicó que en esa época tuvieron lugar desapariciones forzadas de personas en diversas partes del territorio mexicano, donde existió un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas militantes de la guerrilla o identificadas como sus simpatizantes.
Se considera que el ataque es generalizado cuando se comete masivamente, a gran escala, contra una multiplicidad de víctimas. Se cataloga como sistemático cuando se trata de un patrón regular o un plan metódico u organizado, preconcebido. Se utilizan recursos públicos o privados considerables, no requieren que sean adoptados formalmente como política de Estado.
En la sentencia 178/2022 emitida por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal argumenta que existen suficientes elementos para deducir presuntivamente que los hechos denunciados debieron estar comprendidos entre los delitos de lesa humanidad, por lo que la autoridad responsable viola los artículos 17 y 20 de la Constitución.
Existen datos para inferir que los hechos denunciados están dentro de una política sistemática de aniquilación contra Lucio Cabañas, su familia y simpatizantes. El mismo decreto de creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, comenta que el contexto social que permeaba en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa no pasaba inadvertido para el Ejecutivo federal. De lo expuesto en el decreto se advierte que el gobierno federal reconoció que en el periodo de 1965 a 1990 se consumaron violaciones graves a los derechos humanos.
En consecuencia, el acto reclamado es contrario a los derechos humanos en cuanto al acceso a la justicia y la verdad, por lo tanto, el Ministerio Público a cargo de la investigación deberá tomar en cuenta el contexto social y las características del entorno social en el que se cometieron los hechos denunciados, con el fin de analizarlos bajo la perspectiva de los delitos de lesa humanidad. Deberá también investigar y documentar todas las referencias de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los 532 casos identificados por la CNDH en su recomendación 26/2001. La investigación deberá evidenciar las conductas de las autoridades que actuaron violentamente contra las quejosas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, solo por ser familiares de Lucio Cabañas.
Se ordenó al Ministerio Público que efectúe la investigación en un término de 12 meses, y al final deberá resolver el no ejercicio o el ejercicio de la acción penal. Cada dos meses deberá informar al juzgado de distrito y remitir copia certificada de sus actuaciones en ese lapso, en cumplimiento de la sentencia. No podrá decretar el no ejercicio de la acción penal si existen pruebas suficientes que acrediten delitos de lesa humanidad.
El Ministerio Público deberá apoyarse en la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos para que le proporcione la información que tenga a su disposición, con relación a los hechos en que se encuentren involucradas las quejosas. Si la Comisión no tiene la información deberá gestionarla ante las autoridades competentes para que sea remitida al MP.
Si bien el MP a cargo de la averiguación no figura como autoridad responsable no es obstáculo para vincularla al eficaz cumplimiento del fallo protector, ya que cualquier servidor público o ente estatal que esté vinculado al cumplimiento de la sentencia, deberá realizar los trámites necesarios para la observancia de la sentencia, aunque no haya sido señalada como autoridad responsable en el presente juicio.
Se concedió el amparo contra el fiscal especializado de control competencial de la FGR quien dictó el acto reclamado y resolvió el no ejercicio de la acción penal por el delito de tortura como delito de lesa humanidad.
Por su parte el fiscal promovió la revisión de la sentencia y las primas de Lucio Cabañas promovieron la revisión adhesiva. Este recurso lo promueve la parte que obtuvo una sentencia favorable en el amparo, porque se considera como un medio de defensa en sentido amplio que garantiza, a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de expresar agravios tendientes a insistir en la sentencia que favoreció a sus intereses.
El caso, conforme a la ley de amparo, se remitió a un tribunal colegiado que recayó en el segundo tribunal colegiado en materia penal, Los magistrados resolvieron que la SCJN era la instancia que debería de pronunciarse sobre la subsistente interpretación constitucional.
Así fue como la primera sala de la SCJN resolvió otorgar la protección de la justicia a las víctimas del período de la violencia política de Estado entre 1965 a 1990. Exhortó a la FGR a continuar con el trabajo que implica la garantía de justicia y el derecho a la verdad, para los cientos de víctimas que continúan luchando para que se castigue a las autoridades responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.
El pasado 12 de junio el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó a la FGR investigar los crímenes de lesa humanidad, que ampara a cuatro mujeres que son familiares de Lucio Cabañas Barrientos. El proyecto del ministro remarca que no hay bases jurídicas que respalden y permitan que posibles crímenes de lesa humanidad no sean investigados y sometidos a procesos de justicia. Más bien resalta la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes y su urgente atención. No hacerlo representa una violación al derecho a la verdad.
Por su parte la Secretaría de gobernación (Segob) informó que la FGR desde el mes de marzo de este año realizó la traslación de tipos penales para que se juzgue a personas por delitos cometidos en la llamada guerra sucia, sin que el transcurso del tiempo sea impedimento para sancionarlos. Esto permite que las investigaciones iniciadas por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad, también sean sancionadas, ahora como desaparición forzada de personas. Detalló que el equipo especial de investigación y litigación de la FGR ha radicado 244 expedientes en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), a fin de proseguir con su integración hasta su determinación legal.
Esta sentencia no solo sienta un precedente para cientos de casos que sucedieron en aquellos años, sino que, además se reconoce que los crímenes cometidos fueron de lesa humanidad, convirtiéndose en un parteaguas para el acceso a la justicia sobre crímenes del pasado en nuestro país.
La perseverancia y el valor de las primas de Lucio Cabañas y de su sobrina Antonia Morales, que tenía 6 meses cuando el Ejército desapareció a su papá Abelardo Morales “Ranmel”, en un retén en la entrada de Acapulco, vencieron el miedo y señalaron todas las atrocidades que padecieron. El 17 de enero de 1972 fueron desaparecidas y torturadas en Tlaxcoaque, un centro clandestino de detención en cuyos sótanos torturaban, violaban, mataban y desaparecían a quienes consideraban enemigos del régimen priista. Fueron víctimas de desaparición transitoria y tortura, sin embargo, el Ministerio Público dio carpetazo a sus denuncias para mantener el pacto del silencio, protegiendo a las autoridades responsables.
Las cuatro primas de Lucio aún viven. Ya conocen la noticia, ahora esperan que el Ministerio Público atienda estas resoluciones de la SCJN para que se judicialicen los casos y se castigue a los violadores de derechos humanos.

 

Nuestra gratitud y aprecio

al periodista y compañero de lucha,

Juan Cervantes Gómez.

En sus cinco décadas como reportero

nos narró historias de los héroes locales

y nos mostró el Guerrero de abajo.

 

 

 

La jornada electoral de este domingo 2 de junio fue una muestra de civilidad política por parte de los ciudadanos y ciudadanas que muy temprano acudieron a sus secciones electorales para votar. Sobresalió la organización de los funcionarios de casilla, que en su mayoría llegaron antes de las 8 de la mañana para tener lista la instalación de las urnas y las mamparas. Un buen número de electores se formaron muy temprano para emitir su voto. En las casillas especiales sucedió el mismo problema, que se agotaron las boletas y muchos electores se quedaron sin emitir su voto.

Hubo reportes de que algunas casillas no se instalaron a tiempo por falta de materiales y porque no llegaron todos los funcionarios de las casillas. Estas fallas causaron molestia entre los ciudadanos que reclamaban celeridad para iniciar la votación. Las que se instalaron a tiempo verificaron que toda la papelería de los candidatos y candidatas estuviera completa y en orden. Los representantes de los partidos testificaron que no existiera alguna anomalía. Asumieron con celo y responsabilidad el rol que les toca jugar. Se mantuvieron atentos y vigilantes para que todo transcurriera en paz.

La participación de los jóvenes voluntarios fue extraordinaria; apoyaban a la gente mayor para dar un trato preferente a la hora de votar. Estuvieron prestos para informar a los electores la ubicación de su casilla, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. Fue copiosa la presencia de los ciudadanos desde antes de las 8 de la mañana hasta después del cierre oficial a las 6 de la tarde. El inclemente calor no fue impedimento para que la gente permaneciera más de 2 horas en la fila para emitir su voto.

Fue un domingo extraordinario, porque la mayoría de los ciudadanos suspendió sus actividades cotidianas para destinar parte de su tiempo a emitir su voto. En su máximo esplendor se expresó la pluralidad política a la hora de cruzar las boletas. El sigilo electivo fue sagrado, respetuoso y ordenado. La concurrencia de personas jóvenes, adultos mayores y la participación de las mujeres fue muy significativa, porque ellas han asumido un rol protagónico y una postura crítica ante los candidatos a presidentes municipales, diputados federales y locales, así como de los senadores, que no toleran que se aplique la equidad de género en todas las candidaturas. En el electorado prevaleció el voto de castigo por la decepción que existe a causa de los pésimos resultados de quienes vuelven aparecer en las boletas electorales.

Es inconcebible que los candidatos a senadores de la coalición de Morena y del PRI en Guerrero repitan otro sexenio cuando no han dado resultados tangibles en favor de la población pobre de Guerrero, que se siente avasallada por el crimen organizado e ignorada por las autoridades estatales y locales. Son los prototipos de candidatos fantasma que detesta la población, por su ausencia e insolencia y porque se acostumbran a vivir del erario público. Serán 12 años de buena vida, sin contar los cargos que ocuparon en trienios anteriores. El monopolio de las candidaturas por parte de las cúpulas partidistas que negocian las candidaturas, es el cáncer que destruye el delgado tejido de nuestro sistema democrático. Tenemos una partidocracia que violenta las normas que nos rigen, no son transparentes ni veraces y causa múltiples agravios a una población que está enojada por tantas arbitrariedades que cometen.

Las diputaciones federales también fueron producto de negociaciones truculentas entre los dirigentes nacionales y estatales de las coaliciones. No hay respeto a los ciudadanos y ciudadanas al ignorar sus opiniones y exigencias. Todo lo supeditan a sus intereses facciosos. Los dirigentes políticos demandan ante todo lealtad a la jerarquía partidista y reciprocidad pecuniaria al ostentar el cargo. Le apuestan a que las candidatas presidenciales tengan la fuerza para atraer el voto a su favor, aprovechan esa inercia para subirse al carrusel electoral y ver cuántos votos cautivos pueden cachar. Los candidatos y candidatas no cuentan con un perfil idóneo para desempeñar el cargo en el congreso federal, ni tienen el conocimiento de la compleja problemática que enfrentamos, tampoco son cercanos a la población y mucho menos tienen el pulso de la realidad para plantear reformas legislativas acordes a las demandas históricas de los sectores depauperados y excluidos.

Las diputaciones locales quedaron en el limbo para el electorado porque no conocieron a quienes ahora aparecieron en las boletas electorales. Su registro fue un asunto privado entre los dirigentes de las coaliciones. Se repartieron los distritos, y como si se tratara de una subasta, vieron quién daba más para que se quedara con la candidatura. La mayoría de ellos sólo se redujo a gastar su dinero imprimiendo lonas para colgarlas en lugares que corresponden a su distrito. Nadaron de a muertito y sólo aparecieron cuando había alguna marcha convocada por los candidatos a diputados federales o a presidentes municipales. No tuvieron el valor de convocar por sí solos a la gente para plantear sus propuestas y escuchar de viva voz al electorado que nunca es tomado en cuenta en el Congreso local.

Las candidaturas para presidentes municipales resultaron ser las más peleadas por los millones de pesos que se destinan a través de los diferentes ramos de la federación. Fue una lucha enconada que causó disputas al interior de las mismas coaliciones y partidos. Las decisiones que se tomaron por los dirigentes fueron verticales y sin escuchar la opinión de los consejeros y consejeras, mucho menos de la militancia partidista.

Se dieron hechos de violencia que causaron la muerte de candidatos a presidentes municipales y de aspirantes a cargos de elección popular. Estas acciones criminales demuestran que los grupos fácticos ejercen también su poder y desafían a las mismas fuerzas del estado. El asesinato del candidato a la Presidencia Municipal de Coyuca de Benítez de la alianza Fuerza y Corazón por México, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue un claro ejemplo de las graves fallas que existen en los cuerpos de seguridad del estado y de la Guardia Nacional, que no tomaron en cuenta el grave contexto de violencia que padece la población.

Lo más grave es que han sucedido varios hechos de violencia y han quedado sin investigarse ni dar con los responsables. Esta impunidad que impera es un funesto mensaje para la población, de que hay permiso para matar, porque no se desmonta la estructura delincuencial ni se detiene a quienes son los autores de estos crímenes.

Esta violencia imparable demanda un trabajo interinstitucional, muy meticuloso y profesional para prevenir acciones criminales, como la que recientemente sucedió con el candidato Alfredo , a quien en pleno mitin una persona le disparó por la espalda.

A pesar de las malas actuaciones de los dirigentes políticos y los candidatos, y en medio de este clima de violencia, la gente salió a votar, ejerció este derecho sin arredrarse, demostró su fuerza y su poder para emitir su veredicto con total libertad. Hubo mayor vigilancia ciudadana en las urnas, la población tomó en sus manos esta responsabilidad para evitar que en la jornada electoral sucedieran hechos que inhibieran el voto y provocaran temor. El lenguaje de paz quedó plasmado en las urnas. Fueron los ciudadanos y ciudadanas los que dieron una lección de su valor cívico, de su libre decisión, de su férrea voluntad para hacer valer su derecho a elegir a quien mejor lo represente. Es un referéndum que premia o castiga la actuación de los gobernantes y coloca a los candidatos que aspiran a gobernar en el lugar que les corresponde. Es un veredicto inapelable porque la voluntad popular es imperativa e inobjetable.

El final de la jornada electoral los dirigentes de las dos coaliciones salieron a declarar públicamente el triunfo de sus candidatas a la Presidencia de la República y de las ocho gubernaturas. Actuaron fuera de la legalidad con tal de ganar la opinión pública y aparecer en todas las plataformas como triunfadores. Ignoraron las normas electorales que ordena que será el PREP el que se encargue de difundir los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Con sus encuestas de salida se adelantaron y dejaron en segundo término a la autoridad electoral. Nuevamente los dirigentes de los partidos asumen posturas que enturbian el proceso y genera incertidumbre en el electorado. Las dos coaliciones hablan de que ganaron la Presidencia de la República y las gubernaturas, lo que demuestra que no hay veracidad en su dicho y tampoco actúan con responsabilidad y apego a la legalidad.

Estas actuaciones de las dirigencias partidistas enturbian una jornada electoral ejemplar protagonizada por los ciudadanos y ciudadanas que actuaron con pulcritud y gran responsabilidad. Las cúpulas partidistas no están comportándose a la altura del electorado, tampoco están atendiendo el mensaje de la población, que quiere paz, seguridad, orden, respeto a la pluralidad política, compromiso con la legalidad, rendición de cuentas,  transparencia en sus actuaciones y asumir la máxima zapatista de mandar obedeciendo al pueblo que tiene el poder y que lo delega  a quienes resulten ganadores en la elección.

Lo que la gente quiere es que haya más atención y compromiso con la población más olvidada, que no se profundice más la desigualdad, que se contenga con determinación la avalancha delincuencial, que se desmonten sus estructuras y que se acabe la impunidad para castigar a quienes son responsables de los crímenes atroces. Se requiere sanar las heridas y reparar los daños causados a las víctimas de la violencia. Los ciudadanos y ciudadanos demandamos a las dirigencias de los partidos políticos que respeten el veredicto y que atiendan el reclamo justo de la gente que lucha por la verdad y demanda justicia. Que se dejen de ahondar la polarización y la confrontación política estéril.

Los electores dimos una demostración ejemplar de participación política, de mucha paciencia, respeto y cordura en esta jornada electoral. Se demostró que un proceso electoral se puede llevar en paz, respetando la diversidad de opiniones y la pluralidad política. Su gran tarea es saber gobernar tomando como ejemplo la cultura cívica de quienes los eligieron. Que sepan que sin los votos ni el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas no son más que simples mortales como todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A una semana de la jornada electoral, el caos de la violencia nos abruma y desquicia. Lo más aterrador es que no hay autoridad que sea capaz de contener esta oleada delincuencial. Es inaudito que varios candidatos y candidatas estén buscando reelegirse como presidentes y presidentas municipales cuando su administración ha sido un desastre.
El caso de Acapulco es patético, porque la presidenta Abelina no ha podido revertir la violencia y la inseguridad en el puerto. Argumentará que es asunto que le incumbe al estado y la federación, sin embargo, no hay acciones eficaces para prevenir el delito, al contrario, la percepción de inseguridad es generalizada en la población, que a diario testifica algún delito de alto impacto.
Las comunidades rurales están abandonadas y no se libran de las garras de la delincuencia. Las colonias pobres del puerto son enclaves del olvido controlados por los grupos delincuenciales. Las familias van al día, no tienen recursos extra para mejorar su vivienda maltrecha. Los hijos e hijas abandonan la escuela, porque hay la necesidad de vender algo en la calle para que la comida alcance. La asfixia económica genera mucha angustia y desesperación en las madres trabajadoras que no tienen opciones para contar con un ingreso seguro. La desigualdad se profundiza y ensancha. El cobro de piso en los comercios y las playas hace inviable cualquier actividad económica. Ya no hay ingreso que alcance para sostener a los delincuentes. Los millones de pesos que la federación invierte en la Guardia Nacional no se materializa en mayor seguridad para la población ni tranquilidad en las familias.
Para los partidos políticos y sus dirigentes esta realidad lacerante no es relevante, más bien todo lo trivializan y lo consideran como parte de la normalidad. Son temas que rehúyen o que endosan a la federación. La seguridad municipal está desfondada, los policías del puerto no están capacitados. No cuentan con equipo adecuado, todo está racionado y sobrellevan una responsabilidad que los desborda. Son cooptados por el crimen organizado y trabajan para otro patrón. La extorsión forma parte de sus funciones básicas. Los jefes obligan a los policías a delinquir porque sus cargos tienen que ser redituables.
La ambición de poder de los actuales candidatos y candidatas no tiene parangón. Nada puede estar por encima de la meta que se han trazado, de ganar la elección para asegurar ingresos millonarios. La disputa por los cargos públicos está al rojo vivo. Hay una contienda con prácticas ilegales, sobre todo con la compra del voto. Abundan también las amenazas, se han consumado varios asesinatos de candidatos o miembros de sus equipos. Lo más grave es la intromisión de los grupos delincuenciales que están metidos en la contienda, ya sea imponiendo a sus candidatos o apostándole con recursos a uno de ellos para asegurar el triunfo.
Las reglas del juego limpio nadie las respeta. Todos los partidos y sus representantes ya saben cómo evadir la normatividad electoral. Han desarrollado prácticas nocivas para asegurar el voto de la población. Corporativizan el voto con los líderes de comunidades, colonias y de organizaciones sociales a cambio de dinero, de trabajo o alguna obra. Hay dirigentes que presionan y chantajean a sus subordinados para que voten por determinado candidato. En algunas escuelas de comunidades de Tlapa, los maestros y maestras en coordinación con el comité de padres de familia, obligaron a las mamás y papás a participar en el cierre de campaña del candidato que apoyan. Les advirtieron que si no asistían serían multados con 250 pesos. Ya no esperan que les den algún incentivo, sino que ahora son amenazados con quitarles el dinero que no tienen.
Como guerrerenses hemos sido un bastión de las grandes transformaciones de nuestro país. Nuestro estado es un referente nacional en la lucha por la democracia. La población ha dado muchas batallas contra gobiernos autoritarios. Protagonizó luchas para desmontar la estructura caciquil del partido único. Los ciudadanos y ciudadanas tomaban ayuntamientos y denunciaban fraudes electorales. Peleaban en las calles y las carreteras. Era una lucha desigual, sin embargo, la población no se replegó, continuó dando la pelea para romper con las estructuras de un poder omnímodo.
Estas conquistas por la democracia han servido para contar con un sistema de partidos que son garantes para promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida democrática de nuestro país y fomentan la pluralidad política e ideológica del electorado.
Ahora que existen otras condiciones políticas para que la población decida libremente en qué partido adscribirse y por qué candidato votar, constatamos prácticas viciadas de los institutos políticos que se han transformado en meras franquicias electoreras que negocian las candidaturas al mejor postor.
Los dirigentes de los partidos se erigen como los grandes personajes que tienen en sus determinaciones quiénes serán los ungidos. A pesar de que existen varios métodos para la selección de los candidatos y candidatas, no hay certeza en los mismos militantes de que se actuara con transparencia y objetividad.
Los problemas inician desde el momento en que cada partido selecciona el método para elegir a sus candidatos y candidatas. Este diferendo de origen genera inconformidades entre quienes no quedaron dentro de la lista de los elegidos. Los filtros que cada partido pone para este trabajo selectivo pierden credibilidad y confiabilidad. Al cerrarse los canales institucionales para inconformarse, varios grupos acuden a los tribunales electorales y otros más ejercen presión a sus dirigentes para ser tomados en cuenta. Al no prosperar las negociaciones vienen los desacuerdos y rupturas. Para no quedar fuera de la contienda se buscan otras opciones políticas y se hacen amarres con otros partidos. Al final se trata de un negocio dejando de lado los principios ideológicos que sustentan cada partido. Lo que impera es el dinero, la compra de candidaturas, lo que trae como consecuencia que las contiendas electorales estén vacías de contenido y que todo se reduzca a confrontaciones estériles entre los candidatos y candidatas.
El actual proceso electoral está marcado por estos vicios: las candidaturas son producto de negociaciones cupulares, los que aparecen en las boletas electorales no necesariamente son las personas más idóneas para ocupar el cargo que aspiran.
Al electorado no le dejan otra opción que votar por el candidato que considera menos malo o de plano anula su voto. Mientras tanto los candidatos hacen malabares para granjearse la voluntad de la gente. Prevalece una relación economicista, de ponerle precio al voto y de asegurar a un electorado dispuesto a depositar el sufragio en favor de quien se lo pagó. A un amplio sector de la población no le interesa conocer sus propuestas. El desinterés que existe se debe a que los candidatos no tienen planteamientos serios, que se nutran del sentir de la gente. Sus discursos son vacuos, demagogos, sin visión de cambio y sin sustento argumentativo. Los eventos públicos se reducen a dar refrescos, despensas, playeras o enseres domésticos. Son arengas improvisadas e incoherentes. Lo que más importa es difundir la imagen de los candidatos en las redes sociales y mostrar el mejor ángulo para que se vea que tiene mucho público.
Ningún candidato aborda temas torales que nos tienen al borde del estallido. No se documentan para tener una opinión seria sobre los graves problemas de la inseguridad y la violencia que se vive en cada municipio. Se embelesan con su ego y se asumen como los salvadores del pueblo. Es de suma preocupación que varios candidatos y candidatas no tengan una preparación sólida para hacer frente a una complicada agenda de temas que urge atender en nuestros municipios. Muchos llegarán sólo para esquilmar el dinero del pueblo y para hacer alianzas truculentas con los jefes de las plazas. En lugar de establecer alianzas con los diferentes sectores de la población, evaden a la gente y no asumen su responsabilidad de rendir cuentas. Pactan con el crimen para que los proteja a cambio de ponerle en charola de plata las direcciones que generan mayores ganancias.
Como guerrerenses nos hemos resignado a tolerar todo tipo de gobiernos, a soportar sus graves falencias, a padecer su incompetencia, a soportar su despotismo y egolatría. Nos tenemos que aguantar otro trienio o sexenio porque sabe comprar la voluntad de los dirigentes de su partido.
Este proceso electivo en lugar de ser una oportunidad para realizar cambios desde la raíz de los problemas se transforma en una amenaza porque son los mismos personajes que hacen daño al pueblo los que vuelven aparecer en las boletas electorales.
Es una tragedia la que vivimos, no sólo por el flagelo de la delincuencia que controla la mayoría de municipios sino porque las autoridades del estado están ausentes. No afrontan los problemas básicos de una población empobrecida, no atiende las demandas más sentidas de los trabajadores, no dialoga con las organizaciones sociales ni los colectivos de víctimas, no implementa acciones que garanticen seguridad a la población.
La densa bruma de la ingobernabilidad nos sofoca. El fuego de la violencia nos toma como rehenes y las llamas que destruyen nuestros bosques nos avasallan. Nos encontramos en medio de dos fuegos que nos colocan al borde de la exasperación.

 

Para Josefino Tapia, comandante de la Policía Comunitaria de El Otate, municipio de Tlapa. Fue arteramente asesinado, en compañía de otro joven cuando se dirigían a las labores del campo.

El escenario político-electoral es devastador en Guerrero. A las cúpulas partidistas les tiene sin cuidado la violencia que a diario enluta hogares y que pone en jaque a la población que lucha por su sobrevivencia. El poder destructor de los grupos criminales se ha colocado por encima de las autoridades. En Acapulco, la guardia nacional está al margen de los asesinatos que se cometen en las playas, las calles y las colonias. Su presencia no inhibe a quienes cobran la cuota o venden droga. Tampoco actúan para detener a quienes portan armas o para desmantelar la red de negocios ilícitos que proliferan a lo largo de la bahía. Los lancheros y vendedores de las playas tienen que negociar con los que controlan los espacios donde trabajan. La gente está sometida por el crimen; en los taxis, los mercados, el ambulantaje, los expendios de pollo, las tortillerías, la venta de cerveza, las lanchas, las sombrillas, la venta de comida, todo tiene un pago extra, ya sea diario o semanal. Además de esta extorsión cotidiana, la población padece asaltos a mano armada, las mujeres son víctimas de violencia sexual, de atracos, secuestros, amenazas de muerte y asesinatos.
En las ciudades como la capital del estado, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, las mismas autoridades municipales han pactado con la delincuencia a cambio de protección y de hacer redituable económicamente su cargo. En estos municipios los grupos delicuenciales son actores con mucho poder económico que logran imponer a sus candidatos. Tienen una gran influencia entre la misma clase política, al grado de que pueden poner en jaque a las mismas autoridades si sienten que se les relega o se les quiere aplicar la ley. Se han incorporado como prósperos empresarios que van supeditando a los grupos económicos acostumbrados a mantener un nivel de ingreso que no les permite ampliar ni diversificar sus negocios. El éxito de los nuevos emprendedores se consolida con las alianzas que establecen con quienes hacen negocio dentro del gobierno. Se transforman en los grandes proveedores y se involucran en las tareas públicas.
La pinza se cierra cuando los funcionarios del gobierno del estado encuentran a estos personajes y los visualizan como sus principales aliados. Los grandes negocios en un estado sumido en la corrupción y la pobreza crecen vertiginosamente. Se buscan las formas que mejor encubren estas operaciones truculentas, para no dejar duda de que se actúa con transparencia y dentro de la legalidad. Hay un contubernio al interior de las instituciones que va creando nuevas redes delincuenciales dentro del aparato del estado. Nadie de los beneficiarios del erario truncará estos megaproyectos que deslumbran a cualquier mortal. Todo funciona sincrónicamente y acorde a los intereses de quienes se obnubilan con el poder.
La rapacidad de las cúpulas partidistas del estado está carcomiendo nuestro sistema político. Los partidos son repugnantes para el electorado, porque han denigrado el rol que desempeñan como institutos que representan el sentir popular. Han trivializado su relación con los ciudadanos y ciudadanas. Los tratan como simples votantes, que fácilmente pueden ser manipulados o cooptados con dinero. Han mercantilizado los cargos de representación popular y todo se puede arreglar con quienes ofrezcan más dinero. Los representantes de los partidos políticos han tirado por la borda todos los principios ideológicos que dieron origen a la creación de los principales partidos políticos en México. Fue una lucha histórica que costó muchas vidas. Los hombres y mujeres que se atrevieron a desafiar a un poder omnímodo y patrimonialista, sufrieron persecuciones, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales.
Fueron hombres y mujeres con ideales, dispuestos a correr los riesgos con tal de tumbar al mal gobierno. Desde 1960 se da una efervescencia política en el estado que causó masacres y desapariciones. La Asociación Cívica Guerrerense (ACG), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron ejemplos paradigmáticos de la lucha político-electoral que libraron innumerables líderes históricos contra los caciques y el PRI. Fue una gesta por la democracia que implicó mucho sufrimiento y sacrificio. El PRI-gobierno utilizó al aparato represivo del estado para reprimir las marchas y manifestaciones. Fueron maestros universitarios, estudiantes, amas de casa, colonos, campesinos e indígenas los que emergieron como un actor político que reclamaban sus derechos a la libre manifestación de ideas y a la libertad para organizarse de manera independiente.
La historia de Guerrero tiene pasajes siniestros por la participación del Ejército para matar a guerrilleros y destruir todo vestigio de organización disidente, sea pacífica o armada. El poder caciquil tuvo como brazo armado a los militares que actuaron como criminales al implantar una política del terror para violar flagrantemente los derechos humanos de la población. Torturaron, desaparecieron y ejecutaron a líderes sociales, a hombres y mujeres que empuñaron las armas para defenderse del horror, para increpar al poder y luchar contra la opresión y el oprobio. Fueron momentos dolorosos, lúgubres, terroríficos, porque arremetieron de manera cobarde contra la población civil. Esta gesta por la democracia y la justicia sigue viva en la gente de la ciudad y del campo. Sólo ellos saben lo que han costado los cambios en el gobierno. Tirar gobernadores y sacarlos de los palacios no fue una acción sencilla y pacífica. Implicó sacrificio, compromiso, entrega y determinación. La disputa fue a muerte no para pelear cargos, sino para transformar las estructuras políticas que se negaban a reconocer los derechos del pueblo a decidir libremente a sus autoridades.
En esta segunda década del siglo XXI, después del triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, en Guerrero los partidos políticos son una afrenta para el pueblo digno de Guerrero. En la presente contienda electoral los dirigentes de los partidos nacionales y estatales se comportaron como mafias políticas, porque decidieron en la penumbra y a hurtadillas quiénes serían sus candidatas y candidatos para los diferentes cargos de elección popular. Las negociaciones que hicieron fueron turbias, cada grupúsculo impuso sus reglas, utilizó el doble lenguaje, la simulación, la diatriba, el engaño y la traición. Prevaleció la compra de candidaturas, las negociaciones truculentas, los acuerdos amafiados, los pagos de favores. Dieron rienda suelta a sus ambiciones personales y al derroche de dinero para repetir en el mismo cargo.
El negocio de los cargos públicos ya se dibuja a lo largo y ancho del estado. En los principales municipios como Acapulco donde el crimen organizado ha tomado el control de las principales actividades turísticas y la violencia se ha enseñoreado en todo el puerto, para la presidenta municipal Abelina López, esta crítica situación no representa algún obstáculo para contender nuevamente. Cuenta con el apoyo del presidente de la República y de Marcelo Ebrard y para el pragmatismo que prevalece en el ambiente de los dirigentes políticos es determinante para palomearla, independientemente de que no haya resultados tangibles en problemas tan graves y sensibles como la inseguridad y la violencia. El huracán Otis vino a justificar la mala imagen que tiene Acapulco, no sólo por la basura y la falta de servicios básicos, sino por todo el abandono en que se encuentran las colonias pobres y las comunidades rurales.
Otro centro turístico de proyección internacional que se encuentra atrapado en las redes de la delincuencia es Taxco de Alarcón. La población teme que con la reelección del presidente municipal Mario Figueroa, ahora por Movimiento Ciudadano, la violencia cobre más víctimas. En la elección pasada la mayoría de comisarios fueron amenazados por la delincuencia, para asegurar que las gentes de sus comunidades votaran por Mario. Los resultados fueron fatídicos por el incremento de personas asesinadas y desaparecidas. El pago de la cuota se extendió a la misma grey católica, principalmente los encruzados que participan en la procesión del silencio. Hay trabajadores del mismo Ayuntamiento que se encuentran desaparecidos, se consumaron tres asesinatos de funcionarios municipales y el mismo presidente fue víctima de un atentado por personas que balearon su camioneta. Lo que más causó indignación y consternación fue la desaparición y asesinato de la niña Camila, que mostró la inacción de las autoridades municipales y estatales para dar con su paradero y evitar el linchamiento de una mujer, que presuntamente fue la responsable de este crimen artero.
David Gama es otro presidente que a pesar de que la ciudad de Iguala es de las más inseguras y violentas del estado, siente que puede continuar otro trienio en medio de este valle desolador. La plaza de Iguala es estratégica para bajar de la sierra y para salir a Morelos y a la región de la Tierra Caliente. Es un centro económico por ser parte del corredor joyero. La disputa de los grupos de la delincuencia, por el control de los diferentes giros comerciales, lleva décadas. Es inadmisible que a pesar de la tragedia de Iguala, donde asesinaron a tres estudiantes y desaparecieron a 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa, las autoridades civiles y militares dejen intacta la estructura delincuencial que persiste en Iguala y en varios municipios de la región Norte del estado.
Además de las tres principales candidaturas para presidentes municipales en el estado, se han registrado 23 que negociaron con sus dirigentes políticos para reelegirse. No importa que el pueblo cuestione su desempeño y que haya señalamientos de mal manejo del presupuesto público o la falta de obras para las comunidades más abandonadas, lo que cuenta y pesa es el dinero esquilmado para comprar las candidaturas. Estas triquiñuelas son formas burdas que causan malestar y enojo en la población. En lugar de impulsar un cambio que beneficie a la mayoría de la población, las autoridades que se reeligen causan quebranto, penas, sufrimiento y luto en los hogares. Este tipo de elecciones en lugar de ser una oportunidad para impulsar los cambios que requiere la gente, representa una práctica que denigra nuestro sistema político y trata como parias y mercancías a los ciudadanos.

El 10 de mayo la fecha ha adquirido otro significado para las madres que buscan a sus hijas o hijos desaparecidos. Es ante todo una jornada de protesta contra los gobiernos por su insensibilidad e insolencia, porque son parte de este entramado delincuencial y porque solapan los crímenes de desaparición forzada que se multiplican con el tiempo. El 10 de mayo es también una fecha simbólica para rememorar a los hijos e hijas desaparecidas y no para celebrar a las madres vivas. Este día es un grito de dolor y una exigencia de justicia, un imperativo ético de traer a la memoria a quiénes están desaparecidos. Es una fecha que condensa decenas de horas y días de búsqueda. De nunca sucumbir ni ceder al miedo ni al olvido. De mantener la fuerza para resistir, para hacer público un dolor entrañable, para desenmascarar las tropelías de los funcionarios del gobierno que no tienen compromiso ni interés para investigar el paradero de las personas desaparecidas.
Este problema creciente en México y en Guerrero lo han denunciado las mujeres: madres, hermanas, esposas, hijas, tías y abuelas. Son las que han irrumpido en el espacio público para mostrar los rostros de sus seres queridos, para denunciar estas violencias que se generalizan en las ciudades y comunidades rurales. La batalla es contra un sistema de justicia corrupto y contra una burocracia gubernamental que estigmatiza a sus familiares desaparecidos y que no tipifica adecuadamente ni investiga los delitos de desaparición forzada de personas.
Son las madres las que han creado sus propios métodos de búsqueda, las que realizan las investigaciones sobre el posible paradero de sus seres queridos. Las que arriesgan su vida al realizar búsquedas en lugares controlados por el crimen organizado. Han desarrollado en sexto sentido para dar con puntos donde encuentran restos óseos. Luchan no sólo con los grupos de la delincuencia que pueden atentar contra su seguridad y su vida, sino con el mismo gobierno que no destina fondos para las búsquedas, que no contrata a más peritos que acompañen a los colectivos en sus búsquedas, que regatea recursos para que tengan mejores equipos con tecnología de punta para realizar las identificaciones forenses. Tampoco le dan prioridad a la contratación de más agentes del Ministerio Público para que le den seguimiento a sus casos.
Las madres buscadoras son las que están impulsando cambios de fondo en nuestros sistemas de búsqueda e investigaciones de personas desaparecidas. Con su lucha tenaz lograron cambios legislativos para reconocer los derechos de las víctimas y sus familiares. Como mujeres rastreadoras nos han enseñado a desarrollar herramientas efectivas para ubicar fosas clandestinas, para enterrar la varilla e identificar olores y ubicar cuerpos. Han desarrollado métodos y técnicas para identificar montículos de tierra y hacer el rastrilleo del lugar. Su experiencia es insustituible y sus saberes son de gran valía porque está de por medio la búsqueda de personas, de seres amados, que conllevan cargas de afecto y emociones.
Sus hallazgos son una gran contribución al conocimiento tan complejo y diverso de las desapariciones forzadas. Su compromiso de vida es una interpelación constante a las autoridades por sus mezquindades y pésimas actuaciones. De forma recurrente revictimizan a las familias y hacen más cruento su sufrimiento al dejar sus expedientes a la deriva. Las disputas que se han ventilado con el cambio de la fiscal general ha repercutido por la separación de ministerios públicos que bien o mal tenían conocimiento de sus carpetas de investigación.
El grave problema que enfrentan las colectivas de búsqueda es que el mismo presidente de la República no ha mostrado disposición para recibirlas, para escucharlas. Hay un malestar porque las mismas instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco están cerca de ellas. Hay un distanciamiento que cada vez se ensancha más por la falta de respuestas a planteamientos básicos. Han dejado crecer las diferencias en detrimento de los familiares de las víctimas.
A nivel estatal, la gobernadora se ha desmarcado de las organizaciones sociales y de las colectivas de víctimas. Se ha cerrado su círculo de interlocutores y el diálogo con las víctimas está cancelado. La Secretaría de Gobierno tampoco ha mostrado disposición para atender los planteamientos de las familias que buscan a sus desaparecidos. Tiene bajo su control los recursos financieros que están destinados para la CNB y de la CEAV.
En el 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda tenía asignados 28 millones para comprar vehículos, herramientas y equipos para las búsquedas, sin embargo, este recurso no se ejerció y se desconoce en qué se utilizó. Lo mismo sucedió con el recurso que se proporcionó a la CEAV. Lo real es que a las familias se les regatean los apoyos. Tienen que mendigar hasta para el otorgamiento de alguna despensa.
Este maltrato a las víctimas es una de las prácticas más comunes que las instituciones gubernamentales reproducen cotidianamente. Desde la Fiscalía que no abre de inmediato las carpetas de investigación por desaparición de personas, no aplican los protocolos de búsqueda, tampoco realizan los actos de investigación para acelerar la ubicación de la persona desparecida. No rastrean el número de celular de la víctima ni investigan si hay cámaras del lugar donde sucedió la desaparición, dejan pasar horas y días claves para dar con el paradero de la persona, cargándole la responsabilidad a la familia. Ya que pasaron varios días es cuando los familiares toman el caso y empiezan a realizar su propia investigación y se coordinan con otras colectivas para emprender las búsquedas. Durante ese tiempo la CEAV no le proporciona apoyo psicológico a la familia. Para las demás instituciones de gobierno la desaparición de personas es un problema que no les incumbe. Dejan a su suerte a las madres buscadoras que poco a poco van construyendo su propio camino para buscar a su familiar desaparecido. Son las demás colectivas las que orientan y apoyan en su drama a quien padece el grave problema de tener un hijo o hija desaparecida.
En el 2023 varias colectivas unieron esfuerzos para emplazar a los diputados y diputadas locales con la intención de que aprobaran la ley estatal de desaparición forzada de personas que incluye la creación del centro de identificación humana. Los representantes populares que en este nuevo proceso electoral quieren repetir en el cargo se han desentendido de las demandas más urgentes de la población, como esta ley. No les interesa a los familiares que son víctimas de la violencia, que se quedan totalmente desamparadas, que no cuentan con un marco legal que las proteja y que no haya autoridades que por ley se les obligue a proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas.
Es sumamente grave que un Congreso sea tan indolente al no atender una demanda central, que pone en riesgo la vida, la tranquilidad, la seguridad y el Estado de derecho, como es la desaparición forzada de personas, que no son investigadas con los más altos estándares que requiere este tipo de delito.
Son las colectivas de mujeres buscadoras de Guerrero las que han dado una batalla desigual con las autoridades encargadas de hacer las investigaciones, las búsquedas y de apoyar a las víctimas. Con el corazón roto por su familiar desaparecido tienen que enfrentar a una burocracia gubernamental insensible. Han aprendido a luchar a contra corriente, a investigar por su cuenta y a presionar a las autoridades para que se realicen brigadas de búsqueda. Sin recursos del Estado han podido tener resultados al encontrar más de 300 personas en el municipio de Chilpancingo. Lo mismo ha pasado con las colectivas de mujeres de Acapulco e Iguala que tienen un gran número de personas que han sido encontradas.
Esta contribución generosa de las madres buscadoras no es valorada por las autoridades, al contrario, ignoran sus esfuerzos y en todo momento les niegan los apoyos económicos que por derecho les pertenecen.
Sus demandas son comunes a nivel nacional: presentación con vida de sus familiares desaparecidos, búsquedas intensas y suficientes de sus familiares desaparecidos, atención integral a las víctimas de desaparición forzada. A nivel estatal la mayoría de colectivas de madres buscadoras demandan la aprobación de la ley estatal de desaparición forzada de personas y la creación del centro de identificación humana. También demandan autonomía en el manejo del presupuesto público de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El acceso a la verdad y el impulso a la justicia son deudas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir a los miles de familiares en México que buscan con gran empeño y mucho sacrificio a sus desaparecidos. El presidente no pudo contener la ola de violencia que dejó 180 mil asesinatos en lo que va del sexenio y 110 mil 964 personas desaparecidas al mes de marzo de 2024. A pesar de que se comprometió a revertir la espiral de violencia y el clima de inseguridad que permea a amplios sectores de la población, la proliferación de grupos de la delincuencia son una amenaza para la gobernabilidad en el país.
Hay regiones en varios estados de la República donde el crimen está por encima de las autoridades locales y los cuerpos de seguridad. En Guerrero las 8 regiones (incluyendo la Sierra) enfrentan graves amenazas por la amplia presencia de grupos delincuenciales que se disputan a tiros varias franjas del territorio guerrerense y pelean el control de varias cabeceras municipales, sobre todo de las plazas más importantes como Acapulco, Iguala, Taxco, Chilpancingo, Zihuatanejo. En estos lugares los casos de personas desaparecidas y asesinadas forman parte del rosario de violencia que ninguna autoridad puede controlar.
Son las madres buscadoras las que hacen la diferencia, por la dignidad de su lucha, en un estado donde los poderes económicos y políticos han sucumbido ante el poder depredador de la delincuencia organizada.

 

Los pueblos indígenas de México preservan un legado cultural inconmensurable y megadiverso. Es una civilización que nos da identidad y que se expresa no sólo en los museos o pirámides, sino que es un legado que transmitimos de generación en generación, como una realidad cambiante y creativa. Somos el México profundo que nos describió Guillermo Bonfil, el México de nuestras raíces que corre por nuestras venas y que se nutre de la sabiduría de nuestros idiomas, de nuestras formas de ser y estar en el mundo.
Guerrero es un estado pluricultural, sobresale por el colorido de sus fiestas y rituales, por sus culturas prehispánicas, sus códices coloniales, sus rituales agrícolas, su música y sus danzas, su arte y su gastronomía. Es un manantial de saberes y de historias que nos dignifican como un estado aguerrido. Los tigres que danzan en las cimas de los cerros simbolizan el agua y representan el valor de quienes pelean y ofrendan su sangre para que caiga la lluvia. Las danzas prehispánicas forman parte de los rituales propiciatorios y los animales que bailan están relacionados con el agua, como los tigres y las tortugas.
En las siete regiones del estado perviven estas tradiciones, sobre todo su sentido festivo y comunitario. Cada comunidad y municipio se viste de gala con las celebraciones de sus santos patronos, que se erigen como símbolos sagrados que les dan identidad a cada pueblo. Como guerrerenses heredamos ese legado cultural que le imprime carácter y tonalidad a nuestra forma de celebrar y de luchar.
En las culturas indígenas de Guerrero persiste un gran reservorio civilizatorio que forma parte de la belleza natural y cultural de nuestro estado. La naturaleza es un patrimonio sagrado que está íntimamente ligada con la cultura, que es la expresión tangible de la obra humana, que se codifica en cosmogonías, creencias, formas de organización, normas, ritualidades y multiplicidad de expresiones más. Entre los pueblos de la Montaña hay dos elementos de la naturaleza que son de vital importancia para la vida de las comunidades: el agua y el fuego.
Para el pueblo me’phaa el 24 de abril, en la víspera de la fiesta católica de San Marcos, es la fecha de inicio del ritual de petición de lluvias. Algunas comunidades suben a rezar en la cima de la montaña y otras acuden a los manantiales o ciénegas. Simbólicamente en lo alto de la montaña, donde bajan las nubes, habita el rayo Bégoo y en las ciénegas vive la serpiente bicéfala Ábu Chíji.
Los sabios o Xiñá, son los que se preparan espiritualmente para iniciar el largo ritual de petición de lluvias. El rezo y la ofrenda de los sabios ayudarán a fusionar la fuerza del rayo con la fuerza de la serpiente para que atraigan la lluvia y bañe toda la naturaleza. En la Montaña no sólo se esconde el rayo entre las nubes, también en el subsuelo hay corrientes de agua que le dan vida a los manantiales y a los ríos.
Para cuidar esta reserva acuífera es muy importante realizar el ritual con el sabio mayor, que es el especialista que habla con las deidades y que sabe presentar la ofrenda y las cuentas de flores como es la costumbre. Se da cuenta cuando la ofrenda es bien recibida por las deidades y escudriña en las señales del cielo cómo estará la temporada de lluvias. Este diálogo sagrado es durante todo el día y toda la noche. Es una gran prueba para el sabio mayor porque representa a la comunidad y de su capacidad de comunicación con las deidades depende que haya lluvia, alimentos, fiesta y tranquilidad entre los habitantes.
Gracias a estos sabios de la Montaña y a las comunidades que participan en la preparación y organización del ritual de petición de lluvias es que aún se conservan las reservas de agua que hay en las montañas. Las normas rituales que practican tienen sustento en su cosmovisión sagrada, en el respeto a la naturaleza, en el cuidado de los bosques y en la protección de los manantiales y ciénegas. Los pueblos con sus autoridades agrarias han luchado contra los madereros voraces, que entran al bosque con triquiñuelas, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Abusan de las carencias económicas que padecen las comunidades al ofrecerles dinero para que liberen la entrada al bosque; compran materiales para la construcción de sus iglesias; apoyan con cartones de cerveza para la fiesta del santo patrón y con la maquinaria del trocero medio arreglan sus caminos de terracería.
La multiplicación de los incendios forestales son la gran amenaza para la reserva boscosa que aún se conserva en la Montaña, pero que se encuentra asediada por madereros que ya conocen todas las artimañas para continuar depredando los bienes naturales que protegen los pueblos. La situación se ha complicado porque tuvimos un invierno extremadamente caliente que adelantó la temporada de incendios.
Hemos constatado que en nuestro país existe una quema ilícita y provocada de bosques, sobre todo en los lugares donde hay un gran potencial forestal. La quema la generan operadores de madereros, que proliferan en las regiones boscosas de nuestro estado. Esta quema resulta favorable para los madereros porque la ley forestal les favorece con la argucia del saneamiento de bosques. En los hechos la quema de un bosque resulta redituable para los madereros porque las autoridades ordenan la realización de un estudio sobre el saneamiento del bosque. La recomendación será que se corte el bosque quemado. Es una práctica añeja que se aplica en todo el país y nunca ha sido atendida por la Semarnat ni por Conafort. Lo más grave es que al interior de las mismas instituciones como la Conafort, opera una vieja mafia verde que tiene un nexo muy cercano con los técnicos que hacen los estudios de manejo, para sanear los bosques quemados y para hacer corte de bosques sanos.
También hay tala ilegal que se justifica con incendios provocados. Esta práctica nociva es reproducida por personajes siniestros que recurren a la quema para evitar los trámites burocráticos de los permisos. De esta forma ganan dinero los que cortan la madera al ofrecerla a los madereros que están al acecho de estos negocios ilícitos. En estos negocios están involucrados caciques, autoridades del estado y funcionarios públicos que piden su porcentaje para avalar la venta clandestina de la madera.
Las quemas tradicionales de las pequeñas parcelas se han transformado desde hace tiempo, en otro problema porque son quemas que no están bien vigiladas por las autoridades y las comunidades. Se les va la lumbre y el fuego es incontrolable causando daños incuantificables a su propio hábitat. Son quemas que no deberían de suceder, porque supuestamente los pueblos platican en asamblea para que tengan cuidado con las quemas. Aconsejan hacer franjas corta fuego o hacer las quemas con vigilancia, en la noche y sin viento. La realidad es que estos acuerdos ya no se respetan y cada comunero o ejidatario prende fuego sin vigilar que se salga de control.
Actualmente los grupos del crimen organizado se han apoderado de los bosques, sobre todo en la parte alta de la sierra. El control que ejercen del territorio les permite talar a sus anchas y hacer negocio con el corte y la venta la madera. Estos grupos han incursionado en este giro de la economía al grado que ya cuentan con expendios en las principales ciudades del estado. Se trata de empresas que ahora disputan el negocio con quienes son su competencia.
Lo inaudito es que Conafort no tiene presupuesto para capacitar, equipar y atacar los incendios, mucho menos para hacer planes para el manejo de los incendios. Esta sería una alternativa viable si se aplicara con las comunidades, pero sin ideas claras de cómo enfrentar el desafío y sin suficiente presupuesto, es imposible revertir los incendios en el estado. Las llamas destruyen en un momento lo que en siglos la naturaleza nos regaló.
Son contados los grupos que trabajan con las comunidades indígenas en el manejo integral del fuego. Son trabajos que requieren una buena capacitación, equipamiento adecuado, formación de brigadas, plan de contención del fuego, programas preventivos de líneas de cortafuego e incendios controlados. Es importante que las comunidades cuenten con reglamentos comunales porque generan mayor conciencia y corresponsabilidad entre la población, que se asume como sujeto para prevenir y revertir esta hoguera que amenaza con acabar con el patrimonio de todos.
Lo catastrófico para Guerrero es que si el calentamiento de la tierra sigue avanzando, cada año habrá más incendios, menos agua, más tormentas incontrolables, más nevadas, granizadas inesperadas con granizos gigantes, como ya está pasando en otras regiones del país. El huracán Otis fue una muestra de lo que puede repetirse en nuestro estado.
Estas catástrofes no son culpa del clima, ni de la naturaleza.
La devastación es por la acción depredadora de quienes nos sentimos dueños del bosque, del agua, de los manglares y de los territorios sagrados. El modelo económico extractivista amenaza con quitarnos todo nuestro entorno, es una espiral de la destrucción del género humano. Tenemos que aprender de la sabiduría de los pueblos de la Montaña, que nos enseñan a cuidar y respetar a la madre naturaleza. No destruyen, cuidan, construyen y crean. No depredan, preservan, protegen, resguardan las plantas nativas y dan la pelea contra las empresas extractivistas.
El diálogo con las deidades, la correspondencia y el agradecimiento con las fuerzas cósmicas son un gran ejemplo de cómo se busca el equilibrio y se cuidan las reservas naturales para las futuras generaciones.

Mientras las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marchaban del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribía en su Facebook “desde la tarde hasta el anochecer visitamos el parque del Jaguar en la majestuosa zona arqueológica de Tulum. Se han restaurado muchos sitios, como este templo de cresterías a la orilla del mar Caribe”. En el primer plano aparece sentado en una de las escalinatas del templo restaurado. Distante del grito estruendoso de los normalistas y de las organizaciones que los acompañaban, el presidente centró su comentario en la majestuosidad de Tulum, sobre la riqueza arqueológica de la cultura maya.
Ante el silencio del presidente, los papás y mamás decidieron quedarse en la capital del país para esperar la respuesta formal del Ejecutivo sobre la fecha de la reunión. Hay mucho enojo y desesperación en las mamás y papás porque nada saben de las investigaciones y mucho menos de los hallazgos en las búsquedas en campo. El fiscal especial se ha erigido en un enemigo de las mamás y papás, porque actúa a contrapelo de ellas y de ellos. Actúa como simple empleado del presidente y está muy lejos de atender las líneas de investigación que plantearon los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que han reiterado las mamás y los papás. Existe mucha arrogancia y desprecio contra los familiares. No han tolerado sus reclamos y protestas ante tanta indolencia. Ahora los funcionarios son los ofendidos, los enojados y por eso actúan con desdén. Han dejado de lado las razones que mueven a las madres y padres para protestar ante la falta de respuesta claras y contundentes sobre el paradero de sus 43 hijos.
Se respira un aire contaminado por la insidia. Proliferan los descalificativos por parte del presidente contra las organizaciones civiles que acompañamos a las mamás y papás. Ha suplantado al fiscal general y al fiscal especial y se ha erigido como el juez del caso, haciendo tabula rasa de todo lo que investigó el GIEI. Ha desviado la atención del caso sobre la participación del Ejército en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre y ha centrado sus baterías contra los que llama “pseudo defensores” que no hablamos con la verdad y que actuamos de manera tramposa. Sostiene que defendimos a los mismos acusados. Su enojo lo ha llevado a plantear un diálogo con las madres y padres, pero sin la presencia de los representantes legales.
El presidente quiere justificar el incumplimiento de su palabra empeñada y la verdad porque al día de hoy no ha podido esclarecer el caso Ayotzinapa. En el 2021 se tenía una serie de líneas de investigación sólidas que nos llevaban a la responsabilidad del Ejército en varios niveles. Hay datos de prueba que establecen que el Ejército estuvo vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos. El comandante, tenientes, coroneles del 27 Batallón de infantería recibían dinero de ese grupo criminal, tenían reuniones, facilitaba el Ejército el trasiego de droga de la sierra de Guerrero por Iguala y hasta la zona norte al Estado de México.
Tenían convivencias y comidas, lo que está documentado, y por eso están en la cárcel 16 militares por esa colusión con Guerreros Unidos y que operaban para ellos en Iguala. Ellos son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, pero también responsables de la desaparición de cientos de personas en Iguala. Era un grupo delictivo que mataba, desaparecía, asesinaba y el glorioso 27 Batallón del Ejército facilitaba ese trabajo, le facilitaba sus negocios criminales, eran parte de este negocio.
Ese es el Ejército que defiende este gobierno, al que llama comprometido con la patria, pero que está inmiscuido en negocios criminales como en Iguala. Además de este contubernio hay un testigo que declaró en el Ministerio Público y dos veces con el juez. Afirmó que el 26 de septiembre 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería donde fueron torturados, varios de ellos no resistieron los tormentos, perdieron la vida dentro del Batallón. Los 25 fueron llevados a una colonia en Iguala y ahí fueron asesinados todos, desmembrados, metidos en bolsas negras y llevados a un horno crematorio. Eso relató el testigo y esa línea de investigación no se ha seguido. Es un dato de prueba que ahí está, es un indicio que las autoridades tienen la obligación de investigar. Este gobierno no puede terminar dejando pendiente esta indagatoria. Las madres y padres no pueden quedarse con la duda de si 25 de sus hijos en verdad fueron asesinados dentro del 27 Batallón de Infantería. Este gobierno tiene que entender que este caso no es un problema político, no es un tema electoral, es un caso que requiere investigación. Lo que exigimos es eso, que se esclarezca este hecho ¿Es verdad o no que 25 compañeros fueron asesinados en el 27 Batallón de Infantería del Ejército?
Por otro lado, surgieron más datos de investigación, que el 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo hacía labores de contrainteligencia. Inscribió a dos soldados en la Normal Rural de Ayotzinapa para hacer tareas de contrainteligencia. No sabemos si los ejércitos de Latinoamérica todavía hacen eso o si en Europa los ejércitos harán eso. La Normal Rural de Ayotzinapa es el enemigo de los gobiernos. Ese es el Ejército que hoy en día tenemos en México, ese es el Ejército que defiende este gobierno, un Ejército que inscribe a sus soldados en un centro educativo, un Ejército acostumbrado, como en el viejo régimen, a mirar comunistas por todos lados. Hoy de igual forma no ha cambiado nada, es el mismo Ejército que ve en los estudiantes a guerrilleros y que ve en los pobres a los insurrectos, a los que tienen que vigilar porque cuestionan al gobierno. Esas labores de contrainteligencia que hizo el Ejército en Ayotzinapa permiten inferir que tuvo información previa de los hechos del 26 de septiembre. Supo todo lo que estaba pasando antes, durante ese día y también tuvo información de cuando los normalistas llegaron a Iguala, porque había dos soldados que siguieron los autobuses y hubo dos soldados que estuvieron en el C4 monitoreando en tiempo real el movimiento de los estudiantes. Esta información la tiene la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), pero no le dan seguimiento a esta línea de investigación y el mismo presidente se incomoda cuando le preguntan sobre estos hechos.
Cuando estaban desapareciendo a los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, el Ejército mexicano estuvo escuchando todo lo que estaban hablando los policías con el grupo delictivo Guerreros Unidos, qué hacían con los estudiantes y a dónde los llevaban. Esa información la tienen. Y hoy día sabemos eso, porque surgió el dato cuando se estaban revisando los archivos y salió esa información. Ahí se encontró el documento de una comunicación transcrita de una intervención telefónica a un jefe policiaco y a un jefe del grupo delictivo. Están diciendo que a 17 jóvenes se los llevaron de la barandilla municipal a Loma de Coyotes, un lugar afuera de iguala
Por si fuera poco, en la información que entregó el Ejército mexicano de cerca de 70 mil documentos, hacen falta 866 folios que no se han entregado. Por eso estamos exigiendo la entrega de los 866 folios, porque ahí puede estar información relevante que dar respuesta a la pregunta de si asesinaron a 25 estudiantes en el 27 Batallón de Infanteria. No es que ahí esté necesariamente la información, pero sí es importante revisar los 866 folios para verificar qué contienen. ¿Cuál otra duda se puede dilucidar? Saber a dónde se llevaron a los 17 estudiantes que fueron sacados de barandillas. Probablemente no haya nada en los 866 folios, pero necesitamos saberlo. Necesitamos que el ejército ponga a disposición esa documentación en la mesa de la Covaj, para que pueda ser revisada y verificada, y probablemente ahí se dilucide dónde están los 17 compañeros de los que habla esa comunicación.
Nuestra única intención es que el presidente nos reciba. Por eso nos hemos instalado en Palacio Nacional a un lado de estas rejas que nos ofenden. Solo queremos una reunión pero que sea antes de las elecciones. El presidente siempre había dicho que las puertas estarían abiertas para el pueblo porque a él lo puso el pueblo, pero miramos que esto no es cierto. Podemos ver aquí que el Palacio está forrado de acero para que nosotros no podamos entrar. Nosotros no tenemos armas, nuestra única arma que traemos son las fotografías de nuestros hijos. Seguiremos luchando, seguiremos alzando la voz porque no vamos a permitir que otra familia sufra lo mismo que nosotros hemos sufrido. Nuestra lucha es para que en México no haya más desaparecidos, para que se acabe la impunidad y para que ya no se siga encubriendo al Ejército. Seguramente el diálogo que buscamos con el presidente será el último, por eso queremos escuchar su palabra, saber qué avances hay en la investigación. Esperamos que el Ejército le haya entregado los 866 folios. Solo así podemos entender que el presidente tuvo voluntad para llegar al fondo de las investigaciones, de lo contrario terminará su mandato con una gran deuda. Para AMLO el tiempo se agota y la verdad apremia.

Este viernes 19 se dieron cita en Acapulco el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los banqueros de México, las dos candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, quienes estuvieron resguardados por la Guardia Nacional, en un puerto controlado por el crimen organizado.
La Asociación de Bancos de México decidió realizar su 87 convención bancaria para devolverle a Acapulco el brillo que perdió por la devastación que sufrió con el huracán Otis, en octubre de 2023. Las secuelas siguen vivas. Entre la población mayoritariamente pobre hay mucho enojo porque los programas y el apoyo que brindó el gobierno federal fueron insuficientes y mal distribuidos. Los graves problemas de la reconstrucción de sus viviendas se complicaron con el alza de precios de los materiales industrializados. Es imposible para las familias subempleadas levantar sus viviendas con techos de cemento. No hay dinero que alcance, ni autoridades que atiendan las múltiples demandas de las familias damnificadas. No hay empleo seguro y las organizaciones criminales se encargan de hacer más cruenta la vida de los acapulqueños al generalizar la cuota en las playas, en los comercios y los mercados. Los asesinatos siguen multiplicándose a pesar de los patrullajes de la Guardia Nacional, cuyos elementos enfrentan situaciones adversas y se encuentran en condiciones insalubres.
Fue el foro Mundo Imperial el marco donde el presidente llegó a clausurar los trabajos de la convención. Presentó un informe en gráficas de las bonanzas de su gobierno. Mostró en una lámina las altas utilidades que la banca tuvo el año pasado: 276 mil millones de pesos con un porcentaje que se elevó a 274 por ciento.
Presumió la fortaleza del peso, el aumento histórico al salario mínimo, el control de la inflación, la disminución del desempleo, el aumento de la inversión extranjera y el incremento de las remesas. Resaltó que hubo una disminución en el precio de la gasolina, la luz y el gas, aunque reconoció que no fue la esperada. Lo que mostró con orgullo son los 5 millones de personas que salieron de la pobreza.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, aclaró que “la banca es respetuosa del proceso electoral y trabajará con total empeño y dedicación, con quien resulte favorecido, de la voluntad popular”. Reconoció la labor del presidente en favor de sus intereses: “Señor presidente, como hemos visto, la certidumbre y la confianza que nos brindó con su palabra, generaron un ambiente propicio de negocios e inversión, donde todos ganamos. Es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos”.
A las candidatas y candidato presidencial les pidieron que mantengan la certidumbre y fomenten la confianza. Que fortalezcan el Estado de derecho que es el terreno fértil para el crecimiento económico y mejorar la vida de los mexicanos.
Por la mañana la candidata de la coalición fuerza y corazón por México Xóchitl Gálvez planteó ocho líneas de acción muy generales haciendo un llamado a los banqueros a sacudirse el temor y atreverse a lograr un cambio de gobierno. Fue la que más aplausos recibió. El segundo en participar como candidato presidencial por el Movimiento Ciudadano fue Jorge Álvarez Máynez. Se reivindicó como el candidato de las y los jóvenes y defendió su popularidad en las redes sociales. Pidió a los banqueros del país su voto. Comentó que la propuesta de su gobierno se centra en tres ejes: México con justicia, México con prosperidad y México con igualdad social. Criticó que el presidente López Obrador le cediera a la Sedena el control de las empresas paraestatales como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Resaltó que es una herencia maldita, hoy supuestamente es un beneficio pero mañana van a ser pasivos permanentes, van a generar problemas financieros a la Secretaría. La tercera en el turno fue la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum quien resaltó su optimismo al afirmar que tanto a bancos como empresarios les ha ido bien en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de dos ejes de lo que sería su gobierno: la prosperidad compartida y la república segura y con justicia. Se trata de atender las causas de la inseguridad y de disminuir la impunidad. A pesar de hacer un llamado a los banqueros de que mantendrá buenas relaciones y de augurar que les va a ir bien en los próximos 6 años, la candidata no logró entusiasmar a los dueños del dinero.
La gobernadora sólo se redujo a dar las gracias a los banqueros por escoger Acapulco como sede de su 87 convención nacional anual, “el aplauso es para ustedes por este apoyo, por esta solidaridad, que les agradecemos enormemente. Gracias por seguir manteniendo a Acapulco en el tiempo”.
Por la tarde fue la euforia de las campañas electorales. Claudia mostró su fuerza al convocar en el zócalo a miles de simpatizantes. Ante la plaza llena levantó la voz para animar a la población acapulqueña que padece los estragos del huracán “¡Acapulco está de pie! y es gracias a un presidente humanista, que nunca dejó solo a Acapulco, que acompañó a cada familia y sigue acompañando…que ha acompañado a un pueblo que lleva el nombre de este estado, un pueblo guerrero que nunca se rinde. Un pueblo que siempre sale adelante”.
Por su parte Xóchitl Gálvez realizó su mitin en la colonia Emiliano Zapata, en la periferia del puerto. Sin rodeos señaló “aquí en Guerrero no hay autoridad, en Guerrero no existe la gobernadora” y cuestionó la candidatura de Félix Salgado, su papá. Comentó que lo principal es asegurar la seguridad de la gente. Va a garantizar un sueldo de 20 mil pesos a los policías municipales. Aseguró que el dinero público se va a invertir en las personas para que tengan mejor salud, educación y seguridad pública en sus municipios.
El candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez tuvo un encuentro con estudiantes en la Universidad Hipócrates de Acapulco. Manifestó que en México hay un grave abandono de la seguridad, de la salud pública. Recriminó que en Guerrero sólo uno de cada 5 jóvenes de 18 a 22 años esté en la universidad. No debemos acostumbrarnos al horror, a la tragedia. No puede ser que la hayamos normalizado. Mencionó que la violencia, la inseguridad y la impunidad empezó con el presidente Felipe Calderón, con la militarización del país que ha llevado a que México esté dentro de los 10 países más violentos del mundo. La estrategia tiene que cambiar con valor con convicción, “sin tener ninguna relación de subordinación con el crimen”. Es una vergüenza ver cómo están los policías de abandonados en el país. Resaltó que los guerrerenses “han vivido por décadas en un paraíso que ha generado mucha riqueza para unos cuantos. Esto es por culpa del gobierno que ha estado subordinado a los intereses de los empresarios hoteleros y de desarrollo inmobiliario.
Guerrero es el paraíso para los empresarios y los gobernantes que se han encargado de despojar a los ejidatarios de sus mejores tierras. Han devastado los humedales para transformarlos en negocios inmobiliarios. No sólo arrebataron el patrimonio, sino que los reprimieron, desaparecieron y asesinaron a quienes opusieron resistencia. Los sacaron de sus espacios sagrados para reubicarlos en los terregales de las colonias periféricas, abandonados a su suerte. Las familias trabajadoras sobreviven en casuchas soportando las inclemencias del tiempo y el flagelo del crimen organizado. Las colonias y las calles son escenarios de la violencia, espacios controlados por el crimen. Los jóvenes hacen carrera portando armas, vendiendo droga o teniendo en su haber varios asesinatos. La cerveza y la droga tiene mayor consumo que la leche o la carne. La deserción escolar es muy alta, porque es onerosa. Es una carga económica para las madres de familia subempleadas, que se interesan de que sus hijos vayan a la escuela. Con gran sacrificio terminan la primera. En la secundaria los amigos se encargan de enrolarlos por los senderos del alcohol y las drogas. Es muy difícil de vencer estas tentaciones ante la falta de opciones para desarrollar sus conocimientos y habilidades de forma profesional.
Para los políticos, Guerrero es un territorio estratégico para los grandes negocios, para explotar toda la riqueza marítima, acuática, mineral y boscosa. Es también un corredor importante para el trasiego de la droga a nivel continental. Hay rutas por aire, tierra y mar que los mismos gobernantes, militares y policías han trazado e incursionado para florecer los grandes negocios de la droga que redunda en millones de dólares. La venta de armas es otro gran negocio de la economía criminal que se ha arraigado en nuestra entidad por la gran demanda que existe entre los grupos delincuenciales.
Guerrero tiene una gran riqueza cultural, histórica y gastronómica. Su población es ejemplar por sus luchas emblemáticas, por su gallardía y decisión para defender el propio terruño y la patria misma. Han escrito pasajes irremplazables de nuestra historia nacional. Sus hombres y mujeres ilustres han contribuido en el florecimiento de las ciencias y las bellas artes. Héroes y heroínas que forjaron la independencia de México, que fueron grandes estrategas para la guerra. Caudillos y generalísimos que defendieron las causas del pobre y enaltecieron su dignidad y su valor. Es una prueba de fuego para las candidatas y el candidato presidenciales pisar estas tierras marcadas por la rebeldía, la lucha pacífica y la lucha armada que emergió desde lo más hondo de la rabia de un pueblo, para acabar con tanta desigualdad, para tumbar a los caciques y a malos gobernantes.
La gente está harta de tantas promesas incumplidas, de tanto abuso de su buena fe y confianza, cansada de tanto saqueo, indolencia y complicidad de los gobernantes con el crimen organizado. Hay señales de hartazgo y de enojo, por eso, todos los candidatos y candidatas de Guerrero, deben de entender que si conti-núan con sus discursos huecos y posturas ruines pagarán muy caro su felonía.

La violencia sofoca a la población que camina a la deriva y que no encuentra un lugar seguro para guarecerse. Las amenazas de extorsión llegan en cartulinas que son colocadas en las rendijas de las puertas y ventanas de cualquier colonia. El pago de piso es una práctica que se va extendiendo en todas las ciudades, cabeceras municipales y comunidades rurales. Los negocios están cambiando de dueño y quedando en manos de personajes siniestros del crimen organizado. Los giros comerciales más redituables son acaparados por los jefes de las bandas que ejercen violencia para someter a los grupos económicos que se encumbraron por sus pactos siniestros con los caciques y gobernadores que mal gobernaron nuestro estado.
La economía criminal en Guerrero se ha asentado en las siete regiones del estado. No sólo porque hay trasiego de droga, venta de armas y tráfico de personas con diferentes fines, que antes se manejaba de manera soterrada y clandestina. Ahora enfrentamos el grave problema de una sociedad narcotizada, de una economía formal infestada por la criminalidad, controlada por empresarios mafiosos que salieron de los escondrijos para aparecer como prósperos hombres de negocios. Su poder se basa no sólo en lo económico, sino en el control que tiene de amplios sectores de la sociedad que trabajan para su causa. Son trabajadores que diversifican sus actividades en el ámbito público y que rinden cuentas a sus jefes. Su base destructora la conforman jóvenes que están entrenados para causar terror entre la población.
La disputa territorial en el estado no tiene normas ni límites. Cada lugar representa un espacio estratégico para avanzar y posicionarse mejor dentro de la escabrosa orografía. En sus incursiones armadas toman como rehenes a los pobladores, para incorporarlos a sus filas y apropiarse de sus bienes naturales y de su patrimonio comunitario. En esta confrontación los cuerpos de seguridad del Estado están ausentes y cuando están presentes son actores pasivos que no contienen ni repliegan a las huestes de cada organización criminal. Las familias son las que pagan con su vida los saldos de las refriegas violentas. Los jefes de familia son sometidos y obligados a enrolarse a sus filas. Los jóvenes no tienen otra alternativa que entrenarse para matar. Las madres y abuelas huyen del poblado con sus pequeños hijos en busca de un techo donde guarecerse.
El desplazamiento forzado interno es parte de la catástrofe que padecemos en nuestro estado. Las víctimas de la violencia se cuentan por centenas de personas mayores que no tienen qué comer y que padecen múltiples enfermedades físicas y mentales. Los jóvenes en su mayoría buscan un trabajo fuera del estado y se las ingenian para cruzar la frontera. Las niñas y los niños crecen sin un hogar seguro, no asisten a la escuela y viven con temor por las balaceras que escuchan. Ninguna autoridad las atiende, es la solidaridad de las familias pobres la que los reconforta y calma sus angustias. El drama de las familias desplazadas se multiplica en las comunidades rurales, donde la población está abandonada e indefensa. Los asesinatos son tragedias colectivas, no hay una familia que no tenga a un hijo, hermano, padre o madre que no haya sido asesinado. Hay muchos niños y niñas huérfanas. Mujeres mayores sin que nadie las atienda. Hombres enfermos tirados en los pisos de tierra esperando que una medicina les dé fuerza para valerse por sí mismos.
El panorama es sombrío porque las fuerzas del crimen se han enseñoreado en todos los lugares. No hay localidad que no esté sometida por un grupo de la delincuencia. La población sabe cómo operan y cómo establecen pactos con las fuerzas del Éstado. Las corporaciones policiales sucumben ante los jefes de las plazas porque saben que el dinero que les otorgan nunca lo van a obtener trabajando dentro del gobierno. Cada vez es más evidente que los agentes del Estado sólo están en algunos lugares, como simples espectadores de la violencia. Tanto en las comunidades rurales como en el mismo puerto de Acapulco escuchan balaceras, ubican camionetas con gente armada, identifican a los grupos que están en disputa y saben en qué puntos se dan los enfrentamientos. En contadas ocasiones intervienen, seguramente hasta que reciben una orden superior. Lo normal es que dejan actuar con libertad a quienes delinquen. Por eso están en todas partes.
En pleno proceso electoral la violencia cobra vidas a cada momento. La preocupación de las autoridades electorales se centra en garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, en que no vaya a haber obstáculos para que los electores voten. Ubican focos rojos en varias regiones, por todos los estragos que están causando los grupos delictivos en varios lugares, sin embargo, eso no importa, lo prioritario es que los rijosos dejen instalar las casillas y permitan que la gente vote. Con eso salvan la elección y hay posibilidades de presentar cuentas alegres. En esta democracia electorera lo más importante es el voto, porque al ciudadano que padece la violencia les tiene sin cuidado.
Los partidos políticos y los candidatos viven una realidad ajena, tienen una visión banal y utilitarista de la gente. Llegan con promesas vacuas, centrando su arenga en la exaltación de su ego, colocándose como los salvadores del pueblo. No parte de las trágicas realidades que padece la población, tampoco tienen disposición y tiempo para escucharlos y atender sus planteamientos. La dádiva es el antídoto para ganarse la voluntad de la gente y asegurar el voto en la urna. La compra del voto es la práctica generalizada de los candidatos. Han aprendido que su candidatura es una inversión. Tienen que gastar dinero y dilapidarlo para que puedan cosechar con creces si aseguran el triunfo. Esta prueba del voto es un pase seguro para cobrarse al ciento por uno todo lo que gastaron en campaña, con el dinero público.
Los candidatos y candidatas que se han registrado en los institutos electorales tienen historias poco trasparentes. Accedieron a las candidaturas por palancas, padrinazgos, amarres políticos, compromisos truculentos, pago de favores, pago de campañas, compra de candidaturas. Son pocas las formas enunciadas de cómo cada candidato o candidata logrará aparecer en la boleta electoral. Estas disputas al interior de los partidos políticos y sus dirigentes estuvieron muy lejos de apegarse a los principios y normas electorales y las que rigen a cada instituto político. Abundaron los acuerdos debajo de la mesa, los golpes bajos, las traiciones, las componendas y los amagues.
Los ciudadanos y ciudadanas han testificado estos vicios que se multiplican en los partidos políticos para el otorgamiento de las candidaturas. No hay confianza en este proceso plagado de irregularidades. Tampoco hay candidatos y candidatas que tengan legitimidad, trayectoria y méritos. Son personajes que no tienen un compromiso serio con la población, carece de una visión clara sobre la compleja problemática que se vive en el estado, en las regiones y los municipios, mucho menos tienen un proyecto político cimentado en el sentir de la población. Los candidatos y candidatas le apuestan a la compra del voto que tiene diferentes formas y a crear una imagen ficticia explotando el potencial mediático de las redes sociales.
Hay un hartazgo de la población que ya no quiere candidatos improvisados y demagogos, farsantes e ignorantes. Hay candidatos reciclados que nada han hecho en favor de la gente; candidatos que se van a reelegir porque ya encontraron la hebra de la corrupción y porque ya tienen el amarre asegurado con el jefe de la plaza; también hay candidatos con mucho poder económico que subsidian campañas además de la suya. Existen también candidatos que no son producto de negociaciones al interior del partido, sino que son los elegidos por los poderes fácticos, que también tienen sus cuotas dentro del escenario político del estado.
Mientras tanto la hoguera de la violencia se expande por todos lados: en Acapulco y Chilpancingo con la quema de Urban, taxis y los asesinatos que no cesan. En Chichihualco las balaceras que iniciaron la semana pasada demuestran que los grupos en disputa no permitirán que la plaza quede en manos de un jefe. En Iguala, Taxco y Chilapa el clima de violencia está imparable, no sólo se debe a esta coyuntura política, sino porque las disputas por los territorios y los controles de los giros económicos son parte del botín que no están dispuestos a ceder. Se trata de regiones importantes porque hay asentamientos de empresas mineras, zonas boscosas y de potencial acuífero. Además, son lugares estratégicos para el control de otros municipios y regiones. Son enclaves que aseguran muchos dividendos económicos y hasta políticos.
Los asesinatos de precandidatos, candidatos y funcionarios públicos en lo que va del año es una muestra que la disputa política no estará exenta de acciones violentas. Este escenario adverso es un mal augurio para la contienda que viene. Las autoridades federales y estatales tienen la gran responsabilidad de atender y prevenir esta amenaza delincuencial.
La zona Centro, la Costa Chica, Montaña, zona Norte, Acapulco, Costa Grande y Tierra Caliente nos dejan entrever que el crimen organizado no se quedará al margen de la contienda electoral. En este año la hoguera no está para bollos.