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Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas

Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.

Observan ONG limitaciones institucionales y colusión de autoridades con el crimen en casos de desaparecidos

El señalamiento del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab en el sentido de que es “dramática” la situación de los desaparecidos en Guerrero y “preocupante” la “debilidad institucional” para atender los casos, debe servir para que el gobierno incluya en su agenda el grave problema, coincidieron representantes de organismos civiles de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que la opinión del enviado de la ONU “coloca el tema en el centro de la agenda pública”, y que ahora lo principal es que el gobierno determine cómo garantizar una atención digna a los familiares de quienes están siendo víctimas de desapariciones.
Mientras tanto el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández expresó que la percepción que se lleva Jan Jarab sobre el problema de los desaparecidos en Guerrero, es a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas que recibió el martes en Chilpancingo y el miércoles en Chilapa.
Barrera Hernández agregó que la declaración del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viene a reafirmar lo que han venido denunciado los familiares de los desaparecidos mediante diferentes formas para que se atiendan sus reclamos, y se garantice la búsqueda, pero que no les han hecho caso las autoridades estatales.
Dijo que los reclamos que oyeron de familiares y colectivos durante la visita del Alto Comisionado y del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es una expresión del drama al que se enfrentan a diario, pero que lamentablemente las autoridades no han tenido sensibilidad para atenderlos.
“Hace falta oficio político desde la perspectiva de los derechos humanos, y la visita fue con el fin de alertar al gobierno de que aquí hay una grave violación de derechos humanos, y no se ve una estrategia clara para revertir esta situación de descomposición”, declaró.
Añadió: “qué bueno que levantó la voz en nombre de las víctimas, y fue significativo que haya venido una representación de la CNDH porque tiene el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones por esa vía, y darle cauce a este clamor y llame la atención a las autoridades”.
El director de Tlachinollan añadió que con las expresiones del representante del Alto Comisionado el gobierno tiene que cambiar su agenda y mirar desde dentro el problema de los desaparecidos.
En cuanto al reconocimiento del fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que no cuenta con presupuesto para investigar los casos de desaparecidos, Barrera Hernández dijo que no sólo hay carencia de recursos económicos, sino también limitaciones profesionales e institucionales.
“También hay un déficit de confianza y de credibilidad a las actuaciones de la Fiscalía. No ha sido capaz de brindar confianza, de trabajar en coordinación con los familiares de las víctimas, no ha sido transparente en sus actuaciones y no ha aprovechado la precaria capacidad instalada para dar los mejores frutos y para que sus agentes investigadores tengan más sensibilidad y formación en derechos humanos”, expresó.
Agregó que ese es en realidad el boquete que hay en la Fiscalía, al margen de las limitaciones económicas.
Dijo que sin embargo las limitaciones económicas no pueden ser pretexto para que haya una cercanía y trato digno y veraz hacia los familiares de las víctimas.

El enviado de la ONU tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, explicó que el representante del Alto Comisionado palpó el grave problema de los desaparecidos en la entidad porque tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades federales y estatales y por eso desconocen a fondo el problema.
Añadió que ojalá la opinión que dio antes de irse el comisionado sea tomada en cuenta por el gobierno estatal y comience a ver el problema en su justa dimensión.
Olivares consideró que la escasez económica de la Fiscalía que argumenta el fiscal no es justificación y tampoco problema de los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a ser atendidas y a que se resuelvan los casos que han denunciado.
“El gobierno tiene que buscar los mecanismos para atender el grave problema de desaparición de personas. Tiene que poner atención y buscar los recursos necesarios para poder dar esa atención”, insistió.
Explicó que gran parte de la inoperancia y de lo obsoleto que ha resultado la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, tiene que ver con la colusión que hay de las autoridades y los órganos jurisdiccionales con los grupos de la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con la corrupción que hay y da como resultado la impunidad en este tipo de casos”, denunció Olivares Hernández.

 

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

 

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec

Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.

Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria

Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.

El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera

Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.

Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.

Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos

También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.

Recuerdan momentos de la lucha de la OCSS mientras velan los restos de Benigno Guzmán en Tepetixtla

 

Familiares, amigos e integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) velaron ayer en las oficinas de la organización, ubicadas en Tepetixtla, Coyuca de Benítez, el cuerpo de su fundador, Benigno Guzmán Martínez, que a petición de los  pobladores será sepultado hoy.
El luchador social murió el martes en su casa de Acapulco, por la tarde su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, y después fue trasladado a Tepetixtla.
Amigos y compañeros de Benigno Guzmán relataron sus vivencias con el luchador campesino, a quien reconocieron la defensa de los derechos humanos en la sierra y en municipios de la Costa Grande del estado.
El primo de Benigno Guzmán, Oscar Guzmán, de 58 años, relató que a Benigno no le gustaba que a la organización sólo se le nombrara por sus siglas. Oscar Guzmán resumió así la lucha de los campesinos que se organizaron el 14 de enero de 1994, “no ha habido ningún cambio en el trato de los gobiernos con la organización, al gobierno priista tenías que irle a exigir, a pedir, a rogar, al gobierno perredista igual, y a veces resultaba peor, tratar con Zeferino, era una persona intratable; ahora se la da de una blanca palomita, pero es déspota como él solo”, y dice que nada cambió la política del régimen caciquil-priista con la transición de la partidocracia, con el PRD en el poder.
El mayor anhelo de quienes integran la OCSS, pero sobre todo de Benigno, es el respeto del gobierno a la forma de organización que tenía la agrupación, que no fue registrada ni constituida frente a un notario público como una figura jurídica, lo que provocó que los gobiernos no los reconocieran y que los desatendieran.
Oscar Guzmán contó que en la primera reunión del fundador de la organización con el gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, en septiembre de 1994 en Casa Guerrero, los integrantes de la OCCS solicitaron molinos y machetes, la presentación con vida de los desaparecidos y la liberación de los presos políticos, pero la respuesta de gobernador fue, “esto ya ni lo pidan, a éstos ya se los llevó la chingada”.
Después, el gobernador fue hasta la localidad a entregar los apoyos y, como lo dijo, no cumplió la petición de presentar a los desaparecidos ni de liberar a los encarcelados. Meses después, desapareció Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.
Días después, el 28 de junio de 1995, fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la Policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la OCSS, lo que le costó el puesto al gobernador.
“Hoy que nos abandona el compañero Benigno tenemos proyectos definidos, estamos trabajando con la Universidad de Chapingo”, que aprobó una unidad ganadera en la población de unos 7 mil habitantes, dijo con lágrimas en los ojos.
Uno de los logros de las gestiones de la OCCS es la construcción de los puentes de Atollaquilla, Santa Cruz y Aguas Blancas, que desde hace cuatro años se gestionaron y desde hace dos comenzaron a funcionar.
Reivindicar los derechos humanos de los campesinos fue el objetivo que persiguió Benigno, sostuvo su primo, buscar que se garantizará la alimentación, la salud, la educación, tener una vivienda, un trabajo, exigir los insumos necesario para que los campesinos pudieran trabajar sus tierras.
Pero en la marcha encontraron la manipulación del gobierno para que los campesinos desistieran de la organización, mediante el chantaje y la división, para que la gente olvidara del problema de fondo.

Reconocen organizaciones, amigos y familiares al luchador social, campesino, esposo y padre

De los siete hijos que procreó Benigno Guzmán Martínez sobreviven cinco, y su esposa Sofía Bustamante, quienes lo acompañaron durante los últimos tres años críticos del cáncer que invadió su estómago.
El mayor de los hijos, Vicente Guzmán de 36 años, recordó que acompañó a su padre a muchas de las marchas y protestas que organizó la agrupación. Pero desde hace 13 años vive con su propia familia y se apartó del movimiento.
Ayer, reunidos en las oficinas de la OCCS en Tepetixtla, una comunidad ubicada en las faldas de la sierra, recibieron a los conocidos del papá y esposo. Para llegar allí, hay que viajar una hora desde la cabecera municipal y, antes de llegar, uno debe ser revisado por un destacamento de militares del 68 Batallón de Infantería que se instaló ahí desde hace 10 años.
A petición de los compañeros y conocidos del fundador de la OCCS, el cuerpo no fue sepultado ayer, sino hasta hoy. En el transcurso del día llegaron representantes de organizaciones sociales, y de derechos humanos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero, de Tixtla, del  Frente de Defensa Popular (FDP), y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos. También acudieron sus compañeros fundadores de la OCSS Hilario Mesino y Marino Sánchez.
El ataúd que contenía los restos del luchador social fue colocado en un espacio de la casa que sirve como oficina de la organización. El inmueble mide unos 4 metros de ancho por 10 de largo; en un rincón fueron amontonados libros, documentos y archivos de la organización.
Hace poco que fue rehabilitado el techo de la oficina que, desde que enfermó Benigno se abrió poco. Luce láminas de aluminio, se construyó la barda. El terreno de unos 20 metros de largo por 15 de ancho lo ocupó la organización en 1994; en un inicio fue destinado para un destacamento de la ex policía montada, pero después los vecinos lo donaron a la organización.
El señor Juan Adame de 76 años, dice que se unió a la organización luego de la matanza de Aguas Blancas, de la que dos de sus hijos son sobrevivientes, pero uno fue encarcelado por el gobierno. Él se convirtió en una de las personas cercana a Benigno, “siempre que venía o que se iba (del pueblo), me pasaba a ver, nunca me separé de él”.
Con una voz pausada, cuenta que Benigno le enseñó a luchar por sus derechos cómo campesino. Rememoró que en una ocasión, en Coyuca de Benítez el presidente municipal, Merced Valdovinos Diego les dijo que se apartaran de él (Benigno), “yo a todos ustedes los voy  a atender, menos a Benigno, porque él no respeta mi investidura… Yo le dije al presidente: dígame usted quien le dio esa investidura, si usted no respeta la investidura del pueblo”, después, todos salieron del Ayuntamiento. “Benigno era una persona que ayudaba a la gente, pero no faltaba la gente que maneja el gobierno, que decía que sólo pedía por él y que no repartía la ayuda”, comentó.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández dijo que Guzmán Martínez “pertenece a una generación de los luchadores más antiguos. Son de la generación de luchadores que lamentablemente se está terminando”.
Expresó que es una perdida irreparable para la organizaciones sociales, pero el legado que dejó el fundador de la OCCS es importante porque, “como campesino fue un hombre sencillo, y alguien inclaudicable, a Benigno se le puede colocar en ese nivel de un defensor de derechos humanos”.

 

Denunciarán al Estado mexicano ante la CIDH por el asesinato de dos normalistas en Chilpancingo, anuncian

Cada año, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, normalistas y organizaciones sociales marchan para exigir justicia por la muerte de dos estudiantes en un desalojo en el entronque de la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo.
Hace cuatro años, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino murieron por heridas de bala que policías federales, estatales y municipales dispararon contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa para desalojar la protesta de la carretera. También hubo decenas de heridos y detenidos sometidos a tratos crueles y a tortura.
Pronto se supo en Tixtla que El Cheve y El Güero fueron asesinados. Así llamaban a Gabriel, originario de Tixtla, y a Jorge Alexis, de La Y griega, de Atoyac de Álvarez, los estudiantes ejecutados cuando respondían con piedras a los balazos de los policías.
También se mencionaba que entre los fallecidos a El Comandante, otro normalista que resultó herido de bala, recordó el hermano de Gabriel, Francisco Echeverría, ahora normalista de cuarto grado de Ayotzinapa. Ingresó a la normal en 2012, después de la represión.
Explicó que dos días antes de la manifestación en la capital, donde murió Gabriel, le dijo que le echara ganas, que no se fuera a quedar sin estudiar, y coincidían en que Ayotzinapa era la alternativa de concluir una carretera, pese a los ruegos de su madre, que ahora temía por su vida.
Desde 2013, se sumaron a la demanda los padres de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos en Iguala, en otra agresión policiaca, que este año convocaron a las organizaciones a marchar hasta El Parador de El Marqués, que tras el desalojo a balazos se volvió un sitio icónico de la lucha social.
Ayer, las familias de Jorge Alexis y Gabriel, así como Gerardo Torres Pérez, el normalista detenido ilegalmente y torturado después de la agresión, anunciaron que en el cuarto aniversario presentarán una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Groac) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Testimonios

Ayer, Francisco Echeverría habló por vez primera de la experiencia de él y su familia aquel día, y de la exigencia de justicia que sigue vigente, porque no hay un detenido ni responsable de los hechos, no obstante los videos que muestran a los uniformados disparando, y a sus mandos, contra estudiantes desarmados; “qué es una bala contra una piedra, te descalabra a lo mucho, pero una bala te llega a matar”.
Gabriel, delegado de Ayotzinapa en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), llegó el viernes 10 de diciembre a su casa en Tixtla, venía de Zacatecas de una comisión política, conversó con su mamá y acompañó a su hermano, Francisco a comprar restos de pastel, que usan como alimento para los cerdos.
En el camino, a Gabriel se le antojó una rebanada de pastel y Francisco hurgó en su pantalón, encontró 15 pesos de propina que recibió por ayudar a una vendedora a recoger su puesto, y se los ofreció. A eso se dedicaba, a ayudar en los puestos del mercado antes de entrar a la Normal. La pastelera les regaló la segunda rebanada.
Los hermanos ya habían hablado de que Francisco entrara a la normal, y esa tarde le pidió que le echara ganas, que no se quedara sin estudiar. Más tarde, el dirigente estudiantil recibió una llamada de la Normal y volvió a la escuela.
El domingo 11, habló de nuevo con su mamá y, de alguna manera se despidió cuando su mamá le dijo que se cuidara para no le pasara nada, y el dijo que no se preocupara, pero que si ocurría, se iban a ver después, “allá arriba”. Solo consiguió que lo reprendiera.
El lunes 12 de diciembre, recordó que estaba trabajando en la parcela de su familia cuando recibió una llamada de su papá, para decirle que llamara a su hermano, insistieron los dos y el teléfono los enviaba a buzón. Corrió a Tixtla a tomar la combi a la normal, donde ya había estudiantes inquietos, y escuchó decir que había tres muertos, entre ellos El Cheve, su hermano.
Cuando se dieron cuenta de quién era rectificaron, decían que eran rumores, que no estaba confirmado, mientras en Tixtla se envió un carro a informar, mediante voceo, de la represión. Familiares y activistas comenzaron a llegar a la escuela, y luego de unas horas bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, cerca de la Normal.
Ahí, otra llamada de su papá, para confirmarle la noticia. Con gran pesar fue a su casa, a preparar el lugar para recibir el cuerpo y ver a su mamá, que se enteró por los vecinos de la noticia. No daba crédito a la noticia, a pesar de que ya escombraban la casa.
Llegó a sus manos un diario vespertino, ese mismo día, ahí vieron en fotografías a los dos jóvenes tendidos en el arroyo de la carretera. La señora María de Jesús no lo reconocía, pero Francisco, ya más hecho a la idea, le dijo, “sí es, mamá; mira, son sus tenis, yo se los llevé a coser (al zapatero), son los que le mandó mi hermano de Estados Unidos, y esa bolsa tú se la cosiste”.
Desde entonces, señaló que no ha terminado el acoso, llegan muchas personas como reporteros, incluso policías a tomarles fotos a todos los integrantes de la familia, preguntan cómo están y qué hacen.
“Una ocasión que los normalistas marcharon de la escuela a su casa, una mujer policía le preguntó qué hacían ahí los muchachos, mi mamá me contestó fuerte, ellos están aquí por mi hijo, que mataron el 12 de diciembre, no están haciendo nada malo”, contó.

El gobierno del estado alentó la violencia en Zapotitlán: Red de Derechos Humanos

* Ocho ONG tratan en un informe el caso de Escalerilla

* Señalan cinco conflictos agrarios que requieren tratamiento integral: Zapotitlán Tablas con Acatepec, Xitopontla con ganaderos de Olinalá, Amatlicha con ganaderos de Olinalá, Alcatlatzala con Cuatzoquitengo y Arroyo San Pedro con Tilapa

La violencia en Zapotitlán Tablas, que el 11 de mayo dejó cinco muertos, estaba anunciada; era un riesgo derivado del conflicto político entre dos organizaciones, ante el cual el gobierno del estado no hizo lo necesario para evitarla y la alentó, permitiendo la creación de una comisaría               en Escalerilla Laguna, que funcionó prácticamente como Presidencia Municipal paralela.

Este análisis fue planteado por ocho organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en un informe que dieron a conocer a representantes de 12 embajadas en México, en una visita que hicieron a la capital del estado el 19 y 20 de mayo.

En el documento hablan de cinco conflictos agrarios que requieren de un tratamiento integral profundo, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, las desapariciones forzadas y la militarización y persecucición de ciudadanos.

El documento que la Red presentó a los representantes de embajadas se divide en apartados, que se refieren a los problemas más graves en la entidad en relación con los derechos humanos, como ejecuciones estrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y militarización.

En cuanto a los conflictos agrarios, menciona como casos más graves los de Zapotitlán Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera municipal; Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec y Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio.

Plantea que éstos “son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación”.

En los días en que se presentó el documento el hecho de más reciente impacto fue la reyerta en la comosaría municipal de Escalerilla Laguna, municipio de Zapotitlán Tablas, el 11 de mayo, donde murieron cinco campesinos integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), y se señala como agresores a miembros de Antorcha Campesina, al presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso, y a policías municipales.

En el documento, las ONG dicen: “Las cuatro muertes (después murió en el hospital uno de los heridos) de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, fueron desgraciadamente muertes anunciadas que las autoridades no hicieron lo necesario para evitarlas. Se trata de un conflicto político que fue alentado desde el centro al permitir la creación de una delegación política con sede en Escalerilla Laguna, que en la práctica funcionó como una Presidencia Municipal paralela.

“Se quiso sobrellevar a las dos organizaciones sociales a la usanza tradicional, dosificándoles los apoyos para poder mantener las clientelas bajo control.

“Lo que en realidad ha pasado es que se han dividido varias comunidades a causa del control político y económico que cada organización quiere imponer. Se han dado casos de desconocimiento y cambio de comisarios o de la creación de comisarías paralelas que sólo están incubando de manera gratuita más conflictos, que lo único que hacen es empeorar las precarias condiciones de vida de los tlapanecos”.

Detenciones arbitrarias, una práctica sistemática

Algo que se practica de manera sistemática en Guerrero son las detenciones arbitrarias. Este acto marca el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos relacionados con la integridad personal y las garantías judiciales. Este tipo de detenciones no están respaldadas por una orden judicial; se acostumbra a detener y luego se procede a investigar. Muchas detenciones arbitrarias tienen una motivación política: se detiene a lideres o miembros de organizaciones campesinas o indígenas como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) o los del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), que por su lucha social y política son catalogados como gente que se organiza para cometer delitos. Se les criminaliza por su activismo político. Anexan 26 casos de detenciones arbitrarias.

Afirman que la tortura sigue siendo una práctica sistemática para las investigaciones judiciales que tiene como fin someter a la víctima y obligarlo a que se declare culpable y que confiese todo lo que sabe. A pesar de la normatividad internacional y el derecho interno, en nuestro estado no existe el delito de tortura; por lo tanto, no se castiga a los torturadores que son un gran número de expertos que se estrenaron con los desparecidos de la guerra sucia.

Entre los casos de tortura que se mencionan en el informe están los cometidos por miembros del Ejército contra Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chavez, sobrevivientes de El Charco; los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y los 10 de la recomendación 100/97 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se pide al procurador de Justicia Militar que investigue los casos donde presumiblemente miembros del Ejército torturaron a civiles, identificados como supuestos miembros de los grupos armados.

En el informe se destaca que por estos crímenes “no existe ningún militar sentenciado por torturador”.

Situación de los pueblos indios

En La Montaña y la Costa Chica se da un ambiente de hostigamiento, persecuciones y detenciones contra las poblaciones indígenas, primero, tras el levantamiento armado en Chiapas y después ante la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Las ONG señalan que “oficialmente se maneja que el Ejército está en Guerrero para combatir el narcotráfico y para aplicar la ley de armas de fuego y explosivos; sin embargo, es notorio el asedio a las comunidades donde existe la organización independiente”.

En febrero y marzo de 2002 en las comunidades tlapanecas de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y Barranca Tecoani, en Ayutla, fueron violadas por miembros del Ejército las indígenas Valentina Rosendo Cantú de 17 años e Inés Fernández Ortega de 26 años.             A las dos las interrogaron sobre las personas que andan con los encapuchados y los que siembran amapola.

En el documento de afirma que estas violaciones “son actos cobardes que buscan provocar la reacción violenta de las poblaciones indígenas para reprimirlos y desmovilizarlos”.

Conflictos agrarios

Dicen las ONG que preocupa hondamente los conflictos agrarios y políticos que enfrentan los pueblos indígenas desde hace décadas y que las autoridades estatales y municipales no han querido resolver.

“Existen casos donde las partes en conflicto, al no encontrar una adecuada interlocución con las autoridades y al constatar que no hay seguimiento a los acuerdos firmados, emprenden acciones unilaterales para imponer su postura y forzar una negociación que sólo los coloca en el filo de la navaja. Los conflictos agrarios de Zapotitlán Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera municipal; Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec; Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio, son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación”.

En el informe señalan que los defensores de derechos humanos no tienen ninguna garantía para su trabajo, lo que se puso en evidencia con el asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Menciona las amenazas de muerte que han recibido Abel Barrera Hernández y el hostigamiento del Ejército a la directora de La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete Gorjón.