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Espera el obispo que no caiga en errores la nueva autodefensa y ayude a los desplazados

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ponderó el esfuerzo de los campesinos de la Sierra para apoyar el regreso a sus casas de las familias que fueron desplazadas, no obstante, rechazó el uso de las armas.
“Por una parte estoy muy agradecido de que estén para asegurar las familias que están desplazadas y ojalá las puedan hacer regresar a sus casas y que vuelvan los que fueron desplazados y sería muy loable de felicitarles”, dijo respecto a al nuevo grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan y Tlacotepec que se presentó este lunes.
Consideró necesario que se cambien las estrategias de seguridad debido a que no le han funcionado a la sociedad porque al gobierno le corresponde poner paz en su territorio y debe buscar la manera hacerlo.
Entrevistado en Iguala después de oficiar una misa en honor al santo patrono de la ciudad, San Francisco de Asís, monseñor pidió que las autodefensas no vayan a cometer errores, y den seguridad.
Al preguntarle si está a favor de que los pueblos se levanten en armas para defenderse, dijo que no “porque la iglesia no quiere que nos matemos unos y otros y no usemos las amas; al contrario, la iglesia tiene esperanza en que los hombres y mujeres nos reconciliemos, que tenemos inteligencia y corazón para buscar otros medios para la pacificación y reconciliación y ofrecemos el diálogo para que juntos busquemos la verdad y justicia y paz”.
El clérigo afirmó que la iglesia nunca aprobará las armas, por lo que espera que no vuelvan nunca porque han hecho mucho daño a través de la historia y que por eso se debe buscar los medios pacíficos.
Opinó que no es la respuesta que la gente se arme al no tener seguridad del gobierno, porque pueden morir y no se pretende eso.
“Ahí esperamos a los constructores y artífices de la paz, es decir hombres y mujeres artífices de la paz que nos pongamos a trabajar incluida la iglesia, porque se puede construir y tejer la paz, pero no aprobar nunca las armas”.
Agregó que la intervención de las empresas multinacionales es armarnos y acabar con la gente, “somos hermanos los mexicanos y nos arman para dividirnos y al contrario hay que desechar las armas cuánto antes”.
Respecto al proceso electoral, comentó que los ciudadanos deben ejercer su voto que costó tanto para que todos pudieran ejercerlo, sobre todo las mujeres.
Finalmente pidió a los jóvenes que se pronuncien y que sean ellos quienes le den un nuevo rumbo a la nación. (Redacción / Iguala).

Llegan a Toro Muerto más desplazados de la sierra de Totolapan; otros se van a la costa

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El desplazamiento forzado provocado por la incursión del grupo criminal La Familia Michoacana (FM) continúa en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan, ayer los refugiados en Estación Toro Muerto sumaron 60, 30 son de Linda Vista y los otros 30 de Petlacala.
Uno de los desplazados informó vía WatsApp que los desplazados de Petlacala llegaron la noche del lunes y fueron acogidos por familias en distintas casas.
Dijo que todo el día se ve pasar a habitantes de distintas comunidades por Toro Muerto, que son quienes se van hacia la Costa Grande bajando por la sierra de Atoyac.
Del otro lado, por Petlacala, pasa lo mismo, se ve a decenas de familias completas, hombres, mujeres y niños abandonar la zona, pero rumbo al municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Informó que otro tanto se refugia con familiares cercanos en los mismos pueblos del lugar, pero nadie lleva un conteo de las personas que huyen por temor a la delincuencia organizada.
Detalló que la gente se sale de sus casas con lo mínimo, lo que lleva puesto y una pequeña mochila, algunos niños se llevan a sus mascotas para no dejarlas abandonadas, pero en general dejan todo atrás.
Mencionó que la manera más común en la que se trasladan es en camionetas Urvan del servicio público que están ayudando.
Agregó que hoy ya no hubo enfrentamientos, y que llegaron comisarios de las localidades cercanas a Linda Vista a Estación Toro Muerto, para hablar con el mando del grupo militar que instaló una base provisional en la comunidad.
A los soldados les solicitaron que vigilen la entrada de Linda Vista y den resguardo a una caravana del gobierno del estado que se espera que llegue hoy a Estación Toro Muerto, con víveres y medicinas.
Consultado al respecto, el delegado del gobierno del estado en la Sierra, Saúl López Sollano confirmó que habrá ayuda humanitaria, y que él mismo encabezará la caravana, que no llegará a Linda Vista en donde se reportaron enfrentamientos desde el jueves pasado.
Prefirió no emitir comentarios respecto de la violencia en la región hasta informarse en el lugar de qué es lo que sucede.
Por otra parte, fuentes del lugar en conflicto solicitaron seguridad del Ejército y de la Guardia Nacional pero que no sean de Guerrero, preferiblemente que sean de la Ciudad de México.
Dijo que no confían en los soldados asentados en el estado porque hay denuncias de que están corrompidos por los grupos del crimen organizado.
Señalaron que han visto que algunos militares cuando entran a las comunidades llevan municiones y alimentos a sus atacantes.
Afirmaron que hay casos como en El Caracol en donde los militares abrieron el camino de los pueblos a los criminales, se los llevan vestidos como militares y los van “sembrando” en las comunidades, es decir, los dejan ocultos cerca de los poblados, y de repente aparecen y atacan. Expuso que por eso no los han dejado pasar por Linda Vista, porque no les tienen confianza, pero no porque estén en contra del gobierno si lo que necesitan urgentemente es seguridad.

El gobierno tiene claro el mapa de la violencia en Guerrero y trabaja con base en ello: Ludwig

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que en el gobierno estatal tienen claro el panorama de la violencia que generan los grupos delictivos por la disputa de territorios, “que lleva muchos años” y “desgraciadamente se ha recrudecido”.
En declaraciones por teléfono, aseguró que: “estamos trabajando para irlos sacando (de sus territorios) e ir disminuyendo el índice de criminalidad”.
Admitió el mapa que indica que en Guerrero hay más de 16 grupos delictivos que se disputan el territorio. Recordó que él ha dicho que sólo en Acapulco hay más de 16.
Informó, que en las próximas semanas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informará de un plan de desarrollo para la Sierra de Guerrero que implica apoyos y una estrategia “para generar mejores condiciones de vida en esta región del estado”.
El mapa de seguridad del actual gobierno estatal, publicado el lunes en El Sur, indica que este año se tienen registrados al menos 16 grupos delictivos que se disputan el control del territorio del estado para la explotación de recursos naturales, el trasiego y distribución de drogas, así como el cobro de cuotas y las extorsiones.
Derivado de ello el obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, opinó que los grupos delictivos se han multiplicado y fortalecido en la entidad, en algunos casos por sus vínculos con las autoridades, pero también “por la ineficacia del Estado y los huecos sociales y políticos que deja, donde no han podido entrar a trabajar las instituciones”.
El director de Tlachinollan Abel Barrera, declaró que el mapa indica que ya no hay municipio que no tenga jefe de plaza, y que el resultado es una violencia mayor; las víctimas son asesinadas, ejecutadas, torturadas, encajueladas en actos crueles y de deshumanización de la vida pública a la que “nos han acostumbrado los grupos de la delincuencia”.
Reynoso Núñez declaró que en el gobierno son “respetuosos” de todas las opiniones “y las escuchamos con mucha atención; me parece que esas expresiones que se hacen nos ayudan”.
Pero aseguró que en el gobierno tienen claro el panorama “y sabemos que hay muchos grupos en disputa por el territorio, y estamos trabajando para irlos sacando de estos territorios. Estamos trabajado en todo el estado”.
Respecto al mapa y diagnóstico de los grupos delictivos que se disputan el territorio, dijo: “Efectivamente, cuando yo he hablado de los grupos delictivos, he dicho que solamente en Acapulco contamos con más de 16”.
Reconoció que en el estado hay una disputa que lleva muchos años y que “se ha recrudecido desgraciadamente, pero estamos trabajando para irlos sacando e ir disminuyendo el índice de criminalidad; vamos a seguir atentos a las declaraciones y observaciones que nos hacen los diversos organismos y los actores que hacen vida en el estado”.
No obstante, rechazó que haya vínculos de las autoridades estatales con algunos de estos grupos, como coincidieron en señalarlo el obispo emérito Rangel Mendoza y Barrera Hernández.
“Por parte del gobierno del estado no hay vínculos con ningún grupo delincuencial. Lo ha sostenido la gobernadora y lo ha dicho con mucha firmeza, y nosotros estamos en esa misma línea; quien se involucre con grupos criminales lo hará bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad”.
Aseveró que si hubiese una vinculación de esta naturaleza, probablemente existirían otras condiciones, “pero no lo queremos, ni lo deseamos, me parece que estamos trabajando para imponer el estado de derecho, eso es lo que la gente necesita, no que haya una vinculación del Estado con los grupos criminales, porque ahí es donde se dan los problemas de la extorsión, cobro de piso y secuestros, cuando hay una connivencia y complacencia del Estado”.
Insistió: “vamos a seguir trabajando para que las instituciones de seguridad sirvan verdaderamente al pueblo”.
–¿Se ha hecho una revisión, como para estar tan seguros?
–Se hace siempre, recuerde que hay exámenes de control y con fianza, y cuando hay denuncias se hacen las investigaciones correspondientes. La Policía del Estado ha estado también en la rotación de sus mandos, ha estado buscando erradicar estas prácticas que se arraigaron dentro de los cuerpos policiacos, pero hoy tenemos muy clara la ruta, que es la del trabajo, el respeto a los derechos humanos, y servir a la gente, a la sociedad.
Respecto a su diagnóstico de la violencia que ha aumentado en Acapulco y en Chilpancingo en los últimos días, el funcionario explicó que muchos de los homicidios están ligados a la criminalidad, cobre todo por ajustes de cuentas, pero reconoció que otros, “desgraciadamente” han tocado a gente inocente.
Admitió: “Hay de los dos, hay muchos ligados a la criminalidad pero otras son víctimas colaterales de los conflictos que hay entre los grupos”.

Solución al caso de los desplazados

El funcionario dijo que al gobierno se le dificulta dar seguridad a los pueblos de la sierra porque son muchas comunidades y muy dispersas, “y es materialmente imposible” instalar una base para cada pueblo. “Lo que hacemos es una estrategia estableciendo puntos de control y rutas de recorridos”.
Explicó que pretenden ir poco a poco penetrando en el territorio, “junto con la Policía del Estado se ha estado implementando esta estrategia y se va a ir trabajando en ella”.
Informó que en el caso de las familias desplazadas de San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, que pedían que se atendiera el problema de seguridad, en la reunión del martes les informaron que ya había presencia en la zona desde antes que se desplazaran; “estaba la Policía del Estado junto con el Ejército”.
No obstante indicó que ellos están pidiendo una base permanente “y el Ejército nos está apoyando en las tareas de seguridad en la sierra, sin embargo, es muy complicado instalar bases en cada comunidad”.
Pero añadió que van a mandar a San Antonio de las Tejas grupos de la Policía del Estado con el apoyo de soldados “y vamos a ir valorando cómo se va desarrollando la seguridad en esta comunidad y en toda la zona en general”.
Dijo que es el mismo problema que plantean las 40 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, que la semana pasada pidieron también, la presencia del Ejército, pero aseguró que ya los hay, aunque “no en la forma de bases permanentes en cada comunidad, porque es materialmente imposible”.
Informó que para resolver el problema de la violencia en la sierra el Gobierno del estado está trabajando en un plan de desarrollo que pronto dará a conocer la gobernadora.
“Es un plan que incluye el tema social, de educación y de salud; el tema de seguridad es importante en estos momentos y se tiene que atender de manera inmediata para evitar la inseguridad y que se sigan dando los desplazamientos de más comunidades, pero también debe ir acompañado y de la mano de un proyecto social y es el que está trabajando la gobernadora”.
Explicó que el hecho de haber considerado a la sierra como octava región, no es solo un tema declarativo, sino que va a ir acompañado del rubro social.
“La gobernadora hará anuncios importantes en la próxima semana respecto de los apoyos que vienen para la sierra y de la estrategia que se va a estar implementando para poder generar mejores condiciones en esta región del estado”.
El secretario de Gobierno explicó que se trata del plan de desarrollo que han estado pidiendo los actores de la sierra para poder darles a las comunidades la atención que requieren.
“Estaremos dando atención al problema de educación y al de salud, que es bien importante y son los dos reclamos principales, vamos a trabajar también el tema de desarrollo social, y para ellos se está involucrando el programa Sembrando Vida”.
Declaró que es un trabajo que se está haciendo de manera integral y que es la gobernadora la que va a dar el anuncio en las próximas semanas.

Presiona grupo armado a vecinos de comunidades de la sierra de Chichihualco para que las abandonen

Niños hacen fila para recibir los alimentos, cocinados por mujeres, en el refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, donde llevan más de 20 días viviendo familias desplazadas por la violencia de la sierra -Foto: Jessica Torres Barrera

Civiles armados que operan en la sierra siguen presionando a pobladores para que abandonen sus comunidades del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), denunciaron desplazados recientemente y el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Desde la semana pasada habitantes de los pueblos de Los Morros, Carrizal, Campo de Aviación, Tres Cruces, Izotepec y La Escalera, Polixtepec y Corral de Piedra recibieron amenazas de que entrarían los comunitarios que se encuentran en Filo de Caballos, mientras y, simultáneamente, les hicieron llegar videos y fotografías de ejecuciones que están cometiendo en la zona para crear un ambiente de miedo y salgan las familias que aún quedan en esas localidades.
El director del Centro Morelos, Olivares Hernández, declaró ayer que el grupo de familias de Los Morros que llegaron el viernes al auditorio municipal de Chichihualco, sí son desplazadas por la violencia y rechazó las declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza, de que bajaron a cobrar su apoyo de Prospera.
Ayer, las familias que bajaron el viernes de Los Morros, después de caminar casi 10 horas, algunas mujeres con sus niños en brazos, permanecían en el auditorio municipal de Chichihualco. Con ellos a partir del viernes el número de desplazados aumentó a más de 500, y no son 70 como aseguró el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del tercer informe del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Aumenta el número de familias que salen de sus pueblos: Centro Morelos

Olivares Hernández declaró que, por el contrario, cada vez hay más familias que están saliendo de sus pueblos por amenazas de civiles armados, al parecer vinculados con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo que desde el 11 de noviembre tomaron Filo de Caballos.
El viernes, en un boletín de prensa el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, informó que de las 18 comunidades que conforman el municipio de Leonardo Bravo ha tomado el control de nueve de ellas y ofreció el retorno de las familias que han sido desplazadas por la violencia generada entre dos grupos del crimen organizado que se disputan la zona.
Sin embargo la coordinación de ese Frente se deslindó de “la guerra que mantienen” Juan Castillo Gómez, El Teniente, y Juan Guevara Rodríguez, El Jaleaco “ya que sus acciones obedecen a un problema de antaño que mantienen por rencillas personales entre estos dos personajes y gente que los sigue”, en aparente referencia a las ejecuciones que se están haciendo llegar mediante videos y fotografías a los pueblos de los que están saliendo más desplazados.
Ayer, desplazados que llegaron el viernes al auditorio municipal de Chichihualco contaron que entre el jueves y viernes hombres armados vestidos tipo militar, hicieron circular en redes sociales videos y fotografías de ejecuciones en dos sitios distintos que cometieron en la sierra e hicieron amenazas de que van a entrar en las comunidades.
Algunos de ellos insistieron en que los pistoleros están vinculados con la Policía Comunitaria que sigue en Filo de Caballos.
“Están utilizando una estrategia de terror para que las familias sigan abandonando los pueblos”, dijo ayer Olivares Hernández.
Los desplazados contaron que el miércoles fueron levantados un niño de 16 años de Carrizal y un adulto de 37 de Los Morros, y el viernes se difundió entre la gente de las comunidades un video de la ejecución de ambos.
El sábado, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó en un boletín que las víctimas son Gabriel “N” de 37 años, y Moisés de 18, ambos originarios de Chichihualco.
Pero sus familiares, aseguraron ayer el menor tenía 16 años y que era de Carrizal y la otra víctima era de Los Morros.
Contaron que desde el miércoles que desaparecieron estuvieron solicitando la intervención de la policía para que fuera a rescatarlos y que hasta informaron del lugar en donde podrían ser encontrados, pero denunciaron que la policía fue a levantarlos ya cuando había circulado el video de su ejecución.
“Ojala algún día se acabe este infierno, que Dios los perdone, y que a esta gente desplazada Dios las bendiga”, dijo uno de los desplazados al escuchar la historia.
El viernes también circularon fotografías de otra ejecución múltiple que habría ocurrido entre Izotepec y Filo de Caballos con un texto que informa de un enfrentamiento entre policías comunitarios de Heliodoro Castillo y pistoleros que fueron abatidos en esa zona. Según los testimonios allí habrían sido asesinados 13 personas, uno de ellos identificado con el alias de El Chaca y cinco de sus pistoleros.
El director del Centro Morelos, Olivares Hernández, dijo que por estas imágenes que se están enviando a los pueblos y las amenazas de que entrarán los comunitarios, las familias siguen abandonando sus comunidades, e insistió que las familias que llegaron el viernes a Chichihualco, sí son desplazados que llegaron de Los Morros.
“Se vinieron familias enteras, con sus niños, si vinieran a cobrar Prospera como dice el obispo, ¿para qué se traen a sus hijos?, son muchos niños”, insistió el director del organismo que ha sido designado por los desplazados como su representante.
“Yo no sé si el obispo tenga alguna otra información, pero para nosotros son desplazados, están en el auditorio y nos comentaron las circunstancias por las cuales se tuvieron que salir”, declaró.

Reunión con funcionarios del nuevo gobierno federal

Informó que el 27 de noviembre se reunieron con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del nuevo gobierno federal, a quienes le plantearon que una comisión interinstitucional a nivel federal venga a platicar con las familias de desplazadas, “que conozca la situación y firmen una minuta de acuerdos para asegurar su retorno a corto o mediano plazo a sus pueblos”, o, en todo caso, que vayan pensando en su reubicación, si es que el gobierno federal considera que es difícil pacificar la región.
Olivares agregó que esperan que en esta semana tengan una respuesta de los funcionarios con los que se reunieron.
Informó que la petición se hizo de manera verbal y después por escrito que enviaron vía correo electrónico.
Informó que la gente con la que platicaron reconoció que el desarme y el retiro de los policías comunitarios que tienen tomado Filo de Caballos, “no se puede resolver con un tronar de dedos”, que tiene que seguirse un proceso y que primero tienen que conocer bien cuál es la realidad y tener toda la información, porque la administración que salió no les compartió este tipo de casos.
Olivares agregó que con la información que vengan a recabar de manera directa van a poder implementar una estrategia de solución de este asunto.

Confirman nuevos enfrentamientos

Mientras tanto, representantes de los desplazados en el auditorio municipal de Chichihualco confirmaron mediante un boletín que hubo enfrentamientos “entre los grupos delincuenciales que pelean el control del territorio”, el martes 27 de noviembre, uno entre las localidades de Carrizal y Filo de Caballos, dejando como resultado, de acuerdo a lo publicado en las redes sociales 3 muertos y el otro enfrentamiento ocurrido el mismo día entre las comunidades de Los Morros y Campo de Aviación, sin aparente pérdida de vidas.
El boletín, firmado por Maricela Cástulo Guzmán, Mario Palacios Salgado, Alma González Solano y Crescencio Pacheco González, denuncia que esos nuevos enfrentamientos “nos muestra como la inacción o complicidad de las autoridades federales lleva como finalidad que el nuevo gobierno federal asuma el poder con un país hundido en una crisis humanitaria y en la ingobernabilidad”.
Asimismo, criticaron que “los intentos por deslindar a la pseudo policía comunitaria de estos enfrentamientos llevan como finalidad justificar su presencia ante la inseguridad que se vive en la zona, cuando todos sabemos que son estos sicarios comunitarios los que han tomado a sangre y fuego varias comunidades del municipio de Leonardo Bravo, apoyados por otros grupos de supuestos comunitarios de municipios como Apaxtla de Castrejón y Teloloapan”.
Insistieron que esto está obligando a decenas de familias a desplazarse y que a otras las retienen junto con los comisarios municipales de las comunidades “para usarlos en determinado momento como escudos humanos y para que digan que están de acuerdo con la presencia de los pseudo policías comunitarios”.
Denunciaron que “a pesar de la gravedad de la situación, la soberbia del gobernador se impone a mínimo raciocinio humano” y añadieron que la situación “debiera llevarlo a dar la cara y enfrentar la situación presentándose al auditorio municipal de Chichihualco a dialogar con las familias, víctimas de desplazamiento forzado y plantearles algunas propuestas de solución, pero por el contrario, como es su costumbre, delega esa responsabilidad en el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame, en el subsecretario de Desarrollo Político Martín Maldonado del Moral y en la delegada de Gobierno en la zona Centro Norma Yolanda Armenta Domínguez, quienes no tienen la capacidad para resolver este tipo de problemas”.
En su boletín, los representantes de los desplazados, demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que acuda a dialogar con las familias desplazadas y sus representantes y les ofrezca una estrategia de solución; que “los presuntos comunitarios” sean desarmados o replegados a sus municipios.
Asimismo, acordar con cada comunidad el número de elementos policiacos y militares que brindarán la seguridad en cada una de las comunidades; que se garanticen los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y al empleo a las familias desplazadas; que se evalúen las pérdidas que cada familia haya tenido en sus propiedades y posesiones para su reposición por parte del gobierno federal y estatal.
Además, que las autoridades federales garanticen la seguridad pública en la región, así como la investigación y sanción de los responsables de la violencia, estableciendo garantías de no repetición.
Además del cumplimiento irrestricto de la Ley 487 para la Atención y Prevención del Desplazamiento Interno y de la Ley General de Víctimas, y los estándares internacionales en la materia.

Confía el obispo Rangel en que AMLO cumpla con el desarrollo de la sierra y el caso Ayotzinapa

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, manifestó su confianza para que en este periodo de Navidad se pueda generar una “tregua” entre las organizaciones del crimen organizado en la zona de la sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco) y afirmó que después de que habló con las autoridades de Chichihualco algunos de los desplazados ya empezaron a regresar a la comunidad de Los Morros.
Consultado además con relación a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, monseñor Rangel confió en que cumpla poco a poco con sus promesas como el desarrollo de la sierra, la ayuda a los estudiantes de Ayotzinapa y voltear a ver a los pobres.
El clérigo fue abordado la tarde de ayer al término del foro Diálogos por La Paz realizado por la organización de las Américas para la Excelencia Educativa en las instalaciones de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En su intervención durante el foro, monseñor informó que el viernes subió a la sierra de Tlacotepec, sin embargo en las declaraciones precisó que fue a la comunidad de Vinatas, ubicada entre Tlacotepec y Filo de Caballos como parte de sus actividades pastorales para confirmar a varios vecinos de comunidades cercanas, donde la ceremonia la realizó sin problemas.
“Llegaron de muchas comunidades, lo que se me hizo curioso”, respondió el obispo al consultarle si en esa comunidades hay gente por los desplazamientos que se han dado en últimos días a causa de la inseguridad. Dijo que llegaron de poblados como Tlacotepec, Filo de Caballos y Verde Rico.
Se le consultó por el desplazamiento de 50 mujeres que llegaron caminando de Los Morros hacia la cabecera municipal de Chichihualco a causa de la violencia y una amenaza de la Policía Comunitaria de Tlacotepec de que iban a irrumpir en su comunidad.
Rangel Mendoza afirmó que ese desplazamiento de mujeres fue porque les iban a repartir recursos del programa Progresa.
Se le dijo que las mujeres habían denunciado que su desplazamiento a pie fue a causa de la violencia y las amenazas, y respondió que “no me di cuenta de ese dato, yo lo único que sé es que bajaron por Progresa y hoy subieron a Los Morros, fue la noticia que me dieron”.
A pregunta de los compromisos y acuerdos a los que se ha llegado entre grupos del crimen organizado en la zona de la sierra a un mes de terminar el año, el obispo señaló que ahorita “hay muchos oídos sordos desgraciadamente, yo no he podido dirigirme y habar con estas personas, y pues cada quién está defendiendo lo suyo y atacando lo suyo, y desgraciadamente no he podido tener en estos días ningún contacto con ellos”.
A pregunta de un reportero de la posibilidad de que para esta Navidad se pueda llegar a una tregua entre los grupos de la delincuencia organizada en la parte de la sierra del estado, monseñor Rangel afirmó que piensa que sí hay las condiciones.
Reveló que “un dato real que yo sí les puedo decir, es que yo hablé con las autoridades de Chichihualco y entonces me decían eso, que la gente (desplazada) ya empezó a subir a los Morros, y yo en lo personal pedí el apoyo de las autoridades para que fueran custodiados”.
Dijo que él tiene conocimiento de que bajó hacia Chichihualco mucha gente de la sierra para recibir los apoyos del programa Progresa, y que ayer que regresaron hacia sus comunidades, entre ésta Los Morros, iban a subir los desplazados, “ojalá que lo hayan logrado, hasta ahorita no estoy informado”.
Sobre la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y las expectativas hacia este nuevo gobierno, el obispo Salvador Rangel enfatizó que se tienen tantas esperanzas en este nuevo gobierno y confió que ojalá y todas sus promesas se vayan cumpliendo poco a poco con la ayuda de la ciudadanía, y citó el desarrollo de la sierra, la ayuda a los estudiantes de Ayotzinapa y voltear a ver a los pobres, “ojalá que esto realmente ayude en algo y vayan cambiando las conciencias”.

El Foro

Este sábado por la tarde en el auditorio de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se llevó a cabo el foro Mujeres en diálogos por la paz de la organización de las Américas para la Experiencia Educativa, en el que participaron el presbítero Salvador Rangel Mendoza, el periodista Sergio Ocampo Arista y el maestro normalista egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ángel Armando Francisco quien fue una de las víctimas de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre.
En las tres exposiciones se coincidió que las mujeres no podrían tener libertad bajo un sistema neoliberal que ha estado presente en México desde hace 36 años, además de que la paz sólo se podría lograr cuando exista la Justicia.
En su participación, el obispo Rangel Mendoza expuso que las mujeres deben de empezar a tener más poder político para que puedan participar libremente en asuntos sociales e institucionales.
“La mujer se debe entender como sujeto activo, ojalá que se les quede eso como sujeto activo, hace falta deconstruir la imagen de víctimas pasivas que tradicionalmente se les ha asignado para generar un espacio en el que las mujeres sean consideradas como sabias y con experiencias relevantes para la sociedad”, enfatizó.
Evidenció que en México y el estado se requieren de cambios que redefinan el lugar de los hombres desde una necesaria construcción de nuevas masculinidades, y aprovechó para recordar que en una de sus visitas a la sierra de Guerrero se topó con algunos campesinos que le decían: “yo le ayudo a mi mujer, le lavo los platos, le cambio al chamaco, me pongo a barrer”.
“Eso es muy importante, requerimos de unas nuevas masculinidades por lo que se debe de enunciar el orden patriarcal, eso sí se ha acabado, que relega a las mujeres en cualquier nivel, incluyendo la familia”, señaló.
Puntualizó que se debe de rediseñar otro tipo de familia en el que exista la igualdad y la colaboración, para que se realicen acciones educativas y divulgativas de cómo se educa a las personas.
Por su parte el periodista Sergio Ocampo Arista subrayó la importancia de la unión entre las organizaciones de mujeres feministas que luchan diariamente por mejorar sus condiciones de vida.
Enalteció la lucha a través de los años de las mujeres indígenas migrantes que en búsqueda de una mejor vida para sus hijos salen de sus pueblos y no dejan de trabajar para buscar mejorar su realidad.
Habló de la valentía de las mujeres que han sufrido de los desplazamientos a causa de la violencia, que a pesar de los hombres armados que llegan a sus comunidades en un caso específico una mujer les dijo que no les daría el gusto de salir corriendo.
Puntualizó que para lograr una paz en la que las mujeres puedan disfrutar de su total libertad se dará en la medida de que se deje las prácticas machistas entre los hombres y se empiece a ver la igualdad y equidad.
También el maestro normalista habló de la lucha de las madres de familia de los 43 normalistas que desaparecieron, de su contante labor y amor a sus hijos para buscarlos para exigir justicia.
Además puntualizó que en estos tiempos se requiere de una educación puntual entre los niños y que los padres sean ejemplo de buena conducta, así como no se debe de normalizar la violencia, porque al hacerlo se tolera se soporta y se vive bajo este dolor.

Hay menos desplazados en Chichihualco, pero no han regresado a sus pueblos: Centro Morelos

El 23 noviembre, un adulto mayor desplazado por la violencia de Filo de Caballos descansa en la entrada del auditorio de Chichihualco. Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, negó que grupos de desplazados de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) estén regresando a sus comunidades, como le dijo el alcalde de este municipio, Ismael Cástulo Guzmán, al obispo Salvador Rangel Mendoza.
Aseguró que la mayoría sigue en su calidad de desplazados porque el gobierno no les ha garantizado la seguridad en sus pueblos.
En cambio, ratificó que las familias desplazadas han quedado abandonadas por el gobierno del estado, como lo declaró el domingo el ex coordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, Crescencio Pacheco González.
La noche del domingo el obispo Rangel Mendoza dijo en su homilía que el alcalde Cástulo Guzmán le informó que algunos grupos de desplazados estaban regresando a sus comunidades, sobre todo los de la comunidad de Los Morros y que sólo quedaban las familias de Filo de Caballos.
“Eso es mentira”, aseguró ayer vía telefónica el director del Centro Morelos, organismo no gubernamental (ONG) que fue elegido por las familias desplazadas para que los represente en sus gestiones.
Recordó que para que las familias pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, el organismo propuso la firma de una minuta de acuerdos con el gobierno estatal, mediante el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, en donde se plasmaran los compromisos del gobierno del estado “para garantizar la vida y la seguridad de toda la gente que deseara regresar a su comunidad”.
Sin embargo, reiteró que el funcionario estatal se negó a firmar la minuta aun cuando en el contenido se daba cumplimiento a la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno.
Declaró que no se ha cumplido con las garantías mínimas de seguridad para el regreso de las familias, tampoco tienen garantías de alimentación salud, educación y empleo que establece la ley 487 para los desplazados por la violencia.
Insistió que en estas condiciones las familias no pueden regresar a sus casas y comunidades.
Reconoció que a diferencia de los primeros días, después del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo irrumpió en Filo de Caballos, y había de mil 600 a 2 mil personas desplazadas en el auditorio municipal de Chichihualco, ahora hay unas 500, pero no porque el resto hayan regresado a sus comunidades, sino porque algunos se fueron a vivir con sus familiares en varias ciudades del estado y otros están emigrando a otros estados.
Pero dijo que eso no les quita su calidad de desplazados porque siguen fuera de sus pueblos porque el gobierno no les cumplió con brindarles las garantías de seguridad.
Añadió que a 15 días de que fueron desplazados, hay desesperación entre las familias porque el gobierno les suspendió la ayuda desde la semana pasada. Dijo que tampoco cuentan con un interlocutor, “los padres de familia carecen de empleo para sostener a sus hijos, éstos no van a la escuela y tampoco tienen el servicio de salud”.
El defensor de derechos humanos expresó que el hecho de que haya disminuido el número de desplazados en el auditorio municipal, le resta presión al gobierno, “pero finalmente siguen siendo gente desplazada, a quienes no les ha resuelto su problema de fondo el gobierno”.
Añadió que las familias están buscando dónde establecerse por su propia cuenta porque no ven un compromiso serio y a corto plazo de los gobiernos estatal y federal para replegar y desarmar a los policías comunitarios que los desplazaron de sus comunidades.
Olivares Hernández comentó que por la disminución del número de desplazados el gobierno ha comenzado a desentenderse de esta situación, y que a partir del miércoles de la semana pasada es la población civil la que les está llevando víveres para su alimentación y ropa.
“La última vez que vimos que el gobierno estatal les trajo víveres fue el miércoles de la semana pasada, el mismo día que pagó un desplegado”, dijo Olivares en referencia a una publicidad pagada por el gobierno estatal en la que niega que haya omisión en el caso y acusa a Olivares Hernández de “disuadir” a los desplazados para que no regresen a sus pueblos y de provocar la segmentación del grupo.
Añadió que ese día por la noche personal del gobierno del estado llevó muchas despensas, cobertores, ropa y zapatos nuevos, “aparentemente para respaldar su inserción pagada trajeron mucho apoyo, pero fue la última vez que trajeron algo”, aseguró.
Pero replicó que ese apoyo no es una dádiva del gobierno, sino un derecho que tienen los desplazados que está establecido en la Ley del Desplazamiento Interno. Además, aclaró que no están aquí por gusto ni por voluntad propia, sino porque el gobierno no les garantizó seguridad en sus pueblos de los que se vieron obligados a salir.
“Yo creo que el derecho a la alimentación en esta situación de victimas tiene que ser algo diferente, pero lo que están comiendo diariamente es frijol, huevo y arroz que es la despensa clásica”.
Olivares añadió que para la solución del problema de fondo, la esperanza la tienen en las nuevas autoridades federales que entrarán este 1º de diciembre, “la única esperanza que tienen es para cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, creen que será cuando esto pueda resolverse”.
Informó que los desplazados no han decidido otras acciones como salir en comisiones a dependencias federales u organismos de derechos humanos, o manifestarse en otros lugares del estado porque se sienten muy vulnerables y temen que los repriman o queden más abandonados fuera de su territorio, “mientras que aquí, en el refugio, prácticamente se sienten en su casa”, expresó.

“Una grosería” acusar al gobernador y a él de proteger al crimen: edil de Chichicualco

El presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), el priista Ismael Cástulo Guzmán, declaró ayer que es “una grosería” y una versión vieja el señalamiento en lonas con narcomensajes encontradas en varias partes de la Ciudad de México, en las que lo vinculan a él, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a varios políticos de Guerrero con el Cartel del Sur.
Evadió contestar al señalamiento que hizo el gobernador en el sentido de que fue él quien acordó la ruta que tomaron los desplazados para regresar a sus comunidades el sábado cuando fueron atacados y obligados a regresar a Chichihualco. Declaró que no quiere entrar en contradicciones con el Astudillo porque “ya están avanzando las pláticas para resolver el conflicto”.
Este martes fueron colocadas mantas con un mensaje dirigido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y en las que acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores de brindar protección a una supuesta red criminal que involucra a políticos y funcionarios estatales y jefes militares, entre ellos al alcalde Cástulo Guzmán.
Consultado ayer por teléfono el alcalde declaró que ese es un asunto “ya rebasado” y que es lo mismo que se ha venido difundiendo desde hace tiempo en redes sociales, “pero para hacer groserías, cualquiera”.
Informó que esas versiones circulan desde cuando comenzó su lucha por la paz en la Sierra.
Adelantó que si se llegara el caso de que lo citen a comparecer ante las autoridades, “yo voy a decir que no sé nada de nadie y los que anden haciendo eso Dios que los bendiga, ellos saben su rollo”.
En cuanto a las declaraciones que hizo el gobernador el 20 de noviembre, de que fue él quien decidió la ruta que tomaron los desplazados en su regreso a sus comunidades el sábado y que fueron atacados en el camino, el alcalde se negó a responder.

Rechazan vínculos con la delincuencia

El martes, el vocero del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero Salvador Alanis, informó que los comisarios de cinco pueblos, entre estos el de Filo de Caballos, acordaron en una asamblea la permanencia de la Policía Comunitaria en la zona y que el comisario y los pobladores de Filo de Caballos acordaron que no regresen las 17 familias desplazadas de ese pueblo.
Al respecto el coordinador de los desplazados, Palacios Salgado, declaró vía telefónica que si tienen pruebas de que las 17 familias de Filo de Caballos son delincuentes, que presenten las denuncias para que haya un proceso legal en su contra por parte de las autoridades competentes.
Declaró que ellos (los policías comunitarios) no son autoridad para que los señalen: “aunque carguen un rifle y una playera que diga Policía Comunitaria, ellos no tienen autoridad para poner y señalar y encarcelar a la gente que ellos quieran”, expresó.
Añadió que los comisarios de cinco comunidades que supuestamente aprobaron la permanencia de la Comunitaria en Filo de Caballos están presionados, “si te pongo una pistola apuntándote a tu cabeza y te digo que voy a matar a todos tus hijos y a tu esposa, ¿qué harías?”.
Agregó que no se puede realizar una asamblea en la que no está la mayoría para que se aprueben los acuerdos, insistió en que no tiene lógica sus argumentos.
Demandó que si los comisarios no están presionados que les permitan salir a dar una conferencia de prensa a Chichihualco o a cualquier otra ciudad y hablen de la situación en que se encuentran ellos y los pobladores.
Dijo que por eso el sábado los comunitarios atacaron la caravana de los desplazados para que no llegaran y respaldaran a los comisarios y al resto de los pobladores que piden la salida de los comunitarios.
Rechazó que haya sido gente de Los Morros que apoya a los desplazados los que realizaron disparos para asustar a los desplazados y regresaran a Chichihualco.
“Nosotros que necesidad tenemos de hacer eso, si somos los que queremos regresar a nuestras casas, ¿crees que queremos estar sufriendo aquí, mientras nuestros animales, nuestras siembras y nuestros cultivos se está echando a perder porque ya vamos para quince días que no regresamos?.
Añadió que no tiene lógica que hayan sido partidarios de ellos los que dispararon para que se regresaran y no llegaran a sus pueblos.
El coordinador de los desplazados demandó a las autoridades competentes que pongan orden en esos pueblos y que se haga una investigación apegada a derecho para que se castigue a los realmente responsables de todos los hechos de violencia en la zona.
También insistió en que las autoridades estatales y federales intervengan para que salgan los comisarios de Filo de Caballos, Campo de Aviación, Puentecillas y El Ranchito a quienes los comunitarios tienen retenidos, para que den una conferencia de prensa y declaren abiertamente lo que están viviendo, pero que antes se ponga bajo resguardo a su familia que está a en riesgo.
Dijo que si realmente la Policía Comunitaria sabe quiénes son los delincuentes que están cometiendo los delitos en el corredor de Casa Verde a Filo de Caballos que pongan la denuncia correspondiente y que se actúe conforme a la legalidad, “y no solamente porque lo dice la gente que tiene interés del control de ese territorio”.
Palacios Salgado, declaró, además, que la ruta que tomó la caravana el sábado cuando regresaban a sus casas fue un acuerdo que tomaron en común los desplazados, las autoridades estatales encabezadas por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral y los militares.
“Las autoridades saben perfectamente cómo se tomó la decisión, se reunieron los coordinadores de los desplazados con Martín Maldonado, la delegada de Gobierno en la zona Centro Norma Yolanda Armenta y el Ejército mexicano y determinaron la ruta a seguir”, aseguró.
Sin embargo dijo que el subsecretario Martín Maldonado se está prestando al juego de los policías comunitarios y que está dialogando con esa gente armada, “cuando el Gobierno no tiene por qué hacer ese tipo de negociaciones, tiene que dialogar con las autoridades correspondientes que son los comisarios y los presidentes municipales”.
Acusó que el sábado al regresarse el subsecretario Martín Maldonado, después de que fue atacada la caravana, al dejar indefensos a los desplazados, éstos no podían arriesgar sus hijos y mujeres y que por eso se regresaron a Chichihualco, “por eso tomamos esa decisión, y no fue el alcalde Ismael Cástulo el que tuvo que ver en la ruta que se determinó seguir ni el que nos pidió que regresáramos. Nos tuvimos que mover nosotros mismos como pudimos por la ruta que conocemos y que creímos que estaba segura porque ya la hemos subido muchas veces”. (Zacarias Cervantes / Chilpancingo).

Protestas en Chilapa, Copala, Zihuatanejo y Atoyac para exigir maestros y mejores escuelas

Maestros de la secundaria Otilio Montaño, que pararon labores desde el inicio del ciclo escolar, bloquearon cerca de una hora la Autopista del Sol en la salida sur de la capital para exigir imparcialidad en el conflicto interno del plantel Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Padres y maestros de Chilapa, Copala, Zihuatanejo y Atoyac protestaron en estas ciudades para exigir docentes y mejores condiciones en los planteles de educación básica.
En Chilpancingo, maestros y padres que fueron reubicados después de la tormenta Manuel, de la comunidad San Marcos a Loma de Los Pinos, en el municipio de Chilapa, bloquearon el bulevar del río Huacapa, frente al Palacio de Gobierno y la lateral de la Autopista del Sol, para exigir 12 docentes que hacen falta en planteles de preescolar, primaria y telesecundaria.
Durante más de cinco horas, los manifestantes cerraron de manera total el paso vehicular en la zona al sur de la ciudad. Las encargadas de los tres niveles educativos dijeron que desde la contingencia de 2013 no cuentan con las condiciones óptimas para laborar en las escuelas, pues no hay servicios de luz y agua, mientras que los salones de clases están saturados. Además, hay pocos docentes para garantizar la educación de calidad que promueve la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por lo que unos 500 alumnos son afectados.
Una comisión de los inconformes fue atendida por funcionarios de la SEG, quienes entregaron 11 de los 12 docentes que solicitaron para la comunidad. También se acordó que se dará seguimiento a las demandas sobre la infraestructura de los planteles.
Integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por el subdirector de la secundaria Otilio Montaño, de la cabecera municipal de Copala, Alberto Castellanos Meza, bloquearon la Autopista del Sol en la salida al sur de la ciudad, para exigir imparcialidad en el conflicto interno.
Castellanos Meza declaró que desde que inició el ciclo escolar 2018-2019, maestros y trabajadores administrativos no se han presentado en el plantel; además de que aún no se da a conocer el resultado de la auditoría que se le aplicó como director de la secundaria, por lo que consideró que la SEG debe hacer una visita oficial para informar a los padres de familia sobre la situación.
Los inconformes fueron atendidos por una comisión, que acordó que funcionarios de la dependencia se presentarán mañana en el plantel para resolver el conflicto.
En Zihuatanejo, padres de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada cerca de la unidad habitacional Infonavit La Parota, cerraron el plantel y luego, durante 40 minutos, tres oficinas del gobierno del estado, así como la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Las Palmas, para exigir tres maestros.
Los inconformes fueron atendidos por el delegado de la SEG en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, quien les aseguró que este jueves llegarían a la escuela dos maestros, contratados por seis meses, para que atiendan a los alumnos de tercero y cuarto grado; así como también hizo el compromiso que a la brevedad les harán llegar al maestro de educación física.
En Atoyac, padres de familia de la primaria ubicada en la comunidad Cacalutla, cerraron la primaria rural Juan R. Escudero, para exigir tres maestros que faltan desde hace dos años. Debido a la protesta, 185 alumnos fueron afectados.
La presidenta del comité de padres de familia dijo que la situación se agudizó desde hace dos años, cuando fue cambiada la maestra Esbeydi Ramos por el director de Primarias, Práxedes Mojica, sin que este cambio haya sido avalado por el director del plantel; así como otro maestro, que atendía el quinto grado, fue retirado del grupo para incorporarlo a labores administrativas en la supervisión. Los inconformes advirtieron que si las autoridades no dan una respuesta favorable, seguirán con las protestas.

Niegan entrada a idóneos en el CBTA de La Unión

Desde el lunes de esta semana, maestros y trabajadores administrativos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 177, ubicado en la cabecera municipal de La Unión, no permiten la entrada a dos maestros idóneos. Los padres señalaron que no fueron informados del motivo por el que sus hijos no están recibiendo clases.
El señor José Antonio López Salazar, vecino de la cabecera municipal, dijo que desde el lunes, un grupo de maestros y trabajadores administrativos se mantienen en la puerta de la escuela, para no dejar entrar a dos maestros “y ni a la directora”, pero que como padres de familia no cuentan con más información, porque no han sido convocados para saber el motivo de la inconformidad, “sólo sé que mi hijo no está teniendo todas las clases y que por eso en estos tres días ha salido temprano”.

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas: ONU

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas, dice Relatora especial de la ONU

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz hace público su informe sobre su visita a México del 8 al 17 de noviembre de 2017, informa Tlachinollan

Beatriz García

Chilpancingo

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público el informe de su visita a México, donde incluye a Tlatzala, municipio de Tlapa, y en el que destaca que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser prioritario, y requiere una reglamentación conforme al derecho internacional.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humano de la Montaña Tlachinollan expone que, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la relatorora hizo pública su visita a México del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
En el estado, la relatora visitó la comunidad nahua Tlatzala, donde se encontró con más de 300 indígenas de municipios de la Montaña y la Costa Chica.
En el informe, la relatora manifiesta los problemas de los pueblos indígenas, la necesidad de preservar y proteger las tierras, territorios y recursos.
Para la experta, éste es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas, y que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responden a sus necesidades y no se ajustan a las obligaciones internacionales de México.
Abunda que los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales.
“La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios… en numerosos casos, los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta”.

San Miguel del Progreso, ejemplo paradigmático de defensa legal de derechos territoriales

En su visita a Guerrero, escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder preso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
La Relatora especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y otorgamiento de permisos forestales.
“Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaria de Economía (SE) comentó el caso emblemático de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria, esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales”, indica el escrito.
San Miguel impugnó concesiones mineras en su territorio, así como la constitucionalidad de la ley minera.
Agrega que en esta lucha contra los megaproyectos, para la relatora la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización; y que esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados, a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
En el informe, Tauli-Corpuz resalta que, a las comunidades indígen de Ayutla de los Libres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación les validó la consulta para que en el proceso electoral local de este año se eligieran autoridades locales de acuerdo con sus usos y costumbres.

Preocupa a Tauli-Corpuz que desconozca a policías comunitarias la reforma constitucional

El comunicado añade que otro asunto relevante y preocupante es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas, por lo que la relatora hace un reconocimiento a pueblos y organizaciones que han presentado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad.
“Desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbre indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativas indígenas”, rescata el comunicado de las palabras de la relatora.
Además, Tauli Corpuz tuvo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de policías comunitarios acusados de diversos delitos.
En el comunicado se lamenta la decisión que tomó el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional, que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida, tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas, como por el fallecido antropólogo Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU.
Sobre la violencia, la impunidad y acceso a la justicia, la relatora comentó que México atraviesa una grave crisis de violencia y de inseguridad con niveles alarmante de asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
Por otro lado, la relatora se reunió con padres de estudiantes de comunidades indígenas, y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”.

El crimen organizado aumenta la vulnerabilidad de los pueblos, dice

Otra situación grave que recabó la relatora especial en Guerrero, es la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros y que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Pese a estos grupos, las autoridades impulsan proyectos sin atender el grave problema de la violencia.
Asimismo, para la relatora, los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación histórica y estructural han profundizado la marginación y pobreza multidimensional, así como la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados, manifiesta.
“En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Que son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial”.

Documenta violencia obstétrica y desatención a feminicidios, niños y jóvenes

También, la relatora escuchó varios testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la falta de sensibilidad de las autoridades para investigar y procesar a los responsables de delitos, y para tipificar los feminicidios.
Otra grave preocupación es la violencia obstétrica, ya que mujeres denunciaron negligencia, indiferencia y discriminación del personal de Salud, cuando requerían atención obstétrica, lo que tuvo como resultado algunas muertes y graves lesiones.
En la comunidad de Tlatzala la relatora habló con algunas mujeres que fueron víctimas de estas actuaciones indolentes de las autoridades de Salud.
Por otro lado, en el caso de niños y los jóvenes Victoria Tauli señaló que en Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento de niños y jóvenes por el crimen organizado, dada la ausencia de políticas de prevención del Estado y de oportunidades económicas, y que en regiones afectadas por el crimen organizado y el tráfico de drogas, quedan pocas opciones para los jóvenes, que frecuentemente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
Sobre las discriminación y acceso a la educación, citó que en Guerrero algunas comunidades indígenas han emprendido acciones legales para exigir la construcción de escuelas o para obtener un número suficientes de docentes.
En cuanto a los jornaleros agrícolas, constató que la mayoría proviene de estados sureños que trabajan en campos agrícolas del norte y que enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales y humanos; sufren graves problemas por exposición a agroquímicos, falta de seguridad social y servicios de salud, y en el caso de jornaleras, violencia sexual de los empleadores.
También expone que le preocupa la discriminación y la inadecuada atención a los centros de salud, en el caso de las mujeres embarazadas o de niños que han sufrido enfermedades o accidentes en los campos agrícolas.
Varios casos de la Montaña fueron presentados a la relatora por padres que perdieron a sus hijos al ser aplastados por un tractor cuando dormían a la orilla del campo agrícola.
Para la relatora especial, los indígenas afectados por desastres naturales enfrentan problemas particulares, y desarrollaron una propuesta integral que, con la provisión de recursos adecuados, podría brindar alimentos con pertinencia cultural y bajo el control de las mismas comunidades, pero autoridades estatales y federales no han tomado esta propuesta en cuenta y continúan promoviendo programas asistencialistas y sin pertinencia cultural.
El informe será presentado por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el trigésimo noveno Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 10 al 28 de septiembre de 2018.

Persisten desigualdad social y criminalización contra los pueblos indígenas de México: ONU

Otros problemas que enfrentan son desplazamientos forzados y discriminación, revela informe del organismo en el día internacional dedicado a las poblaciones originarias

César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma

Ciudad de México

Criminalización, desplazamientos forzados, desigualdad y discriminación, entre otros problemas, enfrentan los pueblos indígenas en México, concluye un informe de la ONU.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, hizo público ayer su informe final sobre la visita que realizó al país del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
Publicado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el informe critica que a pesar que desde 2003 el gobierno de México hizo compromisos en materia de derechos humanos, los indígenas no los gozan a plenitud.
“Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, indica Tauli, en el documento que presentará oficialmente en septiembre.
“A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”.
Estos problemas, agrega la relatora, se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas, lo que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
Para la especialista, la situación de los pueblos indígenas refleja la brecha que existe entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México.
“Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas”, sentencia.
Entre las recomendaciones que plantea, se encuentra reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales.
“Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia”, plantea.
“(El segundo,) adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales”.
Al dirigirse a los pueblos indígenas, Victoria Tauli los alentó a continuar desarrollando sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, con estándares internacionales.
El informe fue acompañado por un listado de 100 casos que la relatora recibió en su visita a México, sobre violaciones en 15 estados, principalmente Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Destacan la diversidad lingüística de México en la Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas

La representante de la UNESCO, Nuria Sanz, anunció que 2019 será un año precisamente dedicado a la multiplicidad de las lenguas originarias

Francisco Morales V. / Agencia Reforma

Ciudad de México

Boleros y sones en didxazá, el zapoteco de Valles, inauguraron la segunda Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
En voz de Natalia Cruz, acompañada por la Banda La Istmeña y el Ballet Folklórico Ñuu Savi, los cantos tradicionales de piezas como Naila y La llorona abanderaron a Oaxaca, el estado invitado de esta edición del encuentro de tres días.
Este miércoles, en el que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el evento organizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) destacó la diversidad plurilingüística nacional.
“Esta es una celebración importante porque permite la difusión y visibilización de la diversidad, pero, sobre todo, de la riqueza lingüística de México”, dijo en el acto inaugural la poeta didxazá Irma Pineda.
A decir de Juan Gregorio Regino, 23 lenguas indígenas de 16 estados de la República están presentes en las 85 actividades, entre conciertos, lecturas, presentaciones de libros y conservatorios, que forman parte del programa de la FLIN.
“Las lenguas indígenas son patrimonio de los mexicanos, nos dan sentido de pertenencia y es la riqueza intelectual más grande que aún tenemos”, destacó Regino.
Presente en la inauguración, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, habló de la intención del organismo internacional detrás de la instauración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
“La UNESCO no quiere celebrar este día sólo para que pensemos hoy en los pueblos indígenas. Todas las políticas culturales de la UNESCO, todas las políticas educativas y científicas intentan generar un diálogo de saberes transversales día con día a favor de la pluralidad”, enfatizó.
En su discurso, Sanz subrayó el plurilingüismo de México e informó que, para la UNESCO, el 2019 será un año precisamente dedicado a la diversidad de las lenguas indígenas.
También alertó sobre el riesgo en los que éstas se encuentran.
“Lo que es preocupante es que la disminución de las lenguas se acompaña del hundimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se acompaña de la invasión de sus tierras ancestrales, se acompaña del impacto cultural que representa las grandísimas infraestructuras”, lamentó.
Del 9 al 12 de agosto, la FLIN llevará a cabo sus actividades en las instalaciones del Cenart.
“Que esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales sea, pues, el despertador de la consciencia para seguir trabajando por que un día, en nuestro país, realmente se reconozca multilingüe y se consolide como un crisol de pensamiento”, deseó Irma Pineda, antes de que comenzaran los sones de su tierra.

Es un comando de 200 sicarios el que irrumpió en Corralitos y opera en la sierra, relatan

La guerra por el control del corredor de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) a Tlacotepec, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, ha llenado de temor de los habitantes y el desplazamiento de cientos de familias de las comunidades de esta parte de la sierra, que se encuentra en medio de una batalla entre dos grupos rivales de la delincuencia.
Corralitos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), es una de las poblaciones donde al menos 40 familias salieron como pudieron luego de que un grupo de sicarios vestidos de militar irrumpió ahí la mañana del sábado.
Los hombres armados atacaron a tiros dos viviendas donde quedaron muertos tres hombres. Una casa recibió más de mil disparos, es de concreto y de dos plantas, tenía una puerta blindada que no aguantó los disparos del grupo que presuntamente comandaba Juan Castillo, El Teniente. En esa casa se encontraron los cuerpos de dos hombres.
Algunos pobladores que omitieron su nombre por temor dijeron que “unos 200 hombres vestidos de militar y con armas largas llegaron (a Corralitos), atacaron las casas y hubo un enfrentamiento, quemaron dos camionetas (blindadas)” y decapitaron a uno de los muertos.
Testigos revelaron a El Sur que a los sicarios “los distinguía un pañuelo rojo amarrado en sus brazos derechos, eran en su mayoría jóvenes y algunos no parecían de la región”.
El lunes en la tarde un convoy de militares y policías estatales regresaron al poblado a levantar en grúas al menos tres carros que quedaron abandonados y baleados.
El pueblo estaba prácticamente solo, las casas con las puertas cerradas con candados y los animales dispersos en la comunidad.
Sólo unas cinco familias se quedaron, pero se estaban preparando para abandonar la localidad por el temor de nuevos enfrentamientos y la falta de seguridad porque “los policías se van, y sólo vienen después de que se arma el desmadre”, dijo un joven que observaba ayer desde lejos cómo los operadores de las grúas enganchaban los carros.
Policías estatales y militares recorrieron la comunidad y en la zona donde se dio el enfrentamiento encontraron una granada de fragmentación, y en la azotea de una de las casas hallaron otra.
En la calle principal del pueblo había por lo menos cinco casas que fueron allanadas, ropa tirada y puertas forzadas. Había tres viviendas destruidas y quemadas de las que aún salía humo.
También a mitad de calle dos camionetas blindadas estaban calcinadas, una de ellas modelo Tahoe y otra Cherokee, además de tres carros baleados.
Corralitos es la entrada al municipio de Heliodoro Castillo, el último poblado de Leonardo Bravo que cruza la carretera a Tlacotepec.
Es una comunidad pequeña, en su mayoría con casas de madera y techos de lámina rodeada de verdes pinos y famosa por la venta de duraznos que ofrecen a los automovilistas que pasan por la carretera.
En esta zona constantemente se han enfrentado el grupo de Isaac Navarrete, El Señor de la I, contra el de Juan Castillo Gómez, El Teniente, y Onésimo Marquina, El Necho.
Desde hace meses en esta zona alta de la sierra del estado los vecinos han denunciado la situación de violencia en la que viven, la falta de maestros y de doctores.
Además han manifestado su preocupación ante la caída en el precio de la goma de opio, que en menos de ocho meses bajó el valor del kilogramo de 18 mil a 8 mil pesos, lo que ha provocado una crisis económica en esta región donde más de 50 mil personas viven de la siembra de la amapola. La crisis del opio se deriva de la entrada al mercado estadunidense de un opiáceo sintético llamado fentanilo, con un costo más barato y con un efecto más potente que la heroína que se produce en la sierra de Guerrero. Ante esta crisis los pobladores temen que la violencia se incremente aún más en los próximos meses.

Se fueron 800 soldados

Un poblador de la comunidad de Filo de Caballos -que se encuentra a 5 minutos en vehículo de Corralitos-, platicó que desde hace dos semanas al menos 800 soldados que estaban en esa zona para erradicar plantíos abandonaron sus campamentos.
“Después de esa salida las cosas empezaron a cambiar, en los radios se escuchan amenazas de que van a entrar para reventar todo” mencionó.
El sábado en la mañana los poblados de Izotepec y Corralitos fueron atacados por el grupo que provenía de Tlacotepec.
En Izotepec se enfrentaron contra policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y en Corralitos con el grupo que controlaba el lugar, según el testimonio de un vecino.
En ese enfrentamiento murió el comisario Antonio Cruz de 50 años, hay versiones diferentes, unos señalan que murió por el fuego cruzado y otros porque estaba secuestrado. Un testigo señaló que el grupo armado se llevó el cuerpo y lo sepultaron en Corral de Piedra, municipio de Heliodoro Castillo.
Los otros dos cuerpos eran trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, pero en el poblado de Filo de Caballos vecinos y familiares los bajaron de la camioneta.
El lunes el mismo grupo que entró a Corralitos pretendía ingresar a Filo de Caballos, pero en el lugar conocido como El Chorrito ya los estaban esperando hombres armados.
Los vecinos dijeron que desde muy temprano se escucharon disparos y cuando “clareaba la mañana” vieron que había dos camionetas pintadas con los colores del Ejército.
En un principio pensaron que hubo un enfrentamiento con militares y como pasa siempre en estos enfrentamientos los pobladores se encerraron en sus casas.
En una de las camionetas clonadas que iba a entrar al pueblo la policía encontró una lista con nombres en los que destacaban el del candidato de la coalición PRI-PVEM a la alcaldía de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán y el de Arturo López Torres, padre de la candidata a diputada local por el distrito 19 de la coalición Por Guerrero al Frente, Yuritzia López Gómez.

“Que los cuiden sus comunitarias”, responde un policía

Durante el regreso del convoy de militares y policías en los poblados de Filo de Caballos, Campo de Aviación y Los Morros, los pobladores les pedían que se quedaran.
En Filo de Caballos tuvieron un dialogo con los agentes estatales, pedían su presencia y algunos policías respondían “ahora sí nos quieren, antes nos corrían, ahora que los cuiden sus comunitarias”.
El comisario de Filo de Caballos, pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente Enrique Peña Nieto, garantías de seguridad y la creación de un destacamento militar en la zona.
Entrevistado la tarde del lunes el comisario hizo responsable al gobernador, “de lo que llegue a suceder (en la sierra), si perdemos alguna vida o que haya un hecho lamentable, pedimos que nos apoyen”.
Adelantó que si continúa esta inseguridad “hay el riesgo de que la gente no salga a votar, que no emita su voto” en todo el corredor de la sierra.
El convoy dejó la zona de conflicto al caer la tarde, durante su salida los pobladores observaban afuera de su casa como si fuera un desfile.
“Ojalá y estos (grupos) se arreglen, ya no podemos vivir con miedo, los que tienen dinero o donde moverse se van, termina el relajo y regresan, pero los que no tenemos a dónde ir nos tenemos que aguantar, esperar como siempre, es un cuento de nunca acabar”, dijo una señora que observaba el paso de las camionetas de policías y militares.