Relatan víctimas de la guerra sucia asesinatos y torturas del Ejército en el Diálogo por la Verdad

Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, enjuga sus lágrimas mientras la consuela el comisionado Abel Barrera, en el segundo día de la mesa del Diálogo por la Verdad Guerrero, instalada por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia relataron entre lágrimas las violaciones que sufrieron de soldados del Ejército, y manifestaron en la Mesa del Diálogo por la Verdad Guerrero instalada por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), que con la reparación del daño las secuelas no se van a reponer.
“Justicia y verdad, cero impunidad”, “ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “justicia y verdad y no a la impunidad”, corearon las personas durante el término de cada participación en el auditorio de la Unidad Deportiva, (antes CREA) de Chilpancingo.
Iniciaron las participaciones sobrevivientes y familiares de la comunidad de El Quemado, municipio de Atoyac, quienes exigieron al gobierno federal la reparación del daño.
Arminda Morales Pano, hija de uno de los sobrevivientes, Blas Morales Salas, relató que en 1972 su papá se dirigía a la comunidad de Cacalutla, y ahí los militares lo detuvieron y lo golpearon junto a dos personas más.
Los llevaron a una cueva, los vendaron y no les dieron de comer. Después los subieron a una camioneta y se los llevaron, pero desconocía dónde estaban. Los militares los acusaban de pertenecer a la guerrilla.
Por su avanzada edad, su hija tuvo que relatar lo que Blas vivió. Dijo que su padre estuvo 28 días sin tener comunicación con su familia, “un día le dijeron que ya no anduviera matando guachos (militares) y que se pusiera a trabajar”, posteriormente los militares lo dejaron libre.
“El Quemado pide justicia y la reparación del daño porque ahí las detenciones fueron masivas”, manifestó Morales Pano.
“Hermanos, padecemos aquí el mismo dolor”, externó Saúl Martínez Palacio, una víctima indirecta, porque en ese periodo de la guerra sucia quedaron en la comunidad niños y ancianos, a los demás el Ejército se los llevó a la cárcel, donde fueron brutalmente torturados y otros están desaparecidos.
En El Quemado unos 90 campesinos fueron llevados a la cárcel acusados de pertenecer a la guerrilla del profesor rural Lucio Cabañas Barrientos, quien exigía mejores condiciones de vida para todo el país.
Externó que el gobierno busca la parte más débil y arremerió en contra de las familias que no tenían armas, y una de ellas fue la comunidad de El Quemado, de donde se llevaron a la cárcel a casi todo el pueblo.
Saúl Martínez Palacio dijo que las familias confían en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que son aliados del presidente de la República y de los comisionados de la Comisión para la Verdad, “esto será un gran mensaje para que el mundo sepa lo que pasó en El Quemado”.
En 1972 el Ejército era “bestial” y actualmente lo sigue siendo, porque pese a su uniforme sigue golpeando al pueblo y destruyendo a muchas familias, “los pobladores de El Quemado siempre han exigido justicia y reparación del daño, porque así nos den el dinero que nos den, estas secuelas no se van a reponer, las vamos a llevar hasta la tumba, es un trauma”.
Otra víctima indirecta, Bernan de Jesús Piza recriminó que les dieron poco tiempo para expresar sus sentimientos. Dijo que su padre fue asesinado por el Ejército cuando él tenía 10 años.
“Lo mataron sentado, quedó agarrado de un alambre. Mi papá era un hombre responsable con sus hijos y su esposa, no sufríamos, lo teníamos todo”, el hombre hizo una pausa y lloró al recordar a su padre.
Además pidió un minuto de silencio por los muertos y desaparecidos en el periodo de la guerra sucia. Solicitó que los hechos no se vuelvan a repetir por el Ejército.

El dinero “no puede sanar las heridas en el alma”

Otra familiar dijo que no pedía la reparación del daño, porque no hay dinero que alcance para sanar las heridas que les quedaron, “ni un peso puede sanar las heridas en el alma”.
Una víctima directa contó que el Ejército lo encarceló, lo torturó física y emocionalmente, todo el tiempo lo tiene en su mente, y que cuando su esposa lo buscaba porque no sabía dónde estaba, murió su hijo de seis meses.
“Ese es un dolor grande”, el adulto mayor comenzó a llorar, por lo que el integrante de la comisión y director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lo abrazó para tratar de tranquilizarlo.
Después contó que el Ejército no los dejaba que compraran muchos insumos de la canasta básica, porque pensaban que era para apoyar a la guerrilla.
En su intervención, la hija de Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas contó la historia entre su papá y su mamá, “esa historia de guerrilla y también de amor, esa historia de mucha lucha”.
Relató que a su madre le tocó vivir muchas cosas en la sierra, estuvo en muchos enfrentamientos a balazos, “vivió la guerrilla muy de cerca”.
Micaela lamentó que la lucha armada de su padre y de muchos otros que están vivos y otros muertos no terminó bien, “la familia de Lucio fuimos muy perseguidos y violentados, finalmente terminamos en las garras del Ejército y en las del mal gobierno”.
Un 27 de noviembre de 1974 fueron llevados al campo militar número 1, Micaela lloró, los presentes le aplaudieron para darle ánimos. Continuó y dijo que fueron secuestrados por el gobierno, estaban su abuela y su tía, quienes sólo por ser familiares sufrieron represiones.
“Sufrimos la desaparición forzada por parte del gobierno y del Ejército. Yo llegue al Campo (Militar) 1 a los dos meses de nacida, salimos de ahí gracias a Dios con vida”, relató.
Contó que para ser liberados su madre tuvo que estar sujeta al gobernador de aquel tiempo, “fue violada por él”, cuando salió del campo militar llevaba un hijo en su vientre, después lo tuvo y fue producto de una violación, el niño nació con malformaciones y a los seis meses de nacido murió.
Después su mamá le quiso cambiar el nombre porque fue amenazada que no se volvieran a inmiscuir con una guerrilla o una organización social, “mi mamá no me dejó ser ni jefa de grupo en la escuela, tenía mucho miedo”.
Entre lágrimas Micaela dijo que su madre se fue de migrante a los Estados Unidos, por lo que se sintió libre y comenzó a rendirle homenaje a su padre, de quien se siente orgullosa.
“Cuando se nombra la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero asesinaron a mi madre a balazos en la calle, saliendo de un templo Evangélico, es un dolor que no se pueden imaginar, porque mi madre sobrevivió a la tortura y unos bandidos la asesinaron porque creyeron que era un testigo fundamental para el esclarecimiento, y saber la verdad de los casos de la guerra sucia”, reprochó.
Desde el 2011 externó que ha vivió con más miedo de salir a la calle, de llevar a su hijo a la escuela, pero que de tres años a la fecha decidió no ser más una víctima, determinó ser una sobreviviente.
“Estoy aquí para dar mi testimonio, salir a la calle y contar lo que me pasó y lo que pasó con mi familia. Seguiremos exigiendo justicia pero ya me cansé de esperar al igual que ustedes, cuántos años hemos esperado, yo 48 y ustedes, es una lástima que no fuimos escuchados antes”, lamentó.
La hija de Lucio manifestó que se sentía en confianza de contar su testimonio porque “ustedes tienen relatos y han vivido la represión igual que yo”, como lo padeció con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex presidente Enrique Peña Nieto, “siempre han estado atrás de mí porque me ven como una amenaza, es todo lo contrario yo sólo reivindicó la lucha del maestro Lucio”.
Dijo que le duele cuando su familia le pregunta cómo han avanzado los casos de la guerra sucia y ella responde que no hay nada, “todavía quieren seguirnos escuchando que seguimos quejándonos de lo mismo, ya no, tenemos que hacer algo, pero para eso tenemos que estar todos juntos”.
En un comunicado se informó que el primer Diálogo por la Verdad reúne en Chilpancingo a más de 200 sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia.
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico recibió sus testimonios como parte de los trabajos de la Comisión para la Verdad.
En este ejercicio de construcción social de la verdad realizado los días 9 y 10 de diciembre, participaron con sus testimonios públicos integrantes de la familia Cabañas como Guillermina, Pablo y Erasmo, hermanos de Lucio Cabañas, Arturo Miranda, ex militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y Onésimo Sánchez, por mencionar a algunos.
“Para esta primera edición se convocó a más de 200 asistentes provenientes de seis de las ocho regiones que conforman el estado de Guerrero. Se escucharon públicamente los testimonios de 40 víctimas, sobrevivientes y sus familiares, quienes al mismo tiempo, remarcaron y reiteraron la confianza depositada, siendo su participación la prueba más fehaciente de las expectativas que se tiene en las personas expertas comisionadas, en la Comisión para la Verdad, e incluso, en el mismo gobierno”, se informó.
Además el equipo de investigación testimonial registró en forma paralela al evento y de manera privada, las narrativas de casi 60 personas de la sierra de Atoyac, cuyos relatos se retomarán para enriquecer su informe final.
Se indicó que en estos dos días de reivindicación, dolor y esperanza, se escuchó la memoria viva de personas que por más de cuatro, cinco y hasta seis décadas han buscado justicia para ellas, para sus familiares y comunidades.
“Estas historias han quedado registradas en la memoria colectiva de nuestro país, ya son parte del proceso de esclarecimiento de la verdad y de la construcción de una nueva narrativa para estos hechos”, se indicó.

 

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas: ONU

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas, dice Relatora especial de la ONU

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz hace público su informe sobre su visita a México del 8 al 17 de noviembre de 2017, informa Tlachinollan

Beatriz García

Chilpancingo

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público el informe de su visita a México, donde incluye a Tlatzala, municipio de Tlapa, y en el que destaca que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser prioritario, y requiere una reglamentación conforme al derecho internacional.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humano de la Montaña Tlachinollan expone que, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la relatorora hizo pública su visita a México del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
En el estado, la relatora visitó la comunidad nahua Tlatzala, donde se encontró con más de 300 indígenas de municipios de la Montaña y la Costa Chica.
En el informe, la relatora manifiesta los problemas de los pueblos indígenas, la necesidad de preservar y proteger las tierras, territorios y recursos.
Para la experta, éste es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas, y que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responden a sus necesidades y no se ajustan a las obligaciones internacionales de México.
Abunda que los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales.
“La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios… en numerosos casos, los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta”.

San Miguel del Progreso, ejemplo paradigmático de defensa legal de derechos territoriales

En su visita a Guerrero, escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder preso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
La Relatora especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y otorgamiento de permisos forestales.
“Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaria de Economía (SE) comentó el caso emblemático de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria, esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales”, indica el escrito.
San Miguel impugnó concesiones mineras en su territorio, así como la constitucionalidad de la ley minera.
Agrega que en esta lucha contra los megaproyectos, para la relatora la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización; y que esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados, a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
En el informe, Tauli-Corpuz resalta que, a las comunidades indígen de Ayutla de los Libres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación les validó la consulta para que en el proceso electoral local de este año se eligieran autoridades locales de acuerdo con sus usos y costumbres.

Preocupa a Tauli-Corpuz que desconozca a policías comunitarias la reforma constitucional

El comunicado añade que otro asunto relevante y preocupante es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas, por lo que la relatora hace un reconocimiento a pueblos y organizaciones que han presentado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad.
“Desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbre indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativas indígenas”, rescata el comunicado de las palabras de la relatora.
Además, Tauli Corpuz tuvo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de policías comunitarios acusados de diversos delitos.
En el comunicado se lamenta la decisión que tomó el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional, que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida, tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas, como por el fallecido antropólogo Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU.
Sobre la violencia, la impunidad y acceso a la justicia, la relatora comentó que México atraviesa una grave crisis de violencia y de inseguridad con niveles alarmante de asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
Por otro lado, la relatora se reunió con padres de estudiantes de comunidades indígenas, y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”.

El crimen organizado aumenta la vulnerabilidad de los pueblos, dice

Otra situación grave que recabó la relatora especial en Guerrero, es la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros y que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Pese a estos grupos, las autoridades impulsan proyectos sin atender el grave problema de la violencia.
Asimismo, para la relatora, los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación histórica y estructural han profundizado la marginación y pobreza multidimensional, así como la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados, manifiesta.
“En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Que son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial”.

Documenta violencia obstétrica y desatención a feminicidios, niños y jóvenes

También, la relatora escuchó varios testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la falta de sensibilidad de las autoridades para investigar y procesar a los responsables de delitos, y para tipificar los feminicidios.
Otra grave preocupación es la violencia obstétrica, ya que mujeres denunciaron negligencia, indiferencia y discriminación del personal de Salud, cuando requerían atención obstétrica, lo que tuvo como resultado algunas muertes y graves lesiones.
En la comunidad de Tlatzala la relatora habló con algunas mujeres que fueron víctimas de estas actuaciones indolentes de las autoridades de Salud.
Por otro lado, en el caso de niños y los jóvenes Victoria Tauli señaló que en Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento de niños y jóvenes por el crimen organizado, dada la ausencia de políticas de prevención del Estado y de oportunidades económicas, y que en regiones afectadas por el crimen organizado y el tráfico de drogas, quedan pocas opciones para los jóvenes, que frecuentemente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
Sobre las discriminación y acceso a la educación, citó que en Guerrero algunas comunidades indígenas han emprendido acciones legales para exigir la construcción de escuelas o para obtener un número suficientes de docentes.
En cuanto a los jornaleros agrícolas, constató que la mayoría proviene de estados sureños que trabajan en campos agrícolas del norte y que enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales y humanos; sufren graves problemas por exposición a agroquímicos, falta de seguridad social y servicios de salud, y en el caso de jornaleras, violencia sexual de los empleadores.
También expone que le preocupa la discriminación y la inadecuada atención a los centros de salud, en el caso de las mujeres embarazadas o de niños que han sufrido enfermedades o accidentes en los campos agrícolas.
Varios casos de la Montaña fueron presentados a la relatora por padres que perdieron a sus hijos al ser aplastados por un tractor cuando dormían a la orilla del campo agrícola.
Para la relatora especial, los indígenas afectados por desastres naturales enfrentan problemas particulares, y desarrollaron una propuesta integral que, con la provisión de recursos adecuados, podría brindar alimentos con pertinencia cultural y bajo el control de las mismas comunidades, pero autoridades estatales y federales no han tomado esta propuesta en cuenta y continúan promoviendo programas asistencialistas y sin pertinencia cultural.
El informe será presentado por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el trigésimo noveno Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 10 al 28 de septiembre de 2018.

 

 

 

Persisten desigualdad social y criminalización contra los pueblos indígenas de México: ONU

Otros problemas que enfrentan son desplazamientos forzados y discriminación, revela informe del organismo en el día internacional dedicado a las poblaciones originarias

 

 

César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma

Ciudad de México

Criminalización, desplazamientos forzados, desigualdad y discriminación, entre otros problemas, enfrentan los pueblos indígenas en México, concluye un informe de la ONU.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, hizo público ayer su informe final sobre la visita que realizó al país del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
Publicado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el informe critica que a pesar que desde 2003 el gobierno de México hizo compromisos en materia de derechos humanos, los indígenas no los gozan a plenitud.
“Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, indica Tauli, en el documento que presentará oficialmente en septiembre.
“A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”.
Estos problemas, agrega la relatora, se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas, lo que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
Para la especialista, la situación de los pueblos indígenas refleja la brecha que existe entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México.
“Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas”, sentencia.
Entre las recomendaciones que plantea, se encuentra reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales.
“Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia”, plantea.
“(El segundo,) adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales”.
Al dirigirse a los pueblos indígenas, Victoria Tauli los alentó a continuar desarrollando sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, con estándares internacionales.
El informe fue acompañado por un listado de 100 casos que la relatora recibió en su visita a México, sobre violaciones en 15 estados, principalmente Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Destacan la diversidad lingüística de México en la Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas

La representante de la UNESCO, Nuria Sanz, anunció que 2019 será un año precisamente dedicado a la multiplicidad de las lenguas originarias

 

Francisco Morales V. / Agencia Reforma

Ciudad de México

Boleros y sones en didxazá, el zapoteco de Valles, inauguraron la segunda Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
En voz de Natalia Cruz, acompañada por la Banda La Istmeña y el Ballet Folklórico Ñuu Savi, los cantos tradicionales de piezas como Naila y La llorona abanderaron a Oaxaca, el estado invitado de esta edición del encuentro de tres días.
Este miércoles, en el que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el evento organizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) destacó la diversidad plurilingüística nacional.
“Esta es una celebración importante porque permite la difusión y visibilización de la diversidad, pero, sobre todo, de la riqueza lingüística de México”, dijo en el acto inaugural la poeta didxazá Irma Pineda.
A decir de Juan Gregorio Regino, 23 lenguas indígenas de 16 estados de la República están presentes en las 85 actividades, entre conciertos, lecturas, presentaciones de libros y conservatorios, que forman parte del programa de la FLIN.
“Las lenguas indígenas son patrimonio de los mexicanos, nos dan sentido de pertenencia y es la riqueza intelectual más grande que aún tenemos”, destacó Regino.
Presente en la inauguración, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, habló de la intención del organismo internacional detrás de la instauración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
“La UNESCO no quiere celebrar este día sólo para que pensemos hoy en los pueblos indígenas. Todas las políticas culturales de la UNESCO, todas las políticas educativas y científicas intentan generar un diálogo de saberes transversales día con día a favor de la pluralidad”, enfatizó.
En su discurso, Sanz subrayó el plurilingüismo de México e informó que, para la UNESCO, el 2019 será un año precisamente dedicado a la diversidad de las lenguas indígenas.
También alertó sobre el riesgo en los que éstas se encuentran.
“Lo que es preocupante es que la disminución de las lenguas se acompaña del hundimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se acompaña de la invasión de sus tierras ancestrales, se acompaña del impacto cultural que representa las grandísimas infraestructuras”, lamentó.
Del 9 al 12 de agosto, la FLIN llevará a cabo sus actividades en las instalaciones del Cenart.
“Que esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales sea, pues, el despertador de la consciencia para seguir trabajando por que un día, en nuestro país, realmente se reconozca multilingüe y se consolide como un crisol de pensamiento”, deseó Irma Pineda, antes de que comenzaran los sones de su tierra.