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La Sedena ocultó, alteró y mutiló archivos de la guerra sucia, denuncia comisionado de la verdad

Recreación de los vuelos de la muerte. Gráfica de Rocío Urtecho, una de las ilustraciones del reportaje Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte, de Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles, de Fábrica de Periodismo, publicado en El Sur el 26 de noviembre de 2023

Ramón Gracida Gómez

En una conferencia virtual sobre la reconstrucción visual de los Vuelos de la muerte de la base aérea de Pie de la Cuesta, el comisionado de la Verdad, David Fernández Dávalos dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desacató la orden presidencial de abrir los archivos militares de la guerra sucia, los ocultó, alteró y mutiló.
Informó que el Ejército les entregó a los comisionados sólo la tercera parte de la versión testada de la investigación militar de 2002 que da cuenta del lanzamiento de personas al mar, y hace un mes les avisó que no iban a entregar el resto de los documentos porque inició una averiguación previa.
Alicia de los Ríos Merino, hija de una de las presuntas víctimas de Pie de la Cuesta y homónima de ella, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que reciba a los familiares de las víctimas, demandó el acceso a los archivos militares y la continuación de las inspecciones en Pie de la Cuesta y otras bases militares, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca se involucró en el trabajo de la Comisión de la Verdad.
El webinar comenzó a las 11 de la mañana de ayer, duró casi dos horas y fue transmitido en las redes sociales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Fue proyectado el video de la recreación audiovisual de los Vuelos de la muerte, del que informó El Sur el 25 de marzo y que se basó en la investigación militar de 2002 contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, al igual que en trabajos periodísticos y fotografías satelitales de Estados Unidos.
Uno de los comisionados del Mecanismo de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, David Fernandez Dávalos, hizo un repaso del trabajo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico desde julio de 2022 y los “muchos obstáculos” que tuvieron, pese al decreto presidencial que creó la Comisión la Verdad y los facultaba para consultar los documentos relacionados a las violaciones de derechos humanos de 1965 a 1990.
Los comisionados y la Sedena firmaron el compromiso de acceder a los archivos, “tengo que decir que al principio la Sedena mostró una disposición inicial a colaborar pasivamente; nos dejó entrar a los archivos, incluso pudimos entrar al almacén para saber qué había”, contó Fernández Dávalos.
Sin embargo, añadió, “esa colaboración pasiva se convirtió en una franca obstrucción; con esto, en nuestra opinión, el Ejército, la Sedena, estaba desacatando el decreto presidencial, las órdenes del comandante supremo (Andrés Manuel López Obrador) y también levantando los acuerdos que habíamos firmado y a los que habíamos llegado”.
Siempre hubo obstáculos, pero a partir de septiembre del año pasado “estas negativas a colaborar se multiplicaron, incluso, nos llegamos a dar cuenta nosotros, nuestras investigadoras e investigadores, que el personal militar del archivo o de los archivos incurría en prácticas de ocultamiento de información, que alteraban algunos de los expedientes, mutilaban incluso algunos archivos y llegaron a inutilizar parcial o totalmente algunos expedientes”.
El comisionado puntualizó que los militares “no actúan sin indicaciones superiores, es decir, de la cadena mando”, y su negación viola distintas leyes.
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico presentó alrededor de 150 solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 70 por ciento han sido respondidas de manera negativa.
De la solicitud a la investigación militar de 2002, la Sedena les dio una tercera parte de la versión testada y hace aproximadamente un mes les dijo que ya no les iban a dar el expediente completo porque se había iniciado una averiguación previa y el documento solicitado se volvía confidencial.
Los comisionados también solicitaron los nombres de las personas arrojadas al mar y la Sedena respondió “que no existe testimonio escrito sobre esto que hemos solicitado”.
Fernández Dávalos dijo que “los obstáculos que hemos encontrado son una muestra clara de que existen todavía dentro de la estructura del Estado, factores de persistencia que establecen vínculos con ese pasado infausto y con el presente violento que todavía nos agobia en el país”.
Alicia de los Ríos Merino, hija de la militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978 y uno de los casos mencionados en la recreación de los Vuelos de la muerte como posible víctima de este crimen, dijo que el video de 14 minutos sintetiza 46 años de búsqueda.
En la sección de preguntas, la historiadora hizo un llamado a López Obrador reciba a los colectivos de familias de desaparecidos para que conozca el balance que tienen de su gobierno y pedirle que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico acceda a los archivos militares.
Acusó que la FGR no acompañó el trabajo de la Comisión de la Verdad ni estuvo presente en ningún evento, argumentando autonomía, por lo que pidió que se le giren instrucciones a la Fiscalía y la Sedena para colaborar en los últimos meses de la Comisión de la Verdad y continuar con las inspecciones en el Campo Militar Número Uno y las bases de Pie de la Cuesta y Culiacán.
Irma de los Ríos Merino, hermana de la víctima de desaparición forzada, agradeció entre lágrimas el trabajo de la recreación audiovisual, y otra de las hermanas, Irene, pidió al nuevo gobierno que dé continuidad a la búsqueda de los desaparecidos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos, dijo que la investigación militar de 2002, “nunca debió realizarse en el fuero castrense por la naturaleza propia del crimen y por la afectación que generó al derecho a un juicio imparcial, independiente, en razón de la naturaleza que en democracia debe tener la jurisdicción militar, esto es, una jurisdicción de alcance excepcional, acotada y limitada”.
César Contreras León, del Centro Prodh, fungió como moderador del webinar y dijo que si el Ejército no reconoce estos crímenes será difícil que las nuevas generaciones vivan en un México en paz y sin violaciones a los derechos humanos.
Evan Grothan, del Situ Research, el grupo de investigadores encargado de la reconstrucción visual de los Vuelos de la muerte, explicó cómo llevaron a cabo la reconstrucción de la base aérea de Pie de la Cuesta a partir de fotografías satelitales y en particular, de una foto de una estructura conocida como Bungalow, donde estaban recluidas las víctimas antes de ser ejecutadas lanzadas al mar.
Después de la conferencia virtual, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico recapituló en su cuenta de X (antes Twitter) las fechas del proceso de la solicitud de información que comentó Fernández Dávalos de la investigación militar de 2002, el requerimiento de la FGR de una copia de este documento por el que se le consideró reservado y el recurso de revisión del Mecanismo que aún continúa; pide a la Sedena abrir sus archivos.

Debe integrarse la investigación de los vuelos de la muerte al expediente de la FGR: Octaviano Gervasio

El 19 de febrero de 2020, Octaviano Gervacio Serrano hijo del desaparecido Octaviano Gervacio Benítez, integrante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaprecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac, entregó un documento en la 35 Zona Militar, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, en el que familiares piden que se den a conocer archivos del Ejército del periodo de la guerra sucia Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Ramón Gracida Gómez

El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano declaró que la investigación militar de hace más de 20 años y que dio a conocer recientemente el reportaje sobre los vuelos de la muerte, no está integrada en las averiguaciones previas que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los desaparecidos de la guerra sucia.
El también asesor jurídico acusó que los casos de los desaparecidos no avanzan porque las instituciones no se coordinan, los agentes del Ministerio Público que llevan las averiguaciones fueron despedidos y reducidos a cuatro, y los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo se presentan y no piden información para continuar la investigación.
Octaviano Gervasio, hijo de un desaparecido en 1974 posiblemente llevado a la Base Aérea de Pie de la Cuesta consideró que es “complejo” buscar a las víctimas lanzadas al mar y aún más si no hay voluntad del gobierno federal, pero la investigación debe continuar con el acceso a los archivos militares y la comparecencia de los perpetradores.
El trabajo de Fábrica de Periodismo y publicado por El Sur se basa en gran parte de las declaraciones del militar y mecánico de aviación, Margarito Monroy Candia, que participó como testigo en el juicio contra los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, que se llevó a cabo entre el 2000 y 2002.
Con la lectura del reportaje, contó el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, con un tono de voz entrecortado, diferente al del resto de la llamada telefónica de 30 minutos, “todos nos pusimos muy mal la verdad como hijos de los desaparecidos; coraje, mucha maldita rabia”.
Octaviano Gervasio es hijo de Octaviano Gervasio Benítez, que fue detenido-desaparecido de manera forzada el 26 de julio de 1974, en el centro de Atoyac, sobre la calle Juan N. Álvarez, y luego trasladado al cuartel militar, que hoy es la Casa del Pueblo, sede del Ayuntamiento.
El hijo del desaparecido expuso que hay indicios de que su padre fue trasladado al Campo Militar No.1 y luego fue regresado a Guerrero, a la Base Aérea de Pie de la Cuesta, entonces existe una “alta probabilidad de que, mediante estos vuelos de la muerte, fue lanzado al mar, por eso para nosotros es una línea de investigación fundamental”.
El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia aglutina a 120 víctimas directas de la guerra sucia, 40 de ellas son por desaparición forzada. De esta última cifra, comentó su presidente, el 80 por ciento tendría el mismo circuito de desaparición que incluye Pie de la Cuesta.
“Da también mucha rabia que este gobierno del Estado mexicano siga con la maldita simulación y vamos a ir con todo hasta conocer la verdad, no nos importa si en un momento nos convertimos en enemigos del Estado mexicano y suframos represiones porque hoy en día exigir justicia es convertirse en enemigo del Estado mexicano”, agregó.
Octaviano Gervasio consideró que las declaraciones de Margarito Monroy son “muy importantes para el esclarecimiento de los hechos y éstos tienen que ser incorporados a las averiguaciones previas que están vigentes de cada uno de los desaparecidos, que está en la Fiscalía General de la República”.
El asesor jurídico señaló que la declaración del militar citado en el reportaje de los Vuelos de la muerte no la ha visto en ningún expediente de los casos de desaparecidos que lleva, por lo que exigió que debe ser integrada.
Comentó que no han podido hablar con el fiscal Alejandro Gertz Manero, “no ha dado la cara”, y que han sido despedidos los ministerios públicos encargados de las averiguaciones previas de los desaparecidos de la guerra sucia, algunas de éstas integradas de manera individual y otras colectivas, “y hoy son atendidos por tres o cuatro ministerios públicos federales. Eso es terrible, ¿no?”
Acusó que no hay coordinación entre las FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ocasiona que no avanzan las averiguaciones previas y “está todo parado”.
Expuso que intentaron involucrar a los asesores jurídicos de la CEAV, pero “nos dimos cuenta que solamente nomás iban a las comparecencias, entregaban su cédula y se daban de presente y no hacían ningún uso de la voz en las comparecencias, no solicitaban ningún dato de investigación que llevara al acceso a la verdad”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos contó que algunos asesores jurídicos de la CEAV les confesaron que si realizaban tal acción los iban a despedir, y de hecho han despedido “constantemente”.
Sin embargo, “hemos logrado que se realicen algunas diligencias de investigación básicas que no se habían realizado, como por ejemplo, pues la criminalística de campo, inspección del lugar de los hechos, que algunos testigos comparezcan a declarar”, destacó.
Octaviano Gervasio consideró que la investigación de los vuelos de la muerte es “compleja, más aún cuando no existe la voluntad del Estado mexicano”, pero se debe seguir con la investigación de los archivos y citar a comparecer a los probables responsables.
“Yo considero que es complejo por lo menos encontrar los restos, o sea, eso se ve y lo reconocemos que se ve complejo, pero lo que sí se puede lograr, es decir, sí efectivamente fueron lanzados al mar y fulano de tal fue llevado de aquí para allá y para allá y para allá, y fue ejecutado por este elemento militar”, indicó.
Resaltó que el reportaje indica que los militares les tomaron fotos a las víctimas antes de ser lanzadas al mar, “o sea, ellos tienen esos archivos; lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que ha hecho en esta administración federal, él se ha dedicado a defender a ciegas a elementos criminales del Ejército”.
Acotó: “todos los familiares directos de los desaparecidos, casi por naturaleza no pertenecemos y nunca hemos limitado en ese partido del PRI porque precisamente bajo esos regímenes priistas se cometieron estos terribles hechos. El 100 por ciento pertenecemos a la izquierda”.
Consideró los crímenes de la guerra sucia equiparables a los actos de Adolfo Hitler en Alemania y en Europa, “sí, aunque parezca increíble, insólito, es la verdad en el municipio de Atoyac de Álvarez, y sus comunidades, y Tecpan de Galeana”.
Sin embargo, insistió, “ha habido una simulación por parte del Estado mexicano, simulan que están haciendo el trabajo para darle el acceso a la justicia las víctimas de estos terribles hechos, pero es una simulación aberrante. Nosotros nos hemos tenido que ir abriendo pasos en un camino lleno de espinas”.
Dijo que el Colectivo de Esposas e Hijos quiere que se conozca la verdad de los hechos y que se castigue a los responsables “porque hay muchísimos” y puso de ejemplo a Margarito Monroy si es que aún viviera. Sin embargo, reprochó, la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh), no les ha informado que haya citado a un solo militar hasta el momento.
Aun así, se ha avanzado en la identificación de las siete víctimas encontradas, con la participación del colectivo de Esposas e Hijos, en fosas clandestinas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso en septiembre pasado.
Octaviano Gervasio adelantó que “prácticamente en días” se realizará la entrega digna de los restos a los familiares. Y las carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General del Estado (FGE) serían atraídas por la FGR para que se puedan judicializar.

 

Se deben tener más pruebas de los vuelos de la muerte y seguir buscando a desaparecidos en otros sitios: Tita Radilla

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla,< en el foro Desaparición e impunidad en México, el 28 de enero de 2019 Foto: Jessica Torres Barrera

Ramón Gracida Gómez

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, consideró que es importante tener más pruebas sobre los vuelos de la muerte, pero no hay suficientes agentes del Ministerio Público para todos los casos de la guerra sucia y tampoco ha continuado la búsqueda en otros posibles sitios de entierros clandestinos.
La hija de Rosendo Radilla Pacheco, emblema de las desapariciones de la contrainsurgencia de los años 70, contó que, de la investigación militar de los primeros años del siglo XXI, Afadem conoció una lista de más de 100 nombres de víctimas tiradas al mar, entre ellas su papá, pero no hay pruebas que respalden esta información y además constató que 8 personas seguían vivas.
Dijo que la investigación en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, fue “a medias” porque se les quiso responsabilizar de todo, pero el ocultamiento de la verdad persiste y la razón, señaló, es por la protección del “prestigio” del Ejército.
El Sur publicó el 27 y 28 de noviembre un extenso reportaje en dos partes sobre los vuelos de la muerte, firmado por los periodistas José Reveles y Jacinto Murguía para el medio digital Fábrica de Periodismo, que dio a conocer detalles sobre la investigación militar a principios del siglo XXI, en el gobierno de Vicente Fox, en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
Consultada al respecto, la dirigente de la Afadem Tita Radilla opinó vía telefónica: “nosotros sabemos desde hace mucho tiempo de que eso ocurrió, de los vuelos de la muerte, aunque no teníamos una explicación tan detallada como ahorita lo mencionan esos reportajes”.
La hija de Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974 reveló que 11 personas de la Afadem fueron citadas a declarar en la Procuraduría Militar por la investigación, pero no acudieron al llamado porque “nuestros familiares no eran militares y tampoco tenemos nada que ver con la justicia militar, sino que ahí los mencionamos porque es su responsabilidad, ellos lo hicieron, ellos se los llevaron”.
De esta investigación militar, la organización de víctimas de la guerra sucia conoció una lista de más de 100 presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. “Pero nosotros pudimos ver que había ocho personas que estaban anotadas ahí, pero que estaban vivas. En la lista estaba la maestra Alejandra Cárdenas, su esposo, Juan Vargas Pérez, Zacarías Barrientos Peralta”, entre otros, compartió Tita Radilla.
La activista consideró que es importante conocer más de los vuelos de la muerte y tener pruebas porque en esta lista también estaba el nombre de su papá Rosendo Radilla, pero faltan pruebas que digan “que él fue arrojado al mar”.
“Se habla de la foto del recuerdo, de que les iban a tomar la foto del recuerdo y pues seguramente se les tomaba la fotografía y debe de haber, pero los archivos están cerrados, el acceso a los archivos militares han estado cerrados desde siempre para nosotros”, enfatizó.
–¿En qué punto estamos de la investigación sobre la guerra sucia y qué valoración tiene usted de la Comisión actual y de la investigación que pudiera estar corriendo actualmente?
–Es difícil la pregunta porque la Fiscalía la verdad que no ha participado con esa Comisión de la Verdad. Nosotros estuvimos en el Campo Militar número uno y no estaba la Fiscalía, entonces lo que se ha hecho es tratar con la Comisión Nacional de Búsqueda.
“No hay ministerios públicos, no hay autoridad judicial que pueda ver lo de las evidencias, porque si se encuentra una evidencia y no hay un Ministerio Público que tome eso”, dijo Tita Radilla.
Expuso: “Entonces ésa ha sido una de las limitantes que ha tenido esta Comisión de la Verdad, el no tener a la Fiscalía actuando porque eso es más importante para nosotros como familias, saber qué pasó con ellos (los desaparecidos), dónde están, qué les hicieron, entonces es muy complicado no tener una Fiscalía”.
Señaló que el proyecto de la Comisión de la Verdad incluía la propuesta de una Fiscalía, pero aún no se ha creado y consideró que la información de los vuelos de la muerte está oculta en los archivos militares.
Recordó que los propios comisionados han denunciado el ocultamiento de la información, “yo creo que no solamente es eso de los vuelos de la muerte, sino que hay sitios, hay lugares donde los tuvieron, donde probablemente pueda haber fosas, enterramientos clandestinos en lugares, entonces eso tendría que verse”.
Mencionó que se han realizado seis diligencias de excavación en el campo de tiro del ex cuartel militar de Atoyac, que ahora es la Ciudad de los Servicios, la última entre abril y mayo de 2019, pero se realizó la mitad de lo programado por la falta de recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Desde entonces no se ha realizado otra excavación y no se tiene planeada otra próximamente, “nada, nada, nada, nosotros hemos insistido muchísimo con el Ministerio Público que lleva varios casos de los que nosotros tenemos”, reclamó Tita Radilla.
Dijo que la pandemia del Covid-19 “les vino como anillo al dedo porque de ahí se agarraron y ya no realizaron ninguna diligencia, no ha habido ninguna investigación” y la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva los casos de la guerra sucia tuvo una reducción de personal de 12 o 14 ministerios públicos a dos solamente.
El reportaje escrito por los periodistas Jacinto R. Munguía y José Reveles señala que la investigación del Ejército sobre los vuelos de la muerte fue un suceso insólito y Tita Radilla consideró lo mismo, pero agregó que la investigación se realizó “a medias, pues quizás sólo quisieron fincar responsabilidad en contra de esos dos generales como para echarles la culpa de todo y salir como que ellos fueron directamente”.
Quirós Hermosillo murió de cáncer en la prisión en 2006 y Acosta Chaparro salió de la cárcel por falta de pruebas en 2007 y fue asesinado en abril de 2012. A pesar de la muerte de los dos generales, el ocultamiento de la verdad persiste.
Tita Radilla consideró que “es por la protección al prestigio de la institución como tal, no son las personas; porque finalmente, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, trataron de fincar responsabilidad a ellos, pero yo siento que solamente era para hacer como que están haciendo y finalmente no importa una o dos personas, sino el prestigio de la institución como tal”.
Porque no fue una persona, agregó la activista, “sino que el mismo presidente de la República, Luis Echeverría, y otros, son parte de ese genocidio que ocurrió en ese tiempo, entonces yo creo que el prestigio es lo que más se protege”.
El reportaje da cuenta de 350 personas tiradas al mar en 54 vuelos realizados desde Pie de la Cuesta entre los años 1974 y 1979. En cuanto a la cifra de víctimas, Tita Radilla dijo: “yo creo que es demasiado porque siento que quizás lo hicieron con la intención de que se diga que todas las personas se arrojaron al mar”.
“De que se atrevieron a hacer eso, lo hicieron, pero yo supongo que no en una cantidad así como la mencionan tan fuerte, tan grande, no creo que hayan sido tantas personas arrojadas al mar”, reiteró.
La Afadem tiene registradas más de 600 personas desaparecidas de Guerrero durante la guerra sucia, de las cuales casi 400 son de Atoyac. Tita Radilla indicó que la cifra ha aumentado porque más personas han denunciado desapariciones con la actual Comisión de la Verdad.

Debería haber un acto de contrición del Ejército por lo que hizo en el pasado: Carlos Pérez Vázquez

Ilustración: Rocío Urtecho

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El caso de los vuelos de la muerte es un eslabón más de la larga cadena de abusos de parte de las fuerzas armadas, la cuales tuvieron un punto muy relevante –en términos históricos– durante la guerra sucia, considera Carlos Pérez Vázquez, experto en temas de justicia y derechos humanos.
En un lapso de cinco años, de 1974 a 1979, el Ejército mexicano “realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, una operación mediante la cual cientos de mujeres y hombres que habían sido ejecutados momentos antes con un disparo en la nuca fueron lanzados al océano Pacífico, aun cuando algunas todavía vivían”, como consta en el reportaje de Fábrica de Periodismo publicado por El Sur el 27 de noviembre pasado.
“Con base en documentos de una investigación militar celosamente guardada durante más de 20 años, que incluye testimonios directos de los militares que participaron en ese tipo de vuelos, es posible acercarse por primera vez al número real de guerrilleros y disidentes políticos ejecutados extrajudicialmente por el Estado mexicano durante esos años de la guerra sucia”, reveló el texto titulado “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte”.
Ante la evidencia oficial que confirma esos hechos, la indignación siempre es la primera impresión, enfatiza Pérez Vázquez. “Es imposible no sentirse indignado. Los vuelos de la muerte son un fenómeno del que se ha hablado ya, uno sabía que existían, de alguna manera era un poco el conocimiento clandestino, de boca en boca. Pero ya viéndolo reflejado en un reportaje tan bien armado, respaldado y documentado, pues lo primero que causa es indignación.
“Luego, uno esperaría que generara sorpresa, pero no genera porque uno sabe perfectamente que esto es solamente un episodio más, un eslabón más de la larga cadena de abusos por parte de las fuerzas armadas, en particular el Ejército, que sí, que tuvieron un punto muy relevante, históricamente hablando, durante la guerra sucia”.
El ex integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, insiste: “En el funcionamiento permanente de las fuerzas armadas hay innumerables episodios de abuso, arbitrariedad, que involucran homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desde después de la Revolución mexicana hasta la fecha.
“La democracia que creíamos nosotros era un sistema electoral simulado, todo lo que llamó (Mario) Vargas Llosa la dictadura perfecta. Sí, al igual que una dictadura militar como pasaba en Argentina o Chile o Brasil, en México los militares pueden hacer esto con total impunidad como lo hicieron.
“Entonces, no genera indignación, no genera sorpresa, pero al mismo tiempo, dentro de todo, hay un atisbo de esperanza a partir del texto, porque permite entrever rutas hacia el futuro para tratar de seguir desenredando la maraña”.
Una narrativa nacional
para un futuro diferente

El Ejército mexicano está empoderado, cada vez con más facultades; tiene las armas, el dinero y los intereses que representa, advierte el también abogado.
“Uno podría esperar una postura del Ejército ante este reportaje, ante este tipo de información, que ya es sólida, es incuestionable, y hasta el día de hoy, digo, acaba de salir pero no ha habido un desmentido oficial” del lado de los militares, “lo cual habla de que deberán estar calculando qué hacen, si lo dejan pasar o si dicen algo”.
–¿El Ejército debería de perdir una disculpa? –se le pregunta a Pérez Vázquez.
–El reportaje, el documento, es lo suficientemente fuerte como para hacernos pensar en que lo mínimo que debería seguir hacia el futuro es un acto de contrición por parte de las fuerzas armadas respecto a lo que hicieron en el pasado y que explica en buena medida el lugar en el que hoy se encuentran. Un acto en el hagan un reconocimiento público de lo que hicieron. Al menos que se disculpen por las muertes que ocasionaron, que lo reconozcan, pues, ese papel deleznable que han tenido, porque mientras eso no ocurra la injusticia aumenta.
Cada día que pasa sin que el Ejército reconozca lo que ha hecho, subraya el especialista, “la injusticia no solamente permanece, sino que va creciendo. No, no está congelada la injusticia. Está viva. Entonces, lo menos que uno podría esperar es que ante estas evidencias se haga algo. Lo que sí es que sufren un daño reputacional. Y al Ejército le importa mucho tener una buena reputación, gasta mucho dinero para tenerla.
–Las revelaciones en “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte” se basan en documentos oficiales.
–El artículo no dice que esté cerrada la investigación y esto demuestra lo valiosos que son esos documentos que tienen las autoridades para efectos de conocer qué pasó, conocer la verdad y establecer claramente quiénes fueron los responsables y obviamente construir una teoría de qué pasó en estos años, por qué hicieron lo que hicieron, cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron las consecuencias.

La FGR también debe
decir qué está haciendo

Los que se ha dado a conocer “es información oficial” y eso, destaca Pérez Vázquez, “es muy relevante, porque le da toda la solidez al artículo. Los documentos contienen información valiosísima para entender la historia del país y para pensar las cosas y para construir una narrativa nacional que permita un futuro diferente”.
–Información de este tipo en otros países implicaría que se iniciara un proceso judicial, pero no pasa en México.
–Esa percepción es correcta. No solamente el Ejército tendría que haber dicho algo sobre la investigación que se publicó esta semana, sino también la Fiscalía General de la República debió decir algo respecto a qué hizo con esa investigación, en qué estado se encuentra, por qué no avanza, si ya murieron los involucrados. No lo sabemos. Eso sólo lo sabe la fiscalía.
El abogado se detiene en el valor que tiene la difusión de este tipo de documentos oficiales, que prueban la verdad sobre acontecimientos del pasado aún no resueltos por la justicia.
“Cuando yo tenía 30, 25 años, no podías tú encontrar esa información en ningún lado. Había referencias de alguien que había hablado con alguien, que había visto la averiguación previa, pero ahora la información está viralizada. Se publica, se viraliza. La pregunta elemental es: ¿qué pasa con la judicialización?
“En cualquier otro país habría gente en la cárcel o condenados. Simplemente reflexionar sobre esa pregunta ya permite un proceso de reflexión más amplio y quizá más incisivo. Hay responsabilidades acumuladas de quienes han estado ahí metidos en la Fiscalía General de la República.
“Quizás los perpetradores de los vuelos de la muerte del 74 ya no están vivos, pero quienes obstaculizaron las investigaciones desde el año 2003 a la fecha, muchos de esos están vivos, incluso algunos llegaron a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es una la responsabilidad, no se extingue, no desaparece”, recalca Pérez Vázquez.

De los vuelos de la muerte a
las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá

–¿Cuál sería la situación idónea o lo que tendría que suceder? Existe reticencia a que se conozca la verdad.
–Hoy hay una masa crítica mucho más amplia que la que había hace 25 años. Creo que estamos en una etapa diferente a la de años anteriores, en la cual tenemos un consenso más amplio, más generalizado, de que la violencia del Estado no es la guerra sucia solamente, sino que es un continuo que va de la mano con la formación, en paralelo, del Estado mexicano post revolucionario.
Explica Pérez Vázquez: “Estamos hablando de un proceso de abuso y de arbitrariedad de más de 100 años. La Revolución representa el inicio de un período de 100 años de abuso y autoritarismo en México, que vivimos el día de hoy. Desde fines de los cincuenta hasta donde sigue involucrado el Estado y sus agentes con el crimen organizado.
“Sí, yo creo que es posible hoy en día construir ese discurso, porque contamos con elementos de información que no teníamos antes, como este reportaje, y si le sumas testimonios, explicaciones teóricas, publicaciones de memorias presenciales sobre el 68, vas formando un cuerpo documental, un acervo documental muy potente, muy poderoso.
“Lo que empezamos ahora a vislumbrar, es el papel de las instituciones de procuración de justicia, es que la Fiscalía General de la República ha sido cómplice. Es un eslabón más, pero entonces forma eso parte de una explicación contextual mucho más amplia, que se puede dar porque el asunto está vivo y sigue habiendo interesados… y cada vez hay más interesados. Los vuelos de la muerte no están tan lejos de las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá”.
El experto se hace esta pregunta: “¿En qué medida los vuelos de la muerte y la intensificación de la violencia brutal descarnada del Estado a través del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de (Luis) Echeverría fueron una reacción a lo que pasó en 68 y 71?”.

Que se hable del tema en
las campañas electorales

–¿Qué sigue ahora? –se le plantea a Pérez Vázquez.
–Lo que seguiría es exigir, por ejemplo, a la Fiscalía (General de la República). Que ya nos diga qué va a pasar con estas averiguaciones previas, es decir, si tú ya no puedes seguir con ellas o crees que ya no hay manera de llegar a una conclusión, pues ciérralas, hazlas del conocimiento público. ¿Cuáles fueron los hechos? Si ya no hay ningún involucrado vivo, si ya se murieron los perpetradores. Son documentos valiosísimos porque contienen testimonios, investigaciones, información.
“Yo esperaría que durante estos seis meses de campaña, que vienen intensos, el tema se retome por las candidatas presidenciales, o el candidato, porque ya son tres. Aunque no veo que ninguno de ellos se vaya a querer pelear con el Ejército frontalmente, pero el sistema se abre porque lo que quieren son votos.
“Creo que lo lo deberían hacer porque son, además, quienes cuentan con más legitimidad para hacerlo, además de las víctimas sobrevivientes del 68, del 71, de la guerra sucia, por supuesto, pero las víctimas recientes también tienen mucho que decir, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de militares o del crimen organizado.
–¿Ves a las candidatas tocando el tema?
—Sí creo, por ejemplo, que en la mente de Claudia Sheinbaum pueda haber una intención. Ella viene de la lucha social de la izquierda. Sería una presidenta más cercana a las causas de la izquierda en la que se involucra desde que era estudiante; la reivindicación de las historias, los derechos y los reclamos de justicia de la gente que peleó contra el régimen. En cambio, pienso que Samuel García en este tema no tiene ni la menor idea. Ni la sensibilidad.

Defiende AMLO al Ejército y desacredita el informe del Mecanismo para la Verdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional Foto: Cuartoscuro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Ejército ha entregado toda la información respecto a los crímenes cometidos de 1965 a 1990, conocido como el periodo de la guerra sucia.
“Están malinformados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Me consta que han entregando todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”, mencionó respecto al informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
Asimismo, y en el asunto de la inculpación a militares en casos de desapariciones, aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente rechazó el informe que la víspera presentó David Jesús Fernández Dávalos, responsable del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, quien acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
López Obrador dijo que personas relacionadas con el Mecanismo están mal informadas o desinforman de “mala fe” y dejó abierta la posibilidad de reemplazarlas.
“Si ellos no tienen convicciones, no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden”.
El presidente comparó la situación con la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, y de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
López Obrador afirmó que su administración no busca ocultar ningún hecho, además de tener como prioridad la transparencia, destacando que se ha entregado toda la información referente a la Guerra Sucia.
“¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos, si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario, de represión, que se conoce como la Guerra Sucia? Nosotros creamos ese comité, y si lo creamos pues cómo no vamos a entregar toda la información, que se sepa todo”.
El presidente aceptó “tener ganas” de hablar sobre el tema referente a la presentación realizada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Este miércoles, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico expuso la falta de colaboración y la obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las investigaciones de las violaciones cometidas de 1965 a 1990.
Fernández Dávalos mencionó que se entregó un reporte al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, donde hay una recopilación de hechos que podrían ser “constitutivos de delito” en la obstrucción para la consulta de los archivos.
De igual forma, el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Iberoamericana denunció la falta de colaboración de la Sedena para la obtención de la información y que recientemente las negativas aumentaron a tal medida que personal militar llegó a ocultar, alterar o mutilar información.

Cienfuegos no estuvo implicado en la desaparición de los 43

El presidente aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
“Pero toda la información, toda se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia en estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo, nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de Seguridad para ir a fondo”.
El presidente declaró que no hay información que responsabiliza al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no, no, no. Voy a empezar a responder sobre esto: no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, Para que también quede claro”.
Ante las críticas por haber condecorado a Cienfuegos este miércoles en los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, López Obrador aseguró que si se tiene información distinta se dé a conocer.
López Obrador dijo que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), “le fabricaron delitos” a Cienfuegos razón por la que estuvo detenido en Estados Unidos, asegurando que se trataba de una venganza.
“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón” indicó.
Respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, López Obrador aseguró que existen avances, destacando que no hay un país donde se tengan detenidos a funcionarios por su participación. Añadió que a pesar del conflicto bélico entre Israel y Palestina, seguirán solicitando la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, supuesto protagonista de la creación de la llamada Verdad Histórica.
“¿Por qué se va Zerón a Israel? Pero también, ¿cómo es que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes, además nunca fue aceptado por nadie, torturan, se demuestra que hay tortura?”, cuestionó el presidente.
Aceptó que cuando se le solicitó al ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que iniciara los trámites para las órdenes de aprehensión de los involucrados, se negó debido a fallas en el procedimiento.
“Resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la procuraduría de ese entonces, de alto nivel, se niega y junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar” comentó.
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado tres de octubre, López Obrador afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue debido a la responsabilidad y colaboración de las autoridades locales con la delincuencia organizada, diciendo que en caso de que hubiera participación de militares, fue de algunos elementos.
“Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tiene que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis y con la delincuencia, que dominaba esa región” aseguró el presidente.
En la misma conferencia López Obrador reiteró su postura según la cual el Ejército no participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, además de asegurar que ni el ex presidente Enrique Peña Nieto ni el ex secretario Salvador Cienfuegos, ordenaron desaparecer a los jóvenes.
“Que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa, a que el gobierno desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el General Secretario de entonces, la desaparición de los jó-venes, no, no”.

 

 

Sobreviviente de la guerra sucia saluda que se señale a Figueroa Figueroa y Acosta Chaparro

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.

 

“Gran oportunidad perdida”, no acceder a la verdad de la guerra sucia: Carlos Pérez Vázquez

Carlos Pérez Vázquez, abogado, experto en problemas de justicia, ex miembro de la Comverdad Foto: El Sur

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Si las instituciones de seguridad no garantizan el acceso a documentos y archivos para esclarecer sucesos históricos como la guerra sucia, pero también otros como el movimiento del 68 y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estamos ante una gran oportunidad perdida, sentencia el abogado Carlos Pérez Vázquez, ex integrante del Comité de Impulso a la Justicia de la Comverdad de la guerra sucia.
Con el gobierno actual, dice el consultor experto en temas de justicia, “se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos, pero eso no ha ocurrido por la opacidad de las instituciones”.
A mediados de agosto pasado, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunciaron la reiterada negativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) a permitir la revisión de documentos históricos relativos a la guerra sucia.
–Pareciera que no hay posibilidad de acceder a la verdad.
–Mi colega Fabián Sánchez Matus y yo renunciamos en mayo pasado (al Comité para el Impulso a la Justicia de la Comverdad) fundamentalmente porque nunca tuvimos apoyo de la Secretaría de Gobernación ni de la propia comisión, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Me refiero a apoyos financieros, de material y de tipo político para hacer el trabajo que teníamos que hacer, que tenía dos vertientes, según el decreto presidencial que creó la comisión. Una era poder entrar a la FGR a revisar las averiguaciones previas sobre la guerra sucia que están pendientes. Dos, hacer una propuesta de diseño de fiscalía especial, al interior de la Fiscalía General (de la República), centrada en los casos.

Sin respuesta de fiscalías de Guerrero, Oaxaca, Cdmx

Esto último, continúa Pérez Vázquez en entrevista con El Sur, “fue imposible porque nunca tuvimos un contacto oficial con la FGR, mandamos oficios en su momento para que a través del presidente de la Comisión para la Verdad pudiéramos tener ese contacto y lograr un convenio de colaboración con la FGR. Hicimos lo mismo con las fiscalías de Oaxaca, de Guerrero y de la Ciudad de México.
“Nunca recibimos respuesta, por lo que era imposible revisar las averiguaciones previas. La parte más sustantiva del trabajo para que el cual fuimos designados, era imposible realizarla. Tomemos en cuenta que la comisión termina sus funciones en septiembre de 2024. En un año, cuando termine el sexenio del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.
–Más de un año y medio sin lograr nada –se le comenta al abogado.
–Para evitar dar un trabajo final indigno para las víctimas –explica–, decidimos separarnos, pensando que el tiempo ya no era suficiente y que no existió ese apoyo. En la parte más sustantiva de nuestra encomienda, nosotros teníamos que idear estrategias de judicialización con las averiguaciones previas abiertas y proponer rutas para que las víctimas alcancen la justicia que llevan esperando durante 50 años.
“Pero eso no lo podíamos hacer nosotros solos, porque no teníamos ningún tipo de representación al exterior de la Comisión para la Verdad. Hicimos nuestro trabajo con nuestros recursos como ciudadanos por más de un año y medio. No es lo correcto. Porque la deuda histórica no es nuestra, es del Estado mexicano”.

Interesados en rasurar o eliminar pruebas

Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad, son quienes denunciaron el desacato a la orden presidencial de acceder a los archivos de la época.
“Vi el comunicado y me preocupa. Ellos alegan que hay documentos del Archivo General de la Nación (AGN) que han sido rasurados, o que hay archivos diezmados de alguna manera. Es grave porque los documentos del AGN pueden considerarse pruebas documentales, públicas, uno podría alegar jurídicamente que son documentos que hacen prueba plena ante autoridades administrativas, jurisdiccionales. Son documentos oficiales que están en un archivo oficial y que fueron trasladados desde el 2000 por un decreto de Vicente Fox.
“En todos estos años, la institución que estuvo a cargo de todos estos documentos que son muy importantes y delicados, fue el Cisen. No sé si ahora se trasladaron al Centro Nacional de Inteligencia, pero es importante saberlo porque muchos de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia eran de la policía secreta, la antigua Dirección Federal de Seguridad, que luego fue el Cisen.
“Si ellos estuvieron a cargo de los propios documentos que los incriminaban, uno podría pensar que no es tan descabellado lo que dicen los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento en el sentido de que eran los primeros interesados en rasurar documentos y quitar pruebas. Eso es lo más delicado”.

Archivos inaccesibles que viven
del erario

Respecto al tiempo en que fue parte del mecanismo donde le tocó participar, se le pregunta a Pérez Vázquez si notó entonces falta de transparencia de las instituciones involucradas en la custodia del archivo histórico.
“Absolutamente –afirma–. Siempre ha sido mejor revisar los documentos de las propias víctimas, platicar con ellas. Es lo que ha hecho el Mecanismo de Esclarecimiento: diálogos por todo el país con víctimas y sobrevivientes, más que con las autoridades. El AGN es un archivo público, pero no es de fácil acceso. Antes del gobierno del presidente López Obrador era complicado acceder a los archivos”.
–El director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, dice que han recibido documentos “históricos” del Cisen.
–Una cosa es tener acceso a todo lo que existe en el AGN y otra cosa tener a acceso a todos los documentos en poder del CNI que no están en el AGN. El punto es lo que no está en el AGN –remarca.
Los archivos de la FGR, precisa el especialista, “por ley son confidenciales . No hay manera de acceder a las averiguaciones previas a menos que uno sea una parte interesada, es decir, denunciante, denunciado, autoridad vinculante. Son documentos que, por su naturaleza, deben tener mucha información muy valiosa”.
En cuanto a los documentos de la Sedena, el Ejército “ha sido particularmente opaco, no sólo con la guerra sucia sino con su actuación cotidiana. Estoy seguro de que los archivos militares deben de ser los más completos del país, pero son también los más inaccesibles. Hay una tradición en las fuerzas armadas en general de mantener confidenciales las historias de los sucesos en los que participan. Esto se debe a su naturaleza vertical. Hay cadenas de mando muy claras, en donde las responsabilidades se delimitan con mucha claridad, dependiendo del cargo de cada actor”.
Pero, señala, “ese archivo es inaccesible para la gente en general aunque se sostiene con recursos públicos”.

“Le deben al país un acto de contrición”

Carlos Pérez Vázquez comprende que existan documentos que se reservan por seguridad nacional, “pero cuando se trata de archivos históricos sobre la guerra sucia, donde hay delitos de desaparición forzada y muchos perpetradores militares han muerto, no entiendo por qué esta inercia cultural de las fuerzas armadas por mantener su trabajo en la opacidad.

 

“A uno no le queda más que sospechar que han sido perpetradores y violadores de derechos humanos. Esa no es una imagen pública que el Ejército quisiera asumir. Ya hay una narración social, política, sobre lo que sucedió en esos años. Son muchas fuentes: de víctimas, investigaciones independientes, periodísticas, que hacen inevitable que las fuerzas armadas puedan exculparse del acto de contrición que le deben al país.
“Hay un consenso de que las fuerzas armadas actuaron como un elemento de represión en esos años, y, sin embargo, del lado del Ejército prevalece el silencio, la opacidad. Cincuenta años después, en un México completamente distinto, la carga de la prueba está de su lado. Les corresponde a ellos probar que actuaron correctamente, aunque parece que el juicio de la historia sí se inclina a sostener que obraron de manera incorrecta, con completo desapego a la Constitución”.
–Las fuerzas armadas se aferran a mantener una buena imagen, con base en la alta aprobación que tienen a nivel nacional.
–Es parte de la función que deben cumplir las instituciones el tener una buena aprobación, pero la gente debe de simpatizar con las instituciones sobre la labor que hacen, no por una labor de imagen de relaciones públicas –dice Pérez Vázquez–. Tras años de presupuesto y recursos públicos que siempre van en ascenso desde la Revolución mexicana, ¿qué le ha dado el Ejército a la sociedad? Si hablamos del desastre en el país, que no hay seguridad para nadie, las cuentas que tienen que dar son bastantes negativas. Si a eso se añade que hubo un comportamiento atroz en periodos identificados, en los sesenta, durante la guerrilla, entonces salen debiendo.

Acabar con “el germen
de la impunidad”

Pérez Vázquez ve con preocupación que pasen los años, las generaciones, “y no seamos capaces de abrir la bóveda de los secretos. Hay una gran cantidad de gente en el país que no sabe qué pasó en aquellos años. Algunos saben un poco, pero tienen una buena imagen del Ejército. Es un lastre que vamos cargando y explica prácticas institucionales que se mantienen al día de hoy”.
–¿Por qué nos conviene saber la verdad, que las víctimas del 68 y la guerra sucia tengan justicia?
–Se necesita modificar inercias institucionales, formas de actuar de las instituciones de seguridad que vienen de mucho tiempo atrás. Mientras eso no se logre, los patrones se van a seguir repitiendo y son patrones de abuso. Las ejecuciones extrajudiciales de Nuevo Laredo no son casuales, obedecen a un patrón institucional. Ahí puede rastrearse el germen de la impunidad.
La conclusión del abogado, ya desde afuera de la Comverdad, es que “es una gran y enorme oportunidad perdida. Si hablamos de los decretos de Ayotzinapa y de la guerra sucia, se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos. Si el sexenio termina y esos dos acuerdos firmados por el presidente no concluyen de manera satisfactoria, pese al reclamo de las víctimas, serán, definitivamente, dos oportunidades perdidas”.
–¿Qué debería hacerse ahora?
–Resta una movilidad social de indignación de las víctimas. El problema es que están cansadas, cada vez tienen menos tiempo y energía. Pero quizá serviría llevar el asunto a las campañas electorales próximas, confrontar respecto a las promesas que se hicieron. La próxima elección tiene mucha fuerza mediática. No se ha abordado el tema de la guerra sucia como tema de campaña –plantea.
“Es grave y frustrante lo que pasa. Los cuatro comisionados del Mecanismos para Acceso a la Verdad están haciendo todo lo que pueden. Es muy fácil que te topes con pared. Lo que yo vi es que el subsecretario Encinas nunca tuvo la fuerza política suficiente para llevarnos a donde teníamos que ir, para entrar a los archivos militares y de la Fiscalía. Si no la tuvo por voluntad o porque su peso político específico no se lo permite, ese es un problema del presidente, porque él es el jefe tanto de Encinas y del Ejército, se supone. Tiene políticamente una ascendencia sobre el fiscal general. Y él va a tener que rendir cuentas.

 

Habrá compensación económica a víctimas directas e indirectas de la “guerra sucia”

El gobierno federal dará compensaciones económicas a víctimas directas e indirectas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como “guerra sucia”.
De acuerdo con los Lineamientos del Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, publicados en el Diario Oficial de la Federación, esta medida de reparación aplicará para las víctimas reconocidas que hubo entre 1965 y 1990.
“El programa busca el fortalecimiento del proyecto de vida y atenuación de las afectaciones ocasionadas a las víctimas, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, derivado de los hechos ‘victimizantes’ comprendidos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990”.
“A través de un procedimiento administrativo abreviado en términos de la Ley General de Víctimas, para lo cual se considerará el tipo de delito, y si se trata de la víctima directa o indirecta”, agregan los lineamientos.
Para el otorgamiento de los recursos con los que se busca compensar a las víctimas directas, se considerarán las “diversas afectaciones que se generaron”, o bien, el nexo causal, grado de parentesco y afectaciones al proyecto de vida, en el caso de las víctimas indirectas.
Se considerarán prioritarios aquellos casos que involucren ejecución extrajudicial, desaparición forzada permanente o temporal, tortura y tortura sexual.
Asimismo, aquellas víctimas que, por razones de edad, tipo de delito o violación a los derechos humanos, lugar de origen, enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.
Para que una persona sea reconocida víctima indirecta y, por lo tanto, sea beneficiaria de la compensación, deberá acreditar “nexo causal”, así como parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima directa, en primer grado en línea recta ascendente o descendente. (Antonio Baranda, Agencia Reforma / Ciudad de México).

Pese a las imprecisiones, es “honroso” que Lucio esté en los libros de texto, dice su hija

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo
A pesar de que señaló algunas imprecisiones en los datos, la hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas, consideró que “es honroso” que la represión durante la guerra sucia se haya incluido en los libros de texto.
“Como hija del maestro, siempre he buscado el reconocimiento y que se dé a conocer su lucha, porque es importantísimo que los jóvenes conozcan la historia de los movimientos sociales, porque si no conocemos nuestro pasado y nuestras raíces, estamos condenados a seguirlo repitiendo”, explicó.
Dijo que han habido muchas atenuantes y que mucha gente está en desacuerdo, porque piensan que se está politizando la educación, “pero no, al contrario, es parte de nuestra historia y hay que darla a conocer”, declaró por teléfono la representante en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“De parte de la familia Cabañas y de la mía, nos parece que es honroso, es dignificante, es una forma de darnos a nosotros un poco de justicia y se reconoce la lucha de muchos luchadores sociales, que han dejado un legado a nuestro estado y a nuestro país”, destacó.
Explicó que se trata de luchas dignas, porque fueron por mejores condiciones de vida y no por poder.
Pero criticó que los libros tengan imprecisiones en algunos datos, uno de ellos es el que menciona que “un grupo de jóvenes, encabezados por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y algunos políticos locales, formaron la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), pues recordó que su padre no perteneció a esta agrupación”.
“En ese contexto, se tendría que hacer un buen análisis para decir que fueron luchadores sociales en su tiempo y en su momento y que, a su vez, cada quien formó sus propias organizaciones; fue Genaro el que formó la ACG y el maestro Lucio, el Partido de los Pobres”, recordó.
Exigió: “Hay que decirlo bien y muy puntual, porque al historiador le faltó definir esos puntos; sin embargo, no deja de ser honrosa su inclusión”.
Micaela Cabañas reconoció que no está “muy de acuerdo” con algunas partes del texto, en lo que se refiere a la dignificación del legado que dejaron quienes participaron en los movimientos, que el historiador debería pensar muy bien y ser muy responsable en el mensaje que se quiere dar a los jóvenes. Explicó que éste siempre debe ser positivo.
Declaró que deben deslindarse bien las organizaciones en las que participaron Genaro y Lucio, además de que se les dé lugar a cada quien.
Criticó que también en otra parte se les presenta como a un grupo de jóvenes que, “como que no tenían ideología y que se unieron para dar una lucha”, pero aclaró que ambos luchadores sí tenían una ideología y lucharon por ella.
Opinó que las imprecisiones son porque, quienes hicieron los libros de texto, no pidieron la opinión a los familiares y a quienes de verdad conocen la historia.
La representante de la CNDH en Guerrero informó que es evidente que tampoco consultaron la recomendación 98/2003, “donde está la historia real y contada como debe ser y lo que pasó”.
Recordó que en esa recomendación, su padre Lucio Cabañas pasa de ser un gavillero, robavacas y guerrillero, a una víctima del Estado. Insistió en que todas estas situaciones se debieron haber tomado en cuenta en los libros.
Informó que como familia preparan un documento en el que fijarán su postura, en la que participan Pablo y David Cabañas, sus tíos. Informó que en el documento contarán la historia real del maestro Lucio.
Explicó que si bien no lo harán para que se incluya en los libros, si como una propuesta, con miras a que se tome en cuenta después, “porque estamos conscientes que no podemos echar abajo todo el trabajo que se ha hecho”.
Acotó que es respetuosa de las instituciones y que ama mucho lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que lógicamente la gente tiene sus errores y que por parte de la familia Cabañas quiere apoyar con información veraz de lo que debió haber sido, debió ser y estar en los libros.

 

Exigen familiares de víctimas de la guerra sucia que declaren 300 militares

Integrantes la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia en conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron ayer que el gobierno federal obligue a declarar a 300 militares que participaron en la desaparición, tortura y asesinato en esa época, y que han sido identificados por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
También insistieron en la inmediata exhumación de ocho cuerpos de víctimas ubicados en fosas clandestinas en Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, porque la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, les dijeron que se haría después de la temporada de lluvias y de cosecha, porque fueron localizadas en campos de maíz.
Ayer al mediodía en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Reporteros de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, 20 integrantes de las organizaciones que conforman la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron a los tres órdenes de gobierno la inmediata exhumación de ocho víctimas ya identificadas en fosas clandestinas.
La dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, dijo que los ocho hombres fueron torturados y asesinados en gobiernos priistas de 1967 a 1974, que están en fosas clandestinas ya ubicadas, por ello, a este gobierno de Morena le exigen que los exhume.
Las hijas e hijos de cinco víctimas narraron que el 20 de diciembre de 1967 en la comunidad Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, los militares asesinaron a Francisco Rojas Nazario y a su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán; a Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz y Bartolo Rojas Nazario, quienes fueron enterrados en una fosa clandestina.
Una de las familiares, Antolina Rojas Bernardino narró que cuando tenía 10 años su padre Bartolo Rojas Nazario fue asesinado, al igual que su primo y tío, Francisco Rojas y Pablo Rojas.
“Yo sin saber iba corriendo con él, y las balas pasaban por mis pies, en una casa se refugió, y me dijo, hija ve por tu mamá, que venga con las mujeres para que nos ayuden a salir. Estaba hirviendo de puros soldados verdes y mi papá me dijo que en la casa de Francisco quedó un arma para que nos podamos defender, y yo fui, pero los soldados me amenazaron que me iban a matar y yo le dije a mi papá que no vi nada”, contó.
Su padre también fue asesinado, y aseguró que en Los Espadines las propias mujeres, niñas y niños los sepultaron, “yo me acuerdo porque yo también ayudé a cavar tierra… los soldados nos obligaron a cavar y enterrarlos en una fosa clandestina porque si no nos iban a matar”.
Fidencio Bernardino Hernández, hijo de Gervasio Bernardino Durán relató que su padre fue masacrado en Los Espadines, pero ya fue localizada la fosa clandestina el pasado 16 de junio, durante una búsqueda junto a representantes de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También Bartolo Hernández Rojas contó que su padre Apolonio Hernández Bernandino fue masacrado, golpeado, mancillado y torturado por el Ejército en la sierra de Guerrero en 1971 junto a su tío, José Isabel Rojas Bernardino, ambos fueron enterrados en una fosa clandestina en el Cerro de las Desdichas, en el municipio de Ajuchitlán el Progreso.
Carlos González Márquez contó que otra víctima fue José Santos González Rojas, detenido el 19 de noviembre de 1974, torturado y asesinado por los militares en la comunidad Las Juntas, pero su cuerpo fue enterrado en una fosa clandestina en el Cerrito del Águila, en el municipio de San Miguel Totolapan.
El asesor jurídico y representante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano comentó que el 16 de junio se realizó el recorrido de inspección y reconocimiento en el lugar de los hechos por parte de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Lamentó que las autoridades respondieron a los familiares de las víctimas que las exhumaciones se van a realizar probablemente después de la temporada de lluvias, pero como es una zona de plantíos de maíz, también les comentaron que será después de que se coseche, y parece que “nunca lo piensan hacer”.
Comentó que la mayoría de los familiares son testigos presenciales de los terribles hechos cometidos por el Ejército y después de tantos años que se animaron a denunciar, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, continúa el pacto de impunidad entre el actual gobierno federal y el Ejército.
Sostuvo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia creada por este gobierno, no ha hecho nada significativo, pero que recientemente les informaron que hay 300 nombres de militares que aún viven, y “que fueron criminales de ese periodo de la guerra sucia”.
Expuso que esos soldados tienen que ser citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en su caso, ante las tres carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE), referente a los hechos de las ocho víctimas, si esos militares coincidieron en ese tiempo y en ese lugar “automáticamente son probables responsables y se les tiene que citar a declarar”.
Insistió en que hay una simulación de investigación que con lleva a la impunidad, que no permitirán los familiares de las víctimas, también llamó a los integrantes de la Comisión a que salgan de sus oficinas y acompañen a las víctimas a exigir justicia.
Manifestó que mediante Micaela Cabañas, hija del maestro insurgente Lucio Cabañas, quien está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitaron una reunión urgente con la presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, para pedir que la exhumación se realice lo más pronto posible.
Como representante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y como víctima de tortura por el Ejército, Arturo Miranda Ramírez comentó que a un año y medio de que concluya su periodo de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, “la paciencia se impacienta”, porque ya no se puede esperar más tiempo para tener justicia luego de que están muriendo muchos de los sobrevivientes de aquella época.
Afirmó que además, se dificultará más la búsqueda de los desaparecidos, por ello urgió que el gobierno actual no se convierta en una farsa al no llegar al fondo de la demanda de justicia, “nuestro temor es que mucha gente valiente que se ha atrevido a denunciar los casos de sus familiares y que nada más quede en promesas, nunca más tendrán confianza en ningún otro gobierno”.
Dijo que mientras no se esclarezcan los delitos cometidos en la guerra sucia, la honorabilidad del Ejército seguirá en entredicho, “quizá se vuelva a tener confianza”, y será en el momento en que contribuyan a llevar a juicio a esos responsables de todos los agravios.