La activista Yndira Sandoval Sánchez destacó que la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres es para dar “muerte civil y política” a los hombres violentos en el servicio público, pero las llamó a denunciar, porque sin ello no se podrá actuar contra los agresores.
La ley establece que quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios, tendrán suspendidos sus derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público. Con la ley se busca garantizar que todo ciudadano que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Sandoval Sánchez dio ayer en la Universidad Americana de Acapul-co la conferencia La Reforma Fe-minista que está Transformando la Democracia Mexicana en la que convocó a las mujeres a defender la reforma constitucional que se logró, “porque a cada avance de las mujeres hay una resistencia del patriarcado para que no avancemos”.
Y dijo a las mujeres que la reforma aprobada no es una ley contra los hombres sino contra los agresores.
En su intervención también alertó que la reforma no debe usarse como guerra sucia en las campañas políticas para quitar adversarios y se debe vigilar que quien haga señalamientos contra un agresor tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
“La 3 de 3 no quiere acabar con la carrera política, administrativa, judicial de nadie. No es cacería de brujas ni le hacemos la chamba a nadie y menos la chamba sucia”.
“Que (la ley) sea un gran muro de contención, que sea un filtro de contención, de confianza y no una coladera cómplice, porque tan culpable es el que haya cometido un delito como el que le abra la puerta y lo postule y le dé el boleto para que participe y entre al poder. Tiene que ser sancionado el partido que lo postule, la instancia gubernamental que lo contrate o aquel gobernante que le dé un nombramiento directo”.
La factura se cobra en urnas
Sandoval narró que para lograr la reforma tuvieron que presionar a los diputados que planeaban enviarla a la congeladora en el Senado.
Contó que en la Cámara de Diputados la reforma se aprobó en marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer y “todo mundo se pone moños violetas, naranjas, rosas y ‘bravo, bravo’”. Pero la envió un escrito al Senado donde manifestaban su inconformidad con el dictamen y pedían que lo mandaran a la congeladora.
Dijo que las activistas pasaron 40 horas en el Senado en medio de la disputa de los senadores del PRI-PAN-PRD que tomaron la tribuna, y se aprobó por unanimidad la noche del 28 de abril, y la protege de cualquier impugnación. Ya fue avalada por 31 Congresos estatales, aunque eran necesarios 17.
Agregó que el siguiente reto es que la reforma avance para replicarse en otras áreas de la vida pública, para que los agresores tengan vergüenza, y destacó que la reforma es única en el mundo y por eso van a impulsar que se incluya en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Un parteaguas
En declaraciones a reporteros, destacó que la reforma ya está vigente y deberá aplicarse en el proceso electoral de 2024, federal y local.
Recordó que la 3 de 3 colocó la linterna para que violadores no fueran gobernadores y ahora establece que ese escrutinio deberá pasar por lo municipal, estatal, federal y órganos autónomos.
Precisó que para que se haga efectivo el derecho los acusados tienen que tener una sentencia firme por tanto ahora corresponde al Tribunal Superior de Justicia sancionar omisiones de quienes intencionalmente dilaten un caso de violencia, y ahora corresponde armonizar las leyes con la reforma aprobada que va dirigida a todos los que reciban un salario del erario.
Yndira Sandoval es la defensora de los derechos de las mujeres que en septiembre de 2017 fue agredida sexualmente por una agente en los separos de la policía de Tlapa, y por ese abuso en junio de 2021 las autoridades del municipio le dieron una disculpa pública.
En la conferencia estuvo acompañada por la dirigente de Nueva Izquierda en Guerrero, Azucena Salazar Pineda y la directora académica de la UAA Carolina Jaspe López. Y asistieron las diputadas locales Gabriela Bernal Reséndiz y Julieta Fernández Márquez y la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda.
El panel Violencia y construcción de paz, del seminario Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno, en dónde participaron Rafael Esquivel Rosas, de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la investigadora de IIEPA de la UAG, Rosa Icela Ojeda, ayer en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
La presencia del Ejército como garante de la seguridad pública en un estado como Guerrero, representa “violencia simbólica”, y renueva “la memoria del miedo y el terror”, afirmó la politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivera, en el panel Violencia y Construcción de Paz.
Este jueves comenzaron las actividades del Cuarto Seminario Internacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2023, con el título Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Ojeda Rivera participó en el panel con la ponencia Salir de la violencia y construir la paz.
El panel se llevó a cabo en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho en Acapulco de la UAG.
Ojeda Rivera reprochó que se confió en el cambio democrático para que los asuntos de seguridad pública fueran de seguridad ciudadana, pues instituciones como el Ejercito y la Marina “están formadas para la seguridad internacional, la seguridad del país, por lo tanto responde a una lógica de atacar la violencia por medio de la violencia, pero además no tienen en sus procesos de formación el respeto a los derechos humanos”.
“Lo que seguimos viendo en entidades como Guerrero donde ha habido un peso muy fuerte y muy importantes en las desapariciones y violaciones de los derechos humanos históricamente administrado por la presencia de militares, en menor medida de marinos, algunas grandes violaciones”, las cuales podría mencionar, pero no era el tema de la ponencia.
“Esto, (la presencia de militares en seguridad pública) en estados como Guerrero, lo que hace es incrementar la violencia simbólica, este es un estado que ha tenido restricciones de libertades muy fuertes, desapariciones colectivas muy fuertes como la de los 43 recientemente, además de todas las desapariciones y una historia larga de agravios y de terrorismo de estado, no de Guerra sucia”.
Y aclaró que no se refiere a la Guerra sucia sino a terrorismo de estado, porque “la guerra es cuando hay dos oponentes que tienen mas o menos equilibrada la misma fuerza, aquí no había equilibrada la misma fuerza, aquí fue terrorismo estatal, esta memoria está presente en Guerrero y está presente en la cultura que ahora una política de seguridad nos vuelva a traer a los militares y a los marinos, que sean ellos los que están interviniendo de manera cotidiana, lo que hace es renovar esta memoria de miedo y de terror y no puede haber democracia con miedo y con terror”.
Las fuerzas armadas, señaló, “están hechas para defensa de la nación, no están hechas para los derechos humanos, no están hechas para una investigación del delito porque su lógica, estructura y formación corresponde a otros intereses”.
Otra observación que hizo la es que las universidades han normalizado el estudio de autores que avalan el uso de la violencia institucional. En el caso de la UAG que está en un contexto de violencia y que debiera tener un registro de los hechos de violencia en la entidad.
Ocupar el espacio público
Ojeda Rivera destacó la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina contra la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983, el de las madres y después las abuelas de la Plaza de Mayo que con un pañuelo blanco “armaron una revolución que no hemos visto en el resto de los países donde hubo el mismo nivel de crueldad, de desaparición, de asesinatos, ahí fue el país donde la sociedad civil, desde un tribunal civil juzgó a los militares que provocaron estas muertes”.
En sus conclusiones Ojeda Rivera insistió en que la seguridad de los ciudadanos debe estar a cargo de instituciones que promuevan la recuperación del espacio público y las libertades, y no por fuerzas castrenses formadas para la guerra y la práctica de la violencia. También deben existir políticas públicas de prevención “dirigidas a modificar la cultura poniendo énfasis en la educación y en la reconstrucción del estado de derecho”. Otra de sus propuestas es construir la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos en Guerrero.
En otro panel, el investigador italiano Carmelo Nigro expuso en su ponencia Dinámica de las violencias y experiencias sociales e institucionales de atención y prevención que “la pacificación en el mundo es la victoria de una visión hegemónica del mundo liberado”.
Abundó: “la paz entendida como una situación real que garantice la participación política en naturalidad no ha sido abordada en lo absoluto, en su lugar se logrado, con relativo éxito, ocultar los conflictos permanentes”.
En el panel también participó el estudiante de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Rafael Esquivel Rosas con el tema de la construcción de paz, los derechos humanos, la dignidad humana y relación con la creación del centro cultural en Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec en 2023.
Las actividades del seminario continuarán hoy jueves y mañana viernes.
Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon al Sexto Batallón de Ingenieros en Chilpancingo, donde autoridades festejaban el aniversario del Ejército Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.
Sedena y FGR obstaculizan investigaciones
Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se han recuperado bitácoras y declaraciones de pilotos para profundizar sobre la investigación de los desaparecidos de la denominada Guerra sucia, que pudieron ser lanzados al océano Pacífico desde aviones, los llamados vuelos de la muerte.
“Algunos de los desaparecidos forzadamente durante la Guerra Sucia podrían haber sido lanzados al Océano Pacífico en vuelos que partían de la Base Aérea Militar en Acapulco (Pie de la Cuesta). La CNB ha recuperado bitácoras de los vuelos y declaraciones de pilotos para profundizar sobre esta línea de búsqueda”, indicó la Comisión.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo informó que se tiene registro de que de 1974 a 1979 se utilizaron elementos de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de prisioneros y su posterior lanzamiento al mar.
“De acuerdo con declaraciones de los pilotos, el avión IAI 201 Arava 2005 fue utilizado por el Grupo Aéreo 208 de Búsqueda, Rescate y Evacuación (208 BRE) de la Fuerza Aérea Mexicana entre 1974 y 1979 para trasladar prisioneros y posteriormente arrojarlos al mar”, manifestó la institución.
De igual forma, señalaron que personal de la Base Aérea Militar confirmó la realización de vuelos de la Ciudad de México a Guerrero para el trasladar a personas cautivas, mientras que otras personas eran arrojadas al mar.
“Además, indicó que los vuelos tendrían por lo menos dos particularidades: nocturnos y locales. Esto permite identificar vuelos de interés en la bitácora”, explicaron.
Agregaron que la Comisión se encuentra estudiando las características del avión Arava, para conocer la distancia máxima a la que es capaz de adentrarse al océano y mediante esa información, trazar una ruta de búsqueda y después hacer una asesoría en aeronáutica, oceanografía y arqueología suba cuántica, para mejorar la aproximación.
“Nunca antes una institución de búsqueda de personas se ha planteado este tipo de operación, por lo que la orientación de las personas expertas será crucial para determinar si es viable”, aseveró la CNB.
Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, enjuga sus lágrimas mientras la consuela el comisionado Abel Barrera, en el segundo día de la mesa del Diálogo por la Verdad Guerrero, instalada por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 Foto: Jessica Torres Barrera
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia relataron entre lágrimas las violaciones que sufrieron de soldados del Ejército, y manifestaron en la Mesa del Diálogo por la Verdad Guerrero instalada por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), que con la reparación del daño las secuelas no se van a reponer.
“Justicia y verdad, cero impunidad”, “ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, “justicia y verdad y no a la impunidad”, corearon las personas durante el término de cada participación en el auditorio de la Unidad Deportiva, (antes CREA) de Chilpancingo.
Iniciaron las participaciones sobrevivientes y familiares de la comunidad de El Quemado, municipio de Atoyac, quienes exigieron al gobierno federal la reparación del daño.
Arminda Morales Pano, hija de uno de los sobrevivientes, Blas Morales Salas, relató que en 1972 su papá se dirigía a la comunidad de Cacalutla, y ahí los militares lo detuvieron y lo golpearon junto a dos personas más.
Los llevaron a una cueva, los vendaron y no les dieron de comer. Después los subieron a una camioneta y se los llevaron, pero desconocía dónde estaban. Los militares los acusaban de pertenecer a la guerrilla.
Por su avanzada edad, su hija tuvo que relatar lo que Blas vivió. Dijo que su padre estuvo 28 días sin tener comunicación con su familia, “un día le dijeron que ya no anduviera matando guachos (militares) y que se pusiera a trabajar”, posteriormente los militares lo dejaron libre.
“El Quemado pide justicia y la reparación del daño porque ahí las detenciones fueron masivas”, manifestó Morales Pano.
“Hermanos, padecemos aquí el mismo dolor”, externó Saúl Martínez Palacio, una víctima indirecta, porque en ese periodo de la guerra sucia quedaron en la comunidad niños y ancianos, a los demás el Ejército se los llevó a la cárcel, donde fueron brutalmente torturados y otros están desaparecidos.
En El Quemado unos 90 campesinos fueron llevados a la cárcel acusados de pertenecer a la guerrilla del profesor rural Lucio Cabañas Barrientos, quien exigía mejores condiciones de vida para todo el país.
Externó que el gobierno busca la parte más débil y arremerió en contra de las familias que no tenían armas, y una de ellas fue la comunidad de El Quemado, de donde se llevaron a la cárcel a casi todo el pueblo.
Saúl Martínez Palacio dijo que las familias confían en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que son aliados del presidente de la República y de los comisionados de la Comisión para la Verdad, “esto será un gran mensaje para que el mundo sepa lo que pasó en El Quemado”.
En 1972 el Ejército era “bestial” y actualmente lo sigue siendo, porque pese a su uniforme sigue golpeando al pueblo y destruyendo a muchas familias, “los pobladores de El Quemado siempre han exigido justicia y reparación del daño, porque así nos den el dinero que nos den, estas secuelas no se van a reponer, las vamos a llevar hasta la tumba, es un trauma”.
Otra víctima indirecta, Bernan de Jesús Piza recriminó que les dieron poco tiempo para expresar sus sentimientos. Dijo que su padre fue asesinado por el Ejército cuando él tenía 10 años.
“Lo mataron sentado, quedó agarrado de un alambre. Mi papá era un hombre responsable con sus hijos y su esposa, no sufríamos, lo teníamos todo”, el hombre hizo una pausa y lloró al recordar a su padre.
Además pidió un minuto de silencio por los muertos y desaparecidos en el periodo de la guerra sucia. Solicitó que los hechos no se vuelvan a repetir por el Ejército.
El dinero “no puede sanar las heridas en el alma”
Otra familiar dijo que no pedía la reparación del daño, porque no hay dinero que alcance para sanar las heridas que les quedaron, “ni un peso puede sanar las heridas en el alma”.
Una víctima directa contó que el Ejército lo encarceló, lo torturó física y emocionalmente, todo el tiempo lo tiene en su mente, y que cuando su esposa lo buscaba porque no sabía dónde estaba, murió su hijo de seis meses.
“Ese es un dolor grande”, el adulto mayor comenzó a llorar, por lo que el integrante de la comisión y director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lo abrazó para tratar de tranquilizarlo.
Después contó que el Ejército no los dejaba que compraran muchos insumos de la canasta básica, porque pensaban que era para apoyar a la guerrilla.
En su intervención, la hija de Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas contó la historia entre su papá y su mamá, “esa historia de guerrilla y también de amor, esa historia de mucha lucha”.
Relató que a su madre le tocó vivir muchas cosas en la sierra, estuvo en muchos enfrentamientos a balazos, “vivió la guerrilla muy de cerca”.
Micaela lamentó que la lucha armada de su padre y de muchos otros que están vivos y otros muertos no terminó bien, “la familia de Lucio fuimos muy perseguidos y violentados, finalmente terminamos en las garras del Ejército y en las del mal gobierno”.
Un 27 de noviembre de 1974 fueron llevados al campo militar número 1, Micaela lloró, los presentes le aplaudieron para darle ánimos. Continuó y dijo que fueron secuestrados por el gobierno, estaban su abuela y su tía, quienes sólo por ser familiares sufrieron represiones.
“Sufrimos la desaparición forzada por parte del gobierno y del Ejército. Yo llegue al Campo (Militar) 1 a los dos meses de nacida, salimos de ahí gracias a Dios con vida”, relató.
Contó que para ser liberados su madre tuvo que estar sujeta al gobernador de aquel tiempo, “fue violada por él”, cuando salió del campo militar llevaba un hijo en su vientre, después lo tuvo y fue producto de una violación, el niño nació con malformaciones y a los seis meses de nacido murió.
Después su mamá le quiso cambiar el nombre porque fue amenazada que no se volvieran a inmiscuir con una guerrilla o una organización social, “mi mamá no me dejó ser ni jefa de grupo en la escuela, tenía mucho miedo”.
Entre lágrimas Micaela dijo que su madre se fue de migrante a los Estados Unidos, por lo que se sintió libre y comenzó a rendirle homenaje a su padre, de quien se siente orgullosa.
“Cuando se nombra la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero asesinaron a mi madre a balazos en la calle, saliendo de un templo Evangélico, es un dolor que no se pueden imaginar, porque mi madre sobrevivió a la tortura y unos bandidos la asesinaron porque creyeron que era un testigo fundamental para el esclarecimiento, y saber la verdad de los casos de la guerra sucia”, reprochó.
Desde el 2011 externó que ha vivió con más miedo de salir a la calle, de llevar a su hijo a la escuela, pero que de tres años a la fecha decidió no ser más una víctima, determinó ser una sobreviviente.
“Estoy aquí para dar mi testimonio, salir a la calle y contar lo que me pasó y lo que pasó con mi familia. Seguiremos exigiendo justicia pero ya me cansé de esperar al igual que ustedes, cuántos años hemos esperado, yo 48 y ustedes, es una lástima que no fuimos escuchados antes”, lamentó.
La hija de Lucio manifestó que se sentía en confianza de contar su testimonio porque “ustedes tienen relatos y han vivido la represión igual que yo”, como lo padeció con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex presidente Enrique Peña Nieto, “siempre han estado atrás de mí porque me ven como una amenaza, es todo lo contrario yo sólo reivindicó la lucha del maestro Lucio”.
Dijo que le duele cuando su familia le pregunta cómo han avanzado los casos de la guerra sucia y ella responde que no hay nada, “todavía quieren seguirnos escuchando que seguimos quejándonos de lo mismo, ya no, tenemos que hacer algo, pero para eso tenemos que estar todos juntos”.
En un comunicado se informó que el primer Diálogo por la Verdad reúne en Chilpancingo a más de 200 sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia.
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico recibió sus testimonios como parte de los trabajos de la Comisión para la Verdad.
En este ejercicio de construcción social de la verdad realizado los días 9 y 10 de diciembre, participaron con sus testimonios públicos integrantes de la familia Cabañas como Guillermina, Pablo y Erasmo, hermanos de Lucio Cabañas, Arturo Miranda, ex militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y Onésimo Sánchez, por mencionar a algunos.
“Para esta primera edición se convocó a más de 200 asistentes provenientes de seis de las ocho regiones que conforman el estado de Guerrero. Se escucharon públicamente los testimonios de 40 víctimas, sobrevivientes y sus familiares, quienes al mismo tiempo, remarcaron y reiteraron la confianza depositada, siendo su participación la prueba más fehaciente de las expectativas que se tiene en las personas expertas comisionadas, en la Comisión para la Verdad, e incluso, en el mismo gobierno”, se informó.
Además el equipo de investigación testimonial registró en forma paralela al evento y de manera privada, las narrativas de casi 60 personas de la sierra de Atoyac, cuyos relatos se retomarán para enriquecer su informe final.
Se indicó que en estos dos días de reivindicación, dolor y esperanza, se escuchó la memoria viva de personas que por más de cuatro, cinco y hasta seis décadas han buscado justicia para ellas, para sus familiares y comunidades.
“Estas historias han quedado registradas en la memoria colectiva de nuestro país, ya son parte del proceso de esclarecimiento de la verdad y de la construcción de una nueva narrativa para estos hechos”, se indicó.
Guillermina Cabañas Alvarado, prima del líder guerrillero Lucio Cabañas platica su testimonio de la represión de la guerra sucia, ayer en Chilpancingo Foto: Tlachinollan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Guillermina Cabañas Alvarado afinó su puntería disparándole primero a las calabazas, y cuando estuvo preparada entró a la guerrilla de su primo Lucio Cabañas obligada por la represión que en la década de 1970 sufría la familia del líder guerrillero.
El testimonio de Guillermina fue uno de los que recibió ayer la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), durante el Dialogo por la Verdad.
Ahora de 74 años, la ex guerrillera originaria de San Juan de las Flores, municipio de Atoyac, contó que en ese pueblo la represión más fuerte se vivió entre 1970 y 1972 cuando fue ocupado por los militares.
Entonces había señalamientos contra los familiares del guerrillero Cabañas Barrientos y los militares llegaban a los pueblos y sacaban a la gente a la cancha de básquetbol, y quienes no se apellidaban Cabañas los ponían a un lado y los que sí en otro.
Muy jovencita entonces, Guillermina vio cuando militares se llevaron a su sobrino Antolín Cabañas Fierro, después a Joaquín Cabañas.
“Se sentía mucha impotencia, mucho coraje, no podíamos hacer nada ante las fuerzas armadas”, contó Guillermina, para entonces ya tenía desaparecido a su hermano Humberto y era ella quien lo buscaba.
Dijo que la mayoría de su familia, incluidos sus padres, salieron desplazados para Acapulco y ella se quedó al frente de los trabajos que le correspondían a su papá, pero también, por eso, fue hostigada por la misma gente del pueblo y empezaron a amenazarla.
De eso se enteró Lucio, quien le mandó una carta en la que le decía que se preparara para salir, antes le mandó a unas personas para que le enseñaran a usar armas.
“Yo le tenía miedo a las pistolas, sentía que me iban a explotar en la cara, pero de tanto y tanto me pusieron a prueba con una calabaza a 100 metros y hasta que le pegué me sentí segura”, contó.
Entonces le mandó avisar a sus padres que se iba a la guerrilla porque se estaban llevando a la familia Cabañas, “y no podemos hacer nada”.
Recordó que sus padres lloraron: “No te puedes ir, allá hay puros hombres, te van a tener de cocinera y no sabemos que más vaya a pasar”, le objetaron.
Pero Guillermina insistió, les dijo que prefería irse a que la agarraran con las manos cruzadas, “me tengo que defender, además yo coincido con las ideas de Lucio”, les insistió y se fue.
Dificultades en la sierra
Contó que el primer mes la acompañó su hermano Silvestre para constatar que ahí (en la guerrilla) había respeto.
“Tuve que estar aprendiendo las reglas, los trabajos se hacían parejo por hombres y mujeres. Los hombres tenían que aprender a hacer tortillas, lavar su ropa e igual las mujeres tenían que arrimar leña y los alimentos que se llevaban de otros pueblos”.
En los primeros días Guillermina se dio cuenta de que la vida en la sierra no era como la había imaginado, en el tiempo de lluvias dormían con la ropa mojada y con las botas puestas.
“A veces no podíamos ni prender la lumbre para preparar café o hacer la comida”, y dijo que lo peor fue cuando los militares los bloquearon y no los dejaban pasar alimentos ni pastillas para los enfermos.
Vio a compañeros que les llegaron a picar alacranes o animales ponzoñosos y no tenían antibióticos, ni pastillas para curarse.
Recordó una anécdota: Un día se le prendió una garrapata de las conocidas como del tigre en la entrepierna y le tuvieron que sacar la cabecita con un cuchillo, y la herida se infectó porque no había antibióticos, sólo se lavaba con jabón o con hojas de yerbas que creía eran curativas.
Además por el bloqueo del Ejército cuando no tenían suficiente comida comían raíces, una de ellas la oreja de burro que hervían para ablandarla.
En una ocasión cuando estaban en Los Piloncillos, no tenian alimentos y comieron cola de león que crece cerca de los arroyos. Contó que hervían el camote y en las noches no aguantaban los dolores de estómago por el frío, o porque lo que comían no era suficiente.
“Pasábamos hambre, frio, dolores, calores, diarreas.
Añadió que por esos días subieron unos médicos a apoyarlos y ella aprovechó para acompañarlos a las comunidades para dar consultas y aprendió a inyectar, poner suero, entablillar y a curar las heridas.
Después, cuando algún compañero se enfermaba ella estaba al pendiente de ellos.
Cuando los médicos se fueron le dejaron a su esposo el directorio para saber cómo se aplicaban las medicinas y los antibióticos, y mientras él daba las consultas ella era la enfermera, así apoyaban a las comunidades y los pobladores, a cambio, les daban huevos, frijol, maíz, a veces pollo que se repartían de a pedacitos.
Recordó que a finales de 1973 salió embarazada y se preocupó porque le daba hambre y no había qué comer, a tal grado que cuando le daba vómito lo que arrojaba era espuma.
Recordó que un compañero cercano a Lucio era “muy bondadoso” con ella y cuando salía de comisión pedía en las comunidades comida para llevarle.
Un día llegó y le dijo: “me da pena Hortensia (así la conocían en el grupo) te traje un pan pero viene bien mojado en mi morral, nos llovió y no sé si te lo quieras comer así. Vio que el pan lo llevaba envuelto en hojas verdes; “el hambre es canija, dámelo”, le respondió.
En otra ocasión se enfermó de gripa, tos y temperatura, mero cuando les avisaron que tenían que irse porque se acercaban los soldados.
Para salir tenían que cruzar un río y su esposo tuvo que cargarla para que no se mojara, pero a medio arroyo resbaló y cayeron los dos quedando totalmente empapada. Ambos tuvieron que seguir mojados porque no llevaban más ropa debido a que habían dejado sus mochilas para avanzar más rápido.
La empapada le agravó el dolor de cabeza, la temperatura y hasta quedó sorda.
Sonriente y divertida, contó que se hizo unos calzones de manta con las bolsas de arroz y a su esposo unos calzoncillos, y a éstos le quedaron el letrero de: “suprema” (la marca del arroz).
Dijo que en broma le pidió a su esposo: “no los vayas a tirar, guárdalos, porque ese calzoncillo va a ir a dar al Castillo de Chapultepec cuando termine esto (la guerrilla), pero en el primer arroyo los tiró y ella se enojó; “porque tenía historia ese calzón”, dijo ayer sonriente, contagiando al público.
El 14 de agosto de 1974, cuando tenía cinco meses de embarazo, Lucio le dijo que tenía que salir de la sierra porque ya era peligroso que enduviera en el monte.
De camino a Acapulco por el monte, una noche se cayó de la hamaca y rodó unos dos metros y su embarazo se le complicó, la tuvieron que sacar rápido, pues ya no podía aguantar más.
Explico que esa vez desbarató una bolsa de manta y se hizo una venda larga con la que se envolvió para avanzar más rápido porque ya para entonces los caminos estaban llenos de militares.
Otras parejas aprovecharon para salir con ellos y hubo lugares que atravesaban “como Tarzán, porque no podíamos ir por el camino, teníamos que ir rompiendo el monte para llegar donde pudiéramos dormir y al otro día seguir rumbo a Acapulco”.
Al final pudieron llegar “con muchos trabajos” a Acapulco, “desafiando los retenes y dando muchas vueltas”.
Explicó que en Acapulco ya tenian un lugar convenido donde se iban a reunir todos los que habían salido.
Informó que llegaron todos, y se abrazaron, rieron, lloraron y se despidieron, cada quien le dio por su rumbo, pero días después se iban enterando “que a fulano lo agarraron, y al otro también”.
Una de las que detuvo el Ejército días después fue Migue, a quien Guillermina dijo que quiso mucho; “siempre anduve pegada a ella, nos queríamos mucho”, contó y dijo que, incluso, a una de sus hijas le puso Migue, en recuerdo a ella que sigue desparecida.
Las dos primeras jornadas en el Campo Militar Número 1-A en las que participan sobrevivientes de la guerra sucia, familiares de víctimas e integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, han sido “intensas, enriquecedoras y alentadoras”, de acuerdo con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y comisionado del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
Los participantes –61 personas, entre sobrevientes, familias y funcionarios, precisó la Secretaría de Gobernación– recorren desde el martes pasado las instalaciones de la zona militar para reconocer los lugares donde se cometieron torturas, detenciones ilegales e incluso desapariciones de disidentes políticos y líderes sociales.
El propósito es recabar información que ayude a esclarecer los crímenes cometidos en el periodo de 25 años conocido como guerra sucia.
“Se ha generado un ambiente muy favorable para poder ingresar”, comentó Barrera a El Sur. “Ha sido muy representativa la presencia tanto de familiares como de sobrevivientes de distintos estados”. En el caso de Guerrero, añadió, el primer día asistieron las activistas Micaela Cabañas y Tita Radilla, además de Arturo Miranda.
“Son grandes luchadoras que han exigido justicia”. Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, estuvo presa en el Campo Militar no. 1, junto con su mamá Isabel Ayala, cuando apenas era una niña.
“Hemos tenido la presencia de grandes hombres y mujeres, con un corazón de acero por lo que han logrado”, dijo el director de Tlachinollan. “Creo que son muy trascendentes estos días para ellos y ellas porque se logra un objetivo: acceder a las instalaciones militares, que en otras circunstancias históricas y coyunturas políticas se veía muy difícil”.
–Se ha calificado a estas visitas como “hecho histórico”.
–Tiene toda esta fuerza que le imprimió el movimiento de sobrevivientes y familiares. Es algo que les ha significado muchas batallas. Por otro lado, con el decreto presidencial del año pasado, algunos de los compromisos fueron que se accediera a las instalaciones militares, lo que se ha ido materializando. Desde mediados de este año se logró establecer un acuerdo con personal del Ejército para poder ingresar a las instalaciones.
“Que el Ejército facilite, se valora”
Abel Barrera enfatizó la fortaleza de los colectivos y sobrevivientes. “Su entereza y deseo de ingresar. Ellos tienen historias muy claras y precisas sobre cómo fueron detenidos e ingresados al Campo Militar”.
Asimismo, destacó la disposición de los mandos militares a facilitar el acceso. Las reuniones en que se definió el protocolo sobre cómo se entraría comenzaron en junio, dijo.
La selección de los espacios que se están inspeccionado –según se indica en un comunicado de la Segob difundido ayer– “se basó en documentación militar, así como en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público”.
Al Campo Militar Número 1-A, localizado en los límites del Estado de México y Ciudad de México, fueron trasladadas entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX personas detenidas de forma arbitraria y sometidas a interrogatorios, torturas, prisión clandestina o cuyo destino final, en muchos casos, aún se desconoce. Se habla de al menos 500 personas que fueron llevadas ahí, entre políticos opositores y dirigentes de distintos ámbitos sociales.
“Este lugar ha sido muy señalado por decenas de familiares como lúgubre, un lugar de la infamia. Que facilite (el ingreso) el mismo Ejército, es algo que se valora”, reconoció Barrera.
La Comverdad de la guerra sucia está conformada por cinco mecanismos integrados por civiles y servidores públicos. El primer día de recorrido estuvieron presentes elementos de tres de esos mecanismos, los involucrados con las búsquedas y el esclarecimiento histórico, y cuya presencia en los espacios castrenses es importante.
Ese martes, acompañó a familiares y sobrevivientes personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, dependencia donde fue creada la Comverdad. También hubo representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En opinión del director de Tlachinollan, es importante la presencia los funcionarios “para que sea más efectiva la cobertura de los recorridos, la ubicación de los lugares”.
Una comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del área de Derechos Humanos ha sido la encargada de recibir y guiar los recorridos.
Barrera mencionó que los participantes acordaron no hablar con detalle, por ahora, de las visitas al Campo Militar. Este jueves o el viernes se difundirá un comunicado conjunto de todos los involucrados “para informar de manera objetiva sobre las actividades realizadas”.
Sobre el primer día, abundó, estuvieron en dos sitios “donde las mismas familias han dado testimonio de que fueron donde los ingresaron. En general, fue “un reconocimiento que seguirá más a detalle en estos días”.
–¿Se cumplió la expectativa?
–Fue un ambiente favorable para facilitar el recorrido, (hubo) buena comunicación para implementar el protocolo. Las personas estaban expectantes, interesadas en entrar, en recorrer, ubicar, hacer reflexiones y preguntar. Las unía el interés de ubicar los lugares. Impacta a uno como comisionado.
–¿Cuál ha sido el protocolo para los tres días?
–Hay un plan al que se le ha dado seguimiento, un programa que se acordó con las autoridades militares. Tiene que ver con el recorrido de las instalaciones. Iniciar temprano y terminar después de las seis de la tarde.
Barrera insistió en que ha habido “un gran ánimo entre quienes participan. Se ha mantenido ese ambiente de entendimiento y respeto para esta labor”.
El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.
Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia
El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.
Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar
A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.
El encuentro se tornó ríspido
Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.
En Atoyac exigen seguridad
En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.
