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Defiende AMLO al Ejército y desacredita el informe del Mecanismo para la Verdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional Foto: Cuartoscuro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Ejército ha entregado toda la información respecto a los crímenes cometidos de 1965 a 1990, conocido como el periodo de la guerra sucia.
“Están malinformados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Me consta que han entregando todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”, mencionó respecto al informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
Asimismo, y en el asunto de la inculpación a militares en casos de desapariciones, aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente rechazó el informe que la víspera presentó David Jesús Fernández Dávalos, responsable del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, quien acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
López Obrador dijo que personas relacionadas con el Mecanismo están mal informadas o desinforman de “mala fe” y dejó abierta la posibilidad de reemplazarlas.
“Si ellos no tienen convicciones, no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden”.
El presidente comparó la situación con la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, y de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
López Obrador afirmó que su administración no busca ocultar ningún hecho, además de tener como prioridad la transparencia, destacando que se ha entregado toda la información referente a la Guerra Sucia.
“¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos, si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario, de represión, que se conoce como la Guerra Sucia? Nosotros creamos ese comité, y si lo creamos pues cómo no vamos a entregar toda la información, que se sepa todo”.
El presidente aceptó “tener ganas” de hablar sobre el tema referente a la presentación realizada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Este miércoles, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico expuso la falta de colaboración y la obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las investigaciones de las violaciones cometidas de 1965 a 1990.
Fernández Dávalos mencionó que se entregó un reporte al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, donde hay una recopilación de hechos que podrían ser “constitutivos de delito” en la obstrucción para la consulta de los archivos.
De igual forma, el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Iberoamericana denunció la falta de colaboración de la Sedena para la obtención de la información y que recientemente las negativas aumentaron a tal medida que personal militar llegó a ocultar, alterar o mutilar información.

Cienfuegos no estuvo implicado en la desaparición de los 43

El presidente aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
“Pero toda la información, toda se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia en estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo, nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de Seguridad para ir a fondo”.
El presidente declaró que no hay información que responsabiliza al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no, no, no. Voy a empezar a responder sobre esto: no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, Para que también quede claro”.
Ante las críticas por haber condecorado a Cienfuegos este miércoles en los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, López Obrador aseguró que si se tiene información distinta se dé a conocer.
López Obrador dijo que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), “le fabricaron delitos” a Cienfuegos razón por la que estuvo detenido en Estados Unidos, asegurando que se trataba de una venganza.
“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón” indicó.
Respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, López Obrador aseguró que existen avances, destacando que no hay un país donde se tengan detenidos a funcionarios por su participación. Añadió que a pesar del conflicto bélico entre Israel y Palestina, seguirán solicitando la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, supuesto protagonista de la creación de la llamada Verdad Histórica.
“¿Por qué se va Zerón a Israel? Pero también, ¿cómo es que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes, además nunca fue aceptado por nadie, torturan, se demuestra que hay tortura?”, cuestionó el presidente.
Aceptó que cuando se le solicitó al ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que iniciara los trámites para las órdenes de aprehensión de los involucrados, se negó debido a fallas en el procedimiento.
“Resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la procuraduría de ese entonces, de alto nivel, se niega y junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar” comentó.
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado tres de octubre, López Obrador afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue debido a la responsabilidad y colaboración de las autoridades locales con la delincuencia organizada, diciendo que en caso de que hubiera participación de militares, fue de algunos elementos.
“Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tiene que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis y con la delincuencia, que dominaba esa región” aseguró el presidente.
En la misma conferencia López Obrador reiteró su postura según la cual el Ejército no participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, además de asegurar que ni el ex presidente Enrique Peña Nieto ni el ex secretario Salvador Cienfuegos, ordenaron desaparecer a los jóvenes.
“Que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa, a que el gobierno desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el General Secretario de entonces, la desaparición de los jó-venes, no, no”.

 

 

Sobreviviente de la guerra sucia saluda que se señale a Figueroa Figueroa y Acosta Chaparro

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.

 

“Gran oportunidad perdida”, no acceder a la verdad de la guerra sucia: Carlos Pérez Vázquez

Carlos Pérez Vázquez, abogado, experto en problemas de justicia, ex miembro de la Comverdad Foto: El Sur

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Si las instituciones de seguridad no garantizan el acceso a documentos y archivos para esclarecer sucesos históricos como la guerra sucia, pero también otros como el movimiento del 68 y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estamos ante una gran oportunidad perdida, sentencia el abogado Carlos Pérez Vázquez, ex integrante del Comité de Impulso a la Justicia de la Comverdad de la guerra sucia.
Con el gobierno actual, dice el consultor experto en temas de justicia, “se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos, pero eso no ha ocurrido por la opacidad de las instituciones”.
A mediados de agosto pasado, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunciaron la reiterada negativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) a permitir la revisión de documentos históricos relativos a la guerra sucia.
–Pareciera que no hay posibilidad de acceder a la verdad.
–Mi colega Fabián Sánchez Matus y yo renunciamos en mayo pasado (al Comité para el Impulso a la Justicia de la Comverdad) fundamentalmente porque nunca tuvimos apoyo de la Secretaría de Gobernación ni de la propia comisión, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Me refiero a apoyos financieros, de material y de tipo político para hacer el trabajo que teníamos que hacer, que tenía dos vertientes, según el decreto presidencial que creó la comisión. Una era poder entrar a la FGR a revisar las averiguaciones previas sobre la guerra sucia que están pendientes. Dos, hacer una propuesta de diseño de fiscalía especial, al interior de la Fiscalía General (de la República), centrada en los casos.

Sin respuesta de fiscalías de Guerrero, Oaxaca, Cdmx

Esto último, continúa Pérez Vázquez en entrevista con El Sur, “fue imposible porque nunca tuvimos un contacto oficial con la FGR, mandamos oficios en su momento para que a través del presidente de la Comisión para la Verdad pudiéramos tener ese contacto y lograr un convenio de colaboración con la FGR. Hicimos lo mismo con las fiscalías de Oaxaca, de Guerrero y de la Ciudad de México.
“Nunca recibimos respuesta, por lo que era imposible revisar las averiguaciones previas. La parte más sustantiva del trabajo para que el cual fuimos designados, era imposible realizarla. Tomemos en cuenta que la comisión termina sus funciones en septiembre de 2024. En un año, cuando termine el sexenio del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.
–Más de un año y medio sin lograr nada –se le comenta al abogado.
–Para evitar dar un trabajo final indigno para las víctimas –explica–, decidimos separarnos, pensando que el tiempo ya no era suficiente y que no existió ese apoyo. En la parte más sustantiva de nuestra encomienda, nosotros teníamos que idear estrategias de judicialización con las averiguaciones previas abiertas y proponer rutas para que las víctimas alcancen la justicia que llevan esperando durante 50 años.
“Pero eso no lo podíamos hacer nosotros solos, porque no teníamos ningún tipo de representación al exterior de la Comisión para la Verdad. Hicimos nuestro trabajo con nuestros recursos como ciudadanos por más de un año y medio. No es lo correcto. Porque la deuda histórica no es nuestra, es del Estado mexicano”.

Interesados en rasurar o eliminar pruebas

Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad, son quienes denunciaron el desacato a la orden presidencial de acceder a los archivos de la época.
“Vi el comunicado y me preocupa. Ellos alegan que hay documentos del Archivo General de la Nación (AGN) que han sido rasurados, o que hay archivos diezmados de alguna manera. Es grave porque los documentos del AGN pueden considerarse pruebas documentales, públicas, uno podría alegar jurídicamente que son documentos que hacen prueba plena ante autoridades administrativas, jurisdiccionales. Son documentos oficiales que están en un archivo oficial y que fueron trasladados desde el 2000 por un decreto de Vicente Fox.
“En todos estos años, la institución que estuvo a cargo de todos estos documentos que son muy importantes y delicados, fue el Cisen. No sé si ahora se trasladaron al Centro Nacional de Inteligencia, pero es importante saberlo porque muchos de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia eran de la policía secreta, la antigua Dirección Federal de Seguridad, que luego fue el Cisen.
“Si ellos estuvieron a cargo de los propios documentos que los incriminaban, uno podría pensar que no es tan descabellado lo que dicen los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento en el sentido de que eran los primeros interesados en rasurar documentos y quitar pruebas. Eso es lo más delicado”.

Archivos inaccesibles que viven
del erario

Respecto al tiempo en que fue parte del mecanismo donde le tocó participar, se le pregunta a Pérez Vázquez si notó entonces falta de transparencia de las instituciones involucradas en la custodia del archivo histórico.
“Absolutamente –afirma–. Siempre ha sido mejor revisar los documentos de las propias víctimas, platicar con ellas. Es lo que ha hecho el Mecanismo de Esclarecimiento: diálogos por todo el país con víctimas y sobrevivientes, más que con las autoridades. El AGN es un archivo público, pero no es de fácil acceso. Antes del gobierno del presidente López Obrador era complicado acceder a los archivos”.
–El director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, dice que han recibido documentos “históricos” del Cisen.
–Una cosa es tener acceso a todo lo que existe en el AGN y otra cosa tener a acceso a todos los documentos en poder del CNI que no están en el AGN. El punto es lo que no está en el AGN –remarca.
Los archivos de la FGR, precisa el especialista, “por ley son confidenciales . No hay manera de acceder a las averiguaciones previas a menos que uno sea una parte interesada, es decir, denunciante, denunciado, autoridad vinculante. Son documentos que, por su naturaleza, deben tener mucha información muy valiosa”.
En cuanto a los documentos de la Sedena, el Ejército “ha sido particularmente opaco, no sólo con la guerra sucia sino con su actuación cotidiana. Estoy seguro de que los archivos militares deben de ser los más completos del país, pero son también los más inaccesibles. Hay una tradición en las fuerzas armadas en general de mantener confidenciales las historias de los sucesos en los que participan. Esto se debe a su naturaleza vertical. Hay cadenas de mando muy claras, en donde las responsabilidades se delimitan con mucha claridad, dependiendo del cargo de cada actor”.
Pero, señala, “ese archivo es inaccesible para la gente en general aunque se sostiene con recursos públicos”.

“Le deben al país un acto de contrición”

Carlos Pérez Vázquez comprende que existan documentos que se reservan por seguridad nacional, “pero cuando se trata de archivos históricos sobre la guerra sucia, donde hay delitos de desaparición forzada y muchos perpetradores militares han muerto, no entiendo por qué esta inercia cultural de las fuerzas armadas por mantener su trabajo en la opacidad.

 

“A uno no le queda más que sospechar que han sido perpetradores y violadores de derechos humanos. Esa no es una imagen pública que el Ejército quisiera asumir. Ya hay una narración social, política, sobre lo que sucedió en esos años. Son muchas fuentes: de víctimas, investigaciones independientes, periodísticas, que hacen inevitable que las fuerzas armadas puedan exculparse del acto de contrición que le deben al país.
“Hay un consenso de que las fuerzas armadas actuaron como un elemento de represión en esos años, y, sin embargo, del lado del Ejército prevalece el silencio, la opacidad. Cincuenta años después, en un México completamente distinto, la carga de la prueba está de su lado. Les corresponde a ellos probar que actuaron correctamente, aunque parece que el juicio de la historia sí se inclina a sostener que obraron de manera incorrecta, con completo desapego a la Constitución”.
–Las fuerzas armadas se aferran a mantener una buena imagen, con base en la alta aprobación que tienen a nivel nacional.
–Es parte de la función que deben cumplir las instituciones el tener una buena aprobación, pero la gente debe de simpatizar con las instituciones sobre la labor que hacen, no por una labor de imagen de relaciones públicas –dice Pérez Vázquez–. Tras años de presupuesto y recursos públicos que siempre van en ascenso desde la Revolución mexicana, ¿qué le ha dado el Ejército a la sociedad? Si hablamos del desastre en el país, que no hay seguridad para nadie, las cuentas que tienen que dar son bastantes negativas. Si a eso se añade que hubo un comportamiento atroz en periodos identificados, en los sesenta, durante la guerrilla, entonces salen debiendo.

Acabar con “el germen
de la impunidad”

Pérez Vázquez ve con preocupación que pasen los años, las generaciones, “y no seamos capaces de abrir la bóveda de los secretos. Hay una gran cantidad de gente en el país que no sabe qué pasó en aquellos años. Algunos saben un poco, pero tienen una buena imagen del Ejército. Es un lastre que vamos cargando y explica prácticas institucionales que se mantienen al día de hoy”.
–¿Por qué nos conviene saber la verdad, que las víctimas del 68 y la guerra sucia tengan justicia?
–Se necesita modificar inercias institucionales, formas de actuar de las instituciones de seguridad que vienen de mucho tiempo atrás. Mientras eso no se logre, los patrones se van a seguir repitiendo y son patrones de abuso. Las ejecuciones extrajudiciales de Nuevo Laredo no son casuales, obedecen a un patrón institucional. Ahí puede rastrearse el germen de la impunidad.
La conclusión del abogado, ya desde afuera de la Comverdad, es que “es una gran y enorme oportunidad perdida. Si hablamos de los decretos de Ayotzinapa y de la guerra sucia, se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos. Si el sexenio termina y esos dos acuerdos firmados por el presidente no concluyen de manera satisfactoria, pese al reclamo de las víctimas, serán, definitivamente, dos oportunidades perdidas”.
–¿Qué debería hacerse ahora?
–Resta una movilidad social de indignación de las víctimas. El problema es que están cansadas, cada vez tienen menos tiempo y energía. Pero quizá serviría llevar el asunto a las campañas electorales próximas, confrontar respecto a las promesas que se hicieron. La próxima elección tiene mucha fuerza mediática. No se ha abordado el tema de la guerra sucia como tema de campaña –plantea.
“Es grave y frustrante lo que pasa. Los cuatro comisionados del Mecanismos para Acceso a la Verdad están haciendo todo lo que pueden. Es muy fácil que te topes con pared. Lo que yo vi es que el subsecretario Encinas nunca tuvo la fuerza política suficiente para llevarnos a donde teníamos que ir, para entrar a los archivos militares y de la Fiscalía. Si no la tuvo por voluntad o porque su peso político específico no se lo permite, ese es un problema del presidente, porque él es el jefe tanto de Encinas y del Ejército, se supone. Tiene políticamente una ascendencia sobre el fiscal general. Y él va a tener que rendir cuentas.

 

Habrá compensación económica a víctimas directas e indirectas de la “guerra sucia”

El gobierno federal dará compensaciones económicas a víctimas directas e indirectas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como “guerra sucia”.
De acuerdo con los Lineamientos del Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, publicados en el Diario Oficial de la Federación, esta medida de reparación aplicará para las víctimas reconocidas que hubo entre 1965 y 1990.
“El programa busca el fortalecimiento del proyecto de vida y atenuación de las afectaciones ocasionadas a las víctimas, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, derivado de los hechos ‘victimizantes’ comprendidos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990”.
“A través de un procedimiento administrativo abreviado en términos de la Ley General de Víctimas, para lo cual se considerará el tipo de delito, y si se trata de la víctima directa o indirecta”, agregan los lineamientos.
Para el otorgamiento de los recursos con los que se busca compensar a las víctimas directas, se considerarán las “diversas afectaciones que se generaron”, o bien, el nexo causal, grado de parentesco y afectaciones al proyecto de vida, en el caso de las víctimas indirectas.
Se considerarán prioritarios aquellos casos que involucren ejecución extrajudicial, desaparición forzada permanente o temporal, tortura y tortura sexual.
Asimismo, aquellas víctimas que, por razones de edad, tipo de delito o violación a los derechos humanos, lugar de origen, enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.
Para que una persona sea reconocida víctima indirecta y, por lo tanto, sea beneficiaria de la compensación, deberá acreditar “nexo causal”, así como parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima directa, en primer grado en línea recta ascendente o descendente. (Antonio Baranda, Agencia Reforma / Ciudad de México).

Pese a las imprecisiones, es “honroso” que Lucio esté en los libros de texto, dice su hija

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo
A pesar de que señaló algunas imprecisiones en los datos, la hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas, consideró que “es honroso” que la represión durante la guerra sucia se haya incluido en los libros de texto.
“Como hija del maestro, siempre he buscado el reconocimiento y que se dé a conocer su lucha, porque es importantísimo que los jóvenes conozcan la historia de los movimientos sociales, porque si no conocemos nuestro pasado y nuestras raíces, estamos condenados a seguirlo repitiendo”, explicó.
Dijo que han habido muchas atenuantes y que mucha gente está en desacuerdo, porque piensan que se está politizando la educación, “pero no, al contrario, es parte de nuestra historia y hay que darla a conocer”, declaró por teléfono la representante en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“De parte de la familia Cabañas y de la mía, nos parece que es honroso, es dignificante, es una forma de darnos a nosotros un poco de justicia y se reconoce la lucha de muchos luchadores sociales, que han dejado un legado a nuestro estado y a nuestro país”, destacó.
Explicó que se trata de luchas dignas, porque fueron por mejores condiciones de vida y no por poder.
Pero criticó que los libros tengan imprecisiones en algunos datos, uno de ellos es el que menciona que “un grupo de jóvenes, encabezados por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y algunos políticos locales, formaron la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), pues recordó que su padre no perteneció a esta agrupación”.
“En ese contexto, se tendría que hacer un buen análisis para decir que fueron luchadores sociales en su tiempo y en su momento y que, a su vez, cada quien formó sus propias organizaciones; fue Genaro el que formó la ACG y el maestro Lucio, el Partido de los Pobres”, recordó.
Exigió: “Hay que decirlo bien y muy puntual, porque al historiador le faltó definir esos puntos; sin embargo, no deja de ser honrosa su inclusión”.
Micaela Cabañas reconoció que no está “muy de acuerdo” con algunas partes del texto, en lo que se refiere a la dignificación del legado que dejaron quienes participaron en los movimientos, que el historiador debería pensar muy bien y ser muy responsable en el mensaje que se quiere dar a los jóvenes. Explicó que éste siempre debe ser positivo.
Declaró que deben deslindarse bien las organizaciones en las que participaron Genaro y Lucio, además de que se les dé lugar a cada quien.
Criticó que también en otra parte se les presenta como a un grupo de jóvenes que, “como que no tenían ideología y que se unieron para dar una lucha”, pero aclaró que ambos luchadores sí tenían una ideología y lucharon por ella.
Opinó que las imprecisiones son porque, quienes hicieron los libros de texto, no pidieron la opinión a los familiares y a quienes de verdad conocen la historia.
La representante de la CNDH en Guerrero informó que es evidente que tampoco consultaron la recomendación 98/2003, “donde está la historia real y contada como debe ser y lo que pasó”.
Recordó que en esa recomendación, su padre Lucio Cabañas pasa de ser un gavillero, robavacas y guerrillero, a una víctima del Estado. Insistió en que todas estas situaciones se debieron haber tomado en cuenta en los libros.
Informó que como familia preparan un documento en el que fijarán su postura, en la que participan Pablo y David Cabañas, sus tíos. Informó que en el documento contarán la historia real del maestro Lucio.
Explicó que si bien no lo harán para que se incluya en los libros, si como una propuesta, con miras a que se tome en cuenta después, “porque estamos conscientes que no podemos echar abajo todo el trabajo que se ha hecho”.
Acotó que es respetuosa de las instituciones y que ama mucho lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que lógicamente la gente tiene sus errores y que por parte de la familia Cabañas quiere apoyar con información veraz de lo que debió haber sido, debió ser y estar en los libros.

 

Exigen familiares de víctimas de la guerra sucia que declaren 300 militares

Integrantes la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia en conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron ayer que el gobierno federal obligue a declarar a 300 militares que participaron en la desaparición, tortura y asesinato en esa época, y que han sido identificados por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
También insistieron en la inmediata exhumación de ocho cuerpos de víctimas ubicados en fosas clandestinas en Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, porque la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, les dijeron que se haría después de la temporada de lluvias y de cosecha, porque fueron localizadas en campos de maíz.
Ayer al mediodía en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Reporteros de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, 20 integrantes de las organizaciones que conforman la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron a los tres órdenes de gobierno la inmediata exhumación de ocho víctimas ya identificadas en fosas clandestinas.
La dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, dijo que los ocho hombres fueron torturados y asesinados en gobiernos priistas de 1967 a 1974, que están en fosas clandestinas ya ubicadas, por ello, a este gobierno de Morena le exigen que los exhume.
Las hijas e hijos de cinco víctimas narraron que el 20 de diciembre de 1967 en la comunidad Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, los militares asesinaron a Francisco Rojas Nazario y a su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán; a Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz y Bartolo Rojas Nazario, quienes fueron enterrados en una fosa clandestina.
Una de las familiares, Antolina Rojas Bernardino narró que cuando tenía 10 años su padre Bartolo Rojas Nazario fue asesinado, al igual que su primo y tío, Francisco Rojas y Pablo Rojas.
“Yo sin saber iba corriendo con él, y las balas pasaban por mis pies, en una casa se refugió, y me dijo, hija ve por tu mamá, que venga con las mujeres para que nos ayuden a salir. Estaba hirviendo de puros soldados verdes y mi papá me dijo que en la casa de Francisco quedó un arma para que nos podamos defender, y yo fui, pero los soldados me amenazaron que me iban a matar y yo le dije a mi papá que no vi nada”, contó.
Su padre también fue asesinado, y aseguró que en Los Espadines las propias mujeres, niñas y niños los sepultaron, “yo me acuerdo porque yo también ayudé a cavar tierra… los soldados nos obligaron a cavar y enterrarlos en una fosa clandestina porque si no nos iban a matar”.
Fidencio Bernardino Hernández, hijo de Gervasio Bernardino Durán relató que su padre fue masacrado en Los Espadines, pero ya fue localizada la fosa clandestina el pasado 16 de junio, durante una búsqueda junto a representantes de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También Bartolo Hernández Rojas contó que su padre Apolonio Hernández Bernandino fue masacrado, golpeado, mancillado y torturado por el Ejército en la sierra de Guerrero en 1971 junto a su tío, José Isabel Rojas Bernardino, ambos fueron enterrados en una fosa clandestina en el Cerro de las Desdichas, en el municipio de Ajuchitlán el Progreso.
Carlos González Márquez contó que otra víctima fue José Santos González Rojas, detenido el 19 de noviembre de 1974, torturado y asesinado por los militares en la comunidad Las Juntas, pero su cuerpo fue enterrado en una fosa clandestina en el Cerrito del Águila, en el municipio de San Miguel Totolapan.
El asesor jurídico y representante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano comentó que el 16 de junio se realizó el recorrido de inspección y reconocimiento en el lugar de los hechos por parte de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Lamentó que las autoridades respondieron a los familiares de las víctimas que las exhumaciones se van a realizar probablemente después de la temporada de lluvias, pero como es una zona de plantíos de maíz, también les comentaron que será después de que se coseche, y parece que “nunca lo piensan hacer”.
Comentó que la mayoría de los familiares son testigos presenciales de los terribles hechos cometidos por el Ejército y después de tantos años que se animaron a denunciar, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, continúa el pacto de impunidad entre el actual gobierno federal y el Ejército.
Sostuvo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia creada por este gobierno, no ha hecho nada significativo, pero que recientemente les informaron que hay 300 nombres de militares que aún viven, y “que fueron criminales de ese periodo de la guerra sucia”.
Expuso que esos soldados tienen que ser citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en su caso, ante las tres carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE), referente a los hechos de las ocho víctimas, si esos militares coincidieron en ese tiempo y en ese lugar “automáticamente son probables responsables y se les tiene que citar a declarar”.
Insistió en que hay una simulación de investigación que con lleva a la impunidad, que no permitirán los familiares de las víctimas, también llamó a los integrantes de la Comisión a que salgan de sus oficinas y acompañen a las víctimas a exigir justicia.
Manifestó que mediante Micaela Cabañas, hija del maestro insurgente Lucio Cabañas, quien está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitaron una reunión urgente con la presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, para pedir que la exhumación se realice lo más pronto posible.
Como representante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y como víctima de tortura por el Ejército, Arturo Miranda Ramírez comentó que a un año y medio de que concluya su periodo de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, “la paciencia se impacienta”, porque ya no se puede esperar más tiempo para tener justicia luego de que están muriendo muchos de los sobrevivientes de aquella época.
Afirmó que además, se dificultará más la búsqueda de los desaparecidos, por ello urgió que el gobierno actual no se convierta en una farsa al no llegar al fondo de la demanda de justicia, “nuestro temor es que mucha gente valiente que se ha atrevido a denunciar los casos de sus familiares y que nada más quede en promesas, nunca más tendrán confianza en ningún otro gobierno”.
Dijo que mientras no se esclarezcan los delitos cometidos en la guerra sucia, la honorabilidad del Ejército seguirá en entredicho, “quizá se vuelva a tener confianza”, y será en el momento en que contribuyan a llevar a juicio a esos responsables de todos los agravios.

Pondera activista la ley 3 de 3, que implica “muerte civil y política” a agresores de mujeres

Daniel Velázquez

La activista Yndira Sandoval Sánchez destacó que la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres es para dar “muerte civil y política” a los hombres violentos en el servicio público, pero las llamó a denunciar, porque sin ello no se podrá actuar contra los agresores.
La ley establece que quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios, tendrán suspendidos sus derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público. Con la ley se busca garantizar que todo ciudadano que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Sandoval Sánchez dio ayer en la Universidad Americana de Acapul-co la conferencia La Reforma Fe-minista que está Transformando la Democracia Mexicana en la que convocó a las mujeres a defender la reforma constitucional que se logró, “porque a cada avance de las mujeres hay una resistencia del patriarcado para que no avancemos”.
Y dijo a las mujeres que la reforma aprobada no es una ley contra los hombres sino contra los agresores.
En su intervención también alertó que la reforma no debe usarse como guerra sucia en las campañas políticas para quitar adversarios y se debe vigilar que quien haga señalamientos contra un agresor tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
“La 3 de 3 no quiere acabar con la carrera política, administrativa, judicial de nadie. No es cacería de brujas ni le hacemos la chamba a nadie y menos la chamba sucia”.
“Que (la ley) sea un gran muro de contención, que sea un filtro de contención, de confianza y no una coladera cómplice, porque tan culpable es el que haya cometido un delito como el que le abra la puerta y lo postule y le dé el boleto para que participe y entre al poder. Tiene que ser sancionado el partido que lo postule, la instancia gubernamental que lo contrate o aquel gobernante que le dé un nombramiento directo”.

La factura se cobra en urnas

Sandoval narró que para lograr la reforma tuvieron que presionar a los diputados que planeaban enviarla a la congeladora en el Senado.
Contó que en la Cámara de Diputados la reforma se aprobó en marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer y “todo mundo se pone moños violetas, naranjas, rosas y ‘bravo, bravo’”. Pero la envió un escrito al Senado donde manifestaban su inconformidad con el dictamen y pedían que lo mandaran a la congeladora.
Dijo que las activistas pasaron 40 horas en el Senado en medio de la disputa de los senadores del PRI-PAN-PRD que tomaron la tribuna, y se aprobó por unanimidad la noche del 28 de abril, y la protege de cualquier impugnación. Ya fue avalada por 31 Congresos estatales, aunque eran necesarios 17.
Agregó que el siguiente reto es que la reforma avance para replicarse en otras áreas de la vida pública, para que los agresores tengan vergüenza, y destacó que la reforma es única en el mundo y por eso van a impulsar que se incluya en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Un parteaguas

En declaraciones a reporteros, destacó que la reforma ya está vigente y deberá aplicarse en el proceso electoral de 2024, federal y local.
Recordó que la 3 de 3 colocó la linterna para que violadores no fueran gobernadores y ahora establece que ese escrutinio deberá pasar por lo municipal, estatal, federal y órganos autónomos.
Precisó que para que se haga efectivo el derecho los acusados tienen que tener una sentencia firme por tanto ahora corresponde al Tribunal Superior de Justicia sancionar omisiones de quienes intencionalmente dilaten un caso de violencia, y ahora corresponde armonizar las leyes con la reforma aprobada que va dirigida a todos los que reciban un salario del erario.
Yndira Sandoval es la defensora de los derechos de las mujeres que en septiembre de 2017 fue agredida sexualmente por una agente en los separos de la policía de Tlapa, y por ese abuso en junio de 2021 las autoridades del municipio le dieron una disculpa pública.
En la conferencia estuvo acompañada por la dirigente de Nueva Izquierda en Guerrero, Azucena Salazar Pineda y la directora académica de la UAA Carolina Jaspe López. Y asistieron las diputadas locales Gabriela Bernal Reséndiz y Julieta Fernández Márquez y la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda.

 

El Ejército en labores de seguridad es “violencia simbólica”, por su pasado: Rosa Icela Ojeda

El panel Violencia y construcción de paz, del seminario Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno, en dónde participaron Rafael Esquivel Rosas, de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la investigadora de IIEPA de la UAG, Rosa Icela Ojeda, ayer en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

La presencia del Ejército como garante de la seguridad pública en un estado como Guerrero, representa “violencia simbólica”, y renueva “la memoria del miedo y el terror”, afirmó la politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivera, en el panel Violencia y Construcción de Paz.
Este jueves comenzaron las actividades del Cuarto Seminario Internacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2023, con el título Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Ojeda Rivera participó en el panel con la ponencia Salir de la violencia y construir la paz.
El panel se llevó a cabo en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho en Acapulco de la UAG.
Ojeda Rivera reprochó que se confió en el cambio democrático para que los asuntos de seguridad pública fueran de seguridad ciudadana, pues instituciones como el Ejercito y la Marina “están formadas para la seguridad internacional, la seguridad del país, por lo tanto responde a una lógica de atacar la violencia por medio de la violencia, pero además no tienen en sus procesos de formación el respeto a los derechos humanos”.
“Lo que seguimos viendo en entidades como Guerrero donde ha habido un peso muy fuerte y muy importantes en las desapariciones y violaciones de los derechos humanos históricamente administrado por la presencia de militares, en menor medida de marinos, algunas grandes violaciones”, las cuales podría mencionar, pero no era el tema de la ponencia.
“Esto, (la presencia de militares en seguridad pública) en estados como Guerrero, lo que hace es incrementar la violencia simbólica, este es un estado que ha tenido restricciones de libertades muy fuertes, desapariciones colectivas muy fuertes como la de los 43 recientemente, además de todas las desapariciones y una historia larga de agravios y de terrorismo de estado, no de Guerra sucia”.
Y aclaró que no se refiere a la Guerra sucia sino a terrorismo de estado, porque “la guerra es cuando hay dos oponentes que tienen mas o menos equilibrada la misma fuerza, aquí no había equilibrada la misma fuerza, aquí fue terrorismo estatal, esta memoria está presente en Guerrero y está presente en la cultura que ahora una política de seguridad nos vuelva a traer a los militares y a los marinos, que sean ellos los que están interviniendo de manera cotidiana, lo que hace es renovar esta memoria de miedo y de terror y no puede haber democracia con miedo y con terror”.
Las fuerzas armadas, señaló, “están hechas para defensa de la nación, no están hechas para los derechos humanos, no están hechas para una investigación del delito porque su lógica, estructura y formación corresponde a otros intereses”.
Otra observación que hizo la es que las universidades han normalizado el estudio de autores que avalan el uso de la violencia institucional. En el caso de la UAG que está en un contexto de violencia y que debiera tener un registro de los hechos de violencia en la entidad.

Ocupar el espacio público

Ojeda Rivera destacó la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina contra la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983, el de las madres y después las abuelas de la Plaza de Mayo que con un pañuelo blanco “armaron una revolución que no hemos visto en el resto de los países donde hubo el mismo nivel de crueldad, de desaparición, de asesinatos, ahí fue el país donde la sociedad civil, desde un tribunal civil juzgó a los militares que provocaron estas muertes”.
En sus conclusiones Ojeda Rivera insistió en que la seguridad de los ciudadanos debe estar a cargo de instituciones que promuevan la recuperación del espacio público y las libertades, y no por fuerzas castrenses formadas para la guerra y la práctica de la violencia. También deben existir políticas públicas de prevención “dirigidas a modificar la cultura poniendo énfasis en la educación y en la reconstrucción del estado de derecho”. Otra de sus propuestas es construir la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos en Guerrero.
En otro panel, el investigador italiano Carmelo Nigro expuso en su ponencia Dinámica de las violencias y experiencias sociales e institucionales de atención y prevención que “la pacificación en el mundo es la victoria de una visión hegemónica del mundo liberado”.
Abundó: “la paz entendida como una situación real que garantice la participación política en naturalidad no ha sido abordada en lo absoluto, en su lugar se logrado, con relativo éxito, ocultar los conflictos permanentes”.
En el panel también participó el estudiante de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Rafael Esquivel Rosas con el tema de la construcción de paz, los derechos humanos, la dignidad humana y relación con la creación del centro cultural en Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec en 2023.
Las actividades del seminario continuarán hoy jueves y mañana viernes.

 

Protestan víctimas de la guerra sucia afuera del acto por el Día del Ejército; exigen justicia

 

Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon al Sexto Batallón de Ingenieros en Chilpancingo, donde autoridades festejaban el aniversario del Ejército Foto: Jessica Torres Barrera

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.

Sedena y FGR obstaculizan investigaciones

Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.

 

Obstaculiza la FGR el acceso a expedientes sobre desaparecidos de la guerra sucia: Abel Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.