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Conmemora la APPG en Chilpancingo tercer aniversario luctuoso de Pablo Sandoval Cruz

Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) organizaron un homenaje en el tercer aniversario luctuoso del luchador social, Pablo Sandoval Cruz, y en el panteón central dejaron una ofrenda floral.
En el monumento a los caídos de 1960, ubicado en la alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo, los integrantes de la APPG, encabezados por Nicolás Chávez Adame, colocaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio.
“Pablo amigo, el pueblo está contigo”, “avanzar, avanzar en la lucha popular” y “el pueblo unido jamás será vencido”, corearon y avanzaron en marcha hasta llegar al panteón central de Chilpancingo.
Entre los asistieron están trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), damnificados de la tormenta Manuel, Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, entre otras organizaciones sociales.
En la marcha, el dirigente de la APPG dijo que se cumplían tres años del aniversario luctuoso de Pablo Sandoval, quien dejó un legado de lucha, y coreó: “Pablo te fuiste, pero nunca te rendiste”.
En el panteón, Chávez Adame informó que Sandoval Cruz fue el fundador de la APPG, quien desde muy joven fue luchador social, “él se convirtió en nuestro guía, en nuestro mayor referente y líder”.
Nicolás Chávez lloró al recordar que la playera que llevaba puesta se la había regalado en su cumpleaños Sandoval Cruz.
Al finalizar el mitin, los integrantes de las distintas organizaciones sociales entonaron el himno Venceremos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Sanciona un juez a dirigente de la APPG a trabajo comunitario de alfabetización por la toma de Prospera

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el juez le fijó hacer trabajo comunitario en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como sanción por la toma de las oficinas de Prospera en Chilpancingo.
Indicó que el juez solicitó tres documentos para terminar el proceso, entre otros una constancia de trabajo, que no tiene porque fue suspendido por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y presentó una constancia del ISSSTE, dijo.
Le pidió una constancia de radicación, que certifica dónde vive, que ya entregó; y una constancia del servicio social, que será de alfabetización en la UPN de Chilpancingo. Informó que el juez determinó que el servicio de alfabetización durará seis meses y será de 12 horas por mes.
Explicó que fue acusado de obstrucción del trabajo público, delito que se castiga hasta con 4 años de cárcel, por la toma de de oficinas de Prospera que, aunque él argumentó que fue por una protesta, el abogado defensor le sugirió que aceptara que era culpable, en parte para evitar que se alargara más el proceso y tuviera más desgaste emocional; finalmente el juez determinó como sanción el trabajo comunitario.
El dirigente de la APPG informó que la semana pasada recibió un requerimiento de la PGR, para acudir hoy a la Unidad de Asuntos Internos para ratificar la denuncia por violación a los derechos humanos contra los policías federales que lo detuvieron el 14 de mayo cuando se dirigía de Chilpancingo a Acapulco, donde fue esposado y fotografiado, pero dijo que no acudirá, porque “lo que quería es dejar un precedente”.
En conferencia de prensa antes de la audiencia en el juzgado, Chávez denunció que el Estado mexicano sigue criminalizando la lucha social, y reclamó que en Morena ya hay “soberbia” antes de llegar al poder.
Criticó que los luchadores sociales han sido más perseguidos que los integrantes de la delincuencia organizada.
Informó que hay una propuesta para que la presea popular Sentimientos del Pueblo sea entregada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que intentarán dársela directamente al tabasqueño.
Chávez Adame aseguró que “en Morena también asumen posturas de soberbia, muy marcadas, que antes de tener el poder no se puede tener una postura, debe haber humildad, sobre todo un esquema diferente; la lucha social va a mantener la protesta”.
Contó que buscó los filtros mediante el delegado de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, pero éste los mandó a las oficinas del partido en Chilpancingo, mientras que de la presidente municipal electa de Acapulco, Adela Román, dijo que, “queríamos que fuera la bisagra, pero no se hizo efectiva”. Informó que otras dos propuestas para entregar la presea son el sacerdote Alejandro Solalinde y los hermanos Tavira, de Tierra Caliente.

 

Presenta Chávez Adame ante la CNDH queja contra la Policía Federal que lo detuvo el 14 de mayo

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Acapulco, contra la Policía Federal, que lo detuvo el 14 de mayo en Chilpancingo.
Chávez Adame fue atendido por el coordinador de las oficinas de la CNDH Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y turnado con el abogado en turno para interponer la queja contra la Policía Federal ministerial por violación a los derechos humanos.
El dirigente de la APPG dijo que la queja quedará como precedente para cualquier otra detención y que no se violen los derechos humanos de los luchadores sociales.
Indicó que la queja formal ante la CNDH fue presentada ante la burla y maltrato de la Policía Federal ministerial que violó derechos humanos durante el trasladado de Chilpancingo a Acapulco, al juez de Control.
Chávez Adame dijo que ayer entregaría los documentos que solicitó el juez de Control, constancia de trabajo, social y de radicación.
Contó que, en su caso, el lunes pasado los agentes de la PGR lo detuvieron sin una orden de aprehensión ni presentación y sin vestir el uniforme.
El 14 de mayo, Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, porque participó en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, contra el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.

Hay ocho órdenes de aprehensión contra miembros de la Dirección Colectiva que tomaron Prospera, informan

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, informó que son ocho las órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes que participaron en la toma de las instalaciones de Prospera el año pasado, y no están amparados, luego de la detención del dirigente Nicolás Chávez Adame el lunes, que fue puesto en libertad ese mismo día.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, damnificados de El Mirador, trabajadoras despedidas de Prospera, jubilados y pensionados, y miembros del Sindicato de Telefonistas, acompañaron al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para darle su respaldo.
Chávez Adame repudió, junto con sus compañeros, su detención en el barrio de Santa Cruz, cuando le llevó comida a su mamá, que está enferma.
Dijo que fue detenido por hombres vestidos de civil que dijeron que tenía una orden de aprehensión, pero nunca se la mostraron, por lo que pensó que se trataba de un levantón.
Contó que le indicaron que lo llevarían a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y que se subió al carro en el que venían porque los vio armados, luego lo trasladaron a Acapulco a un juzgado federal.
“Se hizo un juicio oral con las leyes que rige a estos procesos penitenciarios, ya los compañeros de Tlachinollan llegaron un poco más tarde; sin embargo, el abogado de oficio fue el que llevó la defensa y logró que yo quedara bajo caución. Yo voy a firmar a partir del 1 de junio en un juzgado aquí, en Chilpancingo, federal, también se me sanciona hacer un trabajo a servicio de la comunidad en una dependencia donde se me puedan requerir mis servicios”, relató.
Dijo que quería dejarle claro a los tres niveles de gobierno que no deben tratar a los luchadores sociales como si fueran delincuentes, porque no lo son, no han robado ni asesinado a nadie.
Contó que los agentes de la PGR le comentaron que ya tenían días siguiéndolo, que lo iban a detener el domingo, cuando fue a cenar con su familia al Festival del Pozole y el Mezcal, pero que, como iba con sus familiares, lo evitaron, aunque recordó que el 23 de marzo de 2017, cuando fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de motín, sí estaba con su familia.
En la rueda de prensa, el dirigente responsabilizó a los gobiernos de lo que le pudiera pasar a su familia y a sus compañeros de lucha, y reprochó que es más fácil que capturen a un dirigente social que a un integrante de la delincuencia organizada.
Abundó que Guerrero se sigue tiñendo de sangre, el país igual, y a quienes se les hace más fácil aprehender es a los que protestan, y a los periodistas.
Dijo que con estos hechos, “el Estado queda más evidenciado, porque hay una deuda de justicia en Guerrero, que es la aparición con vida de los 43 normalista”.
Recordó que desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo le arrebataron su plaza de docente.
Informó que el día de su detención pudo comunicarse con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con quien acordó una mesa de trabajo para buscar dar una solución definitiva a su problema laboral.
Además, afirmo que las organizaciones respetan la vía electoral y a los que creen que es una vía de cambio, pero creen que la lucha social se mantiene firme y no puede ni debe tener un candidato en esa trinchera.
“Hacemos el llamado al gobernador del estado… a que nos ayude a resolver en una mesa de trabajo conflictos y se abstengan, los tres niveles de gobierno, en este caso la federación, a empecinarse a tomar presos a los compañeros de Prospera que fueron despedidos de manera injustificada”.
Indicó que el delito del que los acusan es de obstrucción de una obra y detener el servicio público. Sin embargo, reclamó que el programa Prospera se ha ocupado durante mucho tiempo para desviar recursos a las campañas.
Recordó que por la toma de las instalaciones de la dependencia federal solicitaron un amparo colectivo, pero no fue avalado porque en ese momento no había delito que perseguir.
La primera detenida de la PGR por este hecho fue a la trabajadora despedida, Roselia Francisco Tranquilino, el 15 de noviembre, que fue liberada esa misma noche, sin saber que Chávez Adame ya tenía la orden de aprehensión.
Advirtió que se tiene que agotar el proceso porque continúan en riesgo de ser detenidos sus compañeros, “somos ocho compañero, son puros trabajadores de Prospera, y obviamente su servidor”, manifestó.
En su intervención Francisco Tranquilino dijo que su condena también fue hacer trabajo a favor de la comunidad por seis meses y que está por terminar.
Reveló que en su última audiencia le condicionaron que se alejara de sus compañeros de la Dirección Colectiva, de lo contrario le quitarían esa condena porque además no está firmando en ningún juzgado, además de que su abogado fue amenazado de que si no deja el caso lo van a despedir de donde labora.
Reclamó que no es justo lo que están enfrentado, porque además fueron despedidos 27 compañeros sin ser indemnizados.
Finalmente, dijo que con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan definirán qué proceso jurídico van a seguir.

Detiene la PGR nueve horas a Chávez Adame por la toma de Prospera en 2017, informan

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) este lunes, y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, por haber participado en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, ante el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.
Fue detenido a las 10:30 de la mañana y liberado a las 7:40 de la noche en el juzgado de Acapulco.
A las instalaciones de la PGR llegaron familiares y un compañero del también dirigente de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, para saber la situación jurídica de Chávez Adame.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra contó que, luego de que le informaron de la detención del dirigente se comunicó a la delegación de la PGR, donde le dijeron que la orden de aprehensión fue por obstrucción de realización de obras, y que un compañero abogado estaría en la audiencia de Chávez Adame.
Consultado fuera del edificio de la dependencia federal, el integrante de la APPG, Raúl Nájera Nájera contó que alrededor de las 10:30 de la mañana fue detenido el dirigente en el barrio de la Santa Cruz, después de visitar a su madre.
Expuso que el motivo por el que lo detuvieron fue la toma de las instalaciones de Prospera en apoyo a despidos injustificados de trabajadores, el 24 de enero del año pasado.
Recordó que el dirigente tenía un amparo, junto con otros trabajadores a los que también se les abrió carpeta de investigación, para evitar ser detenido.
Recordó que el 15 de noviembre pasado fue la primera detención que hizo la PGR por este hecho, de la trabajadora despedida Roselia Francisco Tranquilino, que fue liberada esa misma noche.
Dijo que le informaron que Nicolás Chávez sería trasladado a un juzgado federal en Acapulco, a donde se trasladaría junto con su familia.
Nájera Nájera pidió a la prensa estar pendiente de la detención, porque no fue un delito grave el que cometió Chávez Adame, pues defendió los derechos laborales de los despedidos. Dijo que desconocía las condiciones en las que fue detenido.
El 24 de enero, integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de Prospera, contra el despido injustificado de sus compañeros; tomaron las instalaciones durante 15 días y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
El 23 de marzo siguiente, después de la toma de las instalaciones, el dirigente fue detenido por primera vez, pero no por la toma de Prospera, sino por una orden de aprehensión del 2014, acusado de motín, con el pretexto de que no había pago 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo. Luego dio a conocer que le informaron que había siete órdenes de aprehensión contra él y sus compañeros, pero ahora por la toma de Prospera.

 

Preocupa a damnificados de San Vicente que el alcalde de Chilpancingo no dé fecha para hacer 100 casas que prometió

El representante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, manifestó que ya se hicieron los trazos en San Vicente, en la sierra del municipio de Chilpancingo, para construir 100 casas que el Ayuntamiento prometió. Sin embargo no tienen fecha para iniciar la obra, y los damnificados están más preocupados prque se acerca la temporada de lluvias y las familias están en peligro.
Mientras que el caso de las construcciones de planteles educativos, manifestó que hace unos seis meses el gobierno del estado prometió que terminaría las obras de las escuelas que se iniciaron hace como tres años pero no fue así. Los alumnos siguen tomando clases en aulas que tienen riesgo de colapsar.
En una llamada Chávez Adame informó sobre la situación de la reconstrucción de las viviendas de damnificados de San Vicente, comunidad que también forma parte de la Dirección Colectiva.
Dijo que se reunieron la semana pasada con el alcalde Jesús Tejeda Vargas, con quien acordaron que van a tener otra reunión para determinar una fecha para iniciar los trabajos de las 100 viviendas que prometió el Ayuntamiento.
“Los órganos de construcción que dependen del Ayuntamiento ya fueron a supervisar, a medir, ya se está haciendo una galera para almacenar el material como grava, arena, pero nosotros estamos viendo que si hubiera algún engaño, un incumplimiento, de mi parte se complicarían las cosas, porque ya los compañeros en la comunidad de San Vicente hicieron su asamblea y designaron a las familias que les van a tocar viviendas”, manifestó.
Abundó que por una parte hay esperanza de que al inicio de la acción se cumpla con el monto total de la construcción de las viviendas que son 578.
Indicó que hay un acuerdo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) de ir junto con las autoridades a supervisar y generar un compromiso que garantice a los compañeros que van a ser beneficiados con las viviendas.
Recordó que autoridades del Ayuntamiento dijeron que antes de diciembre se entregarían las 100 viviendas o se tendría por lo menos un avance de 80 por ciento.
Mientras que en el caso de la construcción de las escuelas, que en temporada de lluvias tienen problemas de inundación, pues además tienen fisuras, grietas por donde se filtra el agua, dijo que ahora que ya inicia el temporal de lluvias nuevamente tendrán problemas.
Señaló que en ese caso el gobierno estatal prometió hacerse cargo para terminar las construcciones que iniciaron en 2015, pero que no ha hecho nada, y que este lunes buscarán a las autoridades para saber qué va a pasar con su promesa.
“Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que cumplan y le hagan justicia a los damnificados de Ingrid y Manuel porque creo que ya es mucho tiempo, hay una exigencia legítima de sus viviendas y que ahorita en plena temporada de lluvias vuelven a quedar en un alto riesgo de tener una pérdida humana”, remarcó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Pide Década Contra la Impunidad que el gobierno cese el hostigamiento a Nicolás Chávez

 

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó al gobierno del estado que cese el hostigamiento al dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y que se instalen mesas de diálogo para atender los temas pendientes de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
En un comunicado los representantes de la asociación civil que encabeza el arzobispo de Saltillo, Raúl Vera López, pidieron mesas de diálogo para atender a las víctimas de la masacre de Aguas Blancas ocurrida en Coyuca de Benítez, de la masacre de El Charco en Ayutla, el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, de los desaparecidos, los mineros en huelga de Taxco y en particular de Chávez Adame, encarcelado el jueves pasado y liberado al día siguiente.
Señalan que se sigue criminalizando al dirigente, porque enfrenta un proceso judicial porque en 2014 abrió una bodega en donde se ocultaban miles de despensas donadas para los damnificados de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en 2013.
Para el pueblo de Guerrero es necesario el diálogo, los acuerdos, la reconciliación, que son importantes en el proceso de paz con justicia y dignidad, y “no se puede criminalizar el trabajo de las y los activistas sociales en aras de mantener una aparente paz social, es por eso que le hacemos un llamado al diálogo y la conciliación”.
En solidaridad con Chávez Adame afirman que las demandas de la APPG son legítimas y justas, y su representante es un activista de larga y reconocida trayectoria, y que su labor es de defensa y protección a los derechos humanos.
Piden al gobernador Héctor Astudillo Flores, que las instituciones de gobierno detengan “el hostigamiento, la persecución y difamación a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales como es el caso de Nicolás Chávez Adame”.
De las mesas de diálogo que solicitan, llamaron a que se concreten acuerdos en beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

Hay otras siete órdenes de aprehensión del fuero federal por la toma de oficinas de Prospera, informa Nicolás Chávez

 

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame confirmó en conferencia de prensa que tiene una nueva orden de aprehensión del fuero federal junto con otros siete compañeros por la toma de las instalaciones de Prospera debido al despido injustificado de nueve trabajadores.
A pesar de que tenía amparo, el jueves Chávez Adame fue encarcelado por una orden de aprehensión del 2014, por el delito de motín, con el pretexto de que no había pagado 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo, y al siguiente día fue puesto en libertad cuando comprobó que sí hizo el pago de la garantía.
Este domingo en casa de su suegra, Nicolás Chávez en compañía de su esposa e hijos, además de integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva, dio una conferencia de prensa para informar que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra le dijo que tiene una nueva orden de aprehensión pero ahora junto con otros siete compañeros.
El motivo de dichas órdenes es porque el 24 de enero los integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de la dependencia federal Prospera, para manifestarse contre el despido injustificado de sus compañeros, tomaron las instalaciones durante 15 días, y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
Dijo que esta vez pidió a su familia que estuviera presente en la conferencia porque el jueves —cuando lo detuvieron— también violaron sus garantías individuales, como en el caso de su hijo de 10 años.
Recordó que en varias ocasiones pidió mesas de diálogo con el gobierno del estado donde además estuviera la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), pero que no fue posible.
En diciembre las organizaciones tuvieron la última mesa de diálogo con el gobernador, pero se rompió el diálogo porque le cuestionaron que dentro de su gobierno está filtrada la delincuencia organizada. A partir de ahí a Chávez Adame junto a su compañero Simón Tavira les retuvieron su salario.
Además dijo que de la detención del jueves los únicos responsables fueron las autoridades del DIF estatal en ese año, por lo que contrademandará con apoyo de Tlachinollan.
Abundó que otro de los que probablemente tienen orden de aprehensión por la toma de las instalaciones de Prospera es Simón Tavira y compañeros que fueron despedidas injustificadamente del programa, quienes tenían laborando hasta 20 años.
Dijo que en su caso supo que el viernes que salió en libertad la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía detenerlo y trasladarlo a un penal fuera de Guerrero, pero que el abogado pudo dialogar con ellos.