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Preocupa a damnificados de San Vicente que el alcalde de Chilpancingo no dé fecha para hacer 100 casas que prometió

El representante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, manifestó que ya se hicieron los trazos en San Vicente, en la sierra del municipio de Chilpancingo, para construir 100 casas que el Ayuntamiento prometió. Sin embargo no tienen fecha para iniciar la obra, y los damnificados están más preocupados prque se acerca la temporada de lluvias y las familias están en peligro.
Mientras que el caso de las construcciones de planteles educativos, manifestó que hace unos seis meses el gobierno del estado prometió que terminaría las obras de las escuelas que se iniciaron hace como tres años pero no fue así. Los alumnos siguen tomando clases en aulas que tienen riesgo de colapsar.
En una llamada Chávez Adame informó sobre la situación de la reconstrucción de las viviendas de damnificados de San Vicente, comunidad que también forma parte de la Dirección Colectiva.
Dijo que se reunieron la semana pasada con el alcalde Jesús Tejeda Vargas, con quien acordaron que van a tener otra reunión para determinar una fecha para iniciar los trabajos de las 100 viviendas que prometió el Ayuntamiento.
“Los órganos de construcción que dependen del Ayuntamiento ya fueron a supervisar, a medir, ya se está haciendo una galera para almacenar el material como grava, arena, pero nosotros estamos viendo que si hubiera algún engaño, un incumplimiento, de mi parte se complicarían las cosas, porque ya los compañeros en la comunidad de San Vicente hicieron su asamblea y designaron a las familias que les van a tocar viviendas”, manifestó.
Abundó que por una parte hay esperanza de que al inicio de la acción se cumpla con el monto total de la construcción de las viviendas que son 578.
Indicó que hay un acuerdo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) de ir junto con las autoridades a supervisar y generar un compromiso que garantice a los compañeros que van a ser beneficiados con las viviendas.
Recordó que autoridades del Ayuntamiento dijeron que antes de diciembre se entregarían las 100 viviendas o se tendría por lo menos un avance de 80 por ciento.
Mientras que en el caso de la construcción de las escuelas, que en temporada de lluvias tienen problemas de inundación, pues además tienen fisuras, grietas por donde se filtra el agua, dijo que ahora que ya inicia el temporal de lluvias nuevamente tendrán problemas.
Señaló que en ese caso el gobierno estatal prometió hacerse cargo para terminar las construcciones que iniciaron en 2015, pero que no ha hecho nada, y que este lunes buscarán a las autoridades para saber qué va a pasar con su promesa.
“Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que cumplan y le hagan justicia a los damnificados de Ingrid y Manuel porque creo que ya es mucho tiempo, hay una exigencia legítima de sus viviendas y que ahorita en plena temporada de lluvias vuelven a quedar en un alto riesgo de tener una pérdida humana”, remarcó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Pide Década Contra la Impunidad que el gobierno cese el hostigamiento a Nicolás Chávez

 

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó al gobierno del estado que cese el hostigamiento al dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y que se instalen mesas de diálogo para atender los temas pendientes de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
En un comunicado los representantes de la asociación civil que encabeza el arzobispo de Saltillo, Raúl Vera López, pidieron mesas de diálogo para atender a las víctimas de la masacre de Aguas Blancas ocurrida en Coyuca de Benítez, de la masacre de El Charco en Ayutla, el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, de los desaparecidos, los mineros en huelga de Taxco y en particular de Chávez Adame, encarcelado el jueves pasado y liberado al día siguiente.
Señalan que se sigue criminalizando al dirigente, porque enfrenta un proceso judicial porque en 2014 abrió una bodega en donde se ocultaban miles de despensas donadas para los damnificados de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en 2013.
Para el pueblo de Guerrero es necesario el diálogo, los acuerdos, la reconciliación, que son importantes en el proceso de paz con justicia y dignidad, y “no se puede criminalizar el trabajo de las y los activistas sociales en aras de mantener una aparente paz social, es por eso que le hacemos un llamado al diálogo y la conciliación”.
En solidaridad con Chávez Adame afirman que las demandas de la APPG son legítimas y justas, y su representante es un activista de larga y reconocida trayectoria, y que su labor es de defensa y protección a los derechos humanos.
Piden al gobernador Héctor Astudillo Flores, que las instituciones de gobierno detengan “el hostigamiento, la persecución y difamación a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales como es el caso de Nicolás Chávez Adame”.
De las mesas de diálogo que solicitan, llamaron a que se concreten acuerdos en beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

Hay otras siete órdenes de aprehensión del fuero federal por la toma de oficinas de Prospera, informa Nicolás Chávez

 

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame confirmó en conferencia de prensa que tiene una nueva orden de aprehensión del fuero federal junto con otros siete compañeros por la toma de las instalaciones de Prospera debido al despido injustificado de nueve trabajadores.
A pesar de que tenía amparo, el jueves Chávez Adame fue encarcelado por una orden de aprehensión del 2014, por el delito de motín, con el pretexto de que no había pagado 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo, y al siguiente día fue puesto en libertad cuando comprobó que sí hizo el pago de la garantía.
Este domingo en casa de su suegra, Nicolás Chávez en compañía de su esposa e hijos, además de integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva, dio una conferencia de prensa para informar que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra le dijo que tiene una nueva orden de aprehensión pero ahora junto con otros siete compañeros.
El motivo de dichas órdenes es porque el 24 de enero los integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de la dependencia federal Prospera, para manifestarse contre el despido injustificado de sus compañeros, tomaron las instalaciones durante 15 días, y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
Dijo que esta vez pidió a su familia que estuviera presente en la conferencia porque el jueves —cuando lo detuvieron— también violaron sus garantías individuales, como en el caso de su hijo de 10 años.
Recordó que en varias ocasiones pidió mesas de diálogo con el gobierno del estado donde además estuviera la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), pero que no fue posible.
En diciembre las organizaciones tuvieron la última mesa de diálogo con el gobernador, pero se rompió el diálogo porque le cuestionaron que dentro de su gobierno está filtrada la delincuencia organizada. A partir de ahí a Chávez Adame junto a su compañero Simón Tavira les retuvieron su salario.
Además dijo que de la detención del jueves los únicos responsables fueron las autoridades del DIF estatal en ese año, por lo que contrademandará con apoyo de Tlachinollan.
Abundó que otro de los que probablemente tienen orden de aprehensión por la toma de las instalaciones de Prospera es Simón Tavira y compañeros que fueron despedidas injustificadamente del programa, quienes tenían laborando hasta 20 años.
Dijo que en su caso supo que el viernes que salió en libertad la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía detenerlo y trasladarlo a un penal fuera de Guerrero, pero que el abogado pudo dialogar con ellos.

 

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

La única orden de aprehensión que tiene en contra es por motín y no es un delito grave, afirma Chávez Adame

El dirigente de la Asamblea   Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, le comunicó que ya revisó su situación jurídica y que la única orden de aprehensión que tiene es por motín y que no es un delito grave como lo dijo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez.
Además junto con la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del estado de Guerrero, organización a la que pertenece, se reunieron con el presidente de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para darle seguimiento a la problemática de los trabajadores despedidos injustificadamente de Prospera, además del caso de Patricio Margarito Rivera quien es acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio y de la retención del salario de Chávez Adame y de su compañero Simón Tavira.
Consultado antes de la reunión, Chávez Adame señaló que después de que el fiscal dijo que le giraron orden de aprehensión por “un delito grave” y no por haber irrumpido en un almacén del DIF estatal donde estaban escondidas despensas para damnificados de la tormenta Manuel en 2013, con el objetivo de que posteriormente se usaran con fines proselitistas.
Dijo que se alarmó ante la declaración del fiscal (el 21 de febrero) y que pidió al abogado Rosales Sierra, quien lo está apoyando en esta situación, investigara el motivo de la orden y que finalmente le informó que no había ese delito grave del que habló Olea Peláez.
En el documento emitido por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Leoncio Molina Mercado señaló, “Es cierto el acto reclamado por el quejoso de referencia, toda vez que en la causa penal 182/2017-I, que se instruye al incriminado Nicolás Chávez Adame, en este juzgado, el día 9 de febrero del año en curso, se le libró orden de aprehensión  al considerado probable responsable, de la ejecución del antijurídico de motín, previsto y sancionado por el artículo 228, del Código Penal del Estado”.
Más tarde junto con una representación de la Dirección Colectiva acudió a la Codehum para reunirse con Navarrete Magdaleno.
En la reunión se trataron tres temas. En el primero la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo, dijo que le preocupaba porque el abogado que sigue el caso de su padre les anunció que se retiraba y que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general de Gobierno.
Al respecto Navarrete Magdaleno les propuso dialogar con Tlachinollan para que un abogado del organismo se haga cargo del caso de su padre.
Después se dialogó sobre los trabajadores despedidos de Prospera, quienes han sido intimidados y hostigados por personas desconocidas.
Felicitas Martínez Guzmán denunció que en reiteradas ocasiones se ha percatado de vehículos rondando su casa, incluso en una ocasión un vehículo rojo con vidrios polarizados esperó a que saliera con su esposo y cuando iban en su vehículo los siguieron, sin embargo los pudieron perder. Dijo que también su compañera, Roselia Francisco Tranquilino fue extorsionada por celular.
El acuerdo que tomaron con el presidente de la Codehum fue que por escrito relatarán los hechos y solicitarán medidas cautelares, y que el documento será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser despedidos por una dependencia federal.
Finalmente trataron la retención de los salarios de Chávez Además y Simón Tavira desde diciembre, además del pago de sus aguinaldos, y que consideran fue por orden del gobernador, Héctor Astudillo Flores, luego de que rompieron diálogo con él al cuestionarle que en su gobierno está filtrada la delincuencia organizada.
Finalmente la Dirección Colectiva pidió a Ramón Navarrete interceda para solicitar una reunión con el gobernador, el secretario de Gobierno y el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ramiro Ávila Morales, para que en conjunto dialoguen las problemáticas que están viviendo y buscar la manera de darle solución. El presidente aceptó y posteriormente informará de la respuesta.
Además acordaron que el lunes harán una visita domiciliaria  a casa de Margarito Rivera para constatar las condiciones en las que viven.

Denuncia Chávez Adame que a donde va, policías y militares lo acosan

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame denunció que luego de que el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez comunicó que se giró una orden de aprehensión en su contra por un “delito grave”, es vigilado a donde vaya por policías y militares.
“Es más probable que me agarren a mi primero que al Tequilero (Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo criminal Los Tequileros)”, expresó Nicolás Chávez, que aún desconoce por qué le giraron orden de aprehensión.
El martes el fiscal general del estado aseguró que la orden de aprehensión que se giró contra el dirigente no fue porque en 2014 ingresó a un almacén del DIF estatal, donde resguardaban despensas para damnificados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, y que después serían utilizadas con fines proselitistas, sino que fue por un “delito grave” que no especificó.
En consulta telefónica, Chávez Adame manifestó que está inquieto por esa declaración “irresponsable”, porque eleva el nivel del delito y que significa que hay una persecución constante hacia su persona.
Dijo que a los lugares a los que va, siempre llegan militares o ministeriales, que le queda claro que hay una constante persecución y vigilancia contra él.
Agregó que cuando ve a los militares y ministeriales, no lo intentan detener, desconoce la estrategia que tienen pero lo que sí sabe es que pretenden detenerlo.
-¿Usted no tiene alguna idea de por qué delito grave se le puede acusar?
-No, no tengo ni idea, porque lo único que te digo que revisamos que había quedado en el gobierno de Ángel Aguirre era lo de las despensas, es lo único, yo en todo lo que hemos hecho dentro de la lucha social, a mí se me ha otorgado el desistimiento de la acción penal.
Chávez Adame declaró que regularmente a quienes están en la lucha social los acusan por motín, sabotaje, obstrucción a las vías de comunicación, conspiración y terrorismo. Recordó que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo sumó 27 órdenes de aprehensión del fuero común y 13 del fuero federal, que después se desvanecieron porque prescribieron.

Desconoce cuál es el “delito grave” del que lo acusan, responde Chávez Adame al fiscal

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame declaró que desconoce cuál es “el delio grave” por el que lo acusan, como señaló el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, y quizá se trate de otra averiguación previa en su contra.
Agregó que el único indicio de delito y motivo de que le giraron una orden de aprehensión fue por descubrir e ingresar en un almacén del DIF estatal que escondía despensas para damnificados, y que posteriormente serían utilizados con fines proselitistas.
Después de que le giraron orden de aprehensión, con apoyo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó un amparo al Juzgado de Primero Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, el cuál le concedieron.
El martes, el fiscal declaró que no se giró una orden de aprehensión contra el dirigen por irrumpir en el almacén del DIF estatal en 2014, sino por un “delito grave” del que no especificó.
Consultado vía telefónica, Chávez Adame dijo que sus compañeros de las organizaciones que están aglutinadas en la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, investigaron y extraoficialmente les informaron que la orden fue por lo sucedido en 2014.
“Nosotros no tenemos conocimiento de otro tipo, vi la nota (que se publicó de la declaración del fiscal), lo que deja entrever es que él tampoco sabe o se hace, o a lo mejor ellos ya maniobraron, porque tienen el poder de fabricarme otro delito por otra, una averiguación previa que hayan abierto. Yo ando ahorita con mi amparo, yo le hablé al compañero Vidulfo (Rosales Sierra, abogado de Tachinollan) el día de ayer y me dijo que como abogados iban a investigar, le iban a informar de qué se le acusaba”, expuso.
Declaró que es extraña la respuesta del fiscal Olea Peláez cuando dice que lo acusan de un delito grave, y que le parece que se trata de otra orden de aprehensión.
Aseguró que esta declaración obedece a una indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Amparan al líder de la APPG contra una orden de aprehensión, indica

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, informó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo le concedió el amparo que solicitó contra una orden de aprehensión que se giró en su contra.
El martes pasado Chávez Adame informó que le giraron una orden de aprehensión porque en el 2014 irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, las cuales no fueron entregadas y que serían utilizadas con fines proselitistas.
El dirigente solicitó amparo con el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los hechos por los que se le acusan se dieron en el periodo de Ángel Aguirre Rivero, y Nicolás Chávez asegura que fue el gobernador actual, Héctor Astudillo Flores, quien solicitó que se girara la orden de aprehensión pues anteriormente tuvieron un rompimiento de diálogo al cuestionarle que el crimen organizado está infiltrado en su gobierno.
Después el dirigente denunció hostigamiento y amenazas de muerte, sin que se le concedieran medidas cautelares.