Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.
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La única orden de aprehensión que tiene en contra es por motín y no es un delito grave, afirma Chávez Adame
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, le comunicó que ya revisó su situación jurídica y que la única orden de aprehensión que tiene es por motín y que no es un delito grave como lo dijo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez.
Además junto con la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del estado de Guerrero, organización a la que pertenece, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para darle seguimiento a la problemática de los trabajadores despedidos injustificadamente de Prospera, además del caso de Patricio Margarito Rivera quien es acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio y de la retención del salario de Chávez Adame y de su compañero Simón Tavira.
Consultado antes de la reunión, Chávez Adame señaló que después de que el fiscal dijo que le giraron orden de aprehensión por “un delito grave” y no por haber irrumpido en un almacén del DIF estatal donde estaban escondidas despensas para damnificados de la tormenta Manuel en 2013, con el objetivo de que posteriormente se usaran con fines proselitistas.
Dijo que se alarmó ante la declaración del fiscal (el 21 de febrero) y que pidió al abogado Rosales Sierra, quien lo está apoyando en esta situación, investigara el motivo de la orden y que finalmente le informó que no había ese delito grave del que habló Olea Peláez.
En el documento emitido por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Leoncio Molina Mercado señaló, “Es cierto el acto reclamado por el quejoso de referencia, toda vez que en la causa penal 182/2017-I, que se instruye al incriminado Nicolás Chávez Adame, en este juzgado, el día 9 de febrero del año en curso, se le libró orden de aprehensión al considerado probable responsable, de la ejecución del antijurídico de motín, previsto y sancionado por el artículo 228, del Código Penal del Estado”.
Más tarde junto con una representación de la Dirección Colectiva acudió a la Codehum para reunirse con Navarrete Magdaleno.
En la reunión se trataron tres temas. En el primero la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo, dijo que le preocupaba porque el abogado que sigue el caso de su padre les anunció que se retiraba y que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general de Gobierno.
Al respecto Navarrete Magdaleno les propuso dialogar con Tlachinollan para que un abogado del organismo se haga cargo del caso de su padre.
Después se dialogó sobre los trabajadores despedidos de Prospera, quienes han sido intimidados y hostigados por personas desconocidas.
Felicitas Martínez Guzmán denunció que en reiteradas ocasiones se ha percatado de vehículos rondando su casa, incluso en una ocasión un vehículo rojo con vidrios polarizados esperó a que saliera con su esposo y cuando iban en su vehículo los siguieron, sin embargo los pudieron perder. Dijo que también su compañera, Roselia Francisco Tranquilino fue extorsionada por celular.
El acuerdo que tomaron con el presidente de la Codehum fue que por escrito relatarán los hechos y solicitarán medidas cautelares, y que el documento será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser despedidos por una dependencia federal.
Finalmente trataron la retención de los salarios de Chávez Además y Simón Tavira desde diciembre, además del pago de sus aguinaldos, y que consideran fue por orden del gobernador, Héctor Astudillo Flores, luego de que rompieron diálogo con él al cuestionarle que en su gobierno está filtrada la delincuencia organizada.
Finalmente la Dirección Colectiva pidió a Ramón Navarrete interceda para solicitar una reunión con el gobernador, el secretario de Gobierno y el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ramiro Ávila Morales, para que en conjunto dialoguen las problemáticas que están viviendo y buscar la manera de darle solución. El presidente aceptó y posteriormente informará de la respuesta.
Además acordaron que el lunes harán una visita domiciliaria a casa de Margarito Rivera para constatar las condiciones en las que viven.
Denuncia Chávez Adame que a donde va, policías y militares lo acosan
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame denunció que luego de que el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez comunicó que se giró una orden de aprehensión en su contra por un “delito grave”, es vigilado a donde vaya por policías y militares.
“Es más probable que me agarren a mi primero que al Tequilero (Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo criminal Los Tequileros)”, expresó Nicolás Chávez, que aún desconoce por qué le giraron orden de aprehensión.
El martes el fiscal general del estado aseguró que la orden de aprehensión que se giró contra el dirigente no fue porque en 2014 ingresó a un almacén del DIF estatal, donde resguardaban despensas para damnificados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, y que después serían utilizadas con fines proselitistas, sino que fue por un “delito grave” que no especificó.
En consulta telefónica, Chávez Adame manifestó que está inquieto por esa declaración “irresponsable”, porque eleva el nivel del delito y que significa que hay una persecución constante hacia su persona.
Dijo que a los lugares a los que va, siempre llegan militares o ministeriales, que le queda claro que hay una constante persecución y vigilancia contra él.
Agregó que cuando ve a los militares y ministeriales, no lo intentan detener, desconoce la estrategia que tienen pero lo que sí sabe es que pretenden detenerlo.
-¿Usted no tiene alguna idea de por qué delito grave se le puede acusar?
-No, no tengo ni idea, porque lo único que te digo que revisamos que había quedado en el gobierno de Ángel Aguirre era lo de las despensas, es lo único, yo en todo lo que hemos hecho dentro de la lucha social, a mí se me ha otorgado el desistimiento de la acción penal.
Chávez Adame declaró que regularmente a quienes están en la lucha social los acusan por motín, sabotaje, obstrucción a las vías de comunicación, conspiración y terrorismo. Recordó que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo sumó 27 órdenes de aprehensión del fuero común y 13 del fuero federal, que después se desvanecieron porque prescribieron.
Desconoce cuál es el “delito grave” del que lo acusan, responde Chávez Adame al fiscal
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame declaró que desconoce cuál es “el delio grave” por el que lo acusan, como señaló el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, y quizá se trate de otra averiguación previa en su contra.
Agregó que el único indicio de delito y motivo de que le giraron una orden de aprehensión fue por descubrir e ingresar en un almacén del DIF estatal que escondía despensas para damnificados, y que posteriormente serían utilizados con fines proselitistas.
Después de que le giraron orden de aprehensión, con apoyo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó un amparo al Juzgado de Primero Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, el cuál le concedieron.
El martes, el fiscal declaró que no se giró una orden de aprehensión contra el dirigen por irrumpir en el almacén del DIF estatal en 2014, sino por un “delito grave” del que no especificó.
Consultado vía telefónica, Chávez Adame dijo que sus compañeros de las organizaciones que están aglutinadas en la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, investigaron y extraoficialmente les informaron que la orden fue por lo sucedido en 2014.
“Nosotros no tenemos conocimiento de otro tipo, vi la nota (que se publicó de la declaración del fiscal), lo que deja entrever es que él tampoco sabe o se hace, o a lo mejor ellos ya maniobraron, porque tienen el poder de fabricarme otro delito por otra, una averiguación previa que hayan abierto. Yo ando ahorita con mi amparo, yo le hablé al compañero Vidulfo (Rosales Sierra, abogado de Tachinollan) el día de ayer y me dijo que como abogados iban a investigar, le iban a informar de qué se le acusaba”, expuso.
Declaró que es extraña la respuesta del fiscal Olea Peláez cuando dice que lo acusan de un delito grave, y que le parece que se trata de otra orden de aprehensión.
Aseguró que esta declaración obedece a una indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Amparan al líder de la APPG contra una orden de aprehensión, indica
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, informó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo le concedió el amparo que solicitó contra una orden de aprehensión que se giró en su contra.
El martes pasado Chávez Adame informó que le giraron una orden de aprehensión porque en el 2014 irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, las cuales no fueron entregadas y que serían utilizadas con fines proselitistas.
El dirigente solicitó amparo con el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los hechos por los que se le acusan se dieron en el periodo de Ángel Aguirre Rivero, y Nicolás Chávez asegura que fue el gobernador actual, Héctor Astudillo Flores, quien solicitó que se girara la orden de aprehensión pues anteriormente tuvieron un rompimiento de diálogo al cuestionarle que el crimen organizado está infiltrado en su gobierno.
Después el dirigente denunció hostigamiento y amenazas de muerte, sin que se le concedieran medidas cautelares.
Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.
Acuerdan organizaciones articular su lucha contra las reformas en un foro en Chilpancingo
En el primer Foro por la unidad ciudadana y la articulación de la lucha social en Guerrero, se plantearon ejes de lucha contra el alza al precio de las gasolinas, las reformas estructurales y los problemas ambientales, y para apoyar a los trabajadores de Prospera que están en paro desde hace 12 días.
Este sábado, 20 representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de colonias, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y activistas de diversas organizaciones, se reunieron en el Teatro Hundido de la Alameda capitalina para exponer sus demandas.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame informó que los ejes principales que se acordaron en el foro son la articulación de la lucha social, contra las reformas estructurales, afectación del medio ambiente, como el problema de la basura en Chilpancingo, una postura para el rescate de la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero, y de las normales del estado, la revisión de las demandas de las organizaciones y la elaboración de un pronunciamiento político-social.
Las organizaciones manifestaron que darán su total apoyo a los nueve trabajadores despedidos que llevan 12 días en plantón en las oficinas de Prospera, porque consideraron que es difícil estar en protesta y no recibir apoyo económico.
Los participantes en el foro, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, acordaron un mitin político-social, para hoy en el hemiciclo a Benito Juárez, conocido como monumento a Las Banderas, donde cada organización fijará sus demandas.
Se unirá a la Asamblea Nacional Popular la Dirección Colectiva de Organizaciones
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que unificará su lucha junto con la Asamblea Nacional Popular (ANP), encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que se unirán a las actividades y cancelarán las que tenían previstas en particular.
El sábado la ANP acordó un plan de acción para mantener la exigencia de la aparición con vida de los normalistas y manifestarse en contra del gasolinazo.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) la dirección colectiva informó que se unen al plan de acción de la ANP, pues tenían prevista una movilización este lunes, pero la cancelaron para unirse a las movilizaciones del 22 y 23 de este mes.
A la conferencia acudieron integrantes de la dirección como los damnificados del Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y una de las madres de los 43 normalistas, Cristina Bautista Salvador.
La mamá del normalista expuso que las movilizaciones van en contra del gasolinazo que afecta a todos y para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de sus hijos desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Dijo que están programadas actividades y movilizaciones, a una de ellas acudirá un relator del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el jueves a la normal rural de Ayotzinapa, además de movilizaciones en Tijuana, Ciudad de México y Chilpancingo.
“El gobierno mexicano no nos ha dado ninguna respuesta seria y como hemos dicho a todos de los 43 que nosotros no nos vamos a callar, tenemos que seguir gritando en las calles invitando a todo el pueblo de México que nosotros no nos vamos a rendir hasta saber la verdad y justicia, porque esto no puede quedar en la impunidad, ya que el gobierno mexicano está acostumbrado de matar y asesinar y no pasa nada”, destacó Cristina Bautista.
Resaltó que la unión hace la fuerza, que ya no se tiene que permitir que el gobierno siga pisoteando sus derechos, por lo tanto dijo que se tiene que levantar la voz y pidió que no se hagan luchas aisladas si no conjuntas.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame expuso que se canceló la manifestación que tenían programada para este lunes, y que harán volanteo para dar a conocer el proceso unitario para la lucha social.
Dijo que la dirección colectiva exige la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, castigo a los culpables y recalcó el apoyo a los familiares de los 43.
Siguen retenidos sus salarios por orden del gobernador, se queja Nicolás Chávez Adame
El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que siguen retenidos sus pagos de cinco quincenas y su aguinaldo, así como los de su compañero Alfonso Simón Tavira, sin que el gobierno del estado les dé una explicación.
El 23 de diciembre, Simón Tavira y Chávez Adame, junto con compañeros de otras organizaciones agrupadas en la Dirección Colectiva, denunciaron la retención de sus pagos.
En consulta telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez manifestó que el gobierno no ha liberado sus pagos por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores. Dijo que esperarán esta semana antes de actuar jurídicamente, porque además no es la primera vez que les pasa.
El líder social atribuye la retención de los pagos al rompimiento de diálogo que tuvieron con el gobernador el 7 de diciembre, cuando le cuestionaron que en su gabinete estaba filtrada la delincuencia organizada, y le exigieron la destitución del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero.
En 2007, en el periodo del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al dirigente de la APPG le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía y a Simón Tavira le borraron 36 horas de clases de música. Después de un acuerdo, desde 2011 les pagan por honorarios, mientras se resuelve el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
Retienen pagos a líderes de la Dirección de Organizaciones que rompieron con Astudillo, denuncian
Los integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame y Alfonso Simón Tavira denunciaron que por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, les retuvieron sus salarios quincenales y aguinaldos.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Normal Margarita Viguri, en compañía de integrantes de la Dirección, denunciaron la retención de sus quincenas y aguinaldos.
Recordaron que en 2007, en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, a Chávez Adame le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía, mientras que a Simón Tavira le borraron 36 horas de música. Tras un acuerdo, desde 2011 les comenzaron a pagar por honorarios, mientras se resolvía el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
El 7 de diciembre, la Dirección Colectiva rompió su diálogo con el gobernador, luego de que Héctor Astudillo Flores se molestó cuando le cuestionaron la infiltración de la delincuencia en su gabinete y le exigieron la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero. Chávez Adame denunció que comenzó a recibir amenazas después del desencuentro con el gobernador.
Recordaron que cuando Astudillo Flores comenzaba su periodo, les retuvieron cinco quincenas y también el aguinaldo, lo que relacionan con el rompimiento del diálogo.
“El gobernador ha estado actuando más con las vísceras que con la inteligencia política para resolver este conflicto”, sostuvo Nicolás Chávez.
“El gobernador vuelve a cometer un error porque está influenciado por los zeferinistas, por un lado, José Luis González de la Vega Otero”, refirió el dirigente.
Ya interpusieron una queja ante la Codehum, dicen
Los dirigentes manifestaron que ya interpusieron su queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), pero que les llama la atención que el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, primero dijo que es una cuestión laboral que no compete al organismo, pero que después dijo que sí, pues no fueron notificados de la retención, y además no se ha resuelto el problema de sus plazas.