Ponen queja ante la Codehum por el cambio de oficinas del Figuein de Acapulco a la capital

 

Trabajadores del Fideicomiso Guerrero Industrial (Figuein) se quejaron ante la Codehum del cambio arbitrario de las oficinas de Acapulco a Chilpancingo, pues lo consideran un afectación a sus condiciones laborales.
Acusaron al director del Figuein, Erik Humberto Armenta Adame, de promover el cambio de oficinas para presionarlos a renunciar y colocar en los espacios “a quienes comulguen con su ideología política y le solapen las irregularidades en las que incurre”.
En febrero, los trabajadores del Figuein denunciaron las pretensiones del director Erik Humberto Armenta Adame de cambiar las oficinas hacia Chilpancingo, a seis departamentos en una unidad habitacional de la colonia Valle Dorado que, de acuerdo con los afectados, son propiedad de un hermano del director general de Administración de Personal del gobierno del estado, Jaime Ramírez Solís.
Actualmente, el Figuein tiene oficinas en la Torre Latina en Acapulco, frente al Club de Golf, y en Chilpancingo, pero las primeras fueron desmanteladas.
El 10 de marzo, los trabajadores presentaron la queja en la delegación regional de la Codehum en Acapulco en la que relataron que, desde mediados de 2016, el director del organismo empezó a difundir la idea de que “por instrucciones” del gobernador Héctor Astudillo las oficinas se moverán a Chilpancingo
Los inconformes relataron a la Comisión que la pretensión del cambio de oficinas “es una tortura psicológica por la incertidumbre sobre nuestra estabilidad en el empleo, es hostigamiento que se gesta en nuestra contra para obligarnos a renunciar porque no somos de su grupo político partidista”.
En la queja, expusieron que el cambio de oficinas propuesto se da sin su consentimiento, sin explicación del porque se ordena el cambio y sin la autorización del Comité Técnico que es la autoridad del Figuein.
Señalaron que la intención de Armenta Adame de mover las oficinas a Chilpancingo es para promoverse políticamente porque aspira a ser candidato a diputado local por el PRI “y para operar la precampaña política de su hermano César Armenta Adame (secretario privado del gobernador) a la presidencia municipal de Chilpancingo”.

Bloquean médicos la avenida Costera para que no los envíen a sitios inseguros

Médicos del Hospital General Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, bloquearon intermitentemente la avenida Costera, frente al Asta Bandera, para solicitar la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que no los cambien de adscripción y los envíen a lugares inseguros.
Los inconformes pidieron a las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) que paguen las tres quincenas que les adeudan a los trabajadores que cubren incidencias, y solicitaron la destitución de Ariel Terrazas, jefe de Recursos Humanos, y de Raquel Estrada, secretaria general de la sub sección 24 del hospital, a quienes acusan de corruptos.
Con cartulinas en las que se leía, “no más atropellos por parte de la delegada sindical Beatriz Vélez Núñez, diputada federal” y “no más abusos de la autoridad por parte del secretario de Salud y sindicato de la sección 36”; mantuvieron su protesta de las 10 a las 11 de la mañana, y advierten que protestarán en la clausura del Tianguis Turístico si no los atienden.
La médica general Roxana Tapia Carbajal dijo que, “esta protesta es para pedir al gobernador su intervención para resolver los problemas que ocurren en el hospital, ya que el doctor Domingo Juárez Ramírez, y el secretario Carlos de la Peña no han querido atenderlo”.
Agregó que hay denuncias de “actos de corrupción que se han cometido por parte del jefe de Recursos Humanos, Ariel Terrazas, que sabemos que no tiene tal nombramiento”.
Dijo que también hay compañeros que apoyan al movimiento a los que no les han pagado, “el hospital está lleno de corrupción y de arbitrariedades. No aguantamos más y queremos una respuesta porque el secretario de Salud no nos ha apoyado”, demandó.
“Nosotros no pedimos otra cosa más que nos dejen trabajar en nuestra área asignada, que es el hospital Renacimiento, no tenemos ningún liderazgo, queremos que nos dejen trabajar, que no nos separen de nuestra familia, que no nos manden a lugares peligrosos, como en mi caso a Petatlán, o de una compañera que quieren enviar a Zacualpan”, indicó.
Explicó que los que no han aceptado el cambio son de “ocho a 10 compañeros”, porque “la diputada, por ganar votos a la Senaduría le propuso a la base trabajadora acercar a los más antiguos, están llegando a los hospitales y no saben manejar pacientes críticos, y nosotros llevamos cinco años preparándonos”.
Recordó que hay una denuncia ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que se elevó a queja, por eso “fuimos a poner otra queja a lo contencioso y administrativo, porque nadie quiere resolver esta situación”.
Consideró que hay interés político en los cambios que les notificaron el 14 de febrero, porque benefició a grupos específicos de trabajadores, “porque a nosotros, que nos presentamos a trabajar, ya no nos dejan checar la entrada porque fueron órdenes de la líder sindical”.
Tapia Carbajal dijo que las autoridades, “no nos han recibido y hacen oídos sordos, de la vista gorda, que no pasa nada, pero sí pasa, por eso pedimos la destitución del jefe de recursos humanos”, a quien acusó de no haberse presentado a trabajar durante 15 días.
De la petición que hacen a las autoridades para que paguen el salario de los empleados que cubren incidencias, señaló que ganan 900 pesos y les deben tres quincenas; criticó que digan que no hay dinero y no les paguen, mientras que “sí hay dinero para hacer una fiesta para 300 personas”.
La enfermera Flavia Domínguez Sánchez, que desde 2011 trabaja en el hospital, dijo que, “a nosotros se nos dan los oficios en los cuales nos dicen que tendremos que ir, los oficios no tienen ningún fundamento, cuánto tiempo, dónde y quién va a cubrir mis gastos, porque en vez de que me suban el salario me lo bajan”.
Explicó que la quieren mandar a Zacualpan, donde mataron a una mujer a balazos, “tengo niños pequeños, no tengo con quién dejarlos, y ahorita los dejo encargados para poder moverme y estar en estas acciones”.

Dan de alta al bebé víctima de negligencia en el Hospital de la Madre; denunciará en el MP

Este jueves dieron de alta del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, en la capital, al bebé de Gabriela Hernández Gallegos, luego de que la joven denunció negligencia médica y aseguró que todos los estudios que le hicieron a su hijo resultaron negativos; sin embargo, dijo que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que no vuelva a ocurrir un problema similar con otras familias.
Consultada en la entrada del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, antes de llevarse a su bebé, Hernández Gallegos informó que este jueves le entregaron a su hijo, “los médicos me dijeron que le hicieron una biometría hemática, un PCR (Proteína C Reactiva) y que el hemocultivo salió negativo; todos los estudios que le hicieron salieron negativos”.
Indicó que los médicos, desde hace cuatro días le cambiaron los medicamentos a su hijo, lo que resultó favorable porque los resultados salieron negativos, y este jueves le entregaron a su bebé.
La madre recordó que este miércoles, en el transcurso de la tarde, los directivos del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense se acercaron a las madres de familia para ofrecerles apoyo y para decirles que las puertas de la dirección están abiertas para todas.
Hernández Gallegos dijo que, físicamente ve bien a su bebé, “desde que se le cambiaron los medicamentos mejoró todo. Además, después de mi denuncia, el hospital está mejor, porque ya pidieron pediatras y los directivos ofrecieron su apoyo a todas las madres”.
Aseveró que, sin embargo, interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público para que, “quede de escarmiento, que quede el antecedente, y para que todas las madres tengan la atención que necesitan, no estamos exigiendo privilegios sólo atención, no porque nos vean humildes o porque no tengamos las mismas condiciones (económicas) que otras personas nos deberán de hacer menos”.
Dijo que también ratificará su queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
El miércoles, vía telefónica, el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos reconoció que el niño tuvo sepsis neonatal y que estaba en tratamiento, pero que estaba estable y comiendo, lo que ayudaría a su recuperación. Aseguró que al bebé se le está dando la atención necesaria y que quizá hubo mala comunicación entre la paciente y familiares para recibir información sobre la salud del bebé.
En la tarde, el Hospital de la Madre y el Niño, en un comunicado informó que, “se atendió el caso de la señora Gabriela Hernández Gallegos, en presencia de personal de la Codehum y personal de las oficinas Centrales de la Secretaría de Salud (…) en esta nota aclaratoria descartamos la infección mencionada en diversos medios de comunicación. (…) informamos que hoy (jueves) 23 de marzo de 2017, el recién nacido Hernández Gallegos se encuentra dado de alta en buenas condiciones de salud”.

La Cdi sólo aprobó seis proyectos productivos de 32 que presentaron, denuncian organizaciones


Integrantes del Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero denunciaron en conferencia de prensa que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) sólo aprobó seis proyectos productivos, de 32 que presentaron.
Asimismo, denunciaron que las obras de la Cdi en municipios de la región de la Montaña han presentado constantes irregularidades en su ejecución y en los materiales que utilizan.
La mañana de este jueves, en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el líder indígena, Abundio González García explicó que hace un par de meses, cada una de las 32 organizaciones aglutinadas en el Foro entregó a la dependencia federal un proyecto productivo para su comunidad, pero sólo se aprobaron seis.
Informaron que, tras al rechazo de 26 proyectos productivos para zonas vulnerables, la semana pasada interpusieron una denuncia contra la Cdi en la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que califican el hecho como una irregularidad.
González García señaló que la dependencia federal rechazó los 26 proyectos basándose en pretextos, para retener los recursos, pesé a que fueron respaldados por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
El líder señaló que la Cdi evita entregar el dinero para los proyectos porque se están preparando para las próximas elecciones, y están ahorrando para generar una “gran bolsa”.
Hizo un llamado a la directora de la Cdi, Nuvia Mayorga Delgado, para que “ponga sus ojos en Guerrero”, ya que la población indígena necesita del recurso para el desarrollo de sus comunidades y beneficiarlos de manera certera.
Asimismo, Abundio González García critic la designación del nuevo delegado en Guerrero de la Cdi, Lenin Carbajal Cabrera, ya que aseguró que éste no cuenta con el conocimiento necesario para ayudar a las comunidades originarias. “Sólo hace vida política en la capital del estado, aquí sólo ha tenido cargos en el Ayuntamiento”, agregó.
Denunciaron que la Cdi está construyendo obras para algunos municipios de la región de La Montaña con materiales de mala calidad, y pidió que durante la ejecución, se cuide de aspectos, “que deben ser bien analizadas, con más ingeniería”.
Uno de los integrantes de la comisión, Jorge Romero Aguilar, se quejó, “en mi comunidad, Cahuatache, somos mixtecos, tenemos muchas carencias, no hay drenaje, agua potable y carreteras sin pavimentación, es preocupante, yo como joven me siento afectado y preocupado por mi comunidad”.
Romero Aguilar criticó que los funcionarios estatales siguen trabajando bajo las mismas usanzas, ya que sólo van a las comunidades cuando necesitan el voto de la población, y el resto de la administración son olvidados los pueblo.

Sabían que podían ser cambiados de adscripción, responde el secretario de Salud a los trabajadores

El secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos reiteró que el cambio de adscripción de trabajadores se mantiene por un recorrimiento a empleados que tienen más años en la dependencia.
Consultado al finalizar una gira de trabajo en Acapulco con su homóloga del estado de Morelos, calificó como inadecuada la declaración de la doctora  Roxana Tapia, quien el jueves dijo que mil 800 trabajadores de Acapulco fueron enviados a zonas de riesgo.
De la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que emitió medidas cautelares a 16 trabajadores que interpusieron su queja, el secretario de Salud respondió que es un asunto laboral y que ellos conocían de la posibilidad de ser cambiados de adscripción.
Carlos de la Peña Pintos consideró inadecuada la declaración de la médica del Hospital General Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, Roxana Tapia Carbajal, que el jueves declaró en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo, que mil 800 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 07 eran enviados a zonas de riesgo en las que hay repunte de violencia, violando sus derechos laborales y humanos.
Ayer, de la Peña Pintos explicó que se ponderó la antigüedad de los trabajadores y también cumplir la exigencia de la población en zonas donde se requiere la presencia de trabajadores de Salud, “hay muchos compañeros médicos que se encuentran con ocho, 10 o 15 años en lugares de la Sierra de Tierra Caliente, que han pedido su cambio de adscripción; obviamente no se les ha dado ese cambio de adscripción porque no había con quién suplirlos”.
Reiteró que los trabajadores que tienen su adscripción en zonas urbanas y que  entraron en el proceso de formalización, aprobaron con la Secretaría de Salud y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), desde el inicio, que serían cambiados, “en cuanto se llevara a cabo esa  formalización ellos se iban a ir a esas áreas que iban a quedar descubiertas por los cambios de adscripción; así lo aceptaron, está normado; es un acuerdo que tenemos entre el Sindicato y la Secretaría de Salud”.
En casos especiales, como trabajadores con funciones especiales en un hospital, se analizará a detalle, “a lo mejor a un técnico radiólogo le llega su formalización y tiene que cambiarse a un lugar donde ni siquiera pueda tener Rayos X, entonces, obviamente esto lo estamos cuidando, en común acuerdo con el Sindicato”.
Informó que hay más trabajadores que se han inconformado pero se han apegado a la institucionalidad  y se les da atención.
De la intervención de la Codehum con los 16 trabajadores que interpusieron su queja y fueron otorgadas medidas cautelares, le recordó que se cumple con una necesidad de la población que requiere servicios médicos y son parte de los derechos humanos, con todo respeto para la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, “esto es un aspecto netamente laboral que tiene que plantearse desde el punto de vista laboral y que obviamente cuando piden médicos en la Montaña, Tierra Caliente, en fin, nosotros es lo que estamos haciendo, una redistribución de nuestro recurso humano para solventar la demanda de los guerrerenses”.
Del acercamiento entre la Codehum, el Sntsa y trabajadores inconformes, dijo que está en la disposición, cuando se lo indique la comisión.
Con relación a los señalamientos de la falta de material en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, dijo que sí se atendió, pero “a veces se buscan otros canales para llamar la atención, yo soy respetuoso de eso”.
Precisó que por el presupuesto, la administración de los recursos materiales y de medicamentos se ha vuelto “muy estrictos” en el control.
Explicó que el problema en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón, fue que el proveedor entregó jeringas sin agujas, que se solucionó, “e incluso, antes que se diera la conferencia de prensa llegaron las agujas. Yo llamé al proveedor y antes de la conferencia de prensa, ya estaba surtido”.
El funcionario estatal concluyó que seguirán problemas como los del Raymundo Abarca, por lo dinámico de la atención médica, pero aseguró que se atienden las necesidades de forma inmediata.

Convenios de colaboración con gobierno de Morelos

Ayer, el secretario de Salud participó en la clausura de curso de Análisis de procedimientos técnico médico y fundamentos legales para el proceso de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante y la participación del Ministerio Público, al que asistió la secretaria de Salud del estado de Morelos, Ángela Patricia Mora González.
La funcionaria del estado vecino indicó que, este viernes se analizó la posibilidad de reactivar un convenio de colaboración interestatal entre Morelos y Guerrero, en el que, a través del Seguro Popular se puedan atender niños Guerrerenses de municipios lindantes, como Arcelia, Taxco, Iguala e incluso Chilpancingo. Ya que, por registros de la Secretaría de Salud de Morelos, hay menores de Guerrero que son atendidos en el Hospital del Niño Morelense.
Otra de las actividades fue el analisis de un convenio de servicios médicos a intercambiar como el de la atención de diferentes tipos de cáncer que no se atienden en Guerrero, como el cáncer de ovario, colon y recto.

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.

Se quejan en la Codehum por la muerte de un bebé debido a medicamento no apto en el Iecan

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que un familiar interpuso una queja ante la muerte de su bebé, luego de que le suministraron medicamento en el Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) que le provocó reacciones que no soportó.
El familiar puso la queja en el expediente 2VG/004/2017-I, después de que se enteró de las declaraciones de médicos, de que se adquirió medicamento no apto para suministrar quimioterapias a pacientes del Iecan.
Navarrete Magdaleno dijo que no quería aventurarse a emitir un posicionamiento y dictaminar quién tiene la responsabilidad porque antes el organismo que preside tiene que tomar en cuenta el dolor de la gente, que la Comisión no se va a prestar a hacer comunicados a la ligera, porque además los familiares confiaron en ella.
El 28 de noviembre, oncólogos denunciaron que funcionarios del gobierno de Héctor Astudillo Flores adquirieron medicamento no apto para suministrar quimioterapias a pacientes que presentan cuadros de “intoxicación con riesgo de muerte”, porque no cumplen con los estándares de calidad. La Secretaría de Salud del estado aseguró que el medicamento sí cumple con la normatividad federal, mientras que la jefa de Servicio de Oncología Pediátrica del Iecan, Ana Bertha Rivera Ramírez reconoció que los paciente no reaccionaban al tratamiento, por lo que iniciaron una investigación y encontraron que se cambió el proveedor de algunos antibióticos y fármacos de quimioterapia, y que ya se había hecho la observación por escrito al director.

 

Registra la Codehum en 17 años 114 casos de tortura; es una mínima parte, reconoce

Desde 1990 la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) ha registrado 114 casos de tortura desde su creación, hace 17 años, que es una mínima parte de los hechos reales, expuso el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno.
Opinó que tendría que desaparecer la tortura como método de investigación para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Por su parte, la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Clementina Rodríguez García aclaró que la tortura sólo se aplica jurídicamente a las lesiones provocadas por funcionarios públicos, y que en el caso del crimen organizado se tipifican como otro tipo de delitos.
Durante la conferencia Derechos humanos y prevención de la tortura, impartida en las instalaciones de la Codehum, Navarrete Magdaleno expuso que desde que se creó el organismo, hace 17 años, sólo ha registrado 114 casos por tortura, pues antes la tortura implicaba la amenaza de que no se denunciara.
“No refleja en nada lo que realmente sucede, y si volteamos a lo más reciente, en 2015 tenemos 25 quejas, ha subido, pero ha subido porque ya hay más difusión, ya hay reformas que nos permiten conocer de casos”, dijo el ombudsman.
Dijo que en ocasiones se niega la justicia cuando se aplica la tortura en aras de beneficiar a las víctimas, porque permite que se cancele la posibilidad de que se aplique la justicia.
Indicó que, “nosotros investigamos y emitimos resoluciones como un sistema no jurisdiccional, porque finalmente nuestras recomendaciones llevan aparejada la sugerencia a la Fiscalía (General del Estado), a las procuradurías, para el inicio de una averiguación previa para que entonces sí haya la obligatoriedad de aplicar una sanción, como la cárcel”.
El presidente de la Codehum dijo que se debe llevar al análisis la discusión, porque una de las formas de terminar la tortura es mostrar a los servidores públicos qué es, en el caso de los derechos humanos hacer la difusión, para que las víctimas sepan cuándo se han violado sus derechos humanos y puedan reclamar su cumplimiento o denunciar.
“En el caso de la tortura, igual habrá todavía alguien que tome como válido el mecanismo de investigación de torturar a un detenido, pero ya no lo es, está beneficiando al propio torturado”, que puede salir libre alegando la violación de sus derechos humanos, declaró.
Por su parte, la visitadora general de la CNDH abundó que la tortura es una violación de derechos humanos que cometen servidores públicos, pero cuando son problemas entre particulares, como en el caso de la delincuencia organizada, se tipifica como delito de lesiones o maltratos, pero no como tortura.
Recalcó que los trabajadores al servicio del Estado tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y que las personas tengan una vida sin violencia.

Piden su reinstalación trabajadores despedidos de Prospera en una reunión con el delegado de la Segob

Miembros de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Juan Moreno Barrios, para dialogar sobre el despido injustificado de siete trabajadores de la delegación de Prospera.
En el encuentro, solicitaron la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia.
Por segundo día, la Dirección Colectiva, a la que se unieron los trabajadores despedidos, mantienen tomadas las instalaciones de Prospera en la capital para obtener una respuesta positiva a sus peticiones.
Este miércoles, los trabajadores despedidos junto con miembros de la Dirección Colectiva se reunieron en el restaurante Verona con el delegado, la subdelegada de la Segob en el estado, Edith Marel Panchi Giles, y el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Jesús Romero Hernández, pero no acudió el delegado del programa federal, pese a que se informó un día antes que estaría.
En la reunión los trabajadores Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán, Roselia Francisco Tranquilino, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús entregaron un pliego petitorio al delegado, en el que exponen sus peticiones y agregan que, además de exigir el despido del delegado, también exigen el despido del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano.
Manifestaron a los funcionarios su confianza en que darán solución a su demandas, y además solicitaron una reunión urgente con la coordinadora nacional de Prospera, Paula Angélica Hernández Olmos.
Nuevamente señalaron los motivos por los cuales están “en pie de lucha” y tomaron la delegación, y además de su despido injustificado denuncian que cuando laboraron en el programa los reprimían laboralmente.
Resaltaron que el delegado, cuando se entrevistaba con las trabajadoras les preguntaba de su estado civil, su número de hijos y, en tono de broma, les pedía sus tallas, lo que consideraron acoso sexual y violencia de género.
Añadieron que los jefes los obligan a hacer proselitismo político a favor del PRI, solapan el pago de viáticos a quienes no les corresponde y que, cuando sus compañeros han sido secuestrados lo único que les importa son los vehículos de la dependencia.
Además de los siete trabajadores hay otros 24 que fueron despedidos también, algunos desde octubre, sin embargo no quieren denunciar por temor a represalias.
Los trabajadores aseguraron que durante los años que laboraban en la delegación, nunca quedaron mal en su trabajo, no tuvieron ningún reporte y hasta sacrificaron momentos con su familia.
Calificaron de injusto el problema y que el delegado y los demás funcionarios los despidieron para poder para contratar a gente afín a ellos.
Asimismo, denunciaron que nuevamente dos hombres rondaron las instalaciones, tomaron fotos y grabaron con un celular, que los vieron platicar con un trabajador de Prospera.

Les sugieren proceder jurídicamente sin olvidar que son empleados por contrato

En la reunión, el delegado expuso que la Segob se rige por el respeto, la integridad física de los trabajadores, la no discriminación y contra la xenofobia, y que quien usurpa funciones que no le corresponden se da de baja; además, les sugirió que también procedieran jurídicamente.
Les aclaró que, como son trabajadoras por contrato no fueron despedidas, sino que se terminó la relación laboral, y que si llegaran a demandar tienen que decirlo, así como su antigüedad laboral.
Acordaron que la información que les proporcionaron se la darán al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para que conozca de la situación, y que buscarán una reunión con la coordinadora nacional.
Los integrantes de la Dirección Colectiva acordaron mantener tomadas las instalaciones.