No apoya la Sedatu a damnificados acusados de invadir el predio que donó

 

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El asesor legal de ocho familias que fueron damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, en septiembre del 2013 y que fueron reubicadas en aquél entonces por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en un terreno que denominaron Fraccionamiento Tamarindos, en este municipio, Raúl Fernández Ballesteros, denunció que la dependencia sigue siendo omisa con sus representados a quienes “los está dejando solos en una denuncia que pesa sobre ellos por el delito de despojo”.
Ayer martes, vía telefónica, Fernández Ballesteros manifestó que pese a que se han llevado a cabo los trámites correspondientes para que la Sedatu resuelva la situación por la que pasan estas ocho familias que están siendo demandadas por el dueño del terreno que ocupan desde el 2013, “hasta este momento, nadie, ningún funcionario de la delegación de la Sedatu en Guerrero ha dado la cara ni tampoco han informado qué han resuelto sus superiores”.
Estas ocho familias vivían en el asentamiento irregular Lomas del Valle en este puerto, y en el 2013, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel los afectó al punto de que se quedaron sin vivienda, por lo que recurrieron al gobierno federal entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (PRI).
Funcionarios de la Sedatu les prometieron apoyo de vivienda y que éstas tendrían todos los servicios como son energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, drenaje, entre otros, por lo que en octubre del 2017, recibieron las llaves de ocho viviendas que fueron construidas en un predio al que denominaron Playa El Aeropuerto (fraccionamiento Tamarindos), en las inmediaciones de la comunidad conocida como Colonia Aeropuerto, en este mismo municipio y se mudaron a habitarlas.
Sin embargo, a los ocho meses de que llegaron a ese lugar, las familias empezaron a ser hostigadas por el propietario del terreno, quien aseguró que el gobierno federal, a través de la Sedatu, jamás le pagó por su terreno por lo que empezó a exigirles que se lo pagaran o de lo contrario, se salieran; por esa razón, los jefes de familia recurrieron a la delegación de la dependencia federal en Chilpancingo, donde de acuerdo a su asesor legal, “siempre les han dado largas y se echan la bolita unos con otros pero no resuelven”.
El abogado sostuvo que “mientras en la Sedatu se hacen omisos, mis representados están acusados en la carpeta de investigación número 12130570300033110121 por el delito de despojo de bienes inmuebles que presentó en contra de ellos el dueño del terreno y el proceso sigue avanzando, por eso mi llamado es al titular de la Sedatu en el país, Román Meyer Falcón para que intervengan, porque es una injusticia esto que está pasando contra estas familias”.
Dijo que sus representados, “son ocho familias de muy escasos recursos económicos que por sí mismos jamás se hubieran atrevido a ir a invadir o a despojar de su propiedad al dueño del terreno donde la Sedatu construyó las casas que les donaron; es una injusticia que sean ellos los que estén enfrentando una carpeta de investigación y no la propia Sedatu que fue quien en su momento hizo las negociaciones con esa persona para que cediera su predio para reubicar a estas familias”.

 

Lleva avance de 70% la reconstrucción del Centro Histórico en Iguala: Meyer

Alejandro Guerrero

Iguala

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, supervisó la reconstrucción del Palacio Municipal, dos plazas y 11 calles del Centro Histórico de Iguala, dijo que lleva un avance del 70 por ciento y que se entregarán las obras a las autoridades locales en enero.
Meyer Falcón y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y director de la obra, Ulises Manzano López, hicieron un recorrido y supervisaron los trabajos de rehabilitación la mañana del sábado, de la que el primero difundió en su cuenta personal de Facebook un video de poco más de un minuto de duración para informar los avances.
El secretario federal indicó que supervisaron la reconstrucción del Palacio Municipal, del Zócalo y la explanada del Monumento a la Independencia, así como de 11 calles de esa zona perimetral.
El funcionario dijo que la reparación se hace con inversión federal e implica la rehabilitación completa del Centro Histórico de Iguala, obra que estaría siendo entregada a las autoridades locales entre enero y febrero.
Manzano López explicó que lleva un avance del 70 por ciento la reconstrucción del edificio del Palacio Municipal, que están concluyendo la etapa del colado de lozas que estaría terminado el 15 de diciembre, y posteriormente concluyen los acabados, cancelería y las instalaciones.
Asimismo mencionó que en el zócalo y la plaza de los monumentos también se lleva un avance del 70 por ciento junto con las 11 calles que las rodean, mismas obras que afirmó, estarían concluidas en enero.
En este recorrido de supervisión no estuvo el alcalde priista David Gama Pérez, quien en otros recorridos de supervisión de obra tampoco ha sido convocado por el funcionario del gobierno federal.

 

Vecinos de zonas inestables en Chilpancingo denuncian que no hay avances para reubicarlos

Vecinos de colonias del norponiente de Chilpancingo en conferencia de prensa sobre las fallas geológicas, Maura Plascencia, Atenógenes Rivera, José Victoria, Alfonso Domínguez, Aniceto Espino, Gumaro Guerrero y María Luisa Arcos Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Blancas

Chilpancingo

Vecinos de 16 colonias que se ubican en el polígono de zonas inestables, al norponiente de la capital, insistieron al gobierno federal, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, haya un programa para la reubicación de 280 habitantes afectados por este fenómeno natural.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el presidente del fraccionamiento Nueva Era, Atenogenes Rivera Mermejo se quejó que no hay avances para la reubicación de las personas afectadas, a pesar que han tenido reuniones con autoridades del gobierno estatal, municipal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil estatal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Rivera Mermejo señaló que geólogos han acudido a la zona afectada para realizar los estudios de suelo porque elaborarán un Atlás de Riesgo, por lo que consideró que está bien para las personas que no tiene problema en sus viviendas, pero “en el caso de nosotros no nos sirve de nada, lo que queremos es la reubicación” agregó.
Dijo que en las reuniones que han tenido con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no les han informado una propuesta concreta para resolver sus demandas, porque el problema de la zona inestable sigue avanzando y afectando más casas.
Indicó que los habitantes afectados abandonaron sus casas para proteger su integridad física, se fueron a refugiar con sus familiares y otros a rentar, situación que afecta la economía de los damnificados.
También, solicitó al Fovissste e Infonavit la suspensión de los créditos hipotecarios a los propietarios de las casa afectadas y apoyo a las familias para la reparación de sus viviendas dañadas por este fenómeno natural.
Rivera Mermejo exigió al gobierno federal que ordene a la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio la elaboración de un plan de reubicación de los colonos de zona norponiente y una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para resolver sus demandas.
“Estamos exigiendo que se atienda el problema de la reubicación de los habitantes afectados, la respuesta ha sido nula, no hay un programa para atender a los colonos. La Sedatu ha ido a dar sus visitas a la zona afectada pero con las manos vacias”, indicó.
Por su parte el presidente de la colonia Villas Tlalmeca, José de Jesus Victoria Ríos indicó que suman ya 16 colonias afectadas por la zona inestable, la cuales son Villas Tlalmeca, La Era etapa I y II, 21 de Septiembre, Santa Cruz Norte, Tlacaellel, Las Estrellas y San Rafael Norte, Santa Cruz, Casas Geo, Ampliación Doctor Catalán y Ampliación Terraza y 280 viviendas están colapsadas.
A la conferencia de prensa asistió el vecino de la colonia Tlacaelle, Ángel Antonio Santana, de la colonia Ampliación San Rafael, Aniceto Espinobarros Vivar, de la San Rafael Norte Gumaro Guerrero Gómez y la vecina de Villas Tlalmecac Maura Placencia.
Hace 10 días, vecinos de las colonias que se ubican en el polígono de zonas inestables, al norponiente de la capital, se reunieron con autoridades de Sedatu, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil estatal, el gobierno estatal y municipal, y exigieron a la gobernadora y a la alcaldesa que aceleren los procedimientos para la reubicación de unas 284 familias afectadas.
El 15 de febrero pasado en la décima sesión extraordinaria, el Cabildo de Chilpancingo aprobó por unanimidad un dictamen en la delimitación del polígono de zonas inestables que afecta a unas 12 colonias de la capital, para buscar apoyo del gobierno federal y estatal para reubicar y apoyar a la población afectada.

 

Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.

Se agrietan casas para damnificados en El Mirador en la capital debido a un sismo, informa la Sedatu

El sismo de 5 grados que ocurrió la madrugada del lunes 13 de febrero provocó nuevas grietas en las casas del fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de Chilpancingo, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
Consideró que un sismo de 6 grados, “podría ser catastrófico”, y pidió que sean especialistas en geotécnica y geología quienes puedan estudiar y emitir dictámenes y si es necesario demoler “estructuras en el fraccionamiento”.
En entrevista en su oficina al delegado se le preguntó si es viable continuar con obras de mitigación en el fraccionamiento, ante todas las deficiencias de las construcciones además de que el predio es inadecuado, y respondió que la construcción fue una decisión “tomada hace mucho tiempo, que definitivamente creo con la experiencia que puedo yo tener, soy ingeniero civil, conozco de construcción, estructuras, conozco de sismos y no hubiese tomado la decisión de construir en el predio en el que se ejecutó El Mirador”.
Informó tras el sismo de la madrugada del 13 de febrero aparecieron nuevas grietas en las casas, de las que no dio más detalles pero comentó que Protección Civil ya acudió, y está esperando el dictamen o nota técnica.
“Lamentablemente las estructuras se siguen moviendo” y los terraplén siguen presentando deficiencias por lo que continuará el trabajo complementario para fortalecerlo, para que en la próxima temporada de lluvias no se presenten más daños, informó.
“Nos va a seguir dando problemas, los vecinos cada que tiembla me encuentran nuevas fisuras, entre un edificio y otro encuentran nuevas fracturas, las filtraciones que ya se habían atendido en el pasado se vuelven a presentar, ha sido muy costoso y lo seguirá siendo”, lamentó José Manuel Armenta.

120 millones de pesos en obras no hechas

El delegado recordó que a su llegada como delegado se encontró con procesos legales y administrativos que estaban suspendidos, lo que generó una crisis porque las obras estaban detenidas, los pagos suspendidos y los periodos de las suspensiones “eran largos”, se hizo un diagnóstico de la situación y concluyeron que era necesario presentar denuncias penales.
Las denuncias fueron contra las empresas que se negaron a llegar a acuerdos con la delegación, por lo que a principios de 2016 la Sedatu presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el incumplimiento de ocho contratos, y fue en contra de tres constructoras foráneas.
A las tres empresas se les está demandando el reintegro de dinero, que en total son más de 120 millones de pesos.
Comentó que los procesos penales continúan y la delegación ha entregado a la PGR en diferentes momentos la información requerida.
Las demandas de la Sedatu contra las empresas constructoras son por obras cobradas y no ejecutadas, después de que se ejecutan las obras hay un proceso de supervisión interno y externo ajeno a la dependencia, si coinciden en que la obra está concluida le autorizan al delegado que firme la solicitud de pago, pero la actual administración de la delegación encontró que no se habían ejecutado.
De los casos más graves que encontró en la dependencia fue el caso del fraccionamiento El Mirador ubicado al sur de Chilpancingo a un costado de la Autopista del Sol, porque presentaba deficiencias estructurales y a juicio de los expertos en estructura, 32 viviendas deberían ser demolidas.
Mencionó también que el daño estructural comienza en dos edificios de seis viviendas, cada uno que provocaron daños adicionales a otras baterías de vivienda, explicó.
Petaquillas fue otro de los fraccionamientos más vulnerables que encontraron porque el terreno era inadecuado, por lo que ahora tienen que invertir “una cantidad importante de recursos” en obras de mitigación que costó más de 20 millones de pesos “en obras que no se hubieran requerido, si se hubiese seleccionado otro tipo de predio”.
La ley establece que para iniciar un fraccionamiento se debe obtener una manifestación de impacto ambiental, y se debe de presentar la proyección de las alteraciones al predio, pero no se hicieron cuando estuvo a cargo de la delegación el ahora diputado priista Héctor Vicario Castrejón.
Se le preguntó de las responsabilidades de los servidores públicos que no hicieron los estudios necesarios, y por los que ahora la dependencia federal está gastando millones de pesos en obras de mitigación ya que 22 fraccionamientos fueron clausurados.
Justificó que las sanciones no son responsabilidad de la delegación y que lo único que pueden hacer es informar de las anomalías encontradas al órgano interno de control, “y después en la PGR hemos hecho lo necesario y lo conducente”.
Dijo que tanto el órgano de control interno de la dependencia como en la PGR, les han requerido información para ampliar las investigaciones, lo consideró que indica que las averiguaciones están en proceso.
De existir sanciones contra ex funcionarios de la Sedatu dijo que se enterarían hasta que sean notificados, porque ahora no tienen acceso al expediente.
Si el recurso se hubiera ejecutado de manera correcta y los predios donde se ubicaron los fraccionamientos tuvieran las condiciones requeridas, la reconstrucción del estado habría concluido a finales de 2015.

Son 404 las casas dañadas en el sismo de 2014 en Zihuatanejo: Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello precisó que en Zihuatanejo no son 100 las viviendas que faltan por ejecutarse, sino 404, de las 721 que resultaron dañadas en un sismo en 2014.
Agregó que la empresa que está a cargo de las construcciones dejó de trabajar un mes porque no le pagaban y por problemas de inseguridad, según dijeron.
Ayer se informó que habitantes de las comunidades de El Zapotillo, Las Higueritas y El Calabazalito, en la Sierra de Zihuatanejo, manifestaron que hay 100 casas sin terminar, luego de que fueron dañadas por el sismo.
En consulta telefónica, el delegado precisó que el número de viviendas que resultaron dañadas fue en total de 721, de las cuales 261 sufrieron daño total y 460 daños parciales. Detalló que de las 261, hasta la fecha se han reconstruido 186, y de las 460 se han hecho 131, es decir 317.
Aclaró que el contrato con la empresa Constructora Delta fue en la administración pasada, con el delegado Alfredo Fernández Peri, y que el trato fue que las viviendas que tuvieran daños totales se construirían, mientras que a las dañadas parcialmente se les agregaría una recamara adicional, y que no se repararía la casa dañada.
De la ausencia de la empresa durante un año, indicó que, “cuando yo llego a tomar la delegación, que fue en noviembre del año pasado, la empresa tenía un año sin trabajar en la zona, un año o poco más de un año los trabajos estaban abandonados, el argumento de la empresa es que no les pagaba y que además había tenido problemas, digo sin que a mí me conste, yo no llegaba en aquel entonces, (dijeron) por cuestiones de seguridad”.
Contó que, al llegar a la delegación se reunió con el alcalde de Zihuatanejo, el perredista Gustavo García Bello, a quien pidió auxilio en el asunto de la seguridad, garantías para seguir construyendo las viviendas, y entonces se continuó, y hasta ahora hay una avance del 68 por ciento, dijo.
El tipo de viviendas que hace la constructora no es el tradicional de ladrillo, block y cemento, sino que, mediante moldes, se pone una pared interior y una exterior que se rellenan con concreto a presión y luego se retiran los moldes. Queda una vivienda de paredes delgadas que, aseguró Armenta Tello, son muy resistentes.
Una pareja afectada por el sismo se había quejado de que para construir su casa les pidieron 12 peones, porque no incluía la mano de obra; sin embargo, no tienen el dinero para contratarlos.
“En aquel entonces, se le autoriza a la empresa que use un sistema de autoconstrucción, o sea que emplee mano de obra no calificada… es ahí donde creo que declaran que les piden que pongan albañiles y peones para la ejecución de sus acciones, porque así lo plasmó la empresa y así se le dio el contrato a la empresa”, explicó el delegado.
Dijo que piden a los damnificados mano de obra no calificada, que puedan acarrear material, que hagan mezcla, no trabajadores de plomería, electricidad o carpintería.

Termina el paro de trabajadores del Fonden tras 43 días; la Sedatu les debe el 50% de salarios

Trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) regresaron a laborar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), después de un paro laboral de 43 días ante el adeudo de cuatro meses de salario y viáticos, pese a que sólo les pagaron la mitad de lo que les deben.
Este lunes aún no les informaban quiénes de los 58 trabajadores están entre los 30 que continuarán en el programa, ni cuándo les pagarán los viáticos y la otra mitad de su salario.
El 10 de diciembre, los trabajadores denunciaron que no les habían pagado salarios ni viáticos de cuatro meses, que eran de entre 15 mil y 20 mil pesos por mes, y que estaban poniendo de su bolsa para trasladarse a los lugares donde supervisan la reconstrucción de obras que dañó la tormenta Manuel en 2013, e iniciaron un paro laboral y protestas ese día. El jueves pasado les depositaron la mitad de su salario, y esperaban tener información de los faltantes ayer, lunes.
En consulta telefónica la trabajadora Violeta Medina confirmó que regresaron a laborar, porque están entregando información, avances, reportes, además de entregar equipo como cámaras fotográficas, computadoras y vehículos, independientemente de quién quede en el grupo de lo 30 que seguirán laborando en el Fonden.

Sigue el plantón de campesinos en la Sedatu en la capital; piden reunión con Rosario Robles

Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Indígena Campesino (Ficam) mantienen su plantón iniciado el miércoles afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir 270 viviendas que solicitaron desde 2013, y en espera de que sus dirigentes nacionales en la Ciudad de México concreten una reunión con la secretaria Rosario Robles Berlanga.
En el campamento afuera de la Sedatu, que es parte del plan de acción de la OPIG que se está replicando en al menos otras 10 delegaciones en otros estados del país, los campesinos tienen cobijas y cartones en el piso para dormir, una lona azul para cubrirse del sol, del frío y del sereno, un fogón y utensilios de cocina.
En un comunicado, la CNPA explica que continúan en su jornada de lucha ante instituciones que han desatendido sus derechos económicos y sociales.
“Lamentamos la cerrazón mostrada hasta el día de hoy por la titular de Sedatu, licenciada Rosario Robles Berlanga, ya que, como expusimos en un comunicado anterior, es de suma importancia la interlocución y el diálogo con ella por la conflictividad social generada por diversos megaproyectos y concesiones mineras en diferentes estados del país”, detalla el escrito.
Las organizaciones insistieron en el comunicado en que la reforma energética y sus leyes secundarias han facultado a la Sedatu para que intervenga como mediadora ante las empresas interesadas en invertir y las comunidades que pretenden despojar.
Agregaron que, desde febrero de 2015 se le planteó a la secretaria la importancia de que el país acepte las recomendaciones que la ONU ha hecho en materia de consulta indígena, para contar con un instrumento para que los pueblos decidan sobre su territorio.
“Sostenemos que, para ello es fundamental concretar una ley general de consulta a los pueblos indígenas, y la Sedatu debe plantearle al presidente Enrique Peña Nieto concretarla y honrar su palabra que ha empeñado en foros internacionales”, expusieron.
Los campesinos advirtieron que permanecerán en el plantón afuera de la delegación mientras sea necesario.

Se plantan unos 70 campesinos afuera de la Sedatu en Chilpancingo para exigir 270 viviendas

Unos 70 integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Indígena Campesino (Ficam) se plantaron afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir la entrega de 270 viviendas que solicitaron desde el 2013.
“La violación sistemática y reiterada a los derechos humanos está a la vista el otorgamiento de concesiones a empresas mineras, eólicas e hidroeléctricas, y la política de privatización del agua, la contaminación transgénica de nuestros maíces criollos y la extracción de petróleo y gas… han provocado zozobra, malestar e incertidumbre de nuestras comunidades originarios”, se lee en un volante que repartieron a los transeúntes.
A las 9 de la mañana, los campesinos provenientes de Cochoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco, Malinatepec, Huamuxtitlán y Copanatoyac llegaron a las instalaciones de la Sedatu, trayendo consigo leña, utensilios de cocina, cobijas y casas de campaña para instalarse afuera del edificio, como parte de las acciones de la Jornada nacional por la defensa de la patria y el desarrollo nacional.
Afuera de la Sedatu colocaron mantas en las que se leía, “OPIG-CNPA-MN-FICAM, exigimos solución para nuestras demandas, vivienda, salud, educación, democracia. No al Gasolinazo”, “No al gasolinazo por la defensa de la patria no a los megaproyectos, cancelación de las reformas estructurales”.
El integrante del comité organizativo de la OPIG Israel Jiménez manifestó que como plan de acción de ayer se programó en más de 10 estados los plantones fuera de las delegaciones de Sedatu para la exigencia de sus demandas.
Resaltó que los integrantes de su organización, desde hace más de tres años gestionaron 270 viviendas, de las que un 15 por ciento son para familias damnificadas de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Además agregó que la Sedatu debe considerar el asunto agrario nacional, “en el Frente Indígena y Campesino de México, tenemos temas agrarios, esto referente al despojo de territorio”.
Agregó que exigen a la Sedatu que también esté del lado de la gente desprotegida, como ellos en la Montaña donde hay más de 40 concesiones mineras.
Del aumento a las gasolinas dijo que, “los campesinos son a los que finalmente nos pega más este aumento a los energéticos… ya sabemos que el aumento de la gasolina incrementa todo lo que tiene que ver con la canasta básica, otros productos que se transporta vía terrestre, entonces nosotros los campesinos creo que somos los que vamos a sufrir”.
A las 10:30 de la mañana, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello llegó a las instalaciones y recibió a una comisión. Lo único que les dijo fue que la delegación envió 266 paquetes de documentación a las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México, que sólo faltaba enviar cuatro, pero que no se ha podido porque le están dando mantenimiento a la página.
Les dijo que lo que faltaba era que en oficinas centrales les liberen los bonos para la construcción de las viviendas.
Los manifestantes indicaron que esperarían la respuesta de sus dirigentes nacionales, pues buscan una reunión con la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.
Los dirigentes nacionales les dieron instrucciones de quedarse a dormir en las delegaciones, como modo de presión.

A 40 días en paro no paga la Sedatu cuatro meses de salario a trabajadores del Fonden

Trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) cumplen 40 días en paro, y por segunda ocasión les mintieron al asegurarles que este miércoles les depositarían los cuatro meses de salarios y viáticos que les adeudan.
Los trabajadores acudieron a la delegación y en las puertas de oficinas colocaron pancartas exigiendo sus pagos, y responsabilizando a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga del retraso.
El 10 de diciembre, los trabajadores denunciaron que no les habían pagado salarios ni viáticos de cuatro meses, y que estaban poniendo de su bolsa para trasladarse a los lugares donde supervisan la reconstrucción de obras que dañó la tormenta Manuel, e iniciaron un paro laboral ese día.
El 10 de enero, los trabajadores acudieron a la delegación porque se enteraron que estaría ahí el director general de Atención a Zonas de Riesgos de la dependencia, Armando Saldaña, y fueron a exigirle sus pagos; el funcionario les aseguro que a más tardar este miércoles estarían depositados, pero no fue así.
Consultado telefónicamente, un trabajador que pidió reservar su nombre, contó que acudieron a la delegación a preguntar por sus pagos, sólo les dijeron que los directivos tuvieron que atender otros asuntos en Chiapas, por lo que ya no hicieron el trámite.
Ante el incumplimiento, los trabajadores colocaron pancartas en los pasillos y entradas de las oficinas, exigiendo sus pagos.
En las pancartas se leía, “Exigimos nuestro pago, ya no podemos esperar Rosario Robles”, “Lic. Armando Saldaña no somos tus pendejos, páganos ya”, “El pan de sus hijos está maldito si es a costa del sufrimiento de los míos. Yo no robo, vivo al día y tengo 140 sin cobrar”, “Rosario Robles, ¿No te duele tu pueblo? Que nos dejas mendigar por nuestros sueldos, que por derecho nos corresponden”.
Los trabajadores manifestaron que determinarán un plan de acción para los próximos días ante la falta respuestas favorables a su demanda.
Los trabajadores de Fonden no perciben ninguna prestación, y dependen de su salario mensual. A raíz del paro laboral, desde hace poco más de un mes no supervisan ni hay reconstrucción de obras dañadas de las tormentas Ingrid y Manuel, pues tendrían que poner de su bolsa para continuar laborando.