Brenda Escobar

Zihuatanejo

El asesor legal de ocho familias que fueron damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, en septiembre del 2013 y que fueron reubicadas en aquél entonces por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en un terreno que denominaron Fraccionamiento Tamarindos, en este municipio, Raúl Fernández Ballesteros, denunció que la dependencia sigue siendo omisa con sus representados a quienes “los está dejando solos en una denuncia que pesa sobre ellos por el delito de despojo”.
Ayer martes, vía telefónica, Fernández Ballesteros manifestó que pese a que se han llevado a cabo los trámites correspondientes para que la Sedatu resuelva la situación por la que pasan estas ocho familias que están siendo demandadas por el dueño del terreno que ocupan desde el 2013, “hasta este momento, nadie, ningún funcionario de la delegación de la Sedatu en Guerrero ha dado la cara ni tampoco han informado qué han resuelto sus superiores”.
Estas ocho familias vivían en el asentamiento irregular Lomas del Valle en este puerto, y en el 2013, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel los afectó al punto de que se quedaron sin vivienda, por lo que recurrieron al gobierno federal entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (PRI).
Funcionarios de la Sedatu les prometieron apoyo de vivienda y que éstas tendrían todos los servicios como son energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, drenaje, entre otros, por lo que en octubre del 2017, recibieron las llaves de ocho viviendas que fueron construidas en un predio al que denominaron Playa El Aeropuerto (fraccionamiento Tamarindos), en las inmediaciones de la comunidad conocida como Colonia Aeropuerto, en este mismo municipio y se mudaron a habitarlas.
Sin embargo, a los ocho meses de que llegaron a ese lugar, las familias empezaron a ser hostigadas por el propietario del terreno, quien aseguró que el gobierno federal, a través de la Sedatu, jamás le pagó por su terreno por lo que empezó a exigirles que se lo pagaran o de lo contrario, se salieran; por esa razón, los jefes de familia recurrieron a la delegación de la dependencia federal en Chilpancingo, donde de acuerdo a su asesor legal, “siempre les han dado largas y se echan la bolita unos con otros pero no resuelven”.
El abogado sostuvo que “mientras en la Sedatu se hacen omisos, mis representados están acusados en la carpeta de investigación número 12130570300033110121 por el delito de despojo de bienes inmuebles que presentó en contra de ellos el dueño del terreno y el proceso sigue avanzando, por eso mi llamado es al titular de la Sedatu en el país, Román Meyer Falcón para que intervengan, porque es una injusticia esto que está pasando contra estas familias”.
Dijo que sus representados, “son ocho familias de muy escasos recursos económicos que por sí mismos jamás se hubieran atrevido a ir a invadir o a despojar de su propiedad al dueño del terreno donde la Sedatu construyó las casas que les donaron; es una injusticia que sean ellos los que estén enfrentando una carpeta de investigación y no la propia Sedatu que fue quien en su momento hizo las negociaciones con esa persona para que cediera su predio para reubicar a estas familias”.