Etiqueta: Ramón Navarrete Magdaleno

Se comprometió la Codehum a insistir en la reinstalación de policías y no cumplió, denuncian

Luis Blancas

Chilpancingo

Policías estatales despedidos en mayo del año pasado se quejaron porque el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno no cumplió los acuerdos para insistir al gobernador y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el pago de los salarios caídos y la reincorporación de los agentes afectados.
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco informó que un juez federal ordenó al gobierno estatal y a la SSP el pago del sueldo y reincorporar a los 176 agentes estatales despedidos a la corporación, lo que debió ocurrir hace 15 días, “pero con el desacato de Navarrete Magdaleno no se llevó a cabo este proceso”.
Comentó que el gobierno del estado ya agotó todo sus recursos legales para defenderse de la demanda de despido injustificado de los uniformados, pero el ombudsman guerrerense, “no ha sometido a las autoridades como corresponde conforme a la ley, debe aplicar la ley pero tiene que defender a su patrón, al gobierno del estado, pero seguiremos en la lucha”.
Señaló que el gobierno del estado y el ex secretario de la Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes violaron sus derechos laborales porque no han cobrado su salario desde mayo del año pasado, y están sin poder llevar un sustento a sus familias, “por eso le damos un ultimátum a Ramón Navarrete para que atienda nuestras peticiones”.
Indicó que en la lucha para defender sus derechos continúan 100 policías estatales despedidos de los 176 que eran, e insistió al presidente de la Codehum que los atienda, porque en caso de no hacerlo cerrarán las instalaciones y procederán contra él.
Por su parte la Codehum difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que Navarrete Magdaleno atendió a los agentes despedidos, “les expresó que la Codehum ha realizado todos los trámites de acuerdo a lo que mandata la ley, recordándoles que esta institución emite recomendaciones y procura su aceptación y cumplimiento de los puntos recomendatorios, con lo cual la comisión, como en todos los casos, está cumpliendo con la responsabilidad con cada uno de ellos”.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador Héctor Astudillo y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 de ese mes los agentes estatales terminaron el paro, marcharon del cuartel de la corporación a la Codehum y la Secretaría dio de baja definitiva la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley.

 

Estará pendiente de que el gobierno apoye a familiares de policías asesinados, dice la Codehum

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno condenó el asesinato de seis policías estatales en Zihuatanejo, e indicó que el organismo estará pendiente de que el gobierno del estado cumpla con apoyar a sus familias.
El jueves seis policías estatales murieron en una emboscada de 15 civiles armados en la comunidad serrana de Las Mesillas, Zihuatanejo.
Sobre este hecho, en consulta telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que acudió al homenaje a los policías como muestra de solidad, y que sabe que los policías están en riesgo a causa de su trabajo.
Abundó que el organismo estará pendiente de que el apoyo que se dé a las familias sea oportuno, para que la situación por la que están pasando tenga menos consecuencias.
Sin embargo, aclaró que no es competencia de la Comisión atender a las víctimas, ya que “es un asunto delincuencial, y compete a la PGR (Procuraduría General de la República)”.
Dijo que el gobierno entregó a las familias, en el homenaje, el pago de los seguros de vida y documentos de las becas para los niños huérfanos.
Abundó que la Codehum tuvo contacto con las familias desde el día que sucedieron los hechos, que cruzaron información y que no sólo fue el beneficio que se otorgó en el homenaje en la capital, sino que también se garantizó el traslado sin costo para las familias.
En un comunicado, la Codehum condena el ataque del que fueron víctimas los estatales, al tiempo que reconoce su valor, compromiso y arrojo para garantizar la seguridad de los guerrerenses.

 

Solicitará al gobierno que se amplíe la seguridad para Quetzalcoatlán, Zitlala, dice la Codehum

 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que solicitará al gobierno del estado que responda a la solicitud de ampliación de medidas cautelares para los pobladores de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala.
Los habitantes nahuas de ese pueblo denunciaron el jueves que siguen las represalias del grupo armado de la comunidad de Tlaltempanapa que los amenazó con sacarlos junto a los policías que los resguardan. Al respecto el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández denunció que las autoridades estatales no han dado respuesta a la petición de la Codehum para ampliar la seguridad.
Sin embargo Olivares Hernández también evidenció que la Codehum no informa al Centro Morelos de la respuesta de las autoridades, “simplemente nos envía copia de los oficios que le manda el secretario de Seguridad estatal y lo que hacen es, prácticamente, reenviar lo que nosotros solicitamos”.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que la Codehum le ha dado seguimiento al caso a raíz del desplazamiento de los pobladores que estuvieron un tiempo en la cabecera municipal de Zitlala, y luego accedieron a regresar a su comunidad pero con resguardo policiaco, “a partir de que tienen ellos el temor fundado de una probabilidad de una nueva agresión, por nuestro conducto pidieron que el gobierno del estado ampliara las medidas cautelares con mayor seguridad”.
Aunque no precisó la fecha dijo que la Comisión hizo la solicitud correspondiente, no sólo sobre la seguridad sino también de otras necesidades de los pobladores como recibir atención médica y otras que implican que deben salir de la comunidad, “lo que están requiriendo es mayor presencia de la Policía Estatal, no tenemos aún una respuesta”.
Señaló que “seguramente” la Comisión dialogará con las autoridades “para establecer el mecanismo para definir el grado de riesgo y poder saber qué tipo de seguridad se tiene que implementar”.
Navarrete Magdaleno evadió el reclamo de Olivares Hernández y dijo que la Codehum tiene comunicación permanente con el director del Centro Morelos, “que ha tenido a bien acudir a la Comisión cuando tienen algún requerimiento por parte de la comunidad y le hemos estado dando seguimiento”.
Precisó que antes de ampliar las medidas cautelares se tiene que analizar el riesgo que corren los pobladores, y para ello se debe hacer un estudio completo de las condiciones en las que viven.
Añadió que en concreto la solicitud es que haya dos patrullas de manera permanente en Quetzalcoatlán, ya que sólo hay una que se releva cada determinados días.
Declaró que la Codehum no determina cómo se deben otorgar las medidas cautelares, las solicita y “el estado determina el modo o el número de elementos y de qué manera se deben presentar”.
Dijo que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el jefe del Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos son los que deben dar respuesta a la solicitud y ante la inconformidad de los pobladores les solicitará que hagan lo correspondiente.

 

Las autodefensas ciudadanas están fuera de la ley; se debe legislar para regularlas: Codehum

Por el ataque armado en la comunidad de Buena Vista de la Salud el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que el Congreso local debe de legislar para que las autodefensas ciudadanas sean reguladas porque están fuera del marco de la ley, lo que ocasiona que cometan violaciones.
Consultado al finalizar la entrega de actas nacimiento en el Ayuntamiento de Chilpancingo, Ramón Navarrete dijo que es un tema que ha tratado desde hace tiempo, “desgraciadamente” se ha sufrido una transformación no para bien con las policías comunitarias y la sociedad no tiene la misma percepción que tenía cuando surgieron.
Manifestó que ha procurado que la Codehum sólo intervenga en los casos para implementar una mesa de trabajo para el entendimiento, porque el resto de la situación le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Agregó que a la Fiscalía General del Estado (FGE) le toca accionar si se comete algún delito, y lo que ha visto es que hay delitos que deben de ser sancionados, “pero espero que sean las autoridades encargadas de la justicia y seguridad que sancionen”.
Abundó que la Codehum está limitada porque pese a que se autonombran como policías comunitarias o ciudadanas no tienen la característica legal, y la comisión no puede intervenir porque no son consideradas como autoridad.
Destacó que “son ciudadanos armados y dentro del marco jurídico son ciudadanos armados” porque un policía institucional devenga un salario del servicio público que prestan.
Ramón Navarrete dijo que los ciudadanos armados que se autodenominan comunitarios no están regulados por la Ley 701, la cual sólo opera en San Luis Acatlán, porque la legislación no se extiende a comunidades que están en las zonas urbanas.
Manifestó que siempre ha dicho que el Congreso local deberá de tomar una decisión respecto y legislar por las policías comunitarias porque están fuera del marco de la ley, lo que ocasiona que cometan faltas.

Le designan escoltas

Ramón Navarrete dijo que la designación de dos escoltas de seguridad fue una decisión que se tomó en el ámbito nacional tras el asesinato del defensor de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
Precisó que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos determinó que por conducto de los gobernadores los defensores de todo el país deberían tener seguridad.
Dijo que “se pretende que sea una custodia discreta, es meramente simbólica porque dos personas no pueden dar seguridad completa, sólo está siguiendo un protocolo que a nivel nacional se instituyó”.

Atrae la CNDH el caso de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El organismo solicitó que le entregaran los expedientes para continuar las investigaciones, “por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado”, informa el presidente de la Codehum

Luis Blancas

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

Ya investiga la FGE las fosas en la capital y el aumento de homicidios en el estado, informa Héctor Astudillo

Anuncia que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya, que renunció al cargo tras la desaparición de siete jóvenes en la capital, presuntamente por policías municipales. Había reprobado el examen de confianza y aún así fue designado por Marco Antonio Leyva, revela

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores dijo sobre el aumento en el número de homicidios y la fosa hallada el viernes en Chilpancingo, que en estos dos sucesos la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la investigación en sus “manos”.
El pasado viernes, en una colonia de la periferia de Chilpancingo fueron halladas diversas fosas clandestinas con restos óseos, que hasta este lunes suman siete, lo que derivó en trabajos de investigación de la FGE.
El gobernador aprovechó para referirse a una nota periodística que apareció en un portal de la capital del estado, en la que se difundió sobre el hallazgo de 15 cuerpos encontrados, la cual dijo fue desmentida por el gobierno del estado, que confirmó que hasta ayer por la mañana eran cuatro.
Dijo que en el caso de las fosas “se está generando principalmente una investigación antropológica, es la información que tengo”.
En conferencia de prensa en la que anunció el tercer cambio a su gabinete, a preguntas de reporteros, Astudillo Flores contestó que sobre los hechos registrados en Taxco, donde una mujer fue desmembrada, la Fiscalía investiga el caso, pero no entró en mayores detalles.

Seguridad Pública estatal designará al secretario de Seguridad en la capital

Astudillo Flores informó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya.
Este domingo se dio a conocer que el secretario de Seguridad de Chilpancingo, Espinoza Montoya presentó su renuncia luego de que se reveló que reprobó los exámenes de control de confianza para desempeñar el cargo, y además se difundió un video en Televisa en el que se confirmaba que policías de la capital participaron en la desaparición de uno de los jóvenes.
“La norma es tener secretarios aprobados por el sistema nacional, en el caso de Chilpancingo no estaba aprobado, y se le comunicó oportunamente al presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena), a efecto de que procediera a su relevo. No lo hizo”, contó.
En declaraciones a reporteros tras concluir una conferencia de prensa en la que se presentó el tercer cambio al interior del gabinete estatal, Astudillo Flores puntualizó que si fue un “colaborador” durante su campaña a la gubernatura.
“Si fue un colaborador en al campaña de nosotros, uno de los colaboradores que teníamos en el equipo, posteriormente él fue designado por el presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena) y en su momento por el procedimiento que se requiere fue designado secretario de Seguridad Pública”, agregó.
Indicó que fue acertado que Espinoza Montoya presentara su renuncia para colaborar con al investigación sobre los policías municipales capitalinos.
“Lo que quiero dejar muy en claro es que nunca fue mi jefe de escoltas, creo que era un elemento que colaboraba, pero no mi jefe de escoltas, ni en la campaña ni otro lado”, agregó.
Astudillo Flores reiteró que Espinoza Montoya no es su “enemigo”, pero tampoco es una persona cercana a él.
“El presidente municipal (Jesús Tejeda Vargas) a través de una llamada vía telefónica ayer, me dio conocer la renuncia del secretario de Seguridad Pública de aquí de Chilpancingo, es el mecanismo en el que fui enterado”, agregó en una conferencia de prensa en Casa Guerrero.
Insistió que era necesario dejar claro que en el Grupo de Coordinación Guerrero se decidió notificar “oportunamente” al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, sobre la reprobación de su secretario de seguridad por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la consulta se le preguntó si había solicitado a los alcaldes que haya una certificación nueva de los policías municipales, a lo que respondió que todas las personas que tienen recursos públicos relacionados con seguridad, están frecuentemente convocados y recomendados para cumplir con estos temas.
Informó que ante la salida del secretario, la Secretaría de Seguridad del estado será la encargada de designar al nuevo suplente de manera temporal, además de continuar en coordinación con la policía federal para los operativos de seguridad que se realicen en Chilpancingo.
Comentó que aún no se sabe hasta cuándo duren al mando estas fuerzas, pero se mantendrán para dar la seguridad que requiere la ciudadanía.
“Nosotros habíamos preparado un grupo para llevarlo a la zona económica especial a la Unión, hasta Lázaro Cárdenas, ese grupo que estábamos preparando para moverlo para allá lo dejamos en Chilpancingo, de tal manera (que) lo único que hacemos es posponer el envió del equipo que se había preparado”, agregó.
Recordó que los policías que fueron removidos se reincorporarán a sus labores cuando terminen las investigaciones.

Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Temen por su vida y los hijos de los uniformados sufren de acoso en sus escuelas, afirman. Protestan en la Codehum y el presidente del organismo, Ramón Navarrete acude al cuartel

Luis Blancas

Chilpancingo

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.

 

 

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

 

La CNDH les tiene que informar de su caso, responde la Codehum a los policías despedidos

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno aclaró que el problema de los policías estatales despedidos fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que se les informó que la comunicación para darles información sobre el avance del proceso debe ser directa con el organismo nacional.
El martes policías estatales despedidos en mayo protestaron afuera de la Codehum, se quejaron de que no les informaban del proceso que lleva la CNDH sobre su situación laboral y reinstalación.
En consulta telefónica Ramón Navarrete expuso que el caso fue remitido a la CNDH, que incluso tiene los acuses que respaldan esta información.
Dijo que el martes que acudieron los policías fueron recibidos por la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro, quien les dijo que su caso está en la CNDH.
“Ellos quisieron que desde aquí se llamara a la Comisión Nacional para saber en qué términos va. Ella lo hizo pero esa información ya es directa, así se lo dijeron en la Comisión Nacional, esa información es directa entre las víctimas, quejosos y la Comisión Nacional, ahí ya no podemos servir nosotros de puente de información, también se les hizo saber”, insistió.
Indicó que esta situación ya se la habían proporcionado a los policías, pero que entiende que están desesperados y ven en la Codehum un punto para manifestarse y es válido, pero jurídicamente el tema está en manos de la CNDH.
Agregó que en caso de que la autoridad niegue el cumplimiento de una recomendación, no es satisfactoria su respuesta o su cumplimiento el quejoso tiene derecho de interponer un recurso para que la CNDH la analice. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Hay 218 recomendaciones sin cumplir de 2005 a 2017; la mayoría a la Fiscalía: Codehum

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informo que se instaló una mesa de trabajo para dar atención a un rezago histórico de recomendaciones que no han sido cumplidas, que van de 2005 a 2017 y en total son 218.
Dijo que la mayoría son dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
En consulta telefónica dijo que pretende sacar un rezago histórico de recomendaciones que se han estado atendiendo pero no en su totalidad, por lo que se revisan todas para verificar su cumplimiento.
En un comunicado emitido por el organismo dice que a efecto de analizar el cumplimiento y seguimiento de las resoluciones emitidas, la secretaria ejecutiva Mónica Castro Contreras se reunió con el director general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno del estado.
Navarrete Magdaleno expuso que hay algunas recomendaciones donde la gente no tiene interés, y que se van a localizar para ver en qué situación quedaron.
Expuso que algunas tienen cuatro o cinco resolutivos, algunos se cumplieron y otros no.
Dijo que el gobierno del estado mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, va a intervenir para que la Fiscalía General del Estado cumpla las recomendaciones, que es donde hay mayor concentración.
Abundó que la próxima reunión se va a programar cuando tengan información de cada caso.
El concentrado de recomendaciones que se proporcionó a El Sur señala que de 2005 a 2017 hay 218 que no se han cumplido. Hasta el 2014 a la PGJE corresponden 151, mientras que desde el 2015 a este año corresponden 43 a la FGE.
En segundo lugar está la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la cual cuenta con 24 recomendaciones sin cumplir. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Exige la Codehum castigo a los asesinos del abogado y líder de Morena en Tixtla

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) en un comunicado condenó el homicidio del abogado y líder de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, y exigió castigo a los responsables de este hecho, a quienes no identificó.
El domingo se dio en Tixtla una balacera entre policías estatales y sicarios. Uno de éstos ingresó a la vivienda del abogado Catarino Dircio, los policías lo siguieron pero al no encontrarlo, uno de ellos disparó directamente al abogado tras recibir órdenes de uno de sus jefes, según denunció el lunes su esposa, Hilda Vázquez Cipriano.
Ante estos hechos la Codehum, que preside Ramón Navarrete Magdaleno, emitió un breve comunicado en el que lamenta y condena el homicidio de Eduardo Catarino, que manifiesta que se desempeñaba como secretario del Colegio de Abogados de Tixtla.
“Nos unimos a las voces que claman justicia y castigo a los responsables de tan lamentable suceso; así también, nos solidarizamos con la familia, el gremio de abogados en el estado y la sociedad en general, quienes en conjunto anhelamos la reconstrucción del tejido social para consolidar la seguridad”, expone el escrito.
Agrega que ante los últimos hechos de violencia, reclama a los gobiernos municipal, estatal y federal que brinden los protocolos de seguridad necesarios y con ello llegar a la paz para todas y todos.

Sin administración, electricidad ni agua potable, el rastro TIF, señalan ganaderos

 

El representante de la Asociación Ganadera en Acapulco, Miguel Villavicencio Jackson, declaró que el Rastro de Inspección Federal (TIF) no cuenta con servicio de electricidad ni agua potable, y falta que las autoridades estatales y municipales decidan quién va a administrarlo para que comience a funcionar.
Ayer, Villavicencio Jackson declaró que la sequía y la falta de agua afectan a los ganaderos en las zonas de La Providencia y Piedra Imán, porque se agota la alimentación de las vacas y eso ocasiona que baje la producción de leche que además, dijo, “pagan barata”.
Reconoció que hay apoyo del gobierno municipal pero no es suficiente porque son muchos ganaderos, “y por ello tocamos las puertas en otras financieras para que nos apoyen para la engorda del ganado, y la entrada en operación del rastro sería un detonante”.
Explicó que en el rastro, que se construye desde hace más de cinco años en el poblado de El Salto, el equipamiento “se está oxidando, hay que darle mantenimiento nuevamente, es costoso, y no sabemos quién va a absorber los costos”.
Declaró que la empresa TAESA, que instaló el equipo en el rastro, ha dado el apoyo a los ganaderos con capacitación para que el equipo “no se eche a perder”.
Miguel Villavicencio Jackson agregó que hace falta conocer quién “lo va a operar, cómo va operar, cuáles y bajo qué condiciones va a funcionar; nosotros desconocemos quiénes están involucrados; son los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; a nosotros los ganaderos nos incluyen porque somos la parte elemental para el funcionamiento del rastro”.
Aclaró que no critica el avance de la obra, pero “hace falta la electricidad, agua, que son importantes, qué hacemos si no tenemos agua, sino hay electricidad cómo se moverán las máquinas”. Adelantó que prevé que a finales de junio, “de tres a cuatro semanas”, entre en funcionamiento.
“El municipio no se puede retirar del rastro, es nuestra clave en esta zona, y si el municipio se retira y nos deja abandonados no va a operar ese rastro, y debe estar ahí” dijo el ganadero, y abundó que los tres órdenes de gobierno deben estar para que funcione bien.
Villavicencio Jackson explicó que a causa de la sequía no tienen forraje, porque no hay suficiente zacate y se agotan los insumos para la alimentación del ganado. “Con la lluvia, lo que sucede es que todo el pasto que había se pierde, en lo que vuelve a retoñar el forraje nuevo… se tarda de 20 a 30 días y afecta la producción” afirmó.
Contó que otra dificultad a la que se enfrentan es que el litro de leche se vende a 5 pesos, “con eso no solventamos nuestros gastos, hay que pagar a los ordeñadores, a la máquina ordeñadora que requiere combustible y electricidad”.