Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Empleadas del Ayuntamiento de Chilpancingo marcharon ayer para denunciar violencia política en razón de género en su contra por parte de la presidenta municipal, de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez.
Las inconformes presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y una denuncia ante el Congreso local en contra de la alcaldesa Hernández Martínez.
Ilsa Betzahi Carachure Marcos, una de las trabajadoras denunció que la alcaldesa dio instrucciones para la retención de salarios desde hace dos quincenas a dos trabajadoras y a ocho más les disminuyó sus percepciones hasta en un 40 por ciento.
Por su parte, Montserrat Valenzo Aguilar, denunció que a ella y a Ilsa Betzahi, (que son a las que les retuvieron los salarios), les impiden acercarse al Palacio Municipal y no las dejan entrar a laborar.
Denunció que por ser mujeres tampoco las dejan entrar ni intervenir en las mesas de trabajo en las que participan los dirigentes sindicales, pues los funcionarios les dicen que “prefieren hablar con los dueños del circo”.
Informaron que la represión política en su contra se ejerce por su participación en el movimiento de la sección 14 del Sindicato Independiente del Ayuntamiento que exige el pago del salario mínimo, homologación salarial y bonos para todos los trabajadores municipales.
La marcha de unas 30 personas, la mayoría mujeres, inició a las 11 y media de la mañana de la alameda Granados Maldonado, después hizo una parada en las oficinas de la Codehum para presentar una queja en contra de la alcaldesa y enseguida continuaron al Congreso local donde entregaron una denuncia en contra de Hernández Martínez.
Ilsa Betzahi informó que en la Codehum presentaron dos quejas; la primera por la retención del salario a las dos trabajadoras y la disminución de sus percepciones a ocho más “porque con ello se viola no sólo nuestros derechos laborales, sino nuestros derechos humanos”.
La segunda queja es por la violación a sus derechos como mujeres porque se les ha impedido entrar a mesas de trabajo mediante amenazas no sólo contra ellas, sino contra sus familiares por parte de funcionarios municipales.
Al salir, Ilsa Betzahi, con la voz quebrada, denunció que la represión que sufren es en respuesta a su participación en el movimiento laboral para exigir el salario mínimo, es decir, tres mil 111 pesos quincenales.
En declaraciones a los medios de comunicación Ilsa Betzahi informó que la retención de los salarios se aplicó además de las dos trabajadoras, a otros tres de sus compañeros hombres “sin notificación ni explicación alguna”.
Declaró que la presidenta municipal dijo en su conferencia de prensa del lunes que se han estado escondiendo, pero aclaró que en su caso el mismo lunes se presentó con su jefa inmediata, la presidenta del DIF municipal, a quien le pidió que si había alguna notificación a ella que estaba a sus órdenes, pero que le contestó que desconocía.
Informó que ha acudido a la Secretaría de Finanzas para pedir una explicación de la retención de su salario, pero le respondieron que no tienen información, “entonces yo creo que la indiferencia es violencia y me sorprende que venga de una mujer, que es nuestra presidenta municipal”.
Denunció que la alcaldesa Hernández Martínez ha sido “la peor violentadora” de los derechos de las mujeres.
Recordó que hace año y medio un grupo de trabajadoras presentaron una queja en la misma Codehum en contra de la secretaria General del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos por la violación a los derechos de cinco empleadas y hace dos meses la Codehum le envió un requerimiento, pero no han cumplido, “por el contrario, la funcionaria se ha burlado expresando que es amiga de la presidenta de la Codehum”, denunció.
Recordó que hace un año presentaron otra queja porque a una de sus compañeras le prohibieron usar el sanitario por profesar una religión diferente a su jefa inmediata que es la procuradora de Defensa de la Mujer del DIF municipal, quien es de la religión pentecostés, pero tampoco hubo respuesta.
“Hoy se repite la historia, y nuestro delito fue manifestarnos como lo marca la Constitución, que nos da derecho a la libre expresión”, dijo en referencia a que la sanción se debe a han participado en las manifestaciones en defensa de sus derechos laborales.
Dijo que les prohíben entrar a todas las áreas del Palacio Municipal, incluso con la intervención de la Policía Municipal, cuyos elementos les han dicho que si las dejan pasar ellos tendrían tres días de arresto.
Explicó que entre las ocho trabajadoras a las que les disminuyeron los salarios hay una que fue citada por su superior en horas fuera del horario laboral “y ante la negación de esta compañera, que ya también levantó su denuncia, le redujeron su salario de 3 mil pesos a mil 500 quincenales”.
Por su parte Montserrat Valenzo denunció que sin que se haya resuelto su situación laboral, a ninguna de las 10 trabajadoras; dos a las que les retuvieron sus salarios y a ocho que se los disminuyeron, les permiten entrar a sus áreas de trabajo “y creo que desde ahí se están violentando nuestros derechos”.
En la denuncia que presentaron ante el Congreso local piden que se inicie juicio de procedencia en contra de la alcaldesa de Morena por violencia política en razón de género.