Los aspirantes a titulares de los órganos de control interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro); de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) iniciaron comparecencias ante diputados locales en el desahogo del proceso de elección y designación.
Después de que el pleno del Congreso local dejara sin efectos los procesos de selección y designación de titulares de los órganos internos de control, iniciados en la pasada legislatura, y que emitieron nuevas convocatorias, finalmente ayer iniciaron las comparecencias de los aspirantes.
En la sala de José Francisco Ruíz Massieu, a puerta cerrada, diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción, así como de la Junta de Coordinación Política escucharon a 23 de los 73 aspirantes a los órganos de control interno de los cinco organismos con autonomía técnica.
Se espera que este jueves comparezcan los 50 aspirantes restantes. Se desconocen detalles de quiénes acudieron a estas entrevistas porque incluso no se permitió que fotógrafos pasarán a hacer su trabajo.
Para la exposición de sus planes de trabajo, los aspirantes tuvieron solamente un tiempo de 15 minutos y sólo les asignaron tres minutos para las preguntas y respuestas.
Sin embargo, algunos de los aspirantes a su salida comentaron que los diputados locales no realizaron preguntas a los participantes.
Otros, comentaron que durante su comparecencia que debería ser ante diputados, sólo estuvieron secretarios técnicos de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción y de la Jucopo.
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
La Oficial Nacional en Programas de Género y Derechos Humanos del Fondo de Población de Naciones Unidas, Dosia Calderón Maydon en entrevista al término del primer congreso de Unidades de Género, llevado acabo en el Museo Regional del Estado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, planteó sentar las bases para elaborar un proyecto de iniciativa de ley sobre Unidades de Género para Guerrero, con las conclusiones del Congreso Estatal de Unidades de Género que se realizó ayer en el Museo Regional, y donde las participantes denunciaron que operan sin presupuestos ni reconocimiento en las dependencias y ayuntamientos.
Además de señalar las carencias, reconocer que todo el personal de las unidades debe estar capacitado con perspectiva de género, advirtieron de las complicaciones de acompañar la denuncia del acoso y hostigamiento sexual en las instituciones cuando los agresores suelen ser los mismos titulares, superiores jerárquicos, personas importantes en los municipios o familiares de autoridades municipales.
En el resumen de los trabajos de las mesas de trabajo, en voz de la consejera electoral, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, como relatora general, enfatizaron la importancia de fomentar la denuncia, con actuaciones objetivas y con seguridad.
Reconocen que nada se puede hacer de manera aislada, y proponen la construcción de una red estatal de unidades de género para fortalecerse y empujar sus acciones, sobre todo para cuidarse entre sí mismas en los seguimientos de casos de hostigamiento y de violencias.
Confirman que no se puede llegar a la tan anhelada igualdad sustantiva, y a la vida libre de violencia si las unidades de género no asumen el compromiso de que hace falta mucho por hacer.
“Ya llegamos, no están neófitas en el tema, hoy estamos preparadas en la defensa de los derechos y no nos van a mover para darle sentido a este enunciado: si nos tocan a una, nos tocan a todas y a todos”, declaró como parte de los resultados.
El Congreso de Unidades de Género fue convocado por la Codehum en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, y tiene como base un informe especial de Unidades de Género elaborado por el organismo en 2021, antes del cambio de las administraciones estatal y municipales, recordó Narciso Gaytán.
La presidenta confirmó que la situación no ha cambiado mucho respecto al diagnóstico de 2021, por ello llamaron a funcionarios públicos de las unidades de género, que por mandato de ley están obligados a la no discriminación y a fomentar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Asimismo, invitaron a organizaciones y colectivos de la diversidad sexual, para plantear el reconocimiento de todas las personas de diferentes sectores.
Estimó que llegaron alrededor de 14 o 16 representantes de unidades de género de diferentes dependencias del gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, además de personal de áreas de atención de la Mujer o de regidurías de distintos ayuntamientos, que aún no tienen Unidad de Género.
Confió en que el Congreso les permitirá arribar a una política pública, nutrida con las buenas prácticas, además de sentar las bases para la elaboración de un proyecto de iniciativa de Ley sobre las Unidades de Género para el Estado de Guerrero.
Como relatora de una mesa de trabajo, la académica feminista, Rosa María Gómez Saavedra, indicó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es la instancia rectora de a aplicación de las políticas publicas de igualdad. No lo mencionó, pero el equivalente en Guerrero es la Secretaría de la Mujer, cuya titular, Violeta Pino Girón, inauguró los trabajos en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Gómez Saavedra destacó el esfuerzo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “de ser vigilante de lo que se ha dejado de hacer” respecto a las Unidades de Género.
Destacó que el proceso de armonización permitirá regularizar el nombre de las Unidades de Género, sus funciones y competencias, incorporándose a la estructura orgánica.
“Una unidad administrativa que no está en la estructura orgánica, no existe, es una sola y mera voluntad, por lo cual se tienen que incorporar la estructura orgánica de los poderes con infraestructura, presupuesto, recursos humanos y materiales”.
En las mesas constataron lo que dice el diagnóstico, que en algunas dependencias las unidades de género se constituyen por una sola persona, sobre quien recae la importancia de la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género.
Planteó que las unidades de género se señalen en las leyes orgánicas de los poderes, derivados directamente del poder ejecutivo, no de la síndica, regidores ni secretarías, para poder desarrollar el trabajo queda al pie de su jefe inmediato.
Advirtió que, mientras no se visibilicen las Unidades de Género en la Ley Orgánica, seguirán siendo cuotas de los grupos políticos; espacios dados a personas sin reconocimiento, profesionalización ni mérito.
“Las unidades de género son invisibles, sí existe un decreto de creación todavía no están en organigramas como unidades administrativas, con presupuesto, con vida jurídica para fortalecer sus acciones”, ratificó en el resumen general de conclusiones Díaz Fuentes.
Aclaró que con poco personal o una persona, las jornadas son extenuantes, no se respetan las horas de la jornada, el trabajo es sumamente exigente, que las lleva a dejar de lado el autocuidado.
También son las áreas más cuestionadas cuando buscan emprender una actividad, distinto a los departamentos jurídicos y de administración. Coincidieron en que se necesita estar preparados y comprometidos con la agenda de las mujeres para dar resultados.
Las Unidades de Género sólo aparecen en un decreto del ejecutivo estatal para su creación como unidades administrativas de las dependencias, entidades, y demás organismos de la administración pública estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de octubre de 2015.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, informó que en lo que va del año han recibido tres quejas contra agentes de seguridad de diferentes corporaciones; también por desplazamiento en la sierra, que les remitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y están en proceso para que puedan exhortar al gobierno del estado a garantizar los derechos a las víctimas.
Ayer, antes de celebrarse la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil en la Junta Local Ejecutiva del INE, en la colonia Vista Hermosa de la capital, Cecilia Narciso Gaytán dijo que hasta el momento no han recibido una queja en la tercera visitaduría especializada en desaparición, por el caso de José Dolores Tolentino, comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), desaparecido desde el 18 de febrero cuando el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desmantelaron su base en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Afirmó que se hacen actas de manera circunstanciadas y de manera oficiosa, para “hacer los procedimientos de investigación, sí estamos en eso independientemente que familiares presenten la denuncia, pero la Comisión siempre estará atendiendo a la ciudadanía”.
Se le preguntó si han recibido quejas del actuar de la Policía del Estado. Respondió que sí han recabado algunas contra “elementos de las corporaciones (de seguridad) y pues la Comisión está en esa vía de atender de acuerdo a las atribuciones que tenemos, de poder documentar las quejas por probables violaciones para en su momento emitir una resolución”.
“De enero a la fecha tenemos tres quejas (por abusos de agentes de corporaciones de seguridad) que se han recabado en estos dos meses”, y precisó que son por actos violatorios, de seguridad jurídica por acción u omisión”, y que está en el procedimiento probatorio de ambas partes.
Acerca del acompañamiento a pobladores desplazados en la sierra de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, sostuvo que de manera oficiosa la Codehum inició las actas para investigar, y que CNDH “ya nos remitió algunas denuncias que han hecho ciudadanos y que también a la comisión han llegado esas denuncias”.
Mencionó que han atendido el caso de los desplazados de Los Bayados y la Trinidad y que en caso de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos tienen la facultad de hacer pronunciamientos para exhortar a las autoridades a garantizar los derechos de todas y todos.
Añadió que han estado dando el acompañamiento a los desplazados y que incluso en las reuniones de la Mesa para la Coordinación de la Paz han asistido los delegados de la comisión en Tierra Caliente y Costa Grande para coadyuvar.
El martes 21 de febrero en Tecpan choferes bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de Aguas Blancas para exigir el retiro de los puestos de revisión de la Secretaría de Marina porque señalaban que los agentes acosan y hostigan a los conductores y pasajeros.
Al día siguiente, reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal, se quejaron de que cuando realizaban su trabajo del aumento del pasaje y cobro de caseta, una camioneta se le cerró el paso de manera violenta y los bajaron de su vehículo.
Mariana Díaz, de Coyuca de Catalán, desplazada por la violencia hacia Ayutla de los libres, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) por el trato indigno que recibió su hijo de 11 años.
El niño estudia en la primaria Francisco I Madero, del poblado La Unión, y fue expulsado por su profesor Tedy Salazar Vargas, el jueves pasado, para que se fuera a vender chicles.
En consulta telefónica, indicó que la delegada regional del organismo, Gretell Dávila, le pidió enviarlo hoy de vuelta a la escuela, para que no pierda más clases, con el mismo docente.
La señora aclaró que antes, el martes, fue a hablar con el director de la escuela, Galdino García Pastrana, quien le reiteró su pedido de presentar un análisis clínico de su hijo, para comprobar que el menor de edad estaba recibiendo terapia o no podría llamar la atención al docente, por las quejas del niño y de la mamá.
Este miércoles, indicó que la delegada de la Codehum acudió a su comunidad para conocer el caso. Luego se dirigió a la escuela a hablar con el superviso de zona, el director y el maestros acusado.
“Yo no fui a la mera escuela, no fui. Dicen que mi niño se presente mañana (jueves), con el mismo maestro. Que los va a atender diferente”.
Mariana Díaz señaló que su hijo aún tiene miedo de que el maestro lo trate peor, porque sólo se levantó su testimonio y no el de otros niños.
Después, fue con la defensora a Cruz Grande a terminar los trámites para la queja.
Fue castigado por una tarea, dicen autoridades
Por separado, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, informó que recibió la petición de una organización civil para conocer este caso en el campo, y en el lugar, las autoridades de la escuela respondieron que el niño no está expulsado ni suspendido por parte del docente, “refieren que por una entrega de tareas se le hizo una observación. Se acordó que el niño volvería a la escuela, sin represalias”, dijo.
Reconoció que, siendo una escuela pequeña, no hay muchos grupos para cambiar al estudiante, pero como medida cautelar se llamó a las autoridades a abstenerse de violentar los derechos de los niños, que se respete su integridad emocional y si se siente atemorizado, que se trabaje esa parte.
Explicó que actuaron de inmediato, para no vulnerar el derecho a la educación del niño, pues el procedimiento ordinario puede durar hasta seis meses.
Sobre las quejas en el organismo contra la Secretaría de Educación Guerrero, indicó que el año pasado se emitieron cuatro recomendaciones, que a la fecha dos están parcialmente atendidas y dos siguen en proceso de investigación.
Aclaró que reciben muchas quejas contra esta dependencia, particularmente al inicio del ciclo escolar, y la mayoría no se toman en cuenta, porque no reúnen los requisitos, otras se agotan mediante procesos alternativos de solución.
Alumnos de la normal urbana Rafael Ramírez acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), a interponer una queja por la agresión que sufrieron en el desalojo violento del pasado viernes.
La queja es contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, porque ordenaron a los policías estatales que los desalojaran, informaron los normalistas.
Reiteraron que son 15 lesionados, quienes fueron agredidos con escudos, macanas y piedras por los agentes. Detallaron que los alumnos y maestros lastimados fueron llevados a diferentes hospitales para su atención médica.
La mañana de este martes, un grupo de jóvenes acudió a la Codehum en Chilpancingo, donde mostró fotografías de sus compañeros que tienen golpes y heridas.
Uno de los alumnos, quien pidió omitir su nombre, informó que la base estudiantil busca presentar una denuncia contra Evelyn Salgado y los dos funcionarios estatales, por la “agresión que sufrimos”.
Indicó que la finalidad de acudir a la Codehum es para que los normalistas den su declaración de lo que ocurrió el pasado viernes en la Autopista del Sol, donde bloquearon la vialidad para demandar una reunión con la gobernadora.
Los estudiantes reiteraron que exigen que les den 58 plazas de telesecundaria, para los alumnos que van a egresar este año. Mientras que los maestros pidieron que se continúe con el proceso de promoción de ocho docentes.
Además, indicaron que el paro de labores continúa, por lo que hicieron el llamado a la gobernadora para que les otorgue una mesa de diálogo. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
A un año y cuatro meses -prácticamente la mitad de su periodo- del inicio de la 63 legislatura, los diputados locales no han avanzado en los temas pendientes que les heredó la 62 legislatura, entre los que están nombramientos de los órganos internos de control que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Se trata de los titulares de los órganos internos de control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIGro).
Para realizar estos nombramientos, en la pasada legislatura se iniciaron procesos de elección y designación los cuales no fueron concluidos a pesar de que se realizaron las entrevistas a los aspirantes, y supuestamente había dictámenes para cada uno de los casos y estos quedaron a resguardo de la Mesa Directiva.
En la última sesión de la pasada legislatura, en los últimos minutos antes de que terminara el 31 de agosto de 2021, se intentó llevar ante el pleno los dictámenes para aprobar los nombramientos, pero no lograron los acuerdos necesarios, y estos documentos no se conocieron ni los nombres de las propuestas.
La 63 legislatura inició el primero de septiembre de 2021 y un año y cuatro meses los diputados locales no han logrado acuerdos para ninguno de estos nombramientos.
Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).
Comerciantes del mercado de la Zapata presentaron una queja en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) contra el director de Vía Pública, Raúl Ceballos Carbajal, por el hostigamiento que han denunciado que ejerce en su contra, para beneficiar a otro grupo que encabeza la maestra Karen Avilés Ignacio.
También un representante de los comerciantes acudió al Palacio Municipal del parque Papagayo, a reiterar su petición a la alcaldesa Abelina López Rodríguez para que cese el hostigamiento en su contra y se les permita trabajar durante los días que restan de este mes.
Los comerciantes protestaron el martes, durante la sesión de Cabildo Abierto que se hizo en la colonia Emiliano Zapata, donde denunciaron que el director de Vía Pública, Raúl Ceballos, les cobra 400 pesos por metro cuadrado o 300 pesos por medio metro. La unión tiene 193 comerciantes, entre establecidos y semifijos.
En el escrito entregado a la Codehum, los comerciantes narran lo que ha sucedido desde el 1 de diciembre, cuando fueron amenazados con quitarles su fuente de trabajo, porque no habían pagado en la Dirección de Vía Pública por el espacio que ocupan. Relatan que el director llegó acompañado con dos patrullas de la Policía Municipal, “quitando todo de la vía. Al darse cuenta de que lo estábamos grabando, volteó y dijo que quería hablar con nosotros porque éramos los revoltosos. Intentamos entablar una conversación con él, pero no se presta, debido a que es una persona prepotente, agresiva y cree siempre tener la razón”.
También relataron que les prohibió usar sombrillas o toldos para resguardarse del sol mientras venden en la vía pública. Los comerciantes le dijeron que eso era inhumano, porque hasta a los animales se les procura que tengan un espacio con sombra, y cuando los comerciantes dijeron que buscarían ayuda, “nos dijo que nadie nos iba a ayudar, porque él es la autoridad”.
En el escrito, los comerciantes manifiestaron que “consideramos que se están vulnerando nuestros derechos humanos, debido a que el director de Vía Pública está actuando de forma ilegal, prepotente, de manera arbitraria y haciendo mal uso de su nombramiento, por lo que señalamos a Raúl Ceballos de cualquier cosa que nos pase, debido a que nosotros no tenemos enemigos de ninguna índole”. La queja fue recibida en la comisión el 2 de diciembre.
En declaraciones, el representante de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos del Mercado Emiliano Zapata, Francisco García González, informó que el miércoles intentaron obligar a los comerciantes indígenas a firmar una hoja en blanco, por parte del grupo de Avilés Ignacio, lo que dijo que los pone en estado de indefensión, porque desconocen para que vayan a ocupar esos documentos.
En el escrito entregado el miércoles, en el PalacioMunicipal, le piden a la alcaldesa que se les permita trabajar en durante diciembre y se llegue a un convenio de “pago anual y mínimo”.
“Sabemos de su buen corazón, señora presidenta, y que usted viene como nosotros de abajo, que es una persona humilde, que no se dejará llevar por comentarios sin fundamento”.
