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Denuncia Evodio que hombres armados rondaban su casa en Chilpancingo

El ex alcalde de Acapulco, Evodio Velazquez, en la conferencia de prensa que ofreció, en donde denunció que hombres armados preguntaron por su paradero Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

El ex alcalde de Acapulco y candidato a diputado plurinominal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, denunció que hombres armados estuvieron preguntando por él cerca de su vivienda este jueves en Chilpancingo, alrededor de las 3 de la tarde.
Dijo que no es un tema que quiere politizar, pero lo quiere dar a conocer ante la “situación violenta e insegura que vivimos”.
“Quiero hacer una conciencia clara de que no debemos permitir que se siga generando lo que hoy lamentablemente estamos viendo. Si es una presión política pudiera ser una línea de investigación, que bajo puede caer la política; si es una situación de algún grupo delictivo pues Evodio no debe nada porque no se mete con nadie. Y si es alguna broma, tampoco lo puedo dejar en el aire. Entonces como no bromeo con esto ni pretendo tampoco sacar raja política de esto ni personal, voy hacer la denuncia pertinente el próximo lunes, como debe de ser”.
Adelantó que pedirá a las instituciones e instancias que lo respalden y que está hablando con los abogados para que tenga efecto y no sea un llamado más.
En conferencia de prensa en Acapulco, en el salón Solaz de Costa Azul, detalló que vecinos y amigos que viven en la zona aledaña a su hogar le informaron que cuatro hombres armados en una camioneta gris estuvieron preguntando por él.
Al preguntarle si solicitará medidas de seguridad a las autoridades, tomando en cuenta que es candidato, adelantó que primero presentará la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resulte responsable, pero que hacía la denuncia pública porque prefiere “prevenir antes que lamentar”.
Indicó que no tiene enemigos, sólo adversarios políticos, por lo que pedirá que se haga una investigación por la situación. Asimismo, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “que salga de su zona de confort” para que ponga atención y se desarrollen unas elecciones tranquilas.
Agregó: “Ante todos los hechos de violencia y crímenes ocurridos en el país y los asesinatos a políticos y candidatos, principalmente en Guerrero, he decidido levantar la voz y hacer la exigencias pertinentes. Nadie merece y debe vivir en zozobra; por eso pido que así como este y cientos de casos que suceden en torno a los ciudadanos, puedan esclarecerse por el bien de Guerrero y por el bien del país”.
Subrayó que a pesar de la situación no parará sus actividades porque “no podemos vivir y caer en la parálisis social, ante la maldad siempre el bien”.
Indicó que antes de esta situación no ha recibido amenazas, que fue alcalde de la ciudad más importante de Guerrero, “después de ser presidente me han visto caminar las calles y colonias de Acapulco sin seguridad y hoy a seis años de mi salida sigo en las mismas condiciones”.
Señaló: “Voy a pedir seguridad, pero creo que lo que hay que hacer primero es que se hagan las investigaciones pertinentes y que me expliquen cuáles serán y cuáles son los protocolos en estos casos y que se salvaguarde, no la vida de Evodio nada más, que se salvaguarde la vida de los ciudadanos que en este momento están siendo fuertemente golpeados por la delincuencia”.

Condena Aguirre los hechos contra Evodio

Mientras en un mensaje en Facebook, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero señaló que más allá de las diferencias que los puedan separarlo con el ex alcalde de Acapulco manifestó que condena “enérgicamente” los hechos denunciados por “nuestro compañero Evodio Velázquez Aguirre, a quien expreso mi solidaridad”.
Llamó a las autoridades a que le “brinden medidas cautelares que garanticen su integridad física”. Dijo que el hostigamiento y la intimidación hacía los candidatos y actores políticos no “solo atacan a los individuos, sino que socavan los fundamentos de nuestra democracia, que se basa en la competencia justa y libre”.
Agregó el que Guerrero requiere un proceso electoral pacífico y justo para mantener la salud y la integridad de la democracia, pero sobre todo, “para emprender el camino hacía la paz que tanto necesitamos”.

 

Deplora periodista el actuar del TEE en la denuncia de la edil de la capital

El columnista del Diario de Guerrero, Efraín Flores Iglesias, y su abogado, el ex magistrado electoral Emiliano Lozano Cruz, denunciaron que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) se convirtió en una oficialía de partes que resuelve por consigna, y los usuarios deben acudir a la federación para acceder a la justicia.
Lozano Cruz añadió que analizarán si presentan un procedimiento de remoción contra los magistrados en el Senado, por resolver el tema en forma tendenciosa, por consigna y por resolver casos fuera de los marcos legales.
En conferencia de prensa informaron que quedó firme la sentencia que anula las sanciones por violencia política de género que determinó el Tribunal local en su contra y del medio a denuncia de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.
Flores Iglesias recordó que el 11 de agosto de 2023, la alcaldesa presentó una queja ante el Insti-tuto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contra varios comunicadores del Diario de Guerrero por presuntos actos de violencia política en razón de género derivado de notas y columnas periodísticas publicadas con críticas en su contra.
El 4 de diciembre de 2023, el TEE declaró inexistente los agravios en cuanto a las publicaciones de Baltazar Jiménez Rosales, Abel Miranda Ayala y Juan Antelmo García Castro, pero en cuatro columnas de su autoría señaló el uso de expresiones estereotipadas y diferenciadoras que rebasan la libertad de expresión.
Sin embargo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revirtió la conclusión del Tribunal de Guerrero y determinó que “actuó de manera irresponsable al considerar que fui culpable de las imputaciones frívolas que formuló en mi contra la presidenta municipal de Chilpancingo”.
Pero la alcaldesa impugnó la determinación, y el 22 de febrero, la Sala Superior confirmó que el contenido de las columnas periodísticas “de ningún modo incurren directamente en ataques personales relacionados con el género de Hernández Martínez”.
El denunciante advirtió que la queja ocurrió en un contexto de agresiones a periodistas: la privación de tres periodistas en Taxco y la agresión a balazos a tres reporteros en Chilpancingo después de cubrir un hecho noticioso en una colonia del poniente de la ciudad.
Además del asesinato de periodista Fredid Román Román, en agosto de 2022.
Advirtió que muchos servidores públicos son cada vez más intolerantes a la crítica periodística y pretenden poner a los medios una mordaza para que no se critiquen sus yerros.
Adelantó que ya hay una queja contra la alcaldesa ante la Co-misión de Derechos Humanos del Estado por violación a sus derechos y a la libertad de expresión.
Lozano Cruz añadió que van a analizar si presentan un procedimiento de remoción contra los magistrados en el Senado, por resolver en forma tendenciosa, por consigna y fuera de la ley.
“Nos desechan nuestras demandas, y debemos llevar nuestras quejas al Tribunal federal, porque el local parece que se ocupa sólo como oficialía de partes”, dijo.
Consideró que las sentencias locales son resultado de que los magistrados son designados por acuerdos políticos. Dijo que la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, fue designada magistrada por matar dos chivos en barbarcoa a Félix Salgado Macedonio, cuando rindió su primer informe de labores legislativas en el jardín que le llamaban Del Toro, ahora Margaritas. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Acepta Evelyn renuncias en Gobierno y Seguridad Pública y remueve a la fiscal

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda en conferencia de prensa en Casa Guerrero, donde informó que recibió las renuncias de los secretarios Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó las renuncias de los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y ordenó la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos en el contexto de la crisis social y moral tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Con un mensaje desde Casa Guerrero difundido en línea, Salgado Pineda informó que aceptaba las renuncias de los dos integrantes de su gabinete y anunció que en ejercidio de sus facultades constitucionales notificaría a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, su remoción del cargo, mediante el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente del que dará vista al Congreso local.
De acuerdo con el artículo 142, numeral 7, de la Constitución del estado, “el Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en la propia Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
Aunque la Constitución no señala dichas causas graves, la remoción de la fiscal también podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso local, que realiza el nombramiento.

El mensaje

Casi a las 2 de la tarde, desde el lobby de la residencia oficial Casa Guerrero, la gobernadora emitió el mensaje para la ciudadanía mediante las redes sociales, a una semana del asesinato del joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en el viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Salgado Pineda ratificó que tiene “total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia” en el caso en el cual además del asesinato, secretarios de su gabinete difundieron una versión falsa de los hechos para responsabilizar a los normalistas y autoridades locales peermitieron la fuga del policía señalado de haber disparado contra el estudiante Gómez Peralta.
Informó que “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera”.
Añadió que, “con base en mi facultad constitucional, se notificará a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Aseguró que en Guerrero “hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad, en este y en todos los casos”.
En la parte final del mensaje enfatizó que su compromiso es con la verdad y la justicia, “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
Tras el homicidio del normalista de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública dieron una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada el 8 de marzo, unas horas después de los hechos, para decir que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo donde encontraron drogas y un arma. La versión fue desmentida el lunes en su conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien también informó que los tres policías ya estaban presos y a disposición de la “Fiscalía General”. Y al día siguiente reveló que el policía que habría disparado contra el normalista se había escapado con la complicidad de autoridades locales.
El 25 de enero de este año, el general brigadier Rolando Solano Rivera sustituyó al capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad Pública en Guerrero. Llevaba mes y medio en el cargo.
Mientras que Ludwig Marcial Reynoso es un viejo colaborador del senador Félix Salgado Macedonio –con quien fue secretario general del Ayuntamiento cuando éste fue alcalde de Acapulco– y a pocos meses de la gestión de Evelyn Salgado sustituyó en el cargo al experimentado político de izquierda Saúl López Sollano.

 

Declara el TEE improcedente demanda por violencia de género contra líder de MC

Ramón Gracida Gómez

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Guerrero, declaró improcedente la demanda de la ex delegada de mujeres en Guerrero de Movimiento Ciudadano (MC), Nereyda de Jesús Silvar Bravo, por violencia política de género en contra del dirigente estatal de ese partido, Julián López Galeana, y ordenó remitir el expediente a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de MC.
Durante su primera sesión pública de resolución que se efectuó ayer de manera no presencial, también se aprobó confirmar la improcedencia de la creación del partido local Guerrero Pobre; aclarar la sentencia que anula la elección de consejeros estatal del PAN; y declarar cumplida la sentencia contra la presidenta Abelina López Rodríguez del retiro de propaganda.
Nereyda de Jesús Silvar Bravo señaló en su demanda en el TEE “como acto impugnado omisiones y actos por parte del Coordinador de la Comisión Operativa Provisional en el Estado de Guerrero” de MC, Julián López Galeana, quien tomó posesión de su cargo el 9 de mayo pasado.
“Que a su parecer son tendentes a obstruir el ejercicio de su cargo dentro del Partido Político MC, como delegada de mujeres en el Estado, provocando con ello el menoscabo de su derecho político electoral como mujer, lo que para la actora se traduce en violencia política en razón de género”, leyó el secretario general de acuerdos.
La ponencia correspondió al magistrado José Inez Betancourt Salgado y el pleno del TEE aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de que el juicio de Silvar Bravo, quien anunció a finales de octubre que abandonaba el estado por temor a las amenazas de López Galeana, “resulta improcedente por incumplirse con el principio de definitividad de instancia interna”.
“Por lo que se propone reencauzar la demanda a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del partido Movimiento Ciudadano, para que en lo sustancia resuelva en el fondo del asunto por ser éste el órgano competente para conocer y resolver los conflictos de carácter interno, incluidos aquellos en los que se lee violencia política contra las mujeres en razón de género”, argumentó.
“Lo anterior al considerarse que las razones dadas por la parte actora para que este Tribunal conozca vías del alto instancia el presente juicio son insuficientes al advertirse que, en la normativa interna del partido político Movimiento Ciudadano, se contempla un medio de defensa”, prosiguió.
“A través del cual la Comisión de justicia del referido instituto político puede conocer y resolver cuestiones relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que resulta improcedente el salto de instancia”, concluyó.
En el segundo punto de la orden del día, el pleno del TEE declaró cumplida la sentencia dictada el 25 de octubre contra la presidenta Abelina López Rodríguez, por la que recibió una amonestación pública y se le demandó “para que en lo sucesivo atienda a su deber de cuidado evitando la repetición de conductas que infrinjan la normativa electoral”.
“De igual forma, con el fin de evitar la continuidad de la difusión de su propaganda, motivo de la infracción, se ordenó a la autoridad instructora su retiro definitivo”, indicó la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito como antecedentes del caso.
El Sur publicó el 20 de octubre que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), ordenó a la alcaldesa retirar los pendones publicitarios colocados en espacios públicos en la Calzada Pie de la Cuesta y en vehículos del transporte público en los que promocionaba su imagen y su nombre, a raíz de la denuncia del aspirante a la candidatura a presidente municipal por el Frente Amplio por México, Ramiro Solorio Almazán.
El tercer punto consistió en el acuerdo, aprobado igualmente por unanimidad, de aclarar la sentencia de 20 de diciembre de 2023, que “declaró la nulidad de la jornada electiva de Consejeros Estatales del PAN en el Estado de Guerrero, para el periodo 2022-2025, respecto al género hombre, por la vulneración a los principios constitucionales de certeza y legalidad”.
Esta aclaración de la sentencia solicitada por el ex presidente del PAN en Guerrero, Carlos Arturo Millán Sánchez y turnada a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, no implica “una modificación de fondo de la sentencia dictada, pues no se decide ninguno de los puntos controvertidos ni se revierte ningún aspecto en el sentido de la determinación emitida por este órgano jurisdiccional”.
El acuerdo dicta que en los siguientes tres días hábiles después de que reciba la notificación del acuerdo, el presidente del comité ejecutivo estatal del PAN, quien actualmente es Eloy Salmerón Díaz, notifique personalmente a los 40 hombres candidatos que resultaron elegidos para ser consejeros en la asamblea estatal celebrada el 30 de octubre de 2022.
El cuarto punto fue un Juicio Electoral Ciudadano promovido por el representante de organización Guerrero Pobre A.C, Rubén Valenzo Cantor, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que determinó la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local.
La ponencia de la Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz mencionó como antecedentes que el 13 de enero de 2022, la organización citada presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) su intención de constituirse como partido local, y el 26 de enero de 2022 el IEPC emitió la resolución que declaró la procedencia de la manifestación de Guerrero Pobre.
Sin embargo, el 20 de abril de 2023 el Consejo General del IEPC aprobó el dictamen de improcedencia de la solicitud de la organización Guerrero Pobre como partido político local, y en la fecha 27 del mismo mes Valenzo Cantor apeló tal resolución.
El TEE aprobó por unanimidad el argumento de que “son infundados los agravios hechos valer por la parte actora” en contra de la decisión del Trife y se confirma la resolución del Consejo General del IEPC.

 

Se reúnen con la SEG autoridades y padres de Apango que denunciaron al maestro por abuso

Autoridades, padres de familia y vecinos de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), que denunciaron abusos sexuales cometidos por un maestro en contra al menos seis niñas de la primaria intercultural bilingüe Francisco Villa, se reunieron con el Secretario de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.
El miércoles, autoridades y vecinos de esa comunidad nahua informaron que enviaron una carta a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la que denuncian los abusos sexuales de un maestro de esa localidad y pidieron su intervención para que se le aplique la ley, debido a que, suponen, está respaldado por autoridades educativas.
Este jueves, una comisión de autoridades e integrantes de la asociación de padres de familia se reunió con el secretario de Educación, quien, según dijo uno de los asistentes, se comprometió a atender oportunamente el caso.
La fuente informó que el funcionario se comprometió con enviar a personal del área jurídica de la dependencia, para conocer a detalle el caso.
Dijo que ello es independiente de las acciones legales que decidan tomar los padres de las niñas que fueron víctimas. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Se solidarizan académicas de la UAG con el paro en la UAM por caso de violación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Profesoras del Cuerpo Académico Diversidad y Estudios de Género, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se solidarizaron con las alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes están en paro tras un caso de violación en la unidad de Cuajimalpa.
Señalaron que las prácticas abusivas están normalizadas dentro de las universidades porque aún son insuficientes las acciones para tener una política integral de igualdad de género.
Durante el primer día del seminario la Construcción de Co-nocimiento con Enfoque de Géne-ro en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterri-toriales (CIPES), las académicas del Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, Rosa Icela Ojeda Rivera y Rosa María Gómez Saavedra, expresaron su reconocimiento y solidaridad con las alumnas de la UAM, y exigieron justicia pronta y diligente a los casos de violencia que detonaron este conflicto.
Señalaron que el paro indefinido, extendido a las cinco unidades de la UAM, muestra la insuficiencia de políticas y acciones integrales efectivas que garanticen la igualdad de género y no violencia en el ámbito universitario. Exigieron que las universidades retomen “los procesos estancados” de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, para que sea parte de un estilo de gestión universitaria.
Recordaron que hoy, sólo son las académicas feministas las interesadas y comprometidas, integradas en cuerpos de investigación, las que han incorporado la perspectiva de género en programas y materias a su cargo.
También son las que organizan espacios de discusión sobre la igualdad dentro y fuera de la comunidad universitaria con investigaciones con perspectiva de género y divulgación, generalmente sin suficiente apoyo y reconocimiento, y como una actividad insuficiente, parcial y limitada, señalaron.
Asimismo, mencionaron las denuncias y manifestaciones de las alumnas en redes sociales y tendederos con nombres de sus hostigadores, solo evidenciaron la naturalización de las prácticas abusivas la interior de las universidades.
Ante la presión social y mediática, “las unidades elaboran protocolos apresurados para atender la violencia”, afectando el derecho al pleno acceso a una vida libre de violencia.
En este contexto, reconocen y se solidarizan con las alumnas de la UAM Cuajimalpa, en el escenario feminista nacional, y exigen una solución favorable al pliego petitorio donde se plantea la revisión de los ordenamientos legales internos para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Además, garantía de audiencia y ningún tipo de represalias

 

Investiga la Codehum tres quejas contra agentes de seguridad estatal; son casos de 2023

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, informó que en lo que va del año han recibido tres quejas contra agentes de seguridad de diferentes corporaciones; también por desplazamiento en la sierra, que les remitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y están en proceso para que puedan exhortar al gobierno del estado a garantizar los derechos a las víctimas.
Ayer, antes de celebrarse la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil en la Junta Local Ejecutiva del INE, en la colonia Vista Hermosa de la capital, Cecilia Narciso Gaytán dijo que hasta el momento no han recibido una queja en la tercera visitaduría especializada en desaparición, por el caso de José Dolores Tolentino, comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), desaparecido desde el 18 de febrero cuando el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desmantelaron su base en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Afirmó que se hacen actas de manera circunstanciadas y de manera oficiosa, para “hacer los procedimientos de investigación, sí estamos en eso independientemente que familiares presenten la denuncia, pero la Comisión siempre estará atendiendo a la ciudadanía”.
Se le preguntó si han recibido quejas del actuar de la Policía del Estado. Respondió que sí han recabado algunas contra “elementos de las corporaciones (de seguridad) y pues la Comisión está en esa vía de atender de acuerdo a las atribuciones que tenemos, de poder documentar las quejas por probables violaciones para en su momento emitir una resolución”.
“De enero a la fecha tenemos tres quejas (por abusos de agentes de corporaciones de seguridad) que se han recabado en estos dos meses”, y precisó que son por actos violatorios, de seguridad jurídica por acción u omisión”, y que está en el procedimiento probatorio de ambas partes.
Acerca del acompañamiento a pobladores desplazados en la sierra de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, sostuvo que de manera oficiosa la Codehum inició las actas para investigar, y que CNDH “ya nos remitió algunas denuncias que han hecho ciudadanos y que también a la comisión han llegado esas denuncias”.
Mencionó que han atendido el caso de los desplazados de Los Bayados y la Trinidad y que en caso de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos tienen la facultad de hacer pronunciamientos para exhortar a las autoridades a garantizar los derechos de todas y todos.
Añadió que han estado dando el acompañamiento a los desplazados y que incluso en las reuniones de la Mesa para la Coordinación de la Paz han asistido los delegados de la comisión en Tierra Caliente y Costa Grande para coadyuvar.
El martes 21 de febrero en Tecpan choferes bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de Aguas Blancas para exigir el retiro de los puestos de revisión de la Secretaría de Marina porque señalaban que los agentes acosan y hostigan a los conductores y pasajeros.
Al día siguiente, reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal, se quejaron de que cuando realizaban su trabajo del aumento del pasaje y cobro de caseta, una camioneta se le cerró el paso de manera violenta y los bajaron de su vehículo.

 

Conmemoran maestros, normalistas, activistas y organizaciones los 45 meses de los ataques en Iguala

Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.

 

Ante la opacidad en el caso Chavarría se abre la puerta a la justicia internacional: Álvarez Icaza

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El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró este martes en Chilpancingo que no hay razón legal para que la familia de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no tenga la oportunidad de la coadyuvancia en las investigaciones del crimen y que la Fiscalía General del Estado (FGE) le niegue información y hasta copias del expediente, como lo ha venido denunciado la viuda Martha Obezo Cázares.
Dijo en conferencia de prensa que un caso emblemático, paradigmático, de impunidad y opacidad como ése, debe también tener una respuesta paradigmática, y añadió que por la denegación de la justicia en el ámbito local existen elementos para acudir ante la justicia internacional.
Mientras tanto, en la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos. Asignaturas pendientes en Guerrero, que disertó como parte de la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, organizada en el marco del octavo aniversario del asesinato de Chavarría Barrera, calificó a Guerrero como un “mapa de dolor” por los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la criminalización y la impunidad.
Añadió que en el contexto de violencia que está viviendo Guerrero, se necesita que los sectores sociales de Guerrero: los empresarios, los eclesiásticos, las universidades, los sindicatos, los grupos sociales, los grupos feministas y los defensores de derechos humanos, manden un poderoso mensaje mediante una manifestación pública, política y expresa del trabajo por la paz que pase por la justicia.

La impunidad, mensaje para quienes conspiraron contra la democracia

Álvarez Icaza ofreció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para hablar del caso Chavarría y a las 12 disertó la conferencia Justicia y Derechos Humanos Asignaturas pendientes en Guerrero, en donde habló de la violencia provocada por el crimen organizado, la connivencia entre la delincuencia organizada y el gobierno, la corrupción y la impunidad que priva en la entidad.
En su encuentro con los medios de comunicación, declaró que México se ha sumido en una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y que fue justamente el magnicidio (el asesinato de Chavarría) una de las primeras señales. Destacó que han pasado 8 años en los que han transitado cuatro gobernadores, ocho procuradores y un fiscal “y la justicia no ha llegado”.
Consideró que es importante que en este caso se rompan las cadenas de corrupción e impunidad que son la causa de no llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Dijo que en Guerrero se ha venido reproduciendo este “lamentable” fenómeno de la impunidad desde la guerra sucia y que la violencia que priva actualmente en varias de las ciudades del estado, tiene que ver con la falta de justicia como en el caso del Magnicidio de Chavarría Barrera.
Por eso insistió que es vital recuperar la acción de la justicia, como es también que la familia tenga acceso a la coadyuvancia y sostuvo que “no es aceptable jurídica, política y éticamente” que la familia no tenga acceso ni si quiera al expediente. “No hay razón legal que justifique esta condición de no acceso al expediente”, insistió.
Acusó que con ello la Fiscalía está dejando en la indefensión y revictimizando a la familia. Criticó que, como es posible que a ocho años del asesinato la familia no tenga acceso ni siquiera al expediente, “eso es inaceptable, y requiere una muy fuerte acción contra la Fiscalía, requiere un mensaje poderosos desde el Congreso local y una acción desde el Ejecutivo”, demandó.
Álvarez Icaza, dijo que si al presidente del Congreso se le asesina y no pasa nada, se manda un poderoso mensaje para los poderes fácticos que conspiraron en contra de la democracia, y que, por tanto, en Guerrero no hay otro horizonte más que la exigencia de justicia, y añadió que la ruta tiene que ser la transparencia de la investigación para que haya confianza.
Consideró que es grave que se esté hablando de un crimen que tiene todos los tintes de un crimen político y un magnicidio, no haya claridad y transparencia en la investigación.
“Recientemente el fiscal estaba queriendo retomar una línea de investigación que ya estaba cerrada, queriendo inculpar a la guerrilla y este tipo de cosas lo único que hacen es fomentar la duda razonada de que no se quiere investigar”. Declaró que no se trata de fabricar culpables, sino de generar certeza en la justicia.
Álvarez Icaza consideró que la conducta del fiscal, quien una sola vez ha recibido a la familia de Chavarría Barrera es reprobable, Y con respecto al anuncio que hizo ante el Congreso en el sentido de que en dos o tres semanas presentaría los resultados de las investigaciones, al no hacerlo “pareciera una simulación de justicia” y agregó que al incumplir, “sería importante que el Congreso ejerciera su facultad para llamarlo a cuentas, porque no puede ser que el fiscal se burle de un poder del Estado”.
En la conferencia de prensa Álvarez Icaza estuvo acompañado por la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo; por el ex comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes; la presidenta del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Gutiérrez Narciso; la activista feminista, Martha Sánchez Néstor; el activista Federico Samaniego, y el dirigente de los mineros en huelga de Taxco, Humberto Hernández Mojica.
El ex secretario ejecutivo de la CIDH advirtió que si en éste caso que es “emblemático” y “paradigmático” el mensaje al pueblo es que no pasa nada, qué se puede esperar. “Por eso es importante desde la fenomenología y tipología de los derechos humanos que los casos paradigmáticos tengan también una respuesta paradigmática”, porque dijo que se juega una parte importante de la confianza y de lo que significa la reconstrucción del tejido social”.
El defensor de derechos humanos agregó que es importante que se manden mensajes para parar la violencia y que los distintos actores “levanten la mano para decir tenemos que parar esta espiral de violencia”.
Advirtió que “los focos rojos están más que prendidos desde hace tiempo” y que se requiere mandar una señal poderosa de la autoridad y de la sociedad para interrumpir estas espiarles de violencia, y añadió que la mejor manera es la acción de la justicia.
En su intervención, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo, dijo que a ocho años del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, “no es tiempo para conmiserarnos, sino para exigir y elevar la voz”.

El drama de Guerrero

Más tarde, a las 12 del día, en el auditorio José Inocente Lugo del Palacio Municipal que se llenó de integrantes de organizaciones sociales, universitarios, amigos y familiares de Chavarría Barrera, Álvarez Icaza disertó la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, Asignaturas pendientes en Guerrero.
El ex secretario técnico de la CIDH, habló del drama que vive Guerrero por la violencia, los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la impunidad, la corrupción y la connivencia de los grupos del crimen organizado con las autoridades.
Entre el público estuvieron el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, así como la secretaria de la misma comisión, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Guillén, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino.
Álvarez Icaza destacó que informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que el fenómeno del feminicidio en Guerrero es un tema de alarma.
Asimismo, que hay un control y poder absoluto de grupos delincuenciales en algunas zonas del estado. Denunció que hay zonas en donde los gobiernos formales son sólo ventanillas de trámite para el que verdaderamente manda, y que hay colusión y complacencia de autoridades y servidores públicos con el crimen organizado.
Álvarez Icaza compartió el presídium con la viuda de Chavarría Barrera, con Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos; con los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco y Chilpancingo; con la activista feminista Martha Sánchez, con la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino, y con la viuda del asesinado dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza.
Dijo que lo que pasa en Guerrero es que solo hay islas donde no hay violencia y que se necesita un poderoso mensaje social, que tenga la vinculación de la paz con la justicia, “necesitamos un mensaje que diga que no es aceptable administrar nada más el dolor, sino presionar y que se diga que los que están mal son aquellos, porque pareciera que los que reclaman justicia son los radicales, los insensatos o los desadaptados, porque se vive un mundo al revés”, dijo.
Advirtió que en la medida que la sociedad no levante la voz en la exigencia de la paz y la justicia, en esa medida van ganando normalidad la corrupción y la impunidad, “no podemos permitir que casos como el de Armando Chavarría queden en el olvido, tampoco podemos permitir está connivencia entre narcos y autoridades, porque al rato nada más llegan a cobrar el favor y a poner al secretario de Seguridad, que es el pacto entre el pastor y los lobos y después no escuchan el clamor de las víctimas”.
Por su parte, la viuda de Chavarría, denunció que nunca como ahora Guerrero había estado inmerso en la corrupción y en la impunidad, y que nunca como ahora la sociedad había estado tan indefensa y había padecido tanto dolor y tantos agravios.
Dijo que en Guerrero se respira impunidad y que en el caso del asesinato de su esposo, desde siempre no han hecho más que esconder y trasegar el expediente, y que en estos días se ha visto al fiscal Javier Olea, “tratar de imponer una conclusión absurda, mintiendo sin recato alguno a la sociedad, sabiéndose intocable”.
Pero dijo que qué se puede esperar del Estado donde se han desaparecido a 43 estudiantes “y la apuesta del Gobierno es el olvido, qué podemos esperar si existen miles de desaparecidos, qué podemos esperar si continúan los feminicidios, si se asesinan a periodistas, a defensores de derechos. Qué podemos esperar si en vez de hacer justicia cada día crecen los agravios y se arraiga la impunidad”, denunció.

Revisar la reapertura del caso de los normalistas asesinados en la autopista, plantea Vidulfo Rosales

 

Revisar la reapertura del caso del 12 de diciembre de 2011, instrumentar una política sobre el derecho a la libre expresión y de manifestación, e impulsar un proyecto educativo del normalismo rural, plural y abierto, con la participación activa de los estudiantes, planteó al gobernador Héctor Astudillo Flores el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
Así respondió a la posición del ejecutivo Estatal sobre el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en un desalojo policiaco en la Autopista del Sol, que se conmemoró hace dos días, el cual Astudillo consideró lamentable y aseguró que hará lo que le corresponde “para colaborar, igual que en el caso de los 43, para que se sepa lo que pasó y se sepa dónde están los verdaderos responsables”.
Rosales Sierra opinó también sobre la discusión entre el procurador de Guerrero hace cinco años, Alberto López Rosas, con el ahora fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, porque el primero demandó la reapertura de la investigación del desalojo policiaco de estudiantes en la carretera, y el segundo respondió que López Rosas pide lo que no dio en su momento, y fue más allá, asegurando que el entonces procurador ordenó el ataque a los normalistas y manipuló las pruebas que había en su contra.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que representa a la normal rural en distintos casos, consideró que lo más relevante de ese debate es poder hacer un análisis del estatus legal de la investigación y determinar si es procedente la apertura, pues en los hechos, está cerrada.
Recordó que no hubo exonerados ni sentenciados por las graves violaciones a los derechos humanos, que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los juzgados determinaron que no hubo pruebas para fincar responsabilidades y si bien, la Constitución establece que no se puede juzgan dos veces por el mismo delito a una persona, los implicados fueron liberados con las reservas de ley.
Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer un análisis jurídico, para verificar la pertinencia de reabrir y que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los normalistas no queden impunes.
Precisó que para los abogados coadyuvantes, la investigación de los hechos del 12 de diciembre ya se turnó a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), donde esperan que sea admitida, pero no quita la obligación del estado de avanzar en el tema.

Represión de la protesta

También consideró necesario un debate sobre la represión de las manifestaciones públicas en Guerrero, para instrumentar una política sobre la intervención de las autoridades ante las protestas, respetando los protocolos señalados en instrumentos nacionales.
Reconoció que hay tensión del derecho de libre tránsito con derechos insatisfechos de grupos vulnerables de la población, que recurren a la protesta, sin embargo, esa “tensión no faculta al Estado a matar, porque se cancelan, sin sustento, los demás derechos: a la vida, a no ser torturado, a la salud, a la vivienda, a la educación, por hacer prevalecer el derecho de libre tránsito”.
Insistió en que hay en Guerrero una mirada superficial sobre las movilizaciones, se fomenta la idea de que un bloqueo carretero vulnera el derecho de libre tránsito de terceras personas y se criminaliza a quienes protestan, aunque no existe un estándar internacional ni ley que diga que el derecho de libre tránsito está por arriba de todos los demás.
“Eso no está permitido y se tendría que hacer una valoración en ese sentido, y crear leyes que protejan de manera adecuada el derecho a la movilización, como un derecho por el cual se expresan distintas sectores, cuyos derechos no están cumplidos”.
Otro tema de justicia pendiente con Ayotzinapa, dijo, es una discusión amplia y plural sobre la vigencia del normalismo rural, con la participación activa de los estudiantes, y que no se desvirtué la esencia que le dio origen a estas escuelas, de fortalecer las comunidades y mantener los principios políticos e ideológicos, como ocurre en UNAM.
Opinó que el Estado tiene una deuda con los normalistas rurales, a quienes estigmatiza por sus métodos de lucha y por quienes desplegó una campaña de odio que no sólo viene del gobierno, sino de la derecha conservadora. El último ejemplo, es la medalla Belisario Domínguez que el Senado entregó por mortem al trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara, otra víctima de los hechos del 12 de diciembre, para golpear a las normales rurales y a todos aquellos que protestan por su derechos.
Aclaró que Ayotzinapa no sólo son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados que luego encabezaron movimiento guerrilleros en los años 70. Señaló que muchos normalistas han brindado y siguen brindando servicios en el sector público.
El 12 de diciembre

Sobre las acusaciones del fiscal contra López Rosas, el abogado dijo que hay un conjunto de responsabilidades de mandos policiacos federales, ministeriales y estatales, así como de la Dirección de Gobernación, del secretario de gobierno y del mismo gobernador de este tiempo, porque se desplegaron policías que accionaron sus armas contra manifestantes.
Puntualizó que policías ministeriales, dependiente de la entonces Procuraduría, dispararon en la trayectoria donde se encontraban los estudiantes, por lo tanto, hay responsabilidad directa del procurador, y Tlachinollan denunció en su momento que efectivamente, el proceso de investigación fue turbio, no se resguardó la escena del crimen, ni las armas de manera inmediata, los policías fueron detenidos 72 horas después, la mayoría pudo evadir fácilmente las pruebas de radisonato de sodio que determina el uso de armas de fuego, y no hubo dictámenes de balísticas directas y científicas.
En este marco, opinó que el apoyo expresado por el gobernador debe incluir una política de justicia y verdad, reparación de daño y medidas de no repetición.