Etiqueta: magistrados

Instalan los ocho Consejos Distritales del INE para la elección de jueces y magistrados de junio

Integrantes del Consejo distrital 07 del Instituto Nacional Electoral con sede en Chilpancingo, se toman la foto del recuerdo al término de la sesión en que tomaran protesta para orgnizar la primera elección de integrantes del Poder Judicial. A la derecha, la ceremonia en el Consejo Distrital 03 de Zihuatanejot Foto: Jesús Eduardo Guerrero y Brenda Escobar

Lourdes Chávez, Daniel Velázquez, Brenda Escobar y Carmen González Benicio

Chilpancingo/ Acapulco/ Zihuatanejo/ Tlapa

De manera simultánea se instalaron en Guerrero los ocho Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), para el primer proceso electoral extraordinario 2024-2025 de integrantes del Poder Judicial.
La elección incluye ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados regio-nales por circunscripción, de circuito y de distrito, magistrados electorales y del nuevo Tribunal de Dis-ciplina Judicial.
En el Consejo distrital 07 con sede en Chilpancingo, el presidente Rubén Sandoval Vela informó que a las 11 de la mañana acudieron la totalidad de los consejeros convo-cados, además de los miembros del Servicio Profesional Electoral.
Como invitados, los intergantes del Consejo Local del INE, funcio-narios de la Secretaría de Edu-cación Guerrero, integrantes del Colegio de Abogados y otros interesados.
En entrevista, explicó que en la instalación del Consejo Local el 2 de diciembre, fueron ratificadas las consejerías distritales del proceso anterior para la elección extra-ordinaria del Poder Judicial.
Aclaró que aún esperan los lineamientos para saber cómo se van a organizar en las juntas locales y distritales del INE. Sin embargo, adelantó que serán “casi las mismas actividades que en un proceso ordinario, y comenzarán con las visitas a las sedes de lo que en este caso serán las mesas de recepción de la votación, y recorridos para medir distancias y tiempo, necesarias para una buena organización”.
Asimismo, consideró necesario que la sociedad comience a tener una idea de la elección, nueva en su tipo, y las diferencias con la de presidente, senadores y diputados.
Por ejemplo, señaló que los distritos electorales del INE no coinciden con el Vigésimo primer distrito del Poder Judicial Federal, que corresponde a Guerrero.
Estimó que la elección de magistrados y jueces de primer circuito que sólo están ubicados en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, serían electos con la votación estatal, para concluir con los demás distritos como Tlapa y Coyuca de Catalán
Informó que habrá dos votaciones nacionales de los integrantes del órgano de disciplina judicial,  y de dos ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A nivel regional, se elegirán los magistrados de la circunscripción de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Toda la votación se va a juntar en una sede estatal.
En cada estado se van a elegir diez magistrados y diez jueces de circuito.
Recordó que ya se definió mediante tómbola los cargos que estarán en disputa el 1 de junio de 2025. Están pendientes las candidaturas que van a aparecer en las seis boletas de cada elección.
Añadió que habrá una convo-catoria para observadores electo-rales y para funcionarios de mesa de recepción de la votación, identificados como funcionarios de casilla.
También habrá un trabajo amplio para capacitarlos en la instalación y desarrollo de la mesa de recepción de la votación.

Exhortan en Acapulco a consejeros a cumplir el trabajo

En Acapulco rindieron protesta los Consejos distritales 02 y 04 y la consejera presidenta del último, Estefanía García Perez, informó que en Guerrero serán 881 cargos en disputa en los comicios. Subrayó que se van a elegir “cargos realmente muy importantes porque hablamos de quie-nes tomarán las decisiones en los juzgados de distrito que llevan los amparos, los procedimientos penales, laborales, familiares, civiles”.
Exhortó a los consejeros a realizar su trabajo “con el mayor nivel respeto y cumplir con los principios rectores de la vida electoral certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, paridad, perspectiva de género y objetividad”. En tanto a los medios de comunicación los invitó a difundir las actividades del proceso electoral con certeza y “dar a los ciudadanos notas informadas sobre el desarrollo de estos trabajos”.
En el Consejo Distrital 02, la presidenta Thelma Castillo Vela, a nombre de los consejeros dijo que asumen el reto de la elección del Poder Judicial y refrendan el compromiso como funcionarios del INE. Pidió el apoyo de escuelas, espacios públicos y privados para la instalación de las casillas y que éstas sean espacios de valores cívicos el próximo 1 de junio.
Indicó que sus actividades estarán dirigidas a garantizar que cada ciudadano tenga una boleta para elegir a los integrantes del Poder Judicial, dar la ubicación de los lugares de votación, capacitar a los ciudadanos, la jornada de votación, los cómputos y la emisión de constancias de resultados.
Ambas sesiones se desarrollaron de manera simultánea a las 11 de la mañana. En las dos los consejeros rindieron protesta y acordaron que los acuerdos se someterán a discusión y se les presentarán de manera electrónica.

Esperan ardúos meses de trabajo, dicen en Zihutanejo

En Zihuatanejo, este lunes por la mañana se instaló el Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Costa Grande.
La sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la 03 Junta Distrital del INE, ubicadas en Zihuatanejo, y tuvo una duración de menos de 20 minutos, y por ser una elección que compete al Poder Judicial, no estuvieron representantes de los partidos políticos, a los que la consejera presidenta, Xóchitl Ivon Guerrero González, llamó a respetar este proceso y a abstenerse de promover o apoyar candidaturas.
En su mensaje, Guerrero González destacó que “hoy por primera vez, iniciamos un proceso electivo sin conocer cuántas casillas o mesas receptoras instalaremos; sin determinación de cuántos ciudadanos en su calidad de funcionarios recibirán la votación de cada uno de sus vecinos; sin saber cuántos supervisores y capacitadores nos acompañarán en estos arduos meses de trabajo”.
Señaló que “apenas este mismo año, nos reuníamos al final del mes de junio, para realizar la clausura de los trabajos del proceso electoral federal 2023-2024, nuestra bodega electoral aún tiene la votación producto de una jornada electoral y cómputos extenuantes, misma que el día de mañana será trasladada a la Ciudad de México, para que, a través de un libro de texto gratuito, forme parte de la educación de alguna niña o niño, quienes algún día serán nuestros futuros gobernantes”.
Apuntó que, “a escasos seis meses de esa sesión, hoy de nueva cuenta nos reunimos en esta sede para dar inicio al proceso electoral más inédito e histórico de nuestro país (del Poder Judicial) en un ámbito geográfico definido a nivel nacional, por circunscripción y por distrito judicial, lo que lo vuelve complejo logísticamente; un gran reto para su comprensión, difusión y capacitación”.
Agregó que, “hoy, por primera vez, iniciamos un proceso electivo, sin conocer cuántas casillas o mesas receptoras instalemos, sin determinación de cuántos ciudadanos en su calidad de funcionarios recibirán la votación de cada uno de sus vecinos; sin saber cuántos supervisores y capacitadores nos acompañarán en estos arduos meses de trabajo.
“Pero no olvidemos, que la experiencia que tiene este gran equipo de trabajo combinado con el conocimiento de cómo hacerlo, será la garantía. El próximo 1 de junio del 2025, tendremos una jornada electoral exitosa, con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género que rigen al Instituto electoral y que han permitido ir consolidando la democracia mexicana”.
La funcionaria electoral invitó “a todas y todos los ciudadanos de la Costa Grande de Guerrero, a participar activamente de este proceso electoral extraordinario a través de su voto y adicionalmente con su actuación como funcionariado electoral o en su calidad de observadora u observador electoral, cuya convocatoria está abierta hasta el siete de mayo de 2025”.
También solicitó a los actores políticos, “a respetar los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes establecidas para este proceso electoral judicial, absteniéndose de promover o apoyar candidaturas. Debe construirse la confianza ciudadana en que quienes ocupan esos cargos actuarán con total independencia. La sinergia es el factor que genera llevarnos al éxito deseado, probado está”.

Es un proceso complejo, destacan en Tlapa

En la instalación en Tlapa del Consejo Distrital Electoral 05, el consejero presidente Edgar Aguayo resaltó que el INE tiene la experiencia de organizar ejercicios democráticos.
Único en intervenir en la sesión de media hora, dijo que se trata de un proceso electoral con un sinnúmero de retos y compleji-dades, porque participarán más de 5 mil candidatos para 881 cargos en todo el país y que los partidos tienen prohibida intervenir.
Mencionó que los consejeros tienen la experiencia para garan-tizar que se cumpla a cabalidad con la planeación y desarrollo del proceso extraordinario y llamó a los ciu-dadanos a participar como obser-va-dores electorales o funcionarios de casilla y a votar el día de la jornada.
Durante el desarrollo de la sesión se observó desconocimiento sobre cómo se hará esta elección por lo que al final se dijo a los conseje-ros que les darían la información conforme llegara en reuniones para atender las eventualidades.
Agregó que el INE enfrentará desafíos, pero es precisamente donde se ha forjado la confianza de los mexicanos por lo que se garantizará que cada ciudadana y ciudadano cuente con las boletas correspondientes en su casilla y vote en total libertad y secrecía.

Abogados se declaran defensores del equilibrio de poderes; rechazan que jueces sean votados

Personal del Poder Judicial de la Federación, de todas las categorías, se expresan contra la reforma constitucional que incluye la elección de jueces mediante votación popular Foto: Jessica Torres Barrera
Personal del Poder judicial de la Federación, de todos los niveles se manifestaron contra la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección de jueces por votación popular. Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes / Aurora Harrison / Alejandro Guerrero

Chilpancingo / Acapulco / Iguala

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de Chilpancingo e Iguala; así como la Barra de Abogados de Acapulco, se dijeron defendores la independencia, autonomía y la división de poderes; por lo que rechazaron que los integrantes de los tribubales sean elegidos por elección popular y coincidieron en que se deben analizar las propuesta de adecuación, pero respetándose la independencia judicial.
En la capital estatal, personal del tribunal del 21 Circuito del Poder Judicial de la Federación, de todos las categorías, defendió la independencia, autonomía y la división de poderes de la institución, así como la carrera judicial, ante la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la ceremonia con motivo del Día del Abogado, representantes de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y personal operativo, expresaron posturas en contra de la reforma judicial, que implica, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
Advirtieron que van a defender la institución hasta sus últimas consecuencias y anunciaron acciones de protesta partir de agosto.
El magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del 21 Circuito, Gerónimo José Martínez Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto, explicó que si se aprueba la reforma la clase política vendrá a suplir las funciones de los juristas.
Antes, en su intervención, dijo que se vive un momento crucial en la historia judicial del país. “Hoy, unidos, jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendemos la carrera judicial y la división de poderes. Dos pilares fundamentales, para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.
El magistrado dijo: “Es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que representemos élites o ideas conservadoras, la mayoría provenimos del pueblo y de escuelas públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos a personas cuya culpabilidad no se ha comprobado”.
Dijo que la elección de jueces por voto popular no es la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México y la pretención es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo, somos su contrapeso”, aclaró.
Añadió: “Que se escuche fuerte y claro, somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda”.
El magistrado Martínez dijo que lo que pasa es que su función “ahora incomoda. Por ello falsamente se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Reprochó que se ha denostado al sistema de justicia federal, calificándolo como “élite”, “burocracia dorada” y “conservadores llenos de privilegios”, pero que ser miembro de la carrera judicial “es un orgullo, no motivo de vergüenza”.
En cambio, añadió que la reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, “generará jueces sometidos a los intereses de la política. Destruye no sólo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional”.
Advirtió que “la indignación” es general y compartida por todos los jueces, magistrados y base trabajadora, “ante la infamia de disfrazar el despido masivo de juzgadores federales, encubierta en una pretensión de reforma constitucional. Estamos de pie, orgullosos de nuestra trayectoria, de proteger a las personas contra el arbitrario”.
La jueza de distrito, Aidé Guadalupe Rodríguez Hernández, indicó que Guerrero “es el estado con más casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha emitido sentencias en contra de México”.
Recordó los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Pero destacó el caso de Rosendo Radilla, “que de forma involuntaria es la persona más influyente en el Sistema Jurídico Nacional en las últimas décadas. Un modesto campesino y compositor de corridos, que al día de hoy nadie sabe dónde está”.
0Dijo que gran parte de los avances en materia de derechos humanos se los debemos a él y a la lucha de su familia por encontrar la verdad. “Por lo tanto, Guerrero, necesita una justicia de calidad”.
Recordó el amparo que resolvió el juzgado séptimo de Chilpancingo en el caso de la comunidad indígena de Mininuma, municipio de Metlatónoc, en 2007, para la construcción de un centro de salud, “lo resolvió un juez federal egresado de la universidad de Guerrero”, dijo.
Dijo que esa comunidad había sido discriminada debido a que por no contar con el número determinado de habitantes, para tener su centro de salud, “sin embargo, un juez independiente, valiente y protector de los derechos humanos, emitió una sentencia, la cual fue paradigmática en todo el país”.
Indicó que otros jueces han concedido una suspensión para la asignación de maestros en comunidades indígenas y a fin de que se respeten sus derechos humanos.
Destacó que por ello es necesario que los jueces sean autónomos e independientes del poder político en sus decisiones.
Oliver Larumbe Bernal, oficial del Juzgado Séptimo de Distrito, en representación del personal operativo, aseguró que se dice que la reforma no afectará a los trabajadores de base, pero que eso es falso, “porque si no tenemos mandos medios o superiores con los conocimientos, la experiencia y el criterio jurídico necesario para guiarnos. Todo nuestro trabajo será en vano”.
“Además, al desaparecer la carrera judicial, se estará privando a todo el personal jurídico, desde oficiales judiciales, actuarios y secretarios, del incentivo fundamental que nutre día a día para realizar mejor nuestro trabajo, y en aras de lograr la supervivencia de nuestras familias, tendremos que buscar el desarrollo de nuestra profesión en otros campos de acción, generando una fuga de talento y el debacle de esta gran institución”.
“Es por eso que enérgicamente nos oponemos a la elección de jueces, magistrados, y ministros a través del voto popular. Exigimos que se respete la carrera judicial”.
Bianca Zayuri Mora Peralta, secretaria del juzgado primero de distrito, explicó que la mayoría de los que llegan a los distintos cargos en el Poder Judicial, realizan su carrera judicial.
Dijo que la reforma implica la elección de jueces y magistrados por voto popular, pero no solo afecta a éstos, sino que también aniquila la carrera judicial, “corta de tajo la aspiración de nosotros para ser juez o magistrado”.
“Juzgar no es cosa de juego, ni debe ser capricho, sino resultado del mérito y el esfuerzo”, expuso.
Dijo que Guerrero es punta de lanza de los movimientos sociales, “en esta ocasión no debe ser la excepción. Vamos a defender la carrera e independencia judicial, que tanto trabajo nos ha costado”.
Advirtió: “No vamos a permitir que trunquen nuestras aspiraciones, no permitiremos que se hable mal de nuestro trabajo, defendamos juntos nuestra institución”, arengó frente a los más de 100 trabajadores de todas las áreas, que se concentraron en el vestíbulo del edificio, ubicado al sur de la ciudad.
El magistrado José Martínez, informó después, en entrevista, que en agosto el personal tiene considerado realizar acciones de protesta, entre algunas acciones, dijo que podrían convocar a un paro nacional.

Se puede reformar respetando a los poderes

La Bara de Abogados de Acapulco organizó un foro sobre la reforma al Poder Judicial, donde éstos rechazaron que los jueces, ministros magistrados sean elegidos por voto popular y coincidieron en que se debe discutir para hacer adecuaciones, pero respetándose la división de los poderes.
Este viernes, en las instalaciones de la Barra de Abogados, estuvieron secretarios de acuerdo, jueces, ministros, diputados y senadores electos, quienes escucharon la participación de los ponentes, que dieron su punto de vista a la reforma judicial.
La senadora electa, Beatriz Mójica Morga, dijo que es necesaria la reforma judicial y que la elección de ministros, jueces tenga “legitimidad”, además, que sí se va a garantizar la carrera judicial, que se va a respetar en este proyecto que presenta el presidente de la República.
“Necesitamos que la justicia sea más rápida y de eso se trata la reforma judicial”, dijo la senadora electa, quien lamentó que la discusión se centra en la elección de jueces, ministros y magistrados, cuando consideró que el análisis debe ser más profundo.
“La carrera judicial no se va a tocar, que ahí esta, que se va a respetar la carrera judicial por los avances que ha tenido”, dijo la senadora electa, quien indicó que se debe de garantizar la autonomía de los jueces y ministros.
Por su parte, el presidente del Tribunal Colegiado de Acapulco del 21 Circuito, José Miguel López Rodríguez, dijo que la reforma judicial va impactar en lo jurídico y económico, esto último en las inversiones extranjeras, porque “no habrá seguridad judicial”.
Recordó que él, para llegar al lugar donde está, pasó por varios concursos de oposición y consideró que democratizar la elección de los jueces y magistrados, va a “generar intereses de grupos y el Poder Judicial es un contrapeso a los poderes” que está previsto en la Constitución.
“No niego que se debe de reformar”, dijo el magistrado, pero indicó que esto debe revisarse de manera minusiosa.

Son exigencias para subordinarse

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito en Guerrero, con sede en Iguala, se pronunciaron contra de la reforma al Poder Judicial, la cual consideran que es una respuesta a que no se cedió a las exigencias de subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este es un intento de destitución masiva de jueces y magistrados “valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso”, dijeron.
A las 10 de la mañana de este viernes, en el estacionamiento del Juzgado Quinto, en la calle García de la Cadena, de la colonia Centro de Iguala, trabajadores del poder judicial realizaron un acto conmemorativo por el Día del Abogado, en el que rindieron honores a la bandera y luego fijaron su postura ante la reforma judicial.
Fue el juez noveno de distrito, Carlos Arturo Rivero, el encargado de dar lectura al posicionamiento de la Asociación de Juzgadores y Juzgadoras, Magistrados y Magistradas Federales en México.
A este acto asistió también el juez quinto, Pablo Alejandro Tecocoatzi Juárez; el presidente del Colegio de Abogados de la Zona Norte y Tierra Caliente, Francisco Javier Barrera Nava, y trabajadores de ambos juzgados y abogados de la región.
En un amplio pronunciamiento, en el que mencionó ocho puntos, se indica que en este momento crucial en la historia judicial de nuestro país, de jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, “levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, defendemos la carrera judicial y la división de poderes”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial “son una estrategia dilatoria, con la finalidad de frenar la protesta de todos sus integrantes”.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni el Legislativo, somos su contrapeso. La Constitución así lo establece, somos un poder que equilibra, para evitar que los otros dos poderes actúen fuera de la ley”, advirtió.
Señaló que son un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado, “nuestra función ahora incómoda y por ello, falsamente, se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Indica que por no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, “hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales, valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso. La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, generará jueces sometidos a los intereses de la política”.
Calificó de falso que el poder judicial sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la impunidad, el desvío de recursos o las licitaciones corruptas. “El Poder Judicial de la Federación no es causa de los problemas nacionales, sino un remedio contra el abuso del poder”.
En el escrito se autodefinen como intolerantes a la tortura, malos tratos y desapariciones forzadas; “condenamos a delincuentes con pruebas, no por consigna”.

Deplora periodista el actuar del TEE en la denuncia de la edil de la capital

El columnista del Diario de Guerrero, Efraín Flores Iglesias, y su abogado, el ex magistrado electoral Emiliano Lozano Cruz, denunciaron que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) se convirtió en una oficialía de partes que resuelve por consigna, y los usuarios deben acudir a la federación para acceder a la justicia.
Lozano Cruz añadió que analizarán si presentan un procedimiento de remoción contra los magistrados en el Senado, por resolver el tema en forma tendenciosa, por consigna y por resolver casos fuera de los marcos legales.
En conferencia de prensa informaron que quedó firme la sentencia que anula las sanciones por violencia política de género que determinó el Tribunal local en su contra y del medio a denuncia de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.
Flores Iglesias recordó que el 11 de agosto de 2023, la alcaldesa presentó una queja ante el Insti-tuto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contra varios comunicadores del Diario de Guerrero por presuntos actos de violencia política en razón de género derivado de notas y columnas periodísticas publicadas con críticas en su contra.
El 4 de diciembre de 2023, el TEE declaró inexistente los agravios en cuanto a las publicaciones de Baltazar Jiménez Rosales, Abel Miranda Ayala y Juan Antelmo García Castro, pero en cuatro columnas de su autoría señaló el uso de expresiones estereotipadas y diferenciadoras que rebasan la libertad de expresión.
Sin embargo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revirtió la conclusión del Tribunal de Guerrero y determinó que “actuó de manera irresponsable al considerar que fui culpable de las imputaciones frívolas que formuló en mi contra la presidenta municipal de Chilpancingo”.
Pero la alcaldesa impugnó la determinación, y el 22 de febrero, la Sala Superior confirmó que el contenido de las columnas periodísticas “de ningún modo incurren directamente en ataques personales relacionados con el género de Hernández Martínez”.
El denunciante advirtió que la queja ocurrió en un contexto de agresiones a periodistas: la privación de tres periodistas en Taxco y la agresión a balazos a tres reporteros en Chilpancingo después de cubrir un hecho noticioso en una colonia del poniente de la ciudad.
Además del asesinato de periodista Fredid Román Román, en agosto de 2022.
Advirtió que muchos servidores públicos son cada vez más intolerantes a la crítica periodística y pretenden poner a los medios una mordaza para que no se critiquen sus yerros.
Adelantó que ya hay una queja contra la alcaldesa ante la Co-misión de Derechos Humanos del Estado por violación a sus derechos y a la libertad de expresión.
Lozano Cruz añadió que van a analizar si presentan un procedimiento de remoción contra los magistrados en el Senado, por resolver en forma tendenciosa, por consigna y fuera de la ley.
“Nos desechan nuestras demandas, y debemos llevar nuestras quejas al Tribunal federal, porque el local parece que se ocupa sólo como oficialía de partes”, dijo.
Consideró que las sentencias locales son resultado de que los magistrados son designados por acuerdos políticos. Dijo que la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, fue designada magistrada por matar dos chivos en barbarcoa a Félix Salgado Macedonio, cuando rindió su primer informe de labores legislativas en el jardín que le llamaban Del Toro, ahora Margaritas. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Emplaza el TEE al Congreso a instaurar los cuatro ayuntamientos instituyentes

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), solicitó nuevamente al Congreso de Guerrero un informe sobre el cumplimiento que ha dado a las sentencias referente a la designación de los integrantes del Ayuntamiento instituyente del nuevo municipio de Ñuu Savi, y le otorgó un plazo de dos días hábiles para entregarlo. Y recordó al Poder Legislativo que este retraso “conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
En el acuerdo plenario presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz se advierte que de no cumplirse con esta solicitud de informe, el Congreso local se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en la ley.
En el acuerdo se señala que en el primer informe que el Congreso entregó al TEE, el poder Legislativo informó de un “plan de trabajo” en el que establecen entre otros tiempos, un plazo de seis semanas para “llevar a cabo la consulta a las comunidades del municipio para que avalen las propuestas de las personas que se designen como integrantes del Ayuntamiento instituyente”.
Es decir que después de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre la planilla del Ayuntamiento instituyente, continúa un plazo de seis semanas para que estos nombres sean avalados por las comunidades, pero aún no hay fecha para tener al menos la propuesta de este cabildo.
El TEE también estableció que de acuerdo a lo que dice la ley, el Ayuntamiento instituyente de Ñuu Savi (al igual que los de los otros tres nuevos municipios) debe ser nombrado antes de septiembre, previo a que inicie el proceso electoral.
Pero solo el plazo de seis semanas, representan “42 días, cuando solo se dispone de 65 a 61 días, antes de iniciar el próximo proceso electoral 2023-2024, no obstante, se debe considerar en éste, el plazo que requiere el Instituto Electoral para resolver la solicitud del cambio de modelo de elección”.
El TEE le recordó al Poder Legislativo que “los plazos y términos establecidos en ambas sentencias son imperativos, por lo que no pueden ser objeto de retardo, y éstos se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio el derecho de las y los justiciables y conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
El TEE requirió al Congreso local a través de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Jucopo, un informe dentro del plazo de dos días hábiles en el que se detalle el cumplimiento que ha dado a las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional y por la Sala Regional Ciudad de México, en el que pidieron que se incluyan las constancias que sustenten su informe.
Y se apercibe que dé incumplir “con lo ordenado en el punto de acuerdo que antecede, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas” en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En la sesión, el TEE revocó la resolución de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC del pasado 18 de abril con las que declaró la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana Guerrero Pobre, emitida por el Consejo General del órgano electoral.
El pleno, se declaró fundado el agravio planteado por el representante legal de la organización ciudadana Guerrero Pobre, Rubén Valenzo Cantor, los magistrado confirmaron que se realizó una “indebida fundamentación y motivación en la determinación de invalidar siete asambleas municipales, así como, a la violación al derecho de audiencia al no haberle notificado a la organización, los resultados de la verificación y autenticidad de las afiliaciones realizada por el INE y, al haberse emitido el dictamen y la resolución impugnada, sin analizar las consideraciones del oficio con dichos resultados”.
El TEE ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral y al Consejo General del IEPC emitir un nuevo dictamen y una nueva resolución, respectivamente.
El Tribunal confirmó también la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el proyecto emitido por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, se determinó declarar infundado el juicio promovido por el ahora ex presidente del Comité Directivo Municipal panista en Coyuca de Benítez Bruno Calixto Ríos Díaz, toda vez que, el actor no demostró que el acto la falta de entrega de prerrogativas le causara alguna afectación a su derecho político electoral de ejercicio del cargo partidista durante su periodo.

Revoca el TEE sanción del IEPC a Jacinto González por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado debatieron en sesión pública el proyecto la resolución de la apelación que promovió el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, contra las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que le prohíbe acercarse o comunicarse con la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a propósito de la denuncia por violencia política en razón de género en su contra.
En abril pasado, en un acto en Ometepec, el líder de Morena, González Varona, acusó que la diputada priista prestó su imagen en el proceso electoral de 2018 para que el ahora senador Manuel Añorve accediera a su escaño.
En un video difundido a través de grupos de whatsapp, se escucha al líder de Morena decir que la diputada Gabriela Bernal -quien participó en la fórmula priista al Senado- fue utilizada para engañar a la gente. El 18 de abril la diputada presentó una denuncia ante el IEPC contra el también diputado federal por violencia política de género.
La propuesta de la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, aprobada con tres votos a favor y uno en contra de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, revocó el acuerdo de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas, y ordenó al organismo que emita un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 24 horas.
Sólo Eugenio Alcaraz apoyó el plazo de 24 horas que estableció en el proyecto Rodríguez Xinol, aprobado por el voto de la calidad de la presidenta, porque los magistrados, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado, pidieron ampliar a 48 horas el plazo para fundar y motivar el documento.
Betancourt señaló que técnicamente 24 horas era muy poco tiempo para elaborar una resolución fundada y motivada con la exhaustividad que se está solicitando en esta sentencia.
Delgado Brito argumentó en favor de la ampliación del plazo que no se denunció violencia física, para emitir medidas cautelares en 24 horas como señala el reglamento del IEPC, sino de “violencia sicológica y simbólica”. En ambos casos, precisaron que todavía nadie se ha pronunciado sobre la demanda de violencia política.
En el voto razonado en contra de la revocación de las medidas cautelares, Eugenio Alcaraz advirtió que no observa en ellas perjuicio a la libertad de expresión que argumentó el quejoso, como dirigente político y diputado local.
Consideró que, en la presunción de restituir su derecho electoral “a la libertad de circulación de sus expresiones, no cambiaría en nada que el recurrente (González Varona) deba cambiar cualquier manifestación contra la denunciante, que contenga señalamientos sexistas, machistas, estereotipados, o bien que se abstenga a un acercamiento o comunicación con la quejosa; de hacerlo podría, en su caso, no sólo haber una repetición del acto, sino generar nuevas probables conductas de violencia política en razón de género”.
El dictamen aprobado por el TEE ordena a la Comisión de Quejas del IEPC, que analice la calificación del riesgo otorgado al caso, a partir del análisis de la intención y consecuencias de las conductas violentas, que tome en cuenta el contexto específico del caso y si tiene un carácter meramente probabilístico; que haga una diferencia entre peligrosidad y riesgo, y que considere la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo, continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales, entre otros lineamientos.

Desechan impugnación del caso contra Sánchez Esquivel

Por otro lado, el colegiado desechó por unanimidad el juicio de impugnación que presentó Teresa Nava Alfaro y otras ciudadanas contra una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que favoreció al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, acusado de violencia política de género contra la diputada Yoloczin Domínguez.
Señalaron que, el 25 de enero la CNHJ de Morena otorgó a las actoras tres días hábiles para acreditar su afiliación partidista, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras”. Sin cumplimiento, se desechó el caso en el organo partidario el 23 de febrero.
La impugnación de las denunciantes que llegó a la sala regional, terminó ayer en desechada y en archivo “por el cambio de situación jurídica” de las quejosas, que dejó sin  materia el juicio de impugnación.

Ordena a la comisión de VPG del PAN, reabrir el caso de Felícita

El TEE declaró fundada la impugnación de la dirigente municipal del PAN de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra una resolución del 12 de enero de 2023, de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes de su partido, por no sancionar conductas del presidente estatal del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmeron Díaz.
Entre estas condutas, la quejosa señaló la obstaculización del pleno ejercicio de sus derechos político electorales de asociación y afiliación política, y el ocultamiento de información, al no notificarle el supuesto acuerdo de suspensión de prerrogativas, que configuran violencia política de género.
El colegiado, ordenó a la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del PAN, analizar todas pruebas en su conjunto y emitir nueva sentencia de manera exhaustiva, fundada y motivada, con el planteamiento de Violenica política de género hacia la actora, en un plazo de 20 días habíles,contados a partir de la notificación de la sentencia.

Millán Sánchez: sigue litigio de la elección de consejeros

Por otro lado, el TEE desechó la controversia del ex candidato a consejero estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, contra la resolución de la Comisión de Justicia sobre la elección interna, por “cambio un situación jurídica del caso”.
En el proyecto del caso, se detalla que la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación declaró fundados los agravios del militante,  tras un estudio de fondo, y la Comisión de Justicia deberá emitir una una nueva resolución, lo cual deja sin efectos el juicio en Guerrero.
En declaraciones al terminar la sesión del TEE, Millán Sánchez destacó que la sala regional corrigió la plana a la comisión de Justicia del PAN, y a magistrados electorales de Guerrero que inicialmente desecharon su demanda.
Ahora, señaló que la comision intrapartidara deberá analizar el cómputo, inaplicaicón con exhaustividad, donde afirma que tienen más porcentaje de votación que tres consejeros que entraron en funciones.
Aclaró que son posibles tres escenarios, que se ordene repetir la asamblea, o la elección de consejeros hombres, que se le admita como consejero estatal, o se deseche, y como afectado, vuelva a impugnar.

Desecha el TEE queja del PRI contra el registro de tres partidos locales

Imagen de la sesión del Congreso local sin quórum por lo que la presidenta de la mesa directiva, Yanelly Hernández Martínez la dio por finalizada cuando faltaba tratar dos puntos del orden del día Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), desechó las queja del PRI en contra del registro de tres nuevos partidos locales.
En su sesióin, los magistrados confirmaron la procedencia de la solicitud de registro como partido local de Fuerza por México, de la organización Vamos con más fuerza por Guerrero, AC, y declaró “inoperantes” los agravios señalados en una denuncia contra el registro del Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, impulsado por Soluciones por Copala AC.
Ambos fueron promovidos por el representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC), Manuel Saavedra Chávez.
En el primer caso, el pleno determinó correcta la resolución emitida por el IEPC, de cumplimiento de realización de las asambleas distritales para la constitución del partido Fuerza por México, Guerrero.
Asimismo, consideró “inoperantes” los agravios presentados en contra de la resolución que aprobó el registro de la organización ciudadana Soluciones por Copala AC, que parten de una premisa falsa sobre el número de asambleas constitutivas realizadas.
El TEE ordenó al Ayuntamiento de San Luis Acatlán, pagar remuneraciones atrasadas a la regidora Rosalía Alberto Rosas, de abril a diciembre del año pasado, de acuerdo con el tabulador de ese año, y los meses pendientes de 2023,  según el ajuste presupuestario.
En la demanda “contra la indebida aprobación del presupuesto de egresos 2023”, por la reducción de remuneraciones a regidores, los magistrados confirmaron la omisión del Ayuntamiento en la entrega del pago a la regidora, a pesar de que el gobierno municipal señala que el recurso está a disposición en la Tesorería.
En cuanto al ajuste del presupuesto, el colegiado determinó que fueron realizadas conforme al marco legal, y votado por el cabildo.
Por otro lado, el tribunal declaró inexistente  una conducta antijurídica en el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que denunció la regidora de La Unión, Yaneth Gutiérrez Izazaga, por la posible comisión de actos podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG), por obstrucción del ejercicio del cargo de la denunciante.
El Pleno concluyó  que “no es posible concluir que exista por parte de las y los denunciados una conducta planificada, orientada o sistematizada en contra de la denunciante bajo concepciones basadas en prejuicios o estereotipos de género, como tampoco se observa un impacto diferenciado, ni una afectación por su condición de mujer, menos aún que ésta sea desproporcionada dado el cargo que poseen las y los denunciados del cual goza en razón de sus funciones”.

 

Espera líder feminista que prospere la denuncia contra tres magistrados por el caso de la niña

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se manifestó a favor y consideró que una denuncia en contra de los magistrados que invalidaron el testimonio de una niña de 2 años y ocho meses abusada sexualmente, para liberar a su agresor, y la sentencia que resulte del Poder Judicial pueden ser un precedente para todos los servidores públicos, y una oportunidad para las autoridades de demostrar que están aplicando la ley.
El lunes el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán informó que denunciará a los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable por conducta delictuosa, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Barrero y Alfonso Vélez, lo que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
En consulta telefónica ayer la dirigente feminista destacó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis declaró que no va a encubrir a quienes hayan cometido irregularidades en el proceso.
Confió en que el caso prospere para acabar con la impunidad, “vemos que nadie se encuentra a salvo de la violencia, y los más vulnerables son los menores y los adultos mayores que no pueden expresarse ampliamente, y las autoridades tienen que ponderar sus derechos”.
Del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez consideró que el caso es otra muestra de cómo se aplica la justicia en Guerrero, cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Indicó que casos emblemáticos como éste evidencian cómo los impartidores de justicia no están comprometidos con las mujeres, sean niñas o mujeres adultas.
Mencionó que en casos de abortos no provocados se han fabricados delitos, no hay sanciones ni responsables contra los agresores de las mujeres, menos en la violencia feminicida, “dicen que hay investigaciones, pero no hay detenidos ni información de los procesos”.
Con menos confianza, dijo que espera que el caso contra los magistrados proceda, para que las víctimas no tengan que recurrir a la denuncia pública para visibilizar sus casos y que sean atendidos. Indicó o que eso implica la revictimización de los agraviados.
Exigió que la Fiscalía y el TSJ apliquen los protocolos para la atención de la violencia de género, “ya basta de no creerle a las mujeres cuando denunciamos violencia, basta del tráfico de influencias que impera en Guerrero y que nos tiene a todas y a todos en un clima de impunidad”.