El columnista del Diario de Guerrero, Efraín Flores Iglesias, y su abogado, el ex magistrado electoral Emiliano Lozano Cruz, denunciaron que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) se convirtió en una oficialía de partes que resuelve por consigna, y los usuarios deben acudir a la federación para acceder a la justicia.
Lozano Cruz añadió que analizarán si presentan un procedimiento de remoción contra los magistrados en el Senado, por resolver el tema en forma tendenciosa, por consigna y por resolver casos fuera de los marcos legales.
En conferencia de prensa informaron que quedó firme la sentencia que anula las sanciones por violencia política de género que determinó el Tribunal local en su contra y del medio a denuncia de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.
Flores Iglesias recordó que el 11 de agosto de 2023, la alcaldesa presentó una queja ante el Insti-tuto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contra varios comunicadores del Diario de Guerrero por presuntos actos de violencia política en razón de género derivado de notas y columnas periodísticas publicadas con críticas en su contra.
El 4 de diciembre de 2023, el TEE declaró inexistente los agravios en cuanto a las publicaciones de Baltazar Jiménez Rosales, Abel Miranda Ayala y Juan Antelmo García Castro, pero en cuatro columnas de su autoría señaló el uso de expresiones estereotipadas y diferenciadoras que rebasan la libertad de expresión.
Sin embargo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revirtió la conclusión del Tribunal de Guerrero y determinó que “actuó de manera irresponsable al considerar que fui culpable de las imputaciones frívolas que formuló en mi contra la presidenta municipal de Chilpancingo”.
Pero la alcaldesa impugnó la determinación, y el 22 de febrero, la Sala Superior confirmó que el contenido de las columnas periodísticas “de ningún modo incurren directamente en ataques personales relacionados con el género de Hernández Martínez”.
El denunciante advirtió que la queja ocurrió en un contexto de agresiones a periodistas: la privación de tres periodistas en Taxco y la agresión a balazos a tres reporteros en Chilpancingo después de cubrir un hecho noticioso en una colonia del poniente de la ciudad.
Además del asesinato de periodista Fredid Román Román, en agosto de 2022.
Advirtió que muchos servidores públicos son cada vez más intolerantes a la crítica periodística y pretenden poner a los medios una mordaza para que no se critiquen sus yerros.
Adelantó que ya hay una queja contra la alcaldesa ante la Co-misión de Derechos Humanos del Estado por violación a sus derechos y a la libertad de expresión.
Lozano Cruz añadió que van a analizar si presentan un procedimiento de remoción contra los magistrados en el Senado, por resolver en forma tendenciosa, por consigna y fuera de la ley.
“Nos desechan nuestras demandas, y debemos llevar nuestras quejas al Tribunal federal, porque el local parece que se ocupa sólo como oficialía de partes”, dijo.
Consideró que las sentencias locales son resultado de que los magistrados son designados por acuerdos políticos. Dijo que la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, fue designada magistrada por matar dos chivos en barbarcoa a Félix Salgado Macedonio, cuando rindió su primer informe de labores legislativas en el jardín que le llamaban Del Toro, ahora Margaritas. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
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Emplaza el TEE al Congreso a instaurar los cuatro ayuntamientos instituyentes
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), solicitó nuevamente al Congreso de Guerrero un informe sobre el cumplimiento que ha dado a las sentencias referente a la designación de los integrantes del Ayuntamiento instituyente del nuevo municipio de Ñuu Savi, y le otorgó un plazo de dos días hábiles para entregarlo. Y recordó al Poder Legislativo que este retraso “conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
En el acuerdo plenario presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz se advierte que de no cumplirse con esta solicitud de informe, el Congreso local se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en la ley.
En el acuerdo se señala que en el primer informe que el Congreso entregó al TEE, el poder Legislativo informó de un “plan de trabajo” en el que establecen entre otros tiempos, un plazo de seis semanas para “llevar a cabo la consulta a las comunidades del municipio para que avalen las propuestas de las personas que se designen como integrantes del Ayuntamiento instituyente”.
Es decir que después de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre la planilla del Ayuntamiento instituyente, continúa un plazo de seis semanas para que estos nombres sean avalados por las comunidades, pero aún no hay fecha para tener al menos la propuesta de este cabildo.
El TEE también estableció que de acuerdo a lo que dice la ley, el Ayuntamiento instituyente de Ñuu Savi (al igual que los de los otros tres nuevos municipios) debe ser nombrado antes de septiembre, previo a que inicie el proceso electoral.
Pero solo el plazo de seis semanas, representan “42 días, cuando solo se dispone de 65 a 61 días, antes de iniciar el próximo proceso electoral 2023-2024, no obstante, se debe considerar en éste, el plazo que requiere el Instituto Electoral para resolver la solicitud del cambio de modelo de elección”.
El TEE le recordó al Poder Legislativo que “los plazos y términos establecidos en ambas sentencias son imperativos, por lo que no pueden ser objeto de retardo, y éstos se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio el derecho de las y los justiciables y conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
El TEE requirió al Congreso local a través de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Jucopo, un informe dentro del plazo de dos días hábiles en el que se detalle el cumplimiento que ha dado a las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional y por la Sala Regional Ciudad de México, en el que pidieron que se incluyan las constancias que sustenten su informe.
Y se apercibe que dé incumplir “con lo ordenado en el punto de acuerdo que antecede, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas” en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En la sesión, el TEE revocó la resolución de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC del pasado 18 de abril con las que declaró la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana Guerrero Pobre, emitida por el Consejo General del órgano electoral.
El pleno, se declaró fundado el agravio planteado por el representante legal de la organización ciudadana Guerrero Pobre, Rubén Valenzo Cantor, los magistrado confirmaron que se realizó una “indebida fundamentación y motivación en la determinación de invalidar siete asambleas municipales, así como, a la violación al derecho de audiencia al no haberle notificado a la organización, los resultados de la verificación y autenticidad de las afiliaciones realizada por el INE y, al haberse emitido el dictamen y la resolución impugnada, sin analizar las consideraciones del oficio con dichos resultados”.
El TEE ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral y al Consejo General del IEPC emitir un nuevo dictamen y una nueva resolución, respectivamente.
El Tribunal confirmó también la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el proyecto emitido por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, se determinó declarar infundado el juicio promovido por el ahora ex presidente del Comité Directivo Municipal panista en Coyuca de Benítez Bruno Calixto Ríos Díaz, toda vez que, el actor no demostró que el acto la falta de entrega de prerrogativas le causara alguna afectación a su derecho político electoral de ejercicio del cargo partidista durante su periodo.
Revoca el TEE sanción del IEPC a Jacinto González por violencia política de género
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado debatieron en sesión pública el proyecto la resolución de la apelación que promovió el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, contra las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que le prohíbe acercarse o comunicarse con la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a propósito de la denuncia por violencia política en razón de género en su contra.
En abril pasado, en un acto en Ometepec, el líder de Morena, González Varona, acusó que la diputada priista prestó su imagen en el proceso electoral de 2018 para que el ahora senador Manuel Añorve accediera a su escaño.
En un video difundido a través de grupos de whatsapp, se escucha al líder de Morena decir que la diputada Gabriela Bernal -quien participó en la fórmula priista al Senado- fue utilizada para engañar a la gente. El 18 de abril la diputada presentó una denuncia ante el IEPC contra el también diputado federal por violencia política de género.
La propuesta de la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, aprobada con tres votos a favor y uno en contra de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, revocó el acuerdo de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas, y ordenó al organismo que emita un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 24 horas.
Sólo Eugenio Alcaraz apoyó el plazo de 24 horas que estableció en el proyecto Rodríguez Xinol, aprobado por el voto de la calidad de la presidenta, porque los magistrados, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado, pidieron ampliar a 48 horas el plazo para fundar y motivar el documento.
Betancourt señaló que técnicamente 24 horas era muy poco tiempo para elaborar una resolución fundada y motivada con la exhaustividad que se está solicitando en esta sentencia.
Delgado Brito argumentó en favor de la ampliación del plazo que no se denunció violencia física, para emitir medidas cautelares en 24 horas como señala el reglamento del IEPC, sino de “violencia sicológica y simbólica”. En ambos casos, precisaron que todavía nadie se ha pronunciado sobre la demanda de violencia política.
En el voto razonado en contra de la revocación de las medidas cautelares, Eugenio Alcaraz advirtió que no observa en ellas perjuicio a la libertad de expresión que argumentó el quejoso, como dirigente político y diputado local.
Consideró que, en la presunción de restituir su derecho electoral “a la libertad de circulación de sus expresiones, no cambiaría en nada que el recurrente (González Varona) deba cambiar cualquier manifestación contra la denunciante, que contenga señalamientos sexistas, machistas, estereotipados, o bien que se abstenga a un acercamiento o comunicación con la quejosa; de hacerlo podría, en su caso, no sólo haber una repetición del acto, sino generar nuevas probables conductas de violencia política en razón de género”.
El dictamen aprobado por el TEE ordena a la Comisión de Quejas del IEPC, que analice la calificación del riesgo otorgado al caso, a partir del análisis de la intención y consecuencias de las conductas violentas, que tome en cuenta el contexto específico del caso y si tiene un carácter meramente probabilístico; que haga una diferencia entre peligrosidad y riesgo, y que considere la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo, continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales, entre otros lineamientos.
Desechan impugnación del caso contra Sánchez Esquivel
Por otro lado, el colegiado desechó por unanimidad el juicio de impugnación que presentó Teresa Nava Alfaro y otras ciudadanas contra una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que favoreció al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, acusado de violencia política de género contra la diputada Yoloczin Domínguez.
Señalaron que, el 25 de enero la CNHJ de Morena otorgó a las actoras tres días hábiles para acreditar su afiliación partidista, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras”. Sin cumplimiento, se desechó el caso en el organo partidario el 23 de febrero.
La impugnación de las denunciantes que llegó a la sala regional, terminó ayer en desechada y en archivo “por el cambio de situación jurídica” de las quejosas, que dejó sin materia el juicio de impugnación.
Ordena a la comisión de VPG del PAN, reabrir el caso de Felícita
El TEE declaró fundada la impugnación de la dirigente municipal del PAN de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra una resolución del 12 de enero de 2023, de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes de su partido, por no sancionar conductas del presidente estatal del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmeron Díaz.
Entre estas condutas, la quejosa señaló la obstaculización del pleno ejercicio de sus derechos político electorales de asociación y afiliación política, y el ocultamiento de información, al no notificarle el supuesto acuerdo de suspensión de prerrogativas, que configuran violencia política de género.
El colegiado, ordenó a la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del PAN, analizar todas pruebas en su conjunto y emitir nueva sentencia de manera exhaustiva, fundada y motivada, con el planteamiento de Violenica política de género hacia la actora, en un plazo de 20 días habíles,contados a partir de la notificación de la sentencia.
Millán Sánchez: sigue litigio de la elección de consejeros
Por otro lado, el TEE desechó la controversia del ex candidato a consejero estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, contra la resolución de la Comisión de Justicia sobre la elección interna, por “cambio un situación jurídica del caso”.
En el proyecto del caso, se detalla que la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación declaró fundados los agravios del militante, tras un estudio de fondo, y la Comisión de Justicia deberá emitir una una nueva resolución, lo cual deja sin efectos el juicio en Guerrero.
En declaraciones al terminar la sesión del TEE, Millán Sánchez destacó que la sala regional corrigió la plana a la comisión de Justicia del PAN, y a magistrados electorales de Guerrero que inicialmente desecharon su demanda.
Ahora, señaló que la comision intrapartidara deberá analizar el cómputo, inaplicaicón con exhaustividad, donde afirma que tienen más porcentaje de votación que tres consejeros que entraron en funciones.
Aclaró que son posibles tres escenarios, que se ordene repetir la asamblea, o la elección de consejeros hombres, que se le admita como consejero estatal, o se deseche, y como afectado, vuelva a impugnar.
Desecha el TEE queja del PRI contra el registro de tres partidos locales
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), desechó las queja del PRI en contra del registro de tres nuevos partidos locales.
En su sesióin, los magistrados confirmaron la procedencia de la solicitud de registro como partido local de Fuerza por México, de la organización Vamos con más fuerza por Guerrero, AC, y declaró “inoperantes” los agravios señalados en una denuncia contra el registro del Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, impulsado por Soluciones por Copala AC.
Ambos fueron promovidos por el representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC), Manuel Saavedra Chávez.
En el primer caso, el pleno determinó correcta la resolución emitida por el IEPC, de cumplimiento de realización de las asambleas distritales para la constitución del partido Fuerza por México, Guerrero.
Asimismo, consideró “inoperantes” los agravios presentados en contra de la resolución que aprobó el registro de la organización ciudadana Soluciones por Copala AC, que parten de una premisa falsa sobre el número de asambleas constitutivas realizadas.
El TEE ordenó al Ayuntamiento de San Luis Acatlán, pagar remuneraciones atrasadas a la regidora Rosalía Alberto Rosas, de abril a diciembre del año pasado, de acuerdo con el tabulador de ese año, y los meses pendientes de 2023, según el ajuste presupuestario.
En la demanda “contra la indebida aprobación del presupuesto de egresos 2023”, por la reducción de remuneraciones a regidores, los magistrados confirmaron la omisión del Ayuntamiento en la entrega del pago a la regidora, a pesar de que el gobierno municipal señala que el recurso está a disposición en la Tesorería.
En cuanto al ajuste del presupuesto, el colegiado determinó que fueron realizadas conforme al marco legal, y votado por el cabildo.
Por otro lado, el tribunal declaró inexistente una conducta antijurídica en el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que denunció la regidora de La Unión, Yaneth Gutiérrez Izazaga, por la posible comisión de actos podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG), por obstrucción del ejercicio del cargo de la denunciante.
El Pleno concluyó que “no es posible concluir que exista por parte de las y los denunciados una conducta planificada, orientada o sistematizada en contra de la denunciante bajo concepciones basadas en prejuicios o estereotipos de género, como tampoco se observa un impacto diferenciado, ni una afectación por su condición de mujer, menos aún que ésta sea desproporcionada dado el cargo que poseen las y los denunciados del cual goza en razón de sus funciones”.
Espera líder feminista que prospere la denuncia contra tres magistrados por el caso de la niña
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se manifestó a favor y consideró que una denuncia en contra de los magistrados que invalidaron el testimonio de una niña de 2 años y ocho meses abusada sexualmente, para liberar a su agresor, y la sentencia que resulte del Poder Judicial pueden ser un precedente para todos los servidores públicos, y una oportunidad para las autoridades de demostrar que están aplicando la ley.
El lunes el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán informó que denunciará a los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable por conducta delictuosa, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Barrero y Alfonso Vélez, lo que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
En consulta telefónica ayer la dirigente feminista destacó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis declaró que no va a encubrir a quienes hayan cometido irregularidades en el proceso.
Confió en que el caso prospere para acabar con la impunidad, “vemos que nadie se encuentra a salvo de la violencia, y los más vulnerables son los menores y los adultos mayores que no pueden expresarse ampliamente, y las autoridades tienen que ponderar sus derechos”.
Del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez consideró que el caso es otra muestra de cómo se aplica la justicia en Guerrero, cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Indicó que casos emblemáticos como éste evidencian cómo los impartidores de justicia no están comprometidos con las mujeres, sean niñas o mujeres adultas.
Mencionó que en casos de abortos no provocados se han fabricados delitos, no hay sanciones ni responsables contra los agresores de las mujeres, menos en la violencia feminicida, “dicen que hay investigaciones, pero no hay detenidos ni información de los procesos”.
Con menos confianza, dijo que espera que el caso contra los magistrados proceda, para que las víctimas no tengan que recurrir a la denuncia pública para visibilizar sus casos y que sean atendidos. Indicó o que eso implica la revictimización de los agraviados.
Exigió que la Fiscalía y el TSJ apliquen los protocolos para la atención de la violencia de género, “ya basta de no creerle a las mujeres cuando denunciamos violencia, basta del tráfico de influencias que impera en Guerrero y que nos tiene a todas y a todos en un clima de impunidad”.