Zacarías Cervantes / Aurora Harrison / Alejandro Guerrero

Chilpancingo / Acapulco / Iguala

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de Chilpancingo e Iguala; así como la Barra de Abogados de Acapulco, se dijeron defendores la independencia, autonomía y la división de poderes; por lo que rechazaron que los integrantes de los tribubales sean elegidos por elección popular y coincidieron en que se deben analizar las propuesta de adecuación, pero respetándose la independencia judicial.
En la capital estatal, personal del tribunal del 21 Circuito del Poder Judicial de la Federación, de todos las categorías, defendió la independencia, autonomía y la división de poderes de la institución, así como la carrera judicial, ante la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la ceremonia con motivo del Día del Abogado, representantes de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y personal operativo, expresaron posturas en contra de la reforma judicial, que implica, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
Advirtieron que van a defender la institución hasta sus últimas consecuencias y anunciaron acciones de protesta partir de agosto.
El magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del 21 Circuito, Gerónimo José Martínez Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto, explicó que si se aprueba la reforma la clase política vendrá a suplir las funciones de los juristas.
Antes, en su intervención, dijo que se vive un momento crucial en la historia judicial del país. “Hoy, unidos, jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendemos la carrera judicial y la división de poderes. Dos pilares fundamentales, para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.
El magistrado dijo: “Es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que representemos élites o ideas conservadoras, la mayoría provenimos del pueblo y de escuelas públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos a personas cuya culpabilidad no se ha comprobado”.
Dijo que la elección de jueces por voto popular no es la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México y la pretención es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo, somos su contrapeso”, aclaró.
Añadió: “Que se escuche fuerte y claro, somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda”.
El magistrado Martínez dijo que lo que pasa es que su función “ahora incomoda. Por ello falsamente se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Reprochó que se ha denostado al sistema de justicia federal, calificándolo como “élite”, “burocracia dorada” y “conservadores llenos de privilegios”, pero que ser miembro de la carrera judicial “es un orgullo, no motivo de vergüenza”.
En cambio, añadió que la reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, “generará jueces sometidos a los intereses de la política. Destruye no sólo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional”.
Advirtió que “la indignación” es general y compartida por todos los jueces, magistrados y base trabajadora, “ante la infamia de disfrazar el despido masivo de juzgadores federales, encubierta en una pretensión de reforma constitucional. Estamos de pie, orgullosos de nuestra trayectoria, de proteger a las personas contra el arbitrario”.
La jueza de distrito, Aidé Guadalupe Rodríguez Hernández, indicó que Guerrero “es el estado con más casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha emitido sentencias en contra de México”.
Recordó los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Pero destacó el caso de Rosendo Radilla, “que de forma involuntaria es la persona más influyente en el Sistema Jurídico Nacional en las últimas décadas. Un modesto campesino y compositor de corridos, que al día de hoy nadie sabe dónde está”.
0Dijo que gran parte de los avances en materia de derechos humanos se los debemos a él y a la lucha de su familia por encontrar la verdad. “Por lo tanto, Guerrero, necesita una justicia de calidad”.
Recordó el amparo que resolvió el juzgado séptimo de Chilpancingo en el caso de la comunidad indígena de Mininuma, municipio de Metlatónoc, en 2007, para la construcción de un centro de salud, “lo resolvió un juez federal egresado de la universidad de Guerrero”, dijo.
Dijo que esa comunidad había sido discriminada debido a que por no contar con el número determinado de habitantes, para tener su centro de salud, “sin embargo, un juez independiente, valiente y protector de los derechos humanos, emitió una sentencia, la cual fue paradigmática en todo el país”.
Indicó que otros jueces han concedido una suspensión para la asignación de maestros en comunidades indígenas y a fin de que se respeten sus derechos humanos.
Destacó que por ello es necesario que los jueces sean autónomos e independientes del poder político en sus decisiones.
Oliver Larumbe Bernal, oficial del Juzgado Séptimo de Distrito, en representación del personal operativo, aseguró que se dice que la reforma no afectará a los trabajadores de base, pero que eso es falso, “porque si no tenemos mandos medios o superiores con los conocimientos, la experiencia y el criterio jurídico necesario para guiarnos. Todo nuestro trabajo será en vano”.
“Además, al desaparecer la carrera judicial, se estará privando a todo el personal jurídico, desde oficiales judiciales, actuarios y secretarios, del incentivo fundamental que nutre día a día para realizar mejor nuestro trabajo, y en aras de lograr la supervivencia de nuestras familias, tendremos que buscar el desarrollo de nuestra profesión en otros campos de acción, generando una fuga de talento y el debacle de esta gran institución”.
“Es por eso que enérgicamente nos oponemos a la elección de jueces, magistrados, y ministros a través del voto popular. Exigimos que se respete la carrera judicial”.
Bianca Zayuri Mora Peralta, secretaria del juzgado primero de distrito, explicó que la mayoría de los que llegan a los distintos cargos en el Poder Judicial, realizan su carrera judicial.
Dijo que la reforma implica la elección de jueces y magistrados por voto popular, pero no solo afecta a éstos, sino que también aniquila la carrera judicial, “corta de tajo la aspiración de nosotros para ser juez o magistrado”.
“Juzgar no es cosa de juego, ni debe ser capricho, sino resultado del mérito y el esfuerzo”, expuso.
Dijo que Guerrero es punta de lanza de los movimientos sociales, “en esta ocasión no debe ser la excepción. Vamos a defender la carrera e independencia judicial, que tanto trabajo nos ha costado”.
Advirtió: “No vamos a permitir que trunquen nuestras aspiraciones, no permitiremos que se hable mal de nuestro trabajo, defendamos juntos nuestra institución”, arengó frente a los más de 100 trabajadores de todas las áreas, que se concentraron en el vestíbulo del edificio, ubicado al sur de la ciudad.
El magistrado José Martínez, informó después, en entrevista, que en agosto el personal tiene considerado realizar acciones de protesta, entre algunas acciones, dijo que podrían convocar a un paro nacional.

Se puede reformar respetando a los poderes

La Bara de Abogados de Acapulco organizó un foro sobre la reforma al Poder Judicial, donde éstos rechazaron que los jueces, ministros magistrados sean elegidos por voto popular y coincidieron en que se debe discutir para hacer adecuaciones, pero respetándose la división de los poderes.
Este viernes, en las instalaciones de la Barra de Abogados, estuvieron secretarios de acuerdo, jueces, ministros, diputados y senadores electos, quienes escucharon la participación de los ponentes, que dieron su punto de vista a la reforma judicial.
La senadora electa, Beatriz Mójica Morga, dijo que es necesaria la reforma judicial y que la elección de ministros, jueces tenga “legitimidad”, además, que sí se va a garantizar la carrera judicial, que se va a respetar en este proyecto que presenta el presidente de la República.
“Necesitamos que la justicia sea más rápida y de eso se trata la reforma judicial”, dijo la senadora electa, quien lamentó que la discusión se centra en la elección de jueces, ministros y magistrados, cuando consideró que el análisis debe ser más profundo.
“La carrera judicial no se va a tocar, que ahí esta, que se va a respetar la carrera judicial por los avances que ha tenido”, dijo la senadora electa, quien indicó que se debe de garantizar la autonomía de los jueces y ministros.
Por su parte, el presidente del Tribunal Colegiado de Acapulco del 21 Circuito, José Miguel López Rodríguez, dijo que la reforma judicial va impactar en lo jurídico y económico, esto último en las inversiones extranjeras, porque “no habrá seguridad judicial”.
Recordó que él, para llegar al lugar donde está, pasó por varios concursos de oposición y consideró que democratizar la elección de los jueces y magistrados, va a “generar intereses de grupos y el Poder Judicial es un contrapeso a los poderes” que está previsto en la Constitución.
“No niego que se debe de reformar”, dijo el magistrado, pero indicó que esto debe revisarse de manera minusiosa.

Son exigencias para subordinarse

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito en Guerrero, con sede en Iguala, se pronunciaron contra de la reforma al Poder Judicial, la cual consideran que es una respuesta a que no se cedió a las exigencias de subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este es un intento de destitución masiva de jueces y magistrados “valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso”, dijeron.
A las 10 de la mañana de este viernes, en el estacionamiento del Juzgado Quinto, en la calle García de la Cadena, de la colonia Centro de Iguala, trabajadores del poder judicial realizaron un acto conmemorativo por el Día del Abogado, en el que rindieron honores a la bandera y luego fijaron su postura ante la reforma judicial.
Fue el juez noveno de distrito, Carlos Arturo Rivero, el encargado de dar lectura al posicionamiento de la Asociación de Juzgadores y Juzgadoras, Magistrados y Magistradas Federales en México.
A este acto asistió también el juez quinto, Pablo Alejandro Tecocoatzi Juárez; el presidente del Colegio de Abogados de la Zona Norte y Tierra Caliente, Francisco Javier Barrera Nava, y trabajadores de ambos juzgados y abogados de la región.
En un amplio pronunciamiento, en el que mencionó ocho puntos, se indica que en este momento crucial en la historia judicial de nuestro país, de jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, “levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, defendemos la carrera judicial y la división de poderes”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial “son una estrategia dilatoria, con la finalidad de frenar la protesta de todos sus integrantes”.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni el Legislativo, somos su contrapeso. La Constitución así lo establece, somos un poder que equilibra, para evitar que los otros dos poderes actúen fuera de la ley”, advirtió.
Señaló que son un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado, “nuestra función ahora incómoda y por ello, falsamente, se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Indica que por no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, “hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales, valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso. La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, generará jueces sometidos a los intereses de la política”.
Calificó de falso que el poder judicial sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la impunidad, el desvío de recursos o las licitaciones corruptas. “El Poder Judicial de la Federación no es causa de los problemas nacionales, sino un remedio contra el abuso del poder”.
En el escrito se autodefinen como intolerantes a la tortura, malos tratos y desapariciones forzadas; “condenamos a delincuentes con pruebas, no por consigna”.