El ex diputado federal de Morena y ex secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, informó que en la acción de inconstitucional realizada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al poder Judicial del estado, ya se formularon los alegatos y se cerró la instrucción, por lo que sólo falta la elaboración del proyecto de resolución para que sea sometido a votación del pleno.
En una consulta telefónica, Cayetano García, quien solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la acción de inconstitucionalidad, explicó que una vez formulados los alegatos y cerrada la instrucción el asunto pasó a manos de la ministra María Estela Ríos González para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Dicha reforma local fue impugnada mediante dos acciones de inconstitucionalidad, tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, hoy fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, debido a diversas irregularidades en los procedimientos.
Cayetano García dijo que ambas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la SCJN, acumuladas en un solo expediente y que ya concluyeron todas las etapas procesales, incluyendo la solicitud de informes y la presentación de alegatos por las partes involucradas.
Actualmente el expediente está en estado de resolución, por lo que el proyecto que resolución podrá ser discutido y votado en el pleno de la SCJN en el transcurso de enero.
Las impugnaciones radican en la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la reforma federal establece que quien obtenga el mayor número de votos en la elección debe asumir la presidencia de dichos órganos, mientras que la reforma local, aprobada por el Congreso del Estado estipula que, aunque se elige por voto popular a los integrantes del pleno, posteriormente se permite que entre ellos elijan quién presidirá los tribunales.
Mientras que la acción de inconstitucionalidad hecha por la Consejería Jurídica de la presidencia es para impugnar los artículos 97, inciso C, párrafo segundo, y 162 Bis, párrafo tercero y cuarto en materia de selección de aspirantes y su insaculación.
Cayetano García consideró que la reforma al poder Judicial local fue hecha a modo por los diputados locales y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes buscan “mantener un Poder Judicial anquilosado y corrupto, situación que será revertida cuando el pueblo elija directamente a sus autoridades judiciales en 2027” (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).
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Caso Abelina y leyes sobre reforma judicial y desapariciones, los pendientes del Congreso
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El Congreso local tendrá pendiente desahogar en 2026 dos casos en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, las adecuaciones a leyes secundarias de la reforma al poder Judicial local, la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Itaigro), así como la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada
El pasado martes, el Congreso cerró su actividad legislativa de 2025, después de celebrar su última sesión ordinaria del año, en la que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 y diversas reformas en materia penal, antes de iniciar un receso de 15 días.
El periodo de descanso de los legisladores inició el pasado martes y se extenderá hasta después del Día de Reyes; la próxima sesión ordinaria está programada para el 7 de enero de 2026.
Aunque solo regresarán a instalar la Comisión Permanente, que inicia por ley el 14 de enero, aún arrastrarán temas que no desahogaron en en 2025.
Uno de los temas que están casi por concluir es la Ley en Materia de Desaparición de Personas, la cual colectivos de búsqueda impulsan desde 2018.
Para dicha ley, el poder Ejecutivo ya destinó 45 millones de pesos para la creación de un Centro de Resguardo e Identificación Humana, el cual era una de las principales exigencias de los colectivos.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la morenista Araceli Ocampo Manzanares, es probable que se apruebe regresando del receso legislativo.
Los procesos ante la Corte
Otro tema es el del Congreso local con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde mantiene un recurso de reclamación en contra para que puedan proceder y desahogar los temas pendientes que involucran a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez.
Además que el Legislativo enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad por la reforma al poder Judicial local.
El recurso de reclamación del Legislativo busca continuar y finalizar los dos procesos que hay en contra de López Rodríguez.
Actualmente la alcaldesa enfrenta en el Congreso un juicio de revocación de mandato, solicitado por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, además que la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal de Justicia Administrativa la negativa de la alcaldesa de comprobar 898 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Ambos procesos están detenidos por un amparo de López Rodríguez.
Sobre las acciones de inconstitucionalidad, se trata de los expedientes 106/2025, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a solicitud del ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, y otra por la presidencia de la República, donde argumentan errores en el método de insaculación para elegir a los candidatos por parte de los tres poderes del estado, y porque contrario a la norma federal, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, en lo local, se elegirán entre ellos y no por voto popular como sí lo fue a nivel nacional.
Leyes secundarias para reforma judicial
El Congreso mantiene sin avances las adecuaciones a las leyes secun-darias sobre la reforma judicial, pese que la reforma judicial se publicó el 26 de agosto de este año en el Periódico Oficial del Estado, y el Congreso se dio un plazo de 180 días para adecuar las distintas leyes, hasta hoy no se han presentando avances o propuestas para ello.
Los 180 días vencen en febrero de este año, por lo que tendría que ser un tema prioritario al iniciar el año, aunque fuentes legislativas indican que los morenistas están a la espera de la reforma electoral federal para iniciar las adecuaciones sobre la judicial.
Algunas de las leyes a reformar serían la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de reglamentos del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Las adecuaciones a los reglamentos y leyes secundarias se tienen que hacer porque la reforma constitucional establece que en el proceso electoral 2026-2027 se renovará la totalidad de los cargos de 25 magistrados del TSJ, a los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados, y los 74 jueces de primera instancia, además de la desaparición de la figura de los jueces de paz.
Desaparición del Itaigro
Otro tema pendiente será la liquidación del Itaigro, el órgano de transparencia estatal, luego de la reforma para desaparecer siete órganos autónomos federales.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo el 13 de agosto, las funciones del Itaigro las asumirá, para el caso del Poder Ejecutivo, y los ayuntamientos la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal; para los órgano autónomos sus respectivos Órganos Internos de Control y para el Poder Judicial el Tribunal de Disciplina Judicial.
Para el caso de los partidos políticos será el Instituto Nacional Electoral (INE), el encargado de la transparencia y acceso a la información.
A pesar que se aprobó su desaparición, están pendientes las leyes secundarias para determinar como se liquidarán a los trabajadores y los mecanismos en los que las dependencias existentes asuman sus nuevas funciones.
Se realizan nuevas asambleas del Plan C en Chilpancingo, Acapulco y Tierra Caliente
María Avilez Rodríguez / José Miguel Sánchez / Daniel Velázquez / Israel Flores
Chilpancingo / Acapulco / Ciudad Altamirano
Este fin de semana se realizaron asambleas para informar a la ciudadanía sobre las reformas constitucionales planteadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el llamado Plan C, que incluye la reforma judicial, la electoral y al sistema de pensiones.
En Acapulco se habló de la propuesta para que las mujeres 60 a 64 años reciban una pensión, como medida de retribución, pues son una población en condición de vulnerabilidad y porque no desarrollaron un trabajo formal, pues la mayoría se dedicó a labores domésticas y no cuentan con pensión.
Mientras que en Chilpancingo se destacó que las pensiones se dan a todos, “no diferencia entre pobres y ricos, porque ya es está en la ley y ahí dice que es para todos”.
Las asambleas nacionales por el Plan C empezaron el pasado 7 de julio. En el primer día se habló de la reforma al Poder Judicial, pero este domingo fue sobre la pensión para mujeres de 60 a 64 años. En esa fecha estaban programadas para Acapulco, Tlapa, Cruz Grande, Benito Juárez (San Jerónimo), Iguala, Chilpancingo y Ciudad Altamirano.
En la capital estatal, este sábado, la senadora electa de Morena, Beatriz Mojica Morga, realizó una asamblea para informar sobre la reforma judicial, y el domingo, en otra actividad organizada por el Comité Ejecutivo Estatal de (CEE) Morena, así como por diputados electos, se habló sobre la reforma al sistema de pensiones.
La mañana del domingo, en asamblea informativa, organizada por el CEE de Morena y dirigida por la secretaria general, Yesenia Salgado Xinol, y diputados electos, hablaron sobre la reforma al sistema de pensiones para que las mujeres de 60 años obtengan el apoyo económico de adultos mayores.
En esta asamblea informativa, que se realizó en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, estuvieron los diputados electos Héctor Suárez Basurto, Jesús Urióstegui García y Carlos Sánchez Barrios; también las diputada electa Diana Bernabé Vega y su suplente, María Luisa Antonio de La O, así como la diputada en funciones Jessica Alejo Rayo. También estuvieron el ex subsecretario de Educación Media y Superior, Marco Antonio Marbán Galván, y el ex aspirante a la alcaldía de Chilpancingo, Alejandro Mendoza Pastrana.
La ponencia en esta asamblea estuvo a cargo de María Luisa Antonio de la O, suplente de la diputada electa Diana Bernabé, quien ante unas 150 personas explicó de que trata la reforma al sistema de pensiones, para que las mujeres tengan derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años.
Durante la explicación, Antonio de la O habló sobre el inicio de los apoyos para adultos mayores que, aseguró, fueron logros de López Obrador cuando éste fue jefe de gobierno en 2000 y que a partir de ahí otros gobiernos estatales y el federal lo retomaron.
“Hoy todos los adultos mayores están recibiendo 6 mil pesos, cuando la derecha sólo daba mil 160, ahorita en la actualidad tenemos 362 mil 282 beneficiarios en Guerrero nada más, vean ustedes que este programa es muy noble, porque se les da a todos, no diferencia entre pobres y ricos, porque ya es está en la es para todos”, dijo Antonio de la O.
Del total de personas beneficiadas en Guerrero, 194 mil 436 son mujeres y con la reforma planteada por el presidente se planea llegar a más personas, “estos programas no son dadivas, es un derecho que nos hemos ganado todos nosotros”, agregó.
Al término de la asamblea, en entrevista, Salgado Xinol dijo que estas actividades son por encargo directo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, “para informar a la ciudadanía en qué consiste el famoso Plan C, porque hay mucha especulación de repente sobre este tema, porque los de enfrente mencionan que nada más se regala el dinero, pero en Morena no se regala nada, se trabaja por los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
Agregó que las asambleas son para explicar los beneficios de las reformas del Plan C y que se realizan de manera simultanea en los 300 distritos electorales federales, con apoyo de las autoridades electas.
Sobre las dobles asambleas que se realizaron el fin de semana en Chilpancingo, Salgado Xinol dijo que es no representa una división dentro de Morena, sino que los senadores electos, explicó, también tienen una encomienda por parte de Sheinbaum Pardo para difundir y explicar de que trata el Plan C.
El sábado, la senadora electa Beatriz Mojica realizó la asamblea informativa sobre las reformas presidenciales, en donde destacó que es “fundamental” la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador.
La reunión se realizó en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, a la que acudieron unas 150 personas. Ahí, la senadora electa dijo que se defenderá el llamado Plan C, las que planteó el presidente y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.
La senadora electa contó que el viernes se reunió con algunos trabajadores del Poder Judicial y les dijo que no se van a vulnerar sus derechos laborales, que se va a continuar con la carrera judicial.
Uno de los presentes pidió la palabra y mencionó, “la reforma que se está proponiendo considero que debe de premiar, no sólo los derechos de los pueblos, también debe de premiar la visibilización de los pueblos indígenas”.
Manifestó que los pueblos indígenas no son un objeto sino sujetos de derecho, “la propuesta concreta es que se logre esta reforma la visibilización que esté presente en toda la sociedad de México”.
En las intervenciones mencionaron que la reforma judicial no debe permitir nepotismo, familiares y privilegios.
La segunda jornada en Acapulco
En la segunda jornada de asambleas informativas por el Plan C en Acapulco, se habló de la propuesta para que las mujeres 60 a 64 años reciban una pensión como medida de retribución, pues son una población en condición de vulnerabilidad, porque no desarrollaron un trabajo formal, pues la mayoría se dedicó a labores domésticas y no cuentan con pensión.
Otra vez no hubo autoridades electas, la única que asistió a encabezar la reunión fue la síndica electa Estrella de la Paz Bernal. No hubo diputados locales ni federales, que son los que van a aprobar la reformas cuando asuman el cargo, en septiembre de este año.
El viernes 5, cuando se anunciaron las asambleas, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, dijo que las asambleas estarían encabezadas por las autoridades electas, alcaldes, diputados federales y locales.
A la asamblea, que se realizó en la cancha techada de la colonia La Máquina, acudieron unas cien personas, en su mayoría mujeres. La responsable de hablar de la reforma, comisionada por el Instituto Nacional de Formación Política, fue la ex secretaria de Desarrollo Social del municipio, Milly Ramírez Olmedo.
Ramírez Olmedo explicó que la pensión para mujeres de 60 a 64 años es una propuesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque con los estudios que se han hecho se sabe que las mujeres de esta edad se encuentran en condición de vulnerabilidad, porque la mayoría no ejerció un trabajo formal sino que se dedicaron a atender a la familia en el hogar. “Es un reconocimiento para recompensar a las mujeres”.
Explicó que la propuesta consiste en dar un apoyo bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años, la edad es limitada a los 64 años, porque a partir de los 65 años entrarán al programa de pensión universal para adultos mayores.
Explicó que a partir de 2025 se abrirá el padrón para registrar a las mujeres beneficiarias, a los hombres de esa edad les dijo que por el momento sólo se prevé esa ayuda para mujeres; pero recordó que los hombres de esa edad sí reciben una pensión, porque tuvieron un empleo formal, en cambio las mujeres de 60 a 64 años todavía salen a trabajar, por la desigualdad que hay.
Otro factor por el que se decidió dar un apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, es porque son las personas que sufren violencia por parte de sus hijos, por lo que pidió a los jóvenes que se encontraban en el lugar que cambien esa conducta.
Indicó que la lucha feminista ha logrado avances y ahora hay leyes a favor de las mujeres, pero antes, las mujeres que sufrían violencia no tenían ni el respaldo de la familia, pues se consideraba que esa había sido su elección.
Milly Ramírez convocó a los asistentes a acudir a las asambleas que se convocan para hablar de las reformas que propuso el presidente de la República, que no se dejen engañar.
Recordó que en el país son 12 millones 231 mil adultos mayores los que reciben la pensión universal de 6 mil pesos, en el anterior sexenio las pensiones que se daban a los adultos mayores eran de mil 100 pesos.
Con la síndica electa estuvieron los ediles en funciones Melitón Ortega y José Antonio Carbajal Moreno, en su mensajes destacaron que López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido el país.
Pequeñas reuniones en plazas de Tierra Caliente
En Tierra Caliente las asambleas informativas de Morena, acerca de las reformas estructurales, no se han realizado como tal, sino que sólo se coloca una persona con una bocina a hablar en las plazas principales, para que cualquier persona que pase pueda escuchar.
En Ciudad Altamirano, Ajuchitlán y Tlapehuala han llegado los militantes de Morena con una bocina, a colocarse en las plazas principales para informar públicamente acerca de las reformas estructurales y las propuestas que serán enviadas al Congreso.
El ex diputado local Ramiro Alonso de Jesús, que es uno de los encargados de la labor informativa de las reformas estructurales, confirmó que están llegando con el equipo de sonido para informarle a la gente acerca de lo que se pretende hacer y que no necesariamente se convoca a sectores especiales de la población para realizar una asamblea formal.
Dijo que es el tercer fin de semana de actividades. En el primero promovieron la reforma al Poder Judicial de la Federación, el segundo fin de semana se informó sobre la propuesta de reducir a 60 años el apoyo de adultos mayores para mujeres y este domingo, le tocó turno a hablar de la propuesta de la beca universal para todos los alumnos del nivel básico.
El próximo domingo tocaría la promoción de la propuesta de que los burócratas del ISSSTE se puedan jubilar con el 100 por ciento de su salario.
Confirmó que ya recorrieron las plazas de Ajuchitlán y Ciudad Altamirano, pero que además, van a seguir llegando a los diferentes municipios, donde se colocan en puntos de concentración con su equipo de sonido para informar.
Abogados se declaran defensores del equilibrio de poderes; rechazan que jueces sean votados
Personal del Poder judicial de la Federación, de todos los niveles se manifestaron contra la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección de jueces por votación popular. Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes / Aurora Harrison / Alejandro Guerrero
Chilpancingo / Acapulco / Iguala
Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de Chilpancingo e Iguala; así como la Barra de Abogados de Acapulco, se dijeron defendores la independencia, autonomía y la división de poderes; por lo que rechazaron que los integrantes de los tribubales sean elegidos por elección popular y coincidieron en que se deben analizar las propuesta de adecuación, pero respetándose la independencia judicial.
En la capital estatal, personal del tribunal del 21 Circuito del Poder Judicial de la Federación, de todos las categorías, defendió la independencia, autonomía y la división de poderes de la institución, así como la carrera judicial, ante la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la ceremonia con motivo del Día del Abogado, representantes de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y personal operativo, expresaron posturas en contra de la reforma judicial, que implica, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
Advirtieron que van a defender la institución hasta sus últimas consecuencias y anunciaron acciones de protesta partir de agosto.
El magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del 21 Circuito, Gerónimo José Martínez Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto, explicó que si se aprueba la reforma la clase política vendrá a suplir las funciones de los juristas.
Antes, en su intervención, dijo que se vive un momento crucial en la historia judicial del país. “Hoy, unidos, jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendemos la carrera judicial y la división de poderes. Dos pilares fundamentales, para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.
El magistrado dijo: “Es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que representemos élites o ideas conservadoras, la mayoría provenimos del pueblo y de escuelas públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos a personas cuya culpabilidad no se ha comprobado”.
Dijo que la elección de jueces por voto popular no es la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México y la pretención es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo, somos su contrapeso”, aclaró.
Añadió: “Que se escuche fuerte y claro, somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda”.
El magistrado Martínez dijo que lo que pasa es que su función “ahora incomoda. Por ello falsamente se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Reprochó que se ha denostado al sistema de justicia federal, calificándolo como “élite”, “burocracia dorada” y “conservadores llenos de privilegios”, pero que ser miembro de la carrera judicial “es un orgullo, no motivo de vergüenza”.
En cambio, añadió que la reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, “generará jueces sometidos a los intereses de la política. Destruye no sólo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional”.
Advirtió que “la indignación” es general y compartida por todos los jueces, magistrados y base trabajadora, “ante la infamia de disfrazar el despido masivo de juzgadores federales, encubierta en una pretensión de reforma constitucional. Estamos de pie, orgullosos de nuestra trayectoria, de proteger a las personas contra el arbitrario”.
La jueza de distrito, Aidé Guadalupe Rodríguez Hernández, indicó que Guerrero “es el estado con más casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha emitido sentencias en contra de México”.
Recordó los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Pero destacó el caso de Rosendo Radilla, “que de forma involuntaria es la persona más influyente en el Sistema Jurídico Nacional en las últimas décadas. Un modesto campesino y compositor de corridos, que al día de hoy nadie sabe dónde está”.
0Dijo que gran parte de los avances en materia de derechos humanos se los debemos a él y a la lucha de su familia por encontrar la verdad. “Por lo tanto, Guerrero, necesita una justicia de calidad”.
Recordó el amparo que resolvió el juzgado séptimo de Chilpancingo en el caso de la comunidad indígena de Mininuma, municipio de Metlatónoc, en 2007, para la construcción de un centro de salud, “lo resolvió un juez federal egresado de la universidad de Guerrero”, dijo.
Dijo que esa comunidad había sido discriminada debido a que por no contar con el número determinado de habitantes, para tener su centro de salud, “sin embargo, un juez independiente, valiente y protector de los derechos humanos, emitió una sentencia, la cual fue paradigmática en todo el país”.
Indicó que otros jueces han concedido una suspensión para la asignación de maestros en comunidades indígenas y a fin de que se respeten sus derechos humanos.
Destacó que por ello es necesario que los jueces sean autónomos e independientes del poder político en sus decisiones.
Oliver Larumbe Bernal, oficial del Juzgado Séptimo de Distrito, en representación del personal operativo, aseguró que se dice que la reforma no afectará a los trabajadores de base, pero que eso es falso, “porque si no tenemos mandos medios o superiores con los conocimientos, la experiencia y el criterio jurídico necesario para guiarnos. Todo nuestro trabajo será en vano”.
“Además, al desaparecer la carrera judicial, se estará privando a todo el personal jurídico, desde oficiales judiciales, actuarios y secretarios, del incentivo fundamental que nutre día a día para realizar mejor nuestro trabajo, y en aras de lograr la supervivencia de nuestras familias, tendremos que buscar el desarrollo de nuestra profesión en otros campos de acción, generando una fuga de talento y el debacle de esta gran institución”.
“Es por eso que enérgicamente nos oponemos a la elección de jueces, magistrados, y ministros a través del voto popular. Exigimos que se respete la carrera judicial”.
Bianca Zayuri Mora Peralta, secretaria del juzgado primero de distrito, explicó que la mayoría de los que llegan a los distintos cargos en el Poder Judicial, realizan su carrera judicial.
Dijo que la reforma implica la elección de jueces y magistrados por voto popular, pero no solo afecta a éstos, sino que también aniquila la carrera judicial, “corta de tajo la aspiración de nosotros para ser juez o magistrado”.
“Juzgar no es cosa de juego, ni debe ser capricho, sino resultado del mérito y el esfuerzo”, expuso.
Dijo que Guerrero es punta de lanza de los movimientos sociales, “en esta ocasión no debe ser la excepción. Vamos a defender la carrera e independencia judicial, que tanto trabajo nos ha costado”.
Advirtió: “No vamos a permitir que trunquen nuestras aspiraciones, no permitiremos que se hable mal de nuestro trabajo, defendamos juntos nuestra institución”, arengó frente a los más de 100 trabajadores de todas las áreas, que se concentraron en el vestíbulo del edificio, ubicado al sur de la ciudad.
El magistrado José Martínez, informó después, en entrevista, que en agosto el personal tiene considerado realizar acciones de protesta, entre algunas acciones, dijo que podrían convocar a un paro nacional.
Se puede reformar respetando a los poderes
La Bara de Abogados de Acapulco organizó un foro sobre la reforma al Poder Judicial, donde éstos rechazaron que los jueces, ministros magistrados sean elegidos por voto popular y coincidieron en que se debe discutir para hacer adecuaciones, pero respetándose la división de los poderes.
Este viernes, en las instalaciones de la Barra de Abogados, estuvieron secretarios de acuerdo, jueces, ministros, diputados y senadores electos, quienes escucharon la participación de los ponentes, que dieron su punto de vista a la reforma judicial.
La senadora electa, Beatriz Mójica Morga, dijo que es necesaria la reforma judicial y que la elección de ministros, jueces tenga “legitimidad”, además, que sí se va a garantizar la carrera judicial, que se va a respetar en este proyecto que presenta el presidente de la República.
“Necesitamos que la justicia sea más rápida y de eso se trata la reforma judicial”, dijo la senadora electa, quien lamentó que la discusión se centra en la elección de jueces, ministros y magistrados, cuando consideró que el análisis debe ser más profundo.
“La carrera judicial no se va a tocar, que ahí esta, que se va a respetar la carrera judicial por los avances que ha tenido”, dijo la senadora electa, quien indicó que se debe de garantizar la autonomía de los jueces y ministros.
Por su parte, el presidente del Tribunal Colegiado de Acapulco del 21 Circuito, José Miguel López Rodríguez, dijo que la reforma judicial va impactar en lo jurídico y económico, esto último en las inversiones extranjeras, porque “no habrá seguridad judicial”.
Recordó que él, para llegar al lugar donde está, pasó por varios concursos de oposición y consideró que democratizar la elección de los jueces y magistrados, va a “generar intereses de grupos y el Poder Judicial es un contrapeso a los poderes” que está previsto en la Constitución.
“No niego que se debe de reformar”, dijo el magistrado, pero indicó que esto debe revisarse de manera minusiosa.
Son exigencias para subordinarse
Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito en Guerrero, con sede en Iguala, se pronunciaron contra de la reforma al Poder Judicial, la cual consideran que es una respuesta a que no se cedió a las exigencias de subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este es un intento de destitución masiva de jueces y magistrados “valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso”, dijeron.
A las 10 de la mañana de este viernes, en el estacionamiento del Juzgado Quinto, en la calle García de la Cadena, de la colonia Centro de Iguala, trabajadores del poder judicial realizaron un acto conmemorativo por el Día del Abogado, en el que rindieron honores a la bandera y luego fijaron su postura ante la reforma judicial.
Fue el juez noveno de distrito, Carlos Arturo Rivero, el encargado de dar lectura al posicionamiento de la Asociación de Juzgadores y Juzgadoras, Magistrados y Magistradas Federales en México.
A este acto asistió también el juez quinto, Pablo Alejandro Tecocoatzi Juárez; el presidente del Colegio de Abogados de la Zona Norte y Tierra Caliente, Francisco Javier Barrera Nava, y trabajadores de ambos juzgados y abogados de la región.
En un amplio pronunciamiento, en el que mencionó ocho puntos, se indica que en este momento crucial en la historia judicial de nuestro país, de jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, “levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, defendemos la carrera judicial y la división de poderes”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial “son una estrategia dilatoria, con la finalidad de frenar la protesta de todos sus integrantes”.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni el Legislativo, somos su contrapeso. La Constitución así lo establece, somos un poder que equilibra, para evitar que los otros dos poderes actúen fuera de la ley”, advirtió.
Señaló que son un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado, “nuestra función ahora incómoda y por ello, falsamente, se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Indica que por no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, “hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales, valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso. La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, generará jueces sometidos a los intereses de la política”.
Calificó de falso que el poder judicial sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la impunidad, el desvío de recursos o las licitaciones corruptas. “El Poder Judicial de la Federación no es causa de los problemas nacionales, sino un remedio contra el abuso del poder”.
En el escrito se autodefinen como intolerantes a la tortura, malos tratos y desapariciones forzadas; “condenamos a delincuentes con pruebas, no por consigna”.
En Tlapa le piden a Mojica que vote en el Senado contra la reelección de funcionarios
Carmen González Benicio
Tlapa
En la asamblea informativa en Tlapa sobre las reformas presidenciales, los asistentes le autorizaron a la senadora electa, Beatriz Mojica Morga, que vote a favor de éstas, sobre todo en la que incluye la no reelección.
La asamblea, realizada en la colonia 5 de Mayo, se hizo con militantes y simpatizantes de Morena, a quienes les entregó reconocimientos por promover el voto en la pasada elección.
Mojica Morga informó sobre las seis iniciativas que se pretenden aprobar en septiembre, la de becas escolares, de media pensión, la no reelección, ISSSTE, la reforma judicial y la iniciativa indígena y afromexicana, que será la primera, por la prioridad.
La reforma judicial fue la más detallada con la presentación de Misael Medrano, sin que hubiera comentarios.
Una que sí fue comentada fue la relativa a la no reelección, porque no están de acuerdo en eso, porque contravenía la lucha histórica del pueblo, aunque en la Montaña hay pueblos conscientes que votaron en contra de eso y muchos reeleccionistas perdieron, dijo dirigente social Claudio Ortega.
Agregó sobre la Reforma Judicial que se abría la posibilidad de que los profesionistas aspiraran a cargos sin padrinazgos o recursos.
Le pidió a la senadora electa que empuje otras iniciativas, como la de la luz eléctrica, porque siguen las tarifas altas, los cobros poco confiables y los adeudos históricos, para que haya borrón y cuenta nueva, como en otros estados.
Mojica Morga sobre la reelección dijo que se pensaba que ayudaba a tener mejores gobierno, para mejorar las cosas al aprender; sin embargo, se comprobó que usan el erario público para continuar.
Dijo que Tlapa fue uno de esos caso, en donde en 2021 le arrebataron el municipio a Morena y en esta elección usaron el erario público para mantener el poder.
Con la reelección se generaron pequeñas monarquías, con 10 años de poder, con hijos y esposas, cuando el poder no se hereda.
Otras personas plantearon la ampliación de la carretera Tlapa-Chilpancingo y a las cabeceras municipales.
Sobre la reforma indígena y afromexicana, dijo que era de suma importancia para Guerrero, para que sea parte de la política pública y se echen a andar los planes de justicia y de desarrollo del gobierno federal.
Está a favor de la votación para ministros y magistrados locales, dice el presidente del TSJ
Ramón Gracida Gómez / Brenda Escobar / Israel Flores / Alejandro Guerrero
Acapulco / Zihuatanejo / Pungarabato / Iguala
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, argumentó en el foro en Acapulco sobre la reforma judicial, a favor de la elección popular de ministros y magistrados locales, porque sus funciones son “de naturaleza jurisdiccional y política”, pero no de los jueces.
En su ponencia, de casi media hora, en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), dijo que la iniciativa de reforma judicial busca una justicia “más cercana a la gente, que atienda con sensibilidad, prontitud, vocación de servicio, las necesidades específicas de la colectividad. No obstante, me parece, hay algunas áreas de mejora en las que habrá de ponerse atención para el buen éxito de la reforma”.
De la eliminación de un haber retiro para los ministros, magistrados y jueces, dijo que “habemos servidores públicos de carrera, con más de 40 años en el servicio público en el Poder Judicial. Creo que todo aquel que ha prestado un servicio en favor del pueblo, en favor de la sociedad de Guerrero, tiene derecho a una jubilación digna, que le permita vivir sus últimos días, ya enfermo. El que no es diabético en el Poder Judicial, es hipertenso, porque vivimos cada día muchos problemas que a veces se desconocen”.
El presidente del TSJ afirmó que con la propuesta de elegir por voto ciudadano a los funcionarios que imparten justicia “se busca, desde luego, que quienes tienen la alta responsabilidad de juzgar, cuenten con la legitimidad democrática necesaria, a fin de que respondan a los intereses de la sociedad”.
Pero “la impartición de justicia exige un alto grado de preparación profesional y experiencia práctica en las personas juzgadoras”, señaló y dijo que la función de juzgar no es “sencilla, aquí tienes que prepararte diariamente, capacitarte cotidianamente”.
En Guerrero, el Instituto para el Mejoramiento Judicial a través de su escuela judicial, “tenemos una capacitación permanente, en donde hoy, hasta un oficial administrativo ya tiene el carácter de doctor”.
Propuso un examen de oposición para los candidatos al Poder Judicial, además, los jueces elegidos deben tener perfiles y habilidades específicos, así como una especialización, “en el Poder Judicial de Guerrero las cosas se están haciendo bien, hemos sido muy estrictos”.
El presidente del TSJ señaló: “Me parece que no sería conveniente la elección de juezas y jueces, y me refiero en concreto, si esto llegara a aprobarse por el Congreso del Estado, a los jueces y juezas del estado de Guerrero, ¿por qué? Porque sin duda el juez, la jueza, es quien tiene el primer contacto con la sociedad y es quien lleva todo el proceso en una primera instancia”.
“No es recomendable someter a elección al juez. Si quieren hacerlo con los ministros, con los magistrados federales, inclusive con los magistrados locales y el tribunal de disciplina, adelante, pero no con los jueces. Es una situación que tienen que valorar, tanto los diputados federales, los senadores de la República y también, en este caso si llegara a darse, el Congreso del Estado”.
Indicó que las funciones de la SCJN y de los tribunales superiores y supremos del país “son de naturaleza jurisdiccional y política, por ser éstos los máximos órganos de gobierno del Poder Judicial correspondiente. Por ello, para que en esa medida, quienes encarnan directamente las más altas categorías de dichos órganos sí deberían de tener legitimidad democrática directa, pero no así. Como ya lo dije”.
Además, la sustitución de los jueces acarrea otros desafíos, “puesto que evidentemente no es lo mismo sustituir a 11 ministros y a mil 537 magistradas y magistrados, que a 5 mil 135 juezas y jueces”, de acuerdo con los datos de 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citó Casarrubias Vázquez.
Asimismo, advirtió: “Otro problema que se avizora es el retraso de la impartición de justicia, por la sustitución simultánea de todas las personas juzgadoras. Así, por ejemplo, en la materia penal, por disposición del código nacional de procedimientos penales, la persona que preside la audiencia-juicio es la que debe dictar el fallo correspondiente, en caso de no hacerlo, se deberá reponer el procedimiento”, por eso, la sustitución debe ser “escalonada”.
Antes, en la inauguración del evento, el presidente estatal de Morena y el reelecto diputado local, Jacinto González Varona, destacó que la reforma establece que en seis meses se puedan resolver controversias fiscales “que se llevan años” y los asuntos penales en un año; además, la reducción del número de ministros y de años en cargo, va a evitar el “cacicazgo” dentro del Poder Judicial y ahorro de dinero por salarios y por pensiones que ya no se van a otorgar.
Defendió la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, porque tanto éste como el Legislativo y el Ejecutivo van a lanzar a sus candidatos, “no creo que el Poder Judicial quiera ir a proponer a alguien que no es profesional en la materia”.
En el presídium también estuvieron la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y diputada reelecta, Citlali Calixto Jiménez; sus compañeras morenistas electas Marisol Bazán Fernández, del distrito 04, y la plurinominal Glafira Prudente Meraza, así como la ex legisladora local del Partido Verde, María Luisa Vargas Mejía.
También la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de Guerrero, Lucila Rangel Santos; el senador suplente de Félix Salgado Macedonio, Arturo Pérez Pérez, y el director del ITA, Salvador Herrera Soriano.
El evento empezó después de las 9 de la mañana, y fue programado hasta las 3 de la tarde, con cuatro mesas temáticas: Nueva Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Elección Popular de Ministros, Magistrados y Jueces; Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y Justicia Expedita y Equilibrio entre Poderes.
Participaron el presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la República Mexicana (Coparmex) Acapulco, Ignacio Rendón Romero.
Acudieron unas 70 personas y abogados, quienes expresaron los pro y contra de de la iniciativa de reforma judicial, se argumentó a favor para acabar con el “influyentismo” que se vive dentro del Poder Judicial, pero también se advirtió de la “politización” de la elección de los ministros, magistrados y jueces.
Zihuatanejo
En Zihuatanejo, un centenar de personas participaron en el Foro Ciudadano y Parlamento abierto sobre la Reforma Judicial, que se llevó a cabo en el auditorio del Tecnológico Nacional de México campus Costa Grande, en donde al término de la exposición los asistentes pudieron plasmar en la aplicación de estos foros, sus opiniones sobre el Poder Judicial “que tenemos” y el “que queremos”.
El conocido abogado Gonzalo Castro Reyes, quien es catedrático de esta institución, explicó ampliamente en qué consisten las reformas a 15 artículos de la Constitución que tienen relación con el Poder Judicial, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que los objetivos de esta reforma es contar con una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que haya eficiencia austeridad y transparencia en el máximo tribunal.
Luego de su amplísima exposición, hicieron uso de la palabra algunos de los ahí presentes para dar sus opiniones respecto a la lentitud con la que se llevaban a cabo los procesos, incluidos los de los juicios orales, así como también salieron a relucir comentarios respecto a la corrupción existente entre los jueces, para vender la ley al mejor postor.
Después, a través de su teléfono celular y un código QR, los ahí presentes entraron a la aplicación de estos foros para responder a las preguntas, “¿qué Poder Judicial tenemos?”, y “¿qué Poder Judicial queremos?”.
Los participantes expresaron que hay un Poder Judicial “corrupto, lento en la impartición de justicia, intocable, estancado, ineficiente, empolvado, le falta justicia social, sin valores, déspota, falta de actualización, parcial, solamente beneficia a ciertas personas”.
En la pregunta, “¿qué Poder Judicial queremos?”, respondieron: “Imparcial, uno que le cobre a Ricardo Salinas Pliego, transparente, que hagan bien su trabajo, neutral, justo, que haga que la justicia sea pronta y expedita, que realmente imparta justicia, un poder que acabe con la impunidad, que sea humanista, del pueblo y para el pueblo, comprometido con la ciudadanía, humanista no clasista”.
A la tercera pregunta, “¿qué opinan del foro?”, contestaron: “Muy claro, productivo e incluyente; informar al pueblo debería ser siempre la misión principal, sólo es para compartir opiniones porque en realidad el gobierno hace y realiza lo que quiere, excelente medio para socializar la información, fue muy claro y fácil de entender, necesario para que abogados, servidores públicos y sociedad en general conozcan de qué trata la reforma y no estar especulando”.
Pungarabato
Este jueves se realizó un foro informativo acerca de la reforma judicial, en la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, ubicada en la localidad Los Limones, del municipio de Pungarabato, con una baja asistencia, con trabajadores de la universidad y algunos militantes de Morena.
El foro tenía programada la presencia de abogados, de autoridades municipales, y representaciones de diferentes sectores sociales, pero no acudieron al evento. La invitación y la organización del evento estuvo a cargo de la rectora Zaira Gama Palacios.
En el evento estuvo Joel Palacios Hernández y Fabiano Alfaro Fierros, juez de ejecución penal en Guerrero.
Entre el público estuvo como abogado solamente el ex diputado local del PRD, Ramiro Alonso de Jesús, quien ahora está con Morena y forma parte de la campaña de promoción y difusión de la reforma judicial que se avecina.
Sin embargo, no tuvo ponencia registrada. El resto del público formó parte de la militancia de Morena, estuvo Arturo Iglesias, que es arquitecto y regidor en Pungarabato.
Incluyendo al personal de la misma institución que ingresó al foro, asistieron unas 40 personas.
En su ponencia, el juez dijo que hablaría a título personal y no a nombre de la institución del Poder Judicial, dijo que la reforma se trata de una reforma meramente política y que se tendrá que resolver por esa vía.
“No debemos de perder de vista que es un tema político, no hay que perder de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en determinados asuntos juega un papel político, porque resuelve asuntos meramente políticos y si nos vamos a la historia, la Constitución política de un país de todos los estados del mundo en su Constitución, tratan de establecer cómo se va a ejercer ese poder y el grupo que se encuentra gobernando. Siempre va a tratar de controlar ese poder”.
Dijo que todavía falta conocer algunos detalles de esa reforma, que no ha sido clara, porque no se conoce a detalle los temas de la elección de ministros y magistrados, “pero que tendrá que informarse en su momento”.
Iguala
En el foro ciudadano realizado en esta ciudad, para analizar y discutir la reforma judicial, empresarios de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), propusieron que en esta iniciativa constitucional, que plantea que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por sufragio universal, deben ser personas con los mejores talentos y conocimientos.
Al encuentro, que se realizó en el salón de fiestas Rinconada, ante unos 100 asistentes, entre ellos académicos, abogados, empresarios, autoridades en funciones y electas, la mayoría afines a Morena, también se propuso “desaparecer” el Consejo de la Judicatura federal y crear dos nuevas instituciones, que puede ser un Tribunal de Disciplina y un órgano administrativo autónomo, donde no participe el Poder Judicial, que consideraron que en la actualidad “se encuentra en los límites de la ingobernabilidad”.
Al inicio de los foros, la magistrada Indalecia Pacheco León abrió con una conferencia magistral, en la que sostuvo que la reforma judicial, que interesa al presidente López obrador y a Morena, “a mí no me asusta, me complace parcialmente porque el Poder Judicial de la Federación y el local, es añejo en su estructura, prácticas y vicios que han generado agravios diversos en la sociedad”.
Indicó que en el Poder Judicial federal gozan de privilegios, “porque es cierto que tienen privilegios extraordinarios, que nosotros los locales no tenemos, y es importante que lo sepa la ciudadanía”. Señaló que a diferencia de los federales que “tienen salarios muy altos. En los podres judiciales locales tenemos salarios muy bajos”.
Asimismo, dijo que por la opacidad con la que se conduce en todos los aspectos, incluso la sociedad no conoce la forma en que resuelven, no se publicitan las sentencias y falta de sanción a los malos operadores de justicia, a quienes sólo se les cambia de lugar, pero no se les destituye para limpiar esos espacios de justicia, lo que provoca que la población perciba una impartición de justicia que es oscura y que es desigual.
Agregó que le complace parcialmente esta reforma, sólo en cuanto a que sí es necesario que se sustituya a los consejos de la judicatura que actualmente “son juez y parte”.
Pacheco León resumió que los objetivos de la reforma darán una integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de eficiencia, austeridad y transparencia, habrá también una elección popular de ministros, magistradas y jueces, porque el fundamento es que así se legitima la democracia.
Habrá sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal de disciplina judicial y nuevas reglas procesales para que los procesos sean más cortos. Se reduce el número de ministras y ministros, de 11 a nueve, y se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Asimismo, se limita la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y sus remuneraciones van a ajustarse al tope máximo establecido para el presidente.
La bienvenida la dio la diputada local electa del distrito 22, Luissana Ramos Pineda, quien dijo que, si bien “hay mitos” de lo que va a ser la reforma judicial, “también hay realidades y la exigencia de la ciudadanía, sin duda alguna, es que la reforma sea un hecho a través de las cámaras de diputados y senadores, destacando que en Guerrero tenemos a una persona que nos va a representar muy bien, el ingeniero Félix Salgado Macedonio”.
La que fue también secretaria particular de la ex presidente del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca, presa desde 2014 por delincuencia organizada y lavado de dinero, dijo que como ciudadanía cuestionan: “¿Por qué se ha dejado libre, sin sentencia, y por qué muchas veces no se les infundan cargos a quienes han robado del erario público? Como Rosario Robles, entre otras personalidades, eso es lo que exigimos y es lo que quiere la gente”.
Entre las ponencias presentadas, la empresaria y representante de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, que agrupa 257 cámaras en el país, Elvira Durán Ramírez, planteó la postura en la que dijo que para la elección universal que se propone dentro del Poder Judicial, se deberá cuidar que sean personas con los mejores talentos y conocimientos en la materia.
“Si queremos que la reforma apunte a una verdadera evolución del modelo de impartición de justicia, tenemos que tener al frente para ser votados, a personas con la mayor preparación, mayor experiencia, mejores talentos y por supuesto, una sólida honestidad”, dijo y agregó que también se deben revisar los mecanismos de selección de los propuestos para ser votados, a fin de que hayan cumplido con los requisitos señalados.
Por su parte, el es senador por el PRD y ex candidato a la alcaldía de Teloloapan por Morena, Valentín Guzmán Soto, en su ponencia indicó que “no habrá cuarta transformación de México si no se recupera el Estado de Derecho”, y advirtió que “el Poder Judicial se encuentra en los límites de la ingobernabilidad”.
Propuso desaparecer el Consejo de la Judicatura federal y crear dos nuevas instituciones, que puede ser un tribunal de disciplina y un órgano administrativo autónomo.
Entre los asistentes se vio a la diputada local electa del distrito 23, Ana Lilia Botello Figueroa; al delegado de Gobierno de la zona Norte, Rodolfo Martínez; a la hermana de la gobernadora Evelyn Salgado, Celeste Salgado Pineda; al jefe jurisdiccional, David Flores Botello; así como ex funcionarios del PRD ahora afines a Morena, así como funcionarios electos.