Yee Trujillo
En el conversatorio La adaptación al cambio climático y la recuperación de Acapulco, Guerrero por el huracán Otis, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), representantes de organismos, dependencias y sociedad civil que intervinieron en la contingencia coincidieron en la necesidad de crear resiliencia y reconstruir con un enfoque multisectorial ante un mayor riesgo, la vulnerabilidad existente construida socialmente y los futuros impactos que no tienen vuelta atrás, y destacaron que las experiencias y trabajo conjunto ha servido para atender desastres posteriores.
En la transmisión en internet que reunió a los especialistas desde distintos puntos vía Zoom y duró poco más de dos horas, la coordinadora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático GIZ, Ana Lorena Gudiño Valdez, consideró que es el momento perfecto para que Acapulco se reconstruya en infraestructura, nuevas políticas y acciones, pero también en el aspecto social, de apropiación, con soluciones basadas en la naturaleza y comunidades, recuperación de manglares, ecosistemas costeros, lagunares y arrecifal, con una propuesta actualizada para adaptarse y evitar que sigan estos impactos, y reconocer que la infraestructura tiene que visualizarse desde otra perspectiva.
Agregó que la planeación de Acapulco tiene que reconsiderar los impactos inminentes que no tienen vuelta atrás como el mar de fondo, vientos de más de 350 kilómetros por hora, la cantidad de lluvia “impresionante”, porque no se puede seguir creciendo con un cambio de uso de suelo por asentamiento humano que va a provocar reblandecimientos y deslaves que han sido constantes en los últimos 30 años.
Subrayó que no hay financiamiento que alcance cuando se tiene el impacto inminente. Recordó los desastres desde 1997 con Paulina que dejó un impacto enorme, en 2013 Max, 2019 Narda, 2021 Rick, 2023 Otis, 2024 John, que ya existía un patrón latente entre septiembre y octubre que no permitía la recuperación, y que con Erick en junio cambió el patrón de intensidad y frecuencia, que aunado a los daños este mes en cinco estados son una alerta y deberían prepararnos para ser más resilientes ante un mayor riesgo.
Contó que cuando ocurrió Otis todavía estaba activo el proyecto Adaptación al Cambio Climático basada en Ecosistemas con el Sector Turismo y se instaló la mesa de emergencia de la que surgió la elaboración de una guía de reconstrucción, que no terminaría ni en tres o cuatro años porque no es sólo la infraestructura sino todos los demás aspectos.
Gudiño Valdez expresó que la segunda lección es que además de ser un proceso intersectorial se debe trabajar la acción climática o resiliencia estatal de la mano y en tres niveles: con marcos habilitadores, que son instrumentos legales y de política pública; el marco soporte enfocado en el desarrollo de capacidades y proceso financiero; y el de implementación en el territorio para identificar qué se necesita.
También dijo que aún hay mucho por hacer en sistemas de alerta temprana, llamó a replantear los fondos para atención a desastres, porque el sector privado no puede apoyar solo, y el fortalecimiento de los seguros.
Otis desnudó vulnerabilidades de décadas: Cenapred y PNUD
El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz, consideró que Otis representó uno de los mayores desafíos y encontró condiciones prexistentes de vulnerabilidad física, económica, social, ambiental, “de todo tipo”, que se construyeron a lo largo de décadas, y que revertirlo “no es algo sencillo” sino que requiere enfoques multisectoriales para reducir daños y pérdidas, con coherencia en las políticas públicas, para tener conocimiento del riesgo, diseñar estrategias y tomar decisiones no sólo ante huracanes sino sismos o inclusive actividades humanas que representen un retroceso.
Expresó que “los desastres no son naturales sino son construcciones sociales, hay que entender qué significa la construcción social del riesgo, no es nada más una frase, no es nada más algo de moda, es entender dónde subyacen los factores causales del riesgo”, en las políticas de desarrollo social, ordenamiento territorial, salud, medio ambiente, y que ahora se agravan con el cambio climático que “ya no es reversible, ya está aquí” y sus escenarios comprometen la seguridad humana en todas sus dimensiones, hasta la alimentaria por sequías o lluvias, y con un clima cada vez más extremo “vamos por el camino, pero requerimos echarle más ganas todos”.
Expuso que con Otis se contabilizaron 800 mil pobladores afectados, 52 personas fallecidas, 31 localizadas, 300 mil viviendas dañadas, mil escuelas, 126 unidades de salud, daños y pérdidas por 84 mil millones de pesos, con un impacto generalizado: 26 por ciento en sectores sociales, 31 en turismo, comercio agricultura y medio ambiente, 10 en infraestructura económica, y 32 en otros rubros, que confirman que el trabajo debe ser multisectorial y la recuperación resiliente a largo plazo con enfoque humanista y social.
Llamó a utilizar el Atlas Nacional de Riesgo que cubre el 60 por ciento de la población y añadió que vinculando todo esto está el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum para el desarrollo económico de Acapulco para que se tome en consideración la gestión de riesgo y no repetir errores del pasado.
El coordinador de proyectos de resiliencia y reducción del riesgo de desastres del PNUD en México, Xavier Moya García, coincidió en que el riesgo subyacente se construye socialmente, que la infraestructura había sido construida en la segunda parte del siglo XX, los 70’s, en el sector turístico, y el tejido social eleva los niveles de riesgo porque es de reciente llegada de distintos lugares por trabajo. Reconoció que ya se estaban tomando medidas preventivas, pero el huracán “desnudó estas necesidades construidas durante décadas” y las experiencias recabadas se han compartido inclusive en otros países.
Indicó que el organismo contribuyó a solicitud de los gobiernos federal y estatal, que hubo una gran coordinación y diálogo, que la reconstrucción era una oportunidad para reducir los riesgos en la infraestructura y se hicieron el decreto de los Lineamientos para la Construcción y el Manual de Reconstrucción Resiliente, y se pasó del intercambio de información con autoridades a la co-creación de soluciones con acciones que continuarán, y que el tema de inclusión e igualdad se retomó priorizando a quienes iban a tener menos atención o eran en su mayoría mujeres. Además, se ha trabajado en fortalecimiento institucional con Ayuntamientos, barrios o comunidades y el sector hotelero para estar listos cuando haya una alerta.
El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, Roberto Arroyo Matus, dijo que con la federación, instituciones y asociaciones que se volcaron a ayudar.
La ayuda alimentaria, económica e internacional
La coordinadora de Proyectos especiales del Centro Mexicano para la Filantropía, Adriana de la Peza Vignau, contó que la intervención en Guerrero consistió en entender cómo estaba organizada la sociedad civil para conectar a los actores locales con organismos nacionales e internacionales para hacer llegar la ayuda humanitaria, encontrar a las personas desaparecidas, y que está impresionada por la rapidez con que se dieron muchos procesos, aunque todavía se deben mejorar muchísimos indicadores de respuesta y manejo de residuos.
Detalló que en Guerrero se crearon 10 mesas de trabajo con 238 organizaciones para las fases de recuperación y reconstrucción que se han fortalecido para atender las emergencias de Priscilla y Raymond, así como John y Erick; que México es el segundo país con mayor riesgo socioclimático, se debe estar mejor preparados y todavía hay mucho por hacer. Acentuó que se enteraron de que Acapulco no había tenido una actualización de ordenamiento territorial desde 1980 y ni siquiera llevaba las palabras ecológico o ambiental, y que la deforestación por Otis causó un pico “altísimo” en incendios en 2024 y 2025.
La directora de Fomento Social Banamex, Ana Vanessa González Deister, explicó que se canalizó ayuda económica para las personas y de alimentación en las zonas rurales, en Cacahuatepec, con el Fondo Amuzgo para llevar el maíz en grano disponible a comunidades y algunas despensas, y posteriormente se enfocó en la fase de recuperación con el mercado de La Diana porque no iba a recibir recursos federales ni estatales, que el techo es anti huracanes, recolecta agua, se reforzaron columnas y se ayudó a la reactivación económica de 350 locatarios.
El gobierno estatal, con una deuda pendiente en cambio climático: Semaren
El director de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semaren), Pedro Nava Aguilera, reconoció que el gobierno del estado tiene una deuda pendiente con la sociedad guerrerense en cuanto a instrumentos de política de cambio climático, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó atender el tema desde varias vertientes, que en la dependencia se abocaron a establecer alianzas con organismos internacionales y nacionales, y que hubo una convocatoria para el Consejo Consultivo de Cambio Climático y se comenzarán a tomar decisiones políticas con base científica.
Destacó que la GIZ está financiando e implementando un proyecto sobre gases de efecto invernadero, un diagnóstico de vulnerabilidad, otro de marcos habilitadores, y además apoyará a elaborar la Estrategia Estatal de Cambio Climático y el Programa Especial de Acción. Añadió que la Embajada británica está actualizando la Ley 845 que incluirá temas como pérdidas y daños; que la Agencia Francesa de Desarrollo acaba de financiar un proyecto de conectividad ecológica para que todas las dependencias puedan incidir de forma transversal, y hay otro con Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil para adaptación al cambio climático y reducción de riesgo en Tixtla, Chilpancingo, Acapulco y Coyuca.
