En su segundo informe, destaca el rector de la UAG los efectos negativos que dejó la pandemia

El rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea, durante la presentación de su segundo informe de labores ante el Consejo Universitario en el auditorio Sentimientos de la Nación. A su espalda, la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En su segundo informe de labores, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, destacó que la pandemia dejó efectos en la institución, entre ellos, el fallecimiento de universitarios, pero logró transformarse en un bien común. En el acto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su apoyo a la institución.
En su mensaje, Romero Olea dijo que se presentaba ante el Consejo Universitario, de manera escrita y electrónica, el segundo y último informe 2021-2023, en el que se detallan las acciones que realizó durante ese periodo de su administración.
Externó que algunos elementos claves para el proceso de transformación provienen de las recientes reformas al artículo tercero constitucional, de la nueva escuela mexicana, y a la Ley General de Educación Superior.
“Esta nueva etapa de cambios institucionales lleva a estrechar más la alianza estratégica entre universidad, sociedad y gobierno. Quiero hacer énfasis en el plan estatal de desarrollo 2021-2027, del gobierno que encabeza Evelyn Salgado, en el sentido de impulsar la inclusión social, garantizar los derechos y mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses”.
El rector hizo un reconocimiento a la gobernadora, “por este gran trabajo, al cual nos sumamos de manera incondicional”. Dijo que pese a la “difícil” situación económica por la que atraviesa el estado, reconoce todo el gran apoyo a la UAG de forma incondicional.
Manifestó que actualmente se viven los tiempos de pospandemia, la cual tuvo efectos “tremendos” en la institución, incluyendo los “lamentables” fallecimientos de universitarios y sus familias.
Dijo que pese a la pandemia, la UAG continuó con sus actividades académicas, logró transformarse en un bien común y fue a ese gran trabajo de toda la comunidad universitaria que se dio el salto a las actividades presenciales.
Destacó que no se han escatimado esfuerzos en actualizar los planes de estudios, crear nuevos espacios educativos y programas de posgrado; desarrollar nuevas investigaciones y pulsar esa vinculación con todos los sectores de la sociedad.
José Alfredo Romero externó que en estos tiempos han sido activos del mismo proceso de transformación, “nos da gusto que en el estado se presente una relación de convergencia y de unir voluntades con el proyecto del actual gobierno estatal, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado”.
Además, indicó que enlutó a toda la comunidad universitaria el “lamentable hecho” en el que perdiera la vida el universitario Ulises Salvador Nava, a quien en este acto se le brindó un homenaje.

Refrenda la gobernadora su apoyo a la UAG

En su participación, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que caminará “de la mano” con la UAG y que cuenta con su apoyo y respaldo.
La universidad tiene un espacio privilegiado en la historia de la lucha por la educación pública y autónoma, de calidad, en beneficio del pueblo, externó Salgado Pineda.
“Veo una universidad sólida y que ha tenido muchas luchas, que se configuró en el proyecto universidad pueblo y que dotó de oportunidades a los hijos de los campesinos que necesitaban de la educación para salir adelante”.
Externó que Romero Olea presentaba un informe de labores de un rectorado “singular” por las condiciones que se presentaron y que fueron producto de la pandemia, pero que en poco tiempo se lograron sentar bases muy sólidas para la transformación universitaria.
Mencionó que el rector logró garantizar una educación de calidad y de sentido social, en tiempos que más lo necesitó Guerrero, con sensibilidad pero sin perder de vista la responsabilidad de docentes y universitarios que estuvieron “al pie del cañón”, enseñando.
Evelyn Salgado dijo que la universidad está en el centro de la transformación, porque es uno de los orígenes de las ideas y soluciones, “por eso con lo poco o mucho con lo que se tiene, hemos apoyado a la universidad con recursos extraordinarios”.
Enfatizó: “En todo momento contarán con el apoyo del gobierno del estado y de la gobernadora, porque es su amiga y aliada, trabajaremos de la mano. Todo mi apoyo y respaldo”.
La gobernadora externó que refrendaba el compromiso del gobierno estatal con la universidad, con su fortalecimiento y desarrollo, “no me queda duda que seguiremos caminando de la mano, porque nos une la responsabilidad, el interés y el amor por Guerrero”.
Dijo que continuará en la ruta también de la mano del rector electo, Javier Saldaña Almazán, “que también es un gran aliado para Guerrero, que va a contar con todo nuestro respaldo y apoyo, porque nos une la convicción de mejorar las condiciones de los guerrerenses”.
Por último, Salgado Pineda enfatizó que la educación es la herramienta más poderosa que existe para pacificar un estado y para salir adelante, “sólo a través de la educación lograremos la transformación verdadera”.
El acceso fue restringido y se colocaron algunas vallas, para que personas externas y reporteros no ingresaran a la zona de los invitados “especiales”.
Durante el acto se proyectó un video de las acciones que realizó Romero Olea como rector interino, a quien después el Consejo Universitario le prolongó su periodo por dos años más. José Alfredo Romero asumió el cargo luego Javier Saldaña, quien era rector en ese momento, se enfermara gravemente de Covid-19.
Entre los asistentes estuvieron la directora de Educación Superior Universitaria e Intercultural, de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Armenta; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leticia Mosso Hernández; el rector electo, Javier Saldaña; los líderes sindicales del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, y del STTAISUAG, Brenda Alcaraz González, diputados, presidentes municipales y autoridades militares.

Falta reformar leyes para dar certeza a los derechos de los pueblos indígenas: INPI

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En las conferencias estatales En Defensa de Nuestra Tierra, organizadas por Morena como parte de los trabajos para elaborar el Proyecto de Nación 2023-2024, el titular de la oficina de Representación, del Ins-tituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, reconoció los avances en la materia pero recordó que hacen falta reformas constitucionales.
Vázquez agregó que se necesitan leyes que den certeza y reconocimiento pleno a la libre determinación y autonomía de los pueblos.
El sábado se realizaron en esta ciudad las conferencias estatales, en un salón de fiestas, donde Vázquez Quintero festejó que se les tome en cuenta para la construcción del proyecto de Nación 2024-2030.
Habló de “la política de transformación” que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, aunque reconoció que hay “un poquito de resistencia” por parte de estas poblaciones, porque fueron muchos años de marginación y abandono.
“Era un régimen neoliberal que hostigaba a los pueblos indígenas y no atendía las demandas colectivas que ellos les mandaban, que eran lo básico, como agua potable y luz eléctrica”, comentó Vázquez, y recordó que el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena y Popular empoderó la organización indígena lo que dio paso a la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Habló de la lucha de los pueblos por el reconocimiento de sus derechos y libre determinación, reconoció también la labor del director general del INPI, Adelfo Regino Montes, y destacó que en Guerrero hay 11 pueblos indígenas que ejercen también la libre determinación económica, los cuales ya tienen su propio RFC, con lo que pueden administrar de manera autónoma sus recursos económicos, sin la intervención de los gobiernos estatal y municipales.
Dijo que a través del INPI trabajan para identificar cuáles son las necesidades prioritarias de las poblaciones indígenas.
Vázquez Quintero recordó que impulsa las reformas constitucionales, “espero no incomodar, porque nuestros mayores todo el tiempo nos enseñaron a hablar de frente, para que no haya esos malos entendidos”. Se refirió a que el INPI en conjunto con los gobiernos municipales y el estatal “impulsaron una reforma constitucional más integral, que se sometió a un proceso de consulta. Muchas autoridades votaron, como querían ser tomados en cuenta en este periodo de transformación que encabeza nuestro presidente”.
Aclaró que en el caso de los pueblos indígenas de Guerrero, entre otras, cosas pidieron una reforma constitucional que garantice su derecho a elegir sus autoridades municipales, como ocurre en el Ayutla, por lo que esperan que estas modificaciones sean consideradas y aprobadas.
El representante del INPI en Guerrero comentó que todavía hay indígenas militantes de diferentes partidos políticos, que “se molestan” cuando hablan de la libre determinación, “pero no es otra cosa que ser tomados en cuenta en la política pública”.
Estas reformas, dijo, plantean el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos “como sujetos de derechos colectivos, la consolidación de los derechos de la libre determinación y autonomía”.
El representante del INPI pidió a los diputados federales y senadores que representan al estado en el Congreso de la Unión por Morena, a que “que defiendan estos derechos, que tienen las comunidades indígenas y afromexicanas, eso no se ha podido legislar en su totalidad”.
Otra de las principales demandas que dijo aún no se han logrado y que para estos pueblos es “muy importante”, es “la protección de la tierra, territorio, recursos naturales, el reconocimiento y protección del patrimonio cultural, lengua, conocimiento, saberes, tradicionales y la protección intelectual colectiva. La participación y representación política en las diversas instancias del Estado mexicano”.
Manuel Vázquez recordó que la reforma que realizó el Congreso local recientemente, no incluyó “en su mayoría, el sentir de las comunidades”, pero insistió en que Morena debe hacer suyas estas propuestas e impulsar las reformas constitucionales en la materia, “para saldar parte de la deuda histórica que tenemos pendiente con las comunidades indígenas y afromexicanas”.
En el tema de Medio Ambiente, uno de los ponentes fue Felipe de Jesús Sosa Garza, quien habló del programa federal Sembrando Vida, que se implementa en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Montaña y Centro, la generación de empleos y capacitación a campesinos, que en Guerrero ha representado una inversión de 5 mil millones de pesos.
Comentó que en el estado hay 34 facilitadores, que son los que dan el seguimiento, la revisión y orientación a cada uno de los 182 técnicos productivos.
Felipe de Jesús Sosa comentó que el programa ha evolucionado y se ha flexibilizado a partir de las solicitudes de los campesinos, para modificar principalmente las reglas de operación.
También destacó que el programa se ha “blindado” para evitar que sea utilizado con fines electorales.
Ahí, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Jacinto González, destacó que Morena es el único partido que consulta a los ciudadanos sobre cuáles son los proyectos que, de ganar, se aplicarán en el próximo gobierno federal.

 

En las zonas indígenas sí hay seguridad, subraya la CRAC en mitin en el Congreso

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)durante el mitin en la entrada del Congreso local Foto: Lenin Ocampo Torres

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizaron un mitin en la entrada del Congreso del Estado, para demandar reformas constitucionales a las leyes de seguridad pública y la 701, para reconocer su sistema de seguridad y justicia.
Denunciaron que el poder Legislativo puso en la ilegalidad los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a pesar de que gracias a la Policía Comunitaria que se rige por usos y costumbres son las zonas más seguras del estado.
También demandaron que se saque de “la congeladora” la iniciativa de reformas en la materia, presentada desde diciembre de 2019; sin embargo, llevaron una nueva propuesta, para que se vuelva a presentar ante el pleno a través del diputado Masedonio Mendoza Basurto, así como la aprobación de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
El mitin se realizó en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y estuvieron unas 50 personas, además asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y representantes de las cinco casas de justicia, que tienen presencia en 211 comunidades de 39 municipios.
Ahí, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que están inconformes con las decisiones del Congreso local, de desaparecer de la ley del reconocimiento de su sistema de justicia, y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar estas modificaciones.
Raúl de Jesús criticó que “los gobernantes” estén festejando el día de los pueblos indígenas y afromexicanos, “dónde dicen que han garantizado los derechos de los pueblos”, porque dijo que en los hechos no es así, debido a que las reformas a la Constitución y a las leyes, representan cada vez más retrocesos.
Reclamó que a pesar de que existe el reconocimiento de que debido a la presencia de la CRAC en los territorios, “hay menos violencia que dónde no existe nuestro sistema”, hay una resistencia a que en la Constitución y en las leyes se le dé certeza a este sistema.
“La gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, sin embargo, en el Congreso no se nos da el reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados y que han violado nuestros derechos”, dijo de Jesús Cabrera.
También aseguró que quien “más nos ha traicionado” es el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, porque fue durante su periodo cuando se realizaron las reformas con las que dejaron fuera el reconocimiento de su sistema de justicia y su policía comunitaria, mientras que de la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, señaló que mantiene en “la congeladora” la iniciativa que le presentaron.
Lo mismo ocurrió en el gobierno federal, porque señaló que a pesar de que han planteado la necesidad de estas reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hicieron llegar su iniciativa, para que interviniera ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que en el estado se realizará una nueva reforma en la materia, la respuesta fue que “para eso está el Congreso del Estado”.
Otra institución que dijo también ha traicionado a los pueblos originarios es la SCJN, que avaló la consulta “simulada” que realizó el Congreso y las reformas aprobadas.
Por su parte, el coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, Zeferino Lorenzo de Jesús, reclamó que se continúe criminalizando a esta organización, a pesar de los resultados en materia de seguridad y de la pobreza en la que los gobiernos han mantenido a las comunidades indígenas.
Sobre Huehuetán, que reclama su reconocimiento como un nuevo municipio indígena, Leonardo García Basilio demandó a la gobernadora que trabaje con los diputados locales, para que se avance en la reforma indígena y afromexicana, de lo contrario, dijo que van a tomar acciones “fuertes”.
También de Huehuetán, Pedro Marín Mayo recordó que desde octubre pasado solicitaron al Congreso local su reconocimiento como nuevo municipio afromexicano, pero no les han dado ninguna respuesta ni a favor ni en contra.
“Hoy le digo al Congreso: Huehuetán se está enfureciendo nuevamente, puede tomar nuevamente esas carreteras, 3 o 4 días. Lo vamos a hacer si no hay respuesta, no es sólo Huehuetán, son cinco municipios los que están exigiendo su reconocimiento”, advirtió Pedro Marín.
En el mitin estuvo presente el diputado morenista Masedonio Mendoza, quien dijo que muchos piensan que los diputados “estamos al servicio de alguien más y no es así. El poder Legislativo es independiente”, también recordó el avance y después los retrocesos que tuvieron en el reconocimiento de sus derechos en las últimas cuatro legislaturas.
Basurto Mendoza afirmó que la fecha que conmemoran “no es una fiesta” y que es una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, criticó que los gobernantes y funcionarios consideren que vestir ropa artesanal es respetar los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, dijo: “Hay tres cuestiones fundamentales que no reconocen, la propiedad ancestral de las tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional (…) el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones; y el otro gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, conocido como la jurisdicción indígena”.
Demandó que los diputados reconozcan en la ley el ejercicio que en la práctica ya realizan, relacionado con la seguridad y justicia en sus territorios.
“Es fácil que el Día Internacio-nal de los Pueblos Indígenas nos lleven a danzar al zócalo, nos lleven a declamar en nuestras lenguas, se vistan los funcionarios con nuestras camisas y los vestidos que elaboran nuestros compañeros y compañeras de los pueblos”, dijo Vidulfo Rosales.