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En las zonas indígenas sí hay seguridad, subraya la CRAC en mitin en el Congreso

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)durante el mitin en la entrada del Congreso local Foto: Lenin Ocampo Torres

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizaron un mitin en la entrada del Congreso del Estado, para demandar reformas constitucionales a las leyes de seguridad pública y la 701, para reconocer su sistema de seguridad y justicia.
Denunciaron que el poder Legislativo puso en la ilegalidad los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a pesar de que gracias a la Policía Comunitaria que se rige por usos y costumbres son las zonas más seguras del estado.
También demandaron que se saque de “la congeladora” la iniciativa de reformas en la materia, presentada desde diciembre de 2019; sin embargo, llevaron una nueva propuesta, para que se vuelva a presentar ante el pleno a través del diputado Masedonio Mendoza Basurto, así como la aprobación de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
El mitin se realizó en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y estuvieron unas 50 personas, además asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y representantes de las cinco casas de justicia, que tienen presencia en 211 comunidades de 39 municipios.
Ahí, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que están inconformes con las decisiones del Congreso local, de desaparecer de la ley del reconocimiento de su sistema de justicia, y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar estas modificaciones.
Raúl de Jesús criticó que “los gobernantes” estén festejando el día de los pueblos indígenas y afromexicanos, “dónde dicen que han garantizado los derechos de los pueblos”, porque dijo que en los hechos no es así, debido a que las reformas a la Constitución y a las leyes, representan cada vez más retrocesos.
Reclamó que a pesar de que existe el reconocimiento de que debido a la presencia de la CRAC en los territorios, “hay menos violencia que dónde no existe nuestro sistema”, hay una resistencia a que en la Constitución y en las leyes se le dé certeza a este sistema.
“La gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, sin embargo, en el Congreso no se nos da el reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados y que han violado nuestros derechos”, dijo de Jesús Cabrera.
También aseguró que quien “más nos ha traicionado” es el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, porque fue durante su periodo cuando se realizaron las reformas con las que dejaron fuera el reconocimiento de su sistema de justicia y su policía comunitaria, mientras que de la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, señaló que mantiene en “la congeladora” la iniciativa que le presentaron.
Lo mismo ocurrió en el gobierno federal, porque señaló que a pesar de que han planteado la necesidad de estas reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hicieron llegar su iniciativa, para que interviniera ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que en el estado se realizará una nueva reforma en la materia, la respuesta fue que “para eso está el Congreso del Estado”.
Otra institución que dijo también ha traicionado a los pueblos originarios es la SCJN, que avaló la consulta “simulada” que realizó el Congreso y las reformas aprobadas.
Por su parte, el coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, Zeferino Lorenzo de Jesús, reclamó que se continúe criminalizando a esta organización, a pesar de los resultados en materia de seguridad y de la pobreza en la que los gobiernos han mantenido a las comunidades indígenas.
Sobre Huehuetán, que reclama su reconocimiento como un nuevo municipio indígena, Leonardo García Basilio demandó a la gobernadora que trabaje con los diputados locales, para que se avance en la reforma indígena y afromexicana, de lo contrario, dijo que van a tomar acciones “fuertes”.
También de Huehuetán, Pedro Marín Mayo recordó que desde octubre pasado solicitaron al Congreso local su reconocimiento como nuevo municipio afromexicano, pero no les han dado ninguna respuesta ni a favor ni en contra.
“Hoy le digo al Congreso: Huehuetán se está enfureciendo nuevamente, puede tomar nuevamente esas carreteras, 3 o 4 días. Lo vamos a hacer si no hay respuesta, no es sólo Huehuetán, son cinco municipios los que están exigiendo su reconocimiento”, advirtió Pedro Marín.
En el mitin estuvo presente el diputado morenista Masedonio Mendoza, quien dijo que muchos piensan que los diputados “estamos al servicio de alguien más y no es así. El poder Legislativo es independiente”, también recordó el avance y después los retrocesos que tuvieron en el reconocimiento de sus derechos en las últimas cuatro legislaturas.
Basurto Mendoza afirmó que la fecha que conmemoran “no es una fiesta” y que es una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, criticó que los gobernantes y funcionarios consideren que vestir ropa artesanal es respetar los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, dijo: “Hay tres cuestiones fundamentales que no reconocen, la propiedad ancestral de las tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional (…) el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones; y el otro gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, conocido como la jurisdicción indígena”.
Demandó que los diputados reconozcan en la ley el ejercicio que en la práctica ya realizan, relacionado con la seguridad y justicia en sus territorios.
“Es fácil que el Día Internacio-nal de los Pueblos Indígenas nos lleven a danzar al zócalo, nos lleven a declamar en nuestras lenguas, se vistan los funcionarios con nuestras camisas y los vestidos que elaboran nuestros compañeros y compañeras de los pueblos”, dijo Vidulfo Rosales.

 

Presenta queja la CRAC-PC ante la CNDH contra el aval de la Corte a la Ley 701

Daniel Velázquez

Los coordinadores y asesores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), acudieron a la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) para exponer su inconformidad por la resolución de la Corte sobre la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana.
En declaraciones por teléfono, uno de los asesores de la CRAC, Uriel Leal Ramírez, informó que ayer tuvieron una reunión con el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, a quien le manifestaron su inconformidad en el fallo de la Corte sobre la ley 701, y a consultarle sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la legislación aprobada por la Corte es regresiva y no progresiva.
El 24 de mayo de 2022 el Congreso local aprobó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, la cual fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el 5 de junio los ministros avalaron la reforma y la declararon vigente.
En la reunión con la CNDH los representantes comunitarios también expusieron que la reforma avalada por la SCJN no cumplió con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, “no hubo una consulta, fue algo simulado”.
Agregó que en la reunión la CNDH ofreció revisar algunas cuestiones sobre el fallo de la Corte, específicamente sobre la publicación de la norma y en caso de que no proceda ese recurso se recurrirá a tribunales internacionales.
El asesor de la CRAC dijo que trabajan en dos vías, impugnar la norma y la otra que se haga una nueva reforma que permita a la CRAC-PC mantener el sistema de reeducación porque la reforma avalada por la SCJN solo reconoce a la CRAC-PC como “organismos auxiliares”. Recordó que el sistema de reeducación como forma de justicia que aplica la CRAC es resultado de una lucha que se ya se dio hace años y ya habían avanzado pero la nueva ley es regresiva, pues ya no les da ese derecho.
Agregó que de seguir la reforma vigente podrían promoverse amparos por los infractores para evitar someterse al sistema de justicia de la CRAC, “pero la CRAC ya tiene una posición: con o sin autorización de las autoridades jurisdiccionales y del propio Congreso se va a seguir adelante como se estaba trabajando anteriormente”.
Las opciones que proponen son reformar la Ley 701 para que se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario, o bien que se haga una nueva ley con una consulta verdadera, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Indicó que volverán a reunirse con la CNDH para evaluar las posibilidades de impugnación ante tribunales internacionales. En tanto del gobierno del estado no han recibido una respuesta sobre si la consulta y la reforma son viables para antes del proceso electoral de 2024.
En la reunión con la CNDH estuvieron los coordinadores de las cuatro casas de justicia de la CRAC y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

 

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

 

La consulta del Congreso sobre la Ley 701 “es cosa juzgada”, dice Apreza a la CRAC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, dijo que respeta la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que rechazó el aval de la Corte a la consulta que realizó el poder Legislativo en 2022 y que derivó en la aprobación de la Ley 701.
El diputado sostuvo que “este ya es un tema juzgado” y no hay otro tribunal en el país ante el que se pueda llevar el caso.
La CRAC sostuvo que la consulta que realizó el Congreso sobre derechos indígenas, fue una simulación, por lo que adelantaron que seguirán ejerciendo su sistema de justicia comunitario. La Ley 701 no recoge además propuestas de la nueva consulta organizada por el IEPC, como la preminencia de las asambleas de los pueblos indígenas en las candidaturas de autoadscripción.
No obstante, Apreza Patrón señaló que lo que sigue es continuar con el proceso de diálogo “entre los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y las comunidades para ir perfeccionando el sistema jurídico que rige, que norma la vida de los guerrerenses”.
Mientras que de la oposición del diputado Masedonio Mendoza Basurto a las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas, Apreza Patrón recordó que lo aprobado por el pleno del Congreso local “no es nada novedoso” porque es lo mismo que hace tres años. La pasada legislatura “había aprobado exactamente lo mismo”, pero que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, y que en la consulta “se confirmaron” las reformas que ya se habían realizado, dijo.

El caso Badillo

Héctor Apreza informó que la posibilidad de que Joaquín Badillo Escamilla sea el próximo presidente de la Mesa Directiva, no se ha planteado de manera formal y de ser una “jugada de Morena” para presidir este organo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), podrían en riesgo los acuerdos logrados con los otros grupos y representaciones.
Al priista se le preguntó de la decisión del diputado Joaquín Badillo Escamilla, quien dejó el grupo parlamentario de Morena para integrarse a la representación del PVEM, por acuerdo de la alianza Juntos Hacemos Historia, como una estrategia para que los morenistas tengan además de la presidencia de la Jucopo, también la de la Mesa Directiva en el tercer y último año de esta legislatura.
Dijo que si Badillo Escamilla tiene aspiraciones políticas debe buscarlas a través del PVEM y no de Morena, además de que no es un espacio asegurado porque la presidencia se somete a votación del pleno y si no hay un acuerdo y logra la votación necesaria se podría complicar o presentar otras propuestas.
Este escenario de proponer a Joaquín Badillo como próximo presidente de la Mesa Directiva no se ha planteado al interior de la Jucopo: “Morena tendrá que valorar si está dispuesto a romper los acuerdos políticos que ha venido construyendo con el PRI, con el PRD, con el PAN, PT, con el propio Verde, a cambio de impulsar esa candidatura” a este espacio. que debería corresponder a representantes de un partido diferente al que preside la Junta.
Apreza señaló que de ser verdad que se busque impulsar a Badillo por el PVEM como “una jugada de Morena, se entendería como que no le interesa seguir transitando en la ruta de la gobernabilidad y de la construcción de acuerdos”.
También recordó que la ley solo es clara en el sentido de que el grupo parlamentario que presida la Jucopo, que en este caso es Morena, no puede tener también la presidencia de la Mesa Directiva, pero no se establecen reglas de cómo se elegirá a quienes estén al frente en cada uno de los tres años de la legislatura, por lo que esa decisión se construye a partir de “un acuerdo político que se somete a consideración del pleno”

 

Se reúne Ludwig con la CRAC; acuerdan analizar el fallo de la Corte sobre la Ley 701

Los coordinadores de la CRAC se reunieron este jueves con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para dialogar sobre la determinación de la SCJN, sobre las reformas aprobadas a la Ley 701”, se informó en un boletín del gobierno del estado.
De acuerdo con el comunicado, acordaron realizar un análisis en coordinación con la Consejería Jurídica del gobierno del estado, la Secretaría Técnica de la Gobernadora e involucrados, “a fin de identificar las modificaciones que se consideren necesarias para la armonía y respeto de los derechos humanos de la población de la entidad”.
Reynoso Núñez les dijo que el gobierno del estado mantiene su reconocimiento a la CRAC-PC, como coadyuvantes en las tareas de armonización de los pueblos indígenas.
“Cuentan con el reconocimiento y aprobación de sus pueblos, cuentan con el respaldo de la gobernadora y nosotros seguiremos trabajando con ustedes para fortalecer la construcción de paz en nuestra región de la Montaña”, se informó en el comunicado. (Redacción).

 

“No les vamos a pedir permiso” para ejercer la justicia comunitaria, responde la CRAC

El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.

La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.

 

Golpe a la justicia comunitaria, el aval de la Corte a la consulta del Congreso: Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.

El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena

Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.

Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena

Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.

 

Festeja Yoloczin el aval de la Corte a la Consulta del Congreso sobre la Ley 701

Curules vacíos de la bancada de Morena en el inicio de la sesión del Congreso Local, en la cual tardaron 20 minutos en el pase de lista ante la presencia de solo cuatro diputados Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701, “da certeza a los procesos consultivos” que realiza este poder.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Domínguez Serna dijo que en la actual legislatura, los procesos de consulta se están perfeccionando “en busca de garantizar una participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
El Congreso realiza consultas en materia de educación indígena e inclusiva, y recientemente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) concluyó la consulta en materia electoral para establecer las reglas con las que se garantizará a los pueblos indígenas y afromexicanos su participación en el proceso electoral próximo.

Realiza el Ejecutivo observaciones del Legislativo a sus decretos

Al pleno del Congreso local se informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió “observación constitucional total” a dos decretos aprobados por los diputados, por lo que no se han publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Se trata de dos decretos que se generaron a partir de iniciativas enviadas por Evelyn Salgado, propuestas que en el proceso de revisión y dictaminación sufrió modificaciones en las que la gobernadora está en desacuerdo.
En la sesión de ayer sólo se leyeron los oficios en los que se menciona el contenido de los decretos observados, pero no se leyeron los anexos en los que se puntualiza qué es lo que el Ejecutivo encontró inviable para su publicación y entrada en vigencia.
Con estos dos, son tres decretos que la gobernadora por Morena observa de manera total al Poder Legislativo, donde el grupo parlamentario con mayor número de diputados es de su mismo partido.
Al inicio de la sesión se leyeron dos oficios enviados por Salgado Pineda. Se trata de la “observación constitucional total” al decreto número 445 por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de Guerrero, número 499”, por el que se adicionó una fracción al artículo 118 y al título quinto “de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes” y al capítulo tercero “del sistema estatal de protección integral”, y de la ley número 812 para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La otra observación constitucional total fue al decreto número 457 por el que se adiciona el artículo 140 Bis del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del estado de Guerrero, número 763.

La sesión

El pleno del Congreso de Guerrero exhortó al gobierno estatal para que, a través de la Secretaría de Turismo, promueva el desarrollo de la actividad turística en la zona Norte de Guerrero. Fue una propuesta del diputado morenista Antonio Helguera Jiménez.
El grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para armonizarlo con “Ley 3 de 3 contra la Violencia”.
La propuesta es para que quede establecido en la legislación local que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
La propuesta la presentó en tribuna la perredista Jennyfer García Lucena, que plantea la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
El morenista Antonio Helguera presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado para establecer la prohibición de la “lista de raya” o “nómina secreta”, con lo que se inhibirá la opacidad en el funcionamiento de la administración pública municipal.
También de Morena, Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que las madres o padres cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer puedan gozar de una licencia por cuidados médicos, que les permita ausentarse de sus labores en caso de que la niña, niño o adolescente requiera descanso en los periodos críticos del tratamiento.
 

Valida la Corte consulta a pueblos indígenas y afros que realizó el Congreso local en 2022

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
Se trata de las reformas que diputados locales realizaron el 24 de mayo del año pasado en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses -a pesar de que la Corte había dado todo un año para su desarrollo- sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
El diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto, y organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron los principales opositores de estas reformas.
Incluso, después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente ayer validó la Corte.
Ayer en sesión, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH); la ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
La ponente propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad; y que se reconociera la validez del decreto 183 por el que se reforma la ley 701.
En el estudio de fondo, la ponente Ana Margarita Ríos habló de un apartado que denominaron vulneración a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su exposición la ministra explicó por qué se declaraba infundada la solicitud de invalidez de este decreto.
Comentó que ésta es la primera consulta indígena que se validaría por parte de la Corte, porque consideraron que el Poder Legislativo de Guerrero sí cumplió con realizar la consulta de acuerdo con las fases y características que han sido establecidas por este tribunal.
La ministra ponente señala que en la fase preconsultiva se desarrolló de manera correcta identificando las comunidades a consultar, y que posteriormente el Congreso emitió lineamientos que establecieron los principios por los que “se regiría la consulta”, esto a pesar de que en este proceso no participaron pueblos indígenas ni afromexicanos.
En este caso, la ministra argumentó que estos lineamientos podrían modificarse “de acuerdo a sus necesidades, sistemas normativos, y costumbres de cada comunidad”.
De la fase informativa, la ministra se refirió a la distribución de información y la difusión sobre la realización de la consulta por diferentes vías, y que se realizaron asambleas en las cuatro lenguas indígenas “lo que permitió un entendimiento y diálogo intercultural”.
Y en la fase de deliberación interna, la ministra Ana Margarita Ríos, validó que se realizaron asambleas y reuniones al interior de las comunidades “sin la intervención del Poder Legislativo” en las que se discutieron la propuesta de ley para aprobar o presentar propuestas de modificación.
Después, en la fase de diálogo, la ministra dijo que se realizaron 424 asambleas consultivas de un total del mismo número de comunidades de 54 municipios que “quisieron participar”.
Mientras que en la fase de decisión “el Congreso incorporó el mayor número de propuestas con base en el principio de mayor consenso posible”, y afirmó que las opciones que “no fueron integradas expresamente ya formaban parte de la redacción de la redacción de artículos puestos a consideración o bien, tenían incidencia en el ámbito competencial de otros poderes”.
En la sesión no se dieron detalles de lo anterior, y solo se apunta que “estuvo debidamente fundado y motivado por el Congreso local en la exposición de motivos”.
La propuesta llevada al pleno de la SCJN planteó que el Congreso de Guerrero sí cumplió con las fases mínimas que debe tener una consulta previa, y que esta cumplió con las características establecidas por la Corte.
Se consideró que fue una consulta libre porque no hay pruebas “de que actos de coerción, intimidación o manipulación por parte de las autoridades”; la ministra también precisó que “la finalidad de llegar a acuerdos no puede interpretarse en el extremo de exigir que todas las propuestas y comentarios en lo individual deban reflejarse en el proyecto final de la ley pues es de carácter general a todos los pueblos”.
En el segundo apartado de vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la ministra ponente propuso declarar infundado el concepto de invalidez que pidió la CNDH.
Con lo aprobado, se determinó que “sí está reconocida la personalidad jurídica y los derechos de dichas comunidades” y que de esta manera “queda superada la confusión que surge de la interpretación aislada de los artículos impugnados”.

 

Pide la CRAC que las reformas sobre la Ley 701 ya no se discutan en esta legislatura sino en la próxima

El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) resolvió que no va discutir las reformas sobre derechos y cultura indígena con la actual legislatura, informó el vocero, Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica, denunció que la legislatura que concluye su periodo en agosto ya tuvo su oportunidad de armonizar la Constitución del Estado con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, donde se reconoce a la CRAC como institución del estado, y no hizo mucho pese a que vencieron los plazos que estableció el propio Congreso.
En respuesta a un desplegado del gobierno del estado donde dice que sí hubo consulta a las comunidades para fundamentar la iniciativa del artículo 14 constitucional, que la Secretaría General de Gobierno entregó la semana pasada al Congreso, el vocero de la CRAC aseguró que esos foros regionales  fueron actividades de simulación, hay constancia en las notas periodistas así como de personas que acudieron como oyentes.
Aunque dijo que la CRAC va a analizar las reformas a la Constitución en los artículos 8 al 14, como de la Ley 701, con la próxima legislatura, adelantó que comisiones representativas de la Casas de Justicia y Comités Regionales de Enlace de la CRAC-PC, además de organizaciones sociales, irán al Congreso local el día que se someta a discusión y votación la iniciativa constitucional del artículo 14 sobre derechos y cultura indígena, del gobernador, que puede ser el martes o jueves de esta semana, para dar una conferencia de prensa, y fijar claramente su posición.
Señaló que todos los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no tienen mayoría calificada en el Congreso para aprobar una reforma constitucional, y no habrá modificación sin los partidos de oposición que ofrecieron su respaldo a la CRAC: PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.
Sin embargo, añadió que si olvidan el compromiso con los pueblos, los consejeros y comisarios van a hablar de papel con los derechos de las comunidades y será un “suicidio” político, dijo.
Insistió que después de la elección del primero de julio, cambiará la correlación de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, “vamos a tratar con los nuevos diputados que llevaran nuestras propuestas a foros regionales con participación auténtica de los pueblos”.
La propuesta de reforma a la Ley 701 de la  CRAC también está firmada por el Centro de Derechos Humanos de la Montana Talchinollan, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, El Consejo de Comunidades Damnificadas, el Frente Popular de Tlapa, entre otras.
El vocero ratificó que los siete foros simultáneos que organizó el gobierno del estado el 27 de febrero de 2017 sobre la Ley 701 fueron de simulación, para cumplir de trámite con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “No se trató a fondo los problemas que afectan a los pueblos indígenas, ni de manera integral, aunque a nosotros como CRAC-PC nos interesa más el tema de justicia y seguridad, tampoco fuimos convocados, todo se hizo a la ligera, para cubrir un requisito”.
Por otro lado, informó que ayer se realizó una asamblea regional de autoridades comunitarias que convocan coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde llegaron comisarios municipales consejeros locales, consejeros regionales, autoridades agrarias, para renovar las coordinaciones.
Uno de los los principales acuerdos, dijo, es plantear que la reforma constitucional del artículo 14 y de la Ley 701 se saquen en el próximo periodo legislativo que entra en funciones en agosto.
En cuanto al proceso de reemplazo de los coordinadores indicó que aún no concluye, se nombraron tres, falta uno y más una representante mujer, en la coordinación de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.