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Recibe ocho impugnaciones del gobierno federal la sentencia contra la FGR por el caso Radilla

El pasado 24 de agosto familiares del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco se manifestaron en la glorietas de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, para exigir que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un mensaje contradictorio

En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.

 

El caso de la asamblea de Ayutla ya no está en el IEPC sino en los tribunales, dice consejero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El consejero presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Pluriculturales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Edmar León García, indicó que ya dieron por concluido el proceso de elección en Ayutla, bajo el sistema normativo propio (usos y costumbres), por lo que sólo resta esperar lo que determinen los tribunales.
“El IEPC ya concluyó el proceso electivo, estamos a la espera de lo que nos mandaten los tribunales electorales, ya sea el estatal, tanto como la Sala Regional o la Sala Superior; nosotros somos respetuosos de las manifestaciones que se hagan de cualquier grupo, pero en lo particular no ha habido ninguna necesidad de tener alguna comunicación, ya terminamos y ya le toca al Tribunal”, dijo en entrevista telefónica.
Las declaraciones del consejero electoral ocurren después de tres días de protestas por parte del pueblo mestizo y una parte del tu’un Savi, que están inconformes con los nombramientos en las coordinaciones que validó el IEPC.
Los pobladores inconformes de Ayutla bloquearon durante tres días la carretera federal Ayutla-Cruz Grande, después de que el órgano electoral validó parcualmente la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades (AMCRA), en la que el pueblo me’phaa y una parte del tu’un Savi la abandonaron por no sentirse representados y levantar una segunda acta con sus propios nombramientos.
Al existir dos actas con nombramientos distintos, el Consejo General del IEPC decidió tomar los nombramientos de ambas e incluirlas en un solo acuerdo para las concejerías y coordinaciones, que fue lo que acordó en sesión el pasado 7 de agosto.
Ante esta determinación del IEPC, fue que el pueblo mestizo y parte del tu’un Savi decidieron inconformarse, protestar en las calles de Ayutla e impugnar ante los tribunales electorales el acuerdo aprobado por el Consejo General.
León García mencionó que el órgano electoral es respetuoso de las manifestaciones y de los grupos inconformes de Ayutla, y que de acuerdo a la ley, también se respetará y acatará la disposición de los tribunales electorales referente al caso.
“Igual que en el sistema de partidos, así también opera la jurisdicción indígena, pero nosotros acataremos lo que nos digan (los tribunales electorales); nos pueden confirmar, nos pueden revocar, nos pueden modificar el acuerdo, no necesariamente va a suceder una revocación, también pueden confirmarnos”.
También confirmó que la elección de Ayutla fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y que se esperará su determinación y en caso de que los inconformes decidan irse a las demás instancias también se esperará la sentencia.
“Para nosotros ya concluyó la elección, sólo esperar la sentencia que emita el Tribunal, estamos a lo que nos digan; como en el resto de los ayuntamientos”.

Ratifica el Trife la asignación de regidurías en Tecoanapa y Buenavista

Daniel Velázquez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) confirmó la asignación de regidurías que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en los municipios de Teconapa y Buenavista, que antes había sido impugnada por aspirantes a ediles ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En la sesión del pasado jueves, la Sala Regional Ciudad de México resolvió tres expedientes sobre impugnaciones realizadas por guerrerenses, aspirantes a ocupar un espacio en los cabildos de los municipios de Teconapa y Buenavista.
En los tres expedientes atendidos por el Trife, los inconformes alegan que los Lineamientos de Paridad aprobados en el IEPC les afectan en su derecho de aspirar a un cargo. En estos lineamientos se estableció que en caso de que hubiera subrepresentación de mujeres en la asignación de regidores, la lista de aspirantes se recorrería desde el partido que obtuvo mayor votación, es decir, si el partido con más votos en el lugar uno de su lista de ediles registra hombre, ese lugar se suprime y se va al dos, que es mujer, y así con el siguiente partido, hasta completar el 50 por ciento de hombres y mujeres en los cabildos.
En las sentencias, el Trife señala que no hubo impugnaciones a los Lineamientos de Paridad aprobados en el IEPC, por lo que se consideran “vigentes y aplicables”, porque no se impugnaron lo que les dio “definitividad y firmeza”.
El expediente SCM-JDC-1649/2024, de Buenavista de Cuéllar, presentado por Edith Vargas Flores fue declarado infundado. La inconforme alegaba que no hubo alternancia en la asignación de los ediles, a lo que el Trife le respondió que es incorrecta esa apreciación, porque “la alternancia de género, no es un principio en sentido estricto, sino que es un método para lograr una integración paritaria”.
En el expediente SCM-JDC-1647/2024 de Tecoanapa, promovido por Ricardo Hernández Jijón, éste se inconformó porque iba en el lugar uno de la lista de ediles en ese municipio, por Movimiento Ciudadano, pero al hacer el ajuste para lograr la equidad en la integración del Cabildo quedó fuera de la lista y entró quien estaba en el cuarto lugar de la lista de ediles. En la sentencia el Trife respondió que la asignación se hizo en apego a los Lineamientos de Paridad aprobados en el IEPC.
En los dos casos, el Trife declaró infundados los agravios expuestos por los inconformes y confirmó las sentencias dadas por el TEE.

El TEE le quita una regiduría al PRI en Chilapa por paridad y se la da a Morena

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó otorgar una regiduría de más a Morena en el municipio de Chilapa, espacio que originalmente le correspondía al PRI, por el número de votos que obtuvo, pero por un tema de paridad, y al no tener más mujeres en las listas, el partido no logró conformar la planilla paritaria.
Durante la 50 sesión pública de resolución del TEE, que se realizó de manera virtual la mañana del martes, también se desahogaron otros 11 puntos. La mayoría fueron impugnaciones contra regidurías, mismas que desestimó el tribunal, junto con dos denuncias de violencia política de género.
En el primer punto del orden del día, se desahogó un procedimiento especial sancionador contra el alcalde de Metlatónoc, además de los medios de comunicación Inter ABC, La Bocina, Despertar en la Montaña y La Noticia en la Montaña, por ejercer violencia política en razón de género contra un mujer que pidió la protección de sus datos personales.
De acuerdo con el proyecto aprobado por el pleno del TEE se propuso acordar la devolución del expediente a la Coordinación de lo Contencioso Electoral, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por considerar que no agotó todo el procedimiento.
El segundo proyecto discutido fue el TEE/PES/041/2024, en el que la candidata a la alcaldía de Tlalixtaquilla, Orquídea Cuéllar Guerrero, denunció al también candidato por el mismo cargo, Jerónimo Maldonado Vera, por presuntamente incurrir en violaciones a la normatividad electoral, al utilizar frases religiosas para inducir el voto.
La denuncia fue desechada porque, de acuerdo con las pruebas presentadas, las frases fueron “con la bendición de Dios, Dios me los bendiga y con la bendición de mi señor”, en las cuales, se menciona en el proyecto, “no se observa que tengan la finalidad de influenciar la preferencia de los votantes, a partir de alguna idea o concepto de índole religiosa”.
Los siguientes casos discutidos fueron los de los expedientes TEE/JEC/175/2024 y TEE/JIN/010/2024, donde la candidata de Morena a la alcaldía de Petatlán, Karen Jacinta Ríos Zavala, y la representante de su partido ante el Consejo Distrital 11, denunciaron que en la designación de regidurías por parte del órgano electoral hubo un sobre representación del PRI.
“Los inconformes alegan que, durante el desarrollo de la fórmula establecida en la ley electoral para la asignación de las regidurías, por el principio de representación proporcional en los ayuntamientos, el Consejo Distrital 11 cometió un equívoco al momento de asignar las regidurías por cociente natural, el cual dicen, repercutió en una sobre representación del PRI y sub representación de Morena”, se lee en el proyecto.
La determinación del TEE falló en contra de la impugnación de Morena, al considerar desestimada la denuncia ya que el Consejo Distrital 11 realizó la distribución de las regidurías conforme con la ley.
El cuarto asunto de la sesión fueron los expedientes TEE/JEC/182/2024 y TEE/JEC/203/2024 promovidos por los candidatos a regidores de Leonardo Bravo, Jorge Arturo Ortiz Ávila, y Yubia del Rocío Reyes Alarcón, en contra del Acta de Sesión Especial de Cómputos del Consejo Distrital 19, al argumentar una errónea asignación de regidurías en el Ayuntamiento.
El TEE desestimó y desechó ambos casos, por considerar que “en los expedientes y documentales requeridas por este órgano jurisdiccional, se corroboró que la asignación y recomposición realizada por la autoridad responsable fue acorde con lo establecido en la Ley de Instituciones, para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado y ayuntamientos”.
En el quinto punto se abordaron los expedientes TEE/JEC/211/2024 y TEE/JEC/214/2024, que al igual que el anterior fue una denuncia contra el Consejo Distrital 28 por una presunta mala integración del Cabildo.
Para este caso, los denunciantes fueron los candidatos a regidores de Santa Cruz del Rincón, Ramiro Santana Policarpio y Procoro Altamirano Espinobarros, a quienes el TEE les dio la razón y ordenó al Consejo Distrital 28, con sede en San Luis Acatlán, entregar su nombramiento a Santana Policarpo, como regidor del Ayuntamiento de Santa Cruz del Rincón, por el Partido Movimiento Laborista.
El sexto punto a resolver en la sesión fue el del expediente TEE/JEC/200/2024, en el que el candidato a primer regidor por el PT de Marquelia, Jaret Heriberto Juárez, aseguró que hay una indebida asignación del género en las regidurías de representación proporcional otorgadas a su partido por parte del Consejo Distrital Electoral 15, ya que fue la candidata que iba en cuarto lugar en la listas la que obtuvo el primer espacio en el Cabildo.
La impugnación fue desechada porque “contrario a lo alegado por la parte actora, este órgano jurisdiccional coincide plenamente en la determinación realizada por la autoridad responsable. Ello, porque en efecto, se apegó de manera adecuada al contenido obligatorio tanto de la ley electoral como de los lineamientos de paridad”.
El séptimo asunto enlistado fue el TEE/JIN/003/2024, interpuesto por el PRI, con el objetivo de controvertir la Constancia de Asignación de Regidurías de Representación Proporcional, expedida por el Consejo Distrital 25, por no asignarle la sexta regiduría a la que, asegura, tenía derecho conforme con la votación que recibió en el municipio de Chilapa.
Para este caso se explicó que la determinación corresponde a que la planilla de regidurías del PRI, en Chilapa, era de seis candidaturas, tres hombres y tres mujeres, pero el Consejo Distrital al realizar la asignación oficial no logró conformar un Cabildo paritario con las propuestas del PRI.
A pesar de que le correspondían seis espacios al PRI, éste ya no tuvo más mujeres en su lista de candidaturas para al alcanzar la paridad de género en el Cabildo y por eso fue que la sexta regiduría de Chilapa se quedó sin registro, por lo que el TEE ordenó que ese espacio lo ocupe Morena.
La quinta regiduría que el PRI aseguró le correspondía a Alfredo de la Cruz Guevara, que finalmente se le otorgó a la morenista Jazmín Arzate Sánchez. Para este caso, y contrario a todos los demás, que se votaron por unanimidad, el magistrado José Inés Betancur Salgado se opuso al proyecto, que fue aprobado por mayoría.
“En ese sentido, la distribución del cabildo de Chilapa de Álvarez, Guerrero, debe quedar en los siguientes términos: seis regidurías para el PRI, cuatro regidurías para el partido Morena, 1 regiduría para el PVEM y 1 regiduría para el PRD. En consecuencia, la integración del mismo debe ser de la siguiente forma: ocho espacios para mujeres, seis para hombres y 1 para la persona postulada en la acción afirmativa de la diversidad sexual. Tal consideración es acorde con los lineamientos de integración paritaria”, se mencionó en el proyecto aprobado.
El siguiente caso discutido fue el TEE/PES/039/2024, en el que la diputada local, Gabriela Bernal Reséndiz, denunció a las ciudadanas Esther Araceli Gómez Ramírez y Tereza Nava Alfaro, por actos presuntamente de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En el citado proyecto se propuso determinar la inexistencia de los hechos denunciados y de la infracción de las denunciadas.
“Se pudo constatar la existencia de las publicaciones que contienen las expresiones que la denunciante atribuyó a las denunciadas y que las mismas fueron publicadas en diversos medios informativos, pero no existe evidencia ni elemento probatorio alguno que genere convicción de que dichas expresiones, sean de la autoría de las denunciadas”, se menciona en el proyecto.
De los siguientes tres puntos, el noveno fue de los candidatos a regidores de Buenavista de Cuéllar, postulados por PVEM, PAN y Morena, para controvertir la asignación de las regidurías del mencionado ayuntamiento, realizada por el Consejo Distrital 23.
Esta denuncia fue desechada, por considerar que el Consejo Distrital correspondiente sí cumplió con las normas para el reparto de las regidurías.
El decimo punto fue para aprobar el desistimiento del procedimiento promovido por la candidata a regidora de San Marcos, Enaris Grisel Valeriano Morales, en contra de la asignación de género de las regidurías del Ayuntamiento de San Marcos.
“La actora presentó un escrito de desistimiento ante la Oficialía de Partes de este tribunal electoral”, mencionó el proyecto del TEE.El décimo segundo y último punto del orden del día, fue para abordar los casos TEE/JEC/188/2024 y TEE/JEC/191/2024, correspondientes a los juicios electorales ciudadanos interpuestos por Marta Madaí Sánchez García y Fernando Gatica Mejía, candidatos a regidores por el Partido del Bienestar Guerrero y PVEM, respectivamente, en contra de lo que consideraron una incorrecta determinación de género y acción afirmativa en las asignaciones de regidurías del Ayuntamiento de Tixtla, que realizó el Consejo Distrital 24.
“En el proyecto se propuso declarar infundados los agravios expuestos, toda vez que contrario a lo alegado por la parte actora, este órgano jurisdiccional coincide plenamente en la determinación realizada por la autoridad responsable.

Desecha el Trife 15 impugnaciones de la oposición contra la elección al Senado

Daniel Velázquez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) desechó por unanimidad 15 impugnaciones promovidas por los partidos que integraron la coalición Fuerza y Corazón Por México: PRI, PAN y PRD, que impugnaron los resultados de la elección de senadores en Guerrero.
La presidenta de la Sala Regional explicó que la resolución fue porque no se cumplieron los requisitos para estudiar el fondo de la controversia planteada. Además, son criterios que se aplican desde hace “muchísimos años”.
Este jueves, la Sala Regional Ciudad de México del Trife presentó al pleno las resoluciones a los recursos presentados por PRI, PAN y PRD, en menos de 10 minutos los magistrados desecharon 108 expedientes, entre ellos los de Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Puebla.
En todos los casos, se impugnaban los resultados de la elección de senadores, y en todos los casos, se dijo que eran desechados porque no son actos definitivos y no hay vulneración a la esfera jurídica.
En el caso de Guerrero, fueron siete expedientes del PRD, seis del PAN y tres del PRI, estos tres últimos fueron desechados por extemporáneos.
La magistrada presidenta María Silva Rojas explicó que la decisión tomada es la misma que se ha tomado históricamente por el Trife, en todas las impugnaciones que se hacen sobre las elecciones.
“Las causales de improcedencia que se están argumentando en los proyectos para estas improcedencias son cuestiones que han sido sostenidas desde hace muchos años en múltiples precedentes, que tiene no nada mas esta sala sino las demás salas regionales, la Sala Superior, algunos están contenidos en jurisprudencia y han sido aplicados desde hace muchísimos años, en múltiples precedentes, no sólo relacionados con este tipo de juicios de inconformidad, en que se hace valer la posible nulidad de una elección o de votación recibida en ciertas casillas, en todos estos asuntos, históricamente se ha resuelto en la manera en que se está resolviendo”.
En total, en Guerrero se presentaron 44 impugnaciones a los resultados de la elección del pasado 2 de junio, en la que se eligió presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores.

 

Hay 91 impugnaciones a resultados de la elección local del 2 de junio: IEPC

 

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) recibió 91 impugnaciones relacionadas con los resultados de la jornada electoral del pasado 2 de junio.
De acuerdo con los datos proporcionados por el IEPC, de los 91 recursos de impugnación recibidos, 83 son en contra de los cómputos distritales, resultados y asignación de regidurías; mientras que ocho son en contra de la asignación de diputaciones plurinominales.
Aunque la mayoría de estos casos se mantienen en secrecía, por un tema legal, los que se han hecho públicos son las impugnaciones de Morena en los municipios de Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo, Juchitán, San Luis Acatlán, Iliatenco y Copala.
En el caso de Juchitán, hay una diferencia de seis votos entre el candidato de Morena, Demetrio Guzmán Aguilar, y el primer lugar, la panista Ana Lenis Reséndiz Javier.
Otra impugnación, pero esta vez por parte del PRD, es en Igualapa, donde Alfredo González Nicolás resultó ganador en las urnas, con 2 mil 109 votos frente a 2 mil 3 del perredista Omar González Álvarez.
En Igualapa, el PRD impugnó el resultado que dió ganador al candidato del Partido del Bienestar Guerrero, Alfredo González Nicolás, quien compitió contra el perredista Omar González Álvarez. Los resultados arrojan una diferencia de 106 votos y además argumentan algunas irregularidades.
En Zitlala, los priistas pretenden impugnar, por lo cerrado de los resultados, que favorecieron a la perredista Khalia Areli Ramos Decena y en José Joaquín de Herrera, porque en la comunidad de Ayahualtempa no se permitió el ingreso de sus representantes de casilla y de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, las personas votaron en una mesa, a la vista de todos, sin mampara y con resguardo del grupo de autodefensa que opera en la zona. En dicho municipio ganó la candidata de Morena-PT-PVEM, Micaela Manzano Martínez.
El PAN impugnarán Leonardo Bravo, por lo cerrado de los resultados y porque hubo inconsistencias con los funcionarios de casilla que no se presentaron el día de la elección. Ahí ganó el candidato de la alianza Morena-PT-PVEM, Leonardo Maldonado Zúñiga, y en segundo lugar quedó el actual alcalde panista, que buscaba la reelección por parte de la alianza PRI-PRD-PAN, Eliezer Maldonado Rivera.
Movimiento Ciudadano solo impugnará en Juan R Escudero (Tierra Colorada), por la mínima diferencia entre su candidato, Óscar Sánchez Luna, con 3 mil 90 votos, y el candidato del PVEM, Gustavo Gatica Navarrete, que obtuvo 3 mil 45 sufragios, una diferencia de 45.
La mayoría de las impugnaciones, según los datos del IEPC, son por regidurías que se pelearán y definirán en los tribunales; además de las diputaciones plurinominales, donde el PRI pretende quitarle tres espacios a Morena y este, por su parte, quiere una diputación de más, que asegura le quitaron de manera injustificada.

Prevé el TEE para 2024 un proceso electoral complicado; aumentan impugnaciones 300%

La presidenta del TEE Evelyn Rodriguez Xinol en declaraciones a reporteros Foto: Lourdes Chávez

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Evelyn Rodríguez Xinol, estimó que hay un incremento de 300 por ciento en los medios de impugnación, comparado con el proceso electoral anterior, y previó un proceso electoral complicado que tendrá, entre sus particularidades, el tema de la violencia política por razones de género.
En conferencia de prensa, indicó que el Tribunal tiene diez denuncias por violencia política de género y muchas se encuentran ante la autoridad instructora, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en proceso de investigación.
Aclaró que en su momento, el Tribunal tendrá que resolver todos los asuntos con apego estricto a la norma constitucional, pero sobre todo a la protección más amplia de derechos humanos y de las acciones afirmativas.
Incluso, señaló que para los partidos políticos es una preocupación la postulación de candidaturas con acciones afirmativas de la diversidad sexual, indígena, afromexicanos y discapacitados, entre otras.
Consideró que “ha faltado un poco sensibilizar a los actores políticos en el tema de violencia política, decirles cuando están cometiendo violencia política, por qué ha dejado de observar la norma, porque antes estaban acostumbrados a hacer todo y a decir todo de las personas que ocupan un cargo público, y hoy pues están  siendo sancionados”. Incluso, dijo que han convocado a cursos a partidos políticos y no llegan.

Xalpatláhuac,  en proceso de ejecución de sentencia

Sobre las omisiones del gobierno del estado, en las medidas reparatorias por la violencia política de género que se cometió contra la alcaldesa, Selene Sotelo Maldonado, informó que el caso sigue en la etapa de ejecución de sentencia.
Recordó que la Sala Superior Ciudad de México del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), vinculó al TEE, al IEPC, al gobierno del estado y a ciertas autoridades de Seguridad Pública a darle protección a la alcaldesa, que se han cumplido, “tiene vigilancia 24 horas por siete días de la semana”.
Sin embargo, señaló que falta la entrega física del edificio del ayuntamiento, que ella no ha querido ocupar “porque dice que no es seguro, que no hay condiciones para que gobierne desde ahí y entonces, pues no hemos podido ejecutar ejecutar la sentencia”.
Aclaró que, como autoridad jurisdiccional no pueden actuar en contra de ella, que es la víctima, porque no acate la sentencia.
Esta denuncia, data del inicio de la administración municipal, en 2021, contra actores políticos y autoridades comunitarias, que agredieron a la alcaldesa y la sacaron del ayuntamiento cuando recién asumió el cargo.
Rodríguez Xinol indicó que todavía hay algunas denuncias en el IEPC que la alcaldesa presentó contra servidores públicos de su ayuntamiento por violencia política.
Añadió que el Tribunal dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, donde hay carpetas de investigación, “al parecer muy avanzadas” para que determine si las acciones que ha denunciado pueden configurarse como delitos.
Sobre una alerta de violencia de género en Xalpatláhuac que la Sala Regional Ciudad de México ordenó al gobierno del estado emitir en 2022, señaló que ha habido reuniones con el gobierno del estado, sin avances.
“Hemos encontrando mucha resistencia también de la presidenta municipal al decirle, ‘a ver, el gobierno sobre todo el gobierno del estado, ha tratado de garantizar sus derechos y su protección’, pero pues hay mucha resistencia”.

Recortes al presupuesto 2024

Sobre el presupuesto del tribunal en 2024, informó que enviaron el tribunal colegiado envió un anteproyecto de 128 millones de pesos para este año, y en el iniciativa de Presupuesto de Egresos del gobierno del estado turnada  al Congreso local, la propuesta de financiamiento para el tribunal, bajó 112 millones de pesos.
Aclaró que tuvieron reuniones con representantes de algunos políticos para solicitar que no disminuyan más el financiamiento del  TEE, porque saben que están sufriendo ajustes a todos los presupuestos, debido a las condiciones que ha dejado el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.
Precisó que todavía no saben si el tribunal también será parte de los ajustes, pero si fuera el caso, buscarán adaptarse al financiamiento y si resulta insuficiente, solicitarían una ampliación presupuestal.

 

Valida la Corte consulta a pueblos indígenas y afros que realizó el Congreso local en 2022

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
Se trata de las reformas que diputados locales realizaron el 24 de mayo del año pasado en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses -a pesar de que la Corte había dado todo un año para su desarrollo- sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
El diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto, y organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron los principales opositores de estas reformas.
Incluso, después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente ayer validó la Corte.
Ayer en sesión, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH); la ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
La ponente propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad; y que se reconociera la validez del decreto 183 por el que se reforma la ley 701.
En el estudio de fondo, la ponente Ana Margarita Ríos habló de un apartado que denominaron vulneración a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su exposición la ministra explicó por qué se declaraba infundada la solicitud de invalidez de este decreto.
Comentó que ésta es la primera consulta indígena que se validaría por parte de la Corte, porque consideraron que el Poder Legislativo de Guerrero sí cumplió con realizar la consulta de acuerdo con las fases y características que han sido establecidas por este tribunal.
La ministra ponente señala que en la fase preconsultiva se desarrolló de manera correcta identificando las comunidades a consultar, y que posteriormente el Congreso emitió lineamientos que establecieron los principios por los que “se regiría la consulta”, esto a pesar de que en este proceso no participaron pueblos indígenas ni afromexicanos.
En este caso, la ministra argumentó que estos lineamientos podrían modificarse “de acuerdo a sus necesidades, sistemas normativos, y costumbres de cada comunidad”.
De la fase informativa, la ministra se refirió a la distribución de información y la difusión sobre la realización de la consulta por diferentes vías, y que se realizaron asambleas en las cuatro lenguas indígenas “lo que permitió un entendimiento y diálogo intercultural”.
Y en la fase de deliberación interna, la ministra Ana Margarita Ríos, validó que se realizaron asambleas y reuniones al interior de las comunidades “sin la intervención del Poder Legislativo” en las que se discutieron la propuesta de ley para aprobar o presentar propuestas de modificación.
Después, en la fase de diálogo, la ministra dijo que se realizaron 424 asambleas consultivas de un total del mismo número de comunidades de 54 municipios que “quisieron participar”.
Mientras que en la fase de decisión “el Congreso incorporó el mayor número de propuestas con base en el principio de mayor consenso posible”, y afirmó que las opciones que “no fueron integradas expresamente ya formaban parte de la redacción de la redacción de artículos puestos a consideración o bien, tenían incidencia en el ámbito competencial de otros poderes”.
En la sesión no se dieron detalles de lo anterior, y solo se apunta que “estuvo debidamente fundado y motivado por el Congreso local en la exposición de motivos”.
La propuesta llevada al pleno de la SCJN planteó que el Congreso de Guerrero sí cumplió con las fases mínimas que debe tener una consulta previa, y que esta cumplió con las características establecidas por la Corte.
Se consideró que fue una consulta libre porque no hay pruebas “de que actos de coerción, intimidación o manipulación por parte de las autoridades”; la ministra también precisó que “la finalidad de llegar a acuerdos no puede interpretarse en el extremo de exigir que todas las propuestas y comentarios en lo individual deban reflejarse en el proyecto final de la ley pues es de carácter general a todos los pueblos”.
En el segundo apartado de vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la ministra ponente propuso declarar infundado el concepto de invalidez que pidió la CNDH.
Con lo aprobado, se determinó que “sí está reconocida la personalidad jurídica y los derechos de dichas comunidades” y que de esta manera “queda superada la confusión que surge de la interpretación aislada de los artículos impugnados”.

 

Responderá el tribunal de la UAG a las impugnaciones por la elección: rector

El rector de la UAG, José Alfredo Romero, en entrevista al término de la firma de convenio de apoyo entre esta casa de estudios y el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez, en el auditorio de Rectoría en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, afirmó que será el Tribunal Universitario el que deberá responder a las impugnaciones presentadas por Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train por la elección que dio como ganador a Javier Saldaña Almazán, y que el Consejo Universitario tendrá hoy la última decisión.
Consideró que todo el proceso electoral se hizo apegado a la normatividad universitaria y que se cumplieron con todos sus principios, por lo que no cree que se puedan echar para atrás las elecciones.
En declaraciones al concluir la firma del convenio entre la UAG y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en las instalaciones de Rectoría, José Alfredo Romero, dijo que las impugnaciones hechas por Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui, por el proceso electoral a rector que ocurrió el 25 de mayo, de acuerdo con la normatividad, deberán ser respondidas por el Tribunal Universitario.
Sostuvo que el Tribunal Universitario enviará su decisión a la sesión de hoy, 6 de junio, del pleno del Consejo Universitario, “que es la última instancia. Tomará la última decisión, obviamente, de acuerdo con lo que establezca el tribunal, que es lo que conoce de acuerdo con nuestra legislación de estas impugnaciones”.
Se le preguntó acerca de las irregularidades que señalan los opositores, pero comentó que “todo el proceso electoral, desde la aprobación, publicación de la convocatoria, hasta la calificación, se hizo apegada a la normatividad, a lo que la misma Constitución, en su fracción Séptima del artículo tercero constitucional, le da facultades a la universidad para con base en su autonomía, elegir a sus autoridades”.
Aseguró que se siguió el proceso de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto General y lo que establece el reglamento, “todo el procedimiento fue apegado a la normatividad y, en ese sentido, nosotros consideramos que el procedimiento cumplió con todos los principios señalados en la legislación”.
Se le preguntó si habrá forma de que se eche para atrás la elección, pero respondió que en lo absoluto se podría.
Este sábado, Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui presentaron el recurso de inconformidad ante el Tribunal Universitario de la UAG, contra el proceso de elección que, el 25 de mayo, declaró ganador al único candidato, Javier Saldaña Almazán.
Los integrantes del Movimiento del Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía Universitaria, argumentaron que las tres causas de la impugnación son los vicios de origen en la publicación de la convocatoria, que violentan la ley orgánica universitaria, derechos humanos, políticos, constitucionales y universitarios.
Expusieron que la elección no se rigió con los principios de certeza y objetividad, pues no hubo representantes de casillas porque no se permitió la participación de nadie más que a Saldaña Almazán; así como que es inelegible, porque la ley de reelección se establece por una sola vez, y el ahora rector electo ya aplicó su reelección en 2017.

 

Los nuevos municipios, hasta que se resuelvan impugnaciones: Yoloczin

Daniel Velázquez

La diputada presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, dijo que el nombramiento de los alcaldes de los municipios instituyentes se concretarán hasta que concluyan las impugnaciones que hay en los tribunales, para evitar que haya sentencias que afecten las decisiones del Congreso local.
Vía telefónica, la diputada fue consultada sobre el nombramiento de los nuevos alcaldes en los municipios de nueva creación, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Ñuu Savi, y explicó que se ha detenido la designación de las nuevas autoridades por los “desacuerdos” que hay entre quienes desean ser parte de los nuevos municipios, pues han recurrido a amparos e impugnaciones ante los tribunales.
“Ha habido muchas impugnaciones y amparos por parte de los mismos que pretenden integrar estos nuevos municipios. Hay desacuerdos entre ellos mismos, hasta este momento y mientras haya esas impugnaciones, esos amparos a nosotros nos detiene, retrasa un poco más el proceso de la designación en los nuevos municipios”.
“Tenemos que esperar a que haya resoluciones para agilizar el proceso”, dijo.
Dijo que el Congreso local busca ser respetuoso de la ley “no queremos cometer algún error que pueda detonar una afectación social el día de mañana y económica por ende”.
Agregó que además de esperar las resoluciones judiciales, también deben integrarse propuestas que sean paritarias, dos hombres y dos mujeres, “este ha sido uno de los temas que ha detenido mucho el proceso, porque algunos de los que integran los municipios pues han manifestado que no hay interés”.
Domínguez Serna insistió en que los diputados buscan ser “cuidadosos” en el proceso de designación de autoridades en los municipios instituyentes, para que no suceda lo mismo que en Morelos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los anuló.
Indicó que esta es la explicación que se ha dado a todos los que han acudido a preguntar sobre el proceso de nombramiento de nuevas autoridades y lo que esperan es que haya resoluciones favorables, para que se pueda avanzar en ese tema, “respetuosos de lo que marca la suprema corte, para evitar que haya alguna omisión que nos lleve a que haya, el día de mañana, algún problema de tipo social como económico”.
La diputada asistió este domingo al cambio de la mesa directiva de la Asociación Nuevo Empodera-miento de Guerrero (Negro) en un restaurante de Pie de la Cuesta.
El presidente entrante es el coordinador operativo de la Unidad de Atención de Grupos Prioritarios, Audel Urbina Serrano, y el saliente es el ex regidor de Morena, Andrés Alain Rodríguez Serrano, quien dijo que la asociación es humanista, altruista y sin fines de lucro, que tiene como finalidad visibilizar al pueblo afromestizo del estado “para que nosotros los negros tengamos mejores oportunidades de desarrollo económico, cultural, social, político y en todos los aspectos de la vida, pública y privada”.
Asistieron la diputada federal Rosario Merlín García, los locales Beatriz Mojica Morga y Marco Tulio Sánchez Alarcón, el regidor Antonio Carbajal Moreno, la representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez Ramírez; el secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Abel Bruno Arriaga; el subsecretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán; el ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y el presidente del Consejo Guerrerense Afromexicano (Conga), Bulmaro García.