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Recibe ocho impugnaciones del gobierno federal la sentencia contra la FGR por el caso Radilla

El pasado 24 de agosto familiares del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco se manifestaron en la glorietas de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, para exigir que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un mensaje contradictorio

En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.

 

Falta identificar a dos víctimas del terrorismo de Estado exhumadas hace un año en Ajuchitlán

Familiares de víctimas de la guerra sucia, Bartolo Hernández, María Eloy, Antonina Rojas y Octaviano Serrano en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Dos víctimas de la etapa de terrorismo de Estado, también llamada guerra sucia, ejecutadas por el Ejército cuyos restos fueron exhumados en Ajuchitlán del Progreso hace un año no han sido identificadas genéticamente, debido a la falta de material de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación, señalaron familiares.
En la conferencia Antolina Rojas relató la ejecución de su padre, primo y tíos a manos de militares en la comunidad Los Espadines en 1967. “Éramos muy niños, ese recuerdo no lo puedo olvidar”, expresó con llanto.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le exigieron investigar la actuación del Ejército en la entidad en esa época, castigo a los militares culpables y la reparación del daño.
Ayer al mediodía en el Sindicato de Redactores de la Prensa de Chilpancingo, hijos de personas desaparecidas, ejecutadas y sepultadas en fosas clandestinas de 1967 a 1971 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente, denunciaron la omisión de las fiscalías y del gobierno federal.
Octaviano Gervasio Serrano del Colectivo de Esposas Hijos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez y Estela Arroyo de la Asociación de Ejidos y Comunidades, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, recordaron que del 4 al 8 de septiembre de 2023 fueron recuperados por autoridades estatales y federales, con ayuda de familiares, los cuerpos de siete víctimas.
La exhumación fue en fosas clandestinas en las inmediaciones de Los Espadines y en el cerro Las Desdichas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Las víctimas recuperadas que fueron identificadas genéticamente son Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino y Pablo Rojas Terán, que al momento de su ejecución tenía 14 años.
Hace falta por identificar a Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
Octaviano Gervasio -hijo de Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido el 26 de julio de 1974 y cuyo nombre se encuentra en las listas de los vuelos de la muerte- señaló:
“En la Fiscalía estatal nos aseguran que sí es posible identificarlos genéticamente, pero que no cuentan con los reactivos o materiales adecuados, por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que se logre la identificación de las otras dos víctimas”.
Pidió además la búsqueda y exhumación de José Santos González, una octava víctima desaparecida.
El abogado ha informado que en la sierra habría los cuerpos de otras 13 personas ejecutadas por soldados en una operación de Estado que masacró y desapareció a cientos de campesinos inocentes de la sierra, con el pretexto de combatir la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Bartolo Hernández Rojas, hijo de Apolonio Hernández Bernardino, exigió justicia y reparación del daño.
“Fue un terrorismo allá en la sierra, nuestros padres eran campesinos y criaban cabras”, describió.
Estela Arroyo, hija de Alejandro Arroyo Cabañas, sobrina de Isaías Castro Velázquez y nieta de Sóstenes López Cienfuegos expresó:
“Le pedimos a la presidenta Claudia que nos ponga atención, para que se nos haga justicia, ya que los presidentes pasados nunca lo hicieron.
“Queremos que en este gobierno se dé la verdad, se castigue a los culpables y se repare el daño a las víctimas”.
Aseguró que tienen la certeza que las otras dos víctimas no identificadas por la FGE son Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
“Son ellos, sus hijos que eran pequeños vieron la forma en que el Ejército los masacró”, dijo Estela Arroyo.

“Éramos muy niños. Los acabaron a todos”

En la conferencia la señora Antolina Rojas Bernardino -hija de Bartolo Rojas Nazario- narró la madrugada del 20 de diciembre de 1967, cuando cientos de militares irrumpieron en Los Espadines.
“Yo vi cuando llegó el Ejército muy temprano cuando sacaron a mi padre, a mis tíos, y a mi primo Pablito. Ese recuerdo no lo puedo olvidar”.
“Éramos siete niños, por eso no fuimos a la escuela. Estábamos dormidos todavía cuando escuchamos la balacera y llegó alguien corriendo que dijo ‘ya cayó Gervasio (Bernardino Durán), fue el primero que cayó mi tío, hermano de mi madre”.
“Ya mi papá se fue, yo anduve con él corriendo, las balas nos pasaban por los pies. Mi papá se vistió de mujer para que no le tiraran, pero de todos modos lo encontramos tirado, ya muerto, sin vida. Yo vi cuando pararon algo con patas como eso (un tripié) y cayeron muchas bolitas de colores (luces)”.
“Yo pensé que mi padre se había salido de la comunidad. Ya cuando dice mi mamá ‘baja vamos a traer a tu papá’”.
En ese momento las lágrimas le brotaron a Antolina y detuvo el relató
“No puedo pues, todavía lloró, me da pena llorar”, expresó.
Suspiró profundamente y continuó:
“Éramos muy niños. Los acabaron a todos. Yo vi cuando iban corriendo Pablito y Francisco. Pablito era un jovencito de 14 años, ahí cayó boca arriba junto con mi tío Francisco. A todos los acabaron, a nosotros nos pusieron las armas, a mi mero me anotaron (apuntaron), yo tuve miedo, iban vestidos de verde”.
“Se llevaron todo lo que teníamos, jabón, todo, no se llevaron las gallinas porque no pudieron”.
Lo que pide, dijo, es justicia.
“Yo tengo fe en la doctora, presidenta de nuestro país (Claudia Sheinbaum), que sí nos va a hacer justicia”.

Se reúnen la CEAV y la CNDH con víctimas en El Quemado, Atoyac, para la reparación de daños

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunió en la localidad de El Quemado, en la sierra del municipio de Atoyac, con familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos del gobierno cuando combatía la guerrilla de Lucio Cabañas en la década de 1970, época conocida como de terrorismo de Estado.
Informó de los adelantos que hay en cuanto al proceso de reparación del daño para los familiares y víctimas.
A la localidad acudieron médicos que llevaron atención gratuita y un módulo del Registro Civil para registros de nacimientos y matrimonios.
La reunión fue asistida por el dirigente social y defensor de derechos humanos Arturo García Jiménez.
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue Edmundo Estefan Fuentes y de la CEAV estuvo Silvano Cantú, quienes se reunieron con los sobrevivientes en la comisaría del lugar donde detallaron información y aclararon dudas a los afectados de la también llamada época de la guerra sucia.
Edmundo Estefan dijo que lo ocurrido en El Quemado forma parte de la historia contemporánea del país, que le están dando seguimiento a la recomendación 26/2001 y quieren que esta historia llegue a su fin.
Silvano Cantú dijo que han llevado a cabo 10 brigadas en El Quemado, y resaltó la contribución de la agrupación Guerrero es Primero.
Agradeció que la CNDH los haya convocado a esta reunión informativa y agregó que hay avances importantes en registro nacional de víctimas están cerca de tener cubierto el 80 por ciento, lo que sigue es cerrar las resoluciones y pasar a la reparación del daño.
Dijo que de los 82 casos de violaciones a los derechos humanos de El Quemado, 69 están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y que esta reunión era para evitar rumores y malos entendidos.
Abundó que el 79 por ciento de las desapariciones que se dieron en todo el país en el periodo del terrorismo de Estado son de Atoyac.
Para la reparación del daño la CEAV está juntando las listas de la CNDH, la fiscalía especial y la Comisión de la Verdad para hacer un mapeo y ubicarlos en su lugar de origen.
La investigación histórica fue hecha por la Comisión de la Verdad, por eso no se les pidieron más pruebas.
Destacó que no se necesita más investigación. Informó que para la reparación se seguirán los estándares internacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), con base en la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco.
Con este hecho la reparación del daño para la gente de El Quemado está muy cerca, afirmó. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Retoma la PGR las diligencias en el ex cuartel militar de Atoyac por los desaparecidos de los 70

Peritos en antropología forense de la Procuraduría General de República (PGR) hacen trabajos de inspección y análisis de predios en la Ciudad de los Servicios donde hay oficinas municipales, y que fue un cuartel militar en el periodo de terrorismo de Estado o guerra sucia (en la década de 1970) cuando militares desaparecieron a cientos de campesinos del municipio de Atoyac.
Los trabajos comenzaron el lunes y coinciden con la fecha del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el gobierno de México por la desaparición del dirigente campesino Rosendo Radilla Pacheco.
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez informó que los trabajos corresponden, a “diligencias de rutina por parte de la PGR” después de que los familiares han buscado por muchos años a sus desaparecidos, de los cuales interpusieron denuncias en la dependencia federal que hace las diligencias.
Informó que el Ministerio Público federal da continuidad a los casos de los desaparecidos, y que diligencias que por año y medio no se habían podido hacer en la Ciudad de los Servicios se retomaron esta semana.
La hija de Rosendo Radilla dijo que se están volviendo a medir los predios para saber cuáles son las delimitaciones de lo que era el cuartel, donde hoy hay varias oficinas municipales y dependencias de los gobiernos federal y estatal.
Dijo que se ubican los lugares que ya han sido excavados, “pero también cuáles no para saber ubicarlos y no descartarlos, son diligencias de investigación. Los resultados que se obtendrán no los hace públicos la PGR ni a nosotros los familiares, a nosotros nos importa saber en dónde están nuestros familiares, y las diligencia las hará el gobierno”.
Aclaró que las investigaciones no son sólo por el caso de su padre, sino por los casi 500 desaparecidos de la época de terrorismo de Estado cuando el Ejército combatía al líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
La defensora de derechos humanos lamentó que a casi ocho años de que se dictó sentencia en el caso de Rosendo Radilla, no se ha avanzado por el gobierno mexicano en las recomendaciones que se emitieron, como seguir la búsqueda de los desaparecidos.
Dijo que no descarta que se vuelvan a hacer excavaciones en el ex cuartel porque hay espacios que fueron oficinas castrenses, “a lo mejor dice la gente que donde ellos estaban no los hubieran sepultado, pero nosotros no sabemos, como familiares sabemos que aquí llegaron y queremos que se descarte todo y se analice todo el terreno”.
Agregó que la sentencia que emitió la Coidh no es exclusiva para el presidente en turno sino para el gobierno mexicano, “el Estado mexicano fue sentenciado a buscarlo, encontrarlo y entregarlo a la familia y en esta búsqueda se incluye a los demás desaparecidos también, la sentencia no es solo por Rosendo y no es para un presidente en particular”.
Criticó que a ocho años de la sentencia no haya resultados  y ya han pasado dos gobiernos de la República, una del PRI y otra del PAN, “lo que hemos observado es que las investigaciones han sido deficientes, en la del PAN se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado sin éxito, no tengo que decir que no se investiga en México, se nota, ¿cuántos casos se han esclarecido?, ninguno, no hay sanción a los responsables, es un país de impunidad, a la vista están los resultados”.
Dijo que los familiares están dispuestos a colaborar para que se dé con el paradero de los desaparecidos, y esperan que se obtenga pronto un resultado satisfactorio.
Agregó que se espera que termine este gobierno priista pero vivieron la administración del PAN, “y la verdad no sabemos qué puede pasar si viene un gobierno diferente, nosotros esperamos que ahora sí por suerte vamos a dar con alguien, pero de que hay deficiencias en las investigaciones las hay, no hay resultados”.

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.