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Se reúnen la CEAV y la CNDH con víctimas en El Quemado, Atoyac, para la reparación de daños

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunió en la localidad de El Quemado, en la sierra del municipio de Atoyac, con familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos del gobierno cuando combatía la guerrilla de Lucio Cabañas en la década de 1970, época conocida como de terrorismo de Estado.
Informó de los adelantos que hay en cuanto al proceso de reparación del daño para los familiares y víctimas.
A la localidad acudieron médicos que llevaron atención gratuita y un módulo del Registro Civil para registros de nacimientos y matrimonios.
La reunión fue asistida por el dirigente social y defensor de derechos humanos Arturo García Jiménez.
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue Edmundo Estefan Fuentes y de la CEAV estuvo Silvano Cantú, quienes se reunieron con los sobrevivientes en la comisaría del lugar donde detallaron información y aclararon dudas a los afectados de la también llamada época de la guerra sucia.
Edmundo Estefan dijo que lo ocurrido en El Quemado forma parte de la historia contemporánea del país, que le están dando seguimiento a la recomendación 26/2001 y quieren que esta historia llegue a su fin.
Silvano Cantú dijo que han llevado a cabo 10 brigadas en El Quemado, y resaltó la contribución de la agrupación Guerrero es Primero.
Agradeció que la CNDH los haya convocado a esta reunión informativa y agregó que hay avances importantes en registro nacional de víctimas están cerca de tener cubierto el 80 por ciento, lo que sigue es cerrar las resoluciones y pasar a la reparación del daño.
Dijo que de los 82 casos de violaciones a los derechos humanos de El Quemado, 69 están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y que esta reunión era para evitar rumores y malos entendidos.
Abundó que el 79 por ciento de las desapariciones que se dieron en todo el país en el periodo del terrorismo de Estado son de Atoyac.
Para la reparación del daño la CEAV está juntando las listas de la CNDH, la fiscalía especial y la Comisión de la Verdad para hacer un mapeo y ubicarlos en su lugar de origen.
La investigación histórica fue hecha por la Comisión de la Verdad, por eso no se les pidieron más pruebas.
Destacó que no se necesita más investigación. Informó que para la reparación se seguirán los estándares internacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), con base en la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco.
Con este hecho la reparación del daño para la gente de El Quemado está muy cerca, afirmó. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Retoma la PGR las diligencias en el ex cuartel militar de Atoyac por los desaparecidos de los 70

Peritos en antropología forense de la Procuraduría General de República (PGR) hacen trabajos de inspección y análisis de predios en la Ciudad de los Servicios donde hay oficinas municipales, y que fue un cuartel militar en el periodo de terrorismo de Estado o guerra sucia (en la década de 1970) cuando militares desaparecieron a cientos de campesinos del municipio de Atoyac.
Los trabajos comenzaron el lunes y coinciden con la fecha del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el gobierno de México por la desaparición del dirigente campesino Rosendo Radilla Pacheco.
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez informó que los trabajos corresponden, a “diligencias de rutina por parte de la PGR” después de que los familiares han buscado por muchos años a sus desaparecidos, de los cuales interpusieron denuncias en la dependencia federal que hace las diligencias.
Informó que el Ministerio Público federal da continuidad a los casos de los desaparecidos, y que diligencias que por año y medio no se habían podido hacer en la Ciudad de los Servicios se retomaron esta semana.
La hija de Rosendo Radilla dijo que se están volviendo a medir los predios para saber cuáles son las delimitaciones de lo que era el cuartel, donde hoy hay varias oficinas municipales y dependencias de los gobiernos federal y estatal.
Dijo que se ubican los lugares que ya han sido excavados, “pero también cuáles no para saber ubicarlos y no descartarlos, son diligencias de investigación. Los resultados que se obtendrán no los hace públicos la PGR ni a nosotros los familiares, a nosotros nos importa saber en dónde están nuestros familiares, y las diligencia las hará el gobierno”.
Aclaró que las investigaciones no son sólo por el caso de su padre, sino por los casi 500 desaparecidos de la época de terrorismo de Estado cuando el Ejército combatía al líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
La defensora de derechos humanos lamentó que a casi ocho años de que se dictó sentencia en el caso de Rosendo Radilla, no se ha avanzado por el gobierno mexicano en las recomendaciones que se emitieron, como seguir la búsqueda de los desaparecidos.
Dijo que no descarta que se vuelvan a hacer excavaciones en el ex cuartel porque hay espacios que fueron oficinas castrenses, “a lo mejor dice la gente que donde ellos estaban no los hubieran sepultado, pero nosotros no sabemos, como familiares sabemos que aquí llegaron y queremos que se descarte todo y se analice todo el terreno”.
Agregó que la sentencia que emitió la Coidh no es exclusiva para el presidente en turno sino para el gobierno mexicano, “el Estado mexicano fue sentenciado a buscarlo, encontrarlo y entregarlo a la familia y en esta búsqueda se incluye a los demás desaparecidos también, la sentencia no es solo por Rosendo y no es para un presidente en particular”.
Criticó que a ocho años de la sentencia no haya resultados  y ya han pasado dos gobiernos de la República, una del PRI y otra del PAN, “lo que hemos observado es que las investigaciones han sido deficientes, en la del PAN se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado sin éxito, no tengo que decir que no se investiga en México, se nota, ¿cuántos casos se han esclarecido?, ninguno, no hay sanción a los responsables, es un país de impunidad, a la vista están los resultados”.
Dijo que los familiares están dispuestos a colaborar para que se dé con el paradero de los desaparecidos, y esperan que se obtenga pronto un resultado satisfactorio.
Agregó que se espera que termine este gobierno priista pero vivieron la administración del PAN, “y la verdad no sabemos qué puede pasar si viene un gobierno diferente, nosotros esperamos que ahora sí por suerte vamos a dar con alguien, pero de que hay deficiencias en las investigaciones las hay, no hay resultados”.

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.