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Se deben tener más pruebas de los vuelos de la muerte y seguir buscando a desaparecidos en otros sitios: Tita Radilla

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla,< en el foro Desaparición e impunidad en México, el 28 de enero de 2019 Foto: Jessica Torres Barrera

Ramón Gracida Gómez

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, consideró que es importante tener más pruebas sobre los vuelos de la muerte, pero no hay suficientes agentes del Ministerio Público para todos los casos de la guerra sucia y tampoco ha continuado la búsqueda en otros posibles sitios de entierros clandestinos.
La hija de Rosendo Radilla Pacheco, emblema de las desapariciones de la contrainsurgencia de los años 70, contó que, de la investigación militar de los primeros años del siglo XXI, Afadem conoció una lista de más de 100 nombres de víctimas tiradas al mar, entre ellas su papá, pero no hay pruebas que respalden esta información y además constató que 8 personas seguían vivas.
Dijo que la investigación en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, fue “a medias” porque se les quiso responsabilizar de todo, pero el ocultamiento de la verdad persiste y la razón, señaló, es por la protección del “prestigio” del Ejército.
El Sur publicó el 27 y 28 de noviembre un extenso reportaje en dos partes sobre los vuelos de la muerte, firmado por los periodistas José Reveles y Jacinto Murguía para el medio digital Fábrica de Periodismo, que dio a conocer detalles sobre la investigación militar a principios del siglo XXI, en el gobierno de Vicente Fox, en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
Consultada al respecto, la dirigente de la Afadem Tita Radilla opinó vía telefónica: “nosotros sabemos desde hace mucho tiempo de que eso ocurrió, de los vuelos de la muerte, aunque no teníamos una explicación tan detallada como ahorita lo mencionan esos reportajes”.
La hija de Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974 reveló que 11 personas de la Afadem fueron citadas a declarar en la Procuraduría Militar por la investigación, pero no acudieron al llamado porque “nuestros familiares no eran militares y tampoco tenemos nada que ver con la justicia militar, sino que ahí los mencionamos porque es su responsabilidad, ellos lo hicieron, ellos se los llevaron”.
De esta investigación militar, la organización de víctimas de la guerra sucia conoció una lista de más de 100 presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. “Pero nosotros pudimos ver que había ocho personas que estaban anotadas ahí, pero que estaban vivas. En la lista estaba la maestra Alejandra Cárdenas, su esposo, Juan Vargas Pérez, Zacarías Barrientos Peralta”, entre otros, compartió Tita Radilla.
La activista consideró que es importante conocer más de los vuelos de la muerte y tener pruebas porque en esta lista también estaba el nombre de su papá Rosendo Radilla, pero faltan pruebas que digan “que él fue arrojado al mar”.
“Se habla de la foto del recuerdo, de que les iban a tomar la foto del recuerdo y pues seguramente se les tomaba la fotografía y debe de haber, pero los archivos están cerrados, el acceso a los archivos militares han estado cerrados desde siempre para nosotros”, enfatizó.
–¿En qué punto estamos de la investigación sobre la guerra sucia y qué valoración tiene usted de la Comisión actual y de la investigación que pudiera estar corriendo actualmente?
–Es difícil la pregunta porque la Fiscalía la verdad que no ha participado con esa Comisión de la Verdad. Nosotros estuvimos en el Campo Militar número uno y no estaba la Fiscalía, entonces lo que se ha hecho es tratar con la Comisión Nacional de Búsqueda.
“No hay ministerios públicos, no hay autoridad judicial que pueda ver lo de las evidencias, porque si se encuentra una evidencia y no hay un Ministerio Público que tome eso”, dijo Tita Radilla.
Expuso: “Entonces ésa ha sido una de las limitantes que ha tenido esta Comisión de la Verdad, el no tener a la Fiscalía actuando porque eso es más importante para nosotros como familias, saber qué pasó con ellos (los desaparecidos), dónde están, qué les hicieron, entonces es muy complicado no tener una Fiscalía”.
Señaló que el proyecto de la Comisión de la Verdad incluía la propuesta de una Fiscalía, pero aún no se ha creado y consideró que la información de los vuelos de la muerte está oculta en los archivos militares.
Recordó que los propios comisionados han denunciado el ocultamiento de la información, “yo creo que no solamente es eso de los vuelos de la muerte, sino que hay sitios, hay lugares donde los tuvieron, donde probablemente pueda haber fosas, enterramientos clandestinos en lugares, entonces eso tendría que verse”.
Mencionó que se han realizado seis diligencias de excavación en el campo de tiro del ex cuartel militar de Atoyac, que ahora es la Ciudad de los Servicios, la última entre abril y mayo de 2019, pero se realizó la mitad de lo programado por la falta de recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Desde entonces no se ha realizado otra excavación y no se tiene planeada otra próximamente, “nada, nada, nada, nosotros hemos insistido muchísimo con el Ministerio Público que lleva varios casos de los que nosotros tenemos”, reclamó Tita Radilla.
Dijo que la pandemia del Covid-19 “les vino como anillo al dedo porque de ahí se agarraron y ya no realizaron ninguna diligencia, no ha habido ninguna investigación” y la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva los casos de la guerra sucia tuvo una reducción de personal de 12 o 14 ministerios públicos a dos solamente.
El reportaje escrito por los periodistas Jacinto R. Munguía y José Reveles señala que la investigación del Ejército sobre los vuelos de la muerte fue un suceso insólito y Tita Radilla consideró lo mismo, pero agregó que la investigación se realizó “a medias, pues quizás sólo quisieron fincar responsabilidad en contra de esos dos generales como para echarles la culpa de todo y salir como que ellos fueron directamente”.
Quirós Hermosillo murió de cáncer en la prisión en 2006 y Acosta Chaparro salió de la cárcel por falta de pruebas en 2007 y fue asesinado en abril de 2012. A pesar de la muerte de los dos generales, el ocultamiento de la verdad persiste.
Tita Radilla consideró que “es por la protección al prestigio de la institución como tal, no son las personas; porque finalmente, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, trataron de fincar responsabilidad a ellos, pero yo siento que solamente era para hacer como que están haciendo y finalmente no importa una o dos personas, sino el prestigio de la institución como tal”.
Porque no fue una persona, agregó la activista, “sino que el mismo presidente de la República, Luis Echeverría, y otros, son parte de ese genocidio que ocurrió en ese tiempo, entonces yo creo que el prestigio es lo que más se protege”.
El reportaje da cuenta de 350 personas tiradas al mar en 54 vuelos realizados desde Pie de la Cuesta entre los años 1974 y 1979. En cuanto a la cifra de víctimas, Tita Radilla dijo: “yo creo que es demasiado porque siento que quizás lo hicieron con la intención de que se diga que todas las personas se arrojaron al mar”.
“De que se atrevieron a hacer eso, lo hicieron, pero yo supongo que no en una cantidad así como la mencionan tan fuerte, tan grande, no creo que hayan sido tantas personas arrojadas al mar”, reiteró.
La Afadem tiene registradas más de 600 personas desaparecidas de Guerrero durante la guerra sucia, de las cuales casi 400 son de Atoyac. Tita Radilla indicó que la cifra ha aumentado porque más personas han denunciado desapariciones con la actual Comisión de la Verdad.

El Estado no cumple la sentencia de la Coidh en el caso Radilla ni con la Comverdad: activistas

 

El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.

A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco

Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.

 

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.

Niega Tita Radilla que reciba dinero de la Procuraduría Militar y de la Fiscalía

Francisco Magaña Atoyac La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, denunció que la Procuraduría Militar la acusó de pedirle dinero para los afectados, “lo cual es mentira”.

Indicó que dicha dependencia infiltra gente para que conviva con los familiares de las víctimas, a quienes hacen creer que ella –Radilla Martínez– ha recibido dinero de ésta y de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el cual usa para beneficio personal.

“Nosotros no hemos recibido ni un solo centavo ni nada que venga de la Procuraduría Militar”, indicó.

Señaló que esos infundios los usan para confundir, y provocar que los familiares afectados acudan ante los tribunales y declaren que la pérdida de su pariente fue por homicidio y no por desaparición forzada.

La defensora de los derechos humanos en Guerrero manifestó que a los afectados que han ido a la ciudad de México con los militares les han prometido una pensión, una indemnización y apoyo para solventar sus necesidades, “y con esa trampa los llevan a declarar porque a ellos no les interesa investigar”.

Criticó que los familiares van solos, sin un abogado que los asesore, aun cuando saben que algunos no saben leer ni escribir, “y eso preocupa porque no tienen que intervenir las leyes militares, para eso está la Fiscalía”.

Tita Radilla indicó que los militares tienen el dinero y poder, por lo que pueden engañar a los denunciantes por ignorancia y pobreza.

Manifestó que ya se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ha solicitado un amparo ante un juez federal contra los citatorios que le envía la Procuraduría Militar.

Niega Tita Radilla que reciba dinero de la Procuraduría Militar y de la Fiscalía

 

 Francisco Magaña Atoyac

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, denunció que la Procuraduría Militar la acusó de pedirle dinero para los afectados, “lo cual es mentira”.

Indicó que dicha dependencia infiltra gente para que conviva con los familiares de las víctimas, a quienes hacen creer que ella –Radilla Martínez– ha recibido dinero de ésta y de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el cual usa para beneficio personal.

“Nosotros no hemos recibido ni un solo centavo ni nada que venga de la Procuraduría Militar”, indicó.

Señaló que esos infundios los usan para confundir, y provocar que los familiares afectados acudan ante los tribunales y declaren que la pérdida de su pariente fue por homicidio y no por desaparición forzada.

La defensora de los derechos humanos en Guerrero manifestó que a los afectados que han ido a la ciudad de México con los militares les han prometido una pensión, una indemnización y apoyo para solventar sus necesidades, “y con esa trampa los llevan a declarar porque a ellos no les interesa investigar”.

Criticó que los familiares van solos, sin un abogado que los asesore, aun cuando saben que algunos no saben leer ni escribir, “y eso preocupa porque no tienen que intervenir las leyes militares, para eso está la Fiscalía”.

Tita Radilla indicó que los militares tienen el dinero y poder, por lo que pueden engañar a los denunciantes por ignorancia y pobreza.

Manifestó que ya se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ha solicitado un amparo ante un juez federal contra los citatorios que le envía la Procuraduría Militar.