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Se deben tener más pruebas de los vuelos de la muerte y seguir buscando a desaparecidos en otros sitios: Tita Radilla

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla,< en el foro Desaparición e impunidad en México, el 28 de enero de 2019 Foto: Jessica Torres Barrera

Ramón Gracida Gómez

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, consideró que es importante tener más pruebas sobre los vuelos de la muerte, pero no hay suficientes agentes del Ministerio Público para todos los casos de la guerra sucia y tampoco ha continuado la búsqueda en otros posibles sitios de entierros clandestinos.
La hija de Rosendo Radilla Pacheco, emblema de las desapariciones de la contrainsurgencia de los años 70, contó que, de la investigación militar de los primeros años del siglo XXI, Afadem conoció una lista de más de 100 nombres de víctimas tiradas al mar, entre ellas su papá, pero no hay pruebas que respalden esta información y además constató que 8 personas seguían vivas.
Dijo que la investigación en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, fue “a medias” porque se les quiso responsabilizar de todo, pero el ocultamiento de la verdad persiste y la razón, señaló, es por la protección del “prestigio” del Ejército.
El Sur publicó el 27 y 28 de noviembre un extenso reportaje en dos partes sobre los vuelos de la muerte, firmado por los periodistas José Reveles y Jacinto Murguía para el medio digital Fábrica de Periodismo, que dio a conocer detalles sobre la investigación militar a principios del siglo XXI, en el gobierno de Vicente Fox, en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
Consultada al respecto, la dirigente de la Afadem Tita Radilla opinó vía telefónica: “nosotros sabemos desde hace mucho tiempo de que eso ocurrió, de los vuelos de la muerte, aunque no teníamos una explicación tan detallada como ahorita lo mencionan esos reportajes”.
La hija de Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974 reveló que 11 personas de la Afadem fueron citadas a declarar en la Procuraduría Militar por la investigación, pero no acudieron al llamado porque “nuestros familiares no eran militares y tampoco tenemos nada que ver con la justicia militar, sino que ahí los mencionamos porque es su responsabilidad, ellos lo hicieron, ellos se los llevaron”.
De esta investigación militar, la organización de víctimas de la guerra sucia conoció una lista de más de 100 presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. “Pero nosotros pudimos ver que había ocho personas que estaban anotadas ahí, pero que estaban vivas. En la lista estaba la maestra Alejandra Cárdenas, su esposo, Juan Vargas Pérez, Zacarías Barrientos Peralta”, entre otros, compartió Tita Radilla.
La activista consideró que es importante conocer más de los vuelos de la muerte y tener pruebas porque en esta lista también estaba el nombre de su papá Rosendo Radilla, pero faltan pruebas que digan “que él fue arrojado al mar”.
“Se habla de la foto del recuerdo, de que les iban a tomar la foto del recuerdo y pues seguramente se les tomaba la fotografía y debe de haber, pero los archivos están cerrados, el acceso a los archivos militares han estado cerrados desde siempre para nosotros”, enfatizó.
–¿En qué punto estamos de la investigación sobre la guerra sucia y qué valoración tiene usted de la Comisión actual y de la investigación que pudiera estar corriendo actualmente?
–Es difícil la pregunta porque la Fiscalía la verdad que no ha participado con esa Comisión de la Verdad. Nosotros estuvimos en el Campo Militar número uno y no estaba la Fiscalía, entonces lo que se ha hecho es tratar con la Comisión Nacional de Búsqueda.
“No hay ministerios públicos, no hay autoridad judicial que pueda ver lo de las evidencias, porque si se encuentra una evidencia y no hay un Ministerio Público que tome eso”, dijo Tita Radilla.
Expuso: “Entonces ésa ha sido una de las limitantes que ha tenido esta Comisión de la Verdad, el no tener a la Fiscalía actuando porque eso es más importante para nosotros como familias, saber qué pasó con ellos (los desaparecidos), dónde están, qué les hicieron, entonces es muy complicado no tener una Fiscalía”.
Señaló que el proyecto de la Comisión de la Verdad incluía la propuesta de una Fiscalía, pero aún no se ha creado y consideró que la información de los vuelos de la muerte está oculta en los archivos militares.
Recordó que los propios comisionados han denunciado el ocultamiento de la información, “yo creo que no solamente es eso de los vuelos de la muerte, sino que hay sitios, hay lugares donde los tuvieron, donde probablemente pueda haber fosas, enterramientos clandestinos en lugares, entonces eso tendría que verse”.
Mencionó que se han realizado seis diligencias de excavación en el campo de tiro del ex cuartel militar de Atoyac, que ahora es la Ciudad de los Servicios, la última entre abril y mayo de 2019, pero se realizó la mitad de lo programado por la falta de recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Desde entonces no se ha realizado otra excavación y no se tiene planeada otra próximamente, “nada, nada, nada, nosotros hemos insistido muchísimo con el Ministerio Público que lleva varios casos de los que nosotros tenemos”, reclamó Tita Radilla.
Dijo que la pandemia del Covid-19 “les vino como anillo al dedo porque de ahí se agarraron y ya no realizaron ninguna diligencia, no ha habido ninguna investigación” y la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva los casos de la guerra sucia tuvo una reducción de personal de 12 o 14 ministerios públicos a dos solamente.
El reportaje escrito por los periodistas Jacinto R. Munguía y José Reveles señala que la investigación del Ejército sobre los vuelos de la muerte fue un suceso insólito y Tita Radilla consideró lo mismo, pero agregó que la investigación se realizó “a medias, pues quizás sólo quisieron fincar responsabilidad en contra de esos dos generales como para echarles la culpa de todo y salir como que ellos fueron directamente”.
Quirós Hermosillo murió de cáncer en la prisión en 2006 y Acosta Chaparro salió de la cárcel por falta de pruebas en 2007 y fue asesinado en abril de 2012. A pesar de la muerte de los dos generales, el ocultamiento de la verdad persiste.
Tita Radilla consideró que “es por la protección al prestigio de la institución como tal, no son las personas; porque finalmente, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, trataron de fincar responsabilidad a ellos, pero yo siento que solamente era para hacer como que están haciendo y finalmente no importa una o dos personas, sino el prestigio de la institución como tal”.
Porque no fue una persona, agregó la activista, “sino que el mismo presidente de la República, Luis Echeverría, y otros, son parte de ese genocidio que ocurrió en ese tiempo, entonces yo creo que el prestigio es lo que más se protege”.
El reportaje da cuenta de 350 personas tiradas al mar en 54 vuelos realizados desde Pie de la Cuesta entre los años 1974 y 1979. En cuanto a la cifra de víctimas, Tita Radilla dijo: “yo creo que es demasiado porque siento que quizás lo hicieron con la intención de que se diga que todas las personas se arrojaron al mar”.
“De que se atrevieron a hacer eso, lo hicieron, pero yo supongo que no en una cantidad así como la mencionan tan fuerte, tan grande, no creo que hayan sido tantas personas arrojadas al mar”, reiteró.
La Afadem tiene registradas más de 600 personas desaparecidas de Guerrero durante la guerra sucia, de las cuales casi 400 son de Atoyac. Tita Radilla indicó que la cifra ha aumentado porque más personas han denunciado desapariciones con la actual Comisión de la Verdad.

Sobreviviente de la guerra sucia saluda que se señale a Figueroa Figueroa y Acosta Chaparro

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.

 

Carean a familias de desaparecidos con Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo

*  Los militares se negaron a contestar preguntas

 * Sólo participaron en 22 casos, aseguran inculpados por asesinatos durante la guerra sucia * Muestran afectados una lista con 147 desaparecidos, entre los cuales destacan dos mujeres

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Familiares de desaparecidos de la llamada guerra sucia informaron que durante el careo que sostuvieron con los militares Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, en la ciudad de México, éstos les indicaron que en 22 casos sí participaron.

Los familiares de las víctimas señalaron que acudieron al exhorto castrense de comparecer en el Campo Militar número 1 de la ciudad de México, donde llegaron con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reconocieron que los actuales militares no son culpables de los que hicieron sus antecesores, “contra ellos no tenemos nada, sólo queremos que se aplique justicia”.

Dijeron que en el careo se les asignó un abogado de oficio, a quien le aclararon que no eran 22 los casos de los que se inculpan a Acosta Chaparro y a Quirós Hermosillo, quienes sonrieron al comenzar la audiencia.

Allí, los afectados mostraron una lista con 147 desaparecidos, entre los cuales destacan dos mujeres, Aída y Perla Patiño.

Los familiares indicaron que preguntaron a los acusados dónde estaban sus familiares, quién y dónde los dejó vivos o muertos.

Dijeron que ellos son campesinos que viven todavía con el dolor de no saber dónde están sus parientes.

Señalaron que varias de las madres de los desaparecidos viven enfermas desde la fecha en que se los llevaron, “no somos nadie para juzgarlos porque ustedes todavía tienen el poder, pero existe una justicia divina que se hará sentir”, mientras que los militares se mantenían en silencio ante los comentarios.

Explicaron que posteriormente el abogado de oficio les informó, por medio de una lectura, la declaración que dieron los militares.

Con lágrimas, expresaron que Acosta Chaparro señala que fue un aviador militar –que está preso por delito de narcotráfico–, el que asesinó y lanzó a sus familiares al mar de Pie de la Cuesta.

Los deudos señalaron que el supuesto aviador ya declaró que él trasladaba a los desaparecidos, pero que Acosta Chaparro les daba el tiro de gracia en la nuca, con una pistola que tenia silenciador a la que llamaba La justiciera.

Narraron que a los secuestrados los subían al avión y allí les daban el tiro de gracia, para posteriormente tirarlos, y que tiempo después fueron encontrados algunos cuerpos por pescadores.

A otros –recordaron– los encostalaban y los echaban al mar, con bases de cemento.

Indicaron que de los 22 familiares reconocidos ante la Procuraduría Militar sólo cinco acudieron al careo, y que si no se presentan los demás a poner la denuncia el juicio será a favor de los militares.

Los deudos mostraron, con documentos, que sus parientes fueron detenidos por militares y no murieron en combate, como dio a conocer en un principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Piden que en el próximo careo, donde estará el aviador y los otros militares, se permita que un observador de algún organismo no gubernamental esté presente.