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Tergiversa y falsea el presidente su actuar en el caso Ayotzinapa, responde el Centro Prodh

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.

“Grave” que el gobierno eche la culpa al pasado “cuando no hace bien las cosas”, dice Astudillo

El ex gobernador Héctor Astudillo es entrevistado por reporteros en el tradicional barrio de San Francisco Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores expresó su preocupación por lo que está pasando en Guerrero; opinó que es grave la respuesta armada de comunidades por la violencia en la sierra, y recomendó prestarle atención a las opiniones de organismos como a la Organización de las Nacionales (ONU) respecto a la violencia y a la desaparición de niñas y mujeres.
Además, a pregunta expresa, declaró que “sería muy grave” si el gobierno de Evelyn Salgado cae en lo mismo de “echarle la culpa al pasado cuando no hace bien las cosas”, en referencia a la respuesta de que la anterior administración gastó 42 millones de pesos por la celebración del 15 de septiembre en el 2019, después de las críticas porque en cinco minutos de pirotecnia pagó más de 5 millones por el mismo festejo.
Respecto a sus recientes críticas de que los gobiernos priistas ayudaron a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) “sin condicionar ni hincar a ningún rector frente al Ejecutivo Estatal”, Astudillo Flores declaró que lo dijo porque quiere ver a una Universidad dedicada al trabajao académico “no a las órdenes de ningún gobierno”.

Respetuoso del actual gobierno

Astudillo Flores asistió ayer a la celebración de la misa con motivo del Día de San Francisco en la parroquia de ese barrio en Chilpancingo, y al terminar fue entrevistado por reporteros.
A pregunta expresa respecto a la conformación de la autodefensa Pueblos Unidos por la Paz que el fin de semana pasado incursionó con mil 500 vecinos de 66 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), dijo que “es grave” cualquier incursión armada que no sea de las fuerzas establecidas en la Constitución.
Y con respecto al incremento de la violencia y de que preocupa a la ONU el alza en la desaparición de niñas y mujeres en estados como Guerrero, el ex gobernador respondió que “todo lo que diga la ONU, las organizaciones internacionales, las que viven en el Estado y lo que digan los ciudadanos en Guerrero “es importante prestarles atención. Yo espero que de lo que ha declarado la ONU no le echen la culpa también al pasado”, dijo sarcástico.
Antes había dicho que siempre ha sido respetuoso de dar opiniones por su condición de ser el ex gobernador más reciente, “pero siempre estoy atento, y lo que veo y observo de lo que pasa en el estado, por supuesto que me preocupa y me ocupa siempre para dar opiniones positivas, porque a nadie le conviene un Guerrero convulsionado, confrontado o violento”.
Con respecto a las críticas a la actual administración estatal en medios de comunicación y en redes sociales por el gasto de más de cinco millones de pesos por cinco minutos de pirotecnia la noche del 15 de septiembre, lo que generó la respuesta de que la anterior (de Astudillo Flores) gastó 42 millones en el 2019, el ex gobernador respondió que le parece una “aseveración muy al estilo de quienes hoy tienen responsabilidad en el Gobierno; echarle la culpa de lo que hacen al pasado”.
“Eso es verdaderamente risible, da pena ver ese tipo de aseveraciones, valdría la pena ver si realmente son oficiales, si son oficiales, da pena que hagan ese tipo de aseveraciones, de que frente a un error ante esas circunstancias que les están criticando y que no es una crítica mía, sino en medios, contesten de esa manera, que los que estuvieron en el pasado gastaron más de lo que ellos han gastado”.
Insistió: “Sería muy grave caer en lo mismo, echarle la culpa al pasado cuando no hacen bien las cosas. Eso sería muy grave. Hay que esperar a ver si es una respuesta oficial para que también oficialmente les contestemos”.

A la UAG hay que ayudarla sin condiciones

Con relación a sus críticas por la “sumisión” de la UAG y su rector Javier Saldaña Almazán al actual gobierno estatal, Astudillo Flores explicó en la entrevista que hizo los señalamientos en función de lo que para los priistas ha representado la universidad.
“Para nosotros, la universidad, ante todo, merece mucho respeto; la universidad y los universitarios. La universidad representa la lucha de un pueblo y está enmarcada en circunstancias que se presentaron en 1960 que posteriormente lograron su autonomía”.
Astudillo Flores, insistió que ellos, los gobiernos priistas, han visto a la universidad como a la que hay que ayudar sin condiciones, “nunca hemos querido ni pretendido ver a ningún funcionario, ni a la universidad, incluido al rector, que esté a nuestro servicio, a nuestras órdenes. Ni si quiera verlo como si fuera alguien que está pendiente de lo que hayamos dispuesto con respecto a una responsabilidad”.
El ex gobernador, opinó que la universidad está, ante todo, para generar preparación y cultura de muchos estudiantes que creen en ella, “como yo lo creo, porque yo también tengo formación de la UAG, y yo espero que sigan en ese camino, a eso me refiero, yo creo que es un buen momento para reiterarle nuestro respeto a la Universidad, y, también, por supuesto, dejar muy claro que nosotros hemos querido ver a las autoridades inmiscuidas en el trabajo universitario, no a las órdenes de ningún gobierno”.
Esta vez, el ex gobernador no se quedó a desayunar con el obispo José de Jesús González Hernández, quien ofició la misa. El prelado fue acompañado en la degustación del tradicional pozole, café y pan, sólo por la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
Junto con el ex gobernador priista se retiraron el ex candidato a gobernador por el PRI, Mario Moreno Arcos, así como el diputado local priista, Héctor Apreza Patrón y un grupo de ex colaboradores de la anterior administración que encabezó Astudillo Flores.

Participaron militares en la desaparición de los 43 normalistas, reiteran padres

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron que el Ejército “tuvo una participación directa e indirecta” en la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación reclamaron que hasta el día de hoy no saben de sus hijos, y eso “lacera nuestras vidas”.
Dijeron que las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj, han establecido que el Ejército tenía agentes encubiertos en la Normal, por lo tanto, sabían de sus movimientos. Ademas, un soldado (Julio César López Patolzin) estaba encubierto en la escuela y también fue desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014.
Los padres y madres reprocharon que los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que le ocurría y no hicieron nada para rescatar a los estudiantes.
“Dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Varias patrullas militares se desplegaron a los sitios donde los estudiantes eran agredidos y desaparecidos”, se lee en el documento.
Destacaron una conversación entre un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos con uno de la policía de Iguala. En la misma refieren “que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.
“El último reporte del GIEl revela que esta información se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 Batallón de infantería de Iguala Guerrero. Pese a los requerimientos legales el instituto armado se niega a entregarla”.
Las madres y padres volvieron a exigir la entrega inmediata de la información en poder de los militares para dar con el paradero de los jóvenes.
Información que el Ejército se niega a entregar sobre el paradero de los 43:
1. La comunicación que habla que 17 estudiantes fueron trasladados a la
Brecha de los Lobos.
2. El dispositivo donde fue almacenada la comunicación intervenida.
3. La identidad del militar que hizo la intervención telefónica a fin de que aporte más datos.
4. Los números de teléfonos que fueron intervenidos a fin de hacerle estudios y análisis para que aporten una red de vínculos más amplia.
5. Las últimas comunicaciones de Julio César López Patolzin, agente militar encubierto en Ayotzinapa, hoy desaparecido.
6. Los últimos reportes de los agentes de inteligencia militar que dieron seguimiento a los estudiantes en Iguala.
7. Los últimos reportes del C4 que corresponden al momento de la desaparición de los estudiantes.

Sobreviviente de la guerra sucia saluda que se señale a Figueroa Figueroa y Acosta Chaparro

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.

Urgen colectivos de víctimas aprobar la Ley de Desaparición de Personas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.

Falta una estrategia para detener desapariciones

Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.

Se tiene miedo a denunciar

Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.

El Ejército en labores de seguridad es “violencia simbólica”, por su pasado: Rosa Icela Ojeda

El panel Violencia y construcción de paz, del seminario Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno, en dónde participaron Rafael Esquivel Rosas, de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la investigadora de IIEPA de la UAG, Rosa Icela Ojeda, ayer en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

La presencia del Ejército como garante de la seguridad pública en un estado como Guerrero, representa “violencia simbólica”, y renueva “la memoria del miedo y el terror”, afirmó la politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivera, en el panel Violencia y Construcción de Paz.
Este jueves comenzaron las actividades del Cuarto Seminario Internacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2023, con el título Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Ojeda Rivera participó en el panel con la ponencia Salir de la violencia y construir la paz.
El panel se llevó a cabo en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho en Acapulco de la UAG.
Ojeda Rivera reprochó que se confió en el cambio democrático para que los asuntos de seguridad pública fueran de seguridad ciudadana, pues instituciones como el Ejercito y la Marina “están formadas para la seguridad internacional, la seguridad del país, por lo tanto responde a una lógica de atacar la violencia por medio de la violencia, pero además no tienen en sus procesos de formación el respeto a los derechos humanos”.
“Lo que seguimos viendo en entidades como Guerrero donde ha habido un peso muy fuerte y muy importantes en las desapariciones y violaciones de los derechos humanos históricamente administrado por la presencia de militares, en menor medida de marinos, algunas grandes violaciones”, las cuales podría mencionar, pero no era el tema de la ponencia.
“Esto, (la presencia de militares en seguridad pública) en estados como Guerrero, lo que hace es incrementar la violencia simbólica, este es un estado que ha tenido restricciones de libertades muy fuertes, desapariciones colectivas muy fuertes como la de los 43 recientemente, además de todas las desapariciones y una historia larga de agravios y de terrorismo de estado, no de Guerra sucia”.
Y aclaró que no se refiere a la Guerra sucia sino a terrorismo de estado, porque “la guerra es cuando hay dos oponentes que tienen mas o menos equilibrada la misma fuerza, aquí no había equilibrada la misma fuerza, aquí fue terrorismo estatal, esta memoria está presente en Guerrero y está presente en la cultura que ahora una política de seguridad nos vuelva a traer a los militares y a los marinos, que sean ellos los que están interviniendo de manera cotidiana, lo que hace es renovar esta memoria de miedo y de terror y no puede haber democracia con miedo y con terror”.
Las fuerzas armadas, señaló, “están hechas para defensa de la nación, no están hechas para los derechos humanos, no están hechas para una investigación del delito porque su lógica, estructura y formación corresponde a otros intereses”.
Otra observación que hizo la es que las universidades han normalizado el estudio de autores que avalan el uso de la violencia institucional. En el caso de la UAG que está en un contexto de violencia y que debiera tener un registro de los hechos de violencia en la entidad.

Ocupar el espacio público

Ojeda Rivera destacó la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina contra la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983, el de las madres y después las abuelas de la Plaza de Mayo que con un pañuelo blanco “armaron una revolución que no hemos visto en el resto de los países donde hubo el mismo nivel de crueldad, de desaparición, de asesinatos, ahí fue el país donde la sociedad civil, desde un tribunal civil juzgó a los militares que provocaron estas muertes”.
En sus conclusiones Ojeda Rivera insistió en que la seguridad de los ciudadanos debe estar a cargo de instituciones que promuevan la recuperación del espacio público y las libertades, y no por fuerzas castrenses formadas para la guerra y la práctica de la violencia. También deben existir políticas públicas de prevención “dirigidas a modificar la cultura poniendo énfasis en la educación y en la reconstrucción del estado de derecho”. Otra de sus propuestas es construir la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos en Guerrero.
En otro panel, el investigador italiano Carmelo Nigro expuso en su ponencia Dinámica de las violencias y experiencias sociales e institucionales de atención y prevención que “la pacificación en el mundo es la victoria de una visión hegemónica del mundo liberado”.
Abundó: “la paz entendida como una situación real que garantice la participación política en naturalidad no ha sido abordada en lo absoluto, en su lugar se logrado, con relativo éxito, ocultar los conflictos permanentes”.
En el panel también participó el estudiante de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Rafael Esquivel Rosas con el tema de la construcción de paz, los derechos humanos, la dignidad humana y relación con la creación del centro cultural en Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec en 2023.
Las actividades del seminario continuarán hoy jueves y mañana viernes.

Celebra la CNTE su 43 aniversario en la capital; exige mesas de diálogo con AMLO

Maestros de la CETEG, de la CNTE y organizaciones sociales guardan un minuto de silencio en memoria de los caídos al término de la conferencia de prensa que ofrecieron en su edificio como parte del 43 aniversario de la organización magisterial Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebró el pasado sábado los 43 años de su fundación, y en un mitin en Chilpancingo, sus agremiados exigieron que se reinstale la mesa de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tienen demandas pendientes.
Las actividades conmemorativas iniciaron en la mañana, en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Giuerrero (CETEG) y acudieron unos 400 maestros provenientes de estados como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, además de organizaciones sociales y una comisión de padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, dijo que a 43 años del surgimiento de la CNTE “nosotros como magisterio seguimos con esta lucha”.
Manifestó que la demanda central es la abrogación de la “mal llamada” reforma educativa, que inició con el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que sigue ejecutándola Andrés Manuel López Obrador.
También indicó que exigen la reinstalación de sus compañeros cesados, que no se sometieron a la reforma educativa y la solución que han planteando en las diferentes mesas de trabajo.
El dirigente manifestó que reclaman justicia y verdad por sus presos políticos, así como el cierre de las carpetas de investigación que el gobierno en turno y pasados que han abierto contra a sus compañeros.
Informó que, asimismo, solicitan democratizar las secciones donde tienen presencia, mejores prestaciones, servicios en cuestión de salud y la reinstalación inmediata de las mesas de trabajo con el Ejecutivo federal.
En su participación, el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que, a nombre de las madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, saludaban a los secretarios de las diferentes secciones.
Externó que son 43 años de lucha, resistencia, de desapariciones e incluso hay presos políticos de la CNTE, “agradecemos a la CETEG, por permitirnos la participación de los padres de los 43”.
Melitón Ortega recordó que para los padres de los normalistas son más de ocho años de lucha, represión, de resistencia y de falta de compromiso por parte de las autoridades por la desaparición de los estudiantes, “los que nos han acompañado en nuestra lucha son los maestros de la CNTE y de la CETEG”.
Destacó que la lucha continúa y que no ha terminado, porque la verdad y justicia no ha llegado, “este camino, en el túnel vemos la luz muy lejos, aún falta mucho, porque son 43 estudiantes que siguen desaparecidos”.
Enfatizó que los padres y madres le han externado al gobierno federal que quieren saber dónde están sus hijos, “queremos la verdad, aunque sea lo más doloroso o fuerte, queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Melitón Ortega dijo que cuando los jóvenes cumplieron ocho años de desparecidos, el gobierno federal les externó que se declaraba en luto nacional, es decir, que los estudiantes ya no viven.
“Si ya no viven, los padres han dicho que les muestren las evidencias científicamente, informaciones claras. El juicio de un gobierno no se puede aceptar, por eso seguirán en pie de lucha”, destacó.
En una conferencia estuvieron presentes, el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, y el politólogo de la UNAM, Mauro Jarquín Ramírez.
Hernández Navarro recordó a Arcángel Ramírez Perulero, ex dirigente de la CETEG, quien murió a causa del Covid-19 y maestros que perdieron la vida por el virus, “los seguimos recordando”. Asimismo, a los maestros que fueron asesinados por las policías: Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz, “a todos ellos, les decimos que no los vamos a olvidar”.
Jarquín Ramírez externó que a 43 años de la CNTE, se ha ampliado el panorama político en México, asimismo, que la organización le ha dado un sentido distinto a lo que significa la educación en el país.
“Un balance específico de la coordinadora se puede ver a partir de la discusión de sus tres ejes: la democratización de la educación, del sindicato y del país”, destacó el politólogo.
Luis Hernández opinó que la CNTE “está en su momento más difícil de su vida, contra el PRI se luchaba mejor. Estaban más claros los enemigos, pero ahora (con la nueva administración) es más compleja”.
Recordó que para este actual gobierno, que encabeza López Obrador, la CNTE actúa con inteligencia, porque hay sectores del magisterio que sienten simpatía por el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hay cosas que deben evitar hacer, por ejemplo, meterse entre las patas de los caballos y de la sucesión presidencial. La coordinadora no debe de apoyar a algún candidato dentro de Morena, porque eso sería costosísimo para la coordinadora”, dijo el escritor.
Opinó que para lograr buenos avances en sus demandas, se deberá de consultar a las bases del magisterio.
Jarquín Ramírez dijo que es importante ingresar cuadros jóvenes en la CNTE, dar espacios en dirigencias a maestras y quitar el tabú de los maestros homosexuales.
Después, los miembros de la CNTE se dirigieron al zócalo capitalino y realizaron un mitin político-cultural, donde externaron que están contra el Tren Maya y la militarización, así como exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Al finalizar el mitin, diferentes grupos de danza bailaron y hubo música de viento. Los miembros de la CNTE corearon: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “aquí y ahora con la coordinadora”.

Son el incremento de las desapariciones un nuevo fenómeno del feminicidio: AGCVIM

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

De enero a noviembre de este año, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) ha registrado 101 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en 29 municipios del estado, una violencia que no ha disminuido sino que continúa, afirmó la directora y activista Marina Reyna Aguilar.
También, aseguró que la desaparición de los medios de comunicación en algunas zonas del estado dificulta el monitoreo de la violencia hacia la mujer.
Sostuvo que es grave el problema del suicidio, porque muchas veces el origen es la violencia familiar o de pareja, y llamó a las instituciones educativas a poner atención al problema del acoso y el abuso escolar.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue en el 2000 en una Asamblea General que se designó el 25 de noviembre para esta fecha, en el que se invitó a los gobiernos y las organizaciones a coordinar actividades para hacer conciencia de este problema y buscar soluciones.
La AGCVIM es una asociación civil sin fines de lucro constituida el 13 de noviembre de 2003 por mujeres y hombres, que busca contribuir en la disminución de los índices de violencia en mujeres y niñas de Guerrero.
La asociación es dirigida por la activista y defensora de derechos humanos, Marina Reyna Aguilar, quien además es peticionaria de la primera Alerta de Género por Violencia Feminicida para Guerrero, que se emitió en 2017 a ocho municipios del estado.
La AGCVIM tiene un Monitor de Violencia de Género y de Feminicidios de Guerrero, que es un sistema para generar información estadística sobre la violencia hacia la mujer, en sus diversas expresiones, y pretende crear conciencia en la población de esta problemática, que permita la construcción de políticas públicas de prevención y atención a las víctimas.
En Guerrero, según el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios, de enero a noviembre de 2022 han contabilizado 101 muertes dolosas con presunción de feminicidio, concentrados principalmente en Acapulco con 29 casos; Chilpancingo con 15; Iguala con 11; Taxco con cinco; y Copanatoyac y Cuajinicuilapa con cuatro cada uno.
Según las cifras de la asociación el feminicidio en los últimos tres años ha disminuido en la entidad: en 2016 registraron 151 homicidios de mujeres con presunción de feminicidio; en 2017 se registraron 165; en 2018 se contabilizaron 235; en 2019 acumularon 194; en 2020 se reportaron 165; y en 2021 disminuyó a 138.

El monitoreo

Consultada ayer por teléfono, Marína Reyna dijo que han tenido dificultades para sostener su monitoreo, porque los medios de comunicación han dejado de circular y de ellos actualizaban sus estadísticas. Dijo que actualmente sus fuentes son El Sur y otros medios como El Sol de Chilpancingo, éste último que dejó de circular en físico, pero se mantiene en digital.
Expuso que las estadística podrían mostrar que la violencia disminuyó, y que incluso podría darse una lectura de que los programas gubernamentales están surtiendo efecto, pero afirmó que la violencia continúa y se sigue manifestando, “hay otros factores que inciden para vulnerar mayormente a las mujeres y a las niñas”.
Mencionó que no todos los casos de violencia son expuestos a los medios, y que si acuden a la Fiscalía General del Estado hay otros datos, “son más casos de homicidios dolosos contra mujeres, pero ellos no te dan información”.
Precisó que también hay casos de municipios donde no hay prensa o no llegan los corresponsales, pero la violencia sigue, aunado a un problema que se ha ido incrementado: las desapariciones.
Sostuvo que la desaparición es “la puerta del feminicidio”. Hay muchas mujeres que no aparecen, y esas niñas, adolescentes, que no son localizadas tampoco se les puede dar calidad de muertas, siguen teniendo la calidad de desaparecidas hasta encontrarlas con vida o muertas”.
De acuerdo con la plataforma del Monitor de Violencia de Género y Feminicidios en Guerrero, que también se basa en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2021 denunciaron 2 mil 70 mujeres haber sido víctimas de violencia familiar; menos de las 2 mil 980 registradas en 2020.
También, señala que el 2019 ha sido el año con más denuncias por violación simple en Guerrero, cuando contabilizó 242, y en los dos años siguientes ha disminuido, reportando 189 denuncias en 2020 y 164 en 2021.
Respecto al delito de violación equiparada en Guerrero ha ido en aumento en los últimos tres años, pues en 2019 se registraron 103 denuncias, y para 2020 y 2021 se mantuvo el registro de 143 cada año.
Según las estadísticas de la AGCVIM, el 2020 con el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se dispararon las denuncias por acoso sexual en el estado, de registrar 36 casos en 2019, pasó a 114 en 2020, y para 2021 bajó nuevamente a 42.
El delito del abuso sexual también se disparó en 2020 en el estado, las denuncias de mujeres víctimas de este delito en 2019 fueron 287, y aumentaron a 342 en 2020, y en 2021 sumaron 200.

Abuso escolar y suicidios

Al respecto, Reyna Aguilar, expuso que está surgiendo problemas como el acoso y el abuso escolar, son problemas que se tienen que trabajar desde las instancias educativas, y cuando se convierte en un delito se tienen que denunciar ante las instancias correspondientes, además, “las instituciones deben aplicar sus procedimientos internos”.
Manifestó que es un problema que está surgiendo y cada instancia lo debe atender, “debemos poner atención y a trabajar sobre ello, porque hay que prevenir, para no tener que atender”.
Añadió que otro de los problemas graves es el suicidio, problema que la Secretaría de Salud ha focalizado, y que argumentó muchas veces el origen es la violencia familiar o de pareja, casi no se toca este problema en las noticias, “solamente se ve que se ahorcó, se suicidó y no se toma como feminicidio. Sin embargo, si se investiga se encontraría que las razones son por violencia, y que estas personas no encontraron otras salidas más que quitarse la vida”.
Añadió que estos casos de suicidio se archivan, pero detrás de las historias de las víctimas, se encontraría que son personas que vivían violencia extrema.
En Guerrero aún se mantienen las dos alertas de Violencia de Género por Violencia Feminicida, emitida en 2017 y que tiene 21 medidas para el gobierno; y por Agravio Comparado emitida en 2020, con 12 medidas, ambas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim).
Al respecto, Marina Reyna Son manifestó que el gobierno estatal debe cumplir y que en diciembre deberá entregar un informe a la Conavim donde se evaluará las acciones que ha anunciado el gobierno de Evelyn Salgado Pineda,
Reprochó que en Guerrero se debió atender con emergencia las alertas pero no ha sido así, “en Guerrero y en el país las alertas han sido como si fueran programas ordinarios y no es así, tendrían que ser programas emergentes”.
Expresó que el grupo interinstitucional e interdisciplinario de la Alerta de Género que coordina la Conavim evaluará el informe del gobierno de estado para determinar si de verdad se cumplieron con algunas medidas.

Asesinatos, pueblos desplazados y enfrentamientos en “la carretera de la muerte”, de Coyuca de Catalán a Zihuatanejo

La carretera de la sierra de Coyuca de Catalán a Zihuatanejo sigue bloqueada con piedras y tierra y en El Cundancito el Ejército y la Policía Estatal instalaron un retén, pero grupos armados instalaron otros . Foto: israel Flores

Israel Flores

Ciudad Altamirano

En los últimos tres meses la carretera federal 134 de Coyuca de Catalán a Zihuatanejo ha sido escenario de muertes, desapariciones y conflictos violentos entre grupos armados.
Este problema no es nuevo, lleva más de 30 años convertida en la “carretera la de la muerte”, a su paso por la sierra de Coyuca de Catalán en una zona donde los pueblos exigen atención real de las autoridades.
Actualmente la vía permanece cerrada, la Secretaría de Seguridad Pública del estado con el Ejército instalaron un retén en la comunidad del Cundancito, pero los grupos armados colocan otros en puntos extremos a esa localidad cercando el paso de vehículos y del transporte público que permanece sin funcionar. Sigue intransitable.
Recientemente ocurrió el caso de dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional estuvieron desaparecidos tres días, quienes fueron parados a balazos por un grupo de sicarios que colocó un filtro de revisión en la carretera federal, y luego de interrogarlos los dejó libres.
Hace un mes y medio fue asesinado el operador de un vehículo quien desconocía que la carretera estaba bloqueada. No se paró en un retén y le dispararon. El conductor murió y el acompañante resultó herido y liberado para irse caminando hasta conseguir ayuda.

Históricos casos de violencia

Los problemas de seguridad en esta carretera federal no son nuevos. Van más de 30 años en el que se considera de extremo peligro este tramo, donde hay constantes reportes de asaltos, homicidios por equivocación y hasta abusos de las mismas autoridades de gobierno.
En 1984 el gobierno federal determinó colocar un retén militar en El Cundancito, de manera formal. La base incluía la presencia de agentes de la Procuraduría del Estado. Durante varios años cambió de nombre y algunas características en la forma de operar pero siempre permaneció ahí un retén.
Oficialmente, Carlos Loret de Mola perdió la vida en febrero de 1986 en un accidente automovilístico cuando iba a Zihuatanejo sobre esta carretera 134, sin embargo su hijo, el escritor y periodista Rafael Loret de Mola ha sostenido que fue asesinado, relata en su obra Denuncia. En el libro establece dentro de las pruebas, que el ex gobernador de Yucatán y periodista había pasado por el retén del Cundancito donde le quitaron una pistola, y después desapareció, hasta que días después lo ubicaron muerto en un barranco pero fue sepultado en la fosa común como desconocido con todo y credenciales.
En enero de 1998, fue asesinado el diplomático egipcio Mohamed Ismail Sadek, por asaltantes muy cerca del Cundancito.
El segundo secretario de la embajada egipcia circulaba en una camioneta Ram Charger con su familia por la carretera federal Vallecitos-Coyuca de Catalán, cuando regresaba de vacaciones de Ixtapa-Zihuatanejo.
El Cundancito es una comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán ubicada al lado de la carretera federal que une al puerto con el resto del país, tiene aproximadamente unos 200 habitantes. Desde ahí parte un camino rural que sube a las partes más altas de la sierra como El Durazno, Hacienda de Dolores, la zona maderera del Carrizal, y la zona mezcalera de Zihuaquio. Por ende, también es considera el punto por donde más circula la droga que se siembra en la sierra.
En fechas más recientes, en enero del 2016 fue asesinada una enfermera con su pareja, iban de luna de miel a Zihuatanejo, pero fueron confundidos con gente de un grupo armado y baleados, pues horas antes habían muerto 10 personas en una balacera en una fiesta y el ambiente se encontraba tenso.

Enfrentamientos y familias desplazadas

En 2019 hubo 15 reportes de enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada que se disputan el trasiego de droga. De estos reportes, de manera extra oficial y por reportes ciudadanos, han ocurrido hasta 30 muertes en las balaceras pero las autoridades sólo han dado fe de cinco, porque acuden hasta 48 horas después de lo ocurrido y no encuentran ningún cadáver pues las bandas recogen sus cuerpos.
Además, hay una franja muy corta entre comunidades sobre la ruta, marca una frontera entre bandas, lo que ha incrementado los reportes de enfrentamientos este año. Al menos 4 pueblos reportaron la salida de familias que dejaron abandonadas sus casas por temor a la violencia.
En septiembre de este año la carretera fue bloqueada por los vecinos del Cundancito y otras localidades cercanas para presionar al gobierno federal a recibir atención en el tema de seguridad, pues les habían cortado la energía eléctrica, no llegaron los médicos, los maestros de las escuelas y otros servicios. Pero la respuesta que ellos esperan aún no llega.
La carretera permanece cerrada, abrieron temporalmente al paso de vehículos pero la carretera se encuentra muy afectada por los derrumbes del último temporal de lluvias, y que debido a la violencia tampoco hubo atención del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La llegada del grupo policiaco no ha logrado un acuerdo para concluir la protesta, al considerar que no se garantiza plenamente la seguridad, y de manera intermitente aparecen retenes de civiles armados en extremos del Cundancito.