En la catedral de Nuestra Señora de la Soledad, en Acapulco, el arzobispo Leopoldo González dijo en la misa de ayer una oración por la paz, y al final bendijo velas que llevaron los creyentes Foto: El Sur
Daniel Velázquez
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, oró para que este 2026 sea de paz y de desarme.
En la misa de este primero de enero en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, el arzobispo concluyó con una oración por la paz.
En su mensaje con motivo del año nuevo, el arzobispo indicó que el inicio de año coincide con la 59 jornada mundial por la paz y recordó la reflexión del Papa León XIV: “la paz tiene el aliento de lo eterno, mientras al mal se le grita basta, a la paz se le susurra para siempre”.
Recordó que como seres humanos siempre necesitamos unos de otros y eso permite que todos sean artesanos de paz. Llamó a no ser ciegos ante el bien que realizan las demás personas y destacó que “la inmensa mayoría de personas, la inmensa mayoría de nuestros días hemos colaborado para mantener la paz en el bien y la confianza que nos permite convivir”.
La paz, agregó, es “el respeto a la vida desde que es concebido hasta su muerte natural; sin esta base es imposible la paz”.
Advirtió que la seguridad de una persona “no puede fincarse en el temor que puedan infundir nuestras armas, así no construimos la paz, metemos miedo y cuando más destructivo es el armamento que se inventa mayor es el miedo que se genera, mayor el riesgo que se crea. La paz se basa en el derecho, la justicia y la confianza, una paz desarmada”.
La paz desarmante, dijo el arzobispo, es aquella que no se apoya en el equilibrio de las fuerzas militares sino únicamente en la confianza recíproca, la sinceridad en los pactos y el cumplimiento de las condiciones acordadas.
En el vivir diario, abundó González, “el camino de la paz, es la responsabilidad. Si cada uno de nosotros reconociera sus propias faltas y pidiera perdón a dios y al mismo tiempo se pusiera en el lugar de quienes sufren, fuera solidario con los más débiles y oprimidos entonces el mundo cambiaría”.
También se refirió al problema de la inseguridad y al anhelo de paz que tienen los ciudadanos.
“La inseguridad, acentuada por los crueles asesinatos, desapariciones, cobros de piso y extorsiones en la región nos hace anhelar con mayor intensidad la paz”.
“El deseo de paz que en cierto modo coincide con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda está enraizado en nuestro mismo ser, hemos sido hechos para la paz”.
Deseo que este 2026 sea de tiempos mejores, deseó a todos feliz año nuevo.
Este jueves, en la misa de mediodía la catedral estuvo llena de creyentes. En su mensaje al final el arzobispo pidió a los vacacionistas retornar a sus lugares de origen con precaución y sin prisa para disfrutar del trayecto y el regreso a sus hogares.
Los integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Sergio Ceballos,Emma Mora Liberato, y Elba Janet Galeana, en conferencia de prensa, en la que llamaron a hacer conciencia para visibilizar el problema de la desaparición forzada Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
Integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos hicieron un llamado urgente a gobiernos, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación a sumar esfuerzos para visibilizar la crisis global de desapariciones y fortalecer los mecanismos de búsqueda y apoyo a víctimas.
El sábado por la mañana en conferencia de prensa en la iglesia Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad, la activista Emma Mora Liberato, informó que del pasado 11 al 13 de noviembre participaron con más de 800 familias de 50 países en la conferencia internacional de la Cruz Roja, que se llevó a cabo en Guatemala y donde se les dio a conocer que se tiene un registro de más de 284 mil personas desaparecidas globalmente.
Acompañada de Elba Janeth Galeana Campos y Sergio Ceballos Ascencio, Mora Liberato recordó que en Guerrero se está trabajando la iniciativa de Ley General en Materia de Desaparición Forzada, para “saber cuál es la personalidad jurídica que tendrá el centro de identificacion forense, porque esa es la prioridad para las organizaciones porque hay más de mil cuerpos en el Semefo”.
“Queremos que se unan a la causa y apoyen a los familiares de las personas desaparecidas, a los gobiernos le pedimos que establezcan marcos jurídicos, elaboren políticas públicas que sensibilicen a la sociedad, mediante eventos, lugares conmemorativos para recordar a los desaparecidos, así como herramientas y plataformas de búsquedas”, dijo.
Agregó que en el caso de las desapariciones los activistas de otros lugares del mundo “saben que en México nuestra situación esel crimen orgnizado, y a ellos le llama mucho la atención y lo tienen como un país dificil y muy peligroso para visitar”.
Sostuvo que en el encuentro había activistas de países donde están en conflicto armado, citó a Irán, Croacia, Rusia, Líbano y de “México tienen esa percepción que es el crimen organizado quien está desapareciendo a nuestros familiares y han tomado muchos ejemplos de México”.
Adelantó que para el próximo se están preparando para presentar un libro, porque “cumplimos 10 años de caminar oficialmente y también lo vamos a editar para su venta y de ahí sacar recursos para seguir operando” y por ello buscan que la academia les pueda seguir dando su ayuda, para de esa manera se pueda trabajar en el centro de investigación forense, porque nosotros insistimos no sólo queremos la infraestructura, queremos que exista ese equipo interdisciplinario porque no sólo queremos criminólogos, sino el equipo completo”.
Sergio Ceballos dijo que la iniciativa no está aprobada, pero en la propuesta “viene el marco jurídico que nosotros queremos, pero es que se tienen que poner de acuerdo con el gobierno para definir”.
“Para nosotros la prioridad es hacer un centro de identificación humana para sacar todo ese rezago que tenemos, porque nos están construyendo un panteón ministerial, pero la idea no es ir acumulando los cuerpos”, puntualizó.
Una joven y un adolescente fueron reportados como desaparecidos en Acapulco.
Un adolescente fue reportado como desaparecido en la colonia Las Parotas, colindante con Las Cruces.
En el documento de Locatel Guerrero, informa que el adolescente se llama Sergio Rafael Robles Morales, de 17 años.
Como seña particular tiene un lunar en el ojo derecho y vestía la última vez que fue visto una playera roja, bermuda beige con negro y sandalias negras.
Es de complexión delgada, estatura alta, piel morena clara y cabello negro, lacio y corto.
En otro caso, una joven de 28 años fue reportada como desaparecida en Acapulco y se activaron las alertas para su pronta localización.
En un documento emitido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero, informa que la joven se llama Rosa Isela Salinas Moreno.
Es de complexión delgada, piel morena clara, estatura alta y cabello ondulado oscuro. (Redacción).
La primera jornada de búsqueda en campo de la colectiva Fe y Esperanza Hasta Encontrarles Guerrero acopañados de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) con un georadar y perros en los límites de El Veladero y la colonia Lázaro Cárdenas, en la parte alta de Acapulco Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Este lunes comenzó la primera jornada de búsqueda en campo en el año de la colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero. El georradar de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para indagar metros abajo del suelo no funcionó después de su primer uso durante unos minutos en una cancha de la colonia Mártires del 68.
La búsqueda se extendió a las colindancias de la colonia Lázaro Cárdenas y el parque nacional El Veladero, para encontrar, en particular a José Ismael Martínez Retana, desaparecido en 2017 e hijo de la representante de la agrupación de familiares de desaparecidos Patricia Retana, y a Rubén Antonio, desaparecido en 2020.
Elementos de seguridad y de investigación de distintas instituciones, así como familiares y activistas partieron a las 9:30 de la mañana del Asta Bandera a la colonia Mártires del 68 en un convoy conformado por varias camionetas oficiales, sorteando las calles empinadas de este asentamiento urbano al que se llega normalmente por la avenida Ejido.
La empinada calle 12 condujo a los participantes de la jornada de búsqueda de desaparecidos hasta una cancha techada de usos múltiples. Alrededor hay casas con techos de lámina a las que se llegan por andadores de tierra. La vegetación que conforma el parque nacional El Veladero está a escasos 80 metros más arriba.
Integrantes de la colectiva Fe y Esperanza recibieron indicios de posibles entierros clandestinos de personas en el terreno actualmente tapizado de cemento de la cancha de usos múltiples, por lo que fue necesario utilizar un georradar para indagar varios metros debajo de la superficie.
La integrante de la colectiva Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, recordó que el artefacto con un costo elevado, al menos más de un millón de pesos, fue utilizado en una jornada de búsqueda de su esposo e integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), en la colonia 10 de abril, cerca de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
El integrante de la CEBP capacitado para el uso de georradar pasó el aparato por encima del piso de la cancha en una de sus laterales. Fueron escasos minutos para revisar unos 25 metros de distancia.
En el segundo intento, el georradar no funcionó. Su operador enfrentó problemas para volver a configurarlo en la tableta que contiene los controladores y por casi una hora apretó diversos botones, pero no sirvió de nada y finalmente desistió.
La representante de la colectiva Fe y Esperanza, Patricia Retana, declaró a El Sur que el acompañamiento de las autoridades “no se puede negar, desgraciadamente lo que se necesita ahorita son sus instrumentos de trabajo, en este caso el georradar”.
“No sé qué le haya pasado, pero es parte fundamental para poder encontrar nuestros desaparecidos. Yo sí le pediría a las instituciones, que si van a hacer búsqueda, si nos van a acompañar a buscar que no nada más sean simulaciones, sino sean reales. Que manden a personal capacitado, personal que sepa de estos instrumentos que son de gran utilidad para nosotros, de gran utilidad para poder encontrar a nuestros familiares”.
La búsqueda de ayer de los desaparecidos se extendió a la colonia Lázaro Cárdenas, en un área no tan lejana del alud provocado por las fuertes lluvias del huracán John de septiembre pasado que mató a tres vecinos.
A mediodía, un dron de la Fiscalía General del Estado (FGE) voló en la zona para localizar un tanque de agua, indicio que traían los familiares, y luego comenzó la marcha a distintos puntos del Área Natural Protegida (ANP) colindantes a la mancha urbana.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Ministerial y Policía Estatal resguardaron el área. Algunos iban adelante de la fila de buscadores que incursionó en el parque nacional El Veladero a través de un pasillo, primero de cemento donde vecinos de las casas en las orillas veían con cierto asombro el movimiento de armas, varillas y machetes, y luego de tierra.
A unos 50 metros resaltó una casa abandonada, sin techo, pero con gruesos muros de piedra y ladrillo que aún se sostienen en la ladera, Patricia Retana chocó la varilla contra el piso haciendo sonar un hueco debajo de éste.
A un costado, personal de la CEBP comenzó a introducir las varillas para buscar indicios de entierros clandestinos en la tierra y luego llegó la Unidad Canina para profundizar en el pozo que formó el perro Dino rascando; no encontraron nada.
Este lunes se buscó, en especial, a José Ismael, desaparecido desde el 13 de agosto de 2017 en la avenida Costera, y Rubén Antonio, desaparecido desde el 17 de octubre de 2020 en la calle 13, pero Patricia Retana subrayó que la búsqueda no sólo está destinada a los familiares de quienes integran la colectiva, sino a todas las personas desaparecidas.
La organización Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos acompañó la búsqueda en campo, la primera actividad de la jornada que se extenderá hasta el 19 de julio fue el sábado pasado, cuando integrantes de la colectiva Fe y Esperanza, y el colectivo Vicente Suástegui, pegaron fichas con fotos de desaparecidos.
Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y justicia, encabezado por Socorro Gil, en el conversatorio con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto:?Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Durante un conversatorio el miércoles en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) por el tercer aniversario de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, su representante, Socorro Gil Guzmán, llamó a los asistentes a solidarizarse con los familiares que buscan a sus desaparecidos porque se están “normalizando” las desapariciones y los asesinatos.
El acto se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco donde acudieron decenas de alumnos de la licenciatura y activistas y escucharon por casi una hora el testimonio de la madre buscadora de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, detenido-desaparecido por policías municipales el 5 de diciembre de 2018, quien narró conmovida que su hijo había estudiado en esta escuela, pero no había concluido el trámite para obtener su título.
Relató que el día que lo desaparecieron Jhonatan iba a jugar futbol con su amigo Carlos Ignacio Rojas Monte de Oca, quien le había pedido ayuda al hijo de Gil Guzmán “porque tenía problemas en el trabajo, al muchacho lo estaban obligando a vender droga y le pidió a mi hijo que lo ayudara, quería demandar a su patrón porque no quería seguir trabajando en ese lugar y quería que le pagaran un finiquito; ya llevaba alrededor de cinco años trabajando en ese hogar”.
Jhonatan le comentó a su mamá y a dos, tres días los desaparecieron, Carlos fue torturado y asesinado, su cuerpo fue encontrado al día siguiente de la desaparición; la Secretaría de Seguridad Pública encontró un video en el que se ven policías tirando el cuerpo de la víctima atrás de la sucursal de Kentucky de Hornos Insurgentes.
Los policías fueron citados el 30 de enero de 2019, pero el fiscal canceló la diligencia y le comentó a la familia que tenía un testigo que acusaría a los policías, pero nunca apareció y Gil Guzmán y su hija Nadia lo siguieron buscando, pero empezaron a sufrir persecución para dejar de presionar al fiscal y en febrero huyeron de Acapulco; la amenaza era directamente contra María del Socorro.
Fueron tres años de desplazamiento forzado, cuando fue notificada que la carpeta de investigación fue trasladada a Chilpancingo, pero cuando la vio “todas las pruebas fueron desaparecidas de la carpeta, no había nada, no hay cómo probar que ahora lo que decimos es cierto”.
Gil Guzmán invitó a la exposición fotográfica del Zócalo mañana para conmemorar el tercer aniversario de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, y a solidarizarse con el movimiento.
“Todo mundo parece que está normalizando las desapariciones, los asesinatos que vivimos todos los días y eso no es normal; no podemos, como dicen por ahí, romantizar el trabajo de las madres buscadoras, no es bonito escarbar la tierra para encontrar a nuestros hijos, es lo peor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos”, dijo entre lágrimas.
La representante de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia compartió los problemas que se originan al estar de lleno en la lucha por los desaparecidos, perder los cumpleaños y la convivencia dentro de la misma familia.
“Todo el tiempo estamos de aquí para allá, ya no tenemos una vida como muchos que salen de su trabajo y regresan, hace mucho que no somos los mismos, después de que se llevaron a mi hijo, nos convertimos en tres personajes desconocidas, por mucho tiempo llegábamos a la casa donde vivíamos y cada quien se encerraba en su cuarto a llorar o hacer alguna otra cosa, menos a platicar”.
El ex coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, recordó que no han sido sancionados los responsables de las desapariciones de las décadas de 1960 y 1970, impunidad que permite que siga habiendo desapariciones.
A los estudiantes de Derecho les dijo que México es el único país que creó el delito la desaparición por particulares, el cual no existe en el derecho internacional, “si ustedes estudiando para mantener la impunidad de las personas, no hagan lazos comunitarios, no apoyen a las personas, pidan dinero, sobornen, extorsionen, al fin y al cabo mucha gente ha pasado por estas escuelas para aprender las herramientas de cómo aplicar las leyes en beneficio de particulares”.
En sus intervenciones, algunos asistentes expresaron su solidaridad con los familiares de desaparecidos y apoyaron económicamente al grupo de familiares de desaparecidos introduciendo dinero en una alcancía de la organización.
El acto fue presentado por Marisol Alcocer y apoyado por el estudiante de la maestría en Ciencias Políticas, Hugo Ozuna. En el presidium estuvieron los estudiantes de maestría en Violencias, Darío Velasco y del doctorado en Violencias, Adalid Ortega, quien leyó aquellos versos de Martin Niemöller que dicen: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista… luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.
El coordinador de la Licenciatura en Derechos Humanos, en modalidad mixta, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alejandro Martínez Espinosa, destacó la importancia de tener la maestría y doctorado del tema, para que generen evidencia y los especialistas que puedan intervenir en este problema de violencia.
Martínez Espinosa aseguró que con estos estudios se puede actuar de la mejor manera y sugerir políticas públicas ante problemas tan “acuciantes” como las violaciones a derechos humanos, las desapariciones, la violencia y reforzar el tejido social, para que “miremos al futuro con cierto optimismo”.
Consultado vía telefónica sobre la situación que se vive en Guerrero, dijo que “siempre va a ser, digamos, hasta cierto punto, pesimista el escenario que se puede dar, justo porque son muchísimos los retos que tenemos. Si pensamos en la atención que tienen los derechos humanos, deriva directamente de algunas limitaciones en el actuar del gobierno, en el actuar del Estado. Entonces, pues el gran reto aquí es que la labor de los derechos humanos es muy importante, no sólo para hacer ruido y para hacer denuncia, sino directamente, para llamar la atención sobre temas bien específicos sobre los cuales actuar y que con eso se mejore la calidad de vida de toda la población”.
Explicó que hay profesores que trabajan con evidencia en la plataforma tecnológica para el estudio de las violencias, específicamente en desaparición forzada. “Es realmente grave, dentro de las diferentes temáticas que hemos analizado. Pues sí están, por ejemplo, las desapariciones que es un tema súper álgido”, señaló.
A pregunta de si en los programas académicos han encontrado que falte algo en las políticas y estrategias de gobierno para frenar la violencia o atender los derechos humanos, respondió que el gran reto es sistematizar las distintas opiniones de las personas, sobre las medidas que se toman, y presentarlas como sugerencias en términos de política pública.
Opinó que la política federal de acercamiento con la ciudadanía, que deberían tener los cuerpos policiacos, todavía requiere de “algunos matices”, reforzarse con campañas y tener una experiencia diferente.
Dijo que otro aspecto que debe reforzarse son derechos medioambientales, es el uso y el acceso a espacios públicos, que generalmente no está presente en las políticas públicas para fortalecer el tejido social; para que en la práctica cotidiana los ciudadanos tengan la posibilidad de convivir y tejer vínculos de confianza, que son el punto de partida para la participación social y la organización, que a su vez permite “resolver muchísimos más problemas a largo plazo”.
Contó que la licenciatura fue creada en 2022, para que los egresados tengan un perfil orientado a la Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos y al Doctorado de Estudios de Violencia y Derechos Humanos, para capacitar desde distintos niveles, porque “los problemas siempre van a estar ahí”, pero hay todo un equipo de académicos en la UAG y el país, enfilados a buscar soluciones.
A pregunta de si ya se tiene un diagnóstico sobre lo que se vive en Guerrero, dijo que los alumnos de la primera generación de la licenciatura están en quinto semestre, en la etapa de preparación para desarrollar sus tesis, sistematizar experiencias, alternativas y propuestas; mientras que en la maestría, donde está por salir la primera generación, ya se están generando algunos resultados y volcando la evidencia.
Al mencionarle que, de acuerdo con un recuento de El Sur, en octubre hubo 62 homicidios en Acapulco, 34 en Tecpan y 17 en Teloloapan, y el asesinato del alcalde capitalino Alejandro Arcos, comentó que son “el pan nuestro de cada día” y a partir de ello se pueden establecer las herramientas más adecuadas para orientar las clases en el aula.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
El ex gobernador Héctor Astudillo es entrevistado por reporteros en el tradicional barrio de San Francisco Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El ex gobernador Héctor Astudillo Flores expresó su preocupación por lo que está pasando en Guerrero; opinó que es grave la respuesta armada de comunidades por la violencia en la sierra, y recomendó prestarle atención a las opiniones de organismos como a la Organización de las Nacionales (ONU) respecto a la violencia y a la desaparición de niñas y mujeres.
Además, a pregunta expresa, declaró que “sería muy grave” si el gobierno de Evelyn Salgado cae en lo mismo de “echarle la culpa al pasado cuando no hace bien las cosas”, en referencia a la respuesta de que la anterior administración gastó 42 millones de pesos por la celebración del 15 de septiembre en el 2019, después de las críticas porque en cinco minutos de pirotecnia pagó más de 5 millones por el mismo festejo.
Respecto a sus recientes críticas de que los gobiernos priistas ayudaron a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) “sin condicionar ni hincar a ningún rector frente al Ejecutivo Estatal”, Astudillo Flores declaró que lo dijo porque quiere ver a una Universidad dedicada al trabajao académico “no a las órdenes de ningún gobierno”.
Respetuoso del actual gobierno
Astudillo Flores asistió ayer a la celebración de la misa con motivo del Día de San Francisco en la parroquia de ese barrio en Chilpancingo, y al terminar fue entrevistado por reporteros.
A pregunta expresa respecto a la conformación de la autodefensa Pueblos Unidos por la Paz que el fin de semana pasado incursionó con mil 500 vecinos de 66 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), dijo que “es grave” cualquier incursión armada que no sea de las fuerzas establecidas en la Constitución.
Y con respecto al incremento de la violencia y de que preocupa a la ONU el alza en la desaparición de niñas y mujeres en estados como Guerrero, el ex gobernador respondió que “todo lo que diga la ONU, las organizaciones internacionales, las que viven en el Estado y lo que digan los ciudadanos en Guerrero “es importante prestarles atención. Yo espero que de lo que ha declarado la ONU no le echen la culpa también al pasado”, dijo sarcástico.
Antes había dicho que siempre ha sido respetuoso de dar opiniones por su condición de ser el ex gobernador más reciente, “pero siempre estoy atento, y lo que veo y observo de lo que pasa en el estado, por supuesto que me preocupa y me ocupa siempre para dar opiniones positivas, porque a nadie le conviene un Guerrero convulsionado, confrontado o violento”.
Con respecto a las críticas a la actual administración estatal en medios de comunicación y en redes sociales por el gasto de más de cinco millones de pesos por cinco minutos de pirotecnia la noche del 15 de septiembre, lo que generó la respuesta de que la anterior (de Astudillo Flores) gastó 42 millones en el 2019, el ex gobernador respondió que le parece una “aseveración muy al estilo de quienes hoy tienen responsabilidad en el Gobierno; echarle la culpa de lo que hacen al pasado”.
“Eso es verdaderamente risible, da pena ver ese tipo de aseveraciones, valdría la pena ver si realmente son oficiales, si son oficiales, da pena que hagan ese tipo de aseveraciones, de que frente a un error ante esas circunstancias que les están criticando y que no es una crítica mía, sino en medios, contesten de esa manera, que los que estuvieron en el pasado gastaron más de lo que ellos han gastado”.
Insistió: “Sería muy grave caer en lo mismo, echarle la culpa al pasado cuando no hacen bien las cosas. Eso sería muy grave. Hay que esperar a ver si es una respuesta oficial para que también oficialmente les contestemos”.
A la UAG hay que ayudarla sin condiciones
Con relación a sus críticas por la “sumisión” de la UAG y su rector Javier Saldaña Almazán al actual gobierno estatal, Astudillo Flores explicó en la entrevista que hizo los señalamientos en función de lo que para los priistas ha representado la universidad.
“Para nosotros, la universidad, ante todo, merece mucho respeto; la universidad y los universitarios. La universidad representa la lucha de un pueblo y está enmarcada en circunstancias que se presentaron en 1960 que posteriormente lograron su autonomía”.
Astudillo Flores, insistió que ellos, los gobiernos priistas, han visto a la universidad como a la que hay que ayudar sin condiciones, “nunca hemos querido ni pretendido ver a ningún funcionario, ni a la universidad, incluido al rector, que esté a nuestro servicio, a nuestras órdenes. Ni si quiera verlo como si fuera alguien que está pendiente de lo que hayamos dispuesto con respecto a una responsabilidad”.
El ex gobernador, opinó que la universidad está, ante todo, para generar preparación y cultura de muchos estudiantes que creen en ella, “como yo lo creo, porque yo también tengo formación de la UAG, y yo espero que sigan en ese camino, a eso me refiero, yo creo que es un buen momento para reiterarle nuestro respeto a la Universidad, y, también, por supuesto, dejar muy claro que nosotros hemos querido ver a las autoridades inmiscuidas en el trabajo universitario, no a las órdenes de ningún gobierno”.
Esta vez, el ex gobernador no se quedó a desayunar con el obispo José de Jesús González Hernández, quien ofició la misa. El prelado fue acompañado en la degustación del tradicional pozole, café y pan, sólo por la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
Junto con el ex gobernador priista se retiraron el ex candidato a gobernador por el PRI, Mario Moreno Arcos, así como el diputado local priista, Héctor Apreza Patrón y un grupo de ex colaboradores de la anterior administración que encabezó Astudillo Flores.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron que el Ejército “tuvo una participación directa e indirecta” en la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación reclamaron que hasta el día de hoy no saben de sus hijos, y eso “lacera nuestras vidas”.
Dijeron que las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj, han establecido que el Ejército tenía agentes encubiertos en la Normal, por lo tanto, sabían de sus movimientos. Ademas, un soldado (Julio César López Patolzin) estaba encubierto en la escuela y también fue desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014.
Los padres y madres reprocharon que los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que le ocurría y no hicieron nada para rescatar a los estudiantes.
“Dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Varias patrullas militares se desplegaron a los sitios donde los estudiantes eran agredidos y desaparecidos”, se lee en el documento.
Destacaron una conversación entre un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos con uno de la policía de Iguala. En la misma refieren “que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.
“El último reporte del GIEl revela que esta información se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 Batallón de infantería de Iguala Guerrero. Pese a los requerimientos legales el instituto armado se niega a entregarla”.
Las madres y padres volvieron a exigir la entrega inmediata de la información en poder de los militares para dar con el paradero de los jóvenes.
Información que el Ejército se niega a entregar sobre el paradero de los 43:
1. La comunicación que habla que 17 estudiantes fueron trasladados a la
Brecha de los Lobos.
2. El dispositivo donde fue almacenada la comunicación intervenida.
3. La identidad del militar que hizo la intervención telefónica a fin de que aporte más datos.
4. Los números de teléfonos que fueron intervenidos a fin de hacerle estudios y análisis para que aporten una red de vínculos más amplia.
5. Las últimas comunicaciones de Julio César López Patolzin, agente militar encubierto en Ayotzinapa, hoy desaparecido.
6. Los últimos reportes de los agentes de inteligencia militar que dieron seguimiento a los estudiantes en Iguala.
7. Los últimos reportes del C4 que corresponden al momento de la desaparición de los estudiantes.
La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.
