Los integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Sergio Ceballos,Emma Mora Liberato, y Elba Janet Galeana, en conferencia de prensa, en la que llamaron a hacer conciencia para visibilizar el problema de la desaparición forzada Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
Integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos hicieron un llamado urgente a gobiernos, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación a sumar esfuerzos para visibilizar la crisis global de desapariciones y fortalecer los mecanismos de búsqueda y apoyo a víctimas.
El sábado por la mañana en conferencia de prensa en la iglesia Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad, la activista Emma Mora Liberato, informó que del pasado 11 al 13 de noviembre participaron con más de 800 familias de 50 países en la conferencia internacional de la Cruz Roja, que se llevó a cabo en Guatemala y donde se les dio a conocer que se tiene un registro de más de 284 mil personas desaparecidas globalmente.
Acompañada de Elba Janeth Galeana Campos y Sergio Ceballos Ascencio, Mora Liberato recordó que en Guerrero se está trabajando la iniciativa de Ley General en Materia de Desaparición Forzada, para “saber cuál es la personalidad jurídica que tendrá el centro de identificacion forense, porque esa es la prioridad para las organizaciones porque hay más de mil cuerpos en el Semefo”.
“Queremos que se unan a la causa y apoyen a los familiares de las personas desaparecidas, a los gobiernos le pedimos que establezcan marcos jurídicos, elaboren políticas públicas que sensibilicen a la sociedad, mediante eventos, lugares conmemorativos para recordar a los desaparecidos, así como herramientas y plataformas de búsquedas”, dijo.
Agregó que en el caso de las desapariciones los activistas de otros lugares del mundo “saben que en México nuestra situación esel crimen orgnizado, y a ellos le llama mucho la atención y lo tienen como un país dificil y muy peligroso para visitar”.
Sostuvo que en el encuentro había activistas de países donde están en conflicto armado, citó a Irán, Croacia, Rusia, Líbano y de “México tienen esa percepción que es el crimen organizado quien está desapareciendo a nuestros familiares y han tomado muchos ejemplos de México”.
Adelantó que para el próximo se están preparando para presentar un libro, porque “cumplimos 10 años de caminar oficialmente y también lo vamos a editar para su venta y de ahí sacar recursos para seguir operando” y por ello buscan que la academia les pueda seguir dando su ayuda, para de esa manera se pueda trabajar en el centro de investigación forense, porque nosotros insistimos no sólo queremos la infraestructura, queremos que exista ese equipo interdisciplinario porque no sólo queremos criminólogos, sino el equipo completo”.
Sergio Ceballos dijo que la iniciativa no está aprobada, pero en la propuesta “viene el marco jurídico que nosotros queremos, pero es que se tienen que poner de acuerdo con el gobierno para definir”.
“Para nosotros la prioridad es hacer un centro de identificación humana para sacar todo ese rezago que tenemos, porque nos están construyendo un panteón ministerial, pero la idea no es ir acumulando los cuerpos”, puntualizó.
El asesor de la Coordinadora Estatal de Ejidos y Comunidades de Guerrero, Arturo García Jiménez, advirtió que se viene una crisis de maíz y de granos básicos en general, porque su producción no es rentable, “pero los tecnócratas dicen que estamos bien, ignoran las propuestas de las organizaciones e imponen presupuestos pírricos”.
En entrevista sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), afirmó que no se tomó en cuenta la propuesta de presupuesto rural que entregaron organizaciones de productores a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Comisión de Presupuesto del Congreso del estado, antes de la discusión proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025 que se aprobó el mes pasado.
De mil millones de pesos que solicitaban para fortalecer y diversificar la producción básica y rehabilitar la infraestructura afectada por los huracanes, en el documento aprobado ni siquiera cambiaron los conceptos originales para 287 millones de pesos etiquetados en la dependencia, diez millones más que el año pasado.
Recordó que en los hechos la dependencia ejecuta hasta menos del 50 por ciento de lo etiquetado, porque la Secretaría de Finanzas estatal no dispersa todo el dinero aprobado por el Congreso del estado para Sagadegro, como ha quedado evidenciado en esta administración.
“Ya tenían sus cuentas hechas, buscando el mejor control político para manejar recursos a modo, con los recursos aprobados para el DIF”, criticó.
Advirtió que, en los últimos diez años, el presupuesto para la secretaria ha sido de 0.35 por ciento del presupuesto estatal.
Recordó que en su momento preguntó al primer secretario de Gobierno de la actual administración, Saúl López Sollano, por qué no le había hecho caso al campo si representa 42 por ciento de los votos de la entidad.
Señaló que el entonces funcionario estatal le dijo que el campo le toca al gobierno federal, “así de simple”, que había adoptado el programa de Fertilizante.
Pese a la complejidad del estado, afectado por huracanes, sequías e incendios, que se colocara en primer lugar en pobreza, que enfrenta una violencia generalizada, polaridad y corrupción, las autoridades no buscan soluciones integrales.
Consideró que los presupuestos son diseñados a modo para el control político y la corrupción. Como ejemplo, señaló el presupuesto para el DIF, que tiene más de tres veces que los recursos aprobados para el campo, 881 millones, o la bolsa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, para el manejo discrecional.
De la vuelta a Sagadegró aclaró que el año pasado ejerció sólo 45 por ciento de su presupuesto, según datos del propio secretario Alejandro Zepeda, “porque no recibió más lana”.
Sin embargo, del dinero etiquetado a la Sagadegro ni un peso se estimó a la reconstrucción tras el huracán Otis.
Con un presupuesto a modo no hay convocatorias; sin presupuesto participativo no hay compromiso ni confrontación con los productores y tampoco transparencia, dijo.
Advirtió que de acuerdo con un estudio reciente de la UNAM, 60 por ciento de los ingresos del campo no son de su actividad productiva, sino de los 63 mil millones de pesos de remesas que llegan a México, y de los 7 mil 800 millones de pesos de subsidios en programas sociales.
Enfatizó que si el campo se seca, impactará en las ciudades. “El gobierno debe entender que si no se inyectan recursos de manera participativa, las cosas no van a cambiar, la gente no quiere sembrar porque no es rentable”.
Señaló que el año pasado el precio de garantía del maíz que ofrecía Segalmex era de casi 8 mil pesos, y el actual de 6 mil.
Sumando posibles estragos de los huracanes, afirmó que la gente no va a sembrar, “viene una crisis de maíz y de granos en general, muy fuerte” que no están considerando por programas emblemáticos del gobierno federal y estatal, de precios de garantía que sólo proporcionan un servicio de comercialización; el Programa Sembrando Vida y otros programas con menos impacto que se operan a través de Conafor, Semarnat, Conacyt.
“Los tecnócratas dicen que estamos bien exportando cerveza, tequila, aguacate, jitomate, que producen las grandes empresas; en granos estamos por los suelos”.
Recordó que antes, los alcaldes aportaban al campo con inversión para el fertilizante, como abono. Hoy, en los tres niveles de gobierno no ven intención de cambios ni disposición de escuchar a los productores.
Estimó que los productores buscan una estrategia propia, porque a la luz del tratado de libre comercio van a buscar obligar el consumo de maíz transgénico.
“Hablamos de una actitud tipo Ghandi, de organizarnos desde abajo, y construir estrategia propia, que empiece por crear nuestro propio plan de soberanía alimentaria a nivel familiar y comunitario”.
El secretario estatal de Turismo, Simón Quiñones Orozco, es entrevistado durante?el inicio del retiro de cinco embarcaciones y escombros en playa Manzanillo Foto: Jacob Morales
Jacob Morales Antonio
El secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, indicó que pese a la situación de violencia en Acapulco, la tendencia de la ocupación hotelera para lo que resta de la temporada vacacional es positiva y en aumento, y anunció que la oficina de comunicación y crisis será estatal, y ya hay respaldo de los empresarios de Zihuatanejo y Taxco.
En declaraciones durante la jornada de limpieza en los acantilados de La Quebrada, el secretario indicó que la secretaría continua con una campaña de difusión de todo lo bueno del destino, y la inversión pública y privada, como lo es la remodelación de La Quebrada donde se respetarán la velarías y no serán retiradas de la zona.
A pregunta expresa sobre los hechos de violencia y el asesinato de un hombre en los baños de la discoteca Baby Lobster, y si esto va a afectar la llegada de visitantes expresó: “nosotros esperamos que no, la tendencia es muy positiva, este fin de semana se espera que sea similar o superior a la que pasó, nosotros estamos revisando la tendencia de la ocupación y ahorita todas las tendencias marcan una cuestión muy positiva”.
En este contexto el secretario dijo que ya se tienen pláticas con dos agencias para la creación de la oficina de crisis y espera a una tercera para tener más opciones que elegir, además de la oficina de crisis no sólo atenderá a Acapulco, sino será en todos los destinos del estado, y en unas cuatro semanas aproximadamente anunciará a cuál se eligió.
El secretario destacó que a pesar del lento proceso de reconstrucción de la zona Diamante, es una de las zonas que en estas vacaciones se mantiene con una buena afluencia turística al llegar al 80 por ciento de su ocupación este fin de semana, al igual que la zona Dorada y la Tradicional, “eso habla de que la reactivación de la zona Diamante va en forma positiva”.
Quiñones Orozco compartió la preocupación que hay de los sectores hoteleros y restauranteros de Taxco ante la baja ocupación que han tenido en los últimos meses, ante los hechos de violencia que se han venido suscitando en esa ciudad de la región norte desde diciembre pasado.
Dijo que “estamos diseñando un plan especial para Taxco”, y entre el lunes y martes regresará a la ciudad para poder afinarlo. Indicó que se harán varias campañas, pero sobre todo que haya un turismo permanente y no de temporada al estar más cerca de los estados del centro del país.
Respecto a Zihuatanejo, dijo que se tiene el proyecto de ampliar actividades para que la ocupación hotelera que está en crecimiento sea sostenido y que hoy regresará a ese municipio para dar seguimiento a la reunión de la semana pasada.
El secretario informó que este lunes se reunió con el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, y evaluaron los diferentes compromisos que se hicieron por Acapulco, luego de la devastación que provocó el huracán Otis, y la visita que hará el secretario junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó ayer 41 toneladas de maíz a 410 familias integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), como parte de la ayuda a los Bienes Comunales de Cacahuatepec tras la devastación ocasionada por el huracán Otis.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, alertó de la crisis alimentaria en la zona rural de Acapulco porque los campesinos no han sembrado pese a que ya cuentan con los insumos debido a la falta de lluvias.
El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió que el gobierno establezca un programa alimentario debido a las afectaciones en el campo guerrerense a raíz del huracán Otis.
En una pausa de la entrega de maíz en el embarcadero de El Fraile del río Papagayo, frente a la comunidad de Cacahuatepec, el vocero del Cecop, Suástegui Muñoz, precisó que fueron 30 comunidades beneficiarias y que son las más apartadas de la zona, entre ellas, Barrio Nuevo de los Muertos, Cabeza de Tigre, Apalani, Cruces de Cacahuatepec, Apanhuac, Espinalillo, El Cantón, El Rincón, Las Parotas, Pochotlaxco, Rancho las Marías, Salsipuedes, Amatillo, San Pedro Cacahuatepec, Aguacaliente, La Concepción y Parotillas.
Dijo que la situación es “grave porque estamos en plena canícula, para estas fechas, ya la milpa debería de estar de cuartas o dos cuartas, nadie ha sembrado un solo gramo de maíz” por la falta de lluvias.
Además de esta situación crónica, añadió, las condiciones empeoraron por el huracán Otis, “no se ha tomado en verdad en cuenta la crisis humanitaria que van a sufrir los pueblos de México, de Guerrero y en este caso de Cacahuatepec, por eso es tan importante el grano, por eso ves un sin número de gente que se va a quedar sin el apoyo”.
Agregó que otro problema que experimenta el campesino es la comercialización de su producto porque lo venden a un precio barato, por ejemplo, el limón, cuyo problema es trasladarlo a la zona urbana de Acapulco debido a la inseguridad y el robo de mercancía por los grupos delincuenciales.
Criticó el insuficiente apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), cuyo titular Alejandro Zepeda Castorena, acudió a Cacahuatepec el 28 de junio para entregar semillas de maíz.
“Con los huracanes, con las pandemias, con los temblores, con los desastres naturales, el rico se vuelve más rico, el político se vuelve más poderoso y el pobre se vuelve más pobre”, aseveró el vocero del Cecop.
Insistió en la crisis alimentaria que viven las familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec porque el maíz que recibieron ayer lo van a dosificar y agrandar en nixcomel con cal, pero lo consumen rápido porque la tortilla es la base de la alimentación.
“Hay gente que solamente come la pura tortilla con sal y eso la verdad lastima, eso duele, eso indigna, cuando otros están comiendo caviar, pescado, carne, en la gente de Cacahuatepec hay realmente una pobreza, diría yo, extrema”.
Además de la falta de ayuda en la alimentación, Suástegui Muñoz criticó la construcción viviendas por parte del gobierno estatal con el programa Construyendo Bienestar porque son “hornos” de calor y no cumplen con las necesidades de los ciudadanos, a diferencia del proyecto habitacional de las organizaciones sociales que acompañan el Cecop.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera, destacó la solidaridad que emprendieron junto con otras asociaciones civiles a partir del huracán Otis, “corroboramos que el censo que hizo el gobierno federal no logró la cobertura que se tenía, tanto de comunidades rurales, de familias, como de otros municipios”, como San Marcos, Atoyac, y la parte alta de Coyuca de Benítez.
Resaltó el trabajo coordinado con el Cecop en Acapulco y la OCSS en Coyuca de Benítez y Atoyac, porque ambas organizaciones comparten que han defendido su territorio y han cuidado la vida, la comunidad.
El total de apoyo monetario fue de 4.5 millones de pesos, que provinieron de donantes individuales y agencias internacionales como la Fundación Ford, y nacionales como la Fundación San Ignacio de Loyola
“De acuerdo al diagnóstico que tuvimos era que urgía el trabajo de reconstrucción, sobre todo de los techos porque eso fue el mayor daño”, y se lograron comprar láminas galvanizadas y láminas rojas más resistentes para 100 familias de unas comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En total, fueron cinco entregas de láminas en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, Acapulco y San Marcos, para más de 800 familias que recibieron 20 piezas por cada una para rehabilitar los cuartos, y se compraron 150 toneladas de maíz para los tres primeros municipios.
“El gobierno federal tendría que haber apoyado las comunidades rurales con maíz, pensamos que iba haber un programa de maíz, pero no se hizo; nosotros, por la destrucción de sus parcelas, el mismo mal temporal, pues vemos que es urgente un programa alimentario para las comunidades rurales”.
Ayer se entregaron 100 kilos de maíz a cada una de las 410 familias beneficiaras, pero la demanda superó a la oferta, por lo que Abel Barrera adelantó que se va a gestionar una entrega más de maíz.
“Vemos un rezago, es la otra cara del Acapulco Diamante y por eso nos interesa mucho focalizar la ayuda, visibilizar este abandono, emplazar a que las autoridades le apuesten al desarrollo de las comunidades, si hay algo en las comunidades es esa fuerza para trabajar colectivamente, para pelear por sus derechos, pero han sido pisoteados”.
El gobierno paga a los laboratorios para decir que el agua está limpia en Acapulco, dice Suástegui
En la asamblea del Cecop del 7 de julio, la organización Cooperación Comunitaria presentó los resultados de los muestreos de la calidad de agua que llevó a cabo en las comunidades Apalani, El Cantón y Cruces, que presentaron altos niveles de heces fecales, granulado y residuos sólidos.
Al día siguiente, el director operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) Alfredo Rivera, desestimó los resultados porque el muestreo no lo hizo un laboratorio certificado, además, el organismo tiene un programa de agua limpia en esa zona.
Al respecto, Suástegui Muñoz respondió ayer: “la bahía está llena de mierda, con todo respeto, y CAPAMA cada día dice que la bahía de Acapulco está limpia”.
Mencionó que él mismo es concesionario en la playa Icacos “y me doy cuenta cómo las grandes hospederías, cómo los grandes restaurantes, literalmente derraman las heces fecales, los trozos de excremento”.
Recordó que Acapulco tuvo el distintivo Blue Flag, “cuando era una mentira, los gobiernos pagaban a los laboratorios para que dijeran que el agua estaba limpia, cuando sabemos que la comunidad está contaminada, pues ¿qué van a decir de Cacahuatepec?
Afirmó que los resultados de los muestreos de agua en los Bienes Comunales de Cacahuatepec provienen de laboratorios certificados y adelantó que van a presentar una demanda colectiva contra los gobiernos municipal y estatal por la contaminación del agua, además de que en la próxima semana se presentarán los resultados de cinco muestreos de agua más, uno de ellos hecho cerca de la presa de La Venta y los otros en El Fraile, abajo de las tolvas, en la comunidad de Salsipuedes y en Bellavista Papagayo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó ayer 41 toneladas de maíz a 410 familias del Cecop, como parte de la ayuda a los Bienes Comunales de Cacahuatepec tras la devastación que causó el huracán Otis Foto: Ramón Gracida Gómez
Entrega Tlachinollan 41 toneladas de
maíz a 410 familias integrantes del Cecop
El vocero Marco Antonio Suástegui alerta de la crisis alimentaria en la zona rural de Acapulco porque los campesinos no han sembrado pese a que ya cuentan con los insumos debido a la falta de lluvias
Ramón Gracida Gómez
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó ayer 41 toneladas de maíz a 410 familias integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), como parte de la ayuda a los Bienes Comunales de Cacahuatepec tras la devastación ocasionada por el huracán Otis.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, alertó de la crisis alimentaria en la zona rural de Acapulco porque los campesinos no han sembrado pese a que ya cuentan con los insumos debido a la falta de lluvias.
El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió que el gobierno establezca un programa alimentario debido a las afectaciones en el campo guerrerense a raíz del huracán Otis.
En una pausa de la entrega de maíz en el embarcadero de El Fraile del río Papagayo, frente a la comunidad de Cacahuatepec, el vocero del Cecop, Suástegui Muñoz, precisó que fueron 30 comunidades beneficiarias y que son las más apartadas de la zona, entre ellas, Barrio Nuevo de los Muertos, Cabeza de Tigre, Apalani, Cruces de Cacahuatepec, Apanhuac, Espinalillo, El Cantón, El Rincón, Las Parotas, Pochotlaxco, Rancho las Marías, Salsipuedes, Amatillo, San Pedro Cacahuatepec, Aguacaliente, La Concepción y Parotillas.
Dijo que la situación es “grave porque estamos en plena canícula, para estas fechas, ya la milpa debería de estar de cuartas o dos cuartas, nadie ha sembrado un solo gramo de maíz” por la falta de lluvias.
Además de esta situación crónica, añadió, las condiciones empeoraron por el huracán Otis, “no se ha tomado en verdad en cuenta la crisis humanitaria que van a sufrir los pueblos de México, de Guerrero y en este caso de Cacahuatepec, por eso es tan importante el grano, por eso ves un sin número de gente que se va a quedar sin el apoyo”.
Agregó que otro problema que experimenta el campesino es la comercialización de su producto porque lo venden a un precio barato, por ejemplo, el limón, cuyo problema es trasladarlo a la zona urbana de Acapulco debido a la inseguridad y el robo de mercancía por los grupos delincuenciales.
Criticó el insuficiente apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), cuyo titular Alejandro Zepeda Castorena, acudió a Cacahuatepec el 28 de junio para entregar semillas de maíz.
“Con los huracanes, con las pandemias, con los temblores, con los desastres naturales, el rico se vuelve más rico, el político se vuelve más poderoso y el pobre se vuelve más pobre”, aseveró el vocero del Cecop.
Insistió en la crisis alimentaria que viven las familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec porque el maíz que recibieron ayer lo van a dosificar y agrandar en nixcomel con cal, pero lo consumen rápido porque la tortilla es la base de la alimentación.
“Hay gente que solamente come la pura tortilla con sal y eso la verdad lastima, eso duele, eso indigna, cuando otros están comiendo caviar, pescado, carne, en la gente de Cacahuatepec hay realmente una pobreza, diría yo, extrema”.
Además de la falta de ayuda en la alimentación, Suástegui Muñoz criticó la construcción viviendas por parte del gobierno estatal con el programa Construyendo Bienestar porque son “hornos” de calor y no cumplen con las necesidades de los ciudadanos, a diferencia del proyecto habitacional de las organizaciones sociales que acompañan el Cecop.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera, destacó la solidaridad que emprendieron junto con otras asociaciones civiles a partir del huracán Otis, “corroboramos que el censo que hizo el gobierno federal no logró la cobertura que se tenía, tanto de comunidades rurales, de familias, como de otros municipios”, como San Marcos, Atoyac, y la parte alta de Coyuca de Benítez.
Resaltó el trabajo coordinado con el Cecop en Acapulco y la OCSS en Coyuca de Benítez y Atoyac, porque ambas organizaciones comparten que han defendido su territorio y han cuidado la vida, la comunidad.
El total de apoyo monetario fue de 4.5 millones de pesos, que provinieron de donantes individuales y agencias internacionales como la Fundación Ford, y nacionales como la Fundación San Ignacio de Loyola
“De acuerdo al diagnóstico que tuvimos era que urgía el trabajo de reconstrucción, sobre todo de los techos porque eso fue el mayor daño”, y se lograron comprar láminas galvanizadas y láminas rojas más resistentes para 100 familias de unas comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En total, fueron cinco entregas de láminas en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, Acapulco y San Marcos, para más de 800 familias que recibieron 20 piezas por cada una para rehabilitar los cuartos, y se compraron 150 toneladas de maíz para los tres primeros municipios.
“El gobierno federal tendría que haber apoyado las comunidades rurales con maíz, pensamos que iba haber un programa de maíz, pero no se hizo; nosotros, por la destrucción de sus parcelas, el mismo mal temporal, pues vemos que es urgente un programa alimentario para las comunidades rurales”.
Ayer se entregaron 100 kilos de maíz a cada una de las 410 familias beneficiaras, pero la demanda superó a la oferta, por lo que Abel Barrera adelantó que se va a gestionar una entrega más de maíz.
“Vemos un rezago, es la otra cara del Acapulco Diamante y por eso nos interesa mucho focalizar la ayuda, visibilizar este abandono, emplazar a que las autoridades le apuesten al desarrollo de las comunidades, si hay algo en las comunidades es esa fuerza para trabajar colectivamente, para pelear por sus derechos, pero han sido pisoteados”.
El gobierno paga a los laboratorios para decir que el agua está limpia en Acapulco, dice Suástegui
En la asamblea del Cecop del 7 de julio, la organización Cooperación Comunitaria presentó los resultados de los muestreos de la calidad de agua que llevó a cabo en las comunidades Apalani, El Cantón y Cruces, que presentaron altos niveles de heces fecales, granulado y residuos sólidos.
Al día siguiente, el director operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) Alfredo Rivera, desestimó los resultados porque el muestreo no lo hizo un laboratorio certificado, además, el organismo tiene un programa de agua limpia en esa zona.
Al respecto, Suástegui Muñoz respondió ayer: “la bahía está llena de mierda, con todo respeto, y CAPAMA cada día dice que la bahía de Acapulco está limpia”.
Mencionó que él mismo es concesionario en la playa Icacos “y me doy cuenta cómo las grandes hospederías, cómo los grandes restaurantes, literalmente derraman las heces fecales, los trozos de excremento”.
Recordó que Acapulco tuvo el distintivo Blue Flag, “cuando era una mentira, los gobiernos pagaban a los laboratorios para que dijeran que el agua estaba limpia, cuando sabemos que la comunidad está contaminada, pues ¿qué van a decir de Cacahuatepec?
Afirmó que los resultados de los muestreos de agua en los Bienes Comunales de Cacahuatepec provienen de laboratorios certificados y adelantó que van a presentar una demanda colectiva contra los gobiernos municipal y estatal por la contaminación del agua, además de que en la próxima semana se presentarán los resultados de cinco muestreos de agua más, uno de ellos hecho cerca de la presa de La Venta y los otros en El Fraile, abajo de las tolvas, en la comunidad de Salsipuedes y en Bellavista Papagayo.
El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, en la conferencia de prensa en la sala de Cabildo del Ayuntamiento Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
En medio de un contexto de crisis de violencia e inseguridad en Acapulco, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, presentó su renuncia al cargo porque dijo que se integrará al equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
En la sala de Cabildo del Palacio Municipal, el jefe policiaco informó que presenta su renuncia, con carácter de irrevocable, al cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, a partir de 15 de este mes y dijo que leería la carta que entregó a la alcaldesa.
“El motivo de ella es a la invitación que he recibido para participar en el área de seguridad y justicia del próximo gobierno federal. Como usted sabe, la semana próxima será nombrado el nuevo gabinete federal, y en ese tenor participaré activamente en el equipo de transición que conducirá la continuidad y transformación de nuestro querido México”, leyó.
El funcionario dijo que agradece la confianza y oportunidad que le dio la alcaldesa Abelina López Rodríguez y la Mesa Territorial de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz, para “poder servir desde tan alta responsabilidad a las y los acapulqueños a quienes llevaré en el corazón con la convicción de seguir contribuyendo a la paz social de tan hermoso puerto, desde el ámbito desde mis nuevas responsabilidades”.
Agregó: “A los elementos de las policías que integran la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Agradezco haber hecho suya la estrategia Fuerza Aca-pulco, así como su compromiso y entrega total, hacer realidad este noble proyecto que nos ha permitido una excelente coordinación con las autoridades estatales y federales, velar por la seguridad de ciudadanos y turistas contribuyendo al desarrollo integral del puerto”.
Agregó que agradecía el apoyo a la sociedad civil organizada en cada reunión que tuvieron, para “escuchar sus legítimas demandas de paz social, las cuales nos permitieron orientar de mejor manera las metas y objetivos de la estrategia Fuerza Acapulco”.
No se permitieron preguntas para el funcionario civil que ocupó el cargo en el que se venían sucediendo militares y marinos.
Luis Enrique Vázquez llegó como encargado de despacho el 20 de enero del año pasado, y se convirtió en el tercer jefe policiaco en el gobierno de la alcaldesa Abelina López. Su nombramiento como secretario de Seguridad no fue presentado en Cabildo en todo este tiempo que estuvo en el cargo.
El funcionario renuncia en el momento en que hay un resurgimiento de los asesinatos y otros hechos vinculados con el crimen organizado como el caso del artefacto que explotó el domingo en el zócalo, dejando nueve heridos.
El pasado 20 el enero de 2023, acompañada por altos mandos del Ejército y la Marina y de la entonces fiscal de estado, la alcaldesa Abelina López anunció la destitución del capitán de fragata, Adrián Olivas Franco, y en su lugar nombró como encargado a Vázquez Rodríguez, un civil quien unos días antes había sido designado Comisionado de Protección Ciudadana.
Vázquez Rodríguez es licenciado en Derecho, con una maestría en seguridad pública, fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
En esa ocasión, la alcaldesa dijo que se buscaba poner al ciudadano en el centro de la política de seguridad.
Adrián Olivas Franco, el anterior secretario, fue nombrado en el cargo casi seis meses antes, el 27 de julio.
Por esas fechas, circuló la versión de que Olivas Franco, sin consultar a la alcaldesa, nombró como jefe operativo de la Policía Auxiliar a Samuel Buenfil, quien fue asesinado el 10 de enero. Además, la alcaldesa unos días antes señaló que en la dependencia había corrupción y se investigaría.
Olivas Franco sustituyó al capitán de corbeta Maximiliano Serrano Pérez, envuelto en señalamientos por la desaparición de los marinos Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, quienes fueron designados para escoltar al senador morenista José Narro.
Serrano Pérez fue detenido el 26 de junio de año pasado, en Sinaloa, por la desaparición de los dos marinos en marzo de 2023.
En medio de la crisis de seguridad y transporte público en Chilpancingo, el obispo José de Jesús González reprochó a quienes “se dedican a darnos miedo” y a quienes colaboran con ellos y pidió a las autoridades ponerse a trabajar.
Consultado este domingo en la catedral de Chilapa, el prelado consideró que al privar del trabajo ordinario en Chilpancingo se provoca más pobreza.
“Quisiéramos que pronto se solucionen estos problemas, que todos los agentes que tienen injerencia se pongan a trabajar”, aseveró.
Hizo un llamado a que recapaciten quienes provocan las crisis como la que se está viviendo en la capital del estado. Pidió a las instituciones y al gobierno que dialoguen y vea la manera de resolverla.
“Nos da pena, nos da tristeza, nos duele”, aseguró.
Dijo que personas que están luchando por conseguir transporte han pedido a través del vicario general, Benito Cuenca Mayo, una audiencia para que la Diócesis Chilpancingo-Chilapa intervenga.
“Estamos abiertos a contribuir, con todo lo que tenemos, para que no vuelva a pasar esto. Mucha gente quedó incomunicada y varada”.
“Pedimos por las víctimas, por los que han perdido seres queridos, por los pasajeros que viajan con miedo. Estamos con ustedes, con los que sufren, los que tienen pérdidas materiales y humanas”.
Por lo pronto, dijo que espera que se resuelva la falta de transporte. “Ha habido muchos crímenes contra nuestros hermanos operadores y eso nos duele”.
Acerca del problema similar que continúa padeciendo Taxco, José de Jesús González expresó que en ese destino turístico ya hay actividad, pero todavía restringida.
“En Taxco alabamos a los civiles que se levantaron con su voz a reclamar el transporte y la seguridad. Yo alabo cuando ya se harta la gente y exige”, señaló.
Enfatizó que la Iglesia católica está en contra de todos aquellos que enferman y provocan preocupaciones, incluyendo la clase gobernante.
“Aquellos que se dedican a darnos miedo, decirles que nosotros, de parte de la Iglesia, estamos en contra de quienes favorecen el temor y la desorganización. Reprobamos a todos aquellos que colaboran con el miedo y las enfermedades sociales”, finalizó.
Adelantó que los obispos de Guerrero están preparando un posicionamiento acerca del problema que enfrenta municipios como Chilpancingo, así como del próximo proceso electoral.
El presidente del Consejo Een Guerrero, statal del PRD Mario Ruiz, el dirigente del PRD Alberto Catalán y la secretaría general Ivet Díaz en sesión en sus oficinas Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), utilizó los recursos etiquetados para este ejercicio fiscal, proyectando que el gobierno del estado autorizaría una ampliación presupuestal de 72 millones 747 mil 661 pesos, y que ese es el motivo por el cual están en crisis, no porque el Ejecutivo Estatal dejara de suministrar el dinero que le corresponde a este órgano.
En declaraciones telefónicas, Catalán Bastida comentó que en la sesión del DEE hablaron de darle seguimiento al problema presupuestal del IEPC, porque se espera una sesión para hoy. Explicó que de acuerdo con la información que tienen, el presupuesto para los partidos políticos está garantizado, pero no para la operatividad del órgano electoral.
Lo dicho por el dirigente perredista fue que en esta sesión “ya pudiera haber una resolución respecto a que no hay condiciones para la instalación de los Consejos Electorales Distritales”.
Catalán Bastida comentó que el IEPC a pesar de saber que el gobierno estatal no le aprobó el presupuesto solicitado, “asumió que se iba a dar la ampliación presupuestal y que utilizaran el recurso para otros temas que no estaban presupuestados, entonces habría mucha responsabilidad administrativa”.
El dirigente perredista explicó que al principio lo que se sabía era que “el gobierno del estado no había dado el recurso presupuestado para el Instituto, pero ahora sabemos que quizás se hizo una proyección con una ampliación de presupuesto que no estaba autorizada, consideraron que en algún momento les llegaría el presupuesto extraordinario y no fue así”.
De ser así, dijo que se deberá revisar la responsabilidad del IEPC “de quienes administran el recurso” por “poner en riesgo el proceso electoral”, dijo que solicitarán por escrito toda la información sobre cómo se ejecutó el presupuesto etiquetado para el órgano electoral “para que asuman su responsabilidad quienes hayan cometido estas irregularidades u omisiones”.
Dijo que en la sesión del IEPC la pregunta obligada a los consejeros es precisamente cuáles fueron los acuerdos de la reunión que la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama con el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
El dirigente perredista insistió en que serán las dirigencias nacionales del PRI, PRD y PAN las que decidan cómo se definirán las candidaturas al Senado, y llamó a los aspirantes Evodio Velázquez Aguirre y Mario Moreno Arcos a “la serenidad, los pleitos no deben de ser internos, la competencia real es contra Morena, es a quien debemos de vencer en 2024, debemos de fortalecernos”.
Otro de los temas fue el darle seguimiento a la denuncia que interpusieron ante el IEPC por la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en un acto político de la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo.
Catalán Bastida comentó que otro de los temas tratados en la sesión del DEE del partido fue la agenda para “fortalecer y reestructurar” las dirigencias municipales, estarán en Igualapa, Azoyú y Tlacoachistlahuaca el 21, mientras que el 29 estarán en Apaxtla y Teloloapan.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la zona Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez, indicó que la crisis que hay en la zona Tradicional de Acapulco es provocada porque los hoteles de la zona Dorada les arrebataron el mercado de los autobuses de excursión, ante la falta de visitantes de mayor poder adquisitivo.
El empresario indicó que los próximos dos meses serán críticos. “Algunos hoteles de la zona Dorada no querían las excursiones, estas son del Acapulco Tradicional, pero vieron que baja el turismo, y bueno agarraron las excursiones y ahora las que estaban en la zona Tradicional están en la Dorada”.
El líder hotelero dijo que esta situación se da a raíz de la falta de visitantes de mayor poder adquisitivo que llegaban a los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la zona Do-rada, y vieron en el mercado de tu-rismo de excursión una oportunidad.
Pero también provocó que disminuyeran los precios por noche, ofreciendo mayores comodidades y servicios, además de que los hoteles tienen albercas y zona de playa, lo que muchas hospederías de la zona Tradicional no, pero no la calificó como una competencia desleal, pero sí los son los que rentan casas y departamentos que no pagan impuestos.
“Está ahorita muy difícil porque hay muy poco turismo, porque ni siquiera estamos en la media. Pero nosotros tenemos que pagar todos los impuestos, y hay algunas dependencia que no nos perdona nada como el Seguro Social y la Luz”.
Aguilar Ordóñez dijo que de los 53 pequeños hoteles afiliados a la asociación, el San Francisco, ubicado cerca de playa Manzanillo, decidió cerrar ante la falta de turistas. Agregó que entre semana la ocupación en algunos hoteles es de cero.
Como parte de las estrategias de la asociación para atraer visitantes, indicó que cada junio hacen caravanas a los estados del Bajío promoviendo precios accesibles para septiembre, octubre y parte de noviembre que son de baja ocupación, y confió en que este año les vaya bien.
La regidora, Luly Peláez; la secretaria nacional de Derechos Humanos e Inclusión Social de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández; el coordinado estatal, Julián López; la nueva secretaria estatal de Derechos Humanos, Donnet Cheyenne Hernández y la delegada estatal de Jóvenes en Movimiento, Silvia Caballero Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
A dos días de haber iniciado el proceso electoral de 2024, la secretaria nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Hernández García, y el coordinador estatal de ese partido en Guerrero, Julián López Galeana, criticaron a los gobierno federal y estatal y municipal por la “crisis de derechos humanos” y las desapariciones de personas.
Este lunes, Julián López presentó a Hernández García, una activista por los derechos de las mujeres, como secretaria de Derechos Humanos del partido en la entidad.
En su intervención, Hernández García dijo “los derechos humanos son una prioridad para Movimiento Ciudadano, estamos en crisis a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, ustedes lo están viviendo diario con la inseguridad, con la desaparición pero también con el día a día, las mujeres no podemos salir seguras a la calle sin temor a que nos asalten, sin temor a que nos maten, esto tiene que cambiar, también la contaminación en Acapulco está terrible, como está la basura en las calles, hay muchos pendientes en derechos humanos a nivel político, a nivel civil a nivel derechos sociales, económicos, culturales y ambientales”.
Señaló que la desaparición del grupo de siete jóvenes el pasado 1 de septiembre en Acapulco “es un ejemplo de la zozobra en la que vivimos todos los mexicanos y mexicanas, tenemos mas de ciento once mil desaparecidos y tenemos que hacer algo al respecto”.
López Galeana habló sobre la desaparición de siete personas el pasado 1 de septiembre, entre ellas el coordinador de la comunidad LGBTIQ+ del PRD en el estado, Moisés Tomás Juárez Abarca. Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocar a una mesa de trabajo al gabinete de seguridad para que se de certeza a los familiares de los desaparecidos que viven en zozobra.
Luego señaló que en la entidad familias enteras dejan sus casas por el problema de la inseguridad. “Ya no importa la hora, el día ni el lugar, hoy se lamenta y se vive un estado de zozobra ya que jóvenes activistas o ciudadanos comunes o corrientes reunidos en algún punto son secuestrados y desaparecidos forzosamente y hoy sus familiares viven estado de zozobra, de pena de una lamentable situación por eso hoy Movimiento Ciudadano lo dice con voz alta y firme, Guerrero vive una crisis de derechos humanos”.
La regidora July Peláez Victoriano adelantó sin dar mas detalles que se presentará una propuesta en el Cabildo para crear la Dirección de Derechos Humanos en conjunto con los ediles morenistas.
A pregunta sobre si su postura tiene que ver con el inicio del proceso electoral y su estrategia de ganar votos, Hernández García respondió que no, que la agenda de MC en defensa de los derechos humanos empezó en 2015 “no es de la noche a la mañana ni por una agenda política esto se hace diario en Movimiento Ciudadano”.
