El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, refutó la declaración del secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, y afirmó que los campesinos de Acapulco y Coyuca de Benítez sí están recibiendo un apoyo federal de 7 mil 500 pesos por las afectaciones del huracán Otis.
El Sur publicó este viernes la postura de Romero Sotelo, quien dijo que es “mentira” lo que informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina del miércoles respecto al apoyo federal a los campesinos de Acapulco y Coyuca de Benítez afectados por el meteoro del 25 de octubre.
En reacción a esta nota, Arturo García Jiménez expuso por teléfono que la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, elaboró una propuesta de plan emergente para reactivar la producción en el campo ante la crisis de producción que se arrastraba desde la “sequía prolongada” del año pasado, la tormenta Max “y luego el Otis que acabó con todo lo que quedaba”.
El planteamiento es que al igual que el programa de empleo temporal, “se apoyara a la gente con el salario de un mes para que, una, tuviera recursos inmediatos, liquidez y pues se pudiera proveerse en lo fundamental, de alimentos”, indicó.
La propuesta fue presentada al subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez, y se concretó con un apoyo de 7 mil 500 pesos por productor de Acapulco y Coyuca de Benítez; la lista de beneficiarios provino de los padrones de los programas de Producción para el Bienestar y Fertilizante, un total de 17 mil 594 beneficiarios, además de que se hicieron reuniones informativas.
Afirmó que este apoyo económico fue depositado el miércoles a los campesinos que cuentan con la tarjeta del Bienestar, que son 10 mil 688, y este sábado y domingo se entrega en efectivo a los 6 mil 906 productores restantes.
Indicó que no son los recursos de Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y que se van a depositar en febrero y que aumentaron el monto anual por productor de 6 mil a 7 mil 300 pesos.
Aseguró que en el censo agropecuario que levanta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) “llegan los líderes tradicionales de siempre”, pero no se ha hecho un anuncio oficial sobre este programa, además de que aún no se sabe qué hizo la dependencia estatal con los 25 millones 665 mil pesos presupuestados para prevención y manejo de riesgos, porque no se contrató el seguro catastrófico.
Lo que sí sabe, indicó el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, es que hay 30 mil productores de todo el estado que han reportado en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) las pérdidas que han tenido desde la sequía y los siguientes fenómenos meteorológicos.
“No entendemos ahí por qué la Sagadegro convoca asambleas y quienes atienden son los líderes, yo creo que hay ahí alguna componenda política que pensamos que en esta coyuntura no es correcta”, sugirió García Jiménez y criticó que el formato del censo, y que compartió a El Sur, no levanta un dato para apoyar al productor, “yo veo que se está dando una expectativa”.
“Desde luego que 7 mil 500 pesos es poco en comparación con lo que se requiere, pero hay que entender que hay apoyos complementarios, además las despensas, los apoyos en reparación de vivienda y quisiéramos que hubiera más recursos, pero entendemos la situación”, expuso.
Además del apoyo emergente, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero impulsa la siembra de riego, en una primera fase mil 600 productores de Acapulco y Coyuca de Benítez ya recibieron la semilla para sembrar maíz y frijol y se gestiona con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el apoyo de mangueras y motobombas.
Jiménez García expuso que en Guerrero hay 120 mil hectáreas susceptibles de regarse, pero ni el 20 por ciento cuenta con este sistema porque los canales están en malas condiciones o se subutiliza, por ejemplo, con la siembra de palma cuando debiera ser maíz-frijol.
Mencionó que el campesinado ya se prepara para la siembra de este año, hay un abastecimiento de 24 por ciento de fertilizante por la distribución que se está haciendo ante la próxima veda electoral.
Planteó que “se requiere una coordinación de los campesinos con las instituciones de gobierno para que realmente se aborde la problemática, o sea, si cada quien lo quiere abordar por separado, unos haciendo un censo por acá, otros haciendo otra cosa por acá, no vamos a avanzar”.
Por ello, anunció que el colectivo Guerrero es Primero, en el que participa y con el que se coordinó para la distribución inicial de despensas, promueve una reunión con distintos actores y organizaciones para impulsar un “verdadero desarrollo” después de los estragos ocasionados por el huracán Otis.
Después del huracán Otis, la estadística oficial ubica a Guerrero en el primer lugar de pobreza y con el nivel de crecimiento más bajo. Pero lo que no registra de manera integral es que Guerrero es el estado más complicado del país: violencia generalizada, un nuevo arreglo de regiones debido al control territorial de los grupos delincuenciales, desigualdad polarizada, corrupción desenfrenada sobre todo en los niveles municipales, gobernantes insensibles y sin visión social, pobreza extrema ampliada aunque la estadística diga otra cosa, presupuesto mínimo para el campo, políticas públicas que no apuntan soluciones, funcionarios con poco sentido social.
En el campo habita el 42% de la población estatal, la cual le da de comer al resto; el 80% del territorio guerrerense se encuentra bajo la jurisdicción de los núcleos agrarios; y ahí se encuentra la mayor biodiversidad y recursos naturales (suelo, agua, bosque, fauna, minerales, materiales pétreos, etc.) que generan vida, actividad económica, cultural y ambiental a la entidad. Pero además es aquí donde se asienta la violencia generada por el control de recursos, siembra de enervantes, control de las economías locales y los espacios de la política, misma que repercute en las ciudades. Por ello se necesita de un presupuesto y líneas de inversión que siente las bases de la verdadera trasformación del campo y los campesinos. Porque desde hace más de cinco décadas ha sido en el campo donde se ha originado y desarrollado la compleja problemática que ahora está impactando en todas las ciudades; ello, debido al abandono que han tenido los tres niveles de gobierno de los territorios rurales.
La sobrevivencia del campo ha dependido en las últimas décadas de tres flujos principales: las remesas, la venta de estupefacientes y los subsidios federales, el año pasado llegaron a Guerrero alrededor de 60 mil millones de pesos de nuestros paisanos (78.2% del presupuesto estatal). Los ingresos de la venta de la amapola que mantenían la economía de muchas regiones cayeron a menos de la cuarta parte de su valor histórico. Y los subsidios federales a la producción, que no han logrado impactar más que en complementar el consumo, sumaron en 2023 un monto global de 6 mil 733.5 millones de pesos. Si estos flujos se cortaran, el campo simplemente agonizaría, y con ello se complicaría la vida en las ciudades.
El campo o sector rural se compone de los subsectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Pero también incluye la cuestión agraria, el medio ambiente, la agroindustria, el mercadeo de productos e insumos y la organización social…y de manera complementaria el bienestar social: caminos, salud, educación, etc. El presupuesto público rural se integra con aportaciones federales, estatales y municipales. Para este efecto se consideran las inversiones hacia los sectores agrario, desarrollo rural y medio ambiente.
La aportación federal se opera a través de subsidios porque ya no hay créditos. Los subsidios emblemáticos se operan a través de Sader: cuyos montos en 2023 fueron: Fertilizantes 3 mil 400 mdp, Producción para el Bienestar con 993.6 mdp, Precios de garantía sólo proporciona un servicio de comercialización que no impactó ni al 3% de la producción estatal, y la Sebien que opera el Programa Sembrando Vida con un monto de 2 mil 340 mdp; aunque hay otros programas con menos impacto que se operan a través de Conafor, Semarnat, Conacyt y los servicios de la Sedatu (RAN, PA), IMPI, entre otras.
La aportación del gobierno del estado en los últimos 10 años se estima en un promedio de 200 mdp anuales. En el 2022, gracias a la incidencia de los comisariados organizados se aprobaron 386.65 mdp de 230 que era el proyecto gubernamental avalado siempre por el Congreso. Y en este 2024 se autorizaron 277 mdp, casi igual que en el 2023; la cuestión es que el manejo ha sido opaco y en el mejor de los casos, administrado como un “fondo de caja chica” para apoyar liderazgos serviles, porque además, los conceptos ambiguos se prestan para ello: Control de Movilización Animal, Garantías para el Bienestar, Información Estadísticas y Estudios, Prevención y Manejo de Riesgos Climáticos, Programa Acompañamiento Técnico Agrícola y Perspectiva de Género, Programa de Fomento y Bienestar Ganadero, Programa de Inversión Programática, Programa de Pesca y Acuicultura, Programa de Sanidad e inocuidad Alimentaria, Programa Infraestructura Rural e Hidroagrícola, Transformando el Campo, Programa Desarrollo Sostenible en Zonas Marginadas, Programa de Agroecología, Programa Infraestructura Rural e Hidroagrícola y Estabilización del Precio de la Tortilla. Hay que decir que durante los últimos dos años no se ha operado todo el presupuesto y no existe información de su destino, sólo se comenta que la Secretaría de Finanzas no lo ha ministrado. Cabe señalar que este presupuesto representa el 0.34% del egreso público estatal, es el valor que el Poder Ejecutivo y el Legislativo le dan al campo. Para colmo, el pasado secretario general de Gobierno expresó en un evento que al gobierno del estado no le compete atender al campo. Pero eso sí, el DIF tiene más recursos que el propio Poder Legislativo y más de tres veces que el asignado al campo.
Los gobiernos municipales no le invierten al campo; antes del 2018 invertían a fuerzas en el Programa de Fertilizante, al punto que desviaban recursos del ramo 33 que eran para obra pública. Ahora, los pocos ayuntamientos que apoyan al campo lo hacen bajo presión, aunque algunos de buena fe, apoyando el transporte del fertilizante a las comunidades; son pocos los casos de los que subsidian parcialmente las semillas seleccionadas.
Guerrero, en los tiempos de la 4T requiere de innovar el arte de gobernar, mismo que en materia de presupuesto implica: ser oportuno, participativo, suficiente, justo, estratégico, sustentable y transparente.
Van algunas de las prioridades que deben considerarse y que desde diversos espacios impulsaremos, ya que por ahora ya no será posible modificar el presupuesto:
• Habilitar la infraestructura productiva básica, como la rehabilitación de los distritos de riego y la apertura de nuevas unidades de riego en zonas de agricultura de temporal, caminos saca- cosecha y más acciones que impulsan la producción.
• Auspiciar la integración de cadenas productivas, la economía social y la organización cooperativa.
• Provocar sinergias entre programas afines, y la concurrencia de otros agentes económicos, el sistema de crédito y la aportación de los propios campesinos.
• Incorporar un sistema de acompañamiento técnico (no extensionismo) que sea integral, agroecológico y participativo, y que promueva la organización cooperativa entre los productores.
• Fomentar la contraloría campesina el ejercicio de los programas públicos.
Es un desafío para los representantes de los núcleos agrarios, profesionistas comprometidos y funcionarios honestos que estos componentes sean incluidos en la operación del presupuesto rural, y que sean los ejes fundamentales de la reactivación y trasformación del campo. Seguiremos realizando gestiones e impulsando propuestas a nivel federal, así como para con la próxima administración presidencial.
Los integrantes del Congreso local deben cumplir con su labor de legislar para el bienestar del pueblo y no sólo limitarse a levantar la mano, sólo cobrar y preparar su nuevo cargo para vivir del presupuesto, como es la percepción que la ciudadanía tiene.
La pasada aprobación del Decreto que crea la Octava Región representó un caso patético en donde los diputados no supieron lo que aprobaron, tal como ha sido con las pasadas leyes de egresos.
Entendamos que si se atiende el campo de manera integral y con todo el poder del Estado, las comunidades campesinas se empoderarán y tomarán el camino del desarrollo productivo y social.
El Congreso tiene varios pendientes: Actualizar los decretos de los sistema-producto, aprobar la Ley de Fomento a la Cafeticultura, decretar que los fondos del Ramo 33 lleguen a las comunidades de manera equitativa, reformular el decreto que crea la Octava Región considerando presupuestos y remunicipalización, entre otros.
Seguir construyendo la Cuarta Transformación a ras de tierra con acciones-fuerza que permitan a funcionarios honestos y a los campesinos organizados, gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, es la gran tarea en este 2024.
Porque para salvar a Guerrero, el campo es primero. La gobernanza campesina, ya se echó a andar…
* Asesor de la coordinadora de Co-misariados de Guerrero.
Autoridades de la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales de Guerrero pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de homicidio del presidente del Comisariado Ejidal de la Palma, Dionicio Deloya Nava.
El asesor de la organización, Arturo García Jiménez, indicó vía telefónica que este asunto se discutió en una reunión de trabajo el sábado, con el subsecretario de Soberanía Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, para que lo informe en la siguiente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el miércoles a Guerrero.
Dijo que las autoridades comunitarias señalaron la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde la matanza de autoridades en San Miguel Totolapan, y de policías municipales en Coyuca de Benítez, y que la dependencia también ha sido amenazada.
El activista indicó que además de la representación de su comunidad, Deloya Nava era el coordinador de su municipio de la región Centro, y representante de la organización ante la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades
“Justamente, andaba recabando en las comunidades los nombres de productores y las parcelas afectadas por el huracán Otis cuando fue asesinado, después de que se negó a pagar una extorsión”, indicó.
Añadió, que valientemente respondió a las amenazas que no tenía dinero para darles, y siguió con su trabajo de gestión.
Por lo anterior, indicó que en una reunión en el Kilómetro 40, pidieron al subsecretario de Soberanía Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, su apoyo para hacer llegar la demanda de una investigación exhaustiva al gobierno federal, “ya que, de San Miguel Totolapan a la matanza de Coyuca, ha pasado como año y medio y no pasa nada”.
Además, dijo que la FGE está amenazada como las autoridades agrarias.
Pidió una reunión con representantes de la FGR y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal. Indicó que el presidente tendrá una reunión de gabinete este miércoles en el estado, y esperan que ahí conozca este planteamiento. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Después de la tempestad, continúa la tempestad. Las familias acapulqueñas no han asimilado la realidad y se enfrentan a una situación dramática, que ha sido aprovechada por políticos, medios de comunicación y empresarios nefastos que en nada están contribuyendo a paliar la emergencia.
Hablando del campo, el panorama tiene ya meses de padecer siniestros. Desde el inicio del presente ciclo primavera-verano, se observó la prolongación de la entrada de lluvias aunado al retraso por un mes de la entrega del fertilizante lo cual provocó que muchos productores no sembraran. Ya cuando las siembras estaban establecidas se padeció la sequía justo cuando los granos de maíz estaban en desarrollo; ante dicho siniestro, se reportaron alrededor de 30 mil hectáreas con pérdida total. Luego vino la tormenta tropical Max que principalmente tumbó las plantaciones de milpa; el reciente huracán Otis vino a dar al traste con lo que quedaba en pie. De lo que se trata ahora es de construir alternativas viables y actuar de inmediato.
El medio rural de Acapulco y municipios aledaños están inmersos en una gran emergencia: falta de comida y agua, sin recursos para comprar y muy pocos negocios para hacerlo, caminos colapsados que dejaron a muchas comunidades sin comunicación, sin telefonía celular ni internet, ni electricidad, ni agua doméstica y, con viviendas seriamente afectadas. Y ante este complejo de problemáticas todos y cada uno de los actores deben de jugar su papel sin ningún distingo político: sociedad organizada, núcleos agrarios, empresarios, banqueros, fuentes financieras, los tres niveles de gobierno, iglesia, fondos multilaterales, organizaciones sociales y más.
En nuestro caso particular, queremos aplicarnos al tema de la producción y la reconstrucción del autoconsumo. Generado por la sequía nacional, el abasto de granos básicos será complicado y, la pérdida de las cosechas en Guerrero hará más difícil la situación.
Aun cuando no se cuenta con exactitud el tamaño de la superficie siniestrada, por lo menos en Acapulco y municipios aledaños, se puede decir que la pérdida es total aun cuando podamos decir que hay mazorcas que se pueden recolectar. Tan sólo en Acapulco se tenía una superficie sembrada de 20 mil 508 Hectáreas de maíz en 111 comunidades donde habitan 15 mil 128, familias; en Coyuca de Benítez son 8 mil 067 hectáreas, en 70 comunidades donde viven 4 mil 647 productores. Habría que ubicar la superficie en los demás municipios afectados. Por todo ello tenemos que trabajar arduamente en proporcionar alternativas inmediatas y para el corto plazo de tal suerte que la emergencia no se prolongue; el punto central es que tenemos que construir la autosuficiencia alimentaria.
Hay acciones elementales que hemos consultado con diversos Comisariados ejidales y comunales, que consideramos que el presidente de la República podrá aprobar en lo inmediato. Ello tiene que ver con la necesidad de que las familias campesinas cuenten con liquidez, se impulse la siembra de granos a diversos niveles y se cuente con abasto de mercancías en las comunidades. Veamos un punteo de dichas acciones:
. A manera de lo que fue el empleo temporal, apoyar a los damnificados con un mes de salario mínimo para levantar lo que le quede de producción, hacer arreglos en sus cercos y preparar posibles siembras.
• Apoyar con porciones de maíz que garanticen la alimentación por al menos 6 meses.
• Apoyo con semillas e insumos a quienes manifiesten terrenos de siembra de humedad o “chahue”.
• Diseñar un esquema de créditos accesibles y blandos para siembra de maíz y frijol en distritos y unidades de riego.
• Que los centros de acopio de maíz del programa Precios de Garantía abran de inmediato sus operaciones en todo el estado y cuenten con la liquidez suficiente.
• Que el sistema Diconsa ponga en marcha el abastecimiento suficiente de las tiendas comunitarias que operan en Acapulco y municipios aledaños. De ser posible, disponer de tiendas móviles.
• Que comenzando enero, se dispersen los recursos correspondientes al programa de Producción para el Bienestar.
• Comenzar a preparar desde ya las siembras de P/V del próximo ciclo. Entrega de fertilizante y capacitación para la preparación del terreno.
Estas acciones, desde luego, serán complementarias a los apoyos que está brindando la sociedad civil, empresas, iglesias y los tres niveles de gobierno. Se requiere de restablecer los servicios básicos, las comunicaciones y la rehabilitación de las casas destruidas.
Con estas acciones operables sin mucho problema, se dinamizará la economía familiar y dará ánimos para seguir realizando acciones productivas. Y Con ello, los campesinos sentirán la plena confianza de que están siendo apoyados y en el futuro inmediato contarán con las condiciones de rehacer su economía familiar.
Con el fin de desburocratizar los esquemas de programación y eliminar los criterios políticos que se antojan en la actual coyuntura. Se propone que se tomen como base los padrones de Fertilizante y de Producción para el Bienestar y, en asambleas comunitarias, se defina el apoyo para los productores de acuerdo con su superficie siniestrada. Para ello, los Comisariados Ejidales y Comunales serán los encargados de organizar esta planeación. Con la finalidad de planificar acciones y ubicar responsabilidades y tiempos, se propone integrar una Mesa de Coordinación, con participación estatal, federal, municipal y los comisariados.
Por último, es deseable, y así lo impulsaremos, que se vaya integrando desde la sociedad civil guerrerense una estructura de coordinación que informe, gestione y enlace las diversas acciones para la reconstrucción, misma que trascienda los periodos de gobierno y se blinde políticamente. Necesitamos crear una suerte de comité social para la reconstrucción y paz social en acapulco y municipios aledaños.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, advirtió que el plan de desarrollo para la región Sierra no plantea la pacificación de la zona, y consideró que es un documento hecho desde el gabinete.
Dijo que no se toca el tema de la violencia y “se expresa una visión desde arriba con conceptos propios, objetivos y estrategias desde arriba”.
Expuso que en el diagnóstico se plasma “lo que ya sabemos de las características de la región, lo que todo el mundo conoce de la región Sierra”.
Criticó que no haya propuestas para lograr la pacificación mediante el desarrollo, “en el capítulo de financiamiento esperaba ver un apartado para carreteras, que es la demanda principal, tiene que haber un esquema para construir caminos que garanticen el tránsito en la región”.
“Lo chusco es que se refieren a que del presupuesto de cada municipio se destine una parte del fondo de aportación, del Ramo 33, pero a los municipios no les vas a sacar nada, quieren sacarle a los 14 municipios mil 8 millones de pesos, y en sus predicciones hablan de que el presupuesto 2023 al 2027, se puede gestionar un incremento progresivo para que el 2027 sumen 2 mil 68 millones, quieren aumentar en cuatro años más de mil millones de pesos del Ramo 33, ahí se nota que no saben de planeación”.
Mencionó que en el foro de este lunes con funcionarios del gobierno del estado, los vecinos de la Sierra insistieron constantemente en la pacificación y la remunicipalización de la zona, “todavía llegó una alcaldesa (la de Atoyac, Clara Bello Ríos, de Morena), regañó a los asistentes diciendo que no tienen presupuesto, dijo que no pagan impuestos, entonces según sus propios datos: ¿no merecen ser apoyados los ciudadanos?”.
Consideró que si no se considera la remunicipalización, “no habrá avance, no se va a hacer nada en la Sierra, jamás le llegará el dinero directo si no tiene municipios”.
“Todas las regiones socioeconómicas de todos los estados del país tienen regiones integradas por varios parámetros: la cultura, el medio ambiente, alguna cuenca, su historia, y la Sierra será la única sin municipios, es algo ilógico, y más si mandan el tema de presupuesto a quitarle un poco a los ayuntamientos. Nos ven como entenados y quieren que andemos mendigando las obras, esa es su conclusión de un asistente a la reunión de ayer (el foro del lunes).
Además advirtió que “el año siguiente es el año de Hidalgo, es el último año de gobierno de los municipios y los políticos usan los recursos que quedan para su siguiente campaña, que se reeligen, que brincan a una curul, ahí se gastan el dinero. Desgraciadamente sin la municipalización de la Sierra no va a pasar nada”.
Consideró que en el documento no se habla de la pacificación de la zona porque “los políticos aunque se digan de izquierda tratan de maquillar la realidad, decir que en Guerrero no hay focos rojos, y está la matanza en Chichihualco a unos kilómetros de Chilpancingo, no se puede ocultar la realidad pero no se quiere reconocer”.
Para la pacificación dijo que son necesarios programas de gobierno que lleguen directamente a la población, y contribuyan al empoderamiento de las comunidades, y que sean éstas las decidan cómo se va a usar.
Propuso, “que la Guardia Nacional actúe, que el Ejército y la Policía del Estado actúen conforme a la ley, para que por todas las comunidades se pueda transitar, porque hay lugares donde no pueden bajar ni por víveres y fertilizante”.
Afirmó que es posible, pues para perseguir en 1974 a la última columna de combatientes del maestro guerrillero Lucio Cabañas, el gobierno desplegó 25 mil soldados: “¿crees que la Guardia Nacional y el Ejército no pueden garantizar el libre tránsito?”.
Llamó a impulsar el desarrollo productivo, que el programa federal Sembrando Vida siga y se amplíe, “y a quienes ya están en el programa que tengan el apoyo para vender sus productos, necesitamos que el precio de garantía impacte porque es muy bajo, se necesita el empoderamiento del pueblo, si vamos recomponiendo el campo podremos construir la cultura de paz”.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, demandó que el programa de fertilizante incluya este año otros insumos y acompañamiento técnico para la producción de maíz, que sigue siendo de autoconsumo, tras 20 años de uso de productos químicos.
El padrón sirve, pero hay que corregirlo
Vía telefónica, el dirigente social reconoció que haya comenzado la distribución del fertilizante a las bodegas de Segalmex en la Montaña, la Sierra y en algunas de la región Norte, donde es más difícil el acceso para la distribución que se estima comenzará en marzo.
Recordó que en 2019 el padrón que se utilizó para la distribución del insumo favorecía a quienes no sembraban. En 2020 y 2021 se impulsó a través de la Coordinadora el levantamiento del padrón en asambleas y su inscripción en el Registro Nacional, todavía tiene algunas fallas que esperar corregir.
Sin embargo, aclaró que el programa sólo es el mero insumo del fertilizante de la cadena maíz, las semillas de calidad se siguen comprando a empresas internacionales a un precio muy alto.
Los productores tampoco tienen capacitación, ni apoyo infraestructura para el desgranado, limpia y encostalado del grano.
“Queremos proponer al estado y a los ayuntamientos que apoyen a los productores con la semilla buena, con asistencia técnica, que hubo sólo en 2019, y que cada centro de acopio cuente con infraestructura para el desgranado, la limpieza del maíz y encostalado, para que el precio de garantía funcione”.
Insistió en que el programa transite poco a poco al impulso de la agroecología.
“Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vamos a incrementar la producción, pero no tendríamos que usar los mismos productos químicos, UREA y DAP, en las mismas cantidades en todas las regiones, porque tienen distintas condiciones”.
Incluso, dijo que el programa debería cambiar de nombre por el de fertilidad y manejo agroecológico de suelos.
Exigió una evaluación objetiva del impacto del programa de fertilizantes que se están usando hace 20 años y no ha variado en términos globales la producción de maíz.
El SIAP maneja cifras infladas
Además, señaló que el Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP) maneja cifras infladas, que no coinciden con la realidad, pues la producción es mayor cuando hay lluvia, por el mes de junio, y los suelos son favorables.
“Se habla de 500 hectáreas en Guerrero con vocación de maíz, y por lógica, la cantidad ha disminuido porque las tierras erosionan, se compactan, los temporales no siempre son adecuados, hay que hacer estadística realista y enlazarlo con productividad”.
Aclaró que la producción de 850 mil toneladas de maíz que se estiman en Guerrero corresponde a la realidad, considerando que la población consume tres kilogramos diarios de maíz, más el consumo ganado, y queda en autoconsumo.
De los precios de garantía, señaló que el año pasado sólo 8 mil familias llevaron el maíz excedente productos a los centros de acopio, ni a 5 por ciento de 250 mil beneficiarios del programa fertilizante.
Incluso indicó que la meta estimada de compra de maíz con precios de garantía en el ciclo 2022-2023 que cierra en marzo, bajó este año a 50 mil toneladas, porque empezaron tarde, porque había dinero. El anterior compraron 64 mil.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, y el dirigente estatal de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campos, en entrevistas telefónicas por separado, afirmaron que no están de acuerdo con la información presentada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, en la que mencionó que hubo crecimiento en la producción del maíz durante 2022.
El miércoles en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y como parte de una explicación del Programa Fertilizantes para el Bienestar, el secretario adelantó que el próximo marzo se darían los resultados
“En marzo de este año tendremos el cierre del año 2022 y claramente habrá incremento significativo en la producción total del estado de Guerrero” aseguró el Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el miércoles.
Los datos no son fidedignos: Arturo García
El asesor de la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, sostuvo que los datos están equivocados, y recordó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado que la producción de maíz en Guerrero se había duplicado.
“Es muy común de los funcionarios en aras de decir que todo va bien pues den informes que no están dentro de la realidad. El año pasado fue peor, le dieron un dato mal al presidente de la República, le dijeron que en Guerrero se había duplicado la producción”.
Comentó que no sería creíble la producción de la cantidad expuesta y que esto se debe a una falla de origen, pues los datos no son fidedignos para realizar una comparativa de crecimiento por año.
“Hay una falla de origen, el organismo que genera la estadística, parte de datos que no son reales. Se ha dicho que en Guerrero se cultivan 500 mil hectáreas y se producen un millón 350 mil toneladas, eso es el dato estadístico pero está fuera de la realidad, se han arrastrado esos datos durante años. Si no se parte de una estadística real no puedes decir que se incrementa”, explicó Arturo García.
Además, aseguró que no se puede afirmar que el crecimiento en la producción es única y exclusivamente debido a la entrega de fertilizantes por parte del gobierno, sino que se combinan varios factores como los meteorológicos.
“No es correcto que se diga que solo por el fertilizante, el fertilizante es un insumo de todo el proceso productivo del maíz. Además, se les da a todos los productores sin importar el tipo de suelo, el desgaste, las alturas, el tipo de maíz, se les da el mismo paquete de fertilizante, técnicamente no es lógico”.
La cifra es desproporcionada: Marco Antonio Reyes
El dirigente estatal de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campos, afirmó que la cifra se encuentra desproporcionada, pues existe una realidad opuesta.
“Siempre en los gobiernos la expectativa es al alza, pero la realidad nos marca algo muy diferente y el mercado no nos engaña”, comentó sobre la situación del maíz.
Añadió que en recorridos al estado se han percatado de que tierras de cultivo se han dejado de utilizar debido a los altos costos de producción y que solamente se tiene un subisidio por parte de Sader, que es el apoyo con fertilizantes, pero que se destina únicamente al pequeño productor y para aplicarse en dos hectáreas.
Marco Reyes afirmó que considera que para 2022 la producción tuvo una reducción de 30% a 40% indicó que Guerrero si es autosuficiente en la producción de maíz para el consumo, pero que el excedente del mismo se coloca en otras entidades, situación que afecta a la ganadería.
“Somos autosuficientes, producimos el maíz necesario para comer, sin embargo, el excedente que tenemos, todo ese maíz, sale del estado de Guerrero y para la cuestión ganadera somos insuficientes”.
El secretario Villalobos, aseguró el miércoles, que en 2018, antes del programa Fertilizantes para el Bienestar, la producción de maíz del estado de Guerrero era de un millón 271 mil toneladas de maíz, pero con el programa, para 2021 aumentó 14.87%, un equivalente a 190 mil toneladas producidas.
“El primer año de la implementación de este programa, el volumen y el total de maíz producido se incrementa a un millón 292 mil toneladas en el 2019. En el 2020 hay un incremento significativo ya que se cosecha un millón 419 mil toneladas ya que se cosecha un millón 419 mil toneladas y al cierre del 2021, la producción total en el estado, de maíz, fue de un millón 460 mil toneladas” dijo Villalobos.
Al respecto, Reyes dijo que la producción guerrerense se ha disminuido y se han dado cuenta revisando las parcelas que dejaron de sembrar, además de asegurar que es un dato que se hace “desde el escritorio”.
“Si llegamos al millón de toneladas de maíz, estamos hablando de mucho. Discrepamos de la comunicación oficial”.
Aseguró que no solamente el fertilizante garantiza una buena productividad, además de otros factores e indicó que se exhibe la baja producción debido a los precios.
“Si realmente hubiese un exceso en la producción, el precio se desplomaría, se bajaría, pero no ha sucedido tal cosa en el mercado. Si los privados te están comprando más caro, es un indicador de que no hay maíz, no hay lo suficiente”, dijo Reyes.
Promotores e integrantes de organizaciones sociales y asociaciones civiles de la Sierra de Guerrero piden más presupuesto para 2023 a recién creada octava región. Indicaron que es necesaria la remunicipalización para que el recurso llegue a las comunidades, e implementar mecanismos de paz para el desarrollo de esta zona olvidada históricamente.
Luego de que el secretario de Planeación y Desarrollo Regional del estado, René Vargas Pineda, informó a El Sur en entrevista que el gobierno estatal destinará 71.2 millones de pesos para 23 obras a la región Sierra en 2023, se consultó vía telefónica a varios promotores e integrantes de organizaciones y asociaciones civiles para conocer sus opiniones.
Al respecto, el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez expuso que la octava región históricamente plantea la municipalización para que haya un presupuesto digno.
Consideró ridículas la cifra de 71.2 millones de pesos y que el diagnóstico que está concluir el gobierno estatal significa que “apenas van hacer la planeación del desarrollo, y lo peor del asunto es que no están tomando en cuenta a las comunidades que debe decidir qué obras son prioritarias”.
Sostuvo que tras revisar el presupuesto 2023, recién aprobado por el Congreso del estado por, los apuntes del funcionario del gabinete están equivocados, porque para caminos se proyectó 64 millones de pesos, para infraestructura de salud 15 millones y hay un rubro de construcción de cinco mercados con 70 millones de pesos.
Señaló que los diputados locales aprobaron sin cambiar nada el proyecto de presupuesto que envió la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, “lo triste es que los diputados asientan con el dedo porque ya negociaron también que cada uno de ellos va a tener a su cargo la ejecución de obras en sus distritos, y son recursos para quedar bien y para ganar dinero”.
“Más allá de los 71.2 millones (para 23 obras a la Sierra) creo que el gobierno del estado no entiende, no le interesa que la Sierra es la región más grande, la población son cerca de 120 mil habitantes y lo que deberían de hacer es ver cuáles son los requerimientos prioritarios de las comunidades”, manifestó.
Afirmó que los 14 municipios que tienen localidades en la denominada octava región suman un presupuesto de 3 mil 250 millones de pesos aproximadamente, “fácilmente pueden aportar entre todos 324 millones de pesos que podrían aplicarse del ramo 33 a la demanda prioritaria que las comunidades decidan, debe de haber una coordinación entre los municipios y el gobierno del estado, es más, el gobierno federal debe incidir y presionar para que los municipios apliquen el recurso como debe de ser”.
De que el gobierno del estado no tiene pensado crear nuevos municipios, Arturo García sostuvo que “una nueva región sin remunicipalización y sin presupuesto no es nada”, y cuestionó de dónde podría llegar más recursos extras al estado, salvo de dinero decomisado al narcotráfico o del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para construir 3 mil kilómetros de caminos que se requieren, si un kilómetro de carretera pavimentada vale en números redondos 10 millones, “serían 30 mil millones de pesos que no van a salir ni para este año ni para el otro”.
Sostuvo que el gobierno municipal, estatal y federal aplican una política de “sálvese quien pueda” en los territorios rurales donde domina “la ley del más fuerte y el gobierno debe de entender eso, no entienden ellos y no sé por qué no lo entienden, es decir, que deben de trabajar por empoderar a las comunidades, si hay pocos o muchos recursos, pero al tener a las comunidades empoderadas van a ser capaces de gestionar, de generar otro tipo de recursos, otro tipo de mecanismo y seguir avanzando”.
García Jiménez aseguró que espera que el gobierno del estado realice “ajustes o reorientación del presupuesto, y se canalice el recursos hacia la Sierra, porque no es posible que la Sagadegro (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero) tenga la mitad del presupuesto que el DIF que tiene 840 millones de pesos, y la dependencia tiene de inversión 274 millones de pesos, cuando en el campo vive el 42 por ciento de la población”.
No alcanzan los 71.2 millones para rehabilitar caminos rurales
También, el secretario técnico del Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra, Sergio Canales Martínez opinó que en una reunión con Vargas Pineda como asociación civil le dijeron que no identificaron las inversiones de acuerdo con la prioridad que se supone le está dando el gobierno del estado a la octava región, “es el pulmón, es donde se genera la masa forestal, el agua que irriga todos los cultivos de la Costa Grande e incluso, nos parecía un presupuesto pulverizado”.
Destacó que los 71.2 millones de pesos para 23 obras “no te alcanza ni para rehabilitar un camino rural”, y aseguró que se está “cayendo en los mismos errores de metodología de los presupuestos anteriores, la cobija está corta y se tiene que cobijar a otros rubros, pero ahí es donde se tiene que agudizar la gestión gubernamental buscando la co-inversión con recursos federales o programas de Naciones Unidas”.
Sostuvo que es necesario esperar el análisis que hace la Secretaría de Hacienda de todos los presupuestos de las entidades federativas en enero, ahí es donde realmente se define cuál es el monto ya sea a la alza o a la baja de Guerrero y de todos los estados.
Expuso que como Observatorio de la Sierra, el presupuesto que manifestó el secretario de Planeación es un recordatorio de lo que históricamente se ha dado, con el que no se resuelve “la alta marginación, el olvido histórico ni mucho menos la violencia que se está dando actualmente, como en El Durazno (donde fueron asesinadas 7 personas el 10 de diciembre)”.
“La región puede dar bastante estabilidad económica pero también desestabilidad social si no se atiende como se debe”, dijo, y recalcó que se tiene que tomar en cuenta a la sociedad civil, a las organizaciones, a los colectivos y a las autoridades locales como comisarios y comisariados.
Expresó que el Observatorio propone un plan de desarrollo y paz, pero no la remunicipalización como otros sectores de la región, “es un proceso largo, tedioso y que se tiene que legitimar entre las localidades, si no lo hacen, va a pasar lo mismo que con la región, si no tienen todo el estudio que soporte el desarrollo de esta zona simplemente quedará en papel y en buenas intenciones”.
Mencionó que los programas han llegando a la Sierra por presiones de la sociedad civil y los colectivos, pero no están teniendo el impacto que deberían, y ejemplificó que con Sembrando Vida, fue una opción para arraigar a las familias en el territorio después del colapso del mercado de la goma de opio, “pero este año hubo mucho desplazamiento de familias en toda la Sierra porque ya no tienen ingresos y los 5 mil pesos de Sembrando Vida mensuales no es una alternativa real”.
Aún no tienen cifras exactas, pero estiman que en 2022 han salido cerca de 5 mil habitantes hacia Estados Unidos, donde son adoptados como familias desplazadas por la violencia, “eso lamentablemente no lo dicen, eso no lo están visibilizando, mucho menos se está reflejado en los planes de desarrollo”.
Se le preguntó si también el aumento de sembradíos de coca en Atoyac se debe a ese desplazamiento y alternativas de ingresos, respondió que sí, y es una debilidad que existe ante la falta de alternativas de ingresos para las familias.
Nunca se había dado nada: Espino
Por su parte, el presidente de Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, consideró que es positiva la inversión cuando nunca se había dado nada, “para empezar está muy bien, se necesitaría revisar a qué se lo destinaron, y ver si se están respetando los acuerdos que se tomaron”.
Sin embargo, aseguró que crear la octava región sin nuevos municipios “es como si no existiera, pues para que lleguen los recursos directos a la Sierra no se bajan a través de las regiones, se baja mediante los municipios, entonces necesitamos los nuevos municipios”.
Dijo que se han reunido con diputadas y diputados del Congreso local, quienes los están apoyando y han formado varios comités de gestión de nuevos municipios, “y se van a ir dando de acuerdo a los trabajos en cada comunidad, no es fácil organizar a la gente, hay pueblos que si le entran y otros que mejor se quieren quedar en los municipios que están”.
Expuso que los nuevos municipios son necesarios para que el dinero llegue directamente a la Sierra, “si no pasaría lo mismo que ahora, que llegan a las cabeceras municipales, pero para arriba no hay nada, a fuerza debe haber nuevos ayuntamientos”.
Argumentó que a la Sierra le urgen principalmente la construcción de los caminos porque sin ellos no llegan los maestros, médicos o policías que tanta falta hacen, y después seguridad, es decir, que se construyan cuarteles en la parte alta.
Sostuvo que su organización acordó con el gobierno del estado para 2023 la construcción de 15 kilómetros, de las rutas El Parotal- El Durazno, El Parotal-El Porvenir y de El Porvenir-San Antonio de las Texas, de cinco kilómetros cada ruta.
Agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado y a su padre, Félix Salgado Macedonio, “porque al final de cuentas Félix también está detrás de todo esto, y se le agradece que por vez primera voltean a ver a la gente de la Sierra”.
Agregó que deben continuar con la gestión con la federación para los caminos artesanales para la Sierra.
Es un avance: Saldaña Almazán
El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán dijo que el presupuesto es un avance significativo porque “antes no se destinaba ni un solo peso, los municipios tanto de la Costa Grande, de la Tierra Caliente y zona Centro que rodean la Sierra no tenían un presupuesto destinado a la Sierra como tal y la lógica es que los municipios sigan aportando a las obras prioritarias de las comunidades”.
Expresó que a él le informaron que el gobierno estatal destinará el 2 por ciento del presupuesto de todas las secretarías para la Sierra, “eso es muy importante, se va hacer doble inversión, a lo mejor no se dio muy bien la explicación (de los 71.2 millones de pesos para 23 obras)”.
Aseguró que se podría decir que es muy poco los 71.2 millones de pesos por la gran inmensidad de necesidades en esta nueva región, pero “cuando se creen los municipios, que el mismo compañero René ponga la pauta, la ruta de trabajo, ya tendrán su presupuesto propio, y en las comunidades que ocupen la cabecera municipal el recurso se queda ahí”.
Consideró ?que la gobernadora tuvo “mucha sensibilidad para asignarle de cada secretaría el 2 por ciento a la Sierra, quizás de obras de una sola secretaría (son los 71.2 millones), pero para la Sierra eso muy importante, porque antes no se asignaba nada del gobierno del estado, salvo que hubiera compromisos personales del gobernador en turno”.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, denunció que ante los recientes cambios en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se retrasará la compra de maíz a los pequeños productores del estado, y reprochó que es muy bajo el precio base de 6 mil 805 pesos por tonelada que está ofreciendo, cuando en Tierra Caliente los compradores particulares pagan 8 mil pesos por tonelada.
Ayer vía telefónica García denunció que en el inicio del nuevo ciclo de acopio de maíz el programa Precios de Garantía de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el organismo descentralizado Segalmex. está anunciando un precio muy bajo de compra a los pequeños productores.
Afirmó que con la llegada de nuevo personal a la Segalmex en Guerrero habrá una afectación, aunado a las deficiencias que había en los trámites engorrosos, el pago no inmediato, la falta de transporte y de bodegas, entre otras.
El 23 de noviembre fue destituida la jefa de la Unidad Operativa 15 Guerrero Sur, Antelma de la Cruz Clemente, a raíz de un paro laboral y la toma de las oficinas por trabajadores que la acusaron de corrupción y maltrato. En su lugar quedó Francisco Javier Inda Romero.
García Jiménez manifestó ayer que con la llegada de gente nueva, Segalmex tendrá un tiempo de aprendizaje, y eso va a impactar negativamente en la economía de los productores de maíz.
Agregó que en Tierra Caliente los compradores particulares ya están pagando 8 mil pesos por tonelada de maíz, y que en estados como Sinaloa se está comprando a 9 mil 370, en el Bajío se paga 8 mil 520, cuando el programa Precios de Garantía está ofreciendo 6 mil 805 pesos por tonelada.
Precisó que habrá “un mínimo impacto” porque se supone que debería de definir un precio inicial para que los intermediarios se basaran en él y subieran el precio.
Comentó que el año pasado el programa benefició a 8 mil 851 productores de maíz en el estado, y Segalmex compró 74 mil de un millón 500 mil toneladas producidas, un 4.93 por ciento de impacto del programa.
Dijo que el descontento de los campesinos es que es muy bajo el precio de apertura, “ahorita están hablando de 6 mil 805 pesos la tonelada, el precio pasado fue de 6 mil 278, la diferencia es mínima y eso no cubre los costos de producción”.
Arturo García añadió que otro problema es el retraso del inicio del programa porque se supone que ya debieron haber abierto los centros de acopio desde el 1 de noviembre, y se programó para el 1 de diciembre, pero siempre pasa que no hay costales, básculas, dinero suficiente y el programa va a abrirse a mediados de diciembre, cuando los compradores particulares van a estar acaparando todo el maíz.
Dijo que el programa, se supone, debería de beneficiar al pequeño productor, “porque le urge vender y obtener dinero, y se ven obligados a vender a los acaparadores porque el precio de Segalmex es muy bajo, además de mucha tramitología, cuando un coyote te paga de inmediato y no te pone tantas trabas” y recordóó que a los productores que no tienen documentos de parcela se les impide entrar al programa.
Agregó que proponen que el maíz comprado se entregue a Diconsa para que los consumidores más pobres sean los beneficiados del subsidio, porque en Nayarit se está vendiendo a los empresarios de la masa, que lo único que provocará es que el precio de la tortilla aumente.
Reprochó que Segalmex no está jugando un papel regulador en el comportamiento de los precios y la venta del maíz, “no está ayudando y con eso se viola un planteamiento del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que habla de que hay que apoyar a los más pobres”.
García Jiménez consideró que Segalmex debe de entender que para que el programa Precios de Garantía tenga impacto, el precio debe de ser superior a lo que está manejando y considerar los costos de producción.
Dijo que debe de haber más eficiencia, quitar las trabas en los pagos y en los mecanismos legales para que la gente pueda ser beneficiaria, y que haya movilidad adecuada y que se note la infraestructura, porque los dos últimos años “mucho maíz se echó a perder porque lo dejaron mucho tiempo a la intemperie y en costales de mala calidad”.
Advirtió que como van las cosas la compra de Segalmex empezará después del 15 de diciembre, pero luego vienen los festejos de Navidad y Año Nuevo, y podría ser hasta enero que tome forma el acopio.
Dirigentes de organizaciones de productores ven con poco optimismo y bajas expectativas el cambio de titular en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), por el perfil académico del nuevo secretario, Alejandro Zepeda Castorena; también opinaron que no tiene experiencia en el área y que fue designado por “compromisos políticos”.
Fueron consultados, el presidente de la Red de Agricultores Sustentables y Autogestivos (RASA) y asesor general de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez; el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campos, y el dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Roja (CIOAC-Roja), Gerardo León Hurtado.
García Jiménez, opinó que Zepeda Castorena, quien sustituye en la Sagadegro a Jorge Peto Calderón, no cuenta con el perfil adecuado, puesto que es biólogo y en la dependencia debe estar un agrónomo.
Por lo tanto, para Zepeda, el tiempo que viene será de aprendizaje, “y sin inserción con la gente del campo porque viene de otro esquema; no es lo mismo manejar 48 mil personas del programa Sembrando Vida (donde se desempeñaba el ahora titular de la Sagadegro) que trabajar con 350 mil campesinos de Guerrero”.
Arturo García prevé que esto va a afectar mucho en el desempeño del gobierno estatal para rescatar el campo.
Por tanto, declaró que no ven con optimismo ni con muchas expectativas al nuevo secretario; “ya vimos su desempeño en Sembrando Vida, y trasladarlo a una estructura mucho más amplia, no va a funcionar y al rato van a cambiarlo también y va a ser cuento de nunca acabar”.
Sin embargo, dijo que será otra vez el gobierno quien deberá asumir sus errores o de sus aciertos.
El dirigente agrario criticó que el problema es que se busca y se designan en los puestos a gente sin el perfil preciso, “por arreglos políticos, y bajo ese esquema va a ser difícil que se desarrolle el campo como se debe”.
Explicó que fue lo que pasó con el anterior secretario Jorge Peto Calderón, quien aunque sí tenía el perfil, le dieron el cargo por compromisos políticos y se vio desde el principio; primero fue cuestionado por los trabajadores, después por su falta de atención a las organizaciones, y luego por su trato con los campesinos; “le gustaba tomar decisiones sin tomar en cuenta a la gente”.
No tiene compromiso con la 4T, dice León Hurtado.
El dirigente de la CIOAC-Roja, Gerardo León Hurtado, opinó que el problema no es tanto el secretario; “el problema es que quien decide y dice que se hace en esa dependencia es ‘el gobernador’ Félix Salgado Macedonio.
Agregó que en el sector se sabe que él fue quien destituyó a Peto Calderón: “algo debió haber pasado entre Salgado Macedonio y el ahora exsecretario, porque eran camaradas”.
Cuestionó que en los hechos tome estas decisiones a pesar de que no tenga ninguna facultad jurídica ni política para decidir quién se queda o quien se va en el gobierno estatal, “puesto que nosotros votamos por una gobernadora, por un gobernador”.
También expresó su desacuerdo que se haya nombrado en el cargo a un priista, pues pertenece al PRI y al grupo del ex alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, de quien fue su director de Ecología en el periodo 2015-2018, y sin compromiso con la Cuarta Transformación.
Declaró que en esas circunstancias es muy difícil entenderse con esa gente, porque aunque son de origen campesino, desconocen el campo, “o sufren de amnesia y no saben qué es el campo, ni óomo se siembra una mata de maíz, porque no están metidos en el rollo de la producción”.
Pero dijo que más allá del perfil, el problema es que en este gobierno no deciden los secretarios sino el senador Salgado Macedonio. “Yo lo dije muchas veces; por primera vez Desarrollo Rural tiene une especialista en el campo, con un grado de doctorado (en referencia al ex secretario), “pero si no se les permite trabajar, ¿qué puede hacer una persona con esas características?”.
Criticó que de los 387 millones de pesos de presupuesto que le aprobó el Congreso a la dependencia prácticamente todo se iba en salarios “y lo poco que quedaba quien decidía a quien se le daba y a quien no, era ‘el señor gobernador’.
Añadió: “De ahí vienen las grandes torpezas. Si ese señor que llega, va a hacer igual, va a hacer el mismo trabajo”.
León Hurtado deseó que al nuevo secretario, “aunque sea de corte priista, se le permita trabajar; en la administración pública sea del color que sea, si trabaja bien no importa. Yo le deseo mis sinceros parabienes y a Peto Calderón mi más sincera consideración”.
Era urgente el cambio: Marco Antonio Reyes
El dirigente de la UNTA, Marco Antonio Reyes, declaró que era “más que necesario y urgente” la renovación del “timonel” en esa Secretaría.
Argumentó que el anterior secretario, “sin hacer leña del árbol caído, pero tuvo muchas omisiones e inconsistencias y no estaba apoyando al gobierno de Evelyn Salgado Pineda”.
Dijo que como organizaciones de productores estuvieron en la mejor disposición al diálogo, “aun cuando él (Peto Calderón) y el secretario de gobierno Ludwig Marcial Reynoso, son poco serios; les falta tacto político y lejos de ayudar estorban”.
Opinó que el anterior secretario le deja al actual una tarea compleja, puesto que hasta ayer se publicaron los listados de beneficiarios de los apoyos al campo, “que son escuetos y poco transparentes”.
Opinó que con los recursos que se asignaron a la dependencia para este año, no se alcanzan a cubrir los apoyos a los beneficiarios cuyos listados se publicaron ayer. “hay un desorden y un caos total en la Secretaría”.
Deseó que haya disposición del biólogo, para corregir y reordenar lo que dejó mal el anterior secretario.
Opinó que si el nuevo secretario llegara con toda la actitud de colaboración, de respeto, honesta y franca, se reordenaría las cosas en la dependencia.
Y que si no, cuando menos sea honesto y diga qué no se va a apoyar.