Pandora fue la primera mujer creada por los dioses griegos, como castigo a la humanidad por el robo del fuego que hizo Prometeo. El dios Zeus le entregó a ella un recipiente que contenía todos los males del mundo, con la instrucción de no abrirlo jamás; pero la curiosidad la llevó a abrir la caja, liberando así enfermedades, guerras, pobreza, dolor y otros males que se dispersaron entre los mortales.
Lo que ocurre en Chilapa y la Montaña baja ha mostrado lo que los gobiernos no querían recocer, así como también la sociedad ya lo tenía normalizado. Pero no es el caso solo para Guerrero, ocurre en muchas regiones del país; qué bueno que ahora las noticias, las historias, las realidades también se han abierto para que sean de conocimiento mundial y para que los gobiernos reconozcan y construyan acciones viables para traer a la normalidad un plano de coordenadas donde los ejes sean organización y desarrollo.
En Guerrero, desde finales de los 70s, se vinieron estableciendo grupos de personas cuyo accionar tenía que ver con la siembra, procesamiento y comercialización de mariguana y goma de opio; en la parte alta de la sierra fueron logrando el control de la siembra; ellos eran quienes imponían los precios, controlaban los territorios y la vigilancia permanente para su trasiego. La labor de estos grupos comenzó a destruir el tejido social en las comunidades rurales y por tanto los procesos organizativos regionales que se habían venido impulsando.
Durante los últimos años, ampliaron sus “negocios” hacia el contrabando de armas y a la importación de cocaína, misma que distribuyen en las ciudades que para ellos son “sus plazas”, las cuales defienden a sangre y fuego. Con ello, han logrado el control absoluto de “su territorio”. Desde siempre, se preocuparon por tener como aliados tanto a personeros del gobierno, mediante mecanismos de corrupción. A todo esto, es lo que los académicos denominan “gobernanza criminal”.
En el caso de los gobiernos municipales, estos grupos se habían dedicado solo a financiar las campañas políticas y con ello garantizar una “buena relación”. Posteriormente pasaron a controlar las tesorerías y las comandancias de policía. Recientemente comenzaron a tomar decisiones para que “su propia gente” quede en los cargos de elección; a partir de ello, ahora controlan los presupuestos y disponen de empresas fantasmas para que ejecuten obra pública que en realidad realizan a medias o no las realizan; con ello, mataron la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía. Lo más reciente ahora, es el control de la venta impositiva de los productos de primera necesidad; todo esto está documentado en los medios y los gobernantes lo saben.
Y por si fuera poco, al fin que “en Guerrero todo se puede”, cualquiera puede incendiar el bosque para diversos fines, talar a mata rasa todos los árboles, intoxicar los ríos, bloquear carreteras, decomisar camionetas de gobierno y hasta operar los blindados “rinos” para abrir puertas del Palacio y el Congreso local. Ya ni en el país de Talibania ocurre esto.
Soy miembro de colectivos que impulsan la verdadera transformación de nuestro país, desde finales de los 70s hemos participado en diversos procesos organizativos a nivel regional, estatal, nacional e internacional; conocemos también los procesos que se han dado en diversos países latinoamericanos.
Con base en ello, podemos afirmar que los gobiernos se han convertido en entes “para sí”. Se van alejando cada vez más de la sociedad, cogobernar con la sociedad es para ellos un sinónimo de autodestrucción; se nota también que cada vez más dejan de incidir en el desarrollo, los presupuestos se recortan y se dejan algunos apoyos que en realidad solo sirven para mantener tranquila a la gente, a la vez que se mata su iniciativa para organizarse. Y su principal móvil reside en cómo preparase para no perder la siguiente elección así como subsistir en el concierto de las naciones: intervencionismo de Estados Unidos, cobro de aranceles, chantajes legales, amenazas de invasión, etc.
A ello se suma el histórico abandono que padecen las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia institucional han permitido el fortalecimiento de estructuras armadas y economías ilegales que vinieron a llenar ese vacío.
Como ocurre en las 14 “regiones socioeconómicas” del estado, la región de Montala Baja enfrenta desde hace años una disputa territorial marcada por la presencia de grupos armados, policías comunitarias de origen y objetivos diversos, y organizaciones sociales, en una zona estratégica donde convergen intereses relacionados con la siembra de amapola, rutas de trasiego y recursos minerales. Y se han instituido en realidad en el primer orden de gobierno.
Apelando a la definición de Estado fallido, la región es muy ilustrativa e involucra a todo el estado de Guerrero: Un Estado que no tiene la capacidad de velar por sus ciudadanos, una de las principales razones como gobierno. Su fracaso social, político, y económico; su gobernabilidad nula o ineficaz, que no tiene control sobre vastas regiones de su territorio, que no provee de servicios básicos, que no puede hacer cumplir la ley, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Por ello, los guerrerenses tenemos que reflexionar bien sobre el futuro gobierno que necesitamos.
Para empezar a revertir esta caótica situación, es fundamental impulsar, de entrada, las siguientes acciones:
1. Hacer que los ayuntamientos cumplan con la Ley (de Transparencia, de Planeación, de Coordinación Fiscal, del municipio Libre, entre otras), y establezcan las estructuras de participación ciudadana, tales como el Coplademun, los Consejos Consultivos de Comisariados, Comisarios municipales y delegados de colonia; así como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, de Seguridad Pública y Consejos de Cuenca.
2. Que el presupuesto anual a los municipios se haga público a toda la población; y que la fórmula que se usa para otorgar los montos a cada municipio, se haga extensiva a cada comunidad, de tal suerte que cada una sepa lo que le corresponde y vigile su aplicación.
3. Que las decisiones de gastos sean todas validadas por el cabildo y fiscalizadas por la Secretaría Anticorrupción, Auditoría Federal y Estatal.
4. Instalar en cada comunidad el Consejo de Desarrollo Comunitario (CDC) como una instancia de coordinación y gestión conjunta de autoridades locales, representantes de grupos sociales y comités sectoriales, reconocidos en la comunidad. Dando paso al ejercicio del cuarto Orden de Gobierno (gobierno comunitario) para empoderar a las comunidades en las acciones de su propio desarrollo.
5. Que se impulse la organización cooperativa en las comunidades como base central del tejido social.
Con estas acciones, que pueden implementarse de inmediato y no implican presupuesto adicional, será posible comenzar a rescatar la gobernabilidad y construir una nueva gobernanza desde las comunidades.
El final del mito griego dice que en la caja de Pandora solo quedó la esperanza, simbolizando la posibilidad de consuelo y resiliencia frente a las adversidades.

* Asesor de la Coordinadora de Comisariados de Guerrero.

 

Un fantasma recorre el campo mexicano, el fantasma que se ha concretado en una crisis de precios y que ha devenido en un hartazgo que se ha encauzado en movilizaciones radicales y desesperadas. Sí, la escasez de mano de obra, la inseguridad, la degradación de suelos, los bajos precios de los productos, el incremento del costo de insumos, los fenómenos climáticos, la falta de políticas públicas y los presupuestos exiguos, se han unido en santa cruzada para avivar ese fantasma.
En el campo guerrerense habita el 42 % de la población estatal, la cual le da de comer al resto; el 80 % del territorio guerrerense se encuentra bajo la jurisdicción de los núcleos agrarios; y ahí se encuentra la mayor biodiversidad y recursos naturales que generan vida, actividad económica, cultural y ambiental a la entidad. Por ello se necesita de un presupuesto y líneas de inversión que sienten las bases de la verdadera trasformación del campo. Porque desde hace más de cinco décadas ha sido en el campo donde se ha originado y desarrollado la compleja problemática que ahora está impactando en todas las ciudades; ello, debido al abandono que han tenido los tres niveles de gobierno de los territorios rurales.
El sector rural se compone de los subsectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Pero también incluye la cuestión agraria, el medio ambiente, la agroindustria, el mercadeo de productos e insumos y la organización social y, de manera complementaria el bienestar social: caminos, salud, educación, etc. El presupuesto público rural se integra con aportaciones federales, estatal y municipales.
La aportación federal se opera a través de subsidios porque ya no hay créditos y en Guerrero la suma es de 7 mil 373.13 millones de pesos. Los subsidios emblemáticos se operan a través de Sader: cuyos montos en 2026 serán de: Fertilizantes 3 mil 454.52 millones de pesos, Producción para el Bienestar con mil 132.20 millones de pesos, Precios de garantía solo proporciona un servicio de comercialización que no impacta ni al 6% de la producción estatal, y la Sebien que opera el Programa Sembrando Vida con un monto de 2 mil 786.40 millones de pesos. Aquí la cuestión es que se supervise la aplicación y se apoye a quienes realmente hacen producir la tierra.
La aportación del Gobierno del Estado en los últimos 10 años se estima en un promedio de 250 millones de pesos anuales. En este 2025 se autorizaron 287 millones de pesos para proyectos productivos, casi igual que en el 2024; la cuestión es que el manejo ha sido opaco y en el mejor de los casos, administrados como un “fondo de caja chica” para apoyar liderazgos a modo, porque, además, los conceptos ambiguos se prestan para ello. Hay que decir que durante los últimos tres años no se ha operado todo el presupuesto y no existe información de su destino, solo se comenta que la Secretaría de Finanzas no lo ha ministrado. Cabe señalar que en el Proyecto de Presupuesto 2026 se consideran 301.20 millones de pesos que representa el 0.34% del egreso público estatal (igual que en el ejercicio que está por concluir), es el valor que el Poder Ejecutivo y el Legislativo le dan al campo. Como ya lo hemos planteado, se requiere un minimo de 3% del presupuesto total para reactivar el campo de manera paulatina.
Los gobiernos municipales no le invierten al campo; antes del 2018 invertían a fuerzas en el Programa de Fertilizante, al punto que desviaban recursos del ramo 33 que eran para obra pública. Ahora, los pocos ayuntamientos que apoyan al campo lo hacen bajo presión, aunque algunos de buena fe, apoyando el transporte del fertilizante a las comunidades; son pocos los casos de los que subsidian parcialmente las semillas. Para el presupuesto 2026, en el marco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) se han considerado 10 mil 970.49 millones de pesos para todos los municipios. Aquí, de acuerdo con la Ley del Municipio Libre, en cada municipio se deben constituir los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable impulsados por los comisariados y demandar al menos el 10% para infraestructura y proyectos productivos.
Guerrero, en los tiempos de la 4T requiere de innovar el arte de gobernar, mismo que en materia de presupuesto implica ser oportuno, participativo, suficiente, justo, estratégico, sustentable y transparente.
Van algunas de las prioridades que deben considerarse y que desde diversos espacios impulsaremos, porque por ahora ya no será posible modificar el presupuesto:
Habilitar la infraestructura productiva básica, tales como la rehabilitación de los distritos y unidades de riego, caminos saca-cosecha y más acciones que impulsen la producción.
Apoyar al menos en 50% para la adquisición de semillas para la siembra.
Auspiciar la integración de cadenas productivas, la economía social y la organización cooperativa.
Provocar sinergias entre programas afines, y la concurrencia de otros agentes económicos, el sistema de crédito y la aportación de los propios campesinos.
Incorporar un sistema de acompañamiento técnico que sea integral, agroecológico y participativo.
Fomentar la contraloría campesina el ejercicio de los programas públicos.
Es un desafío para los representantes de los núcleos agrarios, profesionistas comprometidos y funcionarios honestos que estos componentes sean incluidos en la operación del presupuesto rural, y que sean los ejes fundamentales de la reactivación y trasformación del campo. Seguiremos realizando gestiones e impulsando propuestas a nivel federal.
Entendamos que, si se atiende el campo de manera integral y con todo el poder del Estado, las comunidades campesinas se empoderarán y tomarán el camino del desarrollo productivo y social. Seguir construyendo la Cuarta Transformación a ras de tierra con acciones-fuerza que permitan a funcionarios honestos y a los campesinos organizados, gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, es la gran tarea en este 2026.
Porque para salvar a Guerrero, el campo es primero.

*Asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero

 

En el fragor de los cambios salinistas para preparar la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, se hicieron cambios trascendentales en materia de leyes, instituciones y políticas públicas. Lo central tuvo que ver con minería, lo agrario, energía y el agua. Así, en diciembre de 1989 se crea la Conagua cuyo principio era “considerar que la participación de la sociedad es indispensable para alcanzar las metas que se tracen en cada cuenca del país”, y su primer director general fue el Dr. Fernando González Villarreal, un brillante neoliberal estudiado en Berkeley y la UNAM, fundador también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y asesor del Banco Mundial para el tema.
La primera actividad relevante de la Conagua fue en diciembre de 1992 al implementar la Ley de Aguas Nacionales (LAN), teniendo como principal objetivo la “gestión integrada del agua”. Se trataba de una ley totalmente neoliberal que apoyaba y protegía a las grandes empresas; era pués la era del salinato que también entregó las minas y la tierra a las grandes empresas.
Con sustento en esta ley, se permite la sobreexplotación de acuíferos y la entrega discrecional de concesiones. Más de 3 mil grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua (67 %); entre ellos Kimberly-Clark y Banco Azteca, empresa de los millonarios Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras Gold Corp y Buenavista del Grupo México, propiedad del millonario, Germán Larrea Mota-Velasco. Un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios o prestanombres, como en el caso de Coca-Cola y la familia Tricio, del Grupo Lala. Con ello queda claro que el gobierno perdió la rectoría en el manejo del agua.
En febrero de 2012 se modificó el Art. 4º. Constitucional y se ratifica el derecho humano al agua y no sujetarla mediante la LAN a los mercados. Y fue a partir de aquí que se vino configurando el movimiento “Agua para Todos”, el cual, mediante decenas de foros y eventos fue construyendo una propuesta de Ley General de Aguas (LGA) que se planteaba abrogar la neoliberal LAN. Se trata de un conjunto de propuestas para transparentar el uso del agua y evitar que el agotamiento de acuíferos beneficie a las grandes empresas.
Pero la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas ha durado cuatro legislaturas en la congeladora. Ello habla de los grandes intereses que tienen las mafias de poder, funcionarios de Conagua y empresas transnacionales.
Trece años han pasado y en este nuevo gobierno se retomó el tema gracias a la presión ciudadana que comenzó a constituir las Contralorías Ciudadanas del Agua en todo el país. En el 2022, la SCJN dictaminó que se tendría que elaborar y decretar una Ley General de Aguas.
Sin embargo, a pesar de que el agua en los ríos y arroyos fluye como una sola y hacia un mismo sentido, las presiones de las grandes empresas y los lobyeros al interior del Congreso, pretenden continuar con la LAN neoliberal y aprobar una LGA a modo, solo para cumplir con el mandato de la SCJN. No lo podemos permitir, porque el agua es para la vida.
Pero lo más chusco es que aquel experto salinista y primer director general de la Conagua, el Dr. Fernando González Villarreal, es quien fue contratado para elaborar la LGA en cuestión, que el Congreso pretende aprobar vía Fast Track, como en los viejos tiempos priistas. Así no nos contaron la 4T.
El proyecto de decreto que ya está en comisiones, simula la participación ciudadana, ya que se conservan los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, dominados por grandes empresas: energéticas, mineras, embotelladoras y constructoras, excluyendo a comunidades y usuarios comunes. No sólo incumple el mandato constitucional de emitir una nueva ley general que regule el agua en todo el país, sino que conserva el espíritu privatizador del agua, responsable de las actuales crisis ambientales e hídricas en México.
Estamos frente a la necesidad de cambiar el paradigma del agua en México, se requiere una ley ciudadana, una ley que sí represente a los pueblos, a las comunidades, no una ley para el mercado, no una ley para los negocios, no una ley para el gran capital, que es tal cual lo que está presentando esta iniciativa y que está maquillada o simulada.
A partir de hace un año que se constituyó la Contraloría Nacional del Agua en el marco del colectivo “Agua para Todos”, se han venido impulsando las siguientes demandas:
Abrogación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992.
Aprobación de una nueva Ley General de Aguas Ciudadana, que garantice gestión pública, equitativa y participativa.
Parlamento Abierto y dictaminación conjunta de las iniciativas, incluyendo la ciudadana.
Desprivatización, transparencia y acceso equitativo al agua.
Reconocimiento jurídico pleno a los sistemas comunitarios y de pueblos originarios.
Afortunadamente, nuestra presidenta de la República, ante la pregunta de una periodista que habló del tema en la conferencia mañanera de este 21 de octubre, abrió la puerta para que se sometiera a consulta la LGA que se ha querido imponer.
Ya la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó realizar los foros regionales de Parlamento Abierto, con el objetivo de discutir y enriquecer las iniciativas legislativas que buscan transformar el marco legal del agua en México.
Las 82 organizaciones que integran la Coordinadora Nacional “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, junto con 34 contralorías autónomas locales y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua, se han propuesto impulsar esta consulta. Necesitamos una ley que enfrente la crisis hídrica que vivimos en todo el país, y eso sólo se logra escuchando a quienes viven sus consecuencias todos los días. Por ello se requiere la activa participación de todos.

 

El rezago agrario es la acumulación de problemas y gestiones diversas que no se han realizado en los núcleos agrarios durante muchos años.
En 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el Artículo 27 Constitucional y promulgó una nueva Ley Agraria para abrir la puerta a la privatización de la propiedad social de la tierra. Los cambios, se decía, eran “para dar certidumbre jurídica a la propiedad de la tierra de los campesinos”, pero en realidad tenían el propósito de impulsar su privatización. Para justificar esta acción se declaró el “fin del reparto agrario”.
La nueva legislación dio pie a que se promoviera el cambio del sistema de propiedad social por el de “dominio pleno”; ya con títulos de propiedad privada, se tenía la “libertad” de vender las parcelas. Como resultado, la propiedad social se redujo al 50.7% del territorio nacional; se privatizaron más de 4 millones de hectáreas, surgieron además nuevas formas de rentismo en más de 10 millones de hectáreas. Aparecieron nuevos terratenientes y grandes conflictos originados por los vacíos legislativos y la corrupción.
Para operar esta política privatizadora se instituyó a la Procuraduría Agraria (PA) con la misión de defender los derechos agrarios. Se crearon los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) cuyo propósito era administrar la justicia agraria. Y el Registro Agrario Nacional (RAN) para brindar la seguridad documental derivada de la aplicación de la Ley Agraria.
No obstante, durante más de tres décadas, los ejidos y las comunidades sufrieron procesos de desarticulación de su vida orgánica, a causa de la descoordinación institucional, apatía de los servidores públicos, desinformación de los sujetos agrarios, falta de presupuesto al sector, burocratismo y corrupción, intermediarismo agrario y marginación de los comisariados.
A pesar de que la atención de estos problemas constituye la esencia de las instituciones agrarias, año con año, aún en tiempos de la Cuarta Transformación (4T), el rezago agrario sigue creciendo como una inmensa masa de material radioactivo.

Los comisariados, actores emergentes

Durante la primera etapa de la 4T, empezaron a soplar nuevos aires en el sector agrario. El proceso comenzó en Guerrero y poco a poco se fue extendiendo como una chispa a todo el país. En 2021 en una convención agrarista realizada en Zumpango del Río, a la que acudieron poco más del 80% de los núcleos agrarios, se constituyó la Coordinadora de Comisariados de Guerrero; dos años después, el 10 de abril del 2023, se constituyó la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades (CNEC) en el marco de la primera Convención Nacional Agrarista que concentró en la Ciudad de México a más de 5 mil representantes agrarios. Se cristalizó así un modelo organizativo innovador que bajo la bandera de “nuevo agrarismo y gobernanza a ras de tierra” propicia la coordinación de los comisariados a escala municipal, regional, estatal y nacional.
Con estos instrumentos de coordinación, los comisariados comenzaron a incidir en los programas productivos federales (Fertilizante, Precios de Garantía, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar). A pesar de los vicios prevalecientes en las instituciones agrarias, mediante el diálogo, y en ocasiones con la presión social, se han empezado a revertir algunos problemas crónicos del campo.

El rezago agrario en la segunda etapa de la 4T

En octubre del año pasado, una vez iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, la CNEC logró un acuerdo con los nuevos titulares de las instituciones para que retomaran las gestiones contra el rezago agrario. En este sentido, en mayo del presente año, se cristaliza el “Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para los servicios que se realizan ante la PA”, y el pasado 11 de septiembre se firman las “Bases de Colaboración 2025/30 entre la PA y el RAN”, para abatir el rezago agrario. Con estos compromisos, el RAN y la PA reconocen que el rezago agrario afecta a los 32 mil 266 núcleos agrarios que hay en el país en donde viven alrededor de 5.5 millones de sujetos agrarios.
Las cuatro principales gestiones que se podrán atender mediante la suma de esfuerzos de las instituciones del sector agrario y los comisariados, son las siguientes:
Actualización de órganos de representación. Solo el 48% de los núcleos agrarios tienen autoridades vigentes.
Actualización de padrones. De las 8 mil 764 solicitudes de depuración de padrones que ha recibido el RAN (27%), solamente se han actualizado el 4.9%.
Elaboración o actualización del reglamento interno. Se cuenta con 8 mil 220 reglamentos inscritos en el RAN, el 25% del total. Y de éstos la mayoría no están actualizados.
Depósito de la lista de sucesión. A la fecha 3.5 millones de sujetos agrarios han depositado su lista, lo que representa el 64% del total.
Mediante la coordinación de los comisariados, que organizan la demanda, se realizan “jornadas itinerantes” en donde la PA y RAN acuden a atender las gestiones. Para complementar estas acciones, la PA ha venido habilitando Centros de Atención Agraria (CDAA) en ciertos municipios y microrregiones, para mejorar los servicios agrarios. En estos centros (serán 1,000 en todo el país y en Guerrero 51) se brindará atención expedita a los núcleos agrarios, se facilitará la organización de los comisariados, así como los trámites por internet.
No obstante estas nuevas medidas, la historia reciente enseña que el combate al rezago agrario solo será posible con una auténtica coordinación interinstitucional del sector agrario federal y con la intervención organizada de los comisariados ejidales y comunales.
Empezando a resolver el rezago agrario, se podrá avanzar con más fuerza en los pendientes de producción, medio ambiente y pacificación del campo; y de esta forma construiremos al sujeto social que garantice la transformación.

Cuando los campesinos e indígenas de esta región escucharon la noticia de que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el pasado 15 de agosto la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya con los gobiernos de Guatemala y Belice para comprometerse a proteger hasta 5.7 millones de hectáreas de selva, éstos, se alegraron, porque con dicho anuncio vieron florecer un proyecto que desde finales de 2019 iniciaron. Un concepto que, aunque ya acuñado de años atrás, no se ponía en práctica.

El concepto

Desde hace ya muchos años, los científicos que buscaban los orígenes de la agricultura en el mundo y especialmente del maíz, se basaban en indagar la ruta que recorrían los grupos humanos en busca de alimentos y sustento. A Mesoamérica llegaron hace más de 10 mil años y se establecían en cuencas que les parecían favorables para asentarse y construir sus civilizaciones, a este recorrido y posterior asentamiento le denominaron “corredores biológicos culturales”. Por cierto, fue de esta forma como, mediante evidencias paleontológicas y arqueológicas descubrieron que el origen del maíz se dio en la cuenca del río Balsas en Guerrero, en una cueva de Xihuatoxtla, cerca de Huitzuco; de los estudios del teocintle, ancestro silvestre del maíz, se descubrió que sus genomas aparecen en las diversas razas de maíces actuales. Las comunidades que se han coordinado en este corredor precisamente forman parte de la cuenca hidrológica del río Balsas.
Posteriormente, en Europa se acuñó como tal el concepto ya como “corredores bioculturales” cuya definición se centra en la interconexión de ecosistemas y la restauración de sus funciones biológicas y culturales originales como vías de intercambio biológico y cultural.
Con estos elementos, las comunidades de los núcleos agrarios de la región se han coordinado para impulsar un proceso que tiene como centro el compromiso por salvaguardar su patrimonio biocultural.

El proceso organizativo

A finales del 2019, se promovió en la región la creación de Áreas Naturales Protegidas bajo la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Con ello, se amplió la visión para crear una cultura y práctica de preservación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el rescate de la cultura. La idea de crear más ADVC’s generó la búsqueda de estructuras organizativas; surgiendo así la idea el Corredor Biocultural anclado en la constitución de una Unión de Ejidos y Comunidades de acuerdo con la legislación agraria. El propósito se amplió, ya que de lo que se trata es de que las comunidades se organicen autogestivamente y gestionen de manera integral el conjunto de sus problemáticas donde, además de lo ambiental, se contenga el desarrollo productivo, la gestión de servicios y una cultura de paz.
Se trata de trece núcleos agrarios que comparten el denominador común de guiarse por tres principios básicos: El apoyo mutuo, la gestión conjunta y el impulso de políticas públicas para el desarrollo del campo.
Así, en asambleas ejidales y comunales de conformidad con la ley, los núcleos agrarios de Sulchuchio, Petatlán, Atlixtac, Cualac, Santa Cruz, San Bartolomé Tlaquiltepec, Coyahualco, San Pedro Aytéc, Alpoyeca, Ixcateopan, Tecoyo I, San José Buena Vista y Zacualpan, quienes representan y administran 83 mil 571.45 hectáreas de propiedad social de la tierra que se ubican en los municipios de Chilapa de Álvarez, Atlixtac, Cualac, Huamuxtitlán, Alpoyeca y Tlapa de Comonfort, y que se distribuyen en la Montaña Baja y Cañada de Guerrero, se constituyeron en el Corredor Biocultural, tomando como base el ser núcleos agrarios soberanos, reflexivos, con principios ideológicos comunes y que actúan a través de procesos de gobernanza comunitaria a ras de tierra y bajo su sistema normativo milenario de autodeterminación, sin dependencia de funcionarios públicos, legisladores, centrales campesinos neoliberales o partidos políticos. Y ya como colectivo agrarista organizado, desde el 21 de febrero de este año, determinaron constituir la Unión de Ejidos y Comunidades del Corredor Biocultural. En el conjunto de su territorio, además de una basta diversidad de recursos vegetales y faunísticos, se asientan 150 localidades rurales e indígenas en las que viven 32 mil 975 personas que se distribuyen en tres de las cuatro culturas originarias registradas en Guerrero y hablantes de la lengua materna tu’un savi o mixteca, náhuatl y me’phaa o tlapaneca.
Como comunidades organizadas han puesto el ejemplo firmando un acuerdo agrarista que implica la prevención y combate de incendios forestales, así como la restauración de áreas siniestradas; han gestionado acciones para enfrentar la contingencia fitosanitaria en sus bosques; también gestionan el saneamiento de la cuenca del río Tlapaneco, y recientemente, lograron ante la CONANP, la certificación de predios en Área Natural Protegida en siete núcleos agrarios.

La propuesta

La figura de Corredor Biocultural no forma parte de los esquemas de conservación ecológica instituidos en el artículo 46 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), por lo que se requiere la actualización de la Ley para agregar nuevos esquemas de conservación ecológica, dentro de los cuales está el corredor biocultural, las regiones bioculturales, los territorios de conservación comunitaria, entre otros, para lograr la protección del 30 por ciento del territorio continental y marítimo al 2030, tal como se ha establecido a nivel nacional.
Como un primer paso para ello, este 10 de octubre en la comunidad de Petatlán, municipio. de Atlixtac, el Comisionado Nacional de la CONANP hará el reconocimiento oficial de Corredor Biocultural a través de la declaratoria oficial.
Se trata de un logro histórico para la Montaña y para Guerrero, que se circunscribe en las líneas estratégicas que impulsa desde 2019 la Coordinadora de Comisariados de Guerrero.

 

EI café sigue siendo una de las bebidas más apreciadas y consumidas, profundamente arraigada en las culturas y economías de todo el mundo. Ocupa el segundo lugar en líquidos consumidos, después del agua. Cada día, el mundo consume 2 mil 500 millones de tazas de café.
El café es cultura, historia, economía, relaciones sociales, medio ambiente, mercado bursátil, amortiguador del cambio climático, asentamiento de poblaciones pobres, intercambio de divisas, negocios y amor. Es en sí, un vehículo comunicante, que resume y reproduce la problemática de todos los cultivos.
El recorrido del café constituye un camino largo y sinuoso, desde que se siembra hasta que se coloca en la taza del consumidor. Pero traducido a lo cuantitativo, recorriendo la trazabilidad de los productos de Nestlé y Starbucks, se retrata la abusiva relación con los pequeños productores, las presiones a las que son sometidos y el impacto en el medio ambiente. Dicha explotación se traduce en un dato preciso: Si el precio promedio de una taza de café fuera de $40.00 al productor solo le quedan el 3.9%, es decir $1.56 pesos.
Hoy es el Día Mundial del Café, y en los onomásticos es bueno reflexionar al menos, ya que no hay mucho que festejar.
México llegó a ocupar hasta el tercer lugar en la producción mundial, pero hoy ocupa el décimo primero. ¿Pero qué ha pasado en nuestro país, donde 600,000 familias cultivaban casi un millón de hectáreas, producían hasta 6 millones de sacos por año y gracias a su exportación era el segundo generador de divisas después del petróleo? Hoy producimos menos de 4 millones de sacos.
Además del envejecimiento de las huertas y de los productores, las plagas y enfermedades, el empobrecimiento de los suelos, los fenómenos climatológicos y el vaivén de los precios; no hemos tenido en los últimos años una política que reactive la actividad cafetalera y se ha marginado el funcionamiento de organizaciones y cooperativas en aras de un mal entendido “no a los intermediarios”. Es triste, pero hay que decirlo, el único programa para los cafetaleros consiste en un subsidio de 7 mil 300 pesos anuales, sin importar que tenga una o diez hectáreas, lo cual, sin el ánimo de menospreciar, equivale a un apoyo diario de 20 pesos. Así no se fomenta a una de las actividades productivas más importantes.
La realidad es que a la industria no le importa la planta productiva ya que tiene resuelto su abasto de materia prima. Mientras exportamos el 85% de nuestros mejores cafés arábigos, la compañía Nestlé importa más de 2 millones de sacos de café robusta que representan el 65% del consumo de café soluble de los mexicanos. Incluso hay internaciones ilegales de Centroamérica y cafés de baja calidad. La cadena productiva está totalmente desarreglada, pero para beneficio de las grandes compañías; quizá por eso al gobierno tampoco le interesa aprobar la Ley de Fomento a la Cafeticultura que tiene más de tres años en el Congreso.
De acuerdo con las prospecciones internacionales, para los próximos diez años se viene una bonanza del café que ahora se refleja en los precios más altos de la historia, mismos que tienen que ver con lo siguiente: Se estima un incremento de hasta 85% del consumo mundial, hay una gran tendencia a consumir cafés arábigos de sombra y no solubles, aumento de los precios de taza al consumidor por los caprichos arancelarios de Trump y el creciente impacto de los fenómenos meteorológicos en los países productores. Todo lo cual debemos aprovechar, por lo que tenemos que centrarnos en la productividad de nuestros cafetales. Entonces, sin tanto rollo, las acciones conjuntas que tenemos que hacer y ojalá que con el apoyo del gobierno, tienen que ser las siguientes:
1. Fuerte impulso al incremento de la producción y la productividad. Fomentar grupos de trabajo que, con acompañamiento técnico, realicen programas de manejo de plantaciones mediante el empleo de bioinsumos. El fertilizante químico que hoy nos entregan no es apto ni para los suelos ni para la nutrición de los cafetos.
2. Campaña de fomento al consumo de café arábigo de grano. Esto no tiene un mayor costo, antes existía un distintivo en cafeterías y restaurantes que hacía referencia al Café Mexicano.
3. En razón del gusto del consumidor actual, fomentar el cooperativismo y procesar café soluble 100% puro. Es posible salir con un buen precio al consumidor usando cafés lavados preparación americana
4. Programas como Alimentación para el Bienestar, la Secretaría de Economía y la Sader, pueden enlazar a los productores con los programas de compras gubernamentales diversos. Y hay que reconocer las calidades regionales para resaltar el origen.
5. Impulsar el cooperativismo en las ciudades, con la idea de fortalecer la economía social campo/ciudad, así como con los productores.
6. Poner en marcha un esquema especial de financiamiento a las cooperativas.
Un mensaje inmediato que nuestro gobierno debe dar al sector productivo es aprobar de una vez por todas la Ley de Fomento a la Cafeticultura.
Con ello, comenzaríamos a reordenar la cadena productiva en nuestro país que produce alrededor de 234 mil toneladas (3.9 millones de sacos), y se apoyaría fuertemente a uno de los sectores en extrema pobreza donde el 92.5 % son pequeños productores, siendo indígenas el 85%.
Y solo de esta forma tendremos ¡Café para todos!, con aroma a responsabilidad social.

 

El 9 de septiembre, fecha de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se reconoce como el Día Internacional de la Agricultura, la actividad que ha hecho posible la evolución de la humanidad. Ese día, no obstante, su trascendencia, casi pasó desapercibido.
Mediante la agricultura, hace más de 12 mil años, la humanidad dejó de ser nómada y recolectora de alimentos; empezando así la producción de su propia comida, condición esencial para su evolución como sociedad humana.
Desde tiempos inmemoriales, filósofos y pensadores han hecho alusión a la importancia de la agricultura. En el imperio romano, Cicerón creó la frase que ahora se ha hecho famosa en redes sociales: “La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre”. Hay frases contemporáneas como la de Octavio Paz que resalta la esencia de la agricultura mexicana: “El invento del maíz, solo es comparable con el invento del fuego por el hombre”.
Pero en los tiempos neoliberales que hoy vivimos, esos testimonios filosóficos están muy lejos del pensamiento de los actores políticos que deciden el desarrollo de nuestra sociedades. A pesar de que el Día de la Agricultura debiera ser una oportunidad para visibilizar los problemas y los retos del sector agrícola, los gobernantes no le dan la importancia debida. Esto es así porque la agricultura de hoy, como lo dijera Bill Mollison, padre de la permacultura, “es un sistema que está orientado a la producción de dinero, no de comida”.

La agricultura en México

No obstante, la tradición agrícola de nuestro país, que fue intervenida por la conquista española, durante las últimas ocho décadas ha persistido en diversas modalidades con expresiones específicas que han marcado cuatro etapas evolutivas:
Primera. La agricultura campesina, la más antigua y extendida en el país, es aquella que con sencillez, filosofía y ciencia propia, ha logrado mantener el autoconsumo, combinado con la preservación del medio ambiente. Su objetivo: garantizar comida fresca y nutritiva para el autoconsumo local. Las familias que preservan esta modalidad son capaces de trabajar sus milpas de manera familiar y mantener pequeños hatos de animales. Esta forma de agricultura se encuentra en la subsistencia y en el traspatio de las políticas públicas.
Segunda. La agricultura tecnificada que impulsó la mal llamada “revolución verde”; se inició una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, y “coincidió” con la creación de la FAO. El capitalismo de entonces, estaba preocupado por resarcir la falta de alimentos y materias primas provocadas por la guerra. Por ello los tanques de guerra y sus refacciones se reconvirtieron en tractores, los bombarderos en equipos de fumigación y siembras al voleo, los insumos para explosivos (como la urea y el salitre) en fertilizantes químicos, el líquido naranja defoliante (precursor del glifosato) en herbicida. Aunado a ello, se desarrollaron multinacionales como la Nestlé que transfiguraron la leche de vacas vivas en leche de latas muertas. Y para seguir desarrollando la “tecnificación” de los campos crearon el INIFAP y luego el CIMMYT.
Tercera. La fase superior de la agricultura tecnificada es la agricultura comercial, la que mientras hace negocio intoxicando los suelos y el medio ambiente, también coloca en anaqueles y refrigeradores los alimentos transfigurados en envases plásticos y de aluminio y conservadores químicos. El objetivo principal de esta agricultura es invertir dinero y cosechar dinero incrementado, tal como lo describe Carlos Marx en El Capital. Su paquete tecnológico es tan simple como “sofisticado”: semillas transgénicas o hibridas de alto rendimiento, herbicidas cancerígenos y fertilizantes que esterilizan los suelos; maquinaria pesada y “asistencia” técnica son otras “bondades” complementarias.
Cuarta. La cuarta forma de agricultura, que casualmente coincide con la era de la Cuarta Transformación (4T), es la que desde hace tres décadas han venido impulsando organizaciones de campesinos innovadores. Esta modalidad, rescata la agricultura campesina tradicional incorporando principios de la agricultura natural originada en japón, la permacultura en Australia, la agricultura orgánica de muchos países latinoamericanos, la labranza de conservación promovida en Estados Unidos, la agricultura regenerativa de los países europeos, etc. En nuestro país esta modalidad se resume en el concepto agroecología. Afortunadamente, el gobierno de la 4T ha incorporado este enfoque –aunque marginalmente– en algunos de sus programas emblemáticos (Sembrando Vida y Producción para el Bienestar). Sin embargo, aún mantiene fuertemente el enfoque de la agricultura comercial; a contracorriente de las iniciativas agroecológicas, año con año, entrega gratuitamente alrededor de un millón de toneladas de fertilizantes sintéticos que constituyen un paquete “tecnológico” formado solo por urea y fosfato diamónico para todo tipo de suelos del país y para todos los cultivos que se reconocen en el denominado programa Fertilizantes para el Bienestar.
Estas formas de agricultura están en pugna, aunque a veces coexisten. Por ello, el Día de la Agricultura debió ser una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que cada una desempeña en el déficit alimentario, en la disminución de la pobreza, en el desarrollo sostenible de nuestro país y en la mitigación del cambio climático.
La agricultura en las políticas públicas

El 10 de abril del 2024, en el 105 aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata, la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, fue actor importante del Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana, suscrito en Chinameca, Morelos, con Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República. Este acto simbolizó un compromiso para continuar honrando el legado zapatista en favor de los derechos de los campesinos, los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país.
En este acuerdo de once puntos, se reconoce que la Soberanía Alimentaria de la Nación ha sido y seguirá siendo el eje rector de la política para el campo. “Para ello es necesario impulsar la producción nacional para avanzar a mayores niveles de autosuficiencia en los principales alimentos de la población, empleando tecnologías que aseguren la salud y la nutrición”. Se respalda con fuerza y convicción el compromiso de que México seguirá siendo autosuficiente en maíz blanco, que se mantendrá la prohibición de siembra de maíz transgénico en el territorio nacional, y que se prohibirá gradualmente el uso del glifosato.
Se ratifica, además, una estrategia de “apoyo a la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura de pequeña y mediana escala, basada en la articulación con enfoque regional y territorial de las políticas y programas referidos al agua, a la ampliación del financiamiento y el acceso a los mercados con precios justos para los productores, infraestructura, y producción nacional de fertilizantes y semillas”. De manera especial, se valora el impulso a la transición agroecológica, la sostenibilidad ambiental y la mitigación y adaptación al cambio climático.
Desde el inicio de la segunda etapa de la 4T, estos acuerdos debían de ser impulsados por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y reflejarse en el presupuesto federal. Pero, en el Presupuesto de Egresos del año que transcurre no se reflejaron cambios sustanciales respecto al sexenio anterior. En el mismo sentido, en la propuesta presupuestal del 2026 el rubro de Agricultura y Desarrollo Rural, se presenta prácticamente igual que en años anteriores, lo que vaticina que se hará lo mismo que se ha venido haciendo o menos; globalmente el presupuesto de Sader se incrementó 0.91%; y los programas emblemáticos, elevados a rango constitucional, se incrementan de esta manera: Fertilizantes 4%, Sembrando Vida el 4%, Precios de garantía el 4% y producción para el Bienestar el 7%. Prácticamente solo se incrementó lo equivalente a la inflación estimada.
En tanto, en sus boletines de prensa, el secretario de Sader difunde “otros datos”. Exclama que el presupuesto al campo 2026 es “adecuado”. El punto no es cuánto menos o cuanto más, sino cómo se aplicará y qué metas se proponen, tanto a corto, mediano y largo plazo.
Del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura del gobierno de Guerrero no hay mucho que decir. Si de por sí es poco lo que se le asigna (en 2025 alrededor de 400 mdp) la mitad se aplica para cubrir “gastos de operación” (el salario de la burocracia del sector, pues), y la otra mitad, además de que se ejerce en la opacidad y discrecionalidad, generalmente se aplica en los últimos meses del año y con un subejercicio de más del 50%.
A propósito del Día Internacional de la Agricultura, comparto para la reflexión el siguiente hecho: “El plan quinquenal de China para la autosuficiencia alimentaria”, garantiza la alimentación de más de mil 400 millones de habitantes. Además, ha logrado sacar de la pobreza absoluta a 700 millones de pobladores, lo cual es considerado como un éxito de la humanidad. Para el gobierno chino la agricultura es un pilar clave del desarrollo del país.
¿A poco no podremos los guerrerenses empezar a colocar a la agricultura en el primer plano de las políticas públicas? Claro que sí, pero solo cambiando a la actual clase política que es ajena a la agricultura. ¡En la era de la 4T, el campo debe ser primero!

 

 

(Segunda de dos partes)

Culminar con el Estado fallido

Ya pasados los cuatro años del gobernador de facto, el balance popular, los medios y la realidad nos dicen que no solo no ha pasado nada, sino, continuamos desarrollando a Guerrero como un Estado fallido. Para corroborar lo anterior, basta consultar a Wikipedia, donde aparece esta definición: Estado fallido según expertos, políticos, periodistas y comentaristas políticos es un concepto que se utiliza para describir un Estado soberano que, se considera, ha fallado en: garantizar el funcionamiento normal de la administración general, estabilizar la economía, garantizar el acceso a servicios básicos a su población y controlar la criminalidad y/o terrorismo entre otros.
Se mide el fracaso de un estado con los siguientes parámetros:
Corrupción en todos los aspectos e ineficacia policial y judicial.
Altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada, e inseguridad ciudadana.
Altos niveles de terrorismo y narcotráfico.
Altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema.
Crisis económicas, inflación y desempleo.
Incapacidad para suministrar servicios básicos a su población.
Sobrepoblación y contaminación.
Bajos porcentajes de personas con educación superior.
Gran parte de la población viviendo en asentamientos irregulares.
Gran parte de la población con educación primaria o secundaria incompleta.
Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
Incapacidad para responder a emergencias y vulnerabilidad frente a desastres naturales.

Hacia un arte del quehacer político

Ante esta realidad adversa, tenemos que construir un verdadero arte en el quehacer de la política; los votantes ya no deberán ser simples depositadores del voto a favor de quien les caiga bien, quien prometa más, quien regale despensas, y mucho menos el voto coaxionado por ya saben quién; ello, en todo caso se llama anti-voto. Por tanto, los verdaderos impulsores del cambio no deben ser advenedizos, ni mucho menos con antecedentes negativos; deben ser, verdaderos activistas del cambio de manera permanente, no como aquellos que quieren ocupar un cargo para “ayudar al pueblo”, a la gente se le apoya todos los días, siempre impulsando su organización y empoderamiento.
Por ello, el ejercicio electoral debe rebasar los esquemas meramente electoreros, la elección para gobernador de Guerrero en el 2027, debe ser la culminación de un proceso de información, coordinación, organización, integración de propuestas, con todo lo cual se gobernará con el pueblo y para el pueblo.
El ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, quien de entrada rompió con el partido impositivo, su lucha radical como la toma de pozos petroleros, la lucha por la democracia que tuvo como método las largas caminatas o éxodos, plantones, marchas, fueron construyendo en el pueblo nuevas formas de lucha, mismas que fueron integrando una nueva caja de conceptos y formas de lucha: comenzando por la lucha pacífica, la revolución de las conciencias, las cuatro transformaciones, el humanismo mexicano, la no reelección y el no al nepotismo, hasta el Plan C que los prianistas nunca entendieron y ahora se rasgan las vestiduras aduciendo que nos gobierna una dictadura. Fueron décadas de lucha permanente que nos ha permitido llegar a como estamos hoy. Desde luego que no se puede cambiar todo en un sexenio, pero las bases están bien sentadas y, con la continuidad de la compañera Claudia Sheinbaum, México seguirá avanzando a pesar del contexto internacional y los caprichos de Donald Trump.
Conocí a Andrés Manuel a finales de 1994, cuando contendía por primera vez para gobernador de Tabasco; yo fungía como director del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y nos invitó a capacitar a productores de plátano y cacao y, desde ese tiempo, conservé la visión de un personaje visionario, servidor del pueblo y enemigo de la corrupción.

Las elecciones como objetivo de un proceso

Pero hablemos de la contienda hoy en Guerrero. Hay que decir que los pre-candidatos actuales a la gubernatura se dividen en dos bandos: los que utilizando sus encargos y acceso a los dineros, como senadores, legisladores, dirigentes de partidos o presidentes municipales están ya en campaña abierta aún de manera ilegal y los que, de manera sencilla observan el panorama, ubican las problemáticas y, sin tanto aspaviento comienzan a acercarse con la gente para construir soluciones. La compañera Esthela Damián es un caso que, por cierto, sin estar en el territorio está teniendo ya una gran aceptación; hay que reconocer también en este caso, a los compañeros Rogelio Ortega y Rubén Cayetano que, de manera callada pero efectiva, están generando corriente de opinión en pro de un gobierno democrático y representativo del pueblo. El partido Morena no necesariamente gana con cualquiera que sea su candidato, considerarlo así será un craso error; quien se gane la simpatía de los guerrerenses, deberá ser alguien totalmente empático, profesional, sensible a la solución de los problemas, con visión de estadista, conocimiento del estado y cercano a una presidenta de la República que culminará su período hasta el 2030.
En vísperas de las elecciones del 2027, analizando el escenario que vive el país y Guerrero, tenemos que cambiar las reglas en el arte de hacer política, romper con las prácticas del viejo régimen, realizar un ejercicio de democracia participativa en la que el pueblo se informa, dialoga, reflexiona y elige a sus mejores representantes. Por ello, consideramos que en las próximas elecciones la ciudadanía debe asumirse como el principal actor en el escenario político. En concordancia con los principios éticos, proponemos los siguientes puntos que deben convertirse en un verdadero Código de Ética Política:
1. Ciudadanizar y dignificar la política para que, en medio de la pluralidad de ideas, sea el instrumento para construir acuerdos y acciones para el bien común.
2. Activar y democratizar los espacios institucionales de participación ciudadana (Consejos de Participación Ciudadana, Cabildos abiertos, Consejos municipales de desarrollo rural, Coplademun’s, Consejo de Desarrollo Rural, etc.) como punto de partida para empezar a gobernar “con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo”.
3. Ejercer el derecho a saber acerca de los asuntos públicos. Cualquier servidor público está obligado a visibilizar la información relacionada a con su desempeño, y cualquier ciudadano tiene el derecho a solicitarla sin que le sea negada.
4. Que los “políticos” que han ocupado u ocupan puestos públicos, y no han dejado huella transformadora o no han rendido cuentas a la ciudadanía, no participen como candidatos a un nuevo puesto de elección.
5. Que, en la selección de candidatos, por cualquiera de los partidos o alianzas electorales, se priorice el consenso en asambleas populares, convenciones y foros públicos bajo un enfoque de democracia participativa.
6. Que los candidatos que aspiren a ocupar puestos de elección popular se comprometan a impulsar las propuestas del pueblo en sus colonias y comunidades.
7. Que el proceso electoral tenga como premisas básicas, la promoción del voto informado, consiente y libre.
8. Que se elimine en la contienda electoral la demagogia, las promesas, el soborno y la manipulación.
9. Impulsar candidaturas ciudadanas donde sea necesario y posible.
10. Que la consigna obligada de todo candidato deberá ser en todo momento: gobernar para el pueblo y con el pueblo. Con ello estaremos garantizando que la Cuarta Transformación salga adelante.
Dicho esto, y rescatando aquella frase del aún nombrado Presidente Mao: “Que se abran cien flores y compitan cien escuelas del pensamiento para promover el progreso”. La hora de iniciar el cambio verdadero ha comenzado, quien trabaje más, quien se acerque al pueblo, quien construya las mejores propuestas, y quien integre un equipo de personas con principios, será la candidata (o) para encabezar la transformación de Guerrero.

 

 

(Primera de dos partes)

Ahora que ya se fumigó de muerte el gusanito del nepotismo y del reeleccionismo, que se reproducía impunemente desde “perritos felices”, es oportuno hablar de ética en la política. Y más aún cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dio una gran lección de ética al “afrentar” al cacique Ángel Aguirre a través de una personera que intentó regalarle un huipil de 50 mil pesos; “no, dígale que no, no recibo regalos de él”, reaccionó la presidenta.
Con estas señales se da un golpe de timón a los vicios de la politiquería, enquistados en el partido y gobierno de la Cuarta Transformación (4T); y se allana el camino para que la verdadera 4T empiece a emerger de abajo, dignificando e incorporando principios éticos en la política. En este nuevo escenario el poderío ficticio de los líderes morenistas tradicionales (léase: toribios, jacintos, avelinos y mojicas) se pone en entredicho; lo mismo, se rompen de tajo los coqueteos de los chokis, mariomorenos, sofíos y demás personeros del viejo régimen que intentan subir al barco de la transformación.

El escenario político que viene

En junio del 2027 habrá elecciones para gobernador, legisladores locales y federales, y presidentes municipales. Aun cuando faltan 20 meses, a los suspirantes de siempre ya se les cuecen las habas y no pierden oportunidad para hacerse visibles; para mantener sus privilegios o para acceder a las mieles del erario público, la ocasión es una oportunidad para vivir sin trabajar, o como ellos pregonan para “vivir del noble oficio de la política”. Vivir de la politiquería, entendida como la manera de ocupar un puesto público sin compromiso social y sin principios éticos, no es como sembrar una huerta de mangos, darle un buen manejo, sufrir los avatares de las plagas y el clima, esperar la primera cosecha a los tres años y batallar con el mercado, hasta lograr vender; y hasta entonces hacer efectivo el trabajo de varios años. No, en esta provincia tropical, la politiquería es “mejor negocio” que trabajar.
Ser gobernador y operar 80,000 millones de pesos al año, ni modo de que no se resbale, aunque sea un 10% a las arcas personales; más aún cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas. Lo mismo aplica en presidencias municipales en donde ahora el diezmo es del 20%. Por su parte los legisladores con su gran beca sin hacer nada solo se ocupan en buscar el siguiente cargo. Así operan los políticos sin ética y sin visión de transformación. Por eso estamos como estamos en Guerrero, un estado fallido que ocupa el segundo lugar en pobreza.
Aunque los tiempos electorales están normadas por la Ley Electoral, para los políticos perversos eso es letra muerta. Hacen campaña en todo momento: usan los desastres meteorológicos para regalar despensas con su nombre, se publicitan en lonas y bardas, difunden en redes sociales los logros de la 4T como si fueran de ellos, hacen que el ama de casa se lleve sus compras del mercado en una bolsa con su nombre, regalan mochilas corrientes a los niños para mandar un mensaje subliminal a los padres. Pero la acción más efectiva según su mercadotecnia corriente es cazar al funcionario público, al senador y hasta a la presidenta de la República para que les obsequie una selfi, y presumir su “cercanía con el poder”.
En la ruta hacia el 2027, los pseudo políticos de dentro y fuera del partido de las mayorías buscan alianzas y simpatías con los suspirantes punteros; con el dinero mal habido, promueven que sus allegados ocupen los comités seccionales de Morena, valiéndose de marrullerías, así como lo hicieron en su momento con la elección de consejeros.
Hasta ahora han sido los partidos políticos, y los personeros que los controlan, quienes han pervertido la política, rebajándola a politiquería, no solo en periodos electorales sino también en el ejercicio de gobierno. El chapulineo, el clientelismo, el compadrazgo, el influyentismo, el favoritismo, son algunas de sus muchas expresiones. El pueblo ve como algo natural esta forma de hacer política; por eso en el refuego preguntan: ¿qué me vas a dar? En respuesta los suspirantes “regalan” a las familias más necesitadas las vergonzantes despensas o utensilios domésticos; resuelven en lo inmediato peticiones medianas como cemento, láminas, tinacos, etc.; y dejan las demandas grandes para cuando la población “le apoye” con su voto (a veces hasta se comprometen ante Notario Público ya que está claro que nadie les cree). Durante todo este proceso el “equipo operador” recaba nombres, copias de credenciales y están checando que sus “cautivos electores” no se alejen “del proyecto”. Una prueba de fuego para medir la “lealtad política” es verificar si acuden a aplaudir y arengar en actos públicos; a los más activos les otorgan comisiones especiales y les prometen algún puestito.
Usualmente, el candidato aparece como el ungido (versión en miniatura del presidente de la República), acude mecánicamente a la población, espera siempre aplausos y collares de flores y, en el mejor de los casos, banquetes por parte de sus apoyantes; si hay mucha gente se reconforta y si hay poquita simplemente se conforma y busca una justificación entre su equipo. Su discurso es siempre muy general y cuando particulariza solo habla de promesas. No evalúa su campaña y se guía por la inercia de sus seguidores cercanos.

Hacia la erradicación de la politiquería

Pero ¿por qué tiene que suceder todo esto? ¿Qué no la política es una facultad de todos los ciudadanos y no exclusividad de unos cuantos potentados? Vale la pena que estas preguntas sean comentadas en todos los ámbitos de la sociedad y concite acciones políticas ciudadanas. Adelantamos aquí algunas reflexiones y en una próxima entrega un planteamiento más puntual frente a la coyuntura electoral que viene.
Quien promete solucionar problemas en una localidad a cambio de dádivas y promesas, no solo miente sino también mata la iniciativa ciudadana y anula la capacidad de gestión de la gente; si un candidato solo ve al pueblo como simple votante al que debe solucionar sus problemas, y no como un ciudadano con derechos políticos plenos, entonces no conoce las reglas de la gobernabilidad democrática, ni los principios de la planeación participativa ni lo que es la contraloría ciudadana. Es un completo analfabeto político.
La política verdadera puede entenderse como el arte de armonizar los intereses y visiones de los pobladores de un territorio hacia la gestión del bien común. En otros términos: “gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo”, pero no discursivamente sino mediante la instauración de los espacios de participación ciudadanía y el impulso del cuarto orden de gobierno.
El comportamiento coyuntural de los partidos políticos es una consecuencia lógica de los intereses personales de quienes lo dirigen. Por ello, los partidos no cuentan con una implantación real y estructural en la sociedad, están alejados de la ciudadanía, y no tienen presencia en la vida cotidiana. En tal circunstancia quienes controlan a los partidos se constituyen en una clase social sui géneris (o más bien una casta social parasitaria), que vive del erario público a cambio de una narrativa de “transformación y bienestar social” que los hace “indispensables” en la vida política de una sociedad. Por eso, encuentran en el espacio electoral el vehículo para conservar su modus vivendi, ahora en el partido y mañana en el ejercicio público.
En consecuencia, debemos poner en tela de duda si el espacio político-electoral, el roll de los partidos políticos, el desempeño de los servidores públicos son el mecanismo de transformación de la realidad que padecemos. O es necesario incidir en que los partidos se afilien a los ciudadanos, a que tomen en cuenta sus propuestas y se conviertan en su instrumento permanente de participación ciudadana en los espacios del poder público.
En la coyuntura que viene es importante que los actores más activos de la sociedad civil organizada fortalezcan el cambio de timón en la política que ya se percibe en Guerrero, implantando una nueva manera de hacer política, basada en principios éticos en la que los ciudadanos se sientan parte. La verdadera 4T debe resurgir en la ruta del 2027.