Hoy es moda hablar de pobreza, y más aún, hablar de disminución de la pobreza. En el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se señala que “según el Banco Mundial, más de 9.5 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza, entre 2018 y 2024”. Sin embargo, ese dato era en realidad una estimación, una inferencia estadística, un producto rutinario que da cuenta del panorama general del país; se anunció como preludio del reporte oficial que estaba por salir, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2024, en donde se precisa que 13.4 millones de personas han salido de la pobreza multidimensional en México entre 2018 y 2024.
La ENIGH 2024 es un levantamiento estadístico que el Inegi realizó para conocer cómo obtienen y en qué gastan sus recursos los hogares mexicanos, así como sus condiciones de vida. La encuesta se aplicó a una muestra de 105 mil 718 viviendas (2.7 por ciento) de un total de 38 millones 830 mil 230 hogares en México.
El Inegi sustituyó la función del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que se encargaba de medir la pobreza con base en parámetros económicos y sociales; tenía también la función de evaluar las políticas y programas del gobierno para saber si el dinero público servía para garantizar derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la vivienda, entre otros. Realizaba evaluaciones e informes de los programas públicos que respondían a preguntas como ¿qué hacen? ¿qué lograron? ¿cuánto cuestan? También daba seguimiento trimestral a la “tendencia laboral de la pobreza”, al sistema de indicadores sobre el cumplimiento de los derechos sociales, a los mapas para el análisis territorial de la pobreza, entre otros. Esperemos que estas funciones, ahora retomadas por Inegi, se realicen profesionalmente cumpliendo el precepto “medir para mejorar”.
La evaluación de los programas públicos es una norma mundial, así como el diagnóstico económico y social de cada país. Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los más preocupados, porque a partir de ello elaboran sus políticas de financiamiento. En contraparte, también los gobiernos neoliberales de cada país se aplican a manipular los parámetros y enlazarlos con acciones mínimas que reflejaran mejorías en los parámetros en salud, vivienda, servicios, escolaridad, alimentación e ingresos.

Asegunes de la disminución de la pobreza

La reducción de la pobreza, aún con sus asegunes, es una buena noticia que merece reconocerse, celebrarse y evaluarse para avanzar aún más. Los datos del Inegi muestran lo que funciona, lo que falta por hacer y lo que se debe corregir de manera urgente. La medición de la pobreza (multidimensional) combina dos elementos: la dimensión económica que mide el ingreso y la dimensión social que mide seis carencias.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una ONG que ha venido analizando por décadas el tema, y que dirige el economista Rogelio Gómez Hermosillo, “la reducción de la pobreza de 51.9 millones a 38.5 millones de personas entre 2018 y 2024 y de 42 por ciento a 30 por ciento de la población, proviene casi en su totalidad de la dimensión económica”. La baja en la pobreza es resultado del incremento del ingreso. A su vez, la mejora del ingreso proviene sobre todo del aumento de los ingresos por trabajo; el trabajo aportó 75 de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares en 2024; sumando las pensiones, que son producto del trabajo del pasado, los ingresos aumentan otros 9 pesos, con lo cual los ingresos ascienden a 84 de cada 100 pesos. (https://www.urbanopuebla.com.mx/economia/mayor-ingreso-por-trabajo-clave-de-la-reduccion-de-la-pobreza/).
Por su parte, las transferencias de los programas gubernamentales que han multiplicado por 4.5 veces su presupuesto, aportan menos de 4 de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares ($3.89). Pero, además, la política social queda a deber; en la dimensión social no hay mejoras sustantivas. La población vulnerable por carencias sociales aumenta de 32.7 a 41.9 millones de personas, mientras en porcentaje sube de 26 a 32 por ciento. Finalmente, las remesas que siguen llegando por parte de nuestros familiares, son parte importante del ingreso familiar.

Guerrero se mantiene entre los más pobres

De este análisis se desprende que los estados más pobres no alcanzaron reintegro con la multicitada reducción de la pobreza. Los datos del Inegi colocan a Guerrero en el segundo lugar de los estados más pobres; para algunos funcionarios públicos es como un consuelo el que no seamos campeones, quizás no saben que antes de 2014 ocupábamos el tercer lugar.
Pero el punto no es qué lugar ocupemos en la estadística de la pobreza. Nuestra realidad no se puede expresar exclusivamente con números ni porcentajes. Cuando recorremos una comunidad urbana o rural, miramos a las familias igual o más pobres. Para los más pobres, sus ingresos elementales están fincados en los apoyos del gobierno que no los saca de la pobreza; solo son un paliativo a su pobreza estructural. ¿Qué decir de las calles, las carreteras, la vivienda, la salud, la educación y la alimentación?
En Guerrero casi el 60 por ciento de la población vive en pobreza multidimensional, es decir poco más de 2 millones de habitantes se han mantenido en esta condición durante los últimos 6 años. Los datos oficiales muestran las variaciones mínimas en los distintos parámetros de evaluación (ver tabla anexa).
Cabe mencionar que después del huracán Otis, el propio Coneval proyectó que la tasa de pobreza en Guerrero podía incrementarse en 20 puntos, cuando Chiapas nos llevaba por 7 puntos porcentuales. Posteriormente tuvimos otros dos huracanes, aunque con afectaciones principalmente regionales. Con ello, más allá de ser catastrofistas y “buscar obtener el primer lugar”, es necesario aproximarnos a la realidad, para priorizar adecuadamente en las políticas y acciones a impulsar. (https://www.jornada.com.mx/2023/12/12/economia/016n2eco).

De las cuentas alegres al cambio verdadero

Aun con todo esto, el gobernador de facto y sus corifeos celebran que en Guerrero bajó también la pobreza. Hacen referencia a los 80 mil habitantes que dejaron de ser pobres; resaltan que gracias a la coordinación estrecha con los programas del gobierno federal se ha dado “un cambio radical” en la vida de la población. Si dividimos ese dato entre 5 para determinar cuántas familias disminuyeron su estatus de pobreza, llegamos a la conclusión que solamente fueron 16 mil familias; ojalá que no se trate de las familias del grupo en el poder.
Los guerrerenses viven al día. Padecen la carencia de servicios públicos básicos, la violencia cotidiana, la corrupción gubernamental, los cobros de piso y las extorsiones. Mientras tanto, el gobernante de facto canta, baila, hace películas, entra y sale del Senado, cuida perritos y de manera banal busca posicionarse en las encuestas para poder negociar espacios políticos en la próxima contienda electoral; esto, a sabiendas de que ya no puede ser candidato gracias al candado contra el nepotismo que promovió la presidenta de México y el partido Morena.
El gobierno fallido que padecemos los guerrerenses no mira el deterioro ambiental, la tala a mata raza, la contaminación de todos los ríos, el nulo manejo de la basura en todos los municipios, la corrupción y el desastre de los caminos artesanales que el presidente AMLO impulsó; tampoco mira el sufrimiento del pueblo en razón de la narco-economía impuesta en casi todas las regiones, asesinatos no aclarados, un Poder Judicial impuesto a modo y un Congreso estatal que no produce más que fotos y aplausos, territorios controlados por la delincuencia, un presupuesto miserable y opaco para el campo que es un insulto frente al que opera el DIF.
En este escenario caótico, la pobreza aparece entonces como la punta del iceberg de un gobierno fallido, que exhibe todo el lastre de un gobierno fallido. Un anti gobierno que es ajeno al bienestar y el progreso de su pueblo.
Reza un dicho popular: “No hay mal que dure muchos años ni pueblo que lo aguante”. La justa electoral que se avecina en 2027 será una oportunidad histórica para cambiar las reglas del juego e iniciar en Guerrero la verdadera Cuarta Transformación. Porque “solo el pueblo puede salvar al pueblo”.

 

“Hemos sido capaces de hermosear ciudades, levantar estructuras monumentales; construir grandes obras de almacenamiento para irrigación y generación de energía, vías de comunicación, centros de cultura […]; y, sin embargo, para fortalecer la revolución agraria carecemos de visión y voluntad para hacer de las unidades ejidales ejemplo de organización y producción agrícola”.
(Gral. Lázaro Cárdenas, Memorias, 1960)

En los últimos tiempos, ha habido por lo menos cinco propuestas que hablan de realizar modificaciones a la Ley Agraria y al Artículo 27 Constitucional; todas tienen un común denominador: obedecen a coyunturas electorales, son promovidas por legisladores en lo particular, no toman como base la consulta a los actores en el campo, se hacen en el escritorio y perfilan liderazgos sin o con muy poca base social. Ello nos obliga a profundizar en el análisis.
Baste de entrada una primera premisa. La propiedad social de la tierra ha venido disminuyendo desde cuando Salinas de Gortari modificó el 27 Constitucional y promulgó la Ley Agraria creando las nuevas estructuras para la “gobernabilidad agraria”. Durante los últimos gobiernos neoliberales, la superficie privatizada vino en aumento; mientras que en el período de Andrés Manuel López Obrador se redujeron al 30% las autorizaciones del dominio pleno, mismo que fue de 316 mil hectáreas; contra un millón en el periodo de Peña Nieto y 1.2 millones en el periodo de Calderón. Todo esto ha hecho que, desde 1992, la propiedad social de la tierra represente el 50.7% del territorio nacional. ¿La pregunta que surge es, además de la rapacidad de los nuevos terratenientes, porqué esa tendencia a privatizar la propiedad social? Aunque el Registro Agrario Nacional tiene como mandato ser guardián de la propiedad social, si no existen políticas públicas y programas que reactiven la actividad productiva, los campesinos tienden a vender ante la irredituabilidad económica. Y en ello reside la necesidad de impulsar una gran reforma estructural del campo; luego entonces, no será solo lo agrario lo que deba reformarse, sino todo el conjunto de políticas que tienen que ver con el desarrollo del campo.
Por problemas de espacio, puntualizaremos en lo que podemos llamar los nuevos datos duros del campo:
–Existen en el territorio rural 32 mil 251 núcleos agrarios en donde se asientan 185 mil 243 localidades, cuyos habitantes han sido los guardianes de la biodiversidad. Y ha sido el campo el origen de los principales problemas de violencia que impactan a todo el país.
–Existen 5.5 millones de sujetos agrarios, lo que representa igual número de familias, una población estimada en 30 millones 103 mil 900 personas.
–Si consideramos la gradualidad que genera la agroindustria, los servicios, junto con la población en transición y la semi urbana, la población rural involucra al 43% de la población nacional.
El 25.8% de la población rural se encuentra en carencia alimentaria.
De las 87 millones 944 mil 100 hectareas con vocación agropecuaria, solo se siembran 21 millones 937 mil 852 hectáreas. Ello explica por qué el 60% del ingreso campesino es no agrícola.
–La superficie de labor se ha venido pulverizando, el 72.2% de las unidades productivas tienen debajo de 6.8 hectáreas.
–Envejecimiento creciente, el promedio más reciente es de 62 años.
–Financiamiento restringido para las unidades de producción campesina.
–Poco autoconsumo, alrededor del 80% de la producción es vendida.
–La mayor parte de los cultivos son de temporal, con todo lo que implica.
–Incremento del rentismo en diversas modalidades, ya no es fundamental la compra de tierras.
–Importación creciente de granos básicos.
–Deforestación creciente, entre sobreexplotación, tala ilegal e incendios.
–Deterioro de los suelos en detrimento de la población creciente por alimentar.
–Inseguridad generalizada, cobros sobre la producción.
–Escasez creciente de mano de obra.
–Programas pulverizados, sin impacto productivo y desarticulados entre sí.
–Más lo que se acumule con las políticas arancelarias de Donald Trump.
Hay que decir que, durante el sexenio pasado de AMLO, poco se hizo para abordar la problemática agraria y el fomento a las actividades productivas, como tampoco se impulsó la asociatividad, si no al contrario, al solo depositar de manera individual los apoyos, se mata la iniciativa campesina. Pero también hay que reconocer que se hicieron algunas acciones estructurales. Se resarció la privatización y el reconocimiento del territorio a los pueblos originarios mediante el establecimiento de 17 Planes de Justicia. Se evitó en buena parte la concentración y la privatización de tierras. Se suspendieron concesiones para la Minería. Se revirtió la Reforma Energética quedando pendiente las servidumbres que tiene el noveno transitorio de dicha Ley. El RAN mantuvo una férrea defensa de la participación de género, al ser inflexible en la aplicación de la Ley para garantizar la participación de la mujer. Y, finalmente, se elevaron a categoría de Ley los cuatro programas emblemáticos para el campo: Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía.
Pasemos finalmente a las propuestas:
Sí se tienen que hacer cambios al Artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria, pero ello debe iniciar con un proceso de consulta nacional. Una primera prioridad es promover que los derechos y bienes agrarios se constituyan en patrimonio familiar, que derivado de las sucesiones no sean desintegrados. Buscar alternativas para evitar los conflictos agrarios interfamiliares, derivados de que el sucesor de los derechos recae en la persona que menos aportó al patrimonio familiar. Implementar acciones para disminuir el alto porcentaje de enajenación de parcelas a personas ajenas al núcleo agrario. Evitar el alto porcentaje de fraccionamiento de parcelas de carácter social. Detener el alto porcentaje sobre el dominio pleno de parcelas, el cual se da en las mejores tierras ejidales y que son vendidas a personas ajenas al núcleo en precios irrisorios. Protección a las tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas, incluyendo la inclusión y respeto de los usos y costumbres. Protección de las tierras y recursos naturales de los núcleos agrarios, respecto de las empresas mineras. Se debe considerar la reversión de derechos a quienes adquirieron propiedades por mecanismos fraudulentos, como se ha establecido en el informe sobre el “Acaparamiento de tierras de propiedad social en México”, elaborado por el RAN. Coordinación institucional entre la PA, RAN, TUA y órganos de representación de los núcleos agrarios para terminar con el rezago que existe en todos los núcleos agrarios y, finalmente, que se promulgue un Código Federal de Procedimientos Agrarios que considere los puntos anteriores, así como la ampliación de facultades de los TUA. El elemento central para el logro de estas acciones es el fortalecer del asambleísmo y la coordinación de los comisariados ejidales y comunales.
Pero también se tiene que retomar una reforma a los ejes centrales que determinan el desarrollo del campo, así como realizar programas de desarrollo multianuales con metas precisas. Reactivar al Ejido y la Comunidad como instancias de organización, de representación rural y territorial y principalmente de organización para la producción de alimentos. Defender el territorio del Ejido y la Comunidad, proteger sus recursos naturales: agua, suelo, bonos de carbono, biodiversidad, riqueza cultural y conocimiento tradicional. Impulsar el empoderamiento y la vida democrática en el medio rural. Construir y crear un amplio programa de economía social. Impulsar la Agroforestería y la Agroecología como formas de producción sustentable, así como la protección frente al cambio climático.
El objetivo final de esta reforma estructural de políticas públicas al campo consiste en empoderar a las comunidades rurales, construir un sujeto social que sea garante de las transformaciones, la autosuficiencia y soberanía alimentaria.
Todo ello requiere de impulsar un gran movimiento campesino en donde concurran las organizaciones propositivas y con base social. La Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades propone coordinarnos y comenzar por definir una agenda de trabajo.

*Del equipo asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades.

 

 

 

Después de los huracanes Otis y John, la estadística oficial ubica a Guerrero en el primer lugar de pobreza y con el nivel de crecimiento más bajo. Pero lo que no registra de manera integral es que Guerrero es el estado más complicado del país: violencia generalizada, un nuevo arreglo de regiones debido al control territorial de los grupos delincuenciales, desigualdad polarizada, corrupción desenfrenada sobre todo en los niveles municipales, gobernantes insensibles y sin visión social, pobreza extrema ampliada aunque la estadística diga otra cosa, presupuesto pírrico para el campo, políticas públicas que no apuntan soluciones, entre otros problemas.
En el campo habita el 42% de la población estatal, la cual le da de comer al resto; el 80% del territorio guerrerense se encuentra bajo la jurisdicción de los núcleos agrarios; y ahí se encuentra la mayor biodiversidad y recursos naturales (suelo, agua, bosque, fauna, minerales, materiales pétreos, etc.) que generan vida, actividad económica, cultural y ambiental a la entidad.
Pero además es aquí donde se asienta la violencia generada por el control de recursos, siembra de enervantes, control de las economías locales y los espacios de la política, misma que repercute en las ciudades. Por ello se necesita de un presupuesto y líneas de inversión que siente las bases de la verdadera trasformación del campo y los campesinos. Porque desde hace más de cinco décadas ha sido en el campo donde se ha originado y desarrollado la compleja problemática que ahora está impactando en todas las ciudades; ello, debido al abandono que han tenido los tres niveles de gobierno de los territorios rurales.
La sobrevivencia del campo ha dependido en las últimas décadas de tres flujos principales: las remesas, la venta de estupefacientes y los subsidios federales. El año pasado llegaron a Guerrero alrededor de 63 mil mdp de nuestros paisanos (75.84% del presupuesto estatal). Los ingresos de la venta de la amapola que mantenían la economía de muchas regiones cayeron a menos de la cuarta parte de su valor histórico. Y los subsidios federales a la producción, no han logrado impactar más que en complementar el consumo. Si estos flujos se cortaran, el campo simplemente agonizaría, y con ello se complicaría la vida en las ciudades.
El campo o sector rural se compone de los subsectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Pero también incluye la cuestión agraria, el medio ambiente, la agroindustria, el mercadeo de productos e insumos y la organización social y, de manera complementaria, el bienestar social: caminos, salud, educación, etc. El presupuesto público rural se integra con aportaciones federales, estatal y municipales.
La aportación federal se opera a través de subsidios porque ya no hay créditos y en Guerrero la suma es de $6,887,201,300.00. Los subsidios emblemáticos se operan a través de Sader, cuyos montos en 2024 fueron: Fertilizantes $2,650 mdp, Producción para el Bienestar con $1,132.20 mdp, Precios de garantía solo proporciona un servicio de comercialización ($480 mdp) que no impacta ni al 6% de la producción estatal, y la Sebien que opera el Programa Sembrando Vida con un monto de $2,625 mdp; aunque hay otros programas con menos impacto que se operan a través de Conafor, Semarnat, Conacyt y los servicios de la Sedatu (RAN, PA), IMPI, entre otras.
La aportación del Gobierno del Estado en los últimos 10 años se estima en un promedio de 200 mdp anuales. En 2022, gracias a la incidencia de los comisariados organizados se aprobaron 386.65 mdp de 230 que era el proyecto gubernamental avalado siempre por el Congreso. Y en este 2025 se autorizaron 287 mdp, casi igual que en 2024 lo cual representa el 0.34% y expresa el valor que el Poder Ejecutivo y el Legislativo le dan al campo; la cuestión es que el manejo ha sido opaco y en el mejor de los casos, administrados como un “fondo de caja chica” para apoyar liderazgos serviles, porque además, los conceptos ambiguos se prestan para ello: Control de Movilización Animal, Garantías para el Bienestar, Información Estadísticas y Estudios, Prevención y Manejo de Riesgos Climáticos, Programa Acompañamiento Técnico Agrícola y Perspectiva de Género, Programa de Fomento y Bienestar Ganadero, Programa de Inversión Programática, Programa de Pesca y Acuicultura, Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, Programa Infraestructura Rural e Hidroagrícola, Transformando el Campo, Programa Desarrollo Sostenible en Zonas Marginadas, Programa de Agroecología, Programa Infraestructura Rural e Hidroagrícola y Estabilización del Precio de la Tortilla.
Hay que decir que durante los últimos dos años no se ha operado todo el presupuesto y no existe información de su destino, solo se comenta que la Secretaría de Finanzas no lo ha ministrado. Pero eso sí, el DIF tiene más recursos que el propio Poder Legislativo y más de tres veces que el asignado al campo.
Los gobiernos municipales no le invierten al campo; antes de 2018 invertían a fuerzas en el Programa de Fertilizante, al punto que desviaban recursos del ramo 33 que eran para obra pública. Ahora, los pocos ayuntamientos que apoyan al campo lo hacen bajo presión, aunque algunos de buena fe, apoyando el transporte del fertilizante a las comunidades; son pocos los casos de los que subsidian parcialmente las semillas seleccionadas.
Guerrero, en los tiempos de la 4T requiere de innovar el arte de gobernar, mismo que en materia de presupuesto implica: ser oportuno, participativo, suficiente, justo, estratégico, sustentable y transparente. Van algunas de las prioridades que deben considerarse y que desde diversos espacios impulsaremos, ya que por ahora ya no será posible modificar el presupuesto:
-Habilitar la infraestructura productiva básica, como la rehabilitación de los distritos de riego y la apertura de nuevas unidades de riego en zonas de agricultura de temporal, caminos saca- cosecha y más acciones que impulsan la producción.
-Focalizar apoyos productivos a las zonas afectadas por los pasados fenómenos meteorológicos.
-Auspiciar la integración de cadenas productivas, la economía social y la organización cooperativa.
-Provocar sinergias entre programas afines, y la concurrencia de otros agentes económicos, el sistema de crédito y la aportación de los propios campesinos.
-Incorporar un sistema de acompañamiento técnico (no extensionismo) que sea integral, agroecológico y participativo, y que promueva la organización cooperativa entre los productores.
-Monitorear que los programas de apoyo federal lleguen a quienes verdaderamente los necesiten, así como vigilar su aplicación en campo.
-Fomentar la contraloría campesina en el ejercicio de los programas públicos.
Es un desafío para los representantes de los núcleos agrarios, profesionistas comprometidos y funcionarios honestos que estos componentes sean incluidos en la operación del presupuesto rural, y que sean los ejes fundamentales de la reactivación y trasformación del campo. Seguiremos realizando gestiones e impulsando propuestas a nivel federal.
El Congreso local debe cumplir con su labor de legislar para el bienestar del pueblo y no solo limitarse a levantar la mano, solo cobrar y preparar su nuevo cargo para vivir del presupuesto, como es la percepción que la ciudadanía tiene.
La pasada aprobación del Decreto que crea la Octava Región representó un caso patético en donde los diputados no supieron lo que aprobaron, tal como ha sido con las pasadas leyes de egresos.
Entendamos que, si se atiende el campo de manera integral y con todo el poder del Estado, las comunidades campesinas se empoderarán y tomarán el camino del desarrollo productivo y social.
El Congreso tiene varios pendientes: actualizar los decretos de los sistema-producto, aprobar la Ley de Fomento a la Cafeticultura, decretar que los fondos del Ramo 33 lleguen a las comunidades de manera equitativa, reformular el decreto que crea la octava región considerando presupuestos y remunicipalización, entre otros.
El menosprecio que algunos gobernantes y legisladores le tienen al campo es porque le apuestan a que no está organizado y que los campesinos aguantan como en los viejos tiempos.
Seguir construyendo la Cuarta Transformación a ras de tierra con acciones-fuerza que permitan a funcionarios honestos y a los campesinos organizados, gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, es la gran tarea en este 2025.
Tenemos la confianza de que nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hon-rará los compromisos firmados el pasado 10 de abril en Chinameca Morelos, mismo que en su declaración Novena, en resúmen dice: Bajo el principio de prime-ro los pobres, respaldamos la estrategia de apoyo a la agri-cultura, ganadería, pesca y acua-cultura de pequeña y mediana escala, basada en la articulación con enfoque regional y territorial de las políticas y programas referidos al agua, a la am-pliación del financiamiento y del acceso los mercados con precios justos para los productores, de fortalecimiento de los bienes pú-blicos del sector agroali-mentario, infraestructura, y pro-ducción nacional de fertilizantes. De manera especial, valoramos y daremos apoyo a las políticas y programas que impulsarán la transición agroecológica, la sostenibilidad ambiental, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Mantendremos el diálogo con las organizaciones democráticas de las y los productores e impulsaremos su fortalecimiento mediante su participación en las políticas públicas ya señaladas.
La estrategia de la Cuarta Transformación en el campo debe poner en el centro el rescate, protección y revalorización del ejido y la comunidad agraria para transformarlos en unidades de desarrollo integral social, económico y ambiental, con base en su ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática, honesta, eficiente, con un enfoque de equidad de género, relevo generacional y pertinencia cultural; hasta convertirlos en territorios de paz y desarrollo.
Porque para salvar a Guerrero, el campo es primero. La gobernanza campesina, ya se echó a andar. . .

La mejor manera de honrar la memoria de personajes como el luchador social que fue Lucio Cabañas es continuar su ejemplo y empeñarse día con día en servir al pueblo e impulsar una verdadera transformación de nuestro país; en esto se concreta el ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, que era su lema.
Desde mi infancia acelerada fui asiduo admirador de Lucio, mi formación primaria en un internado semi militarizado constituyó la primera base de mi formación, luego mi participación en el movimiento del 68 al lado de mis hermanos mayores cuando aún no cumplía los 10 años. La masacre de estudiantes el 10 de junio de 1971 me marcó aún más ya que ahí cayó muerto el hermano de uno de mis mejores amigos; a partir de aquí me empeñé en leer más y participar activamente en los movimientos sociales, formar círculos de estudio con los adolescentes secundarianos, repartir propaganda sobre Vietnam, el Che Guevara y los comunicados del Partido de los Pobres. En 1973 me expulsaron de la secundaria y me vine a Atoyac a buscar a Lucio Cabañas, obviamente no lo encontré; pero un día sin saberlo me tocó cuidarlo en una casa de seguridad en la Ciudad de México cuando él acudía a curarse; estaba yo en vísperas de entrar a La Universidad Autónoma Chapingo y recuerdo cómo me aconsejó que tenía que estudiar para ayudar a los campesinos; luego participé en una reunión clandestina en un monte entre los límites de Guerrero y Morelos, y ahí estaba él. Supe de su muerte acaecida el 2 de diciembre de 1974 porque siempre estuve atento a las noticias que se generaban en la sierra de Guerrero.
Durante mi estancia chapinguera milité en algunas organizaciones de corte maoísta que me inspiraron. Trabajé con sindicatos del Valle de México y conocí a personajes ejemplares que me siguieron inspirando. Al salir de Chapingo, decidí represar a Guerrero, a la Costa Grande, al ejido Santa Lucía en donde me quedé a vivir en Los Pinos, un lugar muy cercano a El Otatal, lugar donde cayó Lucio Cabañas. Mi objetivo era rescatar la experiencia del guerrillero, impulsar la organización campesina en la sierra y, según yo, modificar el plano de coordenadas donde la X y la Y eran violencia y pobreza, y la idea era convertirlos en organización y desarrollo. Obviamente a estas alturas parece una utopía.
Santa Lucía es un ejido bastante grande, tenía muchos problemas económicos y sobre todo una grave situación de enfrentamiento interno que ya llevaba de por medio decenas de campesinos muertos. El problema central entonces consistía en cómo modificar ese clima de violencia interna y desorganización. Analizando esta situación con los representantes ejidales y algunos campesinos jóvenes, surgió la orientación de impulsar una serie de proyectos económicos que metieran a las diferentes fuerzas en pugna en otra dinámica. Fue así que se formaron seis unidades de producción ganadera, una de fruticultura y un beneficio húmedo de café. Asimismo, se le dio más énfasis a la gestión de los servicios públicos como el arreglo de caminos rurales, la electrificación, la construcción de aulas escolares y de centros de salud.
Durante seis meses de trabajo intensivo se logró prácticamente modificar las relaciones internas y sentar las bases para la reorganización del ejido. Para ello se empleó como instrumento la discusión en todas las comunidades de un Reglamento de Organización Interna que definía las funciones de los representantes, la realización de asambleas, la creación de instancias de discusión y, sobre todo, mecanismos que garantizaran la participación democrática de todos los campesinos. A partir de aquí, y acompañado de comisiones campesinas, comenzamos a visitar a las comunidades de Atoyac donde el café era la actividad principal.
Una vez integrados en la región, fuimos creando equipo y trazamos la estrategia. Se trataba de una región cafetalera y como la problemática era común, había que unificar a los productores utilizando la lucha por los precios injustos del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) como pretexto para generar organización. Para septiembre de 1980 ya teníamos una estrategia definida que se basaba en los siguientes elementos: 1.- Que, en la región cafetalera, los problemas son comunes y existe disposición de los campesinos para luchar y organizarse; 2.- Que ni la CNC ni los partidos políticos que se dicen progresistas (PSUM, PRT, PST) han podido dar una alternativa a los problemas; 3.- Que los campesinos han pasado por importantes experiencias de organización y lucha, que hay que aprovecharlas, como el movimiento cabañista. Y que, partiendo de estas, la lucha se tendrá que dar paso a paso, por etapas y 4.- Que solo una organización campesina con profundas raíces en cada ejido, que abandere los problemas más sentidos y que adopte nuevas formas de organización en donde la mayoría sea la que mande, será la única que dará una solución a los problemas.
Comenzamos a recorrer las distintas comunidades de la sierra, no sin el acoso de los “perros de oreja” del Ejército que había en cada pueblo. Ubicamos de entrada a los campesinos mayores, al menos uno de cada pueblo, ya que ellos vivieron en carne propia tanto las actividades de Lucio y eran los enlaces confiables para con el resto de la gente. Recuerdo con vehemencia a nuestro equipo de entonces: Patricio Barrientos (El Camarón), Domingo Romero (San Juan de las Flores), Maximino Acosta (Agua Fría), Gonzalo Jaime (San Francisco del Tibor), Alejandro Arroyo (San Vicente de Benítez), Lucio Navarrete (Río Santiago), Malaquías Celis (El Paraíso), Carmelo Mata (San Andrés de la Cruz), Rodrigo Flores (El Quemado), Alejandro Galindo (Los Valles), Donaciano Mesino (El Cacao). Desgraciadamente, a excepción de Don Carmelo, todos ya fallecieron.
Hacia noviembre de 1980 comenzamos a realizar reuniones en Atoyac que tenían que ser clandestinas. Contacté en ese tiempo al compañero Octaviano Santiago Dionicio quien me enlazó con Francisco Fierro Loza; por cierto, nos reuníamos precisamente en el espacio donde nació Lucio Cabañas; con ellos acordábamos realizar acciones de organización pero la cuestión era que no estaban con frecuencia en la región. El enemigo solo nos observaba, veía con malos ojos este movimiento y nos tachaban de comunistas, extranjeros y agitadores. El Ejército y los grupos de poder encabezados por Pascual Cabañas y Epifanio Hernández siempre estaban al acecho. Seguimos así realizando reuniones, primero de pocos hasta que reunimos comisiones de 22 ejidos y ahí armamos el plan de acciones, mismas que tenían como base presionar al INMECAFE mediante la firma de un convenio donde les impongamos nuestras condiciones.
Acordamos construir una organización de todos los cafetaleros y nombramos una comisión coordinadora provisional para buscar una entrevista con el director de INMECAFE.
Aún cuando fuimos avanzando y asesorándonos con los compañeros cafetaleros de Chiapas, teníamos en todo momento el acoso gubernamental y de los grupos de poder, además del temor de la gente a organizarse en razón de la huella represiva que aún seguía latente. Planeamos así una estrategia para romper el cerco y poder actuar de manera más abierta.
En primer lugar, con el propósito de tener una fachada legal, tomamos como cascarón la figura de la Unión de Ejidos “Alfredo V. Bonfil” que años atrás la CNC había creado pero que no funcionaba. En paralelo, realizamos asambleas en todas las comunidades cafetaleras del estado y en las actas de las mismas se plasmaban las demandas; a partir de allí elaboramos el Programa de Desarrollo Integral de las Zonas Cafetaleras y, mediante funcionarios amigos (Álvaro Urreta y Héctor Popoca) logramos acercarnos al gobernador don Alejandro Cervantes Delgado a quien invitamos a Atoyac para entregarle dicho documento. Rompimos el miedo con una marcha de casi tres mil campesinos y campesinas y logramos todas nuestras demandas, incluida la destitución del delegado de Inmecafé por corrupto.
Fue así que la Unión de Ejidos se fortaleció y comenzamos a exportar la experiencia a otras regiones en las que se formaron diversas uniones y cooperativas, después de constituir la Coordinadora de Uniones de Ejidos el 10 de abril de 1987 formamos la Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero, mediante la cual participamos activamente en la UNORCA mientras que trabajábamos para integrar la Coordinadora nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).
Fue así que la Unión de Ejidos se consolidó como una fuerza social y económica que comenzó a causar miedo a los gobernantes, a los grupos de poder y al PRI-CNC de entonces. Por ello, la CNC, una vez que tomó posesión el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, la unión fue usurpada; aunque de inmediato surgió la Coalición de Ejidos y Comunidades de la Costa Grande, con la cual seguimos coordinándonos con organizaciones nacionales e internacionales.
Para no hacer larga la historia, una vez que el gobierno de AMLO ganó la elección, comenzamos a trabajar en la coordinación de los Comisariados. Comenzando por Atoyac, luego la Costa Grande y también el resto de regiones hasta que se integró la Coordinadora de Comisariados de Guerrero, misma que comenzó a exportar su experiencia y ha logrado establecerse hasta ahora en 18 estados del país pro medio de la cual firmamos el pasado 10 de abril en Chinameca el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana con la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, el cual vigilaremos que se cumpla.
Con estas notas telegráficas queremos dejar constancia que el legado de Lucio Cabañas permanece vivo y continuará irradiando propuestas y acciones para transformar la hoy descompuesta realidad en nuestro estado. A propósito de esto, un grupo de jóvenes periodistas me preguntaba en días pasados el qué significaba hoy ser de izquierda; mi respuesta inmediata fue que quien tenga ideas de progreso, impulse la verdadera democracia, promueva una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, impulse la organización autogestiva de la sociedad, gestione los servicios que requieren las comunidades, impulse el desarrollo productivo y que sirva al pueblo de todo corazón sin depender de una curul o un cargo público, apenas si podrá ser un candidato para decirse de izquierda.

* Asesor de la Coordinadora de Comisariados de Guerrero

 

Para desarrollar a México, el campo es primero. Garantizar la continuidad de la cuarta transformación requiere de acciones que manden señales desde el actual momento de la transición; mismas que tendrán que considerar el rediseño de las instituciones agrarias, la designación de funcionarios que reúnan el perfil de conocimiento y compromiso con el agro, la dignificación del ejido y la comunidad, el anuncio de una nueva Ley Agraria y la consideración de acciones precisas que impulsen la producción agrícola, pecuaria y pesquera, cruzados con prácticas agroecológicas. Esto es la esencia del segundo piso de la 4T para el campo.
Asimismo, necesitamos construir al sujeto social que garantice la continuidad de la transformación. Los comisariados ejidales y comunales son representantes genuinos de los 32 mil 230 núcleos agrarios; para empoderarlos, sólo hace falta que las instituciones agrarias se coordinen y se apliquen a los compromisos ya contraídos.
Con lo anterior, crearemos las bases para que en la nueva administración de gobierno se reconozca a la comunidad como el cuarto orden de gobierno.
México está en una ruta de cambios trascendentales, en donde el campo es la base para cambiar al país. Además de que representa más de la mitad del territorio nacional en donde habita el 25% de la población y es la que le da de comer al resto; pero, además, dado que somos un país de origen rural, tanto en las ciudades como en el país vecino, la mano de la familia está presente en todos lados.
En el territorio rural persiste la biodiversidad, ahí están las fuentes de agua, los bosques, las minas, las zonas turísticas y la arqueología. También pervive ahí la vida comunitaria, la cultura y la historia. Pero algo más importante aún, en el campo es donde se originó la violencia que controla ahora los territorios rurales y urbanos. Desde la siembra de enervantes hace más de 50 años, el tráfico de armas, el control de los mercados de drogas, hasta el manejo de la política y las economías locales por la delincuencia; ha sido el campo el origen y el destino de la violencia que impacta también a las ciudades.
Gracias a la irrupción en el escenario de los comisariados organizados, se han logrado instrumentar esquemas de solución al rezago acumulado. La ruta de construcción ha sido la siguiente: Se promueve la coordinación entre los comisariados de un municipio y se les capacita. Se recaba la información básica de cada núcleo agrario, ubicando las gestiones pendientes. Cada comisariado ubica sus requerimientos de gestión. A partir de aquí se coordina con las instituciones agrarias una jornada itinerante donde acuda su personal. Para romper la inercia burocrática, la apatía de muchos visitadores y encargados de los RAN estatales, así como las prácticas de corrupción que aún imperan, el Procurador Agrario y el Director en Jefe del RAN instruyen mediante una circular a que todo el personal se aboque a atender y operar bajo este esquema. En cada estado, los comisariados coordinados ya regionalmente se reúnen con los encargados de la PA y RAN y elaboran un programa de trabajo. La realización de convenios estatales donde se involucre a los gobernadores, comisariados y a los Tribunales Agrarios, constituyen una herramienta fundamental que coloca en el ambiente la problemática agraria, las funciones de cada institución y los requerimientos humanos, económicos y materiales. Desde luego que, para todo ello, se requiere de un perfil adecuado de los funcionarios en los distintos niveles.
El pasado 10 de abril, las diversas organizaciones actuantes en el campo suscribimos en Chinameca, Morelos, con la Dra. Claudia Sheinbaum, el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana. El punto central que cruza cada uno de los compromisos, tiene que ver con el hecho de que se trata de construir una nueva interlocución con las organizaciones campesinas, indígenas y afro-mexicanas; tomando como base que el rescate del campo es responsabilidad tanto del gobierno como de las y los campesinos organizados. Para sumar fuerzas en esta gran tarea es necesario fortalecer la coordinación entre el gobierno y las organizaciones rurales, democráticas y propositivas.
En el marco de una nueva política agraria acorde con el nuevo proyecto de nación, se plantea la necesidad de un nuevo agrarismo que rescate los principios justicialistas del agrarismo histórico y responda a las nuevas condiciones y necesidades del desarrollo en el campo y en el país. Los elementos centrales firmados y detallados en el documento en extenso que se entregó, son los siguientes:
1. Revisión y actualización mediante consulta campesina del marco jurídico agrario de acuerdo con los principios y objetivos de la Cuarta Transformación. El nuevo agrarismo requiere establecer nuevas bases jurídicas que protejan la propiedad social y den certeza a ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, al tiempo que impidan el acaparamiento de parcelas y solares que han originado un neolatifundismo.
2. Rediseño y fortalecimiento institucional de la infraestructura, recursos humanos y presupuesto digno del sector agrario. Para saldar la deuda del Estado Mexicano con el campesinado es necesario contar con la estructura adecuada a las necesidades y libres de burocracia y corrupción, con personal comprometido socialmente y capacitado. Se tiene que priorizar la solución de los conflictos agrarios añejos y el fin del rezago agrario.
3. Dignificación del ejido y la comunidad mediante el apoyo elemental para facilitar la coordinación nacional con miras a construir al sujeto social que garantice la continuidad de la Cuarta Transformación en el campo mexicano. El Estado Mexicano debe reconocer al ejido y la comunidad como sujetos del desarrollo económico, social, ambiental y cultural, aportándoles infraestructura, apoyos financieros y técnicos.
4. Un gran programa de reactivación del campo. Acompañamiento técnico, desarrollo productivo, agregación de valor, financiamiento, comercialización, entre otros rubros, constituyen las herramientas para que la propiedad social permanezca y se fortalezca. En el acuerdo firmado, estos puntos están considerados y reconocemos que nuestra presidenta priorice en cuatro aspectos fundamentales: Bienestar de las personas que viven en las zonas rurales, acciones para enfrentar la crisis hídrica, incrementar la producción de manera sostenible e inclusiva y la reconstrucción del tejido social.
La Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades es una innovación en el arte de construcción organizativa. Su experiencia en los niveles regionales, estatales, nacionales e internacionales ha permitido concebir la necesidad de abordar la problemática de manera integral pero junto con la gente. Las asambleas comunitarias y sus representantes deben empoderarse y, al coordinarse entre sí, se van convirtiendo en el sujeto social que el campo necesita; los gobiernos progresistas debieran facilitar estos procesos para ir construyendo un cambio verdadero.
Finalmente, así como lo hicimos los casi 36 millones de mexicanos en las urnas el 2 de junio pasado, confiamos plenamente en que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo no le va fallar al pueblo de México y menos a los campesinos e indígenas. Confiamos en que su gabinete se integrará por personas con conocimiento y compromiso del significado de la Cuarta Transformación. Confiamos en que siempre habrá diálogo con todos los que necesiten y quieran dialogar de buena fe y, que su gobierno siempre escuchará razones y argumentos; y que la brújula que le dará identidad y le inspirará en la ejecución de sus políticas públicas será la premisa de “primero los pobres”.

* El autor es asesor de la Coordina-dora de Comisariados de Guerrero.