Ante la falta de apoyo de los tres órdenes de gobierno a las comunidades de la zona rural del municipio de Coyuca de Benítez que resultaron damnificados por el huracán Otis, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), llevó despensas a las familias de El Posquelite.
La dirigente de la organización, Norma Mesino informó este martes que en esa comunidad viven unas 50 familias y aunque ya fueron censadas no han recibido ninguna ayuda, aun cuando perdieron casas, muebles y sus cosechas.
De acuerdo a la dirigente social, tuvieron que caminar tres horas para llegar a esa comunidad en donde les repartieron despensas a las familias y se percataron que son los mismos pobladores quienes están reconstruyendo sus casas y los caminos que quedaron destrozados por el paso del huracán Otis la noche del 24 de octubre.
Informó que las despensas fueron donadas por el Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), maestros y científicos, que han estado haciendo donaciones para las comunidades rurales.
Informó que el domingo pasado fueron a El Posquelite porque esa comunidad está muy apartada y nadie les ha llevado nada, “son tres horas caminando por un camino muy accidentado debido a que nunca se le ha hecho ningún rastrilleo si quiera”.
Contó que son los propios pobladores los que están arreglando las casas; “ellos mismos recogieron sus laminas, su madera que todavía servía y están reconstruyendo, porque dijeron que si esperan a que alguna autoridad les vaya a ayudar, nunca van a ir”.
Reprochó: “El Posquelite y Chiripas, son dos pueblos de los más abandonados totalmente”, denunció.
“Lo que nosotros constatamos es que además de sus casas, toda la gente perdió su cosecha de maíz, aparte de que hubo sequía, el huracán destruyó sus sembradíos de jamaica, de maíz, calabaza, ajonjolí, y sus huertas de papaya y mango, todo lo perdieron”, agregó.
Informó que en El Posquelite viven unas 50 familias quienes perdieron todo porque el huracán se desvío para esa ruta de la sierra de Coyuca de Benítez desde Las Tranquitas, Pueblo Viejo, Tepetixtla, Textlalcingo, Aguas Blancas.
La dirigente de la OCSS dijo que también las familias de estos pueblos tienen derecho a que el gobierno les reconstruya sus casas, pero sobre todo sus caminos.
Reconoció que las familias de esas comunidades les informaron que la semana pasada ya los fueron a censar, “pero solamente fueron a eso, apoyo no les llevaron”.
Mesino declaró que espera que con el censo los tomen en cuenta para todo; para la reconstrucción de sus viviendas, la entrega de muebles y enseres domésticos y para mitigar los daños en sus cosechas. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) está interesada en revisar el caso del asesinato de su hermana Rocío, perpetrado el 19 de octubre de 2013.
Pidió que si el gobierno de Evelyn Salgado y la fiscal Sandra Luz Valdovinos tienen voluntad de investigar, tienen que crear una fiscalía especial para los casos de activistas sociales asesinados “extrajudicialmente”.
También reveló que Orlando Ávila Mesino, integrante de la organización y preso desde 2012, será liberado en una o dos semanas, y dijo que espera que Antonio Barragán Carrasco obtenga el indulto antes de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La líder social fue entrevistada en Chilapa el sábado después de la conmemoración del sexto aniversario del asesinato de Ranferi Hernández, su esposa, suegra y ahijado.
A propósito de los 10 años que cumplirá el homicidio de su hermana Rocío Mesino, informó:
“El 19 de octubre se cumplen 10 años de impunidad del asesinato extrajudicial de Rocío Mesino y está vigente la demanda de justicia como un derecho irrenunciable”.
Adelantó que el 18 de octubre en el Zócalo de la cabecera de Atoyac se presentará el documental Rocío de la Esperanza, que retrata su lucha y obra en la organización. También habrá bailes, poesía, canto y una exposición fotográfica.
El 19, agregó, se realizará una ofrenda floral, un acto político y la develación de un mural realizado por Oscar Montalvo, El Tecuán, en la comunidad de Mexcaltepec donde fue privada de la vida mientras atendía un comedor comunitario.
En la entrevista, Norma Mesino reveló que hace dos semanas un comandante de la FGE se acercó a la organización para decirles que el gobierno del estado está interesado en revisar el caso de Rocío.
“Se acercó a nosotros para decir que el gobierno del estado está interesado en investigar el caso de Rocío Mesino, y que le presentáramos todas las pruebas para que ellos pudieran investigar”.
“Le decíamos que todas las pruebas y evidencias fueron destruidas por las instancias de procuración de justicia, violaron el derecho de los familiares cuando fueron a dar su testimonio, fueron hostigados, presionados”.
“Hubo un retrato hablado (del asesino), hasta la fecha nunca se ha visto un avance de eso. Todos los videos de los lugares públicos nunca fueron solicitados por la Fiscalía”.
“Ellos querían darle seguimiento al caso, pero se habían borrado muchas evidencias en el 2013”, dijo.
Detalló que en ese tiempo no fueron protegidos los lugares donde los asesinos dejaron sus huellas y que la moto en la que viajaban fue hallada por la Policía Municipal, que la entregó a su dueño.
“La Policía Municipal no fue investigada, no la puso a disposición y el Ministerio Público no la solicitó. La cadena de custodia no fue protegida, resguardada”.
En ese año, recordó, era alcalde Eric Tabares Cisneros, gobernador Ángel Aguirre Rivero y procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Mencionó que recientemente las autoridades dijeron que el responsable del homicidio había sido el crimen organizado, pero se retractaron, y a 10 años no hay ningún responsable, culpable o procesado.
Norma Mesino hizo un llamado a que si la gobernadora o la fiscal realmente tienen voluntad de investigar, “tienen que buscar una fiscalía especial que se encargue de investigar los casos de activistas sociales que fueron asesinados”.
La liberación de Orlando
También informó que Orlando Ávila Mesino, acusado de un asesinato por un sujeto que no lo conocía bajo tortura, cumplió 12 años preso y que está por salir por una reducción de condena.
“Orlando debió ponerse en libertad, pero el poder Judicial jamás va aceptar que estuvo preso durante 12 años de manera injusta, no lo va a reconocer. Era la libertad o la sentencia mínima, se fueron por la sentencia”.
“Cuando salga vamos a desenmascarar al poder Judicial”, dijo.
Se refirió al caso de Antonio Barragán Carrasco, otro integrante de la organización detenido en 2001 sin orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro.
Se está solicitando el indulto y esperan que se dé antes de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su fundación en 1994, la OCSS tiene un recuento de 35 asesinados, cuatro desaparecidos, más de 100 familias desplazadas y decenas de encarcelados por delitos fabricados.
Sus demandas han sido servicios, salud y educación, el alto a la represión policiaca y a la tala inmoderada encabezada por caciques de la región. Además, la presentación y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia, muchos de ellos parientes de los integrantes de la organización.
Integrantes de organizaciones sociales luego de la marcha a 28 an?os de la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas en la sierra de Coyuca de Benítez Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Aguas Blancas, Coyuca de Benítez
Alrededor de 200 personas marcharon para conmemorar el 28 aniversario de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el Vado de Aguas Blancas, y manifestaron que la Cuarta Transformación los engañó con que habría justicia, pero se sigue viviendo en un México y un Guerrero de impunidad.
La marcha salió a las 10 de la mañana del toril de Aguas Blancas al Vado donde 17 campesinos fueron asesinados el 28 de junio de 1995 durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
Bajo las consignas “Aguas Blancas no se olvida”, “Gobierno asesino que matas campesinos”, “Ni perdón, ni olvido castigo a los asesinos”, los manifestantes marcharon en la carretera que lleva al Vado bajo los intensos rayos del sol.
La marcha tardó casi una hora en llegar al lugar del mitin donde fue colocada una corona de flores en el monumento levantado para los caídos, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación pacífica por la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez (quien todavía sigue desaparecido), así como para exigir insumos para el campo.
Ayer en un mitin en el monumento levantado en memoria de los campesinos masacrados por la Policía Motorizada, el sobreviviente y uno de los fundadores de la OCSS, Hilario Mesino Acosta dijo que sigue la impunidad mientras “el chacal” de Rubén Figueroa Alcocer sigue “gozando de todo y abrazándose con (Félix Salgado) Macedonio, quien nos prometió justicia en el caso de Aguas Blancas, que iba a retomar el caso Aguas Blancas, pero fue pura mentira”.
Mesino Acosta dijo que uns fueron los hechos de hace 28 años en los que fueron asesinados los 17 campesinos y más de 23 heridos, pero después de la masacre siguieron encarcelando, y “apretaron más la represión y empezaron a desaparecer y a asesinar a los campesinos”.
Recordó que fueron asesinados sus hijos Miguel Ángel y Rocío Mesino mientras “el chacal” sigue gozando de la libertad, por eso convocó a los presentes a no dar un paso atrás, “se tiene que seguir la lucha para lograr la justicia”.
“Se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad”
Mientras que la encargada de leer el posicionamiento del acto fue Norma Mesino dijo que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó el asesinato de los campesinos a la Policía Motorizada y desde hace 28 años los grupos del poder político y económico que “se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad. Desde 1995 esta siempre la intención de enterrar el crimen de lesa humanidad cometido en contra de los campesinos”.
Señaló que de todos los gobiernos federales y estatales de todos los partidos, incluyendo a Morena, ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. “La pasividad de los gobiernos en turno demuestra su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del Vado de Aguas Blancas”.
Subrayó, “queda hoy la responsabilidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de dar continuidad a esta política de impunidad de sus antecesores o hacer justicia de una vez ante este crimen de lesa humanidad”.
Norma Mesino expuso que la OCSS y las organizaciones sociales exigen que se cumpla la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, que señala que existieron violaciones graves a las garantías y que el responsable fueron el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Indicó que la masacre de Aguas Blancas es una grave violación al derecho a la vida, exigió verdad y justicia para los asesinados en el Vado de Aguas Blancas; justicia para los asesinatos de Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Avecedo, Arturo Hernández Cardona y todos los crímenes políticos.
Demandó la libertad de los sobrevivientes de la masacre e integrantes de la OCSS, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la libertad de todos los presos políticos, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, Tita Radilla Martínez dijo que han pasado 49 años de la detención y desaparición de su padre Rosendo Radilla por soldados del Ejército en Atoyac, y que México sigue en la impunidad porque a pesar de que se tuvo una sentencia de la Corte Interamericana no se ha podido tener justicia.
Mencionó que se creó una Fiscalía Especial que no “sirvió para nada porque no hubo ningún caso esclarecido ni ningún responsable sujeto a proceso. Como todos los casos la impunidad es total y tenemos un México impune, un México que desde ayer hasta hoy es el mismo. Los responsables de procurar la justicia son los mismos que han estado siempre, sólo se cambio a los jefes, pero las mismas políticas anteriores son las de ahora para culpar a los compañeros presos políticos”.
La activista dijo que las organizaciones tienen que seguir en la lucha, pero “juntos, tratando de que no nos agarren separados”.
Expuso que para el caso de los desaparecidos se creó la Comisión de la Verdad, pero lamentablemente no tiene avances sustanciales, es mínimo lo que han hecho y no se tiene una fiscalía que dé fe cuando se hacen las diligencias de las evidencias que puedan encontrarse, y “por lo tanto no tienen ninguna validez jurídica y eso es la falta de voluntad política del Estado mexicano”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se instaló la Comisión de la Verdad, dijo que cada dos meses “estaría con nosotros revisando ese proceso y hoy no quiere recibirnos, solamente tres reuniones hemos tenido con él desde el inicio, pero hoy no quiere recibirnos”.
Recordó que la situación es muy difícil y ejemplificó que su colectivo tiene cien casos, pero la mayoría ha muerto, nada más tienen a cinco mamás y papás no tienen ninguno, la mayoría están enfermos.
Señaló que un dolor como el que han pasado crea enfermedades y como nunca han sido atendidos los casos, la gente está muy enferma, es una “situación bastante grave y el Estado mexicano no se ha hecho cargo de atender este proceso”. Indicó que en su caso no hay una investigación efectiva que pueda dar con el paradero de su padre y los cientos de desaparecidos del país.
Tita Radilla expuso que se vive una situación grave en el país con miles de personas desaparecidas y que están en los semefos, pero el Estado no es capaz de identificarlos y entregarlos a la familia.
“Es muy difícil ver a las familias cómo andan rascando la tierra, moviendo piedras en los lugares más difíciles y muchos de los cuerpos están en esos semefos, por lo que es urgente que se tome en cuenta esa situación”.
La hija de Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández dijo que tienen el deber moral de seguir luchando por la justicia en los crímenes de sus familiares. La actividad concluyó poco después de la 1 de la tarde.
Familiares de presos e integrantes de la OCSS en conferencia de prensa en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, anunció que terminará el plantón que está desde el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque en una reunión el lunes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó facilitar la liberación de los presos políticos Orlando Ávila y Gilberto Aguirre.
“El acuerdo al que se llegó ayer es que se va a liberar a dos compañeros. (son) El compañero Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, se les va a facilitar su proceso para que puedan salir en libertad”, dijo Mesino.
Aclaró que en el caso del preso Antonio Barragán Carrasco se seguirá trabajando para resolver las causas por las que se le acusa, y solicitó que apoyo para dar difusión a la situación que presenta.
“En el caso de Antonio Barragán Carrasco vamos a intensificar una campaña por su libertad, le pedimos a todos los medios que nos apoyen a darle difusión, es un preso inocente que lleva más de 21 años en la cárcel”, explicó Norma Mesino.
Agregó que la reunión del lunes se llevó a cabo con Cresencio Jiménez y Facundo Santillán, intengrantes de la Secretaría de Gobernación. Indicó que continuarán buscando la libertad de sus compañeros.
“Desde nuestro estado, la lucha por la libertad de cada uno de nuestros compañeros que ya no pueden estar en la cárcel, no podemos hablar de transformación si no hay justicia, no podemos hablar de transformación cuando hay presos en el estado”, expuso.
De igual forma aseguró que la OCSS ha resultado agraviada por el estado de Guerrero y el país, resaltando que hay más de 500 personas que mantienen el estatus de desaparecidas en la entidad.
“La OCSS ha sido una de las organizaciones más agraviadas del estado y del país, nosotros como militantes de esta organización, somos hijos, somos nietos, somos familiares de los más de 500 desaparecidos en el estado de Guerrero”, comentó.
Mediante un posicionamiento escrito, la OCSS indicó que los acuerdos alcanzados en conjunto con la Secretaría de Gobernación, resultaron en la gestión y trámites necesarios para la liberación de los apresados.
“En este sentido, los acuerdos a los que se comprometieron los funcionarios de las dependencias fueron: gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Agua Blancas”, manifestaron.
Expresaron que en la reunión se establecieron y pactaron compromisos con los funcionarios de las instituciones y visitarán Morelos y Guerrero para dialogar con las instancias correspondientes y agilizar los procedimientos.
En la reunión se establecieron una serie de compromisos, “en los que los funcionarios de las dependencias mencionadas se trasladarán a los estados de Morelos y de Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros tres compañeros obtengan su pronta libertad”, indicaron.
Dos de los cuatro presos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, calificaron como “procedentes” por el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía, informó ayer la dirigente de la organización, Norma Mesino.
La dirigente de la OCSS y el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, se reunieron el martes con el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión de Amnistía, Crescencio Jiménez Núñez, así como con el titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Facundo Santillán Julián.
Entrevistada por teléfono, Norma Mesino informó que los funcionarios les informaron que de 28 expedientes de presos en el país que se revisaron, sólo 15 fueron calificados “procedentes” y de ellos dos son de la OCSS.
Sin embargo, para no entorpecer sus procesos omitió los nombres de los posibles beneficiarios, además dijo, porque la OCSS y la APPG van a seguir insistiendo en que deben de ser beneficiarios los cuatro miembros de esa organización.
La OCSS ha venido exigiendo la libertad de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
Norma Mesino informó que les explicaron que antes de que sean liberados los dos que resultaron beneficiarios deben seguir una ruta legal, aunque aclaró que de ambos la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que documentó sus casos, ya les integró una carpeta maestra en las que comprobó la práctica de la tortura para obligarlos a que se declararan culpables de los presuntos delitos de secuestro y homicidio.
“Sólo se está buscando la manera de seguir la ruta legal”, insistió.
“Hemos estado en comunicación con el Comité de Pre liberación y lo que le pedimos fue saber cuál es el procedimiento que está buscando el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía”, informó.
Es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal
Con respecto al caso de Gerónimo Hernández Refugio, a quien el martes la jueza de Ejecución de Penas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Maritza Jiménez Santiago le dictó una sentencia de tres años más de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, calificó que es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal.
Dijo que se esperaba que el integrante de la OCSS, preso en el penal de Chilpancingo, cumpliera su sentencia por el presunto delito de secuestro este diciembre, pero ahora con la nueva sentencia estaría saliendo hasta en el 2025.
La dirigente de la OCSS informó que, sin embargo, con la apelación que promovió el abogado Hegel Mariano Ramírez “estamos buscando que ya se libere”.
Se quejó de que en Guerrero no hay voluntad, a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dado mensajes de que los presos políticos sean puestos en libertad, “son precisamente las instancias de procuración de justicia las que están obstaculizando los procesos”, denunció.
Agregó que con respecto a Orlando Ávila Mesino, que también está preso por delitos del fuero común en el penal de Acapulco, se llevó a cabo la audiencia el 25 de noviembre, cuando el juez de la causa rechazó el incidente de libertad que promovió el abogado Mariano Ramírez, y a pesar de que la instrucción quedó cerrada “estamos esperando que los jueces puedan determinar su libertad”, informó.
Organizaciones sociales, campesinas y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de Atoyac, anunciaron la integración del colectivo Fuerza Ciudadana de Atoyac, para rechazar las reformas estructurales y el gasolinazo en el municipio.
Los activistas iniciaron brigadas informativas en colonias y comunidades sobre los efectos del gasolinazo en la economía familiar, para aclarar que es falso que el incremento a los precios de las gasolinas fue una medida para no afectar los programas sociales.
Luego de reuniones municipales con varios sectores, los integrantes anunciaron en conferencia de prensa que se conforman en un solo movimiento.
Anunciaron la creación de la nueva organización, los dirigentes del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor; de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino; del Frente Atoyaquense Ciudadano, Arturo García Jiménez; y de la Coalición de Ejidos, Patricio Barrientos, se suman al nuevo frente, junto con la CETEG y la Fundación Lucio Vive.
En un documento al que dieron lectura, exponen que, ante la sorpresa del aumento de las gasolinas iniciaron por separado, pero se integran hoy en una sola fuerza para tener acciones coordinadas contra el gasolinazo y las reformas estructurales.
Argumentaron que las reformas laboral, educativa, energética, tributaria y de telecomunicaciones, promovidas por los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Enrique Peña Nieto, responden a los intereses del neoliberalismo y, “han presentado un descalabro en la vida social y económica de los mexicanos, lejos de mejorar las condiciones de los grupos más pobres y marginados en el país”.
Dijeron que el gasolinazo es apenas un ejemplo de los abusos y arbitrariedades, la impunidad, “y todos los males que perturban a los sectores de la población que hoy se encuentran en protesta y se organizan, una forma de autodefensa y de lucha, en filosofía de la resistencia, la información y participación ciudadana”.
Reiteraron su invitación a toda la población a organizarse y manifestarse de manera pacífica ante toda irregularidad que afecte a las familias, y a resistir las políticas de desinformación.
Con la Fuerza Ciudadana Atoyaquense se incorporan a las jornadas de protesta pacífica nacional, estatal y municipal, para fortalecer las brigadas de información que estarán recorriendo el municipio, explicaron.
Sostuvieron que el colectivo no tiene injerencia de partidos políticos, que la toma de decisiones es por consenso y que su objetivo es impulsar acciones que no afecten a los ciudadanos.
Dijeron que el nuevo colectivo considera tomar acciones conjuntas con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para frenar las reformas estructurales, y un acto cultural con el cantautor Gabino Palomares, en Atoyac.
El recorte presupuestal que anunció el gobierno del estado para enfrentar el gasolinazo es sólo un asunto mediático para distraer, acusaron las organizaciones sociales de Atoyac.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino considera que la verdadera causa de la crisis que se vive en el estado es la corrupción.
Mencionó el caso del desvío de recursos del erario público del municipio y del estado a la clínica contra el cáncer en Atoyac, que no se ha finalizado, además de que las dependencias no aplican los recursos en la Clínica de la Mujer, que tiene casi tres años de retraso.
Criticó que bajar los salarios de los funcionarios no es garantía, “porque ellos tienen las manos libres para robar y llevarse los recursos”.
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y Otros Referentes de Lucha hicieron un foro en la capital donde ratificaron su exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, refrendaron la unidad y pidieron atención a las demandas de los sectores populares y educativos y la construcción de una acción unitaria estatal.
En este foro denominado Por la articulación de la lucha social en Guerrero y el país donde se acordó construir los principios y un programa de lucha que pueda rescatar las demandas de todas las organizaciones sociales que conforman la Dirección Colectiva, también que se respete la autonomía de cada organización basándose en la crítica y en la autocrítica.
En esta actividad participaron el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Frente de Defensa Popular (FDP), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), damnificados del Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Universidad Pedagógica Nacional, Pensionados y Jubilados de Educación Pública, y prepas populares de El Quemado.
El evento estuvo a cargo como escrutadora la líder de la OCSS, Norma Mesino, como secretario Efraín Torres y estuvo como presidente el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez.
Nicolás Chávez indicó que ratificaron su postura que este gobierno ha estado mintiendo en las estadísticas de mortandad y de desapariciones.
También que se mantienen las demandas centrales de la exigencia de justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, castigo a los culpables y apoyo incondicional a las familias.
Agregó que continúa la demanda de libertad a los presos políticos por la unidad de la lucha en Guerrero y el país, así como la exigencia a darle solución a la huelga de los mineros de Taxco.
Resaltaron que deben atender las autoridades las demandas de los pobladores del Nuevo Balsas quienes exigen que la empresa minera Media Luna resarza los daños causados al medio ambiente, una indemnización de 500 mil pesos anuales pues además ha disminuido su principal actividad económica que es la pesca, la cual se ha reducido hasta en un 70 por ciento.
Manifestó que reivindicaron el apoyo incondicional a la libertad de expresión, la exigencia del esclarecimiento de periodistas que han sido castigados como en el caso de Carmen Aristegui “que ha sido atosigada por el Estado mexicano”.
Informó que se acordó hacer una movilización en la capital el lunes 28 de noviembre, esto ante el incumplimiento de las autoridades de demandas en los sectores populares y educativos.
Además que el 2 de diciembre se va a dar continuidad a este foro en Atoyac, en el marco de la caída del profesor y comandante del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos y del aniversario del FDP.
En este foro se retomarán los temas de las reformas estructurales, apoyo al magisterio, la unidad en todos los sectores y el planteamiento de recuperar los orígenes de las policías comunitarias como la CRAC. (Beatriz García / Chilpancingo).
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas . Foto: Francisco Magaña
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas
Francisco Magaña
Atoyac
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
La Red de Mujeres por la Salud manifestó su temor de que la entrega de la Clínica de la Mujer para la Prevención del Cáncer, en Atoyac, no sea entregada el 5 de junio próximo, fecha anunciada por las autoridades municipales y estatales, después de que fueron plantadas por el alcalde de Atoyac, Dámaso Pérez, y la procuradora de la Mujer, Imelda Pacheco, con quienes inspeccionarían el inmueble que sigue en construcción.
Integrantes de la Red, que aglutina a Raíz Zubia, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Frente de Defensa Popular, el Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de la Costa Grande, Parteras y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), visitaron las instalaciones ubicadas dentro del Hospital General Regional.
Las integrantes de las organizaciones dijeron que el proyecto que inicio en marzo de 2014, estaría lista en siete meses, según se anunció, pero a más de dos años continúan los retrasos.
Insistieron que no se requiere sólo que se concluya su obra física, sino que esté ya operando porque la garantía del mastógrafo que adquirieron autoridades de Salud, ya caducó por el retraso de más de dos años.
La integrante de Raíz Zubia, Susana Oviedo, comentó que hay una estela de corrupción en el ejercicio de los recursos de la obra, y exigió informes, porque no se conformó desde su inicio el comité de obra.
Desde 2014 les han dado diferentes fechas de entrega de la Clínica, y con su incumplimiento laceran los derechos a la salud de las mujeres, dijo la activista un día antes de la conmemoración del Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Las denunciantes consideran que ha habido irresponsabilidad del gobierno estatal y municipal, que no han aclarado los recursos que ejerce la misma constructora Orcamex, que incumplió en un sinfín de detalles del proyecto.
Recordó que en este año las autoridades les aseguraron que en mayo estaría funcionando la clínica, y al no cumplir la recorrieron al 5 de junio y pidió que se revise el presupuesto para la remodelación del Hospital General, “y que no se quiera insertar la Clínica de la Mujer en esa remodelación, o que se mezclen los recursos asignados”.
