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Está en total impunidad el asesinato de Ranferi y su familia, reclaman a seis años del crimen

Familiares, amigos e integrantes de organizaciones sociales en un homenaje póstumo al dirigente asesinado Ranferi Hernández, su esposa, su suegra y su ahijado el 14 de octubre de 2017 a las afueras de Chilapa Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava

Chilapa

Han pasado seis años del homicidio del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio y su ahijado Antonio Pineda y no se sabe nada de las investigaciones, “el crimen se encuentra en total impunidad”, reclamaron familiares en la conmemoración del ataque en el que incendiaron al activista y a su familia.
Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda saldar la deuda con Ranferi Hernández y los activistas asesinados en los últimos años, e hicieron un llamado a las organizaciones a luchar contra la política de impunidad.
“Desde la época de la guerra sucia hasta los tiempos de la Cuarta Transformación sigue sin haber justicia”, expresó Diana Hernández, hija del extinto dirigente.
A las 11 de la mañana de este sábado se ofrendaron flores, velas, semillas y elotes a las cruces de las víctimas en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, donde la noche del 14 de octubre de 2017 fueron encontrados los cuerpos dentro de una camioneta en llamas.
A un año de la elección presidencial, Ranferi Hernández pertenecía al grupo Pro AMLO, junto a líderes históricos del PRD, entre ellos Félix Salgado Macedonio, ahora por segunda ocasión senador y padre de la gobernadora.
Hernández Acevedo, originario de Ahuacuotzingo, buscaba postularse a la diputación federal del distrito 06, que en el 2018 fue la única que perdió Morena en el estado.
Fue parte de la fundación del PRD en Guerrero, dirigente estatal en 1993 y diputado local plurinominal en 1995.
En el mitin de este sábado la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino mencionó:
“Con la OCSS caminamos toda una lucha con Ranferi, desde la masacre de Aguas Blancas en 1995. Ahí estuvo cuando era diputado, se puso del lado de las víctimas, sus familiares y la organización”.
“Vivimos represión, la más cruenta represión que se dio desde 1995 hasta el 2000 que fue lo más cruento. Persecución, asesinatos, desplazamientos forzados, represión y prisión”, dijo la líder social.
Ranferi, de los principales opositores, responsabilizó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer del PRI de la matanza perpetrada el 28 de junio de 1995 contra 17 campesinos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez. Fue perseguido y exiliado en 1997.
Este sábado, a seis años del asesinato, más de 100 familiares, amigos e integrantes de organizaciones sociales se reunieron para hacerle un homenaje póstumo y exigir justicia. De 11 de la mañana a 1 de la tarde estuvo cerrado el paso en la carretera estatal.
El trovador Balam Grandeño, de Tlacoachistlahuaca, abrió con Todavía cantamos de Víctor Heredia. “Todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos”.
Cerró con Yo te nombro Libertad, de Nacha Guevara, y Mataron a Jaramillo, de Judith Reyes.
El acto fue moderado por Abel López Rosas, de la Organización Campesina Vicente Guerrero y yerno de Ranferi Hernández.
Norma Mesino denunció que en este y otros casos de activistas el Estado ha negado una investigación y la justicia.
“Muchos asesinatos de activistas se han dado en el estado y ni uno solo ha sido investigado, ni un culpable ha sido castigado, por eso no debemos olvidar, debemos mantener la memoria colectiva que nos llevará a la justicia un día”.
“Ellos saben quiénes son los asesinos de Ranferi, de Luis Olivares, de Rocío (Mesino) y de otros compañeros”, señaló.
“Saben quiénes son los responsables pero no los van a tocar. La única vía es a nivel internacional para que los casos no queden en la impunidad”.
“Exigimos al gobierno estatal y federal que cumplan la deuda histórica que tienen con los familiares, con quienes dieron la vida para transformar sus pueblos y el país”, dijo la representante de la OCSS.
Micaela Cabañas Ayala, hija del profesor y dirigente guerrillero fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, y coordinadora en Guerrero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresó que gracias a los caídos se ha logrado la democracia, pero que esa democracia ha quedado a deber.
Los anteriores gobiernos han querido borrar del mapa las luchas sociales, adviritó.

Al centro Diana Hernández, hija del dirigente Ranferi Hernánez dio el mensaje principal en la conmemoración de su aniversario luctuoso, la flanquean Norma Mesino y Micaela Cabañas Foto: Luis Daniel Nava

“Somos esa semilla que germina día a día, pero germina con este gran dolor que no se acaba, que no se va, porque perdimos una vida”, siguió.
“Los hijos (de los luchadores sociales) no vamos a defraudarlos, vamos a poner muy en alto la lucha social de nuestros antecesores que fueron dignos representantes de la lucha social y murieron en ese intento”, expresó Cabañas Ayala.
Al iniciar su participación Diana Itzel Hernández, hija del extinto matrimonio, lloró, “hemos recibido el trato más inhumano”, dijo.
“No es una demanda personal, material ni económica, es una demanda popular de justicia (por el múltiple homicidio) por el sentimiento de cariño, de respeto, de libertad”.
“Se cumplen seis años del asesinato de mi papá, Ranferi Hernández Acevedo, y mamá Lucía Hernández Dircio, de mi abuelita Juanita Dircio Barrios y del ahijado de mis papás, Antonio Pineda Patricio”.
“Hace seis años fueron interceptados por hombres armados, quienes se los llevaron para torturarlos durante varias horas y después asesinarlos e incendiar sus cuerpos. En este sitio fue donde encontramos sus cuerpos”, recordó.
Señaló que “a seis años de estos hechos, el caso se encuentra en total impunidad… podemos decir que desde la época de la guerra sucia hasta los tiempos de la Cuarta Transformación sigue sin haber justicia. Sabemos que a los gobernantes del partido en el poder no les gusta que se les compare con los gobiernos del pasado, pero pregunto: ¿se ha hecho justicia?, ¿los responsables materiales e intelectuales de los diferentes crímenes se encuentran cumpliendo alguna condena en alguna cárcel?”, cuestionó.
“Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que salden la deuda con las diferentes generaciones de guerrerenses que han dado su vida por cambiar este país”, demandó.
Finalmente Diana Hernández, ex candidata a diputada local por Morena hizo un llamado a la unidad de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, así como a los familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos para luchar en contra de la política de impunidad que persiste en la actualidad.
También estuvieron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, el diputado plurinominal de Morena y sobreviviente de la masacre y desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014, Manuel Vázquez Arrelllano y Bernabé Abraján, padre del estudiante desaparecido de Ayotzinapa, Adán Abraján de la Cruz.
Acudió el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame y el líder transportista Apolinar Segueda, así como representantes de Tlachinollan, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las organizaciones Solidarios de la Voz del Amate de Chiapas y de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
Llegaron vecinos de la comunidad de Nejapa, de donde era originario el joven Antonio Pineda, recitaron el Padre Nuestro de los mártires y la Oración del Campesino. Al final los presentes entonaron el himno Venceremos.

Propone la APPG que la hija de Ranferi Hernández reciba la Presea Popular

Luis Daniel Nava

Chilapa

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) propuso por unanimidad que Diana Itzel Hernández, hija del asesinado dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, reciba la presea popular Sentimientos del Pueblo, en su décimo sexta edición.
“Es un acto de rebeldía y exigencia de justicia. El sistema jamás va a luchar por el bien del pueblo. No se ve el cambio. Todo el sistema de justicia está podrido, encarcelan a los compañeros y los delincuentes andan en las calles con la complacencia de todas las autoridades”, dijo al recibir la propuesta, este sábado en Chilapa.
La iniciativa fue presentada a Diana Hernández e integrantes de la Organización Campesina Vicente Guerrero, que fundó su padre, la mañana de este sábado, en el punto de la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo donde se colocaron cuatro cruces conmemorativas para recordar que allí fue encontrado sin vida el 14 de octubre de 2017, junto con su esposa Lucía Hernández; la mamá de ésta, Juana Dircio, y el joven Antonio Pineda.
Ahí, Raúl Nájera Nájera, el coordinador y presidente del Consejo Político de la APPG, Nicolás Chávez Adame, expusieron que Diana Hernández es hermana del movimiento social en el estado.
“Reconocemos su trayectoria de lucha. Por tal motivo, creemos que su digna familia tiene que ser reconocida por el legado de su lucha incansable, que dejó en favor de los campesinos, ejidatarios y sectores vulnerables de nuestro pueblo”.
Por unanimidad, las organizaciones sociales que integran la APPG propusieron a la hija de Ranferi Hernández que reciba la Presea Popular Sentimientos del Pueblo, el próximo 13 de septiembre.
“Por la lucha social de Guerrero, será un gran honor que usted acepte esta modesta distinción, que es del conocimiento público, que esta presea es elaborada por los mineros que el 30 de julio cumplieron 16 años de huelga, al lado de sus dignas familias y valientes esposas, Las Guerreras de Plata”, leyó el líder de la APPG y actual funcionario estatal, Nicolás Chávez.
Los representantes de la APPG recordaron que este reconocimiento surgió en 2007, cuando el gobernador postulado por el PRD, Zeferino Torreblanca, propuso que la presea Sentimientos de la Nación, que entrega el Congreso del Estado en honor de José María Morelos, se le diera a la escritora Elena Poniatowska.
Pero ésta la rechazó, cuando una hija de Pablo Sandoval Cruz (1926-2020) le expuso que su padre la merecía por la lucha y amor a su estado.
Ese año, el mandatario declaró desierta la entrega y la APPG decidió que la presea, ahora “popular”, la entregaría el pueblo. La primera en recibirla fue Rosario Ibarra de Piedra.
Frente a las cruces de Ranferi Hernández y sus tres cercanos, Diana Hernández dijo que la entrega de la medalla representa un acto de rebeldía y exigencia de justicia.
“Me siento muy conmovida. El reconocimiento es hacia mi papá y los compañeros que han resistido la represión, discriminación y que han sido golpeados y perseguidos por el Estado, que son presos políticos por levantar la voz, por luchar”, dijo.
“Perdimos a nuestros familiares y estamos de pie. Sabemos que las injusticias siguen, los pueblos ya no tienen libertad, no existe la libertad de expresión, las mujeres siguen siendo violentadas, los campesinos olvidados, desprotegidos y mal pagados”, agregó. “Sabemos que el sistema jamás va a luchar por el bien del pueblo, los vemos hacer como que trabajan, pero en realidad no se ve ese cambio, menos en el tema de justicia. No lo hay”.
Finalizó: “Todo el sistema de justicia está podrido, encarcelan a los compañeros y los delincuentes andan en las calles, libres como si nada, con la complacencia de todas las autoridades”.
La activista Diana Itzel es licenciada en Comunicación y tiene un posgrado en Educación. Fue candidata por Morena a diputada local por Chilapa y José Joaquín de Herrera, y es funcionaria del gobierno de Evelyn Salgado.
Respecto a la investigación por el múltiple crimen, el integrante de la organización Vicente Guerrero, Abel López Rosas, dijo que por parte de la Fiscalía no ha habido avances y que siguen en espera de que el equipo argentino de antropología forense entregue los resultados de una necropsia independiente, que lleve a la verdad de los hechos.
Al final, los asistentes cantaron el Himno Nacional y el himno Venceremos, luego lanzaron consignas y exigieron al unísono justicia. Una de las familiares de las víctimas realizó una oración.

Marchan en Aguas Blancas a 28 años de la masacre; denuncian que sigue la impunidad con la 4T

Integrantes de organizaciones sociales luego de la marcha a 28 an?os de la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas en la sierra de Coyuca de Benítez Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Aguas Blancas, Coyuca de Benítez

Alrededor de 200 personas marcharon para conmemorar el 28 aniversario de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el Vado de Aguas Blancas, y manifestaron que la Cuarta Transformación los engañó con que habría justicia, pero se sigue viviendo en un México y un Guerrero de impunidad.
La marcha salió a las 10 de la mañana del toril de Aguas Blancas al Vado donde 17 campesinos fueron asesinados el 28 de junio de 1995 durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
Bajo las consignas “Aguas Blancas no se olvida”, “Gobierno asesino que matas campesinos”, “Ni perdón, ni olvido castigo a los asesinos”, los manifestantes marcharon en la carretera que lleva al Vado bajo los intensos rayos del sol.
La marcha tardó casi una hora en llegar al lugar del mitin donde fue colocada una corona de flores en el monumento levantado para los caídos, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación pacífica por la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez (quien todavía sigue desaparecido), así como para exigir insumos para el campo.
Ayer en un mitin en el monumento levantado en memoria de los campesinos masacrados por la Policía Motorizada, el sobreviviente y uno de los fundadores de la OCSS, Hilario Mesino Acosta dijo que sigue la impunidad mientras “el chacal” de Rubén Figueroa Alcocer sigue “gozando de todo y abrazándose con (Félix Salgado) Macedonio, quien nos prometió justicia en el caso de Aguas Blancas, que iba a retomar el caso Aguas Blancas, pero fue pura mentira”.
Mesino Acosta dijo que uns fueron los hechos de hace 28 años en los que fueron asesinados los 17 campesinos y más de 23 heridos, pero después de la masacre siguieron encarcelando, y “apretaron más la represión y empezaron a desaparecer y a asesinar a los campesinos”.
Recordó que fueron asesinados sus hijos Miguel Ángel y Rocío Mesino mientras “el chacal” sigue gozando de la libertad, por eso convocó a los presentes a no dar un paso atrás, “se tiene que seguir la lucha para lograr la justicia”.

“Se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad”

Mientras que la encargada de leer el posicionamiento del acto fue Norma Mesino dijo que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó el asesinato de los campesinos a la Policía Motorizada y desde hace 28 años los grupos del poder político y económico que “se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad. Desde 1995 esta siempre la intención de enterrar el crimen de lesa humanidad cometido en contra de los campesinos”.
Señaló que de todos los gobiernos federales y estatales de todos los partidos, incluyendo a Morena, ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. “La pasividad de los gobiernos en turno demuestra su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del Vado de Aguas Blancas”.
Subrayó, “queda hoy la responsabilidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de dar continuidad a esta política de impunidad de sus antecesores o hacer justicia de una vez ante este crimen de lesa humanidad”.
Norma Mesino expuso que la OCSS y las organizaciones sociales exigen que se cumpla la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, que señala que existieron violaciones graves a las garantías y que el responsable fueron el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Indicó que la masacre de Aguas Blancas es una grave violación al derecho a la vida, exigió verdad y justicia para los asesinados en el Vado de Aguas Blancas; justicia para los asesinatos de Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Avecedo, Arturo Hernández Cardona y todos los crímenes políticos.
Demandó la libertad de los sobrevivientes de la masacre e integrantes de la OCSS, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la libertad de todos los presos políticos, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, Tita Radilla Martínez dijo que han pasado 49 años de la detención y desaparición de su padre Rosendo Radilla por soldados del Ejército en Atoyac, y que México sigue en la impunidad porque a pesar de que se tuvo una sentencia de la Corte Interamericana no se ha podido tener justicia.
Mencionó que se creó una Fiscalía Especial que no “sirvió para nada porque no hubo ningún caso esclarecido ni ningún responsable sujeto a proceso. Como todos los casos la impunidad es total y tenemos un México impune, un México que desde ayer hasta hoy es el mismo. Los responsables de procurar la justicia son los mismos que han estado siempre, sólo se cambio a los jefes, pero las mismas políticas anteriores son las de ahora para culpar a los compañeros presos políticos”.
La activista dijo que las organizaciones tienen que seguir en la lucha, pero “juntos, tratando de que no nos agarren separados”.
Expuso que para el caso de los desaparecidos se creó la Comisión de la Verdad, pero lamentablemente no tiene avances sustanciales, es mínimo lo que han hecho y no se tiene una fiscalía que dé fe cuando se hacen las diligencias de las evidencias que puedan encontrarse, y “por lo tanto no tienen ninguna validez jurídica y eso es la falta de voluntad política del Estado mexicano”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se instaló la Comisión de la Verdad, dijo que cada dos meses “estaría con nosotros revisando ese proceso y hoy no quiere recibirnos, solamente tres reuniones hemos tenido con él desde el inicio, pero hoy no quiere recibirnos”.
Recordó que la situación es muy difícil y ejemplificó que su colectivo tiene cien casos, pero la mayoría ha muerto, nada más tienen a cinco mamás y papás no tienen ninguno, la mayoría están enfermos.
Señaló que un dolor como el que han pasado crea enfermedades y como nunca han sido atendidos los casos, la gente está muy enferma, es una “situación bastante grave y el Estado mexicano no se ha hecho cargo de atender este proceso”. Indicó que en su caso no hay una investigación efectiva que pueda dar con el paradero de su padre y los cientos de desaparecidos del país.
Tita Radilla expuso que se vive una situación grave en el país con miles de personas desaparecidas y que están en los semefos, pero el Estado no es capaz de identificarlos y entregarlos a la familia.
“Es muy difícil ver a las familias cómo andan rascando la tierra, moviendo piedras en los lugares más difíciles y muchos de los cuerpos están en esos semefos, por lo que es urgente que se tome en cuenta esa situación”.

La hija de Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández dijo que tienen el deber moral de seguir luchando por la justicia en los crímenes de sus familiares. La actividad concluyó poco después de la 1 de la tarde.

Retiran organizaciones plantón en Casa Guerrero tras acuerdos donde media Félix

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de organizaciones sociales que marcharon el lunes y se habían instalado en plantón afuera de la Puerta Uno de Casa Guerrero, levantaron su protesta a las 5: 45 de la tarde de ayer después de una reunión con el senador morenista Félix Salgado Macedonio, con quien asumieron acuerdos.
Una comisión de dirigentes de las organizaciones se reunió con el senador en el restaurante el Mesón de Carolina, a partir de las 3 de la tarde, y se enlazó vía whatsapp la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó por teléfono el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Dijo que de entrada acordaron con el senador, padre de la gobernadora, una mesa de trabajo para este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, para tratar el caso de los presos políticos que reclama la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
También se incluirá el caso del discapacitado y vecino del fraccionamiento Nuevo Mirador, Ciriaco García Nava, quien se encuentra en mal estado de salud y requiere atención médica.
Según Chávez Adame “existe la posibilidad de que con la intervención de la gobernadora Salgado Pineda se liberen a los presos, por la instrucción que ya existe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Chávez Adame informó que también plantearon la intervención de Salgado Macedonio en el asunto de los mineros de Taxco que ya llevan 15 años en huelga, aunque en este caso como se trata de un asunto federal no hubo compromisos.
Otro de los acuerdos fue la construcción de “espacios históricos”, como en la alameda Francisco Granados Maldonado, donde inició el movimiento de 1960 que dio origen a la autonomía universitaria; En El Otatal, municipio de Atoyac, para recordar la lucha del Lucio Cabañas Barrientos; así como en el lugar donde fue asesinado el luchador social Ranferi Hernández Acevedo en Chilapa, y en el vado de Aguas Blancas, donde ocurrió la masacre el 28 de junio de 1995.
Dijo que acordaron instalar una mesa de diálogo para “revisar los territorios de memoria histórica y no sean violentados por ningún gobernante de los tres niveles” y, por el contrario, que se diseñen museos en memoria de los caídos.
Con respecto a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJAG) que piden cumplimiento al laudo laboral 662/2013 emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que el acuerdo fue instalar una mesa el jueves con la participación de la Secretaria de Gobierno.
Con respecto a la demanda del grupo de desplazados por grupos delictivos de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán que se sumó al movimiento, acordaron buscar la donación de un predio a través de Invisur o del comisariado ejidal de Tecpan para su reubicación “y tengan seguridad social y económica”.
Otro de los acuerdos fue la instalación de una mesa de diálogo con los egresados de las distintas escuelas normales con la secretaria de Finanzas de la Secretaría de Educación para revisar el otorgamiento de sus nombramientos y tengan derecho al acceso de sus bases.
Además, por separado, se revisará la petición de las autoridades comunitarias de la sierra del municipio de Chilpancingo y de la Costa Grande que piden proyectos productivos, la construcción de tramos carreteros y revisar la falta de maestros y de centros de salud, así como medicamentos.
Chávez Adame, informó que acordaron, además que la señora Gloria Orioso, quien tenía la administración de la cafetería del hospital Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, y que fue desalojada el año pasado, regresara a su local en abril por un tiempo de dos años, “para recuperar” sus pérdidas.

Piden peritos independientes para la necropsia y exhumación del cuerpo de Ranferi Hernández

A seis meses del múltiple homicidio de Ranferi Hernández Acevedo y tres de sus familiares, la Organización Campesina Vicente Guerrero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la exhumación y necropsia de los cuerpos la realicen peritos independientes, así como que se haga en otras instalaciones, para tener un análisis serio, científico y poder esclarecer los hechos.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos”, consignó en un comunicado la organización que Ranferi Hernández constituyó en 2015.
En el texto se recuerda que este 14 de abril se cumplieron seis meses del asesinato del fundador de la organización, Ranferi Hernández Acevedo; su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, de 94 años, Juana Dircio Barrios, y su ahijado, el joven Antonio Pineda Patricio, cuando el 14 de octubre se trasladaban a Chilapa por la carretera que conecta a Ahuacuotzingo.
“A seis meses de estos hechos, la situación de violencia, tanto en la región de Chilapa, como en el estado de Guerrero y en todo el país, lejos de detenerse, se ha incrementado. Esto nos muestra el interés consciente del Estado mexicano por mantener esta situación”.
“Se trata de una guerra contra el pueblo mexicano en su conjunto, que lo denominado, a través de los medios de comunicación de paga, como ‘pugnas entre grupos del crimen organizado’, tiene como objetivo el sometimiento de la población a través del miedo. Se trata de una estrategia contrainsurgente que busca la aniquilación de la protesta social”.
De este modo se busca asegurar la implementación de las contra reformas neoliberales aprobadas en este sexenio, señala. Reformas que pretenden entregar por completo los recursos de la nación al capital extranjero y privatizar los servicios públicos, como el agua y la educación.
“El asesinato de nuestros compañeros se inscribe dentro de esta política de terror, al igual que el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, en el que asesinaron a tres estudiantes, desaparecieron a 43 y varios resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en coma desde que sucedieron los hechos”.
“Se inscribe ahí el caso de los dirigentes campesinos asesinados en el presente sexenio: Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Raymundo Velázquez. Todos asesinatos selectivos que en su momento fueron denunciados por nuestro dirigente”.
En todo el país, menciona, los casos de los periodistas asesinados Miroslava Breach, Javier Valdez y Rubén Espinosa; así como la masacre de Nochixtlan, Oaxaca.
Esta guerra ha sido aplicada contra los sectores que luchan contra el sistema opresor, como campesinos, estudiantes, periodistas, maestros, mujeres, defensores de derechos humanos y ecologistas, indica.
Respecto a la investigación del caso Ranferi Hernández, agrega el comunicado, “respaldamos (la postura de) la familia del compañero y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que han planteado que la exhumación y necropsia de los cuerpos tiene que realizarse con la participación de peritos independientes, para tener un análisis serio y científico que lleve a la verdad de estos hechos, así como a la detención de los autores materiales e intelectuales de esta vil masacre”.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos. Como ejemplo están los sacerdotes asesinados en Taxco que fueron, sin ninguna investigación previa, acusados de pertenecer al crimen organizado o el caso de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, a quienes se les fabricaron pruebas para encarcelarlos, cuando ellos fueron los atacados”.
Consultados por separado, familiares de Ranferi Hernández confirmaron que están haciendo las gestiones y solicitarán a la FGE que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realice la exuhumación y la necropsia.
“Queremos saber si fueron torturados y la forma en que murieron. Estaban atados de pies y manos y la Fiscalía del estado lo único que quiere es determinar si los cuerpos tienen orificios de bala, la causa de su muerte y pruebas, dicen ellos, para proceder”.
Revelaron que en noviembre, diciembre y enero pasados, la FGE urgió a la familia a realizar la exhumación de los cuerpos, pues se iban a borrar las huellas del delito.
La familia justificó que ellos y los peritos argentinos tienen conocimiento que la FGE no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar los estudios, además de que el Servicio Medico Forense está saturado.
El comunicado concluye con el poema Ante la ilícita noche en memoria a Hernández Acevedo, compuesto por el maestro Leonel Manzano Sosa, preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Quiero cantar con mis coplas y el pesar del corazón, la historia de un hombre digno en un monto de emoción / Rama seca, hoja de palma ¿por qué visten nuestros cantos con la tristeza del odio y ráfagas del corsario? / Por los caminos del sur anduvo un hombre incesante, de pueblo en pueblo sembrando la semilla delirante / Que derribaba alambrados que censuraba el simulo, una ovación hoy te brindo sin elogio y con orgullo”, versan algunas estrofas del extenso escrito.

Hubo en Guerrero ocho ejecuciones por motivos políticos en 2017, según ONG de derechos humanos

La organización defensora de derechos humanos, Comité Cerezo México, informó que en 2017 en Guerrero ocurrieron el mayor número de ejecuciones “extrajudiciales” en todo el país, entre ellos la del dirigente Ranferi Hernández Acevedo.
Afirma que en la entidad ocurrieron ocho y en los otros estados 40, y advierte que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se incrementarán los casos en 2018.
En su informe publicado en su página de Internet, la organización dio a conocer que en el año que acaba de concluir ocurrieron en todo el país 48 asesinatos perpetrados por agentes del Estado, en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Explica que “la ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social, mediante el terror y de la represión política en México”.
En el informe se apunta que ocho de los 48 casos ocurrieron en Guerrero. El número de homicidios coloca al estado en el primer lugar en el país, con seis asesinatos cada uno le siguen Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.
El Comité Cerezo México hace referencia al caso de Ranferi Hernández Acevedo, fundador del PRD en Guerrero y dirigente de la Organización Independiente Campesina Vicente Guerrero, asesinado en octubre pasado junto a su esposa y otras dos personas.
“Viejo luchador social, quien debido a la represión contrainsurgente de los años noventa en Guerrero estuvo exiliado en Francia, y quien fue asesinado junto con su familia a escasos 500 metros de un retén militar”, dice el informe.
Señala que “como nunca en los años anteriores que se han documentado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos presentan una cifra tan elevada”.
El total de “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en 2017 suman 48, y fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado, se lee en el informe de la organización.
Continúa que es claro que a partir del inicio del sexenio actual del priista Enrique Peña Nieto se han intensificado las propuestas de ley “que violan legalmente” los derechos humanos, y criminalizan “el derecho humano a la protesta”.
En el informe se menciona que existe una estrategia de represión política, y ejemplifica con el Protocolo para el Control de Multitudes de la Ciudad de México, la llamada Ley Bala en Puebla, así como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, y otras entidades.
Las estadísticas proporcionadas por la organización advierten que el año pasado fueron ejecutados en el país 18 defensores de derechos humanos, diez periodistas, cuatro activistas que demandaban elecciones libres y democráticas, dos defensores del medio ambiente, tres líderes sociales, tres defensores de los derechos laborales, “entre otros”.
También advierte que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior existe el riesgo de que las violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales incrementen en 2018.
En el informe se lee que “la Ley de Seguridad Interior no sólo legaliza las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, sino que ensancha el marco de impunidad que permitiría el uso de la ejecución extrajudicial”.
“Si bien con los resultados de años anteriores existen elementos para suponer que la tendencia incrementará en 2018, hay factores que también podrían influir para que las cifras reduzcan, como el proceso electoral”, agrega.
“El ambiente electoral puede influir, como en otros años, para que el Estado mexicano se auto limite en el uso de la ejecución extrajudicial debido al costo político que genera, no en el electorado, sino en la estrategia de golpeteo que usualmente aprovechan los diferentes partidos políticos en el marco de la lucha por el poder político en México”, adelanta el informe.
Considera el “costo político” que podría generarle al gobierno la mirada internacional de organismos de derechos humanos que vigilan la situación que enfrenta el país en la materia.
“Lo que sí queda claro si se analizan las cifras desde el 2008, así como la tendencia al alza de los casos por año y el marco legal de impunidad cada vez más amplio, es que el defensor de derechos humanos que afecte los intereses políticos (léase económicos neoliberales) que impulsa y protege de manera acelerada el Estado mexicano, es una potencial víctima de una ejecución extrajudicial”, dice el informe.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.