Etiqueta: Ejército mexicano

Debería haber un acto de contrición del Ejército por lo que hizo en el pasado: Carlos Pérez Vázquez

Ilustración: Rocío Urtecho

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El caso de los vuelos de la muerte es un eslabón más de la larga cadena de abusos de parte de las fuerzas armadas, la cuales tuvieron un punto muy relevante –en términos históricos– durante la guerra sucia, considera Carlos Pérez Vázquez, experto en temas de justicia y derechos humanos.
En un lapso de cinco años, de 1974 a 1979, el Ejército mexicano “realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, una operación mediante la cual cientos de mujeres y hombres que habían sido ejecutados momentos antes con un disparo en la nuca fueron lanzados al océano Pacífico, aun cuando algunas todavía vivían”, como consta en el reportaje de Fábrica de Periodismo publicado por El Sur el 27 de noviembre pasado.
“Con base en documentos de una investigación militar celosamente guardada durante más de 20 años, que incluye testimonios directos de los militares que participaron en ese tipo de vuelos, es posible acercarse por primera vez al número real de guerrilleros y disidentes políticos ejecutados extrajudicialmente por el Estado mexicano durante esos años de la guerra sucia”, reveló el texto titulado “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte”.
Ante la evidencia oficial que confirma esos hechos, la indignación siempre es la primera impresión, enfatiza Pérez Vázquez. “Es imposible no sentirse indignado. Los vuelos de la muerte son un fenómeno del que se ha hablado ya, uno sabía que existían, de alguna manera era un poco el conocimiento clandestino, de boca en boca. Pero ya viéndolo reflejado en un reportaje tan bien armado, respaldado y documentado, pues lo primero que causa es indignación.
“Luego, uno esperaría que generara sorpresa, pero no genera porque uno sabe perfectamente que esto es solamente un episodio más, un eslabón más de la larga cadena de abusos por parte de las fuerzas armadas, en particular el Ejército, que sí, que tuvieron un punto muy relevante, históricamente hablando, durante la guerra sucia”.
El ex integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, insiste: “En el funcionamiento permanente de las fuerzas armadas hay innumerables episodios de abuso, arbitrariedad, que involucran homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desde después de la Revolución mexicana hasta la fecha.
“La democracia que creíamos nosotros era un sistema electoral simulado, todo lo que llamó (Mario) Vargas Llosa la dictadura perfecta. Sí, al igual que una dictadura militar como pasaba en Argentina o Chile o Brasil, en México los militares pueden hacer esto con total impunidad como lo hicieron.
“Entonces, no genera indignación, no genera sorpresa, pero al mismo tiempo, dentro de todo, hay un atisbo de esperanza a partir del texto, porque permite entrever rutas hacia el futuro para tratar de seguir desenredando la maraña”.
Una narrativa nacional
para un futuro diferente

El Ejército mexicano está empoderado, cada vez con más facultades; tiene las armas, el dinero y los intereses que representa, advierte el también abogado.
“Uno podría esperar una postura del Ejército ante este reportaje, ante este tipo de información, que ya es sólida, es incuestionable, y hasta el día de hoy, digo, acaba de salir pero no ha habido un desmentido oficial” del lado de los militares, “lo cual habla de que deberán estar calculando qué hacen, si lo dejan pasar o si dicen algo”.
–¿El Ejército debería de perdir una disculpa? –se le pregunta a Pérez Vázquez.
–El reportaje, el documento, es lo suficientemente fuerte como para hacernos pensar en que lo mínimo que debería seguir hacia el futuro es un acto de contrición por parte de las fuerzas armadas respecto a lo que hicieron en el pasado y que explica en buena medida el lugar en el que hoy se encuentran. Un acto en el hagan un reconocimiento público de lo que hicieron. Al menos que se disculpen por las muertes que ocasionaron, que lo reconozcan, pues, ese papel deleznable que han tenido, porque mientras eso no ocurra la injusticia aumenta.
Cada día que pasa sin que el Ejército reconozca lo que ha hecho, subraya el especialista, “la injusticia no solamente permanece, sino que va creciendo. No, no está congelada la injusticia. Está viva. Entonces, lo menos que uno podría esperar es que ante estas evidencias se haga algo. Lo que sí es que sufren un daño reputacional. Y al Ejército le importa mucho tener una buena reputación, gasta mucho dinero para tenerla.
–Las revelaciones en “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte” se basan en documentos oficiales.
–El artículo no dice que esté cerrada la investigación y esto demuestra lo valiosos que son esos documentos que tienen las autoridades para efectos de conocer qué pasó, conocer la verdad y establecer claramente quiénes fueron los responsables y obviamente construir una teoría de qué pasó en estos años, por qué hicieron lo que hicieron, cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron las consecuencias.

La FGR también debe
decir qué está haciendo

Los que se ha dado a conocer “es información oficial” y eso, destaca Pérez Vázquez, “es muy relevante, porque le da toda la solidez al artículo. Los documentos contienen información valiosísima para entender la historia del país y para pensar las cosas y para construir una narrativa nacional que permita un futuro diferente”.
–Información de este tipo en otros países implicaría que se iniciara un proceso judicial, pero no pasa en México.
–Esa percepción es correcta. No solamente el Ejército tendría que haber dicho algo sobre la investigación que se publicó esta semana, sino también la Fiscalía General de la República debió decir algo respecto a qué hizo con esa investigación, en qué estado se encuentra, por qué no avanza, si ya murieron los involucrados. No lo sabemos. Eso sólo lo sabe la fiscalía.
El abogado se detiene en el valor que tiene la difusión de este tipo de documentos oficiales, que prueban la verdad sobre acontecimientos del pasado aún no resueltos por la justicia.
“Cuando yo tenía 30, 25 años, no podías tú encontrar esa información en ningún lado. Había referencias de alguien que había hablado con alguien, que había visto la averiguación previa, pero ahora la información está viralizada. Se publica, se viraliza. La pregunta elemental es: ¿qué pasa con la judicialización?
“En cualquier otro país habría gente en la cárcel o condenados. Simplemente reflexionar sobre esa pregunta ya permite un proceso de reflexión más amplio y quizá más incisivo. Hay responsabilidades acumuladas de quienes han estado ahí metidos en la Fiscalía General de la República.
“Quizás los perpetradores de los vuelos de la muerte del 74 ya no están vivos, pero quienes obstaculizaron las investigaciones desde el año 2003 a la fecha, muchos de esos están vivos, incluso algunos llegaron a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es una la responsabilidad, no se extingue, no desaparece”, recalca Pérez Vázquez.

De los vuelos de la muerte a
las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá

–¿Cuál sería la situación idónea o lo que tendría que suceder? Existe reticencia a que se conozca la verdad.
–Hoy hay una masa crítica mucho más amplia que la que había hace 25 años. Creo que estamos en una etapa diferente a la de años anteriores, en la cual tenemos un consenso más amplio, más generalizado, de que la violencia del Estado no es la guerra sucia solamente, sino que es un continuo que va de la mano con la formación, en paralelo, del Estado mexicano post revolucionario.
Explica Pérez Vázquez: “Estamos hablando de un proceso de abuso y de arbitrariedad de más de 100 años. La Revolución representa el inicio de un período de 100 años de abuso y autoritarismo en México, que vivimos el día de hoy. Desde fines de los cincuenta hasta donde sigue involucrado el Estado y sus agentes con el crimen organizado.
“Sí, yo creo que es posible hoy en día construir ese discurso, porque contamos con elementos de información que no teníamos antes, como este reportaje, y si le sumas testimonios, explicaciones teóricas, publicaciones de memorias presenciales sobre el 68, vas formando un cuerpo documental, un acervo documental muy potente, muy poderoso.
“Lo que empezamos ahora a vislumbrar, es el papel de las instituciones de procuración de justicia, es que la Fiscalía General de la República ha sido cómplice. Es un eslabón más, pero entonces forma eso parte de una explicación contextual mucho más amplia, que se puede dar porque el asunto está vivo y sigue habiendo interesados… y cada vez hay más interesados. Los vuelos de la muerte no están tan lejos de las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá”.
El experto se hace esta pregunta: “¿En qué medida los vuelos de la muerte y la intensificación de la violencia brutal descarnada del Estado a través del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de (Luis) Echeverría fueron una reacción a lo que pasó en 68 y 71?”.

Que se hable del tema en
las campañas electorales

–¿Qué sigue ahora? –se le plantea a Pérez Vázquez.
–Lo que seguiría es exigir, por ejemplo, a la Fiscalía (General de la República). Que ya nos diga qué va a pasar con estas averiguaciones previas, es decir, si tú ya no puedes seguir con ellas o crees que ya no hay manera de llegar a una conclusión, pues ciérralas, hazlas del conocimiento público. ¿Cuáles fueron los hechos? Si ya no hay ningún involucrado vivo, si ya se murieron los perpetradores. Son documentos valiosísimos porque contienen testimonios, investigaciones, información.
“Yo esperaría que durante estos seis meses de campaña, que vienen intensos, el tema se retome por las candidatas presidenciales, o el candidato, porque ya son tres. Aunque no veo que ninguno de ellos se vaya a querer pelear con el Ejército frontalmente, pero el sistema se abre porque lo que quieren son votos.
“Creo que lo lo deberían hacer porque son, además, quienes cuentan con más legitimidad para hacerlo, además de las víctimas sobrevivientes del 68, del 71, de la guerra sucia, por supuesto, pero las víctimas recientes también tienen mucho que decir, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de militares o del crimen organizado.
–¿Ves a las candidatas tocando el tema?
—Sí creo, por ejemplo, que en la mente de Claudia Sheinbaum pueda haber una intención. Ella viene de la lucha social de la izquierda. Sería una presidenta más cercana a las causas de la izquierda en la que se involucra desde que era estudiante; la reivindicación de las historias, los derechos y los reclamos de justicia de la gente que peleó contra el régimen. En cambio, pienso que Samuel García en este tema no tiene ni la menor idea. Ni la sensibilidad.

Pide la Red Solidaria que la CIDH emita el informe de fondo sobre la masacre de El Charco

 

La Red Solidaria Década contra la Impunidad pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe de fondo sobre el caso de la masacre de El Charco, que luego le dé tramite ante la Corte Interamericana (Coidh).
Mediante un comunicado, el organismo que da acompañamiento a los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, denunció que, a 25 años de esa masacre ocurrida en El Charco, municipio de Ayutla, la familia de Ricardo Zavala Tapia, el estudiante asesinado, no ha tenido acceso a la verdad de los hechos, mientras que Ericka y Efrén “siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”.
“Este 7 de junio se cumplen 25 años de que integrantes del Ejército mexicano tiñeron de sangre la tierra de la comunidad El Charco, ejecutando extrajudicialmente a 10 indígenas na’savis y a Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, recordó el organismo.
Agregó que entre los 22 detenidos que fueron trasladados al cuartel de la 9 Región Militar, en Acapulco, iban la estudiante Ericka Zamora y el activista Efrén Cortés, quienes fueron torturados una noche y un día y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar; después fueron procesados por rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Ambos salieron de prisión, con libertad absolutoria, el 30 de mayo de 2002, “hasta el día de hoy mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos”.
Ericka y Efrén son miembros fundadores de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, desde donde impulsan que el caso sea resuelto en la CIDH y en la Coidh.
El organismo informó que la Petición de Admisibilidad fue entregada por el presidente, el obispo emérito Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012, y la CIDH le asigno el número de caso 13.709 y el informe de admisibilidad número 166/18, “estamos en espera del informe de fondo”.
La red informó este martes que la CIDH admitió el caso por violaciones a los acuerdos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño e igualdad ante la ley.
“Por lo anterior, manifestamos que la familia de Ricardo Zavala Tapia no ha tenido acceso a saber la verdad de los hechos en los que este estudiante universitario, comprometido con la educación y con los más desprotegidos, fue ejecutado extrajudicialmente, por integrantes del Ejército mexicano”.
Se agrega que en los casos de Ericka Zamora y Efrén Cortés, “activos defensores de derechos humanos, siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos

Arriba, las personas que se manifestaron en solidaridad con el Ejército la mañana de este domingo en el Campo Militar 35-C del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y abajo las que lo hicieron en la sede del 109 Batallón de Infantería en El Ticuí, vecino de Atoyac Fotos: El Sur y Francisco Magaña

Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña

Chilpancingo / Iguala / Atoyac

Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.

El 27 batallón de Infantería en Iguala

Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.

Apoyo al Ejército en Atoyac

Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

En un documento enviado al gobierno federal, los soldados que apoyan a sus compañeros encarcelados destacan: “Soy militar, pero no soy cualquier militar. Soy aquel adolescente que, con 15 años, entró con el corazón lleno de emoción y orgullo a la Heroica Escuela Naval; soy ese cadete del Heroico Colegio Militar que cantó el himno de la institución durante los desfiles, debajo de la lluvia. Soy el teniente que no pudo presenciar el nacimiento de su hijo por estar en comisión del servicio. Soy el soldado que se enteró de la muerte de su madre después de dos meses, por estar aislado en la sierra. Soy el médico que sostuvo la cabeza del amigo que fue herido en combate. Soy el capitán que pasa semanas navegando lejos de su familia. Soy el comandante que entrena a su personal con máximo rigor y soy la enfermera que limpia las heridas de las fuerzas especiales”.
Abundaron que en tiempos tranquilos el Ejécito es ignorado, pero en tiempos de urgencia o desastre es convocado.
Citaron también: “Soy el marino que despues de 30 años de servicio, fue comisionado a la Guardia Nacional, aquel capitán de caballería que no fue consultado si quería pertenecer a GN, soy ese militar, el que cumple órdenes”.
Lamentaron que deban esconderse en la cobardia del anonimato para escribir esas líneas y no ser perjudicados, pero que entregan su vida y su trabajo por su país, “soy ese militar que no tiene derechos humanos, pero que en medio de la batalla debe respetarlos o ser enjuiciado. Soy el que soñó con ser de la naval y terminó de policía, soy ese fusilero paracaidista que no tiene libertad de expresión”.
Señalaron carencias para su trabajo, al ser oficiales como de transmisiones, que no reciben equipo, presupuesto o siquiera raciones suficientes, “mientras diputados y senadores llenan sus bolsillos”.
Al igual que el maestro, que cubre cinco puestos porque no hay suficiente personal, como el subteniente que hace guardias al uno por uno.
Exponen: “El señor presidente nos usa a su antojo cada vez que su política genera un problema que después no sabe resolver. Soy el que cuida instalaciones estratégicas, el que pelea con huachicoleros, soy el piloto y el administrador que ahora administrarán bajo sus órdenes un aeropuerto. Soy el del servicio de sanidad, que ahora es responsable de resolver la crisis de salud cuando ya es demasiado tarde”.
Donde, además, el militar que recientemente vio a su familia peligrar por causa de la familia de El Chapo Guzmán, “a quienes usted ofrece ahora ayuda humanitaria”.
Señalaron que estan cansados y hartos de los secretarios, que México no merece esto. Las fuerzas armadas no lo merecemos, “así que decimos ya basta”.

Marchan en apoyo a militares en varias ciudades del país

En instalaciones militares de Chilpancingo (imagen), Iguala y Atoyac, lo mismo que en la Ciudad de México y otras de la república, militares en activo y retirados y familiares de soldados se manifestaron para exigir respeto a lo que llaman sus derechos humanos, exigieron al presidente la liberación de cuatro efectivos acusados por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo y reclamaron que si no se les va a permitir enfrentar con firmeza a los delincuentes que mejor los dejen en sus cuarteles Foto: Jessica Torres Barrera

Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos

También exigen al presidente López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero

 

Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña

Chilpancingo / Iguala / Atoyac

Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.

El 27 batallón de Infantería en Iguala

Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.

Apoyo al Ejército en Atoyac

Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

 

Marchan militares activos y en retiro; protestan
contra AMLO por arrestos y muertes de soldados

Cientos de personas salen a las calles en la Ciudad de México y en al menos otras 15 ciudades luego de que cuatro militares fueran vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que las víctimas eran parte del crimen y se encontraban armados, pero un sobreviviente lo niega

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.
Los manifestantes reclamaron por la estrategia de “abrazos no balazos”, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.
La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.
Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”; “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “Respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los 4 sargentos’”, fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante la manifestación en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.
También se reportaron manifestaciones en ciudades como Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Chilpancingo, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.
Algunos de los participantes portaban prendas color verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban consignas como “¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Libertad!” y “¡Justicia!”, incluso marcharon cantando el Himno Nacional.
En la capital mexicana el contingente partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde realizaron una protesta frente a Palacio Nacional.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”, decían otras cartulinas.
“A mi no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí”.
También reprocharon en sus consignas la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Somos el pueblo de México”

“Señor presidente (López Obrador) los militares que ahorita se encuentran en la prisión militar no deberían estar ahí”, afirmó Rosalío, un militar retirado, quien encabezó la marcha en la Ciudad de México.
“Señor presidente no puedes dejar, no puedes hacer, que a un soldado lo maten porque como dice el himno nacional: “Un soldado en cada hijo te dio”“, dijo tras considerar que los elementos se sienten desarmados y sin posibilidad de actuar.
El militar afirmó que la protesta es legítima, luego de que el mandatario federal aseguró en días pasados que detrás de ella podría haber otros intereses e incluso estar implicado el crimen organizado.
“No queremos que en la mañanera digas que estamos comprados, que somos un grupo de choque, no señor presidente, te lo sostenemos, que somos el pueblo de México. Solicitamos que no haya represalias contra nosotros”, pidió
Rosalío aseguró que las autoridades están procesando militares mientras ellos defienden al Estado y al pueblo mexicano.
“No podemos dejar que las personas que delinquen y causan daño al pueblo y al Ejército mexicano estén por arriba de los soldados mexicanos y los derechos humanos”, demandó.
El hombre, quien iba vestido de civil y portaba sombrero, emitió un discurso al llegar a la plancha del Zócalo y frente a Palacio Nacional aseguró que el Ejército vela por los intereses del pueblo de México, así como por los de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Afirmó que en la marcha participaron contingentes de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Y que son activos, son retiros, son desertores, pero son buenas personas y como lo dice el señor Presidente: “Son pueblo de México”“.
Insistió en que la manifestación era pacífica.
“No vamos a dejar que se infiltren grupos subersivos, no permitimos que el Ejército mexicano involucre a personas que realicen el mal”, dijo.
Por su parte, Paulino Jiménez Hidalgo, un general retirado, afirmó que los soldados no le juran lealtad al Presidente, sino al pueblo de México.
“Nuestra lealtad es al pueblo mexicano. El Ejército no jura lealtad al comandante supremo. Los soldados juramos bandera ante nuestra insignia patria y juramos respeto a la Constitución”.
Asimismo, denunció que los recursos que deberían dirigirse al Ejército han sido desviados para otras tareas.
“Tengo entendido que le sacó dinero del Fondo de Adquisición de Material Militar para metérselo al Tren (Maya), ojalá algún día ese Tren pase y se lo lleve a su rancho”, expresó.
En la movilización participaron decenas de personas, quienes lanzaron consignas como: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”; “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”, “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los cuatro sargentos’”, fueron otros de los reclamos plasmados en pancartas.
Los asistentes aseguraron que la marcha se realizó de manera simultánea en otras partes del país e incluso hay apoyo de Estados Unidos y Canadá.
“Somos militares, personal militar, personal retirado, personal de sector, que tienen buenos principios y buena fe. Son muchísimas personas, no solo las de aquí, en todo México y Estados Unidos, en Canadá, está pasando y está diciendo: los estamos apoyando”, expresó un participante que pidió el anonimato.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”.
“Los detenidos no tienen apoyo del presidente”

“Mi familiar no tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del Ejército”, aseguró un joven quien marchó ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para demandar la libertad de los militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El joven, quien portaba una pancarta cuyo mensaje decía: “Hagamos valer sus derechos, Hagamos valer su trabajo! Hagamos valer su, esfuerzo, indicó que provenía del Estado de México y que es familiar de uno de los militares detenidos por los asesinatos de cinco jóvenes en Tamaulipas; sin embargo, prefirió omitir el tipo de vínculo que lo relaciona con éste.
“Venimos por todas las inconformidades que hay con el Ejército. No puedo platicar bien (lo que sucedió en Tamaulipas) porque sólo ellos saben por qué lo hicieron”, indicó.
Aseguró que existen constantes anomalías en esa institución, así como violaciones a los derechos humanos de sus miembros. “No tienen nada de apoyo”, lamentó.
Yasmín, una joven de 26 años, cuyo padre, hermanos y tíos forman parte del Ejército, también acudió a la protesta para exigir la liberación de los militares señalados por los asesinatos de los jóvenes en Tamaulipas.
“Exigimos su liberación, no hicieron nada, fue en defensa propia. Millones de militares han sufrido está situación y no se han dado a conocer cuántos militares han muerto en cumplimiento de su deber”, aseguró la joven, quien portaba una pancarta en la que se leía: “Levanto la voz y visto de verde olivo porque mi papá, hermano, tío, pertenecen a esta institución y no estoy dispuesta a perder a ninguno de ellos”.

Es el crimen organizado, dijo el presidente

López Obrador aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.
Desde su conferencia mañanera el pasado viernes, el presidente aseguró que el motivo de la marcha era pedir que no se investigue a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo laredo.
“No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas; al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina”, agregó.

Vuelven a excavar Los Otros Desaparecidos cerca del basurero de Cocula; tampoco hallan restos

Alejandro Guerrero

Iguala

En el tercer día de la diligencia de búsqueda de fosas clandestinas y restos humanos por el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, continuó en un paraje cercano al basurero municipal de Cocula y de la barranca La Carnicería, en el que excavaron tres posibles entierros pero no hubo hallazgo de cuerpos.
La directora general y vocera del colectivo, Adriana Bahena Cruz, informó que continuaron en la zona donde ya habían marcado 5 posibles entierros, de los que el martes procesaron 2 y ayer los otros 3 pero no localizaron nada.
La zona explorada, dijo, les fue señalada por un informante anónimo que ha colaborado con la asociación de familiares de víctimas de desaparición, mismo que antes ya los ha llevado al hallazgo masivo de 16 cuerpos, de los que se logró identificar a 2 de los hijos desaparecidos de una de las integrantes del colectivo.
Bahena Cruz contó en declaraciones por teléfono, que en las tres fosas se excavó a poco más de un metro de profundidad con picos y palas, y se exploró con binomios caninos de la FGR, hasta descartar que hubiera víctimas inhumadas en el lugar.
Destacó que aunque no se logró en este paraje el hallazgo de cuerpos, sirvió para descartar que no haya víctimas, lo cual da tranquilidad a las familias que tenían interés de hacer búsquedas en esa zona ante la información que han recibido y recabado de que ahí podrían estar sus hijos.
Todavía este jueves y viernes la jornada de búsqueda de fosas clandestinas del colectivo Los Otros Desaparecidos continúa con el acompañamiento y resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Guardia Nacional y el Ejército.
El paraje explorado entre martes y miércoles está muy cerca del basurero de Cocula, sitio en el que se fraguó la llamada verdad histórica del Caso Ayotzinapa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y cerca de la barranca La Carnicería, lugar en el que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) recuperó fragmentos óseos de los que se logró la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, dos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en los ataques de septiembre de 2014.

 

Pide la ONU medidas cautelares para seis desaparecidos de una familia de Zitlala

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano medidas cautelares para los seis integrantes de una familia que desapareció el 18 de octubre en el municipio de Zitlala, y demandó “aclarar de inmediato su suerte y su paradero”.
Mientras tanto, soldados del Ejército mexicano que mantienen un retén a la salida de Zitlala, rumbo a Tlaltempanapa, en donde se cree que desapareció esa familia, impidieron el paso este jueves a los miembros de la caravana que los busca desde el martes pasado.
José Díaz Navarro, presidente del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, denunció vía telefónica que los militares argumentaron que los civiles armados que mantienen un filtro en Tlaltempanapa, les advirtieron que si regresaban ayer los iban a retener.
Los seis regresaban el 18 de octubre de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo en Zitlala, pero desaparecieron en el tramo de la carretera Tlatehualapa a Tlaltempanapa. Viajaban en una camioneta Nissan Pick UP roja, placas HD91183 modelo 2015.
“El Comité expresa su preocupación por la integridad física y psicológica de las seis personas referidas y en las acciones urgentes registradas por medio de la presente requiere al Estado tomar acción inmediata para buscarlos y ubicarlos”, dice el comunicado del organismo de la ONU, ante el que recurrieron el 24 de octubre pasado los familiares de los desaparecidos y los organismos civiles que los respaldan.
La respuesta del Comité contra la Desaparición Forzada llegó el 26 de octubre, y en el documento informa a los familiares que requirió al Estado “aclarar de inmediato la suerte y el paradero de la señora Florencia Capistrán Tecolapa, Marino García Capistrán, María Feliciano Diego, Félix García Feliciano, Santa García Feliciano y Marco Antonio García Feliciano”.
El Comité requiere al Estado tomar en cuenta su obligación convencional de proteger a personas particularmente vulnerables, de conformidad con el articulo 7 (b) de la Convención, como a la señora Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años de edad.
Otra de las peticiones del Comité al Estado mexicano es informar a los familiares y a los representantes de los seis desaparecidos, así como al Comité, sobre su suerte y paradero “y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlos, liberarlos y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellos”.
El organismo aclara, asimismo, que en caso de que el paradero de los seis desaparecidos no pueda ser confirmado, “el Comité requiere al Estado asegurar la adopción de una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición forzada”.
Al respecto, el organismo pidió al Estado que, en su caso, informe al Comité sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado para localizar a las seis personas desaparecidas, para aclarar sus alegadas desapariciones, y para garantizar que estén bajo la protección de la ley, y que se le informe sobre los resultados de las acciones.
El Comité requiere al Estado que le envíe “información sobre las medidas cautelares de protección adoptadas, así como toda la información requerida en la presente nota, antes del 9 de noviembre del 2016”.
También le informó al Estado que “de conformidad con el artículo 30 de la Convención, el Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado, mientras la suerte de las personas desaparecidas no haya sido esclarecida”.

Impiden soldados en Zitlala el paso a la caravana de búsqueda

Mientras tanto, soldados del Ejército mexicano que se encuentran en un retén a la salida de Zitlala, rumbo a Tlaltempanapa, impidieron el paso a los integrantes de la caravana del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, en su tercer día de búsqueda de los seis familiares.
El medio día de ayer, los integrantes de la asociación civil encabezada por su presidente, José Díaz Navarro, y familiares de los desaparecidos, custodiados por policías federales, ministeriales y de la Policía Municipal de Zitlala, se trasladaban a Tlaltempanapa para seguir la búsqueda de los seis desaparecidos, pero esta vez ya no pudieron pasar el retén militar.
“Nos dicen (los militares) que no podemos pasar porque los del pueblo (de Tlaltempanapa) les dijeron que si pasamos nos van a retener”.
Dijo que los familiares de los desaparecidos y los integrantes del colectivo determinaron que ante la obstrucción del paso van a permanecer allí hasta que los de Tlaltempanapa les entreguen a la familia, “porque si están en ese plan es porque obviamente ellos tienen conocimiento del paradero de la familia”, acusó Díaz Navarro.
Añadió que no es posible que 20 o 30 hombres armados no puedan ser sometidos por los militares y que éstos prefieran impedirles el paso para no verse obligados a intervenir.
El presidente de Siempre Vivos explicó que se dirigían a Tlaltempanapa porque ahora están seguros que allí desaparecieron los seis familiares la tarde del 18 de octubre, “y ellos (los civiles armados que resguardan el pueblo) tienen conocimiento y saben qué pasó con ellos” y que por eso ayer acudían para exigirles información de dónde los tienen.
Explicó que los recorridos del martes y el miércoles solamente fueron de reconocimiento del terreno, “en todos los pueblos fueron muy amables, y solamente aquí es donde están en un plan prepotente, retador y amenazante”.
Acusó que este grupo (Paz y Justicia) se cree impune porque sus integrantes tienen credenciales “del grupo delictivo de los Ardillos, eso me consta porque tengo una copia de la credencial, y las firman José Apolonio Villanueva Jiménez, líder de la delincuencia en esas comunidades, les está dando permiso uno que es delincuente”, acusó.
Todavía por la tarde, Díaz Navarro advirtió que permanecerían en el retén militar “hasta que nos entreguen a la familia, o nos permitan hacer la búsqueda en el pueblo”.

 

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

El gobierno no ha atendido la petición del alcalde para que el Ejército permanezca en Zitlala, se queja síndica

Los gobiernos federal y estatal han desatendido el llamado de las autoridades de este municipio que desde el 8 de diciembre solicitaron por escrito la presencia permanente del Ejército mexicano, y de las policías federal y estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas informó que desde el 8 de diciembre pasado, el presidente municipal priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, solicitó mediante un oficio al secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, apoyo para la seguridad, sin embargo hasta ayer no había recibido respuesta.
En el oficio número PM/072/2015, el alcalde Zapoteco Castro solicitó resguardo, sobre todo para la cabecera municipal.
Mediante el documento, las autoridades municipales piden que se “brinde seguridad al municipio de Zitlala, en especial a la cabecera municipal, ya que el día 07 del presente mes y año como entre las 15:15 y 15:30 se suscitó una balacera  entre individuos desconocidos observándose sólo  un coche de la marca Tida y una Urvan cerrada, esto sucedió en el barrio de San Francisco”.
Mientras tanto ayer, después de la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, que ejecutó a seis personas, las autoridades municipales demandaron “con urgencia” a los gobiernos federal y estatal la instalación de un destacamento militar permanente en este municipio.
El Ayuntamiento difundió un comunicado dirigido a la opinión pública a través de su página de internet, en el que informa de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad y su petición a los gobiernos federal y estatal.
El comunicado dice: “El Gobierno municipal informa a la ciudadanía del municipio de Zitlala que lamentablemente hoy a las 8:30 de la mañana se nos informó que en la comunidad  de Quetzalcoatlán de las Palmas aparecieron seis cuerpos  sin vida, ante ésta situación de inseguridad se pide con urgencia al Gobierno del estado  y al Gobierno federal un destacamento militar permanente en nuestro municipio para salvaguardar la integridad física de todos los zitlaltecos”.
Y luego, a manera de reproche, el comunicado agrega: “esta petición se viene haciendo desde el 8 de diciembre del año pasado. El H. Ayuntamiento ha estado cumpliendo con su deber realizando las gestiones pertinentes ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Mientras tanto, en declaraciones a El Sur, el alcalde Roberto Zapoteco Castro hizo un llamado al estado y a la federación para que “atienda este problema (de violencia) que es muy grave para nuestro municipio”.
Informó que tras estos nuevos actos de violencia en Quetzalcoatlán de las Palmas, se trasladó a la capital del estado en busca de una audiencia con el gobernador Héctor Astusillo Flores para plantearle el problema de violencia que vive ese municipio y demandarle el apoyo para garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“Tuvimos la oportunidad de dar a conocer el  incidente ocurrido en nuestro municipio (pero no precisó si lo hizo directamente al gobernador), y nos informan que nos van a dar el apoyo, de hecho hoy ya se encuentran aquí los militares y la Policía Estatal brindándonos el apoyo”.
Sin embargo agregó que lo que solicitan es que la presencia del operativo sea permanente en el municipio, “para lograr la estabilidad y alcanzar la tranquilidad que necesitamos aquí en nuestro municipio de Zitlala”.

Lo que se vive el municipio es lo misma que viven el estado y la república

Mientras tanto, la síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas matizó la preocupación del alcalde, pues declaró que la situación que se vive en este municipio es la misma que se vive en el estado e incluso en la República mexicana. Pero dijo que, “nuestro presidente está muy preocupado por esta situación”, y por eso ha girado oficios tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “para que atiendan este asunto”.
Sin embargo añadió que hasta ayer sólo habían logrado que se realizaran rondines policiacos de militares, y de policías federales y estatales, pero añadió que se trata de un operativo insuficiente.
Explicó que incluye 35 soldados , “y unas patrullas de federales y estatales”. Agregó que los soldados y policías no solamente se encargan de la seguridad en el municipio de Zitlala, sino que  también son los que recorren los municipios de Chilapa, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Mártir de Cuilapan.
La síndica añadió que la Policía Municipal es insuficiente para atender la violencia, pues el municipio cuenta sólo con 17 policías para atender las 23 comisarías y cinco delegaciones, así como la cabecera municipal.
Declaró que por eso han enviado oficios a las autoridades federales y estatales para que no solamente se hagan estos recorridos, sino que se instale un destacamento permanente en este municipio para que se garantice la seguridad de los ciudadanos.

Ejecutan a seis hombres en diferentes sitios de Iguala en dos días; con uno dejan un narcomensaje

En una nueva escalada de violencia en Iguala, seis hombres fueron ejecutados en diferentes hechos entre el 24 y 25 de diciembre, uno de ellos fue hallado con las manos atadas, huellas de tortura y un narcomensaje en el que se acusa a un líder transportista y a otras personas de tener vínculos con la delincuencia.
La ola de ejecuciones a pesar de la presencia las policías estatal y federal, y de soldados del ejército de los batallones de Infantería 27 y 41, este último sede del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), dejó nueve ejecutados en cuatro días y un total de 39 desde el 30 de septiembre.
Cerca de las 8:30 de la mañana del jueves, mediante una denuncia anónima a los números de emergencia 066 se informó del hallazgo del cuerpo de un hombre ejecutado a balazos en un predio baldío de la avenida Club de Leones, del fraccionamiento del Valle, ubicado cerca de la zona de residencias del bulevar Heroico Colegio Militar, entre la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca y las instalaciones del 27 Batallón.
Recostado boca abajo, con las manos atadas hacia la espalda, huellas de tortura en diferentes partes del cuerpo y el tiro de gracia en la cabeza, fue hallado el cuerpo de un hombre robusto de unos 40 años, junto a él fue hallado un narcomensaje en una cartulina blanca, que fue decomisada por el Ministerio Público.
Aunque en un inicio se ocultó el mensaje que había en la cartulina, fuentes oficiales informaron que en el texto se leía: “Gobierno federal y militar pongan atención: Esto va para ustedes Nicolás Nájera Salgado, El May, el Tío; el Profe José Luis Ramírez, El Churros o la Bruja, Gabino, El Gaby, El Chiquilín, Enrique Pérez Carreto, Victórico Martínez López; ellos son los encargados de tantas muertes en Iguala, extorsión, secuestros… Nosotros sí nos podemos defender, las mujeres no. Salgan a peliar. Asesinos despertaron al diablo perros. Att: Daniel (el travieso jajaja)”.
Cerca del cuerpo fueron asegurados cuatro casquillos percutidos .9 milímetros por agentes del Ministerio Público y peritos que realizaron las diligencias.
La zona fue acordonada por policías federales, estatales y ministeriales, y al final de las diligencias el cuerpo fue trasladado al Semefo de esta ciudad en calidad de desconocido.
Asesinan a tres montadores de toros en una casa de la colonia López Mateos

A las 3:15 de la tarde del mismo jueves, fueron reportadas por vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, al poniente de la ciudad, detonaciones de arma de fuego.
Minutos después, policías federales y estatales confirmaron que en una casa ubicada en la calle Narciso Mendoza esquina con prolongación de Arteaga, de ese asentamiento, tres hombres de entre 25 y 30 años fueron ejecutados a balazos adentro de una casa.
Los tres fueron hallados boca abajo con varias heridas de bala, y los tres tenían el tiro de gracia; dos estaban tirados en el piso y uno en una cama.
Según versiones de testigos, hombres armados, a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda y, después de disparar a los tres hombres huyeron con rumbo desconocido.
Sólo se informó que los tres hombres ejecutados eran montadores de toros y tenían unos ocho días de haber llegado a Iguala, contratados por el empresario César Carrillo Salgado, de quien tampoco se sabe de su paradero, según las fuentes.
Después de las diligencias, los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad en calidad de desconocidos.

Balean a un taxistas y a otro hombre en la colonia Juan Álvarez, cerca del centro de la ciudad

Cerca de las 3:45 de la tarde de ayer, hombres armados a bordo de dos motocicletas ejecutaron a balazos a dos hombres en la calle Simón Bolívar esquina con Miguel Hidalgo, en la colonia Juan Álvarez, cerca del centro de la ciudad.
Los cuerpos fueron identificados por familiares como José Luis Román Díaz, de 49 años, conductor del taxi 810 Nissan Tsuru con placas 70-49-FFN de Guerrero, de la organización Frente Transportista, el cual quedó recostado en la calle, boca arriba, con al menos tres disparos en el tórax; el segundo cuerpo, identificado como Norberto Palacios Pineda de unos 35 años, quedó hincado en la puerta derecha trasera del taxi, recargado hacia el asiento.
Según testigos, al menos cinco jóvenes a bordo de dos motocicletas pasaron por el lugar, uno de ellos descendió de la motocicleta con una pistola en la mano y abrió fuego contra los dos hombres, para después huir en la misma motocicleta.
Policías federales y estatales aseguraron y acordonaron la zona, en tanto que peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público que realizaron las diligencias hallaron en la zona al menos siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Ambos cuerpos fueron trasladados al Semefo de esa ciudad.

Recibe la CNDH 213 quejas contra autoridades federales en Guerrero de enero a octubre de 2015

 

La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.