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Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Campesinos de la sierra marchan a la capital contra el desarme de policías ciudadanos

Campesinos de más de 30 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Eduardo Neri (Zumpango), inconformes por el desarme que está llevando a cabo el Ejército a los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en los pueblos de la sierra, partieron ayer en caravana de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, y pernoctarían anoche en Chichihualco para protestar este lunes en Chilpancingo.
El contingente de más de 300 campesinos se concentró la mañana de ayer en la comunidad de Los Morros, de allí partió hacia Chilpancingo, sin embargo, para no pasar por el retén de militares del 50 Batallón de Infantería que se encuentra en la entrada de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, se desvió hacia Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
Por la tarde pretendían seguir hacia la capital del estado para instalar un bloqueo en la Autopista del Sol, pero esperaban coordinarse con los policías ciudadanos de la UPOEG del Valle del Ocotito, quienes no pudieron reunirse para estas acciones. Por eso los manifestantes de la sierra decidieron quedarse a dormir en Chichihualco y partir hoy por la mañana.
La inconformidad surgió por el desarme que llevaron a cabo los soldados del 50 Batallón el jueves 12 de noviembre a unos 100 policías ciudadanos en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo.
Tras el desarme, 15 policías de la UPOEG fueron emboscados por integrantes de un grupo criminal que tiene bajo control la zona. Al principio se difundió la versión de que todos habían sido ejecutados, pero este domingo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio confirmó que sólo uno de ellos fue encontrado muerto, otro más estaba desaparecido y 13 fueron encontrados por sus compañeros en los cerros cercanos a El Naranjo, Polixtepec y Yextla cuando huían de la banda de pistoleros.
Uno de los sobrevivientes del enfrentamiento, el comandante Benito Bello Meneses declaró el viernes que los militares les hicieron como a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa porque después de que los desarmaron los entregaron a “los lacras”.
Mientras tanto Bruno Plácido Valerio, escribió el sábado en la red social Facebook, que con base en la información de sus compañeros, uno de los policías ciudadanos que iba al frente les gritó a sus compañeros que se dejaran desarmar, y después de eso escuchó a un soldado que por radio dijo: “ya está, vengan a divertirse con estos perros”.
Plácido escribió que el policía ciudadano comprendió que el militar estaba comunicándose con los delincuentes, por lo que dio una contraorden a sus compañeros de que no se dejaran desarmar, y fue en ese momento que los delincuentes empezaron a dispararles, “y los compañeros que tenían armas repelieron la agresión, y al ver los delincuentes que no estaban del todo desarmados ya no llegaron, y es por ello que no fueron masacrados todos”, explicó el dirigente.
Uno de los comisarios municipales, Lázaro Salvador comentó que estos antecedentes provocaron la inconformidad de los pueblos que están organizándose para crear su policía comunitaria, y decidieron manifestarse en la capital en contra del Ejército y pedir su salida de esas comunidades para que dejen a los habitantes organizar su propia seguridad.
A las 8 de la noche los campesinos estaban concentrados en el Zócalo de la cabecera municipal y esperaban que llegaran más de sus compañeros para partir hoy por la mañana a la capital.