La Red Solidaria Década contra la Impunidad pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe de fondo sobre el caso de la masacre de El Charco, que luego le dé tramite ante la Corte Interamericana (Coidh).
Mediante un comunicado, el organismo que da acompañamiento a los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, denunció que, a 25 años de esa masacre ocurrida en El Charco, municipio de Ayutla, la familia de Ricardo Zavala Tapia, el estudiante asesinado, no ha tenido acceso a la verdad de los hechos, mientras que Ericka y Efrén “siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”.
“Este 7 de junio se cumplen 25 años de que integrantes del Ejército mexicano tiñeron de sangre la tierra de la comunidad El Charco, ejecutando extrajudicialmente a 10 indígenas na’savis y a Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, recordó el organismo.
Agregó que entre los 22 detenidos que fueron trasladados al cuartel de la 9 Región Militar, en Acapulco, iban la estudiante Ericka Zamora y el activista Efrén Cortés, quienes fueron torturados una noche y un día y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar; después fueron procesados por rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Ambos salieron de prisión, con libertad absolutoria, el 30 de mayo de 2002, “hasta el día de hoy mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos”.
Ericka y Efrén son miembros fundadores de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, desde donde impulsan que el caso sea resuelto en la CIDH y en la Coidh.
El organismo informó que la Petición de Admisibilidad fue entregada por el presidente, el obispo emérito Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012, y la CIDH le asigno el número de caso 13.709 y el informe de admisibilidad número 166/18, “estamos en espera del informe de fondo”.
La red informó este martes que la CIDH admitió el caso por violaciones a los acuerdos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño e igualdad ante la ley.
“Por lo anterior, manifestamos que la familia de Ricardo Zavala Tapia no ha tenido acceso a saber la verdad de los hechos en los que este estudiante universitario, comprometido con la educación y con los más desprotegidos, fue ejecutado extrajudicialmente, por integrantes del Ejército mexicano”.
Se agrega que en los casos de Ericka Zamora y Efrén Cortés, “activos defensores de derechos humanos, siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre de El Charco, en la entrevista con El Sur, en la Alameda Central de Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Efrén Cortés sabe que después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar y analizar la masacre ejecutada por elementos del Ejército Mexicano en El Charco –donde fueron asesinados 10 indígenas na savi y un estudiante universitario–, la discusión no se centrará en si existían o no en la zona grupos armados organizados, sino en que los militares cometieron tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, militares irrumpieron violentamente y además de matar a 11 personas, causaron lesiones a cinco más y detuvieron a 22 pobladores, que fueron torturados. Por eso Cortés, sobreviviente del atentado, celebra ahora que la CIDH aceptara llevar el caso.
“No se trata de debatir si había guerrilla. Ya se dijo que sí”, dice en entrevista con El Sur.
Sentado en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, Efrén considera que la admisibilidad del caso por parte de la comisión “es un avance, porque se reconoce que pudo haber violaciones a los derechos humanos, pues hubo ejecuciones, tortura, niños detenidos”.
“El análisis es muy importante por dos cosas: porque el Ejército intervino y hay una cantidad grande de violaciones de parte del Estado Mexicano respecto a convenios internacionales que se ha comprometido a respetar, como los derechos humanos. La CIDH presume que eso no se hizo”.
Ese es un avance, enfatiza, “es el 50 por ciento de esta lucha”, que comenzó hace seis años.
“Lo que demandamos al Estado mexicano es que a nosotros nos consta que sí hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura. La justicia ya nos juzgó por delito de rebelión, conspiración y portación de armas. Eso no demandamos –explica Cortés–. A los compañeros rendidos, desarmados, el Ejército los masacró, y nosotros fuimos torturados. Esa es la demanda ante la CIDH. Es lo que se debe de investigar”.
El Estado mexicano, recuerda, determinó entonces que la masacre fue producto de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército.
Son procesos tardados, reconoce Cortés, “así es la justicia internacional, pues la comisión recibe todas las demandas del continente, pero que la CIDH acepte el caso es un avance porque las fuerzas armadas, el Ejército, hizo esa masacre con total impunidad. Cuando sucedió, los jueces de distrito de Acapulco hacían lo que los ministerios públicos militares les decían. A nosotros nos consignó el MP militar”.
“Sin justicia no hay paz”
Víctima de tortura, Efrén Cortés también estuvo cuatro años preso, un año en Acapulco y tres en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco. En dos procesos, fue juzgado por portación de armas, terrorismo, asociación delictuosa, rebelión, conspiración e incitación a la rebelión, al igual que la entonces estudiante Erika Zamora Pardo, quien estuvo en la cárcel el mismo periodo que Cortés, a diferencia de otros compañeros, absueltos año y medio después de la matanza.
“Faltan unos dos años más para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay argumentos sólidos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Ejército tiene que reconocer que se violaron derechos humanos de manera grave”, destaca Cortés.
Originario de Cruz Grande, en la Costa Chica, menciona que antes de que sucediera la masacre se discutían dos cosas en El Charco: si se declaraba autónomo Ayutla de los Libres y cómo desarrollar una sustentabilidad productiva.
“Ahí es zona indígena, y eran acciones frente a la militarización y violencia que se sufría. Había presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sí, porque la masacre se dio dentro de un contexto político. El Ejército Mexicano sabía que esas comunidades podían tener vínculos con grupos armados, por eso hizo lo que hizo.
“Muchos compañeros que estaban heridos de no gravedad, aparecieron muertos. La demanda es que se repare el daño y no sólo material, sino social, a las comunidades, a la región, a las víctimas. Los hijos de los masacrados estaban chicos, el Estado tiene la obligación de repararles el daño. Los conozco y hoy tienen 23, 25, 28 años. Es reparación de la región, de las comunidades, y hasta reparación individual.
Como sobreviviente, insiste, lo más importante es la ejecución de la justicia: “Si no hay justicia no hay paz, reconciliación, sigue la impunidad. Si el Estado, en vez de juzgar, asesina, entonces violenta. Pedimos a la comisión que investigue eso”.
Pobreza sistémica
Cuando ocurrió la matanza, Efrén Cortés tenía un compromiso organizativo con esa región. Se involucró en movimientos sociales desde los 15 años –hoy tiene 50– porque desde pequeño se percató del atraso en todos los sentidos que se padecía en la zona. En Cruz Grande, un poblado de unos 5 mil habitantes, las personas morían de polio o sarampión.
“Lo vi a los 9 años. Por ejemplo, en Ayutla, en el momento de la masacre, no había luz ni caminos, era mucho atraso y racismo por parte de la gente mestiza. Vi a niños morir por problemas respiratorios. La pobreza es sistémica. Eso llevó a la organización y es una zona que durante muchos años ha luchado por reivindicaciones sociales”.
Efrén cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero e incursionó en el activismo social desde la preparatoria. Se enfocó en las causas campesinas y populares.
“No me arrepiento de lo que he hecho, pues ha sido por convicción. En los parámetros de una democracia capitalista, esto está mal, es de terror: marginación, violencia. En aquel tiempo no era una violencia como ahorita, pero había una violencia de tipo política. Las cosas han empeorado, ahora es una violencia generalizada.
“Hemos observado que donde hay minas, agua, tierras, surge la violencia, para que la gente migre y las grandes empresas lleguen y controlen, como pasa en Guerrero. Desde el surgimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y las guerrillas del 68 y del 70, la violencia en la entidad se ha mantenido. No ha parado el asesinato de luchadores sociales. El Estado mexicano antes usaba las guardias blancas (grupos paramilitares), hoy usa la delincuencia. Es lo mismo. La lucha social tiene que seguir, porque las cosas están muy difíciles”.
Marca para toda la vida
A Efrén Cortés la masacre en El Charco lo marcó de por vida porque fueron asesinadas personas con quienes convivió de cerca. “Era gente indígena que conocí por años, yo conocí la capacidad que tenían para organizar a sus pueblos. Eso no se me olvida porque uno, en el proceso de lucha, no deja de ser humano. Cuando llegaba a sus comunidades siempre me trataban con cariño, me daban de comer sin importar la hora. Hice vínculos con varios de los asesinados. Eso es lo que más siento”.
“A nosotros nos tocó tortura, estar presos y vivos. ¿Y los que murieron?”, cuestiona. “El Ejército está dentro de la ley. Siempre lo promueven, dicen que tiene honor y nosotros pensamos que no”.
“No a la Guardia Nacional”
Cuando Efrén estuvo encarcelado, sus hermanos sufrieron acoso político, “los investigaron”, cuenta. Al salir de la cárcel se reincorporó al movimiento social y continuó en el activismo social. Sobrevive gracias a “acciones autosustentables” y trabajo independiente. “Al juego de partidos políticos no entramos. Queremos que las luchas de los pueblos sean reivindicadas”.
–¿Qué opinas de la creación de la Guardia Nacional?
–En México sí hay una crisis de seguridad, hay una descomposición donde las policías municipales y estatales y hasta el Ejército delinquen. Nunca la delincuencia puede operar sin el aval del poder. Hasta el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de buscar que esta delincuencia baje, pero la forma como lo están haciendo es la misma que utilizaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Otra opción, propone Cortés, sería una policía civil y que los militares regresen a los cuarteles. “Se ha mostrado, con estadísticas de organismos nacionales e internacionales, que en donde está el Ejército se incrementa la violencia. Guerrero tiene de 15 a 20 mil militares desplegados en todo el territorio y la violencia no baja, porque ésta tiene otras características: marginación, abandono, pobreza”.
En 12 años de presencia militar, advierte, la violencia no ha bajado. “Es de locura que el nuevo gobierno diga que el mando de la Guardia Nacional lo tendrá la Secretaría de la Defensa. La guardia va a pasar, ya lo vi, pero es un error querer resolver el problema de la violencia a través de la militarización. Los gobiernos civiles tienen derecho a buscar que la violencia baje y podría pasar eso, pero a la larga, dos o tres años, esto se va a convertir en un grave problema de violaciones a los derechos humanos”.
Concluye: “Hasta las policías municipales están dirigidas por militares. Esa es la militarización, porque no se utilizan prácticas disuasivas, sino represivas. La policía tiene la función de investigar, prevenir el delito. El militar no está formado para eso, sino para matar, velar por la soberanía nacional, cuidar áreas estratégicas del país. No para estar en las calles y en los retenes”.
“Ojalá encontremos a los 43”, dice Astudillo y se desmarca así de la “verdad histórica”
La declaración de la CIDH el lunes en Ayotzinapa es un punto de partida, señala el gobernador. Coincide con Peña Nieto en que han bajado los delitos en Guerrero, y subraya que en particular los homicidios dolosos
Brenda Escobar
Petatlán
A pregunta sobre el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la versión gubernamental de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que él sigue deseando “igual que muchos, que ojalá un día, pronto, encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están”.
El lunes enviados de la CIDH entregaron a los padres de los 43 un informe preliminar de su investigación, y en el acto celebrado en la normal rural Esmeralda Arosemena dijo que “lastima” e “indigna” que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siga hablando de la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados.
“Me parece que ese (la declaración de la CIDH) es un punto de partida, yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que ha traído a sus familiares pero también las consecuencias que ha traído al estado, hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido; yo, mi conclusión, mi precisión y lo digo con una gran responsabilidad y emoción digo por sentimiento, que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están”.
Astudillo Flores estuvo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), donde inauguró dos nuevos edificios de esta institución, con una inversión de 35 millones de pesos; luego, se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de ocho y medio de esta vía, en la que su gobierno invertirá 25 millones de pesos.
Al término del banderazo de inicio de la pavimentación, fue abordado por los reporteros.
Fue interrogado también respecto a las cifras que el presidente Enrique Peña Nieto presentó respecto a la baja de la incidencia delictiva de 26.4 por ciento en el presente año y de las opiniones de organizaciones sociales en el sentido de que dichos números son cifras infladas; el gobernador atajó, “bueno, ahí están las cifras, yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso”.
“Hace algún tiempo estábamos todavía en un 6.5 y andamos sobre un 4 punto y fracción (en la baja del delito), hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300 por ciento”.
Espera transición correcta en municipios y que alcaldes dejen para el aguinaldo
Una reportera le preguntó si ya tiene decidido a cuáles tomas de protesta de los próximos alcaldes asistirá, y respñondió: “Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad; o sea, que los servicios públicos que al final de cuentas es el tema central de un municipio se puedan hacer de manera correcta, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía que hoy es el problema número uno”.
“Todos estos temas sean correctamente transitados y también, por supuesto las circunstancias económicas que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron, sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión”.
Sobre si algunos alcaldes salientes le han solicitado ayuda para dejar cubierto el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales, el gobernador dijo que, “creo que muchos municipios tienen dinero acumulado, no sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden para que sea utilizado para los aguinaldos de fin de año”.
“Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores, ¿por qué lo digo?, porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay algún dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar sea uno de los temas principales en las actas de entrega–recepción”.
Enseguida, aseguró que su gobierno “no cuenta con recursos, también es muy importante, ya los hemos facilitado, los hemos prestado, pero por supuesto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene, mi llamado es a cumplir con la responsabilidad y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero diríamos que sea intocable porque es dinero de los trabajadores de los municipios, de los Ayuntamientos”.
La gira de trabajo
Este martes, Héctor Astudillo estuvo en la cabecera municipal de Petatlán, en la UTCG, donde inauguró el ciclo escolar 2018-2019 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Guerrero, así como también dos edificios de este plantel en el que se invirtieron 35 millones de pesos.
Fue recibido por el rector René Galeana Salgado y por la presidenta municipal, Leticia Rodríguez Armenta, quienes lo acompañaron durante el recorrido que hizo por los nuevos edificios donde saludó a los alumnos y maestros.
También estuvieron presentes la delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Flor Añorve Ocampo; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el alcalde interino de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de ese municipio, Jorge Sánchez Allec; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, (CICAEG), Javier Taja Ramírez.
Durante su participación, el director del IGIFE, Jorge Alcocer, destacó que el gobierno de Astudillo Flores ha invertido 253 millones de pesos en infraestructura educativa en las cinco universidades tecnológicas y la universidad politécnica en la entidad.
Cuando tocó su turno al micrófono, el gobernador destacó que apoyará a todos los alumnos de la UTCG que participen en los programas de intercambio educativo en el extranjero; ahí mismo entregó un apoyo económico a un profesor que este mismo martes salió a China, donde se capacitará.
Luego, Héctor Astudillo dijo que regresará a esta institución dentro de un mes y medio para entregar un autobús con capacidad para 40 personas.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de 8.5 kilómetros de esta vía; ahí, el director del CICAEG, Javier Taja Ramírez, informó de las obras de pavimentación que el gobierno del estado está llevando a cabo en la Costa Grande y en específico, indicó que se invertirán 24 millones de pesos para esta obra.
Ahí, el gobernador fue abordado por líderes transportistas, quienes le solicitaron que los apoye a pavimentar otras calles de la cabecera municipal, así como también se le acercaron ciudadanos a hacerle peticiones diversas.
Se reúnen directivos de la CIDH con Sánchez Cordero y Encinas; tratan del caso Ayotzinapa
Agencia Reforma
Ciudad de México
Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la investigación del caso Ayotzinapa del gobierno mexicano se reunieron con integrantes de la próxima administración federal, para revisar el panorama de las garantías individuales.
La misión internacional fue encabezada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao en compañía de Esmeralda Arosemena, relatora para México, y el comisionado Luis Ernesto Vargas.
Los funcionarios de la CIDH fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La junta directiva de la CIDH se ha reunido informalmente, por invitación y en el marco de la transición, con los futuros miembros del gobierno de México para conversar sobre el panorama de la situación de los derechos humanos”, indicó Abrao en su cuenta en Twitter.
Encinas reportó también el encuentro en su Twitter y señaló que “su visita es en el contexto del mecanismo de seguimiento sobre el caso de #Ayotzinapa”.
En la mañana el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
El gobierno federal expresó a las enviados de la CIDH y representantes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, que tiene la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso.
Esta postura se dio a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña respaldara en un spot la versión de la PGR, conocida como “verdad histórica”, de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados.
El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.
En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.
A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco
Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.
Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa
Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab
Agencia Proceso
Ciudad de México
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.
La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida
El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.
Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE
Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.
El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura
La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.
Piden a EU más datos de Guerreros Unidos
El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.
“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43
En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.
Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH
La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.
Después de cancelada una reunión del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa en México debido al proceso electoral, el próximo informe del gobierno mexicano sobre las investigaciones de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala será en el 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en República Dominicana el 8 mayo, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre el descubrimiento de nuevas fosas en el cerro Gordo de Iguala en posibles diligencias de búsqueda de los estudiantes detenidos-desaparecidos, que trascendieron el miércoles, el abogado aclaró que no han tenido información del hallazgo, pero confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) analiza terrenos con tecnología LIDAR para establecer si en algún sitio hay tierra removida.
Según testigos en Iguala policías de la Gendarmería en patrullas y dos helicópteros entraron la noche del martes al paraje donde antes familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas, en distintos parajes.
De la próxima reunión para conocer los avances del caso informó que se tenía prevista a fines de abril en México, con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, pero se canceló por el proceso electoral y a petición de las autoridades.
Aclaró que el gobierno federal también propuso que se cancelara la audiencia pública de oficio del caso Ayotzinapa en el siguiente periodo ordinario de sesiones, donde de manera oficiosa se da seguimiento, sin embargo cancelada la reunión en México las autoridades aceptaron continuar lo planeado.
En el calendario de la CIDH se programó el 8 de mayo de 2018 una sesión para el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, donde la CIDH convoca al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ente otros representantes legales, y al Estado mexicano.
Rosales Sierra también denunció que la efervescencia electoral en el país ha tenido impactos en el movimiento de los padres de familia en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, “porque el gobierno federal intenta dar carpetazo al asunto otra vez, no dejar nada abierto que pudiera retomar el gobierno que probablemente pueda llegar”.
Estimó que prácticamente durante un año las investigaciones estuvieron detenidas “después de administrar el caso (en el tiempo), ahora han pasado a hacer todo lo posible para cerrar el mismo”. Dijo que lo han intentado muchas veces durante tres años y medio, y hasta ahora su estrategia no ha funcionado, “pero siguen intentando”.
Aceptó que van preocupados a la reunión en Santo Domingo, República Dominicana, porque hay nuevos datos que evidencian la necesidad de profundizar en las líneas de investigación.
Mencionó las investigaciones en Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y que integrantes de Guerreros Unidos hablan en comunicaciones telefónicas interceptadas de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa durante y después de los hechos.
Insistió que el tema del narcotráfico “obviamente que pesa al régimen de gobierno en términos electorales, en elecciones le impacta, le genera consecuencias, prefieren tener este asunto primero administrando el caso, y ahora tratando de cerrarlo”.
Estimó que de aquí a las elecciones del 1 de julio no van a mover nada, “su preocupación es remontar el tercer lugar en que se encuentran (el candidato del PRI) o si logran reponerse, ahí están sus prioridades”.
Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa
No hay ningún proceso iniciado por desaparición forzada, reprocha el organismo. Señala la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación señaladas por el GIEI
Agencia Proceso
Ciudad de México
A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.
Marchan a seis años de los asesinatos de dos normalistas y repudian a Aguirre
Arrojan cohetones a la sede del PRD estatal y hacen pintas para exigir justicia en los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Alexis Herrera y los 43 desaparecidos en Iguala
Unos mil estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), representantes de organizaciones sociales y magisteriales, activistas y padres de los 43 normalistas desaparecidos protestaron en esta ciudad a seis años de que fueron asesinados los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías en la Autopista del Sol.
Hubo una marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, al cruce de la autopista con la carretera federal México-Acapulco en la salida sur de la ciudad, donde los manifestantes bloquearon de manera total el paso vehicular en las dos vías y tuvieron un mitin frente a las cruces de los dos estudiantes de la Normal Rural.
Durante el recorrido los normalistas lanzaron cohetones a la sede del PRD estatal en la avenida Miguel Alemán, los manifestantes se detuvieron en el anti monumento a los 43 en la avenida Lázaro Cárdenas donde exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al frente del contingente destacaban dos coronas de flores, una para Jorge Alexis Herrera y otra para Gabriel Echeverría, atrás estudiantes de Ayotzinapa cagaban sobre sus hombros ataúdes de cartón forrados de rojo, cada una representaba a sus compañeros asesinados: Juan Manuel Huikán Kuikán, Eugenio Tamarit Huerta, Freddy Vázquez Crispín, Jonathan Morales Hernández, Filimón Tacuba Castro, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Los manifestantes portaban mantas y lonas con retratos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizan de los crímenes del 12 de diciembre de 2011, y del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra la Normal Rural, “asesino de estudiantes” lo llamaban. También repartieron boletines en los que cuestionaban las aspiraciones políticas del ex mandatario estatal.
“12 de diciembre no se olvida, es de lucha combativa”, “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, coreaban los manifestantes a su paso por las principales avenidas de la capital.
En la sede del PRD estatal normalistas escribieron en la fachada “Ni perdón ni olvido” y lanzaron cohetones, ante la bienvenida que los principales representantes del partido dieron a Aguirre Rivero para que compita por un escaño en el Congreso de la Unión.
En el anti monumento a los 43 desaparecidos los padres de los estudiantes exigieron a las autoridades que cese la represión contra los jóvenes, se esclarezcan los hechos violentos y encuentren a sus hijos. Uno a uno fueron nombrados los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que salieron de la institución hace más de tres años y no volvieron, “presentación con vida”, demandaron los manifestantes.
En el mitin frente a las cruces de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría participaron el secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, Javier González, los hermanos de Gabriel, Marta y Francisco Javier Echeverría de Jesús, la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, el vocero Felipe de la Cruz, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández y otros activistas.
Marta Echeverría llamó a Aguirre Rivero a que “si no tiene las manos manchadas de sangre” esclarezca el asesinato de su hermano y de Jorge Alexis Herrera, culpó al ex gobernador “del dolor que dejó en mi casa” y aseguró que “mientras Dios nos preste vida no dejaremos de exigir justicia”.
Francisco Javier Echeverría dijo que las autoridades desaparecieron las pruebas que indicaban que Aguirre Rivero ordenó que se “limpiara” la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, y responsabilizó al ex gobernador de lo que pueda sucederle a su familia por demandar el esclarecimiento de la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Javier González, Barrera Hernández y Manuel Olivares coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior concretará la militarización del país, además se pretenden justificar las masacres históricamente perpetradas por el Ejército y aclararon que están con las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos, de manera incondicional hasta que se haga justicia.
Antes del mitin hubo una misa para los normalistas asesinados. De manera solemne, cada uno de los presentes oró por las almas de los jóvenes y entre los rezos también demandaron que las autoridades respeten la ley, hagan lo necesario para que se esclarezcan los crímenes y se haga justicia.
Los manifestantes llamaron a la unidad de las organizaciones sociales y a permanecer en la lucha por la verdad sobre los crímenes en contra de los estudiantes en Guerrero y México.
La protesta comenzó con la marcha al mediodía, mientras que el bloqueo concluyó a las 4:40 de la tarde. Los manifestantes entonaron el himno Venceremos, luego se retiraron a bordo de autobuses de distintas líneas que los llevaron a la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.
