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Propone Nestora a 176 presos para la amnistía; incluye a los del Cecop y a Gonzalo Molina

 

La senadora Nestora Salgado, encargada de revisar la situación de presos políticos que podrían ser beneficiados por la amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que entregará 176 expedientes a la Secretaría de Gobernación.
Entre esos expedientes mencionó a los de los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria de Tixta, Gonzalo Molina.
Salgado dijo que en los próximos días tendrá una reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero para entregar los expedientes que resultaron de un análisis y depuración.
Al salir de la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, la legisladora comentó que el gobierno federal será el que decida si concede o no la amnistía para los perfiles elegidos.
“Ya tengo los expedientes, ya tengo cita con la señora Olga Sánchez Cordero para presentar todos los expedientes que llegamos a tener”.
Las carpetas, detalló, serán entregadas con la clasificación del delito imputado.
“Los trabajamos. Estuvimos separando los casos de los presos políticos y los presos injustamente y bueno, vamos a hacérselos llegar a ellos y ellos deciden”, expuso.
“Nosotros hicimos clasificaciones porque obviamente hay muchos perseguidos políticos encarcelados políticos y que ahora sí, eso va a quedar a consideración de la señora Olga”.
La senadora adelantó que en la lista se tienen contemplados los casos de Tlanixco, en el Estado de México, en el que seis pobladores de esa localidad fueron condenados a 50 años por el asesinato de un empresario.
También se enlista el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), cuyos integrantes están en el penal Las Cruces de Acapulco.
“Tenemos muchos emblemáticos, como el caso de Tlanixco, de los presos de la Cecop, en Guerrero, de La Parota”.
También está el caso de Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de quien Salgado dijo que fue su compañero.
“Es un montón. Ustedes saben que este gobierno pasado (…) reprimió mucho la lucha social y a los activistas y encarceló a bastantes. Tenemos muchos”, advirtió.
Entre las entidades con mayor número de presos políticos incluidos en sus carpetas, acotó, están Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Sin abundar en cifras mencionó que hubo casos de quienes sin ser encarcelados injustamente trataron de entrar en la lista para obtener la amnistía.

 

“Ojalá encontremos a los 43 o supiéramos en dónde están”, dice Astudillo

“Ojalá encontremos a los 43”, dice Astudillo
y se desmarca así de la “verdad histórica”

La declaración de la CIDH el lunes en Ayotzinapa es un punto de partida, señala el gobernador. Coincide con Peña Nieto en que han bajado los delitos en Guerrero, y subraya que en particular los homicidios dolosos

Brenda Escobar

Petatlán

A pregunta sobre el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la versión gubernamental de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que él sigue deseando “igual que muchos, que ojalá un día, pronto, encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están”.
El lunes enviados de la CIDH entregaron a los padres de los 43 un informe preliminar de su investigación, y en el acto celebrado en la normal rural Esmeralda Arosemena dijo que “lastima” e “indigna” que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siga hablando de la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados.
“Me parece que ese (la declaración de la CIDH) es un punto de partida, yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que ha traído a sus familiares pero también las consecuencias que ha traído al estado, hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido; yo, mi conclusión, mi precisión y lo digo con una gran responsabilidad y emoción digo por sentimiento, que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están”.
Astudillo Flores estuvo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), donde inauguró dos nuevos edificios de esta institución, con una inversión de 35 millones de pesos; luego, se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de ocho y medio de esta vía, en la que su gobierno invertirá 25 millones de pesos.
Al término del banderazo de inicio de la pavimentación, fue abordado por los reporteros.
Fue interrogado también respecto a las cifras que el presidente Enrique Peña Nieto presentó respecto a la baja de la incidencia delictiva de 26.4 por ciento en el presente año y de las opiniones de organizaciones sociales en el sentido de que dichos números son cifras infladas; el gobernador atajó, “bueno, ahí están las cifras, yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso”.
“Hace algún tiempo estábamos todavía en un 6.5 y andamos sobre un 4 punto y fracción (en la baja del delito), hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300 por ciento”.

Espera transición correcta en municipios y que alcaldes dejen para el aguinaldo

Una reportera le preguntó si ya tiene decidido a cuáles tomas de protesta de los próximos alcaldes asistirá, y respñondió: “Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad; o sea, que los servicios públicos que al final de cuentas es el tema central de un municipio se puedan hacer de manera correcta, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía que hoy es el problema número uno”.
“Todos estos temas sean correctamente transitados y también, por supuesto las circunstancias económicas que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron, sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión”.
Sobre si algunos alcaldes salientes le han solicitado ayuda para dejar cubierto el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales, el gobernador dijo que, “creo que muchos municipios tienen dinero acumulado, no sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden para que sea utilizado para los aguinaldos de fin de año”.
“Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores, ¿por qué lo digo?, porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay algún dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar sea uno de los temas principales en las actas de entrega–recepción”.
Enseguida, aseguró que su gobierno “no cuenta con recursos, también es muy importante, ya los hemos facilitado, los hemos prestado, pero por supuesto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene, mi llamado es a cumplir con la responsabilidad y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero diríamos que sea intocable porque es dinero de los trabajadores de los municipios, de los Ayuntamientos”.
La gira de trabajo

Este martes, Héctor Astudillo estuvo en la cabecera municipal de Petatlán, en la UTCG, donde inauguró el ciclo escolar 2018-2019 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Guerrero, así como también dos edificios de este plantel en el que se invirtieron 35 millones de pesos.
Fue recibido por el rector René Galeana Salgado y por la presidenta municipal, Leticia Rodríguez Armenta, quienes lo acompañaron durante el recorrido que hizo por los nuevos edificios donde saludó a los alumnos y maestros.
También estuvieron presentes la delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Flor Añorve Ocampo; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el alcalde interino de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de ese municipio, Jorge Sánchez Allec; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, (CICAEG), Javier Taja Ramírez.
Durante su participación, el director del IGIFE, Jorge Alcocer, destacó que el gobierno de Astudillo Flores ha invertido 253 millones de pesos en infraestructura educativa en las cinco universidades tecnológicas y la universidad politécnica en la entidad.
Cuando tocó su turno al micrófono, el gobernador destacó que apoyará a todos los alumnos de la UTCG que participen en los programas de intercambio educativo en el extranjero; ahí mismo entregó un apoyo económico a un profesor que este mismo martes salió a China, donde se capacitará.
Luego, Héctor Astudillo dijo que regresará a esta institución dentro de un mes y medio para entregar un autobús con capacidad para 40 personas.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de 8.5 kilómetros de esta vía; ahí, el director del CICAEG, Javier Taja Ramírez, informó de las obras de pavimentación que el gobierno del estado está llevando a cabo en la Costa Grande y en específico, indicó que se invertirán 24 millones de pesos para esta obra.
Ahí, el gobernador fue abordado por líderes transportistas, quienes le solicitaron que los apoye a pavimentar otras calles de la cabecera municipal, así como también se le acercaron ciudadanos a hacerle peticiones diversas.

 

Se reúnen directivos de la CIDH con Sánchez Cordero y Encinas; tratan del caso Ayotzinapa

 

Agencia Reforma

Ciudad de México

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la investigación del caso Ayotzinapa del gobierno mexicano se reunieron con integrantes de la próxima administración federal, para revisar el panorama de las garantías individuales.
La misión internacional fue encabezada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao en compañía de Esmeralda Arosemena, relatora para México, y el comisionado Luis Ernesto Vargas.
Los funcionarios de la CIDH fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La junta directiva de la CIDH se ha reunido informalmente, por invitación y en el marco de la transición, con los futuros miembros del gobierno de México para conversar sobre el panorama de la situación de los derechos humanos”, indicó Abrao en su cuenta en Twitter.
Encinas reportó también el encuentro en su Twitter y señaló que “su visita es en el contexto del mecanismo de seguimiento sobre el caso de #Ayotzinapa”.
En la mañana el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
El gobierno federal expresó a las enviados de la CIDH y representantes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, que tiene la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso.
Esta postura se dio a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña respaldara en un spot la versión de la PGR, conocida como “verdad histórica”, de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados.

 

El Poder Judicial “ha sido freno” de los excesos del autoritarismo: Olga Sánchez

Opina la ministra de la Suprema Corte de Justicia que el reto para el poder judicial, es lograr un punto de equilibrio entre poderes “contra la actuación arbitraria del Estado”

Aurelio Peláez

El Poder Judicial de la Federación “ha jugado un destacado papel, incluso, antes de las elecciones de julio del 2000, en la resolución de algunos asuntos trascendentales para la vida del país, no sólo como motor de cambio, sino como freno a los excesos del autoritarismo que aún priva en el país”, afirmó ayer la ministra Olga Sánchez Cordero.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien clausuró ayer aquí los trabajos del Foro estatal sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de Justicia en el estado mexicano, sostuvo además que en el país el tema de la politización de la justicia es un asunto de regímenes pasados, y señaló que ahora algunos hablan de una “judicialización” de la política, extremos que dijo, no son deseables en un sistema democrático.

El reto para el poder judicial, señaló, es situarse en un punto medio de equilibrio entre poderes, que impida la actuación arbitraria del Estado.

En su ponencia, El poder judicial en tiempos de cambio (democrático), la magistrada se refirió al tema de la Controversia Constitucional como uno de los elementos que ha permitido a la Suprema Corte convertirse en un árbitro entre los poderes del estado.

Sánchez Cordero recordó que la controversia constitucional nació justo con ese objetivo en 1917 y fue establecida para dirimir conflictos que surgieran entre los órganos de gobierno y, más aún, entre los poderes del estado.

Sin embargo, escasas fueron las controversias constitucionales suscitadas durante la vigencia del artículo 105. En virtud de las reformas constitucionales de diciembre de 1994 se dotó al Poder Judicial de la Federación de nuevas atribuciones y estructura y se estableció otro mecanismo de control constitucional adicional al Juicio de Amparo y la Controversia constitucional. Este medio de control constitucional fue la Acción de Inconstitucionalidad.

Con motivo de esta reforma, recordó, las controversias constitucionales adquirieron un mayor auge. Así, de enero de 1995, fecha en la que entró en vigor la reforma constitucional, al 8 de junio de 2004, se habían presentado 829 controversias constitucionales; 209 acciones de inconstitucionalidad y 749 recursos de inconstitucionalidad.

Estas cifras demuestran que el avance en el uso de este medio de control ha sido más que significativo, y comentó que en el pasado, los problemas políticos del país fueron resolviéndose de diversas maneras, pero no a través de un procedimiento jurisdiccional. Con las reformas, la Suprema Corte se perfiló como un árbitro jurisdiccional que dirime conflictos que antes no eran resueltos por esa vía.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ha venido jugando un destacado papel, incluso, antes de las elecciones de julio del 2000, “con su actuación en la resolución de algunos asuntos muy delicados, casi me atrevería a decir trascendentales para la vida del país. No sólo como motor de cambio, sino también, de manera muy importante, como freno, no del cambio, sino de los excesos del autoritarismo que, siempre debe reconocerse, aún priva en muchos de los campos en que nos movemos”.

Afirmó que “con ello ganaremos todos, porque la confianza ciudadana se verá incrementada, tanto hacia los que impartimos justicia, como hacia los que la buscan, que son nuestra razón de ser. De otra forma, la opacidad del derecho, la oscuridad en su ejercicio y discusión, generará opacidad de la democracia, opacidad social y esa opacidad social una etapa de oscurantismo de la que muy difícilmente podremos escapar”, sostuvo.