La presidenta del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, Sandra Luz Román Jaimes denunció que la diligencia de búsqueda de fosas de la semana pasada se canceló en su totalidad por la inconformidad de los colectivos ante la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal, al enviar a sólo seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas.
El martes de la semana pasada, la directora y vocera de la asociación Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, informó que como colectivo acordaron rechazar participar en esta diligencia programada del 1 al 5 de abril con la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de garantías de seguridad, pues habían asignado escasos agentes para resguardar a los grupos de búsqueda de los cuatro colectivos de Iguala que desde el año pasado hacen búsqueda de fosas de manera conjunta.
De acuerdo con la información que se tenía, los otros colectivos sí habían aceptado participar en la diligencia, sin embargo, en declaraciones ofrecidas por teléfono ayer, la activista Sandra Luz Román informó que toda la diligencia se canceló por falta de seguridad.
Denunció que las búsquedas de fosas y la seguridad enviada a los integrantes de los colectivos es un problema no sólo de Guerrero sino a nivel nacional, debido a que los peritos forenses con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) están asignados a los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La activista denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “revictimizando” a las familias de los desaparecidos al negarles las búsquedas y no darles garantías de seguridad, más en zonas de alto riesgo como son Iguala y Taxco.
Criticó que en el cierre del sexenio “todo está enfocado en el caso Ayotzinapa, y todo lo que no hizo el presidente en su sexenio lo quiere hacer ya para salir, por lo que nos están revictimizando y nos están negando las búsquedas”.
Hizo un llamado al Ejecutivo federal a que les facilite las búsquedas y les garantice la seguridad, “que le corte un poquito allá (Ayotzinapa) porque también nosotros queremos saber de nuestros familiares”.
Román Jaimes explicó que para la búsqueda de la semana pasada sólo les enviaron seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas que subirían a la búsqueda de fosas en Mexcaltepec, Taxco. Mencionó que fueron a solicitar apoyo al 27 Batallón de Infantería, pero se los negaron, y les dijeron que todo está enfocado en Ayotzinapa.
Consideró que la falta de garantías de seguridad para hacer las búsquedas de sus hijos es revictimizante, “aquí no nada más son los 43, sino también los nuestros que los queremos de regreso y queremos búsquedas”.
La diligencia de la semana pasada era la primera de este año de los colectivos de Iguala, que estratégicamente la FGR definió desde marzo de 2023 que éstas se hagan de manera conjunta, y no de manera independiente como se hacía antes.
Román Jaimes estimó que debido a las elecciones de junio, la próxima temporada de lluvias que impide hacer búsquedas y excavaciones, así como el cambio de gobierno, la siguiente búsqueda con la FGR podría ser hasta 2025.
Desde marzo de 2023 que se iniciaron las búsquedas colectivas entre las organizaciones de Iguala en coordinación con la FGR, las diligencias se han realizado en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, en la misma zona donde en febrero de 2014 hubo hallazgos masivos de 25 cuerpos.
En las diligencias del último año no han sido localizadas osamentas completas, sólo algunos huesos y fragmentos, en fosas que fueron procesadas por la Fiscalía del estado en la diligencia de hace una década, en exhumaciones que habrían sido mal practicadas.
El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mediante una publicación en X (antes Twitter), el senador afirmó que el caso Ayotzinapa es un estigma que llevará el presidente el resto de su vida, y agregó que mencionarlo es muestra de su desesperación.
“ #NarcoPresidente y #AyotzinapaFueElEstado son dos estigmas con lo que López Obrador cargará el resto de su vida y, en lo que proceda, ante la justicia internacional. Que me mencione y mencione a organizaciones y defensores de #DDHH ya no es novedad. Es la manifestación de su desesperación”, escribió Álvarez.
El ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que el presidente López Obrador “es el gran encubridor” de militares y personas involucradas en la desaparición de los normalistas y pidió una explicación de esa cobertura a los responsables.
“Ilegal y personalmente, López Obrador conduce la investigación de #Ayotzinapa, entonces explique ¿por qué encubre a militares y criminales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes?”.
Aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum no obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales del presente año, López Obrador deberá responder a la justicia por acciones de su administración.
“El #NarcoPresidenteAMLO sabe (lo sabe muy bien) que si su corcholata no gana, tendrá enfrente a la justicia para que responda por los daños de su gobierno fallido”, puntualizó.
En la conferencia de este viernes, López Obrador se refirió a Álvarez Icaza como un “pseudo defensor de derechos humanos, un farsante” y le acusó de querer utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que opositores a su gobierno intervienen en derechos humanos y es una razón por la cual no se ha resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente afirmó que se viven “tiempos de zopilotes” y que existe “mucho oportunismo” respecto a la investigación.
“Son tiempos de zopilotes, de buitres y de mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos, están muy metidos en todos los temas, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desenmarañar, llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo”, señaló.
López Obrador mencionó que el caso fue utilizado para fines políticos, y de nuevo se lanzó contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y a su entonces director, Mario Patrón.
“Lo usaron con fines políticos o politiqueros, este señor Álvarez Icaza, seudo defensor de derechos humanos, un farsante, los del Prodh. Estamos ahora encontrando documentos en donde ellos, no estoy hablando de todos, el presidente del Prodh en ese entonces (Mario Patrón) estableció comunicación con el gobierno, participó en acuerdos con el gobierno de Peña”, insistió el presidente sin tomar en cuenta que el Centro Pro ya aclaró su participación en esas pláticas, y que la Compañía de Jesús de nuevo salió en su defensa.
En el mismo tenor, el presidente volvió a decir que esa organización apoyó para la liberación de responsables de la desaparición de los normalistas y afirmó que tiene pruebas que los involucrados participaron en la desaparición, afirmando que celebraron la resolución judicial.
“Ellos avalaron que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes que supuestamente habían sido torturados y se liberó a muchos. Y tenemos pruebas de que de esos liberados, esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos, lo celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo de nuevo López Obrador.
Agregó que su gobierno se encuentra trabajando para la búsqueda de las personas desaparecidas, y realizan labores en todo el país y volvió a criticar a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
“El caso de los desaparecidos, ¿no? de esta compañera Karla, que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad” amplió.
El pasado miércoles, el presidente López Obrador afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa había sido manipulada y reiteró que el objetivo principal del gobierno federal es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
“Vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes. Desde que empezó la investigación la torcieron a propósito. Son de las cosas que ahora que estoy metido yo personalmente viendo cómo se dieron los hechos, me encuentro” indicó en dicha conferencia.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.
“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”
En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), rechazó que los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República.
En respuesta al comunicado difundido anteayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del país respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar.
“Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del ‘caso Ayotzinapa’, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”, dijo la JUFED.
La resolución, subrayan, “es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional, y por eso consideran que “las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resolu-ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
La asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.
La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.
“”Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí”, dijo el organismo.
El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.
Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, precisó la JUFED.
La Secretaría de Gobernación reconoció la suspensión del diálogo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, señaló que este jueves 11 de enero se llevó a cabo la primera sesión del 2024 de la Comisión, en la que algunos de los padres se retiraron de la misma.
“Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”, reconoció la dependencia.
Agregó que por instrucción presidencial, se amplió un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, destacando los pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pasando del 4 de enero al 4 de abril del presente año.
“También se les propuso la posibilidad de contar con la asesoría y el apoyo de instituciones académicas de alto prestigio para ayudarlos en la revisión de los archivos y el análisis de la información que consideran relevante para el esclarecimiento de los hechos” planteó.
En el comunicado se afirma que se hizo de conocimiento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mantiene su total disposición para una reunión con los padres.
“El Gobierno de México reafirma que los canales de comunicación con los padres y madres siempre están abiertos. De igual modo, ratifica el compromiso con las víctimas con la verdad y la justicia, razón por la cual sigue y seguirá trabajando hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos”, concluye el comunicado. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
Madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala preparan el escenario para la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México Foto:?Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue enredada de “manera deliberada” para no esclarecer el caso y rechazó su petición de que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH regresen a México a revisar los expedientes militares que su gobierno puso a disposición de los familiares de los normalistas.
“Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, estoy pendiente atendiendo el asunto. Estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, aseguró.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre la supuesta liberación de Pablo Vega Cuevas, El Transformer, señalado como líder de Guerreros Unidos en Chicago y presunto participante de la desaparición de los 43.
López Obrador añadió que los casos se deben revisar ya que no le generan “nada, nada, nada de confianza” diversos organismos defensores de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Dijo que los familiares no requieren de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que pueden recurrir a otras instituciones.
Sin señalar a un actor en particular, López Obrador dijo que hay quienes pretenden que no se avance en las indagatorias del caso.
“No tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance”, afirmó.
–¿Quiénes?, se le preguntó.
–Pues los que han manejado esto y a lo mejor también gentes del extranjero.
Agregó: “No tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y tengo pruebas, tan sencillo como decir que quienes participaron y luego fueron liberados supuestamente por ser torturados, terminaron como testigos protegidos diciendo ‘sí participé’”.
Agregó que hubo organismos que cuando dieron esa resolución “se festejó”. De igual forma mencionó que tampoco le tiene confianza al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que le reclamaron cuando se dio la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, presunto autor intelectual de la denominada Verdad Histórica.
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“Ya no les tengo confianza a los del GIEI porque cuando nosotros actuamos, a mí me consta, y di la instrucción de que se fuera al fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el (ex) procurador, que era el responsable y él mismo se asumió a sí de la llamada Verdad Histórica y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, porque además decían que los militares, dos generales en la cárcel, en vez de todo eso, me reclaman”, dijo.
Añadió que una integrante del GIEI le señaló que se tuvo esperar nueve meses para la detención, a lo que dijo: “entonces: ¿qué quieren, qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada, que no se detenga a nadie, qué me tengan a mí como rehén?”.
También critica a padres de los 43
Mencionó que en la última reunión, los padres y sus representantes legales pidieron al enviado gubernamental que el presidente no mencionara la resolución que dejó en libertad a supuestos responsables, a lo que reiteró que no participará en un pacto de silencio.
“Y lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos le pidieron al representante de nosotros, que le dije que les informara de esto, todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres”.
De igual forma declaró que “no tenemos nada que esconder, pero parece que no quiere se avance” y añadió que instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para entregar toda la información solicitada por los padres y sus representantes al Ejército.
“Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregaron toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación. Pero de repente aparece que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios. Le pido al secretario de la Defensa que se entregue todo, pues no están los folios que ellos están pidiendo y les digo ‘no están los folios’”, puntualizó.
Ante la ausencia de la información solicitada, el presidente entabló comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien mandó las grabaciones restantes. López Obrador indicó que las grabaciones en cuestión son numeradas: “imaginemos, uno, dos, pero del dos pasa al cinco y luego seis, siete y pasa al nueve”.
Por la falta de secuencia en la numeración, se hizo la solicitud de las grabaciones restantes, que el presidente indicó que por medio de un escrito le notificaron que ya no había más.
“Lo mismo pasa con los expedientes de la Secretaría de la Defensa, pues ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen ‘no, sí están’, ‘pues no están’, ‘ah, entonces por qué no nos permite ingresar al archivo’. ‘Claro, sí, ingresen al archivo pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar’”, recordó.
Debido a que los padres y sus representantes buscaban que el GIEI acompañara para la revisión de los archivos solicitados, López Obrador planteó que se contraten a expertos en manejo de archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de alguna otra universidad pública del país.
“¿Qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, colegio de México o gentes, ahí con ustedes? Si, o sea ya. Y nosotros ayudamos para que se les pague. No les proponemos, les damos los recursos para que ellos los contraten, a quien quieran”, declaró.
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Se abrirán a los padres dos meses los archivos de Ayotzinapa del gobierno incluido el Ejército
En una carta, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, dice a los padres que por instrucciones del presidente López Obrador, se atiende su demanda de ampliar la búsqueda de información sobre los 43 normalistas desaparecidos
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales
Busca el presidente aislar a los padres de sus asesores, dice su abogado. En la convocatoria a revisar expedientes se les deja en indefensión porque son documentos técnicos, señala el defensor de Tlachinollan. Los padres han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado, y ahora el gobierno pretende que se revise lo que quiera para que diga que no apareció nada, explica el asesor jurídico
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.
Guerrero reporta oficialmente 963 desapariciones de 2019 a 2022 y ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el mismo periodo, por lo que el estado presenta un 100 por ciento de impunidad, concluye un informe reciente de la organización Impunidad Cero.
Las resoluciones judiciales por el caso Rosendo Radilla impulsaron la ley de desaparición forzada, y el caso Ayotzinapa muestra que las grandes problemáticas del sistema de justicia impiden localizar a los estudiantes y sancionar a las autoridades responsables, dice el documento titulado Impunidad en Delitos de Desaparición en México 2023, publicado el 6 de diciembre.
Con el fin de ofrecer su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México, Impunidad Cero se dio la tarea de comparar las cifras oficiales de desaparecidos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con solicitudes de información al Poder Judicial de cada estado sobre las sentencias condenatorias de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
El periodo analizado es de 2019 a 2022 “debido a que, para los delitos de desaparición,algunas autoridades estatales derogaron sus leyes para usar los tipos penales contemplados en la Ley General creada en 2019, es decir, los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares”, explica la organización mexicana especializada en el tema de justicia.
El RNPDNO, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), y criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reporta 963 desapariciones en Guerrero de 2019 a 2022.
En el mismo periodo, revela el informe mediante gráficas, el Poder Judicial del estado reporta cero sentencias condenatorias por desaparición forzada y desaparición por particulares.
El escenario de cero sentencias condenatorias se repite en Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, estados que “presentan un 100% de impunidad acumulada”.
En todo el país sólo se han emitido 141 sentencias condenatorias por desaparición de particulares y desaparición forzada, y se han registrado 35 mil 669 desapariciones. “En México tenemos un nivel de impunidad del 99% para los delitos de desaparición de personas”, remarca el informe.
Impunidad Cero acompaña estos datos con el análisis de tres casos de desaparición forzada, dos de ellos perpetrados en Guerrero: Rosendo Radilla Pacheco y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Del primero, “un gran líder social del municipio de Atoyac”, recapitula la investigación que se ha realizado por su desaparición en el municipio de la región de la Costa Grande el 25 de agosto de 1974, en el contexto de la llamada guerra sucia.
El caso Radilla ha tenido un importante impacto en materia de derechos humanos, dice Impunidad Cero, “por visibilizar el contexto de graves violaciones a derechos humanos acontecidas en el periodo denominado “guerra sucia”, y la impunidad que hoy en día continúa sobre los hechos ocurridos en el mismo”.
Asimismo, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propiciaron la reforma al Código de Justicia Militar de 2014 “para que los casos de violaciones a derechos humanos en los que estén involucrados civiles sean resueltos en jurisdicción civil, y no en militar”.
Las resoluciones judiciales “promovieron la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en 2011”; y finalmente impulsaron la tipificación del delito de desaparición forzada.
El caso Ayotzinapa “ha mostrado cómo las grandes problemáticas del sistema de justicia y de seguridad pública en México han impedido encontrar el paradero de los estudiantes y sancionar a las autoridades responsables”, señala Impunidad Cero.
El informe de la organización de 78 páginas complementa sus conclusiones sobre la desaparición de personas con otras cifras oficiales, como las fosas clandestinas. La CNB reporta 5 mil 698 entierros clandestinos en el país de 2006 a abril de 2023, de los cuales 498 están registrados en Guerrero, la tercera cifra más alta del país.
