Marchan en Iguala por la liberación del nutriólogo detenido por el caso Ayotzinapa

Más de 200 manifestantes, entre ellos familiares, amigos y compañeros del nutriólogo Irving Arroyo, detenido por el caso Ayotzinapa, marcharon ayer por calles de Iguala para exigir su libertad Foto: El Sur

Redacción

Iguala

Familiares, compañeros de la Secretaría de Salud y amigos del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, trabajador del Centro de Salud Agustín Batalla, marcharon este martes por las principales calles de Iguala para exigir su liberación.
El nutriólogo fue detenido el 26 de noviembre tras el cateo de su domicilio, presuntamente por su implicación en el caso Ayotzinapa, acusado de delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares.
Los manifestantes también solicitaron la devolución de dos inmuebles que fueron intervenidos el mismo día por agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Al grito de “¡Justicia!” e “¡Irving libre!”, más de 200 personas partieron a las 4:35 de la tarde del Monumento a la Patria Trigarante, vistiendo ropa blanca y portando cartulinas y lonas con consignas.
La marcha recorrió la avenida Bandera Nacional, donde se repartieron trípticos titulados: “Justicia para Irving Arroyo Aranda”, en los que se afirma que la detención ocurrida el 26 de noviembre fue “arbitraria”.
El material difundido incluye información sobre la trayectoria del nutriólogo, un recuento del cateo y un llamado a que el proceso se conduzca con respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y sin irregularidades.
“La detención arbitraria de Irving nos duele profundamente, porque cuando la justicia se vulnera para uno, se debilita para todos. Hoy levantamos la voz para exigir verdad, claridad y justicia”, señalaba uno de los mensajes compartidos.
El contingente concluyó su recorrido en el Monumento a la Bandera, donde se realizó un mitin. Allí, Silvia Barrios Arroyo, prima del nutriólogo, leyó un posicionamiento en el que pidió a las autoridades actuar con empatía, sensibilidad humana y respeto a la dignidad durante el proceso.
“Solicitamos empatía y conciencia al analizar este caso. Sabemos que cada expediente representa personas e historias, familias que esperan ser tratadas con dignidad. Pedimos que el proceso de Irving sea guiado no solo por rigor jurídico, sino también por sensibilidad humana. La empatía no debilita la justicia, la humaniza; la conciencia no altera el deber legal, lo ennoblece”, expresó.
Añadió que la movilización no busca confrontar, sino manifestar confianza en que las autoridades federales actuarán con prudencia, claridad y humanidad.
“Reiteramos nuestra petición de que se garantice un trato digno, atento y consciente para Irving Arroyo Aranda, y que cada parte del proceso sea guiada por los valores que fortalecen a un país: justicia, respeto y humanidad”, finalizó.
Al término del mitin, los familiares agradecieron el acompañamiento ciudadano y reiteraron su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones justas. También llamaron a organizaciones civiles y a la población en general a sumarse a la exigencia de justicia y a difundir el caso.
El miércoles 23 de noviembre, agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezada por Mauricio Pazarán Álvarez– realizaron dos cateos en los inmuebles ubicados en Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 30, colonia Nicolás Bravo, y en Ramón Corona No. 15, en el Centro de Iguala.
Durante el operativo fueron detenidas tres personas, entre ellas el nutriólogo Irving Arroyo y dos mujeres, como parte de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, integrada en el expediente 3213/2025-III por los delitos de delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares. Sin embargo de las dos mujeres se desconoce su proceso.

 

“Me pusieron un cuatro con testigos falsos, dice Pedro Segura; acusa al gobierno estatal

Alejandro Guerrero

Iguala

El ex candidato a gobernador de Guerrero por la alianza PT-PVEM en 2021, Pedro Segura Valladares, reiteró que detrás de su detención está el gobierno de Guerrero, de acuerdo con información que le dio un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y mencionó senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.
En una transmisión en vivo realizada desde su rancho Cuatro Potrillos, ubicado en Wisconsin, Estados Unidos a las 8:08 de la noche de este viernes desde su perfil de Facebook, luego de su liberación el martes por falta de pruebas, el también empresario habló de su detención y encarcelamiento durante una semana en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, transmisión en la que se conectaron más de 13 mil personas.
Dijo que no culpaba al gobierno federal, “pero sí al estatal”, y señaló que tal vez el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch “no sabe, pero quiero que se entere y vea lo que tiene en Guerrero”.
Narró que un amigo suyo, agente de la DEA, en un viaje a Dubái el 8 de febrero de 2024, le mostró un archivo de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que la advirtió que “descaradamente” lo querían detener: “quieren que te metamos lavado de dinero en Estados Unidos”, y afirmó que no quería mencionar el nombre de quién estaba detrás de esa petición.
Mencionó que ese agente le preguntó si su esposa Bertha Saavedra Salgado tiene parentesco con el senador Félix Salgado Macedonio, a lo que respondió que no.
“Pues quieren que te metamos lavado de dinero en Estados Unidos”, le insistió el agente. Él preguntó quién lo estaba reportando, y en seguida asumió que “al buen entendedor, pocas palabras”, en alusión al senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
–Este personaje (Félix Salgado) ya dos veces me lo mencionaste, ¿es él?– dijo que le preguntó a su contacto. A lo que él le respondió con risas. Agregó que esa ocasión el agente federal de Estados Unidos le dijo que al otro día contestaría a la FGR que estaba “limpio”.
Segura Valladares consideró que como en Estados Unidos no pudieron detenerlo, lo hicieron en México con el uso de testigos protegidos, los que son personas a quienes les pagan dinero para hacer falsas acusaciones, y afirmó que los cuatro testigos que lo señalaron “no se presentaron a la audiencia y no existen, simplemente me querían chingar”.
Contó que le hicieron mil preguntas y contestó a todo, “en ninguna fallé porque soy derecho, pero no se vale que te pongan un cuatro, mejor me hubieran mandado a matar. Esa gente que me puso el cuatro no les funcionó y ya Guerrero despertó”.
“Me tenían como un delincuente atado de las manos y de las patas, me trataban como perro, comida de perro me daban. Encerrado en un cuarto donde pasé ocho días, y eso se me grabó. Tienes cámaras en tu cama y en el baño, te tienen vigilado, la luz no la puedes apagar, con luz día y noche me tenían como el peor delincuente, pero salí porque soy inocente”, y describió como una “tortura” su encarcelamiento.
Afirmó que lo acusan del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa “porque yo he ayudado más a los padres enfermos, que no tienen ni para comer, para sus medicinas o pasajes, no me voy a cansar de ayudarlos nunca”. Asimismo, negó la acusación de que en su hotel haya almacenado droga.
El empresario en el sector hotelero y dental, agradeció al Consulado mexicano, ya que la embajada de Estados Unidos diario llamaba para preguntar por su caso y le llamaban a él para saber cómo estaba en prisión.
Segura Valladares reiteró su aspiración para buscar nuevamente la gubernatura de Guerrero para el proceso electoral próximo: “2027 vamos por Guerrero y solamente muerto me van a parar, estoy más fuerte que nunca”, y criticó a los políticos y personas que se deslindaron de él luego de su detención.

 

Suspende la jueza interrogatorio a García Harfuch como testigo en el caso Ayotzinapa

Una jueza federal canceló el interrogatorio a Omar García Harfuch por el caso Ayotzinapa, programado para ayer por la mañana, porque el candidato morenista a senador no fue notificado del citatorio en su actual domicilio particular.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dejó sin efecto su comparecencia en calidad de testigo, hasta que se encuentre el domicilio en que radica el ex funcionario.
De acuerdo con informes judiciales, la Policía Federal Ministerial acudió a un inmueble en la Ciudad de México que la autoridad judicial tenía registrado como su domicilio, pero los agentes confirmaron que el aspirante a senador ya no vive allí.
El ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México fue requerido como testigo en el proceso que se sigue al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, por la desaparición de los 43 normalistas.
Aunque ya no ocupa un cargo público, la jueza había autorizado que en la diligencia de ayer García Harfuch compareciera por el sistema de videoconferencia, es decir, sin presentarse físicamente al juzgado o frente al presunto narcotraficante, tras una rejilla de prácticas.
Con la de este jueves, son ya cuatro ocasiones en que se cancela o es diferida la comparecencia de García Harfuch en el proceso por desaparición forzada contra Casarrubias.
El aspirante de la coalición Morena-PT-PVEM fue relacionado por vez primera con el caso Ayotzinapa porque precisamente su número telefónico apareció en la agenda asegurada a Sidronio Casarrubias, cuando fue detenido el 16 de octubre de 2014 en la autopista México-Toluca.
En 2020 Gildardo López Astudillo El Cabo Gil, testigo protegido con el nombre Juan y ex subordinado de Casarrubias, declaró a la FGR que el grupo criminal pagaba 200 mil dólares mensuales a García Harfuch, cuando era coordinador de la Policía Federal en Guerrero.
En agosto de 2022 la Fiscalía también señaló al ex mando policiaco de haber formado parte de un “cónclave” que organizó Jesús Murillo Karam, entonces procurador de la República, para fraguar la “verdad histórica” sobre el caso.
La primera vez que García Harfuch fue citado en el proceso de Casarrubias fue el 7 de julio pasado, luego se reprogramó para el 27 del mismo mes y, como no asistió, la audiencia fue reagendada para el 23 de agosto por videoconferencia.
Debido a que en esa última ocasión no envió un escrito para justificar la inasistencia, el 24 de agosto la jueza Duarte le impuso una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización (UMAs), 10 mil 374 pesos.
El ex mando policiaco presentó un amparo contra la multa y le fue concedido por un juez.
En diciembre, el candidato a senador también fue citado en el proceso iniciado a Juan Carlos Rivera García por el supuesto espionaje con el software Pegasus, sin embargo, tampoco acudió a declarar porque la FGR se desistió del interrogatorio.
Hasta ahora, García Harfuch no ha atendido ningún citatorio judicial en calidad de testigo. (Abel Barajas / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Suspenden colectivos jornada de búsqueda de fosas en Taxco por falta de seguridad

Alejandro Guerrero

Iguala

La presidenta del colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos, Sandra Luz Román Jaimes denunció que la diligencia de búsqueda de fosas de la semana pasada se canceló en su totalidad por la inconformidad de los colectivos ante la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal, al enviar a sólo seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas.
El martes de la semana pasada, la directora y vocera de la asociación Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, informó que como colectivo acordaron rechazar participar en esta diligencia programada del 1 al 5 de abril con la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de garantías de seguridad, pues habían asignado escasos agentes para resguardar a los grupos de búsqueda de los cuatro colectivos de Iguala que desde el año pasado hacen búsqueda de fosas de manera conjunta.
De acuerdo con la información que se tenía, los otros colectivos sí habían aceptado participar en la diligencia, sin embargo, en declaraciones ofrecidas por teléfono ayer, la activista Sandra Luz Román informó que toda la diligencia se canceló por falta de seguridad.
Denunció que las búsquedas de fosas y la seguridad enviada a los integrantes de los colectivos es un problema no sólo de Guerrero sino a nivel nacional, debido a que los peritos forenses con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) están asignados a los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La activista denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “revictimizando” a las familias de los desaparecidos al negarles las búsquedas y no darles garantías de seguridad, más en zonas de alto riesgo como son Iguala y Taxco.
Criticó que en el cierre del sexenio “todo está enfocado en el caso Ayotzinapa, y todo lo que no hizo el presidente en su sexenio lo quiere hacer ya para salir, por lo que nos están revictimizando y nos están negando las búsquedas”.
Hizo un llamado al Ejecutivo federal a que les facilite las búsquedas y les garantice la seguridad, “que le corte un poquito allá (Ayotzinapa) porque también nosotros queremos saber de nuestros familiares”.
Román Jaimes explicó que para la búsqueda de la semana pasada sólo les enviaron seis efectivos de la Policía Estatal para resguardar a más de 50 activistas que subirían a la búsqueda de fosas en Mexcaltepec, Taxco. Mencionó que fueron a solicitar apoyo al 27 Batallón de Infantería, pero se los negaron, y les dijeron que todo está enfocado en Ayotzinapa.
Consideró que la falta de garantías de seguridad para hacer las búsquedas de sus hijos es revictimizante, “aquí no nada más son los 43, sino también los nuestros que los queremos de regreso y queremos búsquedas”.
La diligencia de la semana pasada era la primera de este año de los colectivos de Iguala, que estratégicamente la FGR definió desde marzo de 2023 que éstas se hagan de manera conjunta, y no de manera independiente como se hacía antes.
Román Jaimes estimó que debido a las elecciones de junio, la próxima temporada de lluvias que impide hacer búsquedas y excavaciones, así como el cambio de gobierno, la siguiente búsqueda con la FGR podría ser hasta 2025.
Desde marzo de 2023 que se iniciaron las búsquedas colectivas entre las organizaciones de Iguala en coordinación con la FGR, las diligencias se han realizado en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, en la misma zona donde en febrero de 2014 hubo hallazgos masivos de 25 cuerpos.
En las diligencias del último año no han sido localizadas osamentas completas, sólo algunos huesos y fragmentos, en fosas que fueron procesadas por la Fiscalía del estado en la diligencia de hace una década, en exhumaciones que habrían sido mal practicadas.

 

Por desesperación, dichos del presidente, sostiene el senador Emilio Álvarez Icaza

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El senador Emilio Álvarez Icaza respondió a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre su participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mediante una publicación en X (antes Twitter), el senador afirmó que el caso Ayotzinapa es un estigma que llevará el presidente el resto de su vida, y agregó que mencionarlo es muestra de su desesperación.
“ #NarcoPresidente y #AyotzinapaFueElEstado son dos estigmas con lo que López Obrador cargará el resto de su vida y, en lo que proceda, ante la justicia internacional. Que me mencione y mencione a organizaciones y defensores de #DDHH ya no es novedad. Es la manifestación de su desesperación”, escribió Álvarez.
El ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó que el presidente López Obrador “es el gran encubridor” de militares y personas involucradas en la desaparición de los normalistas y pidió una explicación de esa cobertura a los responsables.
“Ilegal y personalmente, López Obrador conduce la investigación de #Ayotzinapa, entonces explique ¿por qué encubre a militares y criminales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes?”.
Aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum no obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales del presente año, López Obrador deberá responder a la justicia por acciones de su administración.
“El #NarcoPresidenteAMLO sabe (lo sabe muy bien) que si su corcholata no gana, tendrá enfrente a la justicia para que responda por los daños de su gobierno fallido”, puntualizó.
En la conferencia de este viernes, López Obrador se refirió a Álvarez Icaza como un “pseudo defensor de derechos humanos, un farsante” y le acusó de querer utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos.

 

“Seudo” defensores de derechos humanos entorpecen caso Ayotzinapa, insiste AMLO

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que opositores a su gobierno intervienen en derechos humanos y es una razón por la cual no se ha resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente afirmó que se viven “tiempos de zopilotes” y que existe “mucho oportunismo” respecto a la investigación.
“Son tiempos de zopilotes, de buitres y de mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos, están muy metidos en todos los temas, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desenmarañar, llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo”, señaló.
López Obrador mencionó que el caso fue utilizado para fines políticos, y de nuevo se lanzó contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y a su entonces director, Mario Patrón.
“Lo usaron con fines políticos o politiqueros, este señor Álvarez Icaza, seudo defensor de derechos humanos, un farsante, los del Prodh. Estamos ahora encontrando documentos en donde ellos, no estoy hablando de todos, el presidente del Prodh en ese entonces (Mario Patrón) estableció comunicación con el gobierno, participó en acuerdos con el gobierno de Peña”, insistió el presidente sin tomar en cuenta que el Centro Pro ya aclaró su participación en esas pláticas, y que la Compañía de Jesús de nuevo salió en su defensa.
En el mismo tenor, el presidente volvió a decir que esa organización apoyó para la liberación de responsables de la desaparición de los normalistas y afirmó que tiene pruebas que los involucrados participaron en la desaparición, afirmando que celebraron la resolución judicial.
“Ellos avalaron que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes que supuestamente habían sido torturados y se liberó a muchos. Y tenemos pruebas de que de esos liberados, esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos, lo celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo de nuevo López Obrador.
Agregó que su gobierno se encuentra trabajando para la búsqueda de las personas desaparecidas, y realizan labores en todo el país y volvió a criticar a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
“El caso de los desaparecidos, ¿no? de esta compañera Karla, que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad” amplió.
El pasado miércoles, el presidente López Obrador afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa había sido manipulada y reiteró que el objetivo principal del gobierno federal es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
“Vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes. Desde que empezó la investigación la torcieron a propósito. Son de las cosas que ahora que estoy metido yo personalmente viendo cómo se dieron los hechos, me encuentro” indicó en dicha conferencia.

 

Ofrece López Obrador dar detalles sobre la liberación de militares por caso Ayotzinapa

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.

“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”

En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.

 

Los militares liberados no han sido exonerados, responde la asociación nacional de jueces

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), rechazó que los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República.
En respuesta al comunicado difundido anteayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del país respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar.
“Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del ‘caso Ayotzinapa’, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”, dijo la JUFED.
La resolución, subrayan, “es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional, y por eso consideran que “las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resolu-ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
La asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.
La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.
“”Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí”, dijo el organismo.
El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.
Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, precisó la JUFED.

 

Dice Gobernación que se suspendió el diálogo “con algunos padres” de los 43 de Ayotzinapa

La Secretaría de Gobernación reconoció la suspensión del diálogo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, señaló que este jueves 11 de enero se llevó a cabo la primera sesión del 2024 de la Comisión, en la que algunos de los padres se retiraron de la misma.
“Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”, reconoció la dependencia.
Agregó que por instrucción presidencial, se amplió un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, destacando los pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pasando del 4 de enero al 4 de abril del presente año.
“También se les propuso la posibilidad de contar con la asesoría y el apoyo de instituciones académicas de alto prestigio para ayudarlos en la revisión de los archivos y el análisis de la información que consideran relevante para el esclarecimiento de los hechos” planteó.
En el comunicado se afirma que se hizo de conocimiento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mantiene su total disposición para una reunión con los padres.
“El Gobierno de México reafirma que los canales de comunicación con los padres y madres siempre están abiertos. De igual modo, ratifica el compromiso con las víctimas con la verdad y la justicia, razón por la cual sigue y seguirá trabajando hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos”, concluye el comunicado. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

 

Rechaza AMLO la petición de los padres de que el GIEI revise los expedientes militares

Madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala preparan el escenario para la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México Foto:?Cuartoscuro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue enredada de “manera deliberada” para no esclarecer el caso y rechazó su petición de que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH regresen a México a revisar los expedientes militares que su gobierno puso a disposición de los familiares de los normalistas.
“Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, estoy pendiente atendiendo el asunto. Estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, aseguró.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre la supuesta liberación de Pablo Vega Cuevas, El Transformer, señalado como líder de Guerreros Unidos en Chicago y presunto participante de la desaparición de los 43.
López Obrador añadió que los casos se deben revisar ya que no le generan “nada, nada, nada de confianza” diversos organismos defensores de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Dijo que los familiares no requieren de representantes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que pueden recurrir a otras instituciones.
Sin señalar a un actor en particular, López Obrador dijo que hay quienes pretenden que no se avance en las indagatorias del caso.
“No tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance”, afirmó.
–¿Quiénes?, se le preguntó.
–Pues los que han manejado esto y a lo mejor también gentes del extranjero.
Agregó: “No tengo confianza porque tengo pruebas. Dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y tengo pruebas, tan sencillo como decir que quienes participaron y luego fueron liberados supuestamente por ser torturados, terminaron como testigos protegidos diciendo ‘sí participé’”.
Agregó que hubo organismos que cuando dieron esa resolución “se festejó”. De igual forma mencionó que tampoco le tiene confianza al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que le reclamaron cuando se dio la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, presunto autor intelectual de la denominada Verdad Histórica.

È 2

“Ya no les tengo confianza a los del GIEI porque cuando nosotros actuamos, a mí me consta, y di la instrucción de que se fuera al fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el (ex) procurador, que era el responsable y él mismo se asumió a sí de la llamada Verdad Histórica y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, porque además decían que los militares, dos generales en la cárcel, en vez de todo eso, me reclaman”, dijo.
Añadió que una integrante del GIEI le señaló que se tuvo esperar nueve meses para la detención, a lo que dijo: “entonces: ¿qué quieren, qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada, que no se detenga a nadie, qué me tengan a mí como rehén?”.

También critica a padres de los 43

Mencionó que en la última reunión, los padres y sus representantes legales pidieron al enviado gubernamental que el presidente no mencionara la resolución que dejó en libertad a supuestos responsables, a lo que reiteró que no participará en un pacto de silencio.
“Y lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos le pidieron al representante de nosotros, que le dije que les informara de esto, todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres”.
De igual forma declaró que “no tenemos nada que esconder, pero parece que no quiere se avance” y añadió que instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para entregar toda la información solicitada por los padres y sus representantes al Ejército.
“Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregaron toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación. Pero de repente aparece que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios. Le pido al secretario de la Defensa que se entregue todo, pues no están los folios que ellos están pidiendo y les digo ‘no están los folios’”, puntualizó.
Ante la ausencia de la información solicitada, el presidente entabló comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien mandó las grabaciones restantes. López Obrador indicó que las grabaciones en cuestión son numeradas: “imaginemos, uno, dos, pero del dos pasa al cinco y luego seis, siete y pasa al nueve”.
Por la falta de secuencia en la numeración, se hizo la solicitud de las grabaciones restantes, que el presidente indicó que por medio de un escrito le notificaron que ya no había más.
“Lo mismo pasa con los expedientes de la Secretaría de la Defensa, pues ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen ‘no, sí están’, ‘pues no están’, ‘ah, entonces por qué no nos permite ingresar al archivo’. ‘Claro, sí, ingresen al archivo pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar’”, recordó.
Debido a que los padres y sus representantes buscaban que el GIEI acompañara para la revisión de los archivos solicitados, López Obrador planteó que se contraten a expertos en manejo de archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de alguna otra universidad pública del país.
“¿Qué no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejo de archivos en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, colegio de México o gentes, ahí con ustedes? Si, o sea ya. Y nosotros ayudamos para que se les pague. No les proponemos, les damos los recursos para que ellos los contraten, a quien quieran”, declaró.